Sentencia 1995-00998 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 050012331000-1995-00998-01 (25180)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Ovidio Adolfo Ardila y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Ref.: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 7 de marzo de 2003, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Los hechos probados.

Previo a establecer los hechos que, a partir de la práctica de las pruebas allegadas, se encuentran demostrados en el sub lite, es preciso señalar que las copias de un fragmento del proceso penal, de radicado 13.906, adelantado en contra de Nonato de la Cruz Vargas Sánchez, Beatriz Elena Calle Londoño, Roberto López Vásquez, Ramón Ángel Ruíz Velásquez, José Paul Martínez Sánchez, Oscar de Jesús Arango Palacio, Leonidas Pemberty Zapata, Henry de Jesús Múnera Medina y Yoanni Humberto Vásquez —por los delitos de homicidio y conformación de grupos armados ilegales—, ante la existencia íntegra del proceso penal en copia auténtica, no serán valoradas y en cambió, el aportado por la Fiscalía, se apreciará en su valor legal —de acuerdo a las normas al respecto—, siendo preciso aclarar que, si bien el proceso penal allegado se adelantó por el delito de conformación ilegal de grupos y no por la muerte de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, se tiene que el mismo se refiere a las circunstancias que rodearon las muertes y desapariciones de varios ciudadanos en el municipio de Yarumal, de allí que, deben ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo —de acuerdo a las reglas de apreciación pertinentes—, puesto que la parte demandante pidió la prueba, la demandada la coadyuvó y resultaría contrario a los principios del debido proceso y la lealtad procesal que una de ellas solicite integrar el medio probatorio al acervo, que la contraparte coadyuve la petición, el fallador decrete su práctica y, allegado debidamente al proceso, no se efectúe su valoración(1).

Con fundamento en las pruebas practicadas, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1.1. La muerte de Ovidio Adolfo Ardila Elorza a manos de miembros del grupo delincuencial “los Doce Apóstoles”.

A folio 8 del cuaderno 1 obra el registro civil de defunción de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, cuyo deceso ocurrió el 29 de septiembre de 1993 a causa de laceraciones encefálicas. Además, se cuenta con el acta de la diligencia de levantamiento del cadáver y de la necropsia que se le practicara. Allí se precisó:

“(...) Presenta heridas con proyectiles de arma de fuego, así:

1. Con orificio de entrada a nivel occipital medio con orificio de salida a nivel mejilla izquierda de 1.2 cm de longitud.

2. Con orificio de entrada a nivel suboccipital derecho, con orificio de salida a nivel del cuello lado izquierdo de 1.5 cm de longitud.

3. Con orificio de entrada a nivel parieto-occipital izquierdo; con orificio de salida a nivel de la base de la fosa nasal derecha.

4. Con orificio de entrada a nivel del tercio medio, cara anterior de muslo izquierdo, sin orificio de salida.

(...).

Conclusión: La muerte de quien en vida respondió al nombre de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, fue consecuencia natural y directa de las laceraciones encefálicas producidas con proyectiles de arma de fuego de corto alcance.

La trayectoria de los proyectiles fue: 1 de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. 2 De atrás hacia delante de derecha a izquierda, de arriba abajo. 3 de atrás hacia adelante, e izquierda a derecha (...)” (fls. 94 a 97, cdno. original 1 de la Fiscalía).

Mediante constancia obrante a folio 40 del cuaderno 1 —fechada el 3 de marzo de 1997—, la Fiscalía General de la Nación —Dirección Regional de Fiscalías—, certificó:

“(...) Que en esta regional se impulsó la investigación radicada con el rubro 13.830 por el punible de homicidio en la persona de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, la cual tuvo ocurrencia el 29 de septiembre de 1993 en la municipalidad de Yarumal, concretamente en la calle 15 con carrera 17 y 18.

Que la referida investigación se anexó al proceso radicado con el rubro 13.609 impulsado por los punibles de violación a los artículos 1º y 2º del Decreto 1194 de 1989 (grupo de limpieza social denominado “Los Doce Apóstoles” que tenía su centro de operación en Yarumal (Ant.) (...)”.

Hace parte del acervo probatorio el testimonio juramentado de Norma del Socorro Zea González, quien manifestó respecto de la familia Ardila Elorza y de la muerte de Ovidio Adolfo, lo siguiente:

“(...) los conozco a todos, porque han sido muy amigos de nosotros, no son de mi familia, eran hermanos de Ovidio (...). Preguntado primero: díganos si usted se enteró de forma directa o por comentarios de la muerte de Ovidio Ardila Elorza el 29 de septiembre de 1993 y en caso afirmativo qué sabe sobre los mismos? Respuesta: yo no vi, la mamá me dijo después de que lo mataron a él, en ese tiempo mataron mucha gente aquí en Yarumal, y los comentarios eran que eran Los Doce Apóstoles, que habían sido los doce apóstoles que lo habían matado. Preguntado segundo: díganos si usted se enteró qué personas conformaban el grupo de los doce apóstoles y si alguno de ellos o algunos estuvieron privados de la libertad? Respuesta: Los Doce Apóstoles eran unos muchachos, entre ellos había efe doses [sic] y policías, y que los propagaba el comercio, los ricos de aquí de Yarumal para que mataran la gente, eso lo sé porque la mamá de Ovidio me contó. Preguntado tercero: fuera de la familia de Ovidio, alguna otra persona le comentó de la existencia del llamado grupo los doce apóstoles? Respuesta: no, a mí nadie más me llegó a comentar, cuando aparecía un muerto la gente decía que fueron los doce apóstoles, a mi directamente nadie, ese comentario fue ahí entre la familia del muchacho. Preguntado cuarto: díganos si usted se enteró de la privación de la libertad de reconocidos comerciantes en este municipio? Respuesta: si me enteré, al tiempo me dijo la mamá del difunto que muchas personas tenían eso en vueltas y que tenían detenido a Donato Vargas, y a Paul Martínez. Preguntado quinto: díganos si usted se enteró si el padre Palacio que estuvo implicado en el grupo referido, fue privado de su libertad o en su contra se libró orden de captura. Respuesta: cuando eso empezaron a ponerlo en vueltas él se voló de aquí de Yarumal. Preguntado sexto: usted sabe actualmente dónde se encuentra el padre Palacio? Respuesta: yo no sé dónde se encuentra, pero en estos días en el noticiero oí la noticia de que lo habían cogido en una casa como en Medellín, eso hace por ahí unos cuatro o cinco meses. Preguntado séptimo: usted sabe si Ovidio Adolfo Ardila prestó servicio militar? Respuesta: si, pagó servicio militar, no sé en qué batallón estuvo, eso lo sé porque yo era vecina puerta con puerta y él trajo fotos con soldados. Preguntado octavo: díganos si usted sabe que trabajo realizó Ovidio Ardila a su regreso del servicio militar? Respuesta: él trabajaba latonería en la estación, en un taller de un muchacho Pilatos sé que le dicen así, eso lo sé porque el esposo mío lo colocó allá ellos trabajaron juntos. Preguntado noveno: díganos si usted sabe cuánto devengaba como latonero? Respuesta: yo no sé él cuánto se ganaba, pero el esposo mío trabajaba con él y ganaba de quince a veinte mil semanal (...). Preguntado doce: díganos si usted se enteró del lugar y la fecha aproximada donde ocurrieron los hechos? Respuesta: pues a la mamá de él le contaron que lo habían matado por la Normal, y que la Policía lo recogió y lo llevó a la morgue ellos mismos, la policía le avisó a la mamá no recuerdo la fecha. Preguntado trece: díganos si con motivo de la muerte de Ovidio, su familia sufrió perjuicios morales y económicos y cómo se manifiestan estos? Respuesta: si porque la mamá de él es muy inhábil, no le sirve una mano, y el muchacho era muy buen hijo le daba la comida, de los otros trabaja el hijo que es chofer pero él tiene obligación. Preguntado catorce: díganos si esta familia es unida y gozan de buena reputación? Respuesta: si ellos unidos si son, porque ellos se han colaborado mucho el uno con el otro, ellos se criaron juntos, muy buena familia, el papá es chofer (...) (fls. 52 y 53, cdno. 1)” (negrillas y subrayas de la Sala).

Declaración juramentada de Wilmer José de Ávila Manjarrés quien, en respuesta al interrogatorio, refirió:

“(...) si los conozco a todos, hace 6 años aproximadamente, porque éramos vecinos, eran su familia, hijo, hermanos de Patricia, de Fredy y Astrid Yanet, Ovidio y Fabiola eran los padres. (...) Preguntado primero: díganos si usted se enteró qué actividad realizaba antes de su muerte Ovidio Ardila Elorza, hijo, cuál era su patrón y qué salario devengaba? Respuesta: el patrón llamaba Gildardo, no sé el apellido, él trabajaba latonería, ganaba $ 17.000 semanales, eso lo sé porque él fue me colocó allá, trabajaba latonería. Preguntado segundo: dígale al despacho cómo se conoció usted con Ovidio y qué vínculos tenía él con el patrón para obtener su ingreso al taller? Respuesta: (...) lo conocí porque me lo presentó la señora mía, él habló con el patrón de él, de mí para ayudarme a colocar, y él le dijo que fuera para él conocerme a mí, y ya él me dio trabajo, me dijo que fuera a trabajar al día lunes (...). Preguntado tercero: cuánto tiempo laboró usted con Ovidio Ardila y cómo era su comportamiento social y especialmente en el trabajo? Respuesta: dos meses trabajé, él era un buen compañero de trabajo, buen amigo, no tengo nada que sentir de él (...). Preguntado quinto: él le llegó a comentar a usted si tenía algún problema, enemistad o había en alguna oportunidad sido objeto de amenazas? Respuesta: en ningún momento, nunca me comentó. Preguntado sexto: díganos si usted se enteró de su muerte y cómo lo informaron de los hechos? Respuesta: la mamá me contó que lo habían matado, que había sido detrás de la Normal, y según ella que habían sido los apóstoles, que había sido en la noche por ahí como a las diez de la noche (...). Preguntado octavo: usted se enteró de la existencia en Yarumal del grupo los doce apóstoles; de la detención de algunos comerciantes y de la vinculación del padre Palacio al mismo? Respuesta: si me enteré de eso, de que existía ese grupo, por la bulla que había por ahí en la calle, y de la matazón que hubo también, si recuerdo al padre Palacio, Nato Vargas, me enteré porque por ahí la gente comentaba (...). Preguntado décimo: díganos si usted sabe aproximadamente cuántas personas fallecieron en el año 93 a las cuales se refiere usted como matazón y que le fueron endilgadas a los doce apóstoles? Respuesta: aproximadamente unas diez (10) personas. Preguntado doce: de esas personas había alguna más amigos o conocidos suyos? Respuesta: si, a uno que le decían cuchilla por apodo, no sé que hacía (...)” (fls. 53 y 54, cdno. 1) (negrillas y subrayas de la Sala).

Se debe precisar que de la copia auténtica del proceso penal allegado, lo primero que se puede constatar es que el mismo fue adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en contra de: Nonato de la Cruz Vargas Sánchez, Roberto López Vásquez, José Paul Martínez Sánchez, Oscar de Jesús Arango Palacio, Leonidas Pemberty Zapata, Henry de Jesús Múnera Medina, Yoanni Humberto Vásquez, Beatriz Elena Calle Londoño y Ramón Ángel Ruiz Velásquez; ello hace incuestionable que, respecto a la responsabilidad de los procesados, se discernió la misma a título personal, no en condición de funcionarios públicos, ni como agentes al servicio de la Policía, competencia que de ser así, habría sido asumida por la justicia castrense.

A partir de allí es posible establecer que, frente a las pruebas adelantadas en la causa penal, no se puede afirmar que su práctica se haya realizado a solicitud o con audiencia de la parte contra la que se pretende aducir ahora —la demandada, Policía Nacional—, pues dicha entidad no integró bajo ninguna calidad el proceso aludido, con lo cual, conforme a las reglas de traslado de la prueba contenidas en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(2), las allí practicadas no serían valorables. Sin embargo, al momento de oponerse a los cargos —como antes se advirtió—, la demandada ratificó la solicitud de pruebas instadas por la demandante, es decir, se adhirió a su práctica y —de manera consecuente—, a la valoración de la misma(3).

Auscultado el conjunto probatorio del expediente penal, se constató el informe de derechos humanos —fechado el 29 de octubre de 1993—, suscrito por la Personera Municipal de Yarumal - Antioquia, en relación con el aumento de muertes violentas de habitantes de ese municipio y cuyo autor se desconocía. La funcionaria elaboró una relación de 27 episodios de esa naturaleza y pormenoriza las escasas pruebas que de cada una se tenían hasta entonces, y una breve anotación que —en la mayoría de los casos—, corresponde a los datos conocidos de cada víctima, muchos advirtiendo antecedentes con la justicia. Así se refirió respecto a Ovidio Adolfo Ardila Elorza:

“(Edad: edad aparente 19 años

Fecha: septiembre 25

Sindicado: N.N.

Radicación Fiscalía: 796

Pruebas: levantamiento, necropsia, declaración de un vecino del lugar de los hechos (...).

Nota: había prestado servicio militar del cual regreso pocos días antes de la muerte. Al parecer fue un muchacho revelde [sic] en la adolesencia [sic], se decía que fumaba marihuana y de pronto la vendía. Una de sus familiares fue tallada [sic] luego de la muerte de su sobrino de guerrillera rumor que se concilió en la Personería Municipal dialogando con la Policía y la joven (...)” (fl. 7, cdno. original 1 de la Fiscalía) (resaltado fuera del texto original).

Más adelante complemento así:

“(...) Constantemente se presentan personas en la Personería diciendo que son amenazadas de estar en una lista, los internos de la cárcel me manifiestan que tienen miedo de salir porque están matando los ladrones.

(...).

Otro señor de apellidos Zabala sin más identificación se presentó a decir que estaba en la lista que él se dedicaba a la minería y piensan que es guerrillero y por eso lo van a matar. Dice que los integrantes son Wilson y un primo de Wilson que esos dos son de Medellín, Hernán Darío Zapata, y un Pemberthy, inclusive me los mostró por la ventana de la oficina ellos se encontraban en el parque.

(...).

Me solicitan información sobre protección de testigos, hay personas de las que se han acercado a esta oficina que hablando con ellas y explicándoles, se podrían obtener declaraciones. La Fiscalía conoce lo que sucede sus integrantes viven en el municipio inclusive les he comentado de las denuncias internacionales, en mi parecer ellos no han utilizado la Sijín que hace las veces de cuerpo técnico, tampoco han investigado en conjunto los homicidios. Lo anterior se deduce de la poca prueba que han recaudado (...)” (fls. 2 a 12, cdno. original 1 de la Fiscalía).

Igualmente, se verificó la denuncia de la Oficina de los Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep—, entidad que mediante el escrito advirtió a Amnistía Internacional, Americas Watch y a la Comisión Interamericana DDHH, sobre las ejecuciones extrajudiciales y operaciones de la llamada “limpieza social” en el municipio de Yarumal del Departamento de Antioquia. Así expresó:

“(...) La oficina de Derechos Humanos del Centro del Investigación y Educación Popular ha tenido conocimiento de graves hechos ocurridos (...) que hoy denuncia ante la opinión pública internacional. Estos sucesos revisten especial gravedad debido a lo sistemático de la muerte de delincuentes menores y de personas en operativos de captura por parte de miembros de la Policía Nacional.

Se conoce de la operación de un escuadrón de la muerte conformado por sicarios trasladados desde Medellín, un exsoldado profesional y otras personas habitantes del municipio de Yarumal. Según habitantes del lugar varios comerciantes y ganaderos de la región estarían patrocinando económicamente las acciones de este escuadrón de “limpieza”.

Resulta altamente preocupante que dicho escuadrón de limpieza pueda operar a plena luz del día y en el centro del municipio. Las autoridades de Policía no realizan el menor esfuerzo por capturar a los homicidas a pesar de que estos ocurren habitualmente en cercanías a las unidades policiales que brindan seguridad al municipio.

Personas del municipio advierten sobre la posibilidad de que miembros de los organismos secretos de la Policía F2, estarían directamente relacionadas con la reactivación de los operativos de la llamada “limpieza social”. Las mismas fuentes indican que este fenómeno coincide con el traslado al municipio de Yarumal de un oficial de la policía que ha señalado que él viene a “limpiar el pueblo de personas indeseables”.

La comunidad también denuncia la existencia de una lista de personas amenazadas por el mencionado escuadrón de la muerte. Se trata de individuos que son acusados de pertenecer o colaborar con los grupos guerrilleros o cuentan con antecedentes penales. Varios de los amenazados han sido posteriormente asesinados

(...).

Por lo anterior se permite solicitar a los organismos internacionales interceder ante las autoridades nacionales para:

— Se le de protección a los familiares y testigos de los hechos.

— El buen desarrollo de las investigaciones y se sancione a los responsables de los hechos

— Solicitar a la Fiscalía General de la Nación la especial vigilancia sobre los procesos de investigación adelantados por las autoridades judiciales del Circuito Penal de Yarumal (...)” (fls. 15 a 23, cdno. original 1 de la Fiscalía).

1.2. Informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del accionar de grupos de limpieza social en el Norte y Nordeste antioqueño.

El 20 de agosto de 1997, los investigadores del CTI, conforme al rigor del artículo 316(4) del Código de Procedimiento Penal de la época —D. 2700/91—, presentaron análisis e informe de la investigación sobre la presencia de grupos de limpieza social, ilegalmente armados, en la zona norte del departamento de Antioquia. El escrito precisa, entre otras cosas, cómo en la ejecución de los operativos del grupo llamado de “limpieza social”, los verdugos actuaban con total descuido del uso, no solo de armas, sino de prendas y distintivos de la Policía Nacional:

“(...) Inicialmente tratamos de buscar la información que nos condujera a la verificación clara y contundente de los hechos materia de esta investigación; en las entrevistas con entidades gubernamentales solo se obtuvo colaboración de las fiscalías y juzgados de los municipios de la zona y se empezó a notar que entre algunas autoridades (Policía y Ejército) se hacía evidente el interés de identificar los investigadores, saber el motivo de nuestra presencia y conocer los movimientos, pero eran reacios a suministrar cualquier información.

Al afrontar contactos con los ciudadanos de dichos pueblos, testigos, familiares, allegados, vecinos de las víctimas se dejó entrever que entre estos reinaba un ambiente de desconfianza contra las autoridades legítimamente establecidas; porque, según sus mismos testimonios, tal desconfianza se daba a la amistad que los paramilitares mostraban con los policías y el ejército, tal hecho ni siquiera disimulado, porque en algunos municipios (Yarumal, Santa Rosa de Osos, Angostura, Campamento, Anorí y Carolina del Príncipe) es frecuente ver a paramilitares cuando llegaban al pueblo conversando y departiendo en los establecimientos públicos con los policías y militares. Otros entrevistados, sin rodeos afirmaban que era preferible no abrir la boca porque los paramilitares son del mismo Gobierno y toda información que suministrara podría devolverse en su contra. Otros en casos más extremos no dudaban en afirmar que paramilitares, Fiscalía y Gobierno eran la misma cosa porque nadie hacia nada para contrarrestarlos. 

(...).

Con el ingreso a los terrenos de la guerra de los grupos paramilitares o de autodefensa, se dio inicio a una cruenta batalla o guerra de guerrillas en la zona que solo ha traído el aumento de los homicidios, desapariciones y desplazamientos de la población civil; tales hechos en especial los ocurridos en la zona rural, los actores conforman un grupo mayor en número, dotado con armas cortas y largas e integrado simultáneamente por hombres vestidos con prendas de uso exclusivo de las fuerzas armadas (Policía y Ejército) y algunos vestidos de civil, pero pertenecientes al grupo.

De las versiones escuchadas, así como las evidencias recogidas en estos casos se infiere que dicho grupo cuenta con una dotación, un nivel de organización, una capacidad operativa y un poder de fuego superior a cualquier tipo de resistencia que puedan oponer sus víctimas.

En lo que respecta al grupo paramilitar, los cuales se movilizan desde Santa Rosa de Osos y Yarumal lugar donde quedan sus bases o centros de operación, consideramos que teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar correspondientes a los hechos en que ha participado el grupo, resulta extraño que se movilice y permanezca con tanta tranquilidad en una zona donde hay presencia de una contraguerrilla y de estaciones de policía, que en el caso de los primeros permanentemente operan desplazándose por caminos y carreteras y en el caso de los segundos permanecen vigilantes al servicio de la seguridad ciudadana en los municipios donde se cometen tales acciones, sitios (rural y urbano), frecuentados por los efectivos paramilitares en camionetas, camperos y motocicletas según testimonios de ciudadanos entrevistados, al parecer sin ser avistados por las fuerzas legalmente constituidas; lo anterior obliga a caracterizar a los autores de los delitos mencionados como un actor plural, con cierto novel [sic] de organización, personal idóneo y bien dotado que es capaz de adecuar su accionar a las condiciones del medio (rural y urbano) y que frecuentemente se ha presentado como un grupo paramilitar o de autodefensas con operación en varios municipios de la zona, cuyas carreteras y municipios frecuenta a pesar de la notoria cercanía a la troncal de la costa y a municipios con presencia de batallones del Ejército (Santa Rosa y Yarumal). 

Lo investigado en la zona, nos lleva a observar similitud a nivel de móviles presumibles, características de las víctimas y autores, circunstancias de modo y medios, así como continuidad en el tiempo y proximidad geográfica; lo que nos lleva a inferir que evidentemente no son hechos aislados atribuibles a autores independientes, sino que hay elementos objetivos suficientes para pensar en una acción deliberada y sistemática de un grupo de personas que a partir de motivaciones concretas, tales como eliminar delincuentes, exterminar la drogadicción, enfrentar el avance de la guerrilla y garantizase autoprotección, garantizándosela por ende a los ricos, ganaderos y comerciantes para quienes supuestamente trabaja la organización; el grupo se concierta configurando una estructura organizada a la que dotan de los medios, métodos y el personal necesario para cumplir su cometido.

(...) además del objetivo largamente comentado en este informe se sabe que es buscar en la población civil de los municipios de la jurisdicción paramilitares nacidos en dichos municipios que les sirvan de guías e informantes a los cuales instruyen ideológica y operativamente con los preceptos de la organización armada; como es el caso de varios municipios en donde se tiene conocimiento han reclutado gran cantidad de jóvenes que hoy son los gatilleros de la organización y que ayer solo eran informantes y adeptos efectivos de la misma.

(...) se escucha de los testigos decir que los paramilitares tienen nexos con los agentes de la Policía; otros dicen que la alcaldesa es una de las financistas del grupo de limpieza o paramilitar y que desconfían del Gobierno porque, según palabras de los mismos testigos, está comprobado que son los mismos. Téngase en cuenta que la mayoría de los homicidios fueron perpetrados a una cuadra del comando de la Policía y según los testigos los agentes nunca llegaron al sitio a averiguar lo sucedido (...).

(...) en desplazamiento realizado por investigadores, se ha visto el movimiento de los efectivos por todas las calles céntricas de la población, sin que las fuerzas gubernamentales, se opongan a su accionar delictivo, téngase en cuenta que este municipio —Yarumal— es considerado la capital del norte antioqueño y por lo tanto allí tienen asiento todas las oficinas de la Fiscalía, Juzgados, personería, Procuraduría, Policía, Ejército, entre otras. Es tanto el accionar delictivo de la organización paramilitar que en menos de seis meses el grupo a aniquilado más de ochenta personas de la comunidad, sin que para tales hechos haya respuesta de las fuerzas del orden, considérese que tales homicidios son perpetrados a plena luz del día, en calles céntricas de la ciudad, enfrente de todos los transeúntes y hasta la fecha no se ha obstaculizado su accionar por parte de los entes investigativos (...).

Para mayor efectividad el grupo paramilitar, se unió con los demás grupos que operan en Anorí, Bajo Cauca, Llanos de Cuibá y Santa Rosa de Osos y con esto busca controlar toda la zona, en especial la carretera troncal que une a Antioquia con la Costa Caribe.

Hablan los informantes que el dinero para el sostenimiento lo consiguen los paramilitares de la plata que le piden a todos los negocios y del dinero que reciben de los ricos de los pueblos en donde tienen su accionar; además que también reciben colaboración directa de la administración municipal en cabeza del señor alcalde, quien le proporciona el combustible a los vehículos. Sobre la forma como llegaron se dice que inicialmente los ricos formaron un grupo de autodefensas que lo hacían llamar Los Doce Apóstoles, pero como la Fiscalía los capturó, entonces contrataron a los de Urabá, quienes inicialmente llegaron, se alojaron en las fincas de los ricos, se movilizaban en carros y fueron conquistando jóvenes para la organización hasta el día de hoy que se ven varios grupos y entre todos suman por lo menos trescientos hombres; ellos viven en una finca a la salida del pueblo en la carretera que va para la costa atlántica, extrañamente, cerca del lugar donde el Ejército tiene la base militar; el otro sitio donde viven es un hotel en el parque principal, este hotel es del señor Cecilio Alzate, de este establecimiento se les ve salir con frecuencia armados a pesar de la presencia de la fuerza pública (...).

(...) téngase en cuenta que en esta zona la influencia de los grupos subversivos ha sido cruenta ya que el auge de secuestros, extorsiones y asesinatos a finqueros y comerciantes de la zona ha disparado negativamente para la comunidad, por la presencia activa y constante de un reducto del EPL que tiene su campamento en los límites entre Belmira y Entrerríos, además del accionar del 36 frente de las FARC con patrullajes constantes y tomas guerrilleras a los municipios de: Belmira, Carolina, San José de La Montaña (dos ocasiones), San Pedro de Los Milagros, Campamento, Angostura (tres ocasiones) (...). Por los anteriores motivos claramente aludidos es que inicialmente en julio de 1990 se crea en el municipio de Yarumal Antioquia la Asociación de Comerciantes de Yarumal (Ascoya) por los señores: José Emiro Pérez Vélez, Álvaro Vásquez Arroyave, Nonato de La Cruz Vargas Sánchez, Gonzalo Javier Palacio Palacio Pbro., con el objetivo de salvaguardar los intereses de comerciantes, ricos y ganaderos, que a la postre fue el impulsador de la organización paramilitar que ante el accionar delictivo de las organizaciones de izquierda da nacimiento tres años después en julio de 1993 el grupo paramilitar autodenominado Los Doce Apóstoles con su centro de acción en el municipio de Yarumal principalmente y con presencia esporádica en Santa Rosa de Osos; municipios desde donde se organizó la más feroz lucha contra las organizaciones subversivas con el fin de allanarle los caminos, descubrirle los enlaces e informarles; cerrarles el cerco y entorpecerles la consecución de finanzas. Los Doce Apóstoles fueron financiados por los comerciantes de la región, además de tener el apoyo irrestricto de miembros de la Policía Nacional, miembros del Ejército y un Sacerdote Católico de la Iglesia de la Merced (se dice que por lo anterior fue que recibió el nombre de Los Doce Apóstoles); inicialmente uno de los objetivos del grupo de autodefensas era exterminar a delincuentes, viciosos, expendedores de droga, prostitutas y raponeros; para consumar tales hechos el grupo y sus sicarios tuvo que realizar matanzas y masacres selectivas en el perímetro urbano y rural del municipio de Yarumal y Santa Rosa de Osos; ante tales hechos los entes investigativos, se dieron a la tarea de investigar lo sucedido, y fue así como el CTI, en unión con la Fiscalía Regional y con colaboración de la Policía Nacional, logró dar un golpe a la organización capturando algunos integrantes del brazo armado, del brazo ideológico y del de finanzas desvertebrando caso que por completo la organización criminal; ante tal hecho, algunos de los integrantes que no fueron capturados, enfilaron sus fuerzas a contactar el secretariado general de las ACCU, Autodefensas de Córdoba y Urabá antioqueño para que hiciera presencia con sus efectivos y no se permitiera que nuevamente la delincuencia y la subversión ganaran terreno. Las ACCU después de los contactos adelantados, hicieron ingreso al norte lechero de Antioquia en los primeros meses de 1996 y desde esa fecha, no solo han actuado en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, sino en todos y cada uno de los municipios de la zona (...).

Existe otro comentario generalizado en las poblaciones de Yarumal, Anorí y Santa Rosa de Osos, en las que se dice que la presencia paramilitar empezó a fraguarse inicialmente con la creación de las asociaciones Convivir; a quienes se les ve reiteradamente en compañía de reconocidos paramilitares; según testimonios de entrevistados, las Convivir son el brazo de inteligencia y económico de los grupos paramilitares y toda la información que recogen la llevan al comando de la Policía, al Ejército o la entregan a los paracos, además de tocarles recoger la plata para el sostenimiento de la organización; también afirman que algunos de las convivir, se les ve patrullando con paramilitares en horas de la noche, y en algunas oportunidades asisten a reuniones con mucha familiaridad como si fueran los mismos (...)” (fls. 269 a 286, cdno. 8 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

1.3 Declaraciones.

Posteriormente, del proceso penal, se cotejaron las declaraciones susceptibles de ser apreciadas en su valor probatorio, las cuales —en atención a su extensión—, se agruparon bajo criterios similares.

1.3.1. En primer lugar, se examinan las denuncias sobre la presencia en Yarumal de un grupo de limpieza social, además de las declaraciones de mayor valía probatoria que contextualizan las particulares circunstancias de seguridad y orden público en el nordeste de Antioquia durante la década de los noventa. Estas —algunas más elocuentes que otras—, enmarcan con claridad la entonces cotidianidad del conflicto armado, el origen de las bandas criminales de justicia privada —execrable fenómeno que ya para entonces mutaba en la oquedad del narcoparamilitarismo—, el deletéreo ambiente de violencia y las indelebles huellas que, tras de sí, talló la debacle en sus víctimas.

Así las cosas, se constató la queja interpuesta por José Leonidas Rada López —oct. 4/93—, ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en contra de los organismos de seguridad del Estado, por hechos que denunció así:

“(...) Hace aproximadamente unos cuatro meses, apareció en Yarumal, Antioquia, un grupo denominado de limpieza, el cual está matando indiscriminadamente personas, algunos con antecedentes penales y otros sin ellos, dicho grupo está patrocinado dicen que por algún comerciante de Yarumal, por el alcalde y por la misma Policía; ya que cuando sucede algún asesinato, nunca lo investigan y todo está pasando en el propio casco urbano y en las principales calles donde asesinan a la gente a la vista de todo el mundo, inclusive de día, torturándolos muchas veces, ya que todo el mundo se ha dado cuenta de quienes son los causantes de las muertes, pero no se atreven a denunciarlos, por miedo a que los maten a ellos y además porque no hay dónde ni con quien denunciar. Preguntado: sírvase informar si usted sabe los nombres de las personas quienes están desarrollando los hechos por usted referidos. Contestado: yo personalmente no los he visto pero en el pueblo todo el mundo dicen que son, el uno es un muchacho que lo llaman Hernán Darío Zapata y el otro se llama Leonidas Penverti [sic], aclarando que el empleo de esos muchachos es de sicarios, pero no son solo ellos dos, pues es un grupo de aproximadamente doce o quince personas. Preguntado: informe porque usted afirma que en los hechos denunciados, están implicados miembros de la Policía Nacional y el mismo alcalde municipal. Contestado: pues primero que todo el alcalde, ya que este es la primera autoridad policiva del municipio, y él se ha dado cuenta de estos hechos, ya que todos los días han sucedido en las propias calles del municipio, y él nunca ha dicho nada ni ha hecho nada, por tratar de controlar estos hechos; y la Policía porque todo el mundo en el pueblo comenta que los ha visto a ellos también. Yo vi a varios policías hace aproximadamente veinte días, 15 de septiembre, acechando a un muchacho llamado Mario Jaramillo, el cual tienen en una lista, que dicen que es de unas cincuenta personas, las cuales tienen ya marcadas para asesinarlas. A los policías yo los conozco. Toda la gente se dio cuenta de eso. Preguntado: sírvase manifestar si sabe nombres de personas que hayan sido muertas y torturadas por miembros de la Policía Nacional. Contestado: el de uno es Alveiro Jaramillo, se corrige, el apellido es Molina, el era conductor de un taxi en Yarumal. El tenía el taxi cuadrado en la estación y llegaron como cinco del F2 y le pegaron como quince tiros, dicen que porque él había visto cuando habían matado a otra persona; en los negocios de los taxis todo el mundo sabe; eso es en la salida para la costa; otro muchacho se llamaba Fernando Jaramillo, y era un ventero ambulante, dicen que lo mataron porque había tenido una discusión con uno del grupo de limpieza; otro un muchacho al que apodaban cuchillo, trabajó en los billares, ahí en todo el parque, lo mataron porque un ladroncito ordinario. Yo oí que el que más está matando es uno que es del F2, y le dicen disque el Ruso (...) ellos hacen gala de haber matado mucha gente para que todo el mundo les tenga miedo (...)” (fls. 47 a 49, cdno. original 1 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

Se encontró la declaración juramentada de Reinaldo Antonio Jiménez Serna, de cuya versión se resalta:

“(...) A mi hermano lo mataron el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y tres, más o menos a eso de la medía noche (...). Lo único que yo puedo asegurar es que a él lo mataron un grupo que viene matando gente en esta localidad, yo sé de manera positivo que fueron ellos ese grupo, yo no puedo asegurar cuál fue el que lo mató, yo he estado investigando, pero yo no he podido llegar al punto en forma cuál fue el que lo mató, ya que mi hermano tenía amigos en el camellón ladroncitos, yo no vengo a sacar la cara por mi hermano, y por medio de esa gente, por las amistades lo mataron, que el también haría sus cosas, metería o fumaría bazuca, yo lo que quiero es que si hay justicia, porque yo los de ese grupito yo los conozco y yo se que ellos mataron a mi hermano como han matado a mucha otra gente. Preguntado: dijo usted conocer a los integrantes de ese grupo, podría indicarnos quiénes son ellos, a qué se dedican? Contestó: que sepa y, en el parque trabaja uno manejando un taxi, un Pembertty, y el relojero de aquí del palacio municipal en la esquina, bajito blanquito, delgadito, él es el jefe de ellos según me comentaron a mi por ahí, y hay un Zapata Moreno el que se motila más bien rapado y en los lados (...) hay uno que dicen que es hijo de un señor Rodrigo Múnera (...)” (fls. 140 y 141, cdno. original 1 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

El señor Luis Alberto Zabala Mejía, en la declaración, que rindió bajo juramento, respondió así al cuestionario:

“(...) Preguntado: bajo juramento, sírvase decir al despacho la identidad de las personas que conforman el grupo de justicia privada que opera en esta localidad y los cuales se reunieron para acordar la forma en que le darían muerte a la doctora Lilian Soto Cárdenas, personera municipal? Contestó: va a ser un año por esta época yo fui donde la doctora Lilian a la Personería Municipal yo le dije que yo conocía a varios de los muchachos que habían organizado acá en Yarumal para matar gente, inclusive yo también estaba amenazado, entonces yo hablé varias veces con ella y ella me pregunto que si no estarían esos muchacho pro [sic] ahí cerca, yo le dije que ellos se mantenían por ahí en el parque, ella como trabajaba en la oficina que el ventanal daba para el parque yo me asomé por ahí y vi a tres de ellos sentados en las escalas junto a la Escuela Rosena Torres, entonces ella se fue a mirarlos, entró a la Escuela Rosenda Torres y yo la esperé en la oficina, entonces ella me dijo que yo por qué no denunciaba eso en la Fiscalía, yo a la Fiscalía fui varias veces yo quería denunciarlos pero que el nombre mío no quedara ahí, el Fiscal me llamó a Medellín haber [sic] si podía denunciar no dando el nombre y le dijeron que no que eso no se podía recibir declaraciones así, entonces yo a lo último no quise ni volver allá sino que perdí de aquí de Yarumal de miedo. (...) yo hablé con ella unas tres o cuatro veces para hablar sobre los matones, se que los tenían contratados para matar unos julanos [sic] de acá y según la cabeza valía más plata (...). Preguntado: (...) dígame, si usted sabe cómo se llaman las personas que conforman el grupo de justicia en esta localidad? Contestó: ahí es donde está dura la cosa, porque si a ellos no los ha denunciado tanto ofendido que hay, además se mantienen aliados con la ley de acá, y entonces uno a quién le pone la queja si viven aliados y entre los dos lo matan a uno. Preguntado: (...) dígame, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conocieron a dichas personas? Contestó: entre estos matones (...) hay un primo de un sobrino mío (...), él le contó todo que era que esa gente los había llamado que porque querían que ellos les sirvieran a los clientes ricos, les pagaban y les iban a dar armas, que entonces iban a cuadrar con esa gente porque ellos les iban a cuidar las fincas, a ellos. Preguntado: (...) dígale al despacho cómo se dio cuenta usted de esa reunión? Contestó: me contó mi sobrino, que porque pasó y vio al primo allí y se sorprendió al verlos con esos señores (...)” (fls. 406 a 408, cdno. 3 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

En posterior oportunidad, al ampliar su declaración, agregó:

“(...) El año pasado cuando yo me di cuenta que esa gente se había organizado aquí para que mataran mucha gente (...) me estaban persiguiendo a mí, entonces me perdí de aquí de Yarumal (...), cuando por ahí un día cualesquiera subí acá (...) y un día por ahí a eso de las diez de la mañana me encontré yo con dos de ellos de los que me estaban persiguiendo a mí, ellos se llaman: Hernán Darío Zapata este es el primo del sobrino (muerto) mío, el otro llama Wilson me parece que su apellido es Madrid (...) cuando me encontré con ellos me preguntaron: oíste Zabala vos ya no vivís en la casa donde vivías no cierto, porque inclusive yo me había cambiado de casa, me preguntaron que dónde estaba viviendo y yo les señalé para otro lado, me preguntaron que dónde estaba trabajando, entonces yo les dije que estaba trabajando en una quebrada de minero pero no les especifiqué dónde, entonces al otro día me vine para el centro a hacer unas compras muy temprano como a las diez de la mañana, entonces me senté en los tubos del parque a conversar con un señor amigo mío, cuando al momentico se fue cruzando el Hernán Darío y se me paró al frente, entonces me hacía señas con la cabeza amenazándome, entonces yo miré para otro lado y estaba el Wilson porque ellos andaban juntos a toda hora, (...). En esas esos tipos ya estaban haciendo lo que estaban haciendo matando gente, eso aparecían que dos muertos que un muerto, andaban en moto y en carro entonces ya unos los veía revolucionando que con los del F2 y montados en el carro de ellos, ahí fue donde yo me vine y hablé con la personera (...) entonces yo estuve en la Fiscalía pero no quise formular denuncia porque yo no tenía pruebas de que hubieran matado a nadie, se oían los comentarios y digamos ya las cosas fueron avanzando y habían más muertos, y ellos salían armados a toda parte. Preguntado: bajo juramento, dígale al despacho, cuántos eran los integrantes de la banda y cómo se llaman los otros? Contestó: según los comentarios y que también dijeron por las noticias dizque eran doce que los llamaban Los Doce Apóstoles, entre estos también estaban: Leonidas Pembery, el otro es el relojero que trabaja debajo del palacio del municipal [sic] y diario se mantiene con Hernán Darío, otro apodado el Cabezón es moreno grueso de gafas, no sé quien más (...). Preguntado: bajo juramento, dígame si Ud. sabe el nombre de los comerciantes que contrataron esos tipos? Contestó: se dice que era Emiro Pérez, porque a estos muchachos los veían en los carros de este señor y de Paul Martínez, Ramiro Sepúlveda, Nato Restrepo que tienen finca para Chorrillos por Valdivia. Preguntado: (...) dígale al despacho a Ud. porque lo iban a matar? Contestó: lo que pasa es lo siguiente: Mi hermana Amanda quedó viuda y tenía una ruta de Yarumal, a Valdivia y un sitio denominado Crucesitas, entonces el señor Vicente Restrepo le quería quitar dicha ruta, yo cuando eso trabajaba en el Puerto, tenía un negocio de billares, dormitorio y cantina, eso por allá ha sido zona roja y la guerrilla no por intermedio mío, porque nunca hablé con ellos le dijeron a don Vicente que dejara esa señora tranquila que era una viuda que necesitaba esa ruta para el sustento de su familia. Por este motivo se les metió en la cabeza que era yo quien estaba haciendo esas vueltas con la guerrilla y por eso me iban a matar, pero yo tengo mis testigos que trabajé sanamente sin estar aliado con nadie. Mi hermana también fue amenazada y se tuvo que ir, pero en una ocasión se le apareció un tipo dizque enamorándola, pero era para matarla, ella no le dijo como se llamaba, pero el tipo se le identificó y le mostró los papeles le dijo que era retirado de la Policía, este cliente se llama Manuel Antonio Crespo, entonces Amanda le montó un denunció en la Fiscalía y el tipo se perdió este era integrante de la banda que hay en Valdivia (...)” (fl. 411, cdno. 3 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera del original).

Con posterioridad, la señora Amanda Zabala de Zapata, hermana de Luis Alberto Zabala Mejía, concurrió bajo juramento a rendir declaración, oportunidad en que se expresó en los siguientes términos:

“(...) A mí me motivó las amenazas que yo he recibido y más tarde mí hermano Luis Alberto, y que creo que tiene que ver con los hechos que aquí ustedes investigan (...). Ya es conocido aquí en la Fiscalía sobre el problema mío, en común acuerdo el señor Vicente Restrepo y mi difunto esposo Gustavo Zapata trabajaban en compañía la ruta para Valdivia de transporte de leche para las dos empresas Colanta y Proleche, existió un compromiso entre los dos que todavía tengo de él de partir semanalmente el producto de los cheques en fletes, como Colanta y Proleche trabajan independientemente Colanta resolvió no transportar la leche para Colanta revuelta con la de Proleche sino separar los carros (...), yo quedé trabajando para Colanta con dos trabajadores y un chofer y yo administraba, el compañero de mi esposo en vista de la situación empezó a humillarme a decirme que él me iba a quitar el trabajo porque yo no tenía ni quien me administrara ni quien trabajara y que mucho menos con qué sostener ese cargo, yo retiré el muchacho mayor del colegio y lo puse a trabajar atrás con los ayudantes así, entonces el señor Vicente Restrepo se unió con los hermanos de él a robarme las canecas a mí porque me tenía que arruinar y sacarme de allá en alguna forma, en alguna oportunidad hicieron perdidas las canecas después de ser entregadas los hermanos Restrepo (...), yo le hice el reclamo al señor Vicente Restrepo que porque se aprovechaba de mí y me dijo que el propósito de él era quedarse con las dos rutas y que de alguna manera me sacaba de allá (...), empezamos a trabajar el Dr. Carlos Londoño y yo en la región hasta que llegué a tener muy buena leche en el carro pero no aguantaba el robo de las canecas hasta que la gente me fue retirando debido a que no tenía con qué pagar canecas, pero en ese entonces (...) empezaron a decirle dizque a la guerrilla que les arreglaran los problemas que tenían en las rutas, en ese entonces ya habían hecho cambio de veterinario aquí en Yarumal y le tocó al Dr. Raúl Osorio ir al cedro llamado por la guerrilla (...) el señor Ramiro Sepúlveda en unión con algotros [sic] finqueros (...) se enteró del problema que existía entre los Restrepos y yo entonces se reunió con los Restrepos y movido también por la envidia a pesar de saber que ya la guerrilla me había ofrecido protección a mi (...) ya me dijeron que no me iban a quitar que mejor me ayudaban a mí les llamaban la atención a los señores Restrepo, que porque eran muy canallas que porque se aprovechaban de una pobre viuda que no tenía quién la ayudara (...), yo misma también le dije al señor Vicente Restrepo que dejáramos los problemas que eso no nos convenía porque la guerrilla ya había intervenido en eso, entonces el señor Restrepo no volvió a decirme nada, pero la guerrilla empezó a chantajearlos a ellos a secuestrarlos pero a mí no me consta, entonces ya se enojaron conmigo porque yo tenía la culpa cosa que a esa región le ha sucedido a todo el mundo, entonces los mencionados señores consiguieron paramilitares para defenderse, al tercer diálogo me llamaron a mí para preguntarme si yo sé si los señores Restrepo estaban pagando paramilitares para matarlos a ellos, yo les dije que no sabía, cuando la guerrilla empezó a quitarle a ellos y a secuestrarlos dijeron que yo tenía la culpa y me mandaron matar en una oportunidad pero a mí me dijo un vecino Antonio Vidal que andaban unos señores preguntando por mí, a mí me dio miedo y fui y enfrenté al señor Vicente Restrepo (...), no me volvieron a molestar. Cuando crearon los apóstoles y empezó Hernán Darío Zapata a requisar el hermano mío Luis Alberto Zabala, se le acercaba y le tocaba los bolsillos y la cintura, entonces él me contó a mí, además le decía que había que darle y le hacía señas con el dedo que porque era informante de la guerrilla entonces él le dijo que él no que él vivía aquí, entonces yo le dije ponga cuidado a ver quién más lo persigue y no se quede por hay [sic] tarde de la noche, cuando empezó a ver que lo perseguían Paul Martínez en compañía de Euclides Restrepo, el año pasado por los lados de la bomba, siempre le seguían los pasos empezamos a sospechar que era por lo del problema mío y por lo que había dicho Hernán Darío que era informante de la guerrilla, de todos modos a [sic] preferido vivir alejado de Yarumal de miedo, y eso es todo (...) (fls. 842 a 845, cdno. 3 de la Fiscalía)”.

En el marco de la investigación adelantada —con relación a los hechos investigados por la presunta conformación y accionar de un grupo de limpieza social en Yarumal, Antioquia—, la Fiscalía Regional de Medellín, solicitó testimonio a varios funcionarios del Municipio —bajo certificación jurada—, de acuerdo al siguiente cuestionario:

“(...) — Generales de ley

— Si conoce a la doctora Lilian Soto Cárdenas, en caso afirmativo cómo, cuándo y dónde la conoció.

— Manifieste si fue de su conocimiento que la citada personera municipal en Yarumal, fue objeto de amenazas personales contra su vida, y en qué consistieron.

— Si tuvo conocimiento de una investigación que realizó la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, cuál la razón para la misma y si se enteró de los resultados.

— Que conocimientos tiene sobre una serie de homicidios que se presentaron en el municipio de Yarumal, Antioquia, desde mediados de julio de 1993, y como característica especial que se daba en personas indeseables, drogadictos, viciosos, delincuentes de la sociedad.

— Conforme al tiempo que permaneció en Yarumal, cómo era la situación de orden público.

— Qué conocimiento tiene sobre la conformación de un organismo de servicio de orden ciudadano, SOC, por los comerciantes de Yarumal que tenía por objeto prestar vigilancia y dar seguridad a los establecimientos de comercio, entidades públicas y personalidades del municipio. Dirá cómo se conformó y con qué objetivo y quienes los auspiciaran.

— Informe si existe un grupo cívico en el municipio de Yarumal, si ha pertenecido, quienes son sus integrantes, qué actividades desarrollan, si se hacen aportes, de qué clase, monto y para qué fin, para que se han destinado los recursos.

— Dirá si (...) tuvo conocimiento sobre la aparición de una banda de sicarios patrocinados por el ejército, la policía y comerciantes.

— Si el citado se ha denominado “los apóstoles”, qué sabe al respecto, quienes lo integran, a qué se dedican. Qué sabe sobre el nombre, si fue atribuido por los investigadores de Amnistía Internacional o los medios de comunicación.

— Informe qué personas le mencionaron la existencia del grupo y dónde se localiza y qué hechos delictivos se atribuyen.

— Si está financiado por los comerciantes de la región y el presbítero de la iglesia Gonzalo Palacio, cuáles son sus nombres.

— Si los organismos de seguridad del Estado han cometido hechos delictivos en compañía del grupo Los apóstoles, se servirá informar todo cuanto sea de su conocimiento.

— Diga si conoce, en caso afirmativo cómo, cuándo y dónde conoció, a qué se dedican, si pertenecen a grupos cívicos, cómo es su comportamiento, si ha tenido conocimiento por algún medio de los que adelante citados hayan conformado o sean integrantes del grupo “los apóstoles” y en qué actos delictivos han participado: Nonato de La Cruz Vargas Sánchez, Beatriz Helena Calle Maldonado Londoño, José Paul Martínez Sánchez, Oscar de Jesús Arango Palacio, Álvaro Vásquez Arroyave, Leonidas Pemberthy Zapata, alias Pemberthy, Henry de Jesús Múnera , Jhovany H. Velásquez, Hernán Darío Zapata, José Emiro Pérez Vélez, Ramón Ángel Ruiz Velásquez, presbítero Gonzalo Palacios Palacios, Ernesto Espinal.

— Si conoce a Federico Alzate y Román Cayetano, cómo, cuándo y dónde los conoció, y si se enteró que hubieran sido objeto de secuestro, extorsiones o amenazas (...)”.

Así respondió Jaime Montes Valencia, abogado de profesión y exalcalde de Yarumal:

“(...) Sí conozco a la doctora Lilian Soto C. desde hace mucho tiempo —más de diez años—, en el municipio de Yarumal (...). Fue elegida como agente del Ministerio Público en el municipio de Yarumal por el período 1992-1994. Función que se vio obligada a abandonar por una serie de amenazas contra su integridad física, de las cuales me enteré por información tanto de la misma personera, como de su secretaria (...). Una de esas intimidaciones se hicieron a través de llamadas telefónicas y otra fue por escrito, el cual llegó a la oficina de la doctora Cárdenas, cosa curiosa, después de venir de un foro sobre derechos humanos que se celebró en el hospital Yarumal.

Esas intimidaciones, eran vox populi, provenían de algunos militares que tenían su asiento en la base de El Morro, y a quienes se investigaba no sé por qué sindicaciones, y los que atribuían el hecho de estar procesados a la doctora Cárdenas. Esas amenazas se extendieron hasta su casa en la ciudad de Medellín. Era también voz popular que quien vigilaba la oficina de la doctora era el padre Palacio, pues él disque se mantenía en la esquina del palacio municipal y en los pasillos del mismo observando quien entraba o salía de la oficina de la personería. Los conductores que parquean sus vehículos de servicio público al frente del palacio se percataban de esta situación, y los empleados de los comercios vecinos.

(...).

Conocí de tales homicidios, y fueron muchos porque la noticia trascendió al ámbito internacional, por los comentarios entre los pobladores de aquel municipio y fueron en las calles del pueblo unos, como en la calle caliente, en el alto de Monserrate, al frente de la Cárcel de Circuito, por los lados de la Normal la Merced, por el seminario de misiones, o las áreas rurales, como el alto de la Bramadora, en la carretera del Rosario, en la vía a la Gabriela, por los lados de el Limón etc. No había características especiales, algunos estaban sindicados de hurtadores, otros de pertenecer a la guerrilla pero otros muchos no se sabía que tuvieran relación con la justicia.

(...).

Ese grupo [el SOC], se conformó por el año de 1988 u 89, según proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal, por alcalde Cecilio H. Alzate, proyecto que los ediles acogimos con beneplácito por cuanto se presentaba una situación grave de hurtos y expendios de sustancias sicotrópicas que la Policía Nacional no controlaba de manera alguna. Tanto que hubo de terminarse ese cuerpo armado municipal debido a no recuerdo que disposición legal, pero también por los celos de los agentes de policía quienes se dieron a la tarea de perseguir a los agentes del SOC. Como dije antes, fue una creación edilicia a instancias del ejecutivo municipal.

(...).

Del grupo que se denomina los Apóstoles nada sé, fuera de las noticias que se expresan en la radio o la TV. Tal vez, y son dichos callejeros de poca credibilidad, se apela así disque porque alguien de la iglesia los asesoraba (...). En un pueblo como Yarumal, esa era la noticia diaria, por el número de homicidios que hubo, cosa inusitada por esos lares. El grupo se debe localizar en la jurisdicción de Yarumal (...). Además se atribuyeron a ese grupo los homicidios ocurridos en Yarumal y su área rural, ocurridos desde agosto de 1992 no sé hasta qué fecha.

(...).

Ignoro las fuentes de financiación de ese grupo. En cuanto al Pbro. Gonzalo Palacio, es comentario general, que por su amistad con militares y policías, participaba o debía saber de toda esta anómala situación. Pero, nadie en particular, sostiene esa aseveración. El razonamiento del común es que si son capaces de obligar a renunciar a la personera y al señor alcalde, que no podrán con un simple ciudadano.

Ignoro si algún organismo del Estado participe de estas atrocidades, pues no soy testigo directo de alguna o algunas de ellas. Pero, los afectados o duelos de las víctimas sí deben saber y, como dije antes, existen informes del alcalde de esa época, escritos a la secretaría de gobierno departamental donde, creo, se habla de estas situaciones (...)” (negrillas y subrayas de la Sala).

En referencia de las personas por las que se le interrogó, negó parentesco alguno y de aquellos que dijo conocer solo refrendó aspectos positivos de su comportamiento. Por los demás, ratificó los comentarios generales de la gente pero advirtió que ningún rumor le constaba (fls. 476 a 482, cdno. 3 de la Fiscalía).

En igual sentido, de la declaración —rendida bajo juramento— de Luis Alfonso Buritica Agudelo, quien para entonces oficiara como burgomaestre del Municipio, se destaca que dijo desconocer cualquier información relacionada con el origen de los rumores en el pueblo sobre el grupo “Los Apóstoles” y que en referencia a los mismos nada le constaba. Asimismo, comunicó afables referencias sobre las personas por las que se le preguntó; de algunas, afirmó no conocerlas o no precisó detalles relevantes (fls. 520 a 522, cdno. 3 de la Fiscalía).

El párroco Luis Enrique Restrepo Muñoz, a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes —Yarumal—, increpó en su declaración:

“(...) Conocí a la doctora Lilian Soto Cárdenas, cuando estuvo de Personera municipal en Yarumal (...). Oí decir que estaba amenazada por la guerrilla, por lo cual se había retirado y que después volvió a pedir reelección. No supe qué clase de amenazas fueron.

(...).

No sé a cuál investigación ordenada por la Procuraduría General de la Nación se refiere; si sería la realizada en la segunda semana de abril del presente año, tal vez el viernes 8, cuando entraron a la casa cural haciendo alarde de poderío militar como si se esperaran ser atacados por un ejército y dijeron que venían a allanar la pieza del padre Gonzalo Palacio (...), se llevaron un revólver amparado, unas balas y unos papeles que no debían haberse llevado, como copia de una carta del citado presbítero al señor obispo y copia de la Ley Antisecuestro que cualquier ciudadano puede tener (...). No supe la razón de esa investigación, no supe qué resultados arrojó.

Acerca de la serie de homicidios cometidos en Yarumal a mediados de julio de 1993, tengo poco conocimiento, pues esta parroquia abarca la parte central de la ciudad y no tiene cementerio. Oí mencionar a unos que encontraron por la represa de Riogrande, y de vez en cuando oía decir que habían matado a un fulano, desconocido para mí, pues poco salgo a la calle. El comentario callejero como que los atribuyen a la policía secreta. Lo sabrán ellos, pues nadie se ha atribuido dichos asesinatos.

(...).

Nunca tuve conocimiento de la aparición de una banda de sicarios patrocinada por el Ejército, policía y comerciantes.

— Solo oí mencionar, a partir del sábado santo, 2 de abril, por TV y prensa el grupo de los “Doce Apóstoles”; pero aquí en el pueblo nunca se oyó hablar de dicho grupo, porque tengo entendido que nunca existió. Últimamente, a raíz de algunas detenciones, oí el comentario que un mayor de la Policía de apellido Reyes había invitado a los comerciantes a colaborar con alguna cuota para ayudar a la gasolina del carro de la Policía para que esta pudiera patrullar con más eficacia. No sé si ese dinero si lo destinarían a esta finalidad. Sus colaboradores no sé quiénes serían, seguramente que pensaron hacer una obra buena ayudando, con espíritu cívico, a una institución del Estado. Ese nombre de los “Doce Apóstoles” nunca se había oído mencionar por aquí, pudo ser dado por Amnistía Internacional o los medios de comunicación, a solicitud de algún grupo guerrillero de la región que ha intentado en vano tomarse Yarumal. Amnistía Internacional siempre se ha parcializado dándole los derechos a la guerrilla.

— Los primeros a los que oí hablar de ese grupo fueron los medios de comunicación, lanzando semejante calumnia sobre Yarumal y sus comerciantes, pues aquí nunca se había mencionado tal grupo.

— Si no ha existido tal grupo, mucho menos puede decirse que estuvo financiado por los comerciantes y por el padre Gonzalo Palacio.

— El padre Gonzalo Palacio no ha tenido conflictos con la comunidad de Yarumal ni roces con los demás sacerdotes. Lo que pasa siempre es que él ha sido franco para anunciar el mensaje evangélico y denunciar las injusticias cometidas por la guerrilla y por organismos de Estado y delincuentes particulares. Y como ha sido amigo del Ejército y la Policía, la guerrilla lo ha declarado objetivo militar, y como ha sido calumniado por algún testigo sin rostro que no lo quiere ahora lo persigue la Fiscalía.

(...).

No me consta que los organismos del Estado, encargados de la seguridad hayan cometido hechos delictivos; la gente comenta que sí; pero a mí no me consta. Habría que interrogar a los padres de algunos de los desaparecidos y luego encontrados muertos en la represa de Santa Rosa o Riogrande (...)” (fls. 515 y 516, cdno. 3 de la Fiscalía) (negrillas y Subrayas de la Sala).

Ante la Personería Municipal de Yarumal, el 19 de octubre de 1995, compareció Albeiro Martínez Vergara con el fin de, una vez prestado el juramento de rigor, formular queja que despachó así:

“(...) El día que fui detenido por la Policía que me sindicaron de un acceso carnal me llevo la Policía a eso de las once de la noche la patrulla, unas muchachas que estaban ahí entre ellas una hermana mía de nombre Sandra (...), vieron cuando me estaban dando pata, entonces me llevaron al calabozo y en ese momento estaba la muchacha ahí, donde la muchacha decía que yo no le había hecho nada y ellos le decían que embalara ese perro hijueputa [sic] (...); tipo tres y media de la mañana o cuatro me sacaron del calabozo tres policías encapuchados con pasamontaña, me sacaron con las manos amarradas y la boca tapada y me tiraron acostado en la patrulla donde nadie me viera, me llevaron hacia una trocha (...), cuando paró la patrulla me dijeron los agentes listo se le acabó el paseo, ahora se va a pasear un largo tiempo si no dice que usted violó esa muchacha, sin yo haberla violado, cogieron y me sacaron el revólver y el galil y me los ponían en la cabeza y con una grabadorsita [sic] al lado y un cassete [sic] y me obligaban a hablar lo que yo no había hecho, perro hijueputa [sic] donde no te hubieran visto montar en la patrulla te matábamos perro vos nos la debes desde hace tiempos porque una vez nos gritaste borracho, que ellos eran los mismos doce apóstoles y que eran los que los armaban y yo si tengo conocimiento de eso porque Leo Pemberthy hermano del inspector de Policía donde está viniendo cada mes aquí y baja al comando teniendo orden de captura por la Fiscalía todo eso se los grité yo (...), tengo mucho conocimiento porque yo les colaboraba a la Policía hasta que un día hice coger una moto robada por allá y no me dieron nada entonces no les seguí colaborando y se las cantaban y sabía que el grupo de los doce apóstoles eran armados por ellos, no declaré en el proceso de los doce apóstoles ante la Fiscalía Regional porque ellos me hicieron perder de aquí, ahora que estaba calmado fue que volví; yo les grité todo esto porque yo sabía de eso porque fui colaborador de ellos y me dijeron que si quería meterme en eso y yo les dije que no, esto me lo propuso el agente del F2 apodado el RUSO, en caso tal que necesite una información cómo comenzó el grupo y por quiénes se la puedo dar a la autoridad que la solicite, entonces me obligaron con el cassete [sic] amenazado con revólver por lado y lado, que tenía que decir lo que había dicho en el cassete que eso era una prueba y que sino ellos me mataban que si no decía eso y que acababan hasta con mi familia. Cuando vine a la primera indagatoria yo vine muy nervioso y tuve que decir lo que ellos me obligaron (...). Preguntado: sírvase manifestar (...) si el Fiscal que le recibió su primera indagatoria sabía de la existencia de las supuestas amenazas que narra. Contestó: no porque a mí me cogieron como quien dice casi borracho todavía, me trajeron a la Fiscalía con la borrachera viva, amenazado, nervioso y con un policía, no sabía ni qué decir y más que todo con el Policía al lado porque el policía tenía que darse cuenta lo que yo tenía que decir porque al salir me gritó el agente Zapata dragoniante [sic] me dijo mucho ojo con lo que tiene que decir o sino ya sabe lo que le pasa o sea, amenazado totalmente, para mí eso fue muy incomodo, y más que todo por estar al lado de mi mamá y los comentarios. Yo ese delito no lo he cometido, yo fui obligado por la Policía, en la segunda indagatoria hablé muy mal de la Policía pero no manifesté esto (...). Preguntado: (...) diga qué agentes de la Policía Nacional fueron los partícipes y/o autores de la tortura moral a la que supuestamente fue sometido el día de su detención. Contestó: el agente Ocampo, otro bajito gordito se motila recortadito por los lados, cara plancha hasta muy altanero y alzado con todo el mundo él a veces mantiene una moto blanca 125 Honda y a veces una ochenta y un pecoso, alto; sé que fueron ellos porque ellos me recordaron que si no me hubieran visto que me habían montado a la patrulla me desaparecerían, a Ocampo porque uno de ellos lo llamó por el apellido, gozan cuando un hombre se les arrodilla y les llora solamente porque ellos tienen un arma (...). Yo he tenido muchos problemas con ellos por el negocio de la moto que era robada y yo les dije donde estaba y me dijeron que les colaborara que ellos me ligaban y no me dieron nada, en este momento estoy amenazado (...)” (fls. 304 a 307, cdno. 6 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

Más adelante, en denuncia juramentada, que formuló el 15 de diciembre de 1995, ante la Fiscalía Regional de Medellín, el señor Martínez Vergara manifestó:

“(...) En la actualidad me encuentro amenazado de muerte, por parte del agente Ocampo que es un pecosito él gordito y alto y otros dos de la Sijín que no sé quiénes son, estos laboran en Yarumal (Ant.), propiamente no es con ello solo, sino con toda la Policía de Yarumal. Sucedió lo siguiente, yo tuve un problema en Yarumal, con uno de la Sijín que llaman el Ruso, eso fue en 1992 o principios de 1993 el problema fue por una moto, que era robada y sabía dónde estaba, mejor dicho yo le colaboraba a la Policía, entonces yo le dije al Ruso, cuando lo de la moto le dije qué pasa conmigo, si es que era que no me iba a ligar”, me dijo que no había plata y no sé qué, es que yo les colaboraba por debajo a ellos, como informante, hasta que empezaron los doce apóstoles. Entonces yo me enculebré con el Ruso (...), como yo les monté una denuncia a ellos en la Personería me vienen buscando, no hacen sino preguntar por ahí que dónde estoy yo (...). Como dije antes en la patrulla iban dos policías y el chofer, entre ellos iban Ocampo, pero ellos iban con pasamontañas y supe de Ocampo por la voz y porque otro le dijo a Ocampo en la patrulla “Ocampo vamos a matar este hijueputa perro [sic], pero primero lo vamos a torturar”, quien dijo esto es un agente Gordito él (...), sé de este, porque me sacaron antes de ponerse el pasamontañas, de los otros dos no supe quiénes eran. Al día siguiente el agente Zapata me dijo que mucho cuidado con lo que tiene que decir (...), me montaron en la patrulla otra vez y me llevaron al comando y me cogieron a pata, que no me patearon ahí, por no desprestigiar la Institución, en el comando me dieron pata y en la cara (...), yo tuve que decir lo que ellos dijeron por evitar problemas más que todo con mi familia, ellos a mi me llevan muchas ganas por esto porque yo conozco mucho de los Doce Apóstoles y como ellos mismos saben que los Doce Apóstoles los conformaron ellos mismos, como yo en este tiempo les colaboraba a ellos y sé quiénes lo integraban y todo, a ellos les interesa mejor matarme, aunque no solo yo sé de eso, hay gente que también lo sabe, los doceapostes [sic], es tanto que trabajan con ellos o sea con los policías, hubo un problema en la Heladería Texas donde ellos guardaban las armas o sea los Doce Apóstoles, que son Leo Pemberthy, Wilson nieto de la Nena Rodríguez que tienen un restaurante la estación, Ernesto el relojero que era el comandante de ellos que es Ernesto Espinal, con relojería debajo del Palacio Municipal, Henry Múnera, que es hijo de Rodrigo Múnera, “El Corrosco” que se llama Oscar hijo de una señora Palacio y el resto, ya lo integraba el padre Palacio y parte de la Policía, quienes se encargaban de enfierrarlos [sic] y conseguir los carros y dar la lista, por ejemplo cuando mataron a Pangara, llegó el Dr. Posada Quintana o De La Quintana, a ese doctor le robaron unas cosas y dijo que quien robó era Pangara, para que lo cogieran y lo metieran al calabozo y dicho por él mismo, se fue a la Policía, sin formular denuncia y les dijo que metieran a ese muchacho al calabozo varios días, la Policía recibió el informe de él y por la noche uno de los Doce Apóstoles invitó a Pangara a dar vuelta, ya que como este era vicioso, le daba al marihuano [sic], lo llevaron por la parte de atrás de la Normal y por allá lo mataron (...), como Ernesto el relojero, se mantiene mucho con la policía (...), una noche robaron la cadena y las bambas que él tenía, bajaba de donde la novia, entonces habló con la Policía y un capitán del Ejército que no recuerdo cómo se llama y con Miro Pérez que es un comerciante de Yarumal, que fue cuando se empezaron a armar y se iniciaron los doce apóstoles, entonces Ernesto consiguió la gente y yo una vez si estuve con Ernesto (...), pero yo le tenía desconfianza porque andaba con la Policía y toda esa gente es tráfuga [sic], nos fuimos a donde uno del F2, gordo él, que hasta por cierto lo mataron en canoas y le entregó dos revólveres el del F2 a Ernesto, entonces me entregó un revólver a mí (...), íbamos en la moto y venía un loco bajando, paró la moto y dijo vamos a matar a este, yo le dije cómo vamos a matar ese loco, yo no dejé que lo matara, me dijo a mí que le disparara y le dije que no, llegamos al paraje y nos devolvimos, cuando íbamos entrando me dijo que le entregara el revólver que había un reten y que de pronto me lo quitaban, mostró él una cosa y pasó, es que a él ya lo conocían, sabían quién era él, después hubo otro problema en la Heladería Texas, con el Tuso que ya lo mataron que era Hernán Darío Zapata que era de los Doce Apóstoles también, ese día tuvo un problema en Texas con otro muchacho apodado Moclillo y difunto también, quien sacó un revólver y le hizo un tiro a Hernán, de ahí Wilson y Pemberthy hermano del inspector de Policía, sacaron los revólveres y se iban a dar candela, en ese momento, llegó un cliente del F2, estaba recién llegado a Yarumal y él no sabía que ellos trabajaban con la Policía y el Ejército, se cogieron todos con los popos [sic] de frente y los llevó al comando, estos dijeron vamos, pero no le entregamos los fierros, llegaron al comando y el teniente que había allí, un capitán les dijo que como se iban a poner a pelear entre ellos mismos, le dijo al agente que ellos eran de la misma ralea y que había otros que conocer, los soltaron y enfierrados se regresaron a Texas que era el sitio clave en donde los conseguían (...), a este lo mató un mismo compañero. Lo mató Leo Pemberthy, porque de la matanza que hicieron en Chorrillo le habían dado la plata a él para repartirla y no sé si fue que se la bebió o la compró en ropa (...). Preguntado: dónde guardan ellos las armas y pasamontañas? Contestó: eso lo guardaban en la Heladería Texas (...). Preguntado: por qué sabe usted que el padre Palacio forma parte de los Doce Apóstoles? Contestó: porque es que esa gente hacía reuniones con el comandante de la Policía, del Ejército y párroco que era el cura ese y se reunían en el comando, allí vivían, la misma patrulla los llevaba a la casa después de que hacían las cagadas, para estar bien seguros. Preguntado: Ud. sabe si había comerciantes o negociantes dentro de los doce apóstoles y quiénes son? Contestó: de los comerciantes que hacían la reunión, estaban Miro Pérez, Roberto López y estaba este otro Donato Vargas a quién llaman Ato Vargas, los que iban a reuniones eran pocos, pero los que pagaban eran muchos (...). Preguntado: Ud., por qué sabe lo que acaba de decir? Contestó: se de eso, ya que Ernesto el Relojero era muy amigo mío en un tiempo y ya no lo es, él me contaba las cosas, hermano anoche fuimos a tal parte, es que uno se daba cuenta de eso, ya que cuando hacían una cagada se iban a beber al parque y ellos mismos contaban. Preguntado: díganos cómo fue el asunto de la matanza de Chorrillos, cuándo y quiénes intervinieron en ella? Contestó: en la matanza estuvieron todos, Wilson, Pemberthy, Hernán El Tuso que ya mataron un muchacho alias Chatarra y el Gurre que por boca de ellos salió eso (...), se fueron en el carro de Guillo y supe que mataron a una familia entera, esa familia como que estaba extorsionando, es que la información la daba la Policía y fueran o no fueran iban y los mataban. Preguntado: a fines de 1992 y en 1993 qué agentes de la Policía formaban parte o auxiliaban a los doce apóstoles? Contestó: pues todos, unos más que otros, pero era la misma gallada, los que salían era William, El Ruso, yo conozco a varios, (...). Preguntado: cuánto dinero ganaban los Doce Apóstoles por los trabajos que hacían? Contestó: eso depende de las cabezas que mataban y depende del punto, las sumas no las sé, los veían con plata a diario, eso lo pagaba el comercio, la policía cobraba y le daba la parte de ellos (...). Preguntado: de los agentes de la Policía o de la Sijín que estaban con los doce apóstoles en 1993 hay todavía en Yarumal y quiénes son? Contestó: todavía hay, está William, Ocampo (...), Zapata también estaba ahí (...). Preguntado: sabe Ud., quiénes son los autores de las muertes que han ocurrido en Yarumal desde el primero de diciembre de este año hasta hoy? Contestó: la Policía, hay un cabo de la Sijín que mató a la Bruja es un negro, alto, lo mató por el Liceo, supe porque alguien lo vio salir de allá con el revólver en la mano y se montó en la moto y se fue, no puedo decir quién es por no montarme más en problemas con la Policía, de la del Chaquiro, sé que es la Policía y el F2, pero no sé quiénes ya que unos trabajan sin uniforme (...). Preguntado: dónde se encuentran los Doce Apóstoles que Ud., mencionó antes? Contestó: esa gente se encuentra protejida [sic] por el Ejército, Leo Pemberty, vive aquí donde una tía, no hace mucho estaba en Planeta Rica y en Coveñas, trabajando de paramilitar con Javier Piedrahita, Ernesto el Relojero, está por Ventanas metido con el Ejército, Henry Múnera está en Medellín, no sé dónde lo han visto, la Mona está en Yarumal, el Gurre está en Yarumal y Chatarra también (...)” (fls. 214 a 218, cdno. 7 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera del texto original)

Posteriormente el 2 de febrero de 1996 —refiriéndose a la muerte— nuevamente en extrañas circunstancias de Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita y Norberto Barrientos —apodados El hueso, Matajo y el viejo, respectivamente—, bajo la gravedad de juramento constató en su declaración:

“(...) Por boca de otra persona que viene a ser la amante de Walter que fue él que los mató en compañía de los del F2, se llama Marina que (...), me dijo que Walter le dijo que los dos del F2 los torturaban y como le lloraba el viejo y cómo ponía las manos (se tapa la cara); eso fue como un jueves, tuvieron un problema en Guayacán el Viejo, Majatos, y Hueso con el ex policía que se llama Fredy, peliaron [sic] ahí y la taberna la cerraron, Fredy se fue para Medellín y trajo dos tipos (...); entonces ya consiguieron dos del F2 que son compañeros de trabajo en las fechorías (...) y se los llevaron, primero se llevaron a dos a Majatos y otro, el Viejo se fue persiguiendo en otro carro, porque sabía que los iban a matar porque iba el F2, inclusive le dijo a la hermana a Marleny que se habían llevado a los amigos y que no iba a dejar que los mataran, entonces los del F2 le dijeron que se devolviera que el problema no era con él, pero dijo que de todas maneras iba por los amigos, cogió un carro y se fue detrás de ellos, lo cogieron y lo montaron en otro carro y se lo llevaron, lo mataron que por sapo, que por estar buscando lo que no se le había perdido, los montaron en dos carros, uno es el del ex policía (...), Marina me contó que le daba pesar la forma como Walter mató al Viejo y como los del F2 los torturaban; no es la primera vez que la Policía hace una cosa de esas yo sé y se ha comprobado que la Policía viene haciendo esta clase de cosas desde el capitán Represa(5), donde una persona era sospechosa de algo y llegaban y la mataban. Preguntado: de qué forma dice usted que se comprobó o cómo se comprobó lo que está diciendo. Contestó: cuando el capitán Represa mató a esa gallada que fueron como 19 los muertos en la Represa de Miraflor que queda arriba del manicomio, el Gobierno le tocó pagar a muchos de los muertos, la gente misma veía. Preguntado: cómo se puede comprobar que lo que dice la denominada Marina es cierto. Contestó: pues por medio de una grabación, y es mi amiga y por los laitos me cuenta las cosas con hechos que cometiera Walter en compañía de Fredy y los del F2, pues que ellos el expolicía Fredy tiene plata porque tiene propiedades (...), me comentó Marina que Fredy dijo que en este pueblo había mucha plata, que qué se iba a hacer para conseguir platica, que en este pueblo había mucha, que el hombre tenía fierros para hacer lo que fuera o si no que ahí estaba la Policía para lo que fuera, que ellos le colaboraban para lo que fuera. Preguntado: dígale al despacho que otros hechos tiene conocimiento usted a nivel delictivo? Contestó (...) llega la guerrilla, cada que hay un ataque contra la Policía o el F2, ellos se desquitan con el pueblo matando tres o cuatro y eso no debe ser así, por ejemplo cuando mataron al agente del F2 Montenegro, mataron una gallada en el pueblo, eso fue hace como tres años y medio o cuatro, cuando les volaron las dos patrullas hubo muertos en el pueblo, a todo que piensan que es sospechoso lo matan, siempre se encapuchan y porque son conocidos porque son agentes y todo el pueblo los conoce, a mi me mantienen amenazado y donde quiera que vayan me van señalando, todos son una partida de cochinos ahí, me han seguido de noche, cuando estuve en Medellín (...). Preguntado: dígale al despacho todo lo que sepa de datos y demás de Fredy. Contestó: a él le dicen Fredy, no es de aquí de Yarumal, hace como dos años que llegó al pueblo, trabajó como año y medio en la Policía, se retiró y salió con carro, moto, una taberna, la mujer también tiene moto, un almacén en Medellín, ahora es dueño de la taberna Guayacán, yo lo veo adentro en la administración y dos guardaespaldas al lado, Walter y el otro y los de la Sijín y los policías se mantienen bebiendo ahí a toda hora, aparte de eso tiene su banda en Medellín, lo que esperan es que como que van a hacer un cruce por ahí porque se van en estos días, tienen un robo por ahí pendiente para estos días, no sé dónde, cómo dice que tiene armas y se las ha mostrado a John Jairo y es amigo mío, me comenta que Fredy le mostró todo el armamento que tenía, que buscara gente berraca [sic] para trabajar que él ponía los fierros, los fierros los mantiene en el apartamento, claro que como ahora está más enculebrado, uno lo tiene Walter, el otro lo tiene el otro muchacho y demás que Fredy debe cargar uno, ningún fierro de esos tiene salvoconducto, él para los atracos uniforma la gente y todo. Preguntado: usted por qué sabe todo lo que está diciendo? Contestó: yo sé por medio de otras personas, John Jairo, Marina, se puede comprobar por medio de un allanamiento. Preguntado: qué sabe de Walter? Contestó: sé que es amante de Marina, que tiene una banda y que Walter y el otro hacen parte de esa banda, se mantienen armados, ellos ahora viven aquí en Yarumal (...). Preguntado: qué relación puede tener Fredy y su banda con los hechos que ahora suceden en Yarumal. Contestó: pues puede tener una relación parecida a los doce apóstoles, como estos eran de aquí, ya la conocían entonces trajeron gente de Medellín, y en compañía de la ley de aquí. Preguntado: quiénes conforman la banda de Fredy. Contestó: la conforman parte del F2 y parte de la Policía y al lado de él están dos y no se sabe quién más ahí por los laitos [sic] el agente William Ocampo es uno de los más torcidos, no sé el apellido de los otros porque ellos ya no llevan el apellido en el uniforme como se mantienen haciendo cosas que no deben hacer para que no los distingan; uno bajito, gordito pelichuzudo [sic] y uno moreno alto acuerpado y otro delgado (...)” (fls. 223 a 225, cdno. 7 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera de texto original).

En diligencia del 6 de febrero siguiente, Albeiro de Jesús Agudelo Piedrahita, ante la Fiscalía Regional de Medellín, rindió declaración juramentada en la que manifestó:

“(...) Preguntado: dígale al despacho (...) todo lo relacionado con la muerte de Nolberto Barrientos, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo, apodados El Viejo, Hueso y Majato, respectivamente. Contestó: dentramos a la discoteca de Fredy llamada Guayacán y yo entré muy borracho, me puse a peliar [sic] allá (...), cuando el ocho de diciembre como a las diez de la noche estaba yo parado afuera de la discoteca y se me lanzó Fredy y me tiró una patada y me tumbó al suelo, me dijo que este hijueputa [sic] no me le voy a cargar más refiriéndose a mí, me dijo lo que pasa es que usted es diario que se emborracha vienen a armar un desorden aquí, me dijo que anoche yo le había puesto problema, yo le dije que me vendiera media de ron y no quiso, yo le dije, véndamela que yo no me acuerdo de los problemas de anoche, yo en ese momento ya estaba en sano juicio, él me dijo se la voy a vender pero pilas con los problemas porque los tenemos (...), al nueve de diciembre ya me encontré con Nolberto alias El Viejo y se iba a entrar para Guayacán entonces Fredy no lo quiso dejar entrar, el difunto Nolberto se le emberracó y se puso a alegar con Fredy (...), yo cogí a Nolberto de un brazo y lo saque para afuera y nos fuimos cuando ya nos encontramos con Luis Fernando, contratamos un carro y nos fuimos para un barrio que dicen los ranchitos, después contratamos un carro de servicio público de Yarumal (...) a la bajada cuadramos el carro en el parque, Hueso, El Viejo y mi persona, entonces bajamos por la calle del pecado cuando el difunto Nolberto me dijo: Albeiro mirá a Hueso lo subieron en un taxi amarillo, cuando yo voltié [sic] a ver ya lo habían subido en el taxi, que era como un Mazda de servicio público amarillo de Yarumal, entonces nosotros, o sea Nolberto y yo fuimos y colocamos el denuncio en el comando y el difunto Nolberto le dijo a un policía que habían montado un compañero de nosotros en un taxi de servicio público entonces le tomaron los datos al difunto Nolberto, de ahí salieron ellos en la patrulla a buscarlo y después como a los diez minutos llegaron y dijeron que habían ido hasta los ranchitos y hasta rancho lata y que no vieron ningún carro por ahí con nadie, me dijeron que si sabía quién los subió ahí, yo les dije que no que simplemente el que lo hizo subir a ese carro para que lo mataran fue el man de Guayacán de nombre Fredy el dueño de la discoteca, ese día yo vi unos tipos sospechosos en la puerta de la discoteca, era uno morenito él más bien altico y dos monos, uno era flaco, de 16 años, alto, y el otro era flaco, bajito, de 17 años el difunto Nolberto me dijo que era primera vez que se veían en Yarumal, ellos me dijeron quihubo [sic] parcero ese man no lo quiere dejar entrar?, yo le dije que no, me dijo, ese man es una gonorrea hijueputa [sic] ahí, picado, si quiere venga vamos pa’ allí pa’ arriba, en esas me llamó el difunto Nolberto y me dijo que pilas que no valla [sic] a seguir a esos manes porque eran tratando a él de gonorrea hijueputa [sic] y que después iban a secretearse con él allá adentro o sea con Fredy, yo les dije que listo que nos fuéramos para arriba pero que me esperaran un momento mientras yo iba por una plata para que compráramos una botella de ron y mentiras que era para yo desapartarme de ellos. El difunto Nolberto me dijo que nos fuéramos a buscar a Hueso, en la última vea cuando íbamos otra vuelta para los ranchitos, el carro estaba parado en la estación, nosotros íbamos arriba para los ranchitos, me dijo el difunto Nolberto y el difunto hermano mío Wilson que pilas que ese era el carro donde subieron al difunto Hueso o sea el Mazda de servicio público, el hermano mío y el difunto Nolberto me dijeron que pilas y que me volara ellos mismos me abrieron la puerta , llegó el conductor del carro amarillo y me llamó, yo le dije que listo que ahí iba, el conductor era flaco, alto con una cachucha voltiada [sic] para atrás blanco de 25 años más o menos, estaba el carro donde nosotros íbamos más o menos a cinco metros de distancia y al otro lado de la carretera del carro amarillo, yo arranqué corriendo eso fue a las dos de la mañana, por una manga para arriba entonces cuando yo arranqué corriendo, el carro se nos acercó y se nos arrimó al carro donde nosotros estábamos andando, yo me estuve dos horas por allá en una manga o sea que a ellos se los llevaron como a las dos de la mañana y yo salí a las cuatro de la manga, eran como cuatro personas las del taxi amarillo, los otros tres estaban dentro del carro y no tenían la cara tapada, el montañero que es el taxista del carro en el que íbamos nosotros alcanzó a ver bien a los del taxi amarillo y parecía conocido de ellos porque no le hicieron nada a él y estuvieron muy cerca de él, no me di cuenta si hablaron, el lugar estaba solo y no me di cuenta si alguien vio, al día siguiente estaba yo en el velorio del hermano mío cuando llegaron tres manes en tres motos y todos tres los conozco, Leonardo, Darío hermano de Leonardo, Darío es taxista de Yarumal y Leonardo administra heladerías, la última que administró fue una de la bomba, y Humberto que tenía restaurante la Palmera, Humberto me preguntó que quién había matado al difunto Nolberto y a Majatos entonces yo le dije que yo sé quién fue que fue el man Guayacán de nombre Fredy el que los mandó a matar, me dijo: sí y vos cómo sabés que fue él? Yo le dije yo sé porque a mí también me iba a hacer matar y yo me les volé yo le dije a él, o sea a Humberto, yo te distingo a vos, vos eras muy amigo del Viejo entonces él me dijo: si home [sic], vos me conocés a mí, me parece muy raro, yo le dije que lo distinguía, en esas hacía sino mirarme cuando yo me voltiaba [sic] para un lado él me miraba de arriba abajo y cuando yo lo voltiaba [sic] a mirar él voltiaba [sic] la cabeza, arranqué detrás de la casa cuando ellos salieron y yo sospeché que estos manes eran de la gallada de Fredy y me subí a una manga y allá los pillé cuando estaban en la estación (...), un pelao vecino de la casa me dijo que ahí con ellos estaba el sobrino de la Nena. Preguntado: qué comentarios ha escuchado sobre los autores de las muertes anteriormente relacionadas. Contestó: lo que oí decir por ahí fue que ellos no sentían tanto la muerte del Viejo y de Majatos que ellos hasta que no me maten a mí no quedaban contentos. Preguntado: de quién sospecha usted de las muertes? Contestó: al único es a Fredy porque nosotros no teníamos problemas de ninguna clase con nadie más y ese man a nosotros nos tenía la re mala. Aclaro que al rato que yo los vi en la estación bajaron pero ya yo estaba escondido enseguida de la casa, bajaron tres motos que las vio Marina Hernández, vecina de la casa y fue la que me contó, me dijo que en las mismas motos que habían venido al rato, en esas mismas motos vinieron y que el man, o sea Humberto llegó enmascarado y armado, preguntando que a dónde estaba el hermano del muerto, que el moreno, o sea yo, entonces yo en la casa cuando me iba a esconder dejé razón que si venían a preguntar por mí que dijeran que yo cogí un taxi y me fui para el centro, cuando él llegó ellos le dijeron y él salió otra vez, después volvió otro y me dijeron que era el nieto de la nena que estuvo en la banda los Doce Apóstoles, esto me lo dijo la señora Marina Hernández. Preguntado: qué conocimiento tiene de que la banda de los Doce Apóstoles estén involucrados en los homicidios que están ocurriendo en los últimos meses en el municipio de Yarumal y aledaños. Contestó: (...), la gente comenta que el sobrino de la nena ha seguido cometiendo homicidios. Preguntado: diga si conoce o ha escuchado mencionar a Roberto Vásquez, el Relojero, Jaime, y al Mono. Contestó: digamos el relojero si lo distinguí que era de esa banda también (...). Preguntado: qué conocimiento tiene sobre qué integrantes de la Policía estén involucrados en los hechos que se investigan. Contestó: lo que comentaban que la policía colaboraba con eso pero no sé quiénes. Preguntado: qué relación puede tener Fredy con los doce apóstoles. Contestó: que ellos son los mismos, como que ahora es él quien está manejando los doce apóstoles (...)” (fls. 231 a 234, cdno. 7 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera de texto original).

También así, se verificó la declaración —de dos de junio de 1999, rendida bajo juramento—, que rindiera Julia Rosa Giraldo Valencia, ante la Fiscalía General de la Nación - Seccional de Yarumal. Es importante destacar de allí:

“(...) Preguntada: sírvase decir cómo y desde cuándo conoce al padre Gonzalo Javier Palacio. Contestó: Yo lo conocí de sacerdote aquí en Yarumal pero hace muchos años que conocí a ese señor, el estuvo primero aquí en Yarumal, se fue bastante tiempo y después volvió. Preguntado: diga qué clase de amistad o negocios ha sostenido con el padre Gonzalo Javier Palacio. Contestó: nunca tuve nada, empezando que ni siquiera llegué a confesarme con él. Preguntado: diga cómo era la conducta del mencionado y cómo era su comportamiento. Contestó: yo a él lo veía que decía misa en la hora de la mañana y apenas terminaba la misa se venía para los teléfonos públicos para hablar por teléfono, siempre en la hora de la mañana estaba pegado de esos teléfonos, otras veces lo veía parado en la esquina del Palacio leyendo el periódico, él tomaba aguardiente porque a mí me consta que tomaba en San Felipe eso era de Álvaro Vásquez, yo lo vi varias veces, conversando con don Álvaro el padre se mantenía con uno que le decían el Enano que estuvo en la cárcel, este era un soldado, también se mantenía con unos de la Sijín que los mataron por Canoas llendo [sic] para Angostura, también se mantenía con uno que mataron en la taberna Texas que se llamaba al parecer Hernán Correa que decían que era el jefe de los Doce Apóstoles, era el que los mandaba y a él lo mataron el 15 de agosto de 1994. Preguntado: diga cuál era la actitud asumida por el padre Gonzalo Javier Palacio en relación con la situación de orden público en este municipio, concretamente con los múltiples homicidios que se venían presentando. Contestó: yo nunca lo oí decir nada, lo único era que se mantenía con esa gente mala o sea los que matan y así, se mantenía con ellos y yo lo llegué a ver en horas de la noche con ellos. Preguntado: diga todo cuanto sepa del grupo armado ilegal que en este municipio se conocía como los Doce Apóstoles, por quiénes estaba conformado, quiénes eran sus jefes o cabecillas o integrantes. Contestó: a mí no me consta pero si decían que el padre Palacio era el que manejaba ese grupo porque lo veían a cualquier hora con esos muchachos, él también se mantenía donde Álvaro Vásquez, Donato Vargas y Emiro Pérez y donde Emiro Pérez se mantenía con el Enano que le digo, el grupo lo conformaban el Enano, el Correa que ya mataron, León Pemeberthy, hermano de Darío que es inspector aquí, no recuerdo más, no sé cómo se llamarían los otros. Preguntada: diga qué hechos delictivos u homicidios le son atribuidos al grupo paramilitar denominado los Doce Apóstoles, con finalidad de limpieza social. Contestó: en ese tiempo que hubo tanta violencia todo se lo acomodaban a los Doce Apóstoles y a los de la Sijín que mataron en el año 94 como a los 15 días de haber muerto el muchacho de Texas (...). Una vez que el padre Gonzalo venía de Aragón de confesar un enfermo, llegó a la casa de San Vicente aquí en Yarumal a dar una reunión y dijo que si lo querían matar que lo mataran o que le echaran la guerrilla o que él prestaba las armas para que lo mataran, no sé él por qué dijo eso, yo estaba en esa reunión no recuerdo bien si fue el año en que murió mi hijo o finales del año anterior (...)” (fls. 247 y 248, cdno. 9 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

Seguidamente, ante el mismo despacho y de manera complementaria, Jair Fernando Betancur Giraldo afirmó así del padre Gonzalo Palacio:

“(...) Sí lo distingo, por ahí nueve años, por lo que él era un cura de aquí de Yarumal, segundo fue guía de nosotros, del Cuarto Pelotón de la Compañía Alban del Quinto Contingente de 1991 del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en cuanto a relación de trabajo negocio no, solo que cuando se estaba patrullando por los lados del Cedro estuvo él de guía con nosotros, él andaba encapuchado y armado, con arma de largo y corto alcance, no sé la razón por la cual ese señor estaba de guía con nosotros. Preguntado: sabe usted por órdenes de quién este señor prestaba el servicio de guía a soldados, a sabiendas que no era esa su misión como sacerdote. Contestó: no sé por qué, sé que andaba con nosotros armado y acá en el pueblo se mantenía con el capitán González y el mayor García. Preguntado: (...) para usted cómo era la conducta del citado sacerdote y cómo su comportamiento con la comunidad. Contestó: muy mala, empezando porque ese señor salía de misa y se iba para la caliente, para el restaurante San Felipe a tomar aguardiente en compañía de Emiro Pérez, Donato Vargas, Álvaro Vásquez que era el dueño de San Felipe, el mayor García y el capitán González, pues me imagino que era armando esos operativos para ellos irsen [sic] a patrullar. Preguntado: diga al despacho a qué se refiere usted con lo que acaba de decir, de eso de operativos para irsen [sic] a patrullar, tuvo usted conocimiento de dichos operativos, caso positivo para qué se hacían. Contestó: según tengo entendido, el cura Gonzalo Palacio era el Comandante de un grupo armado llamado los Doce Apóstoles, decían cuidar los ricos de aquí de Yarumal, pero aprovechando que estaban armados hacían cosas que no debían hacer, como asesinar gente. Preguntado: qué conocimiento tuvo usted de la actitud asumida por el citado con relación a la situación de orden público en la municipalidad, igualmente con relación a los múltiples homicidios que para aquella época se venían presentando en la municipalidad. Contestó: para mí era muy extraño, porque en plena misa no hablaba sino de grupos subversivos, autodefensas y muy extraño un padre diciendo misa y con un arma bajo la sotana. (...) Preguntado: diga al despacho todo lo que sepa y le conste sobre el grupo armado que para aquella época se conocía como los Doce Apóstoles, por quiénes estaba conformada, quiénes eran sus jefes o cabecillas y cuáles sus integrantes, del mismo modo para qué fin fue creado. Contestó: de pronto nombres no, pero apodos estaba lo que era el padre Palacio, Oscar alias el Pitufo, Alberto, se corrige Pemberthy, un hijo de una profesora Leonor estaba un muchacho Andrés, no recuerdo más, según ellos estaban para cuidar los comerciantes como Emiro Pérez, Donato Vargas, Álvaro Vásquez, un señor que tenía la cafetería Antioqueña y así sucesivamente. Preguntado: tiene usted conocimientos de hechos delictivos u homicidios que le fueran atribuidos al grupo denominado los Doce Apóstoles, con la finalidad de limpieza social. Contestó: uno solo me di cuenta, un muchacho que mataron por Tobón, eso es un caserío cerca a la carretera, el nombre no lo sé, era un muchacho de Campamento, no sé por qué lo mataron, pero si sé que fueron ellos, yo me enteré porque escuché a Pemberthy hablando con el Pitufo sobre eso. Y los rumores en el pueblo de que eran los Doce Apóstoles y la Sijín los que mataban la gente. Preguntado: diga si alguno de sus familiares ha sido o fue víctima del citado grupo u otra clase de organización armada delincuencial. Contestó: a nosotros nos mataron un hermanito y dicen que fueron los Doce Apóstoles y la Sijín, el se llamaba Hugo Alberto Betancur Giraldo, a él lo mataron junto con otro amigo, Brand Rodríguez se llamaba, a ellos dos se los llevaron de Yarumal y los torturaron y los mataron por la carretera a Malambo, eso fue el 8 de agosto de 1994 (...)” (fls. 249 y 250, cdno. 9 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas e la Sala).

De la misma manera y a continuación, obra la declaración de Gonzalo Antonio Betancur, quien detalló de la siguiente manera:

“(...) Preguntado: sírvase decir cómo y cuándo conoció usted al padre Gonzalo Javier Palacio. Contestó: yo lo distinguí aquí mucho tiempo, lo conocí en la iglesia. Preguntado: diga qué clase de relación tenía usted con el padre Palacio. Contestó: ninguna. Preguntado: diga cómo era el comportamiento social y moral del padre Gonzalo Javier Palacio. Contestó: como sacerdote para mí tenía un comportamiento malo porque un sacerdote no tenía por qué estar hasta las doce o una de la mañana en la calle, y por ahí parado en las puertas de las cantinas (...). Una vez en San Vicente fue a una reunión, él fue presidente de allá y casi todos los que fueron a esa reunión dijeron que de haber sabido no hubieran ido a esa reunión porque él los humilló de tal manera, yo no fui a la reunión pero me dijeron que él había dicho: “Yo soy el presidente de esta reunión y soy Gonzalo Palacio que no le tenía miedo a nadie o que si alguno le quería tirar a él que él le prestaba las armas (...). Preguntado: diga todo cuanto sepa y le conste por conocimiento directo o por comentarios acerca del grupo armado ilegal conocido en este municipio como los Doce Apóstoles, quiénes lo conformaban, quiénes eran sus cabecillas o jefes. Contestó: lo que sé de ese grupo por comentario porque a mí no me consta es que él o sea el padre Gonzalo conformaba ese grupo, no sé quiénes más (...). Preguntado: diga si usted o algún familiar han sido víctimas del citado grupo u otra clase de organización delincuencial. Contestó: pues yo no le puedo decir nada pero cuando me mataron al hijo mío Hugo Alberto Betancur Giraldo, estaba conformado el grupo de los Doce Apóstoles. Preguntado: diga si tiene algo más que agregar, corregir o aclarar a la presente diligencia. Contestó: que una vez en la casa de San Vicente donde yo estaba viviendo llegó el padre Gonzalo Palacio en compañía de don Octavio Villegas, dueño de unos depósitos por la calle 21 entonces el padre me pidió la casa que se la entregara en término de 3 o 4 días dijo: “Oiga pues que yo soy Gonzalo Palacio, no me quiere entregar la casa? Yo le dije sí señor pero no todavía y él ahí mismo salió, largó una carcajada y me dijo que muy pronto tenía que derramar lágrimas, al muy poquito tiempo me mataron al hijo, en ese momento no estaba sino don Octavio Villegas (...)” (fls. 256 y 257, cdno 9 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

De las afirmaciones, bajo juramento, de Roberto Alonso Gómez Sierra —profesor y técnico agropecuario de Yarumal—, vale la pena destacar las siguientes:

“(...) Preguntado: escuchó mencionar acá en Yarumal la conformación de un grupo llamado “los Doce Apóstoles”. Contestó: sí, en la calle, en las cafeterías se escuchaban comentarios sobre ese grupo. Preguntado: recuerda si los comentarios que escuchó sobre el grupo “los Doce Apóstoles” se originaron en la época en que la Asociación de Comerciantes estuvo vigente. Contestó: eso fue como por la misma época pero no tengo conocimiento del tiempo en que ese grupo se conformó. Preguntado: sabe durante cuánto tiempo y si realmente existió en Yarumal este grupo de justicia privada de los “los Doce Apóstoles”. Contestó: Por esa misma época más o menos en el año 92, se oía hablar de ese grupo, pero no tengo conocimiento claro sobre su modo de operación y su tiempo de duración (...). Ese grupo sí existió y puedo afirmar que por esa época un joven en cierta ocasión se me acercó y me dijo que si yo quería colaborar con ellos, entre otras cosas me impresionó a los días supe que el joven que me había hecho esa propuesta lo habían matado, no sé el nombre de este joven que me había hecho esa propuesta lo habían matado, pero lo puedo averiguar, no recuerdo en qué fecha lo mataron, me parece que fue por acá en una heladería. Preguntado: recuerda cuál fue la propuesta y en qué términos la realizó este joven. Contestado: por esa época fui víctima de un chantage [sic] y no sé por qué razón después de que yo había puesto en conocimiento de las autoridades lo que me pasaba en esos días se me acercó y me dijo que me uniera a ellos que ellos en una noche me resolvían el problema del cual él tenía conocimiento, yo me asusté le dije que le agradecía mucho que si alguna cosa yo lo buscaría, entonces le comenté lo que me pasaba a uno de mis amigos y él me dijo que cuidado me metía con esa gente (...). Preguntado: sabe quiénes formaron parte de este grupo de los “Doce Apóstoles”. Contestó: no, solamente por comentarios callejeros oí [sic] decir que había un sacerdote metido en ese grupo, y desde eso entre otras cosas no volví ni a misa, sin embargo yo al sacerdote sí lo veía con revólver, no recuerdo el nombre pero era el padre Palacio (...). Preguntado: en qué ocasiones le llego usted a ver esa arma de fuego al sacerdote Palacio. Contestó: en cierta ocasión me encontraba en una cafetería llamada “los Remansos” cuando el padre pasó se le pudo observar parte de un arma de fuego prendida en la cintura, situación que la vi con extrañeza (...)” (fls. 221 a 223, cdno. 10 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

También así, se halló la declaración —bajo juramento—, rendida ante la Unidad de Fiscalías especializadas de Medellín, del señor Cecilio Alzate Casas, quien así narró:

“(...) he sido concejal de Yarumal, alcalde en dos oportunidades períodos del 88 al 90 y del 92 al 94. Último(sic) período no terminó. Preguntado: sírvase manifestarnos cuáles fueron las causas por las cuales no terminó su último mandato. Contestó: en ese finales de 1993 y comienzos de 1994, el municipio atravesaba una época de orden público bastante difícil, pues venían sucediendo homicidios, asesinatos, extorsiones, secuestros, lo que llevó a que la administración municipal elevara o solicitara las investigaciones del caso y por estas razones a mi juicio me llegó una amenaza que me iban a matar, inmediatamente me trasladé a Medellín, solicité una licencia de noventa días ante la gobernación de Antioquia, pero al cabo de la terminación de la licencia presenté renuncia irrevocable. La razón de las amenazas me llegaron a través de un empleado del municipio, quien era mi conductor y este a la vez se las había suministrado un ciudadano, era un relojero, del que no sé su nombre (...). También por esa época había sido secuestrado meses atrás el señor presidente del concejo señor Federico Alzate y la personera doctora Lilian Soto, también había sido amenazada, razón por la cual ella también renunció al cargo. Las amenazas que me llegaron se le estaban haciendo porque había pedido conjuntamente con la personera investigaciones para los hechos violentos que se estaban presentando. Preguntado: sírvase explicarnos a qué hechos violentos se refiere en su respuesta anterior y ubíquelos en el tiempo. Contestó: en el mes de noviembre o diciembre de 1992, desaparecieron unos estudiantes del colegio y una de las hermanas de algunos de los desaparecidos se acercó a mi despacho y me pidió que le ayudara en la búsqueda de su hermano, yo me trasladé a la oficina de la Personería y en compañía de la personera doctora Lilian Soto, subimos a la base militar que queda en el Cerro de la Marconia a indagar por los jóvenes que se habían desaparecido, la personera inclusive arrimó hasta el calabozo de esa base militar y no habiendo encontrado ninguna persona detenida de las que estábamos buscando nos volvimos a la oficina y reunimos el Comité de Derechos Humanos y se le envió una carta al comandante de la Cuarta Brigada donde le manifestamos que la comunidad sindicaba al Ejército de la desaparición de esos jóvenes estudiantes, algunos de ellos. Más adelante me di cuenta que habían sido encontrados en Entrerrios y enterrados como N.N., pero las investigaciones llegaron hasta dar con el paradero de los responsables de la desaparición y muerte de esos jóvenes y supe que estaban vinculados al proceso un capitán y dieciocho o veinte soldados (...). Preguntado: explique lo que usted pueda conocer sobre la existencia o no de un grupo denominado popularmente los Apóstoles, supuestamente dedicados a la limpieza social para la época de 1993 y 1994 aproximadamente. Contestó: en esa época sucedieron en Yarumal muchos homicidios y asesinatos y la gente comúnmente en la calle decía que existía el grupo denominado los Apóstoles, ninguna persona se acercó a mi despacho a decirme y si existían realmente como se manifestaba en la calle, razón por la cual yo me limitaba a apoyar logísticamente a la Personería, que es la entidad a la que le correspondía más directamente dicha situación. Preguntado: díganos si usted se enteró sobre el origen de dicho grupo. Contestó: en ningún momento me enteré del origen de dicho grupo, solamente en los archivos de la alcaldía, me encontré un oficio firmado por mi antecesor doctor Jaime Montes y dirigido a la gobernación de Antioquia donde se decía que a través de volantes se creaba el grupo si no recuerdo mal Norte Lechero, copia de ese volante y del oficio de mi antecesor tengo en mi poder, ese volante o panfleto fue distribuido e introducido por las puertas de las casas en Yarumal (...). Preguntado: díganos si usted conoció las homilías del padre Palacio en misa y si recuerda cuál era su contenido en relación con el orden público en Yarumal. Contestó: el padre Palacio en una o dos ocasiones que lo escuché en misa era muy duro con sus palabras en contra de los secuestradores y los subversivos (...)” (fls. 55 a 65, cdno. 12 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

Román Darío Roldán Mora quien, a pesar de declarar a favor del Padre Gonzalo Palacio Palacio —afirmando que “... Cuando era rector del Pio XII y yo estudié cuarto, quinto y primero de bachillerato y toda la vida lo conocí de la iglesia de las Mercedes aquí en Yarumal (...), el padre era bien, él nunca tocaba esos temas (orden público y factores de violencia), en esa época porque era muy sano todo”—, contó así sobre la muerte de su sobrino:

“(...) Pues a mi sobrino que se llamaba Willinton Roldán Carvajal, a él lo mataron al frente de Rancho de Lata en esas mangas. La fecha no me acuerdo. Mi sobrino estudiaba en el liceo San Luis, el cursaba segundo de bachillerato. No sé por qué lo mataron. Preguntado: diga al despacho qué comentarios se tejieron sobre los autores de este homicidio y cuáles sus móviles. Contestó: pues comentarios de la gente fue que él iba para esa finca y lo mataron por allá en esa finca, dicen que le picaron arrastre para cometer un atraco y dicen que la Policía fue quien lo mató. Preguntado: recuerda cómo se llamaba el comandante de la Policía de ese entonces y dónde se encuentra laborando. Contestó: si no estoy mal era mi capitán Benavides, no sé a dónde se encuentra actualmente. Preguntado: diga al despacho a quién le escuchó estos comentarios. Contestó: pues le comento que a mí también me tenían en la lista y a mí me comentó un tipo del F2, la Sijín que se llama Cuesta que a él lo mataron en Campamento cuando trabajaba en el F2. Preguntado: diga al despacho por qué lo tenían a usted en la lista. Contestó: no sé porque yo no le debo nada aquí (...). Preguntado: diga al despacho a quién le escuchó que a su sobrino lo mataron porque iba a participar en un atraco, dirá quienes eran sus compañeros. Contestó: pues a mí me comentó el de la Sijín que era Cuesta que abriera el ojo que yo también estaba en la lista, el de la moto amarilla que era yo. No sé quiénes eran los compañeros de mi sobrino cuando iban a cometer ese atraco. Iban a atracar la finca “El Piñón”. Preguntado: en el homicidio de su sobrino participó algún grupo que se encontraba fuera del margen de la ley, en caso cierto quién lo lideraba. Contestó: yo no sé, pues dicen que fue la Policía (...). Preguntado: diga al despacho si alguna persona intervino para que no le sucediera nada a usted, dirá si estos hechos los denunció. Contestó: yo denuncié al capitán en la Personería, pero no sé cómo terminó. Yo lo denuncié estando el capitán presente, delante de la personera. También denuncié a Carlos Mario Medina que tiene un negocio de electrodomésticos porque él era el que me iba a mandar a matar a mí, y a mí como que me iba a matar era la Policía (...)” (fls. 145 a 147, cdno. 13 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera de texto original).

De igual manera, Jaime Montes Valencia —exalcalde de Yarumal—, a pesar de conocer las olas de homicidios de finales de la década del 80, y atribuirlas directamente a la Policía(6), manifestó desconocer el origen del aumento de muertes violentas en el año 1992, o la verdadera existencia del grupo denominado “los Doce Apóstoles”, negando saber de actividad ilícita alguna de parte de los miembros de Ascoya o del presbítero Palacio Palacio, de quien afirmó:

“(...) Yo no puedo decir que un rumor público es cierto o es incierto, faltaría a la verdad, lo que sí puedo decir, es que el padre Palacio por su conducta non sancta daba pábulo a que se hablara cualquier cosa de él, por ejemplo a él le gustaba mucho el aguardiente entonces se quedaba hasta altas horas de la noche en cualquier cantina libando y hablando las incoherencias que hablan los beodos. A esas horas desde luego en la calle hay una gente distinta, meseras, cantineros, vagos, de cuyos labios salían opiniones desacertadas del sacerdote que bebía y también algunas veces en las mismas misas asumía actitudes desafiantes diciendo que a él no le daba temor de los bandidos ni de los guerrilleros, creo que de allí la gente inventaría dicterios y consejas respecto a él (...)” (fls. 65 y 66, cdno. 15 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

1.3.2. Por otro lado, las declaraciones de: William de Jesús Ruiz Velásquez (fl. 794, cdno. 4 de la Fiscalía) y Rogelio Uribe Díaz (fls. 795 a 797, cdno. 4 de la Fiscalía), sacerdotes de Yarumal; Guillermo León Peláez Henao —funcionario público del Municipio— (fls. 799 y 800, cdno. 4 de la Fiscalía); Virgilio Orlando Vélez (fls. 801 y 802, cdno. 5 de la Fiscalía), Román Darío Roldán Mora (fls. 809 y 810, cdno. 5 de la Fiscalía), Silvio de Jesús Restrepo (fls. 818 y 819, cdno. 5 de la Fiscalía), Julio César Yepes Arboleda (fls. 820 y 821, cdno. 5 de la Fiscalía), Luis Orlando López Villegas (fls. 840 y 841, cdno. 5 de la Fiscalía) y Gilberto de Jesús Correa Tamayo (fl. 831, cdno. 5 de la Fiscalía), comerciantes del municipio; Fredy Gustavo Zapata Zabala (fls. 807 y 808, cdno. 5 de la Fiscalía), Mary Luz Varela Henao (fl. 816, cdno. 5 de la Fiscalía), Olga Cecilia Torres Mesa (fl. 817, cdno. 5 de la Fiscalía) y Estela Villegas de López (fls. 838 y 839, cdno. 5 de la Fiscalía), residentes de Yarumal; Jesús Evelio Brand Vergara —abogado litigante— (fls. 811 y 812, cdnos. 5 y 252 a 257, cdnos. 13 de la Fiscalía); Rodrigo de Jesús Correa Yepes (fl. 813, cdno. 5 de la Fiscalía) y Bernardo Bernal Amaya (fl. 823, cdno. 5 de la Fiscalía), ganaderos de la región; Pedro Efraín Henao Arenas (fl. 814, cdno. 5 de la Fiscalía) y Antonio José Salazar Román (fl. 815, cdno. 5 de la Fiscalía), vendedores de chance y lotería; Oscar Darío Vargas Castro (fls. 822, cdno. 5 de la Fiscalía) y César Augusto Muñetón Carmona (fl. 825, cdno. 5 de la Fiscalía), empleados de la planta lechera Colanta; Martín Horacio Mazo Vergara —sastre del municipio— (fl. 824, cdno. 5 de la Fiscalía); Fredy Jaramillo Tangarife (fl. 827 y 828, cdno. 5 de la Fiscalía) e Isaac de Jesús Arboleda García (fl. 830 del cdno. 5 de la Fiscalía), farmaceutas; Jorge Isaac Arboleda Builes —empleado del Hospital de Yarumal— (fl. 829, cdno. 5 de la Fiscalía); Oscar Antonio Zapata Restrepo —secretario del gobierno municipal de Yarumal— (fls. 832 y 833, cdno. 5 de la Fiscalía); Luz Amparo Calad Idarraga —juez segunda penal municipal de Yarumal— (fls. 834 y 835, cdno. 5 de la Fiscalía); Aicardo Arroyave García —empleado del Juzgado Primero Penal del Circuito— (fls. 836 y 837, cdno. 5 de la Fiscalía); Julio Roberto Palacio Vargas (fls. 171 y 172, cdno. 6 de la Fiscalía); Martha Ligia Arango Fernández —exinspectora de Policía y expersonera de Yarumal— (fls. 40 a 45, cdno. 6 de la Fiscalía); Bernarda Rojas Rua —personera del municipio— (fls. 219 a 222, cdno. 7 de la Fiscalía); y Amira Raquel Badel Chica (fls. 119 a 121, cdno. 6 de la Fiscalía), son coincidentes en varios aspectos: En primer lugar salvo un par de excepciones, todos afirman conocer los rumores que circundaban el municipio e inmediaciones respecto a la creación de un grupo de limpieza social y, conforme a lo declarado —donde prevalece la insolvencia de detalles pormenorizados y la reserva—, existe identidad en los sujetos que se rumoraba pertenecían al grupo de los “Doce Apóstoles”. Así mismo, estas declaraciones atribuyen a los medios de comunicación la divulgación del seudónimo con el que se les empezó a identificar, negando, en su mayoría, que con anterioridad a la primicia noticiosa se le conociera un nombre a la organización delictiva. Aún así, conforme a los hechos coincidentes en las declaraciones, la espontánea y numerosa aparición de cadáveres en el municipio de Yarumal y sus inmediaciones, la similitud de las circunstancias en que acaecían las muertes y los particulares antecedentes de los occisos, constituyeron un hecho notorio de dominio público, así como la contundente atribución de los execrables crímenes a un grupo de personas financiadas por comerciantes y ganaderos de la región y asistida por miembros de las entidades de seguridad del Estado, entre las que se comprometió a la Policía y el Ejército Nacional, sin contar con la especial participación en el punible de un sacerdote de la Iglesia Católica.

1.3.3. Otras declaraciones, de carácter particularmente escéptico, son las rendidas bajo el rigor del juramento por: Jesús María Arbeláez Escudero —comerciante del municipio— (fls. 209 a 213, cdno. 10 de la Fiscalía); Oscar Antonio Zapata Restrepo —Gerente de la empresa Cootrayal— (fls 214 a 220, cdno. 10 de la Fiscalía); Guillermo León Peláez Henao —gerente de las Empresas Públicas— (fls. 224 a 232, cdno. 10 de la Fiscalía); Ramón Guillermo Silva Calderón —excomerciante del municipio— (fls. 247 al 252, cdno. 10 de la Fiscalía); Nelson Arturo Villegas Zuluaga —comerciante en la región— (fls. 262 a 266, cdno. 10 de la Fiscalía); León Ramiro Zapata Monsalve —empleado del parqueadero Autonorte— (fls. 267 a 268, cdno. 10 de la Fiscalía); Francisco Javier Villegas Villegas —comerciante— (fls. 227 a 232, cdno. 12 de la Fiscalía); Héctor Posada de la Quintana —abogado litigante en ejercicio— (fls. 140 a 142, cdno. 13 de la Fiscalía); Juan Emilio Montoya —sacerdote— (fl. 59, cdno. 15 de la Fiscalía); Guillermo de Jesús Velásquez Arango —médico— (fls. 73 y 74, cdno. 15 de la Fiscalía); Libardo Antonio Gómez Orozco —comerciante— (fl. 75, cdno. 15 de la Fiscalía); Ramón Nicolás Cruz Cardona —comerciante— (fl. 77, cdno. 15 de la Fiscalía); Gustavo Giraldo Giraldo —exalcalde de Yarumal— (fls. 78 a 80, cdno. 15 de la Fiscalía) y Federico Alzate —transportador y ganadero— (fls. 47 a 54, cdno. 12 de la Fiscalía). De estas intervenciones, solo se logra mayor certeza acerca de los rumores circulantes entre los habitantes del municipio y sitios aledaños, pero los declarantes coinciden en desconocer los hechos puntuales por los que se vinculó a los sindicados como presuntos miembros del grupo de limpieza social —por los cuales se les interrogó y en respuesta negaron conocer particularidad alguna que los vinculara con los denominados “Doce Apóstoles”—.

1.3.4. No obstante, para nada recelosas, también se verificaron declaraciones con abierto respaldo en favor de algunos sindicados como Neonato de la Cruz Vargas, Emiro Pérez, Paul Martínez, Álvaro Vásquez Arroyave y Gonzalo Palacio Palacio entre otros —incluida la Institución policiva en cabeza del entonces Capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, los Tenientes Flanklin Alexander Téllez Arévalo y Juan Carlos Meneses Quintero, y el Agente Norbey Arroyave Arias, alias el Ruso—. De estas, se deben destacar las rendidas por: Octavio Villegas Cuartas —comerciante y ministro laico de la parroquia de Yarumal— (fls. 122 a 128, cdno. 13 de la Fiscalía); Silvio de Jesús Restrepo Fernández —comerciante— (fls. 148 a 155, cdno. 13 de la Fiscalía); Deider Eugenia Cruz Cano —empleada en una boutique— (fls. 243 a 245, cdno. 13 de la Fiscalía); Gil Ángel Cuartas Londoño —de ocupación comerciante— (fls. 249 y 250, cdno. 13 de la Fiscalía); Jorge Argil Pino Suárez —mecánico automotriz— (fls. 250 Inv a 252, cdno. 13 de la Fiscalía); Magdalena de la Cruz Palacio Vásquez —funcionaria de la Inspección de Policía de Yarumal— (fls. 156 a 165, cdno. 13 de la Fiscalía); Bladimiro Díaz Berrocal —agente de la Policía Nacional— (fls. 150 al 153, cdno. 16 de la Fiscalía); Alberto Jiménez Coca —agente de la Policía Nacional— (fls. 154 al 157, cdno. 16 de la Fiscalía) y Luis Buitrago Montes —agente de la Policía Nacional— (fls. 174 al 177, cdno. 16 de la Fiscalía); el común denominador de estas intervenciones son de carácter afable a la Policía Nacional, y desconocen hechos específicos que vinculen puniblemente a sus miembros o particulares allegados a la Institución.

Sin embargo, de manera espontánea, en medio de las declaraciones a favor de los sindicados, se establecieron ciertas contradicciones que se deben destacar. Para empezar, en la declaración de José Eliecer Agudelo Hernández —a pesar de cuya cardinal credibilidad, por tratarse de un distinguido ex concejal del municipio en la época 88 a 94—, en su afán por intervenir a favor del sacerdote Gonzalo Palacio Palacio, fustigó su veracidad al responder contradictoriamente al cuestionario formulado por el ente acusador el 25 de enero del 2000, con respecto al conocimiento que le asistía sobre las amenazas de que fue víctima la personera del municipio:

“(...) Preguntado: manifiéstenos si usted conoció la Dra. Lilian Soto Cárdenas, personera para esa época del 92 al 94 aproximadamente. Contestó: cómo no la iba a conocer si yo fui uno de los que di mi voto para que ella fuese la Personera, voto que di en el Concejo (...). Preguntado: recuerda Ud. quién recomendó a la Dra. Lilian Soto para la Personería. Contestó: me acuerdo muy bien, ese nombre lo llevó a través de su hoja de vida el padre Gonzalo Palacio. Preguntado: manifiéstenos si usted supo si la Dra. Soto Cárdenas fue víctima de amenaza de muerte durante el desempeño de su cargo. Contestó: no conozco de amenazas que le hayan hecho a la Dra. Lilian. Preguntado: supo Ud. si ella abandonó su cargo en la época del 93 y 94. Contestó: yo supe como concejal que ella había renunciado a su cargo como personera más no conocí los motivos que la llevaron a la renuncia. Preguntado: manifiéstenos si es cierto o no si la Dra. Lilian Soto Cárdenas después de que abandonó su cargo como personera volvió a solicitar que fuera nombrada nuevamente en dicho cargo. Contestó: yo no supe exactamente si ella abandonó el cargo, sí es cierto que ella salió de la Personería y pasado un tiempo quiso volver, no sé qué pasó, pues como ya les dije para ser elegido personero o personera se necesita una mayoría en el Concejo, parece ser que ya no encontró ese apoyo inicial para ser elegida como personera nuevamente (...)” (negrillas y subrayas de la Sala).

Más adelante, en abierta negación con lo que inicialmente aseguró conocer sobre las circunstancias en que Lilian Soto Cárdenas abandonó el municipio, rescindió:

“(...) Preguntado: tiene conocimiento de cómo fueron las relaciones tanto oficiales como institucionales y personales de la Dra. Lilian Soto en su condición de personera municipal, especialmente con la Policía y para el período que se ha preguntado y si tomó represalias contra las autoridades y fue manifiesta su animadversión o enemistad hacia las instituciones. Contestó: no me consta porque yo iba poco a la Personería y ella era muy celosa con lo que manejaba en su oficina, pero si oí decir que no habían buenas relaciones y que no quería la Policía. Yo escuché esto en el mismo concejo (...). Preguntado: La personera mencionada en alguna oportunidad le manifestó a Ud., o Ud. se enteró por otros medios, de que ella era amenazada por la Policía. Contestó: ella en alguna oportunidad nos comentó también en el concejo que había recibido amenazas telefónicas pero que no estaba segura de quién se las estaba haciendo, lo que sí recuerdo yo fue que en una oportunidad le tocó viajar a Medellín y la misma Policía a pesar de todo le ofreció seguridad, más o menos eso fue en el año 94. Preguntado: sírvase informarle a la Fiscalía cómo terminaron las relaciones de la personera con el Concejo Municipal y si sabe cuál fue el motivo para no considerar su hoja de vida para no nombrarle en ese período. Contestó: Pues cuando ella nuevamente presentó su hoja de vida, el Concejo denegó a tenerla nuevamente en cuenta porque ella al irse no explicó cuál era su motivo de su renuncia, presentó renuncia escrita sencilla y simplemente la dejó y se fue. Luego las relaciones no pudieron terminar buenas porque el Concejo terminó disgustado con dicha Dra. fue descortez [sic], a lo último no asistía a las sesiones del Concejo y se fue sin dar ninguna explicación (...). Preguntado: sírvase informarle a la Fiscalía si los hechos informados por la televisión y la radio sucedieron antes o después de la no reelección de la personera. Contestó: esta información de todos los medios de comunicación fue después de la no reelección de la señora personera Lilian Soto. Preguntado: en respuesta anterior Ud., manifestó que la Policía le ofreció seguridad a la personera Lilian Soto para viajar a Medellín en el período antes indicado, sírvase informarle al despacho si dicho apoyo de seguridad si fue aceptado o no y de qué manera. Contestó: recuerdo que no fue aceptado porque según comentarios ella no quería que supieran la dirección de la casa (...)” (fls. 129 a 139, cdno. 13 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas adicionadas).

En relación con la situación de orden público, también de manera paradójica —en relación con la marcada tendencia de las demás declaraciones—, expresó:

“(...) Preguntado: sírvase decir si Ud., tuvo conocimiento de que realmente existiera ese grupo de los Doce Apóstoles para aquella época, quiénes lo conformaban y además si los hecho de que daban cuenta los medios de comunicación realmente estaban sucediendo aquí en Yarumal. Contestó: por lo que a mí me consta aquí no existió ningún grupo de limpieza, ni llamado los Doce Apóstoles, ni mucho menos que hubiese estado liderado por el padre Gonzalo Palacio ni quienes lo conformaban. Lo que decían los medios de comunicación, ni sobre el grupo ni sobre el Sacerdote, ni sobre las supuestas masacres que según los medios de comunicación le dieron a conocer a la comunidad y a todo el país, eso que hace más de diez años que vivo en Yarumal puedo decir que hay certeza (...) de que todo lo que dijeron los medios de comunicación comparado con la realidad del municipio de Yarumal es mentira, aquí no estaban sucediendo masacres, muertes selectivas tampoco, ni existió grupo de limpieza, todo no lo metieron aquí a los yarumaleños los medios de comunicación (...)” (negrillas y subrayas adicionadas).

Posteriormente —el 26 de abril del mismo año—, el señor Agudelo Hernández rindió declaración nuevamente, oportunidad en la que amplió su versión en lo atinente al programa de informantes liderado por Álvaro Vásquez Arroyave, comerciante del municipio y presunto financista de la organización delictiva, así:

“(...) Preguntado: dígale al despacho si conoció Ud. algún vínculo del señor Álvaro (Vásquez Arroyave) con organismos del Ejército Nacional, en caso positivo hará un relato de los que sepa al respecto. Contestó: con respecto a lo que yo pude conocer en esa época él si mostraba simpatía por las fuerzas del Estado, es más, el iba al almacén y en una oportunidad me manifestó que tenía contacto con los campesinos que hablara con ellos que les preguntara sobre la presencia en sus veredas de grupos armados y que si era posible a través de él le suministráramos información al Ejército con el fin de que no se nos deteriorara la tranquilidad y el orden público en la región, entonces en conclusión sí puedo decir yo que él simpatizaba con el Ejército, a raíz de lo que le acabo de comentar si sé que él manejaba un programa de informantes para el Ejército, es más yo pude tener conocimiento de que a través de la Caja Agraria se le diera una platica pudiéramos decirlo a aquellas personas que suministraban información sobre la presencia de estos grupos armados en la zona, no sé, me parece que él prestó servicio militar y es muy posible que por esto haya querido seguirle colaborando al ejército, pero concretamente que yo sepa sobre actividades relacionadas con el Ejército yo sé que le gustaba recopilar información para suministrársela al Ejército (...). Preguntado: díganos si conoce a Ramón Agudelo Hernández. Contestó: claro que sí lo conozco, es mi hermano. Preguntado: Ramón Agudelo Hernández ha declarado en el proceso que su hermano Jorge Eliécer fue quien lo contactó con Álvaro Vásquez con el fin de que hiciera parte de un programa de informantes del Ejército díganos si esto es cierto o no. Contestó: es totalmente cierto, a raíz de la situación económica por la cual atravesaba la familia y concretamente él, yo le pedí el favor a Álvaro Vásquez que lo tuviera en cuenta para que acorde con la información que él suministrara a este programa él recibiera algunos pesitos que le pudieran servir y que aliviaran un poco su situación económica, inclusive cuando yo tenía la oportunidad yo mismo le daba información para él así tuviera acceso a estos aportes y efectivamente a través de la Caja Agraria, le llegaron algunas platicas, cosa que en la medida él iba suministrando información y recibía estos aportes (...). Preguntado: díganos si Ud. conoció el fenómeno del sicariato aquí en Yarumal, para el año del 93. Contestó: sí en el 93 precisamente aumentó el porcentaje de muertes violentas en el municipio y ya lo dije en declaración anterior, aunque es cierto que se presentaron las muertes violentas no podemos hablar de masacres ni podemos atribuírselo a personas determinadas o grupos porque es que la gente decía fue el Ejército, se trató de un ajuste de cuentas, fue la Policía, fueron sicarios venidos de otras partes, entonces no podemos decir exactamente quién o quiénes pudieron ser los responsables de estas muertes, pero si las hubo e inclusive fuera de lo normal. Preguntado: díganos si en otras épocas también se presentaba este mismo fenómeno. Contestó: en la misma forma que se presentó en el año del 93, pero es que ya en 1993 se hablaba de bandas en Yarumal, de tugurianos venidos de otras partes, de expendedores de drogas, entonces esto llevó a que este municipio que fue tan sano en otra época se nos fuera dañando y descomponiendo, al extremo en que estuvimos en el 93 y que estamos en el año 2001 (...)” (fls. 251 a 254, cdno. 13 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas fuera del original).

A su vez, Ramón Ángel Agudelo Hernández —hermano del anterior declarante—, expuso al ser interrogado con respecto al señor Álvaro Vásquez Arroyave:

“(...) Pues lo distingo así como comerciante, una persona de negocios y porque tuvo un restaurante acá, lo conozco hace aproximadamente por ahí seis o siete años, no es de mi familia, yo lo conocí comercialmente por el restaurante que tenía que se llamaba San Felipe, que era acá en el parque. Preguntado: (...) dígale al despacho, fuera de las actividades comerciales de que Ud. habla, a qué otras actividades se dedicaba el señor Álvaro Vásquez. Contestó: no, no sé a qué otras actividades se dedicaba él (...). Preguntado: dígale al despacho (...) qué vínculo a tenido usted o relación directa con el Ejército Nacional. Contestó: Ha si [sic], de pronto que yo, hace unos añitos realicé un contrato con Postobón, por varios pueblos, Angostura, Campamento y el Cedro y el Pueblito que es una veredita pequeñita, yo no recuerdo la fecha, eso hace ya varios años, por ahí por el 93 más o menos, entonces empecé yo a ver ciertas cosas por allá, guerrilleros por ahí, personas con uniforme que no eran soldados, entonces le comenté esa inquietud a mi hermano (...), entonces ya él me conectó con una persona que podía recoger esta clase de información, ahí fue donde le conocí la otra actividad a don Álvaro Vásquez, entonces, ya la conexión con él era o iba a ser una cuestión legal que iba a ser pagada por el ejército y don Álvaro era el encargado y cada que yo venía de hacer visitas a los pueblos y traía datos concretos, con características físicas de personas, yo llegaba a un pueblo entonces me averiguaba datos precisos donde estaba la guerrilla y si eran varios y cuando llegaba aquí, entonces iba donde don Álvaro y le pasaba la información y listo yo ya me iba para Postobón a organizar pedidos, era muy relativo a mí la plata o pago de esto me la daba don Álvaro, el valor lo daba era la clase de información, yo recibí como trescientos veinte o trescientos cuarenta mil pesos , eso fue como por dos o tres datos muy buenos que yo le pasé y al principio me pagaba en efectivo cada que iba, me daba cien mil pesos que eso fue como en dos vecesitas pero como el contrato ya se me terminó en Postobón, el contrato se me terminó como en el 93 y entonces ahí fue donde me vi en la necesidad de ir donde don Álvaro a retacarle a cobrarle y fue donde yo me indispuse con él fuertemente que lo tuve que demandar a la Fiscalía porque estaba muy demorado para pagarme y ya lo demás siguió fue de cuenta de él, estas labores fueron únicamente durante el tiempo que laboré con Postobón, en una oportunidad que no lo encontré a él fui al comando y hablé con un teniente del Ejército y le pasé el dato, pero la mayor parte de las veces la relación era con don Álvaro (...). Preguntado: sabe Ud. qué fin tuvo esa gestión realizada por el señor Álvaro. Contestó: no, lo cierto es que cuando me pagó la última platica terminamos disgustados los dos porque estaba muy demorado para pagar, yo no sé, ya no funciona, o al menos yo terminé. Preguntado: manifiéstenos lo que le explicaba don Álvaro Vásquez sobre el programa de informantes al Ejército, en qué consistía eso, cómo operaba, lo que recuerde de eso. Contestó: individualmente consistía en tener conocimiento de existencia de guerrilleros en el pueblo de donde yo estuviera visitando en ese momento yo recogía la información, se la daba a don Álvaro y él la llevaba al encargado directo al teniente o encargado del Ejército, yo no sé si la suministraba aquí o en Medellín, eso si no sé yo. Preguntado: (...) díganos la forma cómo le pagaba, es decir, si le pagaba en efectivo, en cheque, o si tenía alguna cuenta bancaria donde le consignaban. Contestó: así, inicialmente como en dos ocasiones, me pagó en efectivo, pero ya para después fue necesario abrir una cuenta en la Caja Agraria, que creo que por esas causas o razones sería la demora para pagarme (...). Preguntado: díganos si Ud. tuvo conocimiento de dónde provenían los recursos o la financiación para ese programa de inteligencia militar al cual Ud. estaba vinculado. Contestó: eso venía del Ejército y por eso fue que hubo que abrir una cuenta en la Caja Agraria (...)” (fls. 247 inverso a 250 inverso, cdno. 14 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

En igual sentido se verificó la declaración de Omar Humberto Muñoz Quintero (fls. 244 al 247, cdno. 14 de la Fiscalía), quien también se desempeñó como informante del Ejército, actividad que ejercía por intermedio del señor Álvaro Vásquez Arroyave.

Con el fin de contextualizar el cerco de violencia generalizada que enmarcó el municipio a finales de los 80’s y la siguiente década, así como la estrecha relación de las numerosas y extrañas muertes y desapariciones con el modus operandi atribuido a la organización criminal de los “Doce Apóstoles” —tanto como la palmaria participación activa de miembros de la Policía Nacional—, se analizaron testimonios contundentes que se entrelazan y comparten entre sí el triste vínculo del esquema delictivo que caracterizó singularmente a la banda de justicia privada.

Así es que, se verificaron las declaraciones de María Lucía Olarte, Wilmar Albeiro y Jonny Alberto Quintero Olarte, y Luis Fernando Espinosa Ramírez —miembros todos de la misma familia—, quienes relatan las circunstancias y hechos del 4 y 5 de marzo de 1994, cuando individuos armados y encapuchados invadieron su predio a la media noche, y luego de amenazarlos con lanzar una granada al interior de la casa de habitación, les obligaron a salir. Encontrándose allí vulnerables y suplicando por sus vidas, los delincuentes arremetieron a tiros contra Jorge de Jesús Quintero y John Jairo Quintero —padre e hijo respectivamente—, e hirieron a tres más de los menores, luego de lo cual emprendieron su huida.

María Lucía Olarte declaró:

“(...) a mí me han comentado que eso es que guerrilla y la guerrilla no se encapucha, por eso no lo creo que sea guerrilla (...). Por mi casa, no por ella sino por el camino que queda retirado yo a veces veo pasar como a los guerrilleros, unas veces van uniformados y otras no (...) pero nunca pasan por mi casa, ya que está muy retiradita del camino rial (...)” (fls. 71 y 72, cdno. 8 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

También obra la declaración de Tulio Ernesto Macías López, quien narró cómo durante una celebración de los pobladores de las veredas del municipio de Ventanas, que se adelantaba en el negocio que él y su familia atendían —un estadero descubierto y sin puerta—, uno de los sujetos —entre dos mujeres y dos hombres que se hicieron pasar como clientes—, luego de ordenar ron en varias oportunidades, le disparó a su hijo Clímaco Macías, luego de lo cual huyo disparando al aire con sus secuaces. El herido fue trasladado al hospital inmediatamente por su padre y su hermano Gustavo, este último quien, mientras los galenos intentaban salvar la vida de su pariente, fue ultimado en las afueras del centro médico, al parecer por los mismos homicidas.

Así narró en la declaración que rindió bajo juramento:

“(...) Vea lo que ocurrió fue esto, primero nos hicieron en la candelaria a la señora y a mí, llegaron unos tipos encapuchados hace por ahí cinco meses o seis, entonces llegaron (...), ahí mismo ella se tiró de la cama y se salió para afuera, cuando yo más detrás, cuando ya iba en mitad para llegar al estadero, yo me topetié [sic] con un bulto ahí, o sea una persona encapuchada de negro, me dijo (...): venga Ud. si no quiere morirse, me dijo el hombre a mí, ya los otros tres me cayeron luego, todos encapuchados, con armas largas como las que usa la Policía, me dijo “venga muéstrenos dónde está Clímaco, dónde duerme Clímaco”, le dije “es que él no está, él está en Yarumal”, y me cogieron venga muéstrenos a ver, y le dije es que él no está, el único que está es un muchacho hijo mío que tiene un pie quebrado (...), lo interrogaron allá a él, le preguntaron seguramente por Clímaco, entonces salieron, me dijeron estese aquí, que me entrara para la pieza de Mario y que me quedara allá una hora (...), al otro día, ya le contamos a Clímaco (...), le dijimos que era mejor que se perdiera que por él habían ido a preguntar esa gente encapuchada, entonces él nos hizo caso, pero antes de todo nos dijo: “pero si yo nada debo yo por qué tengo que perderme mamá y papi, si yo nada debo” entonces le dijimos, no, ellos que vinieron a buscarlo, no se quede, vállase [sic], se fue, se colocó en Medellín a trabajar, trabajó cuatro meses, él venía de vez en cuando y se regresaba, hasta que ya dijo “no me voy a quedar más por allá me voy a venir a organizar esto aquí, yo nada debo, yo no tengo por qué estar huyendo y sí, muy animado volvió , haría por ahí unos dos meses había vuelto, ya de ahí en adelante cogió a trabajar, pero resulta que se trataba de un secuestro de Bernardo Mejía, vecino y amigo de él, entonces en esos días antes de mi hijo irse a trabajar a Medellín, secuestraron a don Bernardo y estuvo secuestrado por ahí veinte días, y empezaron a decir que mi hijo tenía que ver con eso, se presume que por eso era que lo buscaban, pero yo tengo la certeza y todo el mundo sabe de que él nada tuvo que ver en eso, entonces, como él no debía, él volvió común y corriente, entonces siguieron comentando que Clímaco no debiera de haberse venido, entonces hace como veinte días, me dijo Clímaco “papá, como le parece que Luis Zapata cogió a decirme de que vos estás cooperando en el secuestro de Bernardo, entonces yo como estoy libre de las cosas , le dije “si hijueputa [sic], de modo que vos estás asegurando también” y saque la mano y lo tumbé, entonces me dijeron ir con un machete, a partirmen [sic], entonces yo les quité el machete, no sé quién más sería, no sé dónde fue eso, y no me dijo más, yo le dije: mijo, pero Ud. si está de malas pues, y me dijo, no me iba a dar rabia, es que yo nada debo papi, me dijo otra vuelta, en la Fiscalía Bernardo Mejía lo llamaron allá después de yo ser amigo toda la vida de él conociéndome toda la vida y dizque dijo, yo a ese muchacho es que ni lo conozco, bueno, entonces por ahí Clímaco no sé qué le diría a Bernardo ya en la calle, entonces le dijo Bernardo “si hombre, yo a vos te creo todo lo que me digás” como asegurando que él si tenía que ver en el secuestro (...). Preguntado: sabe si a su negocio habían vuelto a preguntar por su hijo? Contestó: dizque llegaron y pidieron unos alimentos, el mismo que lo mató en estos días y que preguntó que dónde estaba Clímaco y entonces ahí mismo dizque fueron saliendo y dejaron los alimentos servidos. Preguntado: díganos bajo juramento, y respecto a la muerte de su hijo Gustavo qué se enteró Ud.? Contestó: no, los hechos fue, debido a que se vino a traer a Clímaco , eso fue al frente al frente de la última copa, llegando al hospital, que los que lo mataron iban en un taxi donde iban los que mataron a Clímaco, eso fue más o menos a las cinco de la tarde, pocos momentos después de haber llegado con Clímaco, la compañera de Gustavo me dijo que iban tras de ellos, o sea el taxi iba detrás de ellos, despaciecito [sic], entonces que cuando ya se apearon, le dijeron “Gustavo”, él miró y ahí mismo le dispararon, también como que le dispararon a los pies, la misma cosa que a mí hijo Clímaco y en seguida lo remataron, que le hicieron también como seis disparos y ahí mismo siguieron buscando vía a Medellín, por el seminario (...)” (fls. 152 a 156, cdno. 8 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala).

La señora Nelly de Jesús Areiza Mazo, madre de las dos jóvenes víctimas, quien se encontraba presente el día de los hechos, declaró en igual sentido.

1.4. Decisiones disciplinarias y judiciales.

Previo al desglose de las providencias que hacen parte del acervo de los procesos penal y disciplinario, es preciso acotar que las decisiones adoptadas, así como el criterio que a partir de allí condujo al operador judicial a proferirse en determinado sentido, no tienen carácter vinculante para esta Sala, comoquiera que la responsabilidad que aquí se estudia no es de linaje personal sino del Estado —que por principio es anónima— y, por tanto, conjuga para su determinación presupuestos diferentes a los observados bajo la competencia penal, en virtud de lo cual prevalece la autonomía de la jurisdicción.

1.4.1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yarumal, profirió sentencia en la que condenó al agente de la Policía Nacional Alexander de Jesús Amaya Vargas —al encontrarlo responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y homicidio agravado en las personas de Clímaco y Gustavo Macías Areiza—, a la pena de cincuenta años y seis meses de prisión, providencia que fue confirmada parcialmente por el Tribunal Superior de Antioquia —Sala de Decisión Penal—, modificando la condena respecto al homicidio de Gustavo Macías —por el cual fue absuelto en virtud de la insuficiencia de pruebas—, e imponiendo finalmente Cuarenta años y seis meses de prisión(7) (fls. 165 a 204, cdno. 8 de la Fiscalía).

1.4.2. De crucial importancia, resulta el fallo del 25 de noviembre de 1998, dictado por el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, en el que decidió sobre el proceso disciplinario adelantado en contra del: mayor Pedro Manuel Benavidez Rivera, el Capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el teniente Franklin Alexander Téllez Arévalo, el Cabo Segundo Jairo Rodríguez Venegas y el Agente Norbey de Jesús Arroyave Arias —todos efectivos de la Policía Nacional—, en el que los encontró responsables por su participación y colaboración con grupos armados al margen de la ley. Así resolvió la providencia:

“(...) Primero: sancionar con separación absoluta del cargo o solicitud de destitución al capitán de la Policía Nacional Pedro Manuel Benavides Rivera (...), al capitán de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero (...), al teniente de la Policía Nacional Franklin Alexander Téllez (...), al agente de la Policía Nacional Norbey de Jesús Arroyave Arias (...).

Segundo: sancionar con suspensión de treinta (30) días del cargo sin remuneración al suboficial de la Policía Nacional cabo primero Jairo Rodríguez Venegas (...)” (fls. 125 a 129, cdno. 11 de la Fiscalía).

No obstante, la providencia de segunda instancia —dictada por el Procurador General de la Nación, el 25 de marzo de 1999—, revocó las sanciones impuestas, apoyándose para ello en el informe de la investigación, con base en el cual “el coronel de la Policía Nacional Guillermo Vega Carrillo, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, mediante providencia de 5 de mayo de 1995, dispuso acoger el concepto del oficial investigador, y en consecuencia ordenó cesar procedimiento disciplinario a favor del capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, del teniente Juan Carlos Meneses Quintero, del subteniente Franklin Alexander Téllez Arévalo, del cabo segundo Jonh Jairo Rodríguez Venegas y del cabo segundo John Jairo Álvarez Patiño” (fls. 187 a 190, cdno. 12 de la Fiscalía).

El oficial investigador consideró demostrado que “(...) ante el incremento del fenómeno delincuencial en la localidad de Yarumal, se organizaron un grupo de comerciantes y finqueros que presuntamente patrocinaron un grupo al margen de la ley que actúa de manera clandestina, denominada “los Doce Apóstoles”, a quienes se les atribuye una operación de limpieza social en este municipio”, determinó que no existía“(...) sindicación específica y directa en contra de miembros de la Policía Nacional” (fls. 209 y 210, c.a. 11A), decisión que condujo al Procurador General a establecer que al fallo disciplinario proferido por la Policía “(...) se vincularon como objeto de análisis investigativo los mismos casos de homicidio a que hace referencia el presente proceso disciplinario”, y que, en virtud del enfoque dado a dicha investigación, aquella no solo coincidía con el objeto y causa de su averiguación, sino además con la identidad de los funcionarios investigados:

“(...) tanto en el proceso disciplinario 216/94, como en el Expediente 008-144409, fueron los oficiales Pedro Manuel Benavides Rivera, Juan Carlos Meneses Quintero, Franklin Alexander Téllez Arévalo, y el suboficial Jairo Rodríguez Vengas, debiendo precisarse que el Agente de la Policía Nacional Norbey de Jesús Arroyave Arias, tan solo fue vinculado mediante auto de cargos en la presente averiguación.

Ahora bien, la circunstancia de que la decisión de cesación de procedimiento disciplinario hubiere sido debidamente notificada a los investigados —tal como consta a fls. 228 y ss., cdno. anexo 11ª—, sumada al hecho de que la determinación asumida no requiere ser consultada, permite aseverar que tal determinación actualmente se encuentra ejecutoriada y que su contenido hizo tránsito a cosa juzgada”.

En este orden de ideas, el fallo disciplinario de segunda instancia consideró procedente dar aplicación al principio del non bis in idem, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política y reconocido en materia disciplinaria por el artículo 11 del Código Disciplinario Único(8). La institución fue invocada por los investigados, quienes insistieron que existía identidad de objeto entre los dos procesos disciplinarios. Así concluyó el fallo:

“Como consecuencia de lo anterior y en razón a que el proceso no puede proseguirse, se debe dar aplicación a lo contemplado en el artículo 54 del Código Disciplinario Único, disponiendo la terminación del procedimiento a favor de los investigados: capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, comandante del Distrito 7 de la Policía Nacional; teniente Juan Carlos Meneses Quintero, comandante del Distrito 7 de la Policía Nacional; y subteniente Franklin Alexander Téllez Arévalo, Comandante de la Estación de Policía Nacional de Yarumal (...), la misma situación se presenta en relación con el cabo segundo de la Policía Nacional Jairo Rodríguez Venegas (...).

La naturaleza sancionatoria de la decisión de primera instancia impide al Procurador General modificarla por la vía del grado jurisdiccional de consulta y comoquiera que el implicado no apeló, es evidente que la determinación que lo afecta quedó ejecutoriada y por lo tanto se deberá disponer, de oficio, su revocatoria directa, a fin de restablecer el derecho que le ha sido vulnerado (...)” (fls. 187 a 190, cdno. 12 de la Fiscalía).

Respecto a la situación del agente de la Policía Nacional Norbey de Jesús Arroyave Arias, el Procurador lo absolvió por considerar insuficiente las pruebas en su contra, concluyendo:

En este orden de ideas, este despacho procederá a revocar la decisión sancionatoria de destitución proferida por el a quo en contra del investigado Norbey de Jesús Arroyave Arias, por cuanto no existe el grado de certeza exigido para considerarlo responsable disciplinariamente de las conductas señaladas en el auto de cargos, aplicando de esta manera el principio del in dubio pro disciplinado (...)” (fls. 190 a 198, cdno. 12 de la Fiscalía).

1.4.3. Obrando en el acervo —aún sin fuerza vinculante para el ad quem—, se auscultó la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 2 de noviembre de 2000, que le puso fin al proceso penal adelantado en contra de: Nonato de la Cruz Sánchez, Beatriz Elena Calle Londoño, Roberto López Vásquez, Ramón Ángel Ruiz Velásquez, José Paul Martínez Sánchez, Oscar de Jesús Arango Palacio, Leonidas Pemberty Zapata, Henry de Jesús Múnera Medina y Yoanni Humberto Vásquez; el Juez en lo penal consideró insuficiente la fuerza persuasiva de las pruebas en su contra, y les absolvió, no sin antes advertir con severidad:

“(...) La Judicatura deplora la forma desordenada en que fue adelantada la instrucción en este proceso, de la cual se evidencia la ausencia de una adecuada metodología investigativa, necesaria esta en casos tan delicados como el que ahora ocupan nuestra atención, lo que hace que se impongan decisiones como las que ahora habrá de tomarse, obviamente constitutivas, a todas luces, de verdaderos factores generadores de impunidad.

Hechas entonces las precisiones y el análisis probatorio que antecede, en honor a la verdad, no existe certeza de la responsabilidad penal (...) frente al concierto para delinquir y los punibles de homicidio de los cuales aparecen como sujetos pasivos Claudia Patricia Arboleda, Manuel Vicente Varela, Samuel Nicolás Jiménez Serna, Ovidio Arcila Elorza y Oscar Upegui Saldarriaga, por el que se les formulara el pliego de cargos en este proceso y, por el contrario, forzoso resulta concluir que, en este sentido, con las precisiones y clarificaciones hechas atrás, una gran duda irradia el haz probatorio.

(...).

No obstante a la anterior conclusión imperativo resulta iterar, como lo dejáramos expresado atrás al referirnos a las olímpicas fallas de que adolece esta actuación en la metodología investigativa utilizada, no entiende el despacho cómo, si lo que originó este proceso fue esa escandalosa numerosidad de homicidios cometidos en serie, se hubieran allegado al mismo importantes piezas procesales sobre esos horrendos hechos constitutivos de clarísimos injustos penales y, no empecé a ello, abandonando el importante factor de la conexidad que probablemente aquí existió, por lo menos, en un gran número de ellos, el cual resulta de excepcional conveniencia por la unidad probatoria, propiciando, fácilmente, ostensibles factores de impunidad que esta agencia judicial ahora ve imperativo, en la medida que los mismos no hayan sido objeto de las respectivas investigaciones, ordenar la compulsión de copias para esos impostergables propósitos (...)” (fls. 117 a 119, cdno. 21).

La sentencia concluye:

“(...) 1. Absúelvese a Nonato de la Cruz Vargas Sánchez, Roberto López Vásquez, José Paul Martínez Sánchez, Oscar de Jesús Arango Palacio, Leonidas Pemberty Zapata, Henry de Jesús Múnera Medina, Yoanni Humberto Vásquez, Beatriz Elena Calle Londoño y Ramón Ángel Ruíz Velásquez (...) contra quienes se profiriera resolución de acusación por el punible de concierto para conformar bandas de justicia privada (...) En concurso material heterogéneo y sucesivo con los punibles de homicidio recaídos en las humanidades de Claudia Patricia Arboleda, Manuel Vicente Varela, Samuel Nicolás Jiménez Serna, Ovidio Arcila Elorza y Oscar Upegui Saldarriaga, con base en las razones ampliamente expuestas en la parte considerativa de esta providencia (...)” (cdno. 21 de la Fiscalía).

Y bien le asiste razón al Juez de lo penal en su disertación, pues tratándose de hechos con la magnitud del que se acomete, se lamenta que el proceso penal no contara con los elementos suficientes para haber esclarecido el total de las circunstancias en que se sucedió toda esa barbarie —así como la incompetencia de las instituciones para encarar semejante investigación y acusación—, no queriendo afirmar con ello que, respecto a los elementos de juicio presentados, se carezca por completo de certeza para decidir en esta oportunidad, pues si bien se hizo insuficiente para un fallo condenatorio en la jurisdicción penal, en la que compete ahora el acervo es abundante para declarar la falla en el servicio, como se pasa a sintetizar.

2. Consideraciones.

Varios testimonios, entre ellos, los de Norma del Socorro Zea González, Wilmer José de Ávila Manjarrés, José Leonidas Rada López, Reinaldo Antonio Jiménez Serna, Luis Alberto Zabala Mejía y Amanda Zabala de Zapata, afirmaron que los comentarios que se fraguaban en el pueblo relacionaban con suficiente certeza a ciertos individuos, muy conocidos entre los lugareños, a quienes siempre alguien identificó como integrantes de una banda delincuencial que —en asocio con miembros de la Policía, y financiados por prestigiosos comerciantes del municipio—, se dedicaban a desterrar —o en el peor de los casos a eliminar—, personas con antecedentes penales, consideradas como indeseables en la sociedad.

Para destacar, el particular y extenso testimonio rendido por Albeiro Martínez Vergara, reveló información neurálgica sobre la situación de orden público de la época en el municipio de Yarumal, y afirmó conocer de primera mano todo lo que vinculaba con “los Doce Apóstoles”, no solo a prestigiosos comerciantes y particulares reconocidos en el pueblo sino, por demás, su denuncia sobre la participación de miembros de la Policía y el Ejército en tales actividades delictivas. Además de estar ratificado en otras declaraciones, la exégesis de los hechos presentada por este testigo, aparte de imprimir conexidad a los detalles, guarda mesura y frialdad en las apreciaciones sin cuidarse de la gravedad de los hechos que expone, ni del delicado vínculo en virtud del cual obtuvo la información(9). Si bien con ello se evidencia un halo de naturalidad en el testimonio, lo que se debe lamentar es que a partir de las graves denuncias allí realizadas no se encuentren evidencias de habérsele dado, en la investigación, la gestión sensata para esclarecerlas a fondo.

La misma situación se repite en las siguientes declaraciones:

Cecilio Alzate Casas, exalcalde del municipio, quién además ratificó las amenazas en su contra y de la entonces personera, Lilian Soto Cárdenas, y expuso que al igual que ella, presentó su renuncia irrevocable ante la ausencia de garantías para ejercer el cargo de burgomaestre.

Por otro lado, Román Darío Roldán Mora, quien a pesar de declarar a favor del sacerdote Gonzalo Palacio Palacio, contó sobre la redada que agentes de la Policía y la Sijín le tendieron a su sobrino para que cometiera un ilícito y así justificar su baja. De la fuente que le advertía, por demás de la misma Institución, obtuvo también que los uniformados fraguaban su muerte, información con base en la cual decidió abandonar el pueblo para conservar su vida.

Así mismo las voces de Jaime Montes Valencia, Albeiro de Jesús Agudelo Piedrahita, Julia Rosa Giraldo Valencia, Jair Fernando Betancur Giraldo, Gonzalo Antonio Betancur, Roberto Alonso Gómez Sierra, entre otros, dieron fe de homicidios supuestamente aislados, pero que se cometieron con el mismo modus operandi atribuido al grupo de limpieza social “los Doce Apóstoles”. Estas versiones hilaron con precisión patrones de comportamiento delictivo, siempre referidas a las mismas personas, aportando certeza a las declaraciones y consistencia a sus observaciones.

María Lucía Olarte, quien vio como sujetos encapuchados entraron en su hogar y mataron a su esposo e hijo mayor, dejando heridos a otros tres menores, manifestó que, sin importar que los criminales portaran distintivos de la guerrilla, los lugareños saben bien cómo distinguir a estos grupos subversivos —pues también frecuentan las inmediaciones—, y manifestó que es evidente que los homicidas de su esposo e hijo no eran guerrilleros.

Aunado a lo anterior, los escalofriantes testimonios de los esposos Tulio Ernesto Macías López y Nelly de Jesús Areiza Mazo, quienes narraron las circunstancias en que sujetos armados asesinaron a sus dos hijos el mismo día, remitieron al proceso penal adelantado en contra del agente de la Policía Nacional Alexander de Jesús Amaya Vargas —reconocido integrante de “los Doce Apóstoles”—, en virtud del cual se le condenó a cincuenta años de prisión por el homicidio de Clímaco Macías, cifra que el tribunal —en segunda instancia— redujo a cuarenta años, en virtud de la ausencia de pruebas para hallarlo responsable por la muerte de Gustavo Macías.

Otros testimonios, como por ejemplo los rendidos por: los párrocos Jaime Montes Valencia y Luis Enrique Restrepo Muñoz, dejan la impresión de que, más que a un desconocimiento pleno de los hechos, sus argumentos se dirigen a confirmar el respaldo a las personas involucradas en ellos, pero en consideración a la coherencia con que se tejen y la carga anímica de las explicaciones, no despejan de ataduras su ecuanimidad, por dejar de lado hechos que en su momento constituyeron la sufrida cotidianidad de toda la región antioqueña, y que la historia se ha encargado de esclarecer —más allá de su simple notoriedad—, como un episodio dramático y catastrófico de la reciente historia nacional.

Para complementar, el informe de derechos humanos —fechado el 29 de octubre de 1993—, suscrito por la personera municipal de Yarumal, Antioquia, es categórico al destacar la apatía de la Policía del municipio por adelantar acciones contundentes frente a la oleada de muertes violentas y las amenazas de las que fueron objeto algunos de sus ciudadanos. Así mismo, la denuncia de la oficina de los Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, acusó “... la muerte de delincuentes menores y de personas en operativos de captura por parte de miembros de la Policía Nacional”, especificando que se trataba de “... sicarios trasladados desde Medellín, un exsoldado profesional y otras personas habitantes del municipio de Yarumal...”, y que “... Según habitantes del lugar varios comerciantes y ganaderos de la región estarían patrocinando económicamente las acciones de este escuadrón de “limpieza”. Alertó que sobre la inaudita situación “... altamente preocupante, dicho escuadrón de limpieza pueda operar a plena luz del día y en el centro del municipio. Las autoridades de Policía no realizan el menor esfuerzo por capturar a los homicidas a pesar de que estos ocurren habitualmente en cercanías a las unidades policiales que brindan seguridad al municipio...”.

Resulta más difícil encontrar las escasas denuncias que relacionarlas de inmediato con el atroz y hostil silenciamiento al que fueron sometidos los habitantes de la región(10). La gran mayoría de los testimonios se recibieron bajo la modalidad de reserva de identidad —lo que jugó en desmedro de su valor probatorio—, reflejan el miedo infligido a los pobladores y la desprotección a la que se vieron sometidos, comoquiera que su mayor temor provenía de las autoridades del Estado que —de manera paradójica—, tienen su razón de ser en la protección de todos y cada uno de los ciudadanos(11).

Avasallante resulta lo establecido en el análisis e informe de la investigación sobre la presencia de grupos de limpieza social, ilegalmente armados, en la zona norte del departamento de Antioquia —realizado por Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación—, donde establecieron —con antelación al resultado de fondo—, que su labor se vio entorpecida por parte del Ejército y la Policía y —con realzado énfasis—, denunciaron el particular interés que generó su presencia y gestión en la región, entre dichas autoridades armadas.

Así mismo resaltaron el escepticismo y especial desconfianza de los pobladores respecto de las autoridades del Estado, explicación cuyo común denominador obedeció a la estrecha e indiscreta cercanía del Ejército y Policía con los actores paramilitares, lo que además les infundió un profundo temor de colaborar denunciando los hechos, pues identificaban como de un mismo bando tanto a las fuerzas estatales, como las paraestatales, y temían represalias en su contra, lo que refuerza la consternación a la que se veían sometidos.

Denunciaron que un grupo con esa capacidad que amordazaba la región —su nivel de organización e idoneidad de personal armado, capaz de adecuar el accionar al escenario urbano y rural—, superaba mayúsculamente las posibilidades de reacción de sus víctimas, lo que hacía más inverosímil su libre delinquir en una zona con fuerte presencia de las fuerzas armadas del Estado, máxime si se tiene en cuenta que los patrones delictivos descartaban, sin lugar a equívocos, que se tratara de hechos aislados, y si confirmaba la sistemática estrategia de una estructura criminal organizada que reclutaba jóvenes lugareños a los que aleccionaban y entrenaban para sembrar el terror.

Se relató allí cómo la investigación arrojó que, a partir de una organización de comerciantes particulares, que obedecían a sus propios intereses, se impulsó la creación de un grupo de justicia privada cuyo objetivo inicial apuntaba a la “limpieza social” del municipio y que, a la postre con la captura de sus fundadores, degeneró en una horda de paramilitares que inmigraron para secuestrar, extorsionar y exterminar indiscriminadamente en la zona, con la irrestricta complicidad de la fuerza pública. En efecto, expuso que, aquellos “beneficiados” con el operar de “los Doce Apóstoles” contactaron con los grupos paramilitares de Urabá, cuyos hombres se apoderaron del pueblo ante la amañada pasividad de la Policía y el Ejército, en estrecho vínculo con instituciones como las Convivir, de las que se sospechó constituían el brazo económico y de inteligencia —y un fuerte apoyo logístico— del grupo armado ilegal.

De otro lado, un sector de testimonios, de connotación opuesta a los que contienen las denuncias ya indicadas, sobresalen de manera contundente al ratificar la existencia de amplios y reconocidos rumores circulantes en el pueblo —de dominio público—, sobre la conformación y dinámica de la banda delincuencial “los Doce Apóstoles”. Si bien carecen de certidumbre al momento de denunciar los posibles integrantes, estas declaraciones parecieran cuidarse intencionalmente de entrar en detalles pormenorizados, es decir, el común denominador es la tendencia del carácter difuso o gaseoso en las afirmaciones. Sin embargo, las pocas exactitudes en que incurren, más que aumentar la duda sobre los posibles autores de la barbarie, aporta seguridad sobre el origen y la veracidad de los rumores, y refuerzan el vínculo de asociación con los mismos sospechosos, así como estrecha relación con los hechos semejantes que se siguieron presentando.

Se identifica un tercer grupo de testimonios, que a diferencia de los dos anteriores —más allá de poner en duda su participación, exponen una defensa exacerbada de algunos de los sindicados de integrar el grupo de limpieza social. No obstante, tan obstinadas son las declaraciones en su favor, que rayan en el desconocimiento de los abismales hechos y circunstancias en que se desarrolló el accionar delictivo de los grupos de autodefensas armadas, en especial en el departamento de Antioquia.

La parcialización de los declarantes no solo se deduce del caprichoso desconocimiento de las ignominiosas circunstancias en las que se produjo la muerte de gran cantidad de habitantes de la región durante finales de los años 80 y aún la posterior década, sino además de la evidente cercanía —o relación de consanguinidad—, de cada uno de los testigos respecto del sindicado a quien pretendían favorecer lo cual, en contraste con la concordancia de los testimonios más sólidos —y demás medios probatorios—, ensombrecen la veracidad que pretenden(12).

Para ello, se resaltaron las contradicciones en las que incurrieron algunos de los testigos llamados a declarar, entre los que se cuenta José Eliécer Agudelo Hernández, reconocida figura pública del municipio —concejal de la época—, quien en su primera oportunidad negó conocer los detalles sobre las amenazas sufridas y posterior renuncia de la personera Lilian Soto Cárdenas y, en nueva oportunidad, presentó detalles —conocidos en razón del cargo que ostentaba— de las denuncias realizadas por la funcionaria, así como de su consecuente partida del cargo.

Igualmente, en la primera declaración, negó por completo la ocurrencia de hechos anormales que pudieran suponer la responsabilidad de algún grupo organizado, y atribuyó los rumores y el escándalo suscitado a los medios de comunicación, tildándolos de irresponsables, pero al ser interrogado por el programa de informantes al que pertenecía su hermano —Ramón Agudelo Hernández—, admitió que las muertes violentas y las masacres ocurrían más allá de lo normal, eso sí, desligando a las autoridades de cualquier responsabilidad en los hechos. Ramón Agudelo Hernández y Omar Humberto Muñoz Quintero —quien también se desempeñó como informante—, declararon en igual sentido.

Lo anterior —a propósito—, permite advertir que, más allá de discernir sobre si el grupo de informantes —a los que dichos testigos pertenecían— operaba por disposición legal, o si se trataba de medidas facultativas del Ejército, no deja de ser cuestionable la participación de un civil, comerciante del municipio, coordinando activamente las conexiones, contactos y pagos entre informantes y fuerzas armadas, máxime teniendo en cuenta que las denuncias que se recibían eran delaciones frente a grupos guerrilleros, más de ninguna se tuvo noticia que coadyuvara inteligencia en contra de los delincuentes que perpetraban la denominada “limpieza social”.

Por otro lado, no obstante a que la sentencia del procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos —dictado en el proceso disciplinario que se adelantara en contra de los miembros de la Policía Nacional involucrados—, los hallara responsables de su participación y colaboración con grupos armados al margen de la ley, lo cierto es que el ad quem, en grado de consulta, determinó que por encontrarse identidad de objeto y sujetos —respecto al proceso disciplinario adelantado por el comando del departamento de Policía de Antioquia—, y comoquiera que el fallo que los absolvió en tal oportunidad no fue apelado, la decisión se ejecutorió y por tanto no puede decidir la Procuraduría sobre la cosa ya juzgada. Aseguró, además, que si la prueba no fue contundente para condenar a los particulares en el proceso penal, tampoco se debe esperar suficiente para disciplinar a los funcionarios.

Sin embargo —en el marco del proceso administrativo—, la interpretación de lo que se debe concluir a partir de allí, no es tan simple como la inocencia de los uniformados investigados, si se tiene en cuenta que el fallo absolutorio del proceso adelantado por la Policía de Antioquia se fundamenta expresamente en el informe del funcionario investigador que estimó insuficiente el presupuesto probatorio recaudado para acreditar la responsabilidad disciplinaria de los policiales, omitiendo la grave ausencia de garantías de las personas a quienes interrogó y cuyas declaraciones parecen ser la única fuente de su informe, lo que, aunado a lo anterior, hace más reprochable la ausencia de un pronunciamiento disciplinario de fondo basado en una seria investigación.

De otro lado, aún cuando en el proceso penal se profirió absolución a los agentes de la policía procesados por conformación ilegal de grupos armados, en consideración a la falencia probatoria, es preciso señalar que, dicha absolución no se traduce necesariamente en un resultado igual o similar en el proceso de responsabilidad extracontractual(13), además, en el presente caso, del acervo probatorio —especialmente de los testimonios allí rendidos—, se puede establecer que existen indicios graves contra los agentes de policía como miembros activos de la organización ilegal. Si bien, es cierto que no pudieron ser condenados en juicio, no hay duda de la existencia de la conformación del grupo ilegal ni de la participación de miembros de las fuerzas armadas del Estado.

En efecto, ya anteriormente en sentencia reciente de la Subsección B, esta corporación había llegado a la siguiente conclusión:

“(...) los hechos indicadores (...) llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993.

En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso —circunstancia propia del tipo de hechos sub examine, los cuales involucran la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado, en los que prima el afán de ocultar evidencias y de que la verdad material no salga a la luz—, el mismo resulta categórico para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala (...).

Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de “limpieza social” que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio.

Resalta la Sala que el derecho a la vida es inviolable razón por la cual, desde la perspectiva de un Estado social de derecho, las ejecuciones extrajudiciales y extralegales de personas se encuentran proscritas. Así mismo debe señalarse que es deber del Estado garantizar la protección de los ciudadanos, deber que está vinculado estrechamente con los fines esenciales del Estado (C.N., art. 2º) sobre la base de la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º Ibídem) y en el marco del respeto a la dignidad humana(14) (art. 1º superior(15)) como valor fundante de un modelo de Estado democrático y principio orientador de toda interpretación jurídica(16).

(...).

En conclusión, para la Sala es claro que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al participar en la ejecución extrajudicial de dos personas inermes, hecho que además de constituir una conducta reprochable desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el Estado en relación con la protección de la vida, la dignidad y la integridad de los ciudadanos, encuadra en las conductas que están proscritas por el derecho penal y por el derecho internacional, razón por la cual resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, frente al perjuicio sufrido por los miembros de la parte actora, razón por la cual se revocará la sentencia apelada (...)”(17).

3. El caso concreto.

A pesar de no haberse proferido condena penal por el homicidio de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, su muerte ocurrió bajo el mismo patrón de extrañas circunstancias que rodearon tantas otras muertes —forma de actuar por la que se hizo identificar el grupo “los Doce Apóstoles”—, y hoy en día resulta incontrovertible que las fuerzas armadas del Estado —puntualmente la Policía—, auspiciaron y favorecieron dichas operaciones de “limpieza social”, objetivo original que dio pie al nacimiento y conformación de grupos paramilitares en la región.

Así también lo tuvo en cuenta la Fiscalía General de la Nación —Dirección Regional de Fiscalías—, cuando decidió la vinculación de la muerte de Ardila Elorza a la investigación adelantada, con ocasión de la posible conformación de un grupo de justicia privada en Yarumal, al igual que el informe de la Personería sobre la situación de Derechos Humanos en el municipio, que incluyó su homicidio en una serie de casi 30 que, hasta el momento, presentaban el mismo esquema de ejecución y de perfil de la víctima, advirtiendo de contera que al poco tiempo del deceso, miembros de la familia del occiso fueron acusados de guerrilleros, por lo cual la propia Personera hubo de intervenir para aclarar el rumor que ponía en peligro sus vidas ya que —como consignó en su informe—, la Fiscalía de Yarumal ignoraba las múltiples pruebas, denuncias y testimonios al respecto, que se le ponían en conocimiento.

No son muchos los testimonios analizados que hacen referencia a la muerte del joven Ardila Elorza —también conocido con el apodo de Pangara—, lo cual no es sorprendente si se tiene en cuenta que la mayoría de las muertes perpetradas bajo el yugo de los “Doce Apóstoles”, carecen de pruebas con autonomía suficiente para acreditar por sí solas la responsabilidad directa de sus integrantes, salvo excepciones como la de Norbey de Jesús Arroyave Arias, Agente de la Sijín, mejor conocido como “El Ruso”, quien fue condenado por ser hallado responsable de la muerte de Clímaco Macías. No obstante, las personas que afirmaron conocer a Ovidio Adolfo Ardila Elorza o “Pangara”, desconocen rencillas pendientes o episodios que le hicieran temer por su vida. Lo manifestado por los testigos, reflejan de él un joven trabajador que recientemente había regresado de cumplir el servicio militar y que se empleó en un taller de mecánica para ayudar en su hogar. Salvo los rumores de su afección por la marihuana, nada acreditado ponía en riesgo su seguridad.

Sin embargo, las circunstancias en que se verificó la muerte de Ovidio Adolfo Ardila, los comentarios que le antecedían sobre su consumo de marihuana —particular hábito que en esa época hizo de las personas, de manera no menos que execrable, objetivo de exterminio—, la cercanía del lugar de los hechos al comando de la Policía, la ausencia de cualquier otro móvil conocido que vinculara, siquiera en hipótesis, a un autor diferente.

El testimonio de Albeiro Martínez Vergara, habitante de “a pie” del municipio, quien presenció de cerca el accionar del grupo y fue invitado especial para conformarlo —en cuanto acostumbraba suministrar información clasificada a la Policía—, narra en su declaración como sufrió el hostigamiento y las continuas amenazas y atentados por parte de los policías de los “Doce Apóstoles”, cuando decidió denunciar ante la Personería su conformación, por haber sido embaucado por alias “El Ruso” —agente de la Sijín—, a quien le entregó información para que recuperara una moto hurtada días antes. Su delación de la banda criminal, resultó de especial trascendencia cuando narró cómo “... por ejemplo cuando mataron a Pangara, llegó el Dr. Posada Quintana o De la Quintana, a ese doctor le robaron unas cosas y dijo que quien robó era Pangara, para que lo cogieran y lo metieran al calabozo y dicho por él mismo, se fue a la Policía, sin formular denuncia y les dijo que metieran a ese muchacho al calabozo varios días, la Policía recibió el informe de él y por la noche uno de los Doce Apóstoles invitó a Pangara a dar vuelta, ya que como este era vicioso, le daba al marihuano [sic], lo llevaron por la parte de atrás de la Normal y por allá lo mataron...”.

Ahora tampoco pasa desapercibida la entonces reveladora denuncia de la oficina de los Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep— dirigida a Amnistía Internacional, Americas Watch y a la Comisión Interamericana de DDHH.

Así las cosas, evidenciados e integrados los hechos indicadores, lo inverosímil y desarticulado de toda lógica sería desligar la muerte de Ovidio Adolfo Ardila Elorza con el accionar delictivo de la banda de “los Doce Apóstoles”, como increíble sería ignorar que miembros activos de la Policía Nacional participaban de las ejecuciones, algunos por acción y otros por omisión.

En efecto, la existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar, y 3. Una inferencia lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer. Es así como desde 1894, el insigne tratadista Carlos Lessona, enseñaba, refiriéndose a la estructura del indicio que este: “... se forma con un razonamiento que haga constar las relaciones de causalidad o de conexión entre un hecho probado y otro a probarse...”(18); o en términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: “el hecho conocido o indicador debe estar plenamente demostrado en el proceso, esto es, debe ser un hecho que tenga certeza jurídica y que sirva de base para a través de inferencias lógicas realizadas por el juez en el acto de fallar, permitan llegar a deducir el hecho desconocido”(19).

Sobre el indicio, ha precisado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“Precisa la Corte que el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(20).

Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto. En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señala los requisitos de existencia de la prueba indiciaria:

“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria... el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”(21).

En la misma providencia se determinan las varias clases de indicios:

“Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”(22).

Igualmente, es importante señalar que en esta clase de asuntos, así como los relacionados con desapariciones forzadas, la valoración probatoria debe realizarse con especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón a su particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas directas de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones, así lo ha reiterado esta corporación en diferentes oportunidades(23).

Si bien las circunstancias de tiempo, modo y lugar del homicidio del joven Ardila Elorza no se conocen con claridad, ya que ni siquiera se inició un proceso penal con motivo del mismo, es incuestionable para la Sala que en las actividades que desarrollan los mal llamados grupos de limpieza social —desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, torturas, entre otros—, los hechos y circunstancias que las rodean son ambiguas y complejas, pero es lógico que esto ocurra en este tipo de eventos macabros dignos del pandemónium(24).

Frente a episodios de naturaleza similar, que nunca se deberían haber dado y menos repetir, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, así:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eça de Queirós: “El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo”. Y Federico Hegel resaltó: “El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo”

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”(25).

De lo expuesto, se tiene por probado que en razón a los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Yarumal, se inició una investigación penal contra varios civiles y miembros activos de la Policía Nacional y, si bien es cierto, estos fueron absueltos en consideración a la pobre instrucción del ente acusador en el proceso, no se puede desconocer que existían graves indicios en su contra relacionados con su participación en actividades criminales, como la desaparición, amenazas, intimidación y homicidio de habitantes de ese municipio.

Lo anterior se deduce claramente de los testimonios que hacen parte del proceso penal, en donde —objetivamente—, se da cuenta de la grave situación de orden público que se vivía en el municipio y de las actividades sospechosas y delincuenciales que se presentaron en la época en que murió el joven Ardila Elorza, de las que hacían parte miembros de la institución policial y el ejército. Adicionalmente, al inicio de la investigación penal, se corroboró la muerte de varios habitantes del Municipio, atribuidos por sus familiares al mal llamado grupo de limpieza social.

En este estado de cosas, se infiere con nitidez o claridad, que de lo que dan cuenta los autos, es de la ejecución de un ciudadano en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social”, que constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no solo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado.

En este punto, de gran importancia resulta recordar el reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera(26), cuya disertación —bajo la misma óptica del contenido de los supuestos de hecho—, es sin duda, más que pertinente con el presente caso:

“(...) En esa línea de pensamiento, la Sala reitera los refulgentes argumentos expuestos en el pasado por esta corporación, oportunidad en la que en relación con la inviolabilidad del derecho a la vida y el especialísimo deber de protección a cargo de la fuerza pública señaló:

“Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quien es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es mal, inútil, “desechable”, y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad.

“Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral, y legal, y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes.

“Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos.

“La “limpieza” de un país, que conduce a los peores y desviaciones, “normalmente” empieza con los llamados, por “los nuevos justos”, desechos humanos (homosexuales, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes agrarios, comunales, sindicales o a las personas que profesan ideología contraria al sistema y son incómodas porque la pregonan.

“Esta Sala ha sido una voz solitaria de alarma. Fuera de la realidad, dirán algunos; simples poetas, dirán otros. Estamos en guerra y todo es permitido, agregarán los de más allá, justificando los holocaustos y los genocidios. Los “doctos” alegarán la prevalencia del interés general sobre el particular como sucedió en noviembre de 1985, en nota publicada en un periódico de amplia circulación, luego de la toma del Palacio de Justicia. Aunque este interés particular sea la vida misma y ese interés general sea una “institución”, a quién se le habían matado sus mejores exponentes para “salvarla”.

“Esta distorsión de la moral y de la lógica que olvida el valor del hombre en el mundo y su significado”.

(...).

“Este es el cuadro que muestra este expediente. Y no hay que ser muy sagaz para concatenar una serie de indicios que muestran una vez más esa despiadada labor de “limpieza”(27).

(...).

De otro lado, resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010(28), se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite. En el reciente fallo, cuyo análisis se circunscribió al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se puntualizó lo siguiente:

“Tales testimonios coinciden, igualmente, en afirmar que dentro del grupo de agresores se encontraba un individuo vestido de policía con el rostro descubierto, al cual describieron como una persona de estatura baja, contextura robusta, rasgos indígenas y que también portaba una arma tipo carabina, persona que posteriormente fue identificada por el menor Euliber Lasso Anis como el agente de Policía “Carlos”. En efecto, el menor manifestó tanto en la declaración rendida el día de los acontecimientos como posteriormente en la ampliación de su declaración, que conocía al agente de Policía hacía más de un mes y medio, pues en varias ocasiones había hablado con él en la Inspección de Policía e incluso le hacía mandados; así mismo, que ocho días antes de tales hechos había estado detenido en dicha Inspección y que estando allí aquel le había preguntado datos sobre la casa del señor Tarcilo Mosquera. Tales declaraciones fueron corroboradas con la identificación realizada en la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada el 30 de abril de 1994, en la cual dicho testigo reconoció al agente Libardo Carlosama González como uno de los agresores.

“(...) En relación con el tipo de arma utilizado en la masacre se tiene, por un lado, que los testimonios son concordantes en afirmar que un agente de Policía, quien posteriormente fue identificado como Libardo Carlosama González, portaba una arma tipo carabina; de otro lado, el dictamen de balística practicado a las armas incautadas —entre las cuales se encontraba aquella—, determinó que habían sido disparadas después de que fueron limpiadas por última vez; asimismo, causa extrañeza a la Sala que no se hubiere realizado anotación alguna en el libro de control de armamento respecto de las armas utilizadas en el turno del día 27 de abril de 1994 entre las 9.00 p.m., y las 7.00 a.m., esto es, precisamente en el turno asignado al agente Carlosama González, lapso en el cual se perpetraron los hechos.

“Lo anterior permite concluir que dicho agente de Policía se encontraba en ejercicio activo del servicio, portando su correspondiente uniforme y arma de dotación oficial y que esa condición fue la que efectivamente le permitió detener y colocar en estado de indefensión a las víctimas para cometer la masacre.

“(...) Así las cosas, resulta claro entonces que la responsabilidad de la Policía se ve comprometida por cuanto los anteriores medios probatorios recaudados en el proceso señalan que la muerte de los señores Francisco Ortiz Jiménez, Elizabeth Hoyos, María del Carmen Leguizamón Bolaños, Tarcilio Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero, y las lesiones de Daniel Vidal Vargas y del menor Euliber Lasso Abanis, se produjeron mientras estos estaban en estado de indefensión, bajo la custodia de un Agente de la Policía —el cual fue plenamente identificado—, en asocio con otros individuos quienes también se identificaron como tales, quienes habrían detenido a las víctimas bajo el argumento de que los conducirían a una Estación de Policía para verificar antecedentes penales.

“En relación con la protección del derecho a la vida por parte de las autoridades pertenecientes a los estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos(29), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4º, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no solo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(30).

“(...)” (cursivas y negrillas del original).

Así mismo, en relación con el especialísimo derecho a la vida, primera garantía que se desprende del principio de dignidad humana, la Sala de sobresaliente manera ha discurrido(31):

“La preocupación central de las sociedades democráticas contemporáneas es la garantía de los derechos de la persona en tanto tal. Su reconocimiento, en normas de derecho interno como en disposiciones del ámbito universal, entraña la adopción de una filosofía jurídico-política: la propia de las democracias liberales, construida sobre la base de todo un sistema de valores y principios superiores que informan y guían el ordenamiento jurídico.

“A partir de Locke, padre del liberalismo filosófico, el carácter fundante de los derechos en un Estado de derecho es indiscutible. Será él quien proponga la constitucionalización de los derechos naturales (y en primer lugar está por supuesto el derecho a la vida) como remedio a los arrebatos de arbitrariedad que siempre han tentado a los gobernantes...

“Positivización o constitucionalización de los derechos naturales que arranca con el derecho a la vida, como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos, toda vez que es “el derecho supremo de los seres humanos”(32). Derecho fundamental sin cuya garantía de respecto por parte de las autoridades estatales devendría en ineficaz todo el conjunto de derechos y libertades consagrado por el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(33).

“Con esta perspectiva, nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 11 señala en forma nítida que el derecho a la vida es inviolable y agrega que “[n]o habrá pena de muerte”. Inviolabilidad que se introdujo en el debate en la comisión primera de la ANAC, donde se dejó en claro que este derecho era “el único inviolable, porque cuando es violado desaparece el sujeto del derecho (...) [e]s el único esencial porque si se viola de ninguna manera se pueden desarrollar los demás”(34).

“Este precepto constitucional retoma el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 3º del Acto Legislativo 3 de 1910, que estableció que el legislador no podía imponer la pena capital en ningún caso. Prohibición que desde entonces ya era absoluta(35) en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos(36), según lo precisó el guardián de la Constitución de esa época. Canon prohibitivo que no admitía excepción alguna para el legislador y por lo mismo cobijaba a las demás ramas del poder público. Esta preceptiva fundamental era interpretada por nuestra jurisprudencia constitucional en armonía con el artículo 16 de la Carta de 1886, disposición que a su turno obligaba a todas las autoridades a proteger la vida y, por lo mismo, era concebida como un principio rector de toda la Constitución(37).

“(...) En definitiva, en el derecho colombiano la inviolabilidad del derecho a la vida en su doble dimensión (i) no admite excepción alguna y (ii) ostenta carácter absoluto(38) y, por lo mismo, ha supuesto de antaño la imposibilidad de transgredirlo toda vez que constituye una de las normas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal, como el nuestro.

“De ahí que no sorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes(39)).

“Si se trata del fundamento de los demás derechos(40), o “el punto de arranque” o “prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos [en tanto] constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”(41), para usar la terminología de la jurisprudencia constitucional española, es inadmisible pensar en su suspensión por ningún motivo, habida cuenta que configura prerrequisito de los demás derechos, los cuales —se insiste— solo adquieren sentido si se garantiza la vida(42).

“(...) Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no solo esta corporación —como ya se indicó— sino también la comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado Colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional(43).

“No debe perderse de vista que el artículo 11 superior contempla a la vida como un derecho intangible en tanto fundamento, sustento y —por lo mismo— primero de los derechos inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante motivación política de nuestro orden constitucional que irradia —por supuesto— el resto de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5º de la Constitución Nacional junto con los demás derechos inalienables de la persona.

“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2º constitucional —en perfecta armonía con el preámbulo de la Carta— dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior(44) que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia.

“(...)” (negrillas y cursivas del original).

En consecuencia, la importancia de la dignidad humana entendida como aquel imperativo categórico —en términos Kantianos— que determina que cada ser humano —sin importar su sexo, raza, etnia, clase social, capacidad física y/o mental, capacidad económica, etc.— es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar los fines de otros, radica en que la misma constituye el sustrato de todos los derechos humanos, principalmente de los derechos fundamentales y, por ende, de la vida y la libertad garantías estas sin las cuales la existencia y plenitud de la humanidad se vería amenazada. Así lo pone de presente de forma majestuosa el vate universal Jorge Luis Borges, en su canto a la vida “Remordimiento por cualquier muerte”:

“Libre de la memoria y de la esperanza / ilimitado, abstracto, casi futuro, / el muerto no es un muerto: es la muerte.

“Como el Dios de los místicos, / de quien deben negarse todos los predicados,
el muerto ubicuamente ajeno / no es sino la perdición y ausencia del mundo.

“Todo se lo robamos, / no le dejamos ni un color ni una sílaba:
aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, / allí la acera donde acechó sus esperanzas.

“Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también; / nos hemos repartido como ladrones / el caudal de las noches y de los días (...)”.

4. Violación al deber de seguridad y protección.

Para la Sala, es inadmisible que la Policía Nacional permita y patrocine que agentes de su institución hagan parte activa de grupos dedicados a desaparecer y asesinar personas que supuestamente ostentaban la calidad de criminales, esta lamentable circunstancia reviste la entidad suficiente como para dar por acreditado el incumplimiento del deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible en relación con la vida del joven Ardila Elorza toda vez que, en estos casos, se ha determinado que el Estado se encuentra en posición de garante(45).

Acerca del contenido y alcance del concepto de posición de garante, la Sección Tercera de esta corporación, puntualizó:

“Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”(46).

De otro lado, en relación con el argumento de la entidad apelante según el cual los agentes de la policía actuaron por fuera del servicio, la Sala debe indicar que, para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada caso específico, comoquiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado.

Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, Expediente 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad(47), no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos.

Ahora bien, en cuanto se refiere a los daños ocasionados por miembros de la fuerza pública, la jurisprudencia ha precisado, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’...”(48).

Como se aprecia, en cada asunto particular se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño antijurídico imputable al Estado.

En el caso sub examine, el daño no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, toda vez que, era de público conocimiento en el municipio de Yarumal, que algunos de los miembros del grupo de “limpieza social” eran agentes activos de la policía, y actuaban revestidos de esta condición, lo que vislumbra el ánimo o la intención de que el resultado fuera producto del servicio.

Adicionalmente, el común denominador de los testimonios es claro en indicar que la finalidad del grupo —conformado también por los policías—, era combatir la delincuencia y la violencia subversiva con métodos censurables como la amenaza, la intimidación, la desaparición, el secuestro y finalmente el homicidio, asimismo, las otras declaraciones coinciden en que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en estas reprochables actividades, sin que las autoridades tomaran medidas al respecto, todo lo contrario, se seguían persiguiendo supuestos delincuentes de manera ilegal, hechos que sin lugar a dudas configuran una falla del servicio.

En referencia a dicho aspecto, nuevamente resulta conveniente destacar la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera(49), que sobre el particular, discernió así:

“(...) los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, por muy loable que en apariencia sea el propósito con que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v.gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley o la delincuencia), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, comoquiera que cuando es el mismo Estado —entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza—, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado social de derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.

Es por ello que la doctrina especializada en la importancia del garantismo estatal ha sostenido:

“Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible y de lo indecidible que no; y actúan como factores no solo de legitimación sino que también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones... Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional... Este es el sentido de la frase ¡Hay jueces en Berlín!: debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos del individuo, aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas aun cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen pruebas, aun cuando esa misma opinión demandase la absolución”(50).

En consecuencia, nada resulta más perverso y oprobioso que el empleo de la fuerza pública y de los medios e instrumentos puestos a su servicio con fines ajenos a la protección de los derechos de los asociados, máxime cuando su objetivo constituye el desconocimiento y la supresión de las garantías fundamentales, específicamente el derecho a la vida.

Al respecto, vale la pena extraer brevemente una parte de ese sobresaliente pensamiento:

“Ya en el mero nombre de hombre hay una dignidad. Y como esta corresponde en igual medida a todos los hombres, todo hombre es también igual a los otros por naturaleza. Esta igualdad “natural” no es una igualdad de fuerzas, como pensaba Hobbes, sino una igualdad en el Derecho, cuyo fundamento se halla en el deber de sociabilidad que une igualmente a todos los hombres, ya que está dado con la naturaleza humana como tal (...)”(51).

En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:

“(...) En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no solo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(52).

De otro lado, la misma Corte Interamericana ha señalado los parámetros para el uso debido de la fuerza pública, en los siguientes términos(53):

“78. La Corte ha considerado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos(54), en razón de lo cual, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo(55). De conformidad con el artículo 27.2 de la convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados partes(56).

“79. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo(57). El objeto y propósito de la convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)(58).

“80. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(59).

“81. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(60).

“(...)” (se destaca).

En similar sentido, el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias precisó:

“Las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza surgen del entendimiento de que la irreversibilidad de la muerte justifica rigurosas salvaguardias del derecho a la vida, especialmente en lo que hace a las garantías procesales debidas. Un procedimiento jurídico que respete las garantías procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual la decisión de un Estado y de sus agentes de dar muerte a alguien viola el principio de “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” y por lo tanto violaría el derecho a la vida”(61).

Así mismo, en el informe del 6 de enero de 1999, E/CN.4/1999/39/Add.1, la relatora especial, Asma Jahangir, presentó en cumplimiento de la resolución 1998/68 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe por países de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En relación con Colombia, las observaciones fueron las siguientes:

“62. La relatora especial agradece al Gobierno de Colombia las numerosas respuestas a sus comunicaciones y lamenta que la falta de recursos haga imposible el seguimiento de todas las comunicaciones. Resulta desalentador para la relatora especial observar el grado de impunidad de que gozan los militares y los grupos paramilitares en el país. Los grupos de traficantes de drogas contribuyen también apreciablemente a esta cultura de la violencia y la impunidad. El sistema de tribunales militares, así como la práctica observada de utilizar testigos anónimos, no hacen más que exacerbar estos problemas. Es alarmante la especial vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el país, como lo son las situaciones de las poblaciones internamente desplazadas y de los grupos indígenas.

“63. No obstante, queda claro que el Gobierno de Colombia demuestra su voluntad de cooperar con el mandato de la relatora especial, a pesar de las dificultades internas con que se enfrenta. Esta cooperación se manifiesta por la presencia de las Naciones Unidas en el país, las respuestas de Colombia a las denuncias y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 1998. En este espíritu de cooperación, la relatora especial insta al Gobierno de Colombia a formular una política coherente en materia de derechos humanos y de apoyo al sistema, con miras a poner fin a la impunidad de que actualmente gozan los militares y los grupos paramilitares. Alienta asimismo las conversaciones de paz entre todas las facciones en el actual conflicto del país e insta a que estas partes intervengan en la elaboración de la política sobre derechos humanos” (se destaca).

No significa lo anterior, que cualquier muerte producida o generada por un miembro o agente estatal sea por esa sola circunstancia imputable patrimonialmente a la administración pública; para que ese resultado lesivo devenga atribuible en cabeza del Estado se requiere verificar que el comportamiento del agente estuvo ligado o vinculado al servicio público, lo que en términos jurídicos implica abordar un estudio de conexidad, con miras a determinar si la potestad o investidura pública fue definitiva o determinante en la producción del daño antijurídico.

Como corolario de lo anterior, concluye la Sala, que a la entidad demandada se le debe imputar el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente por el mismo, toda vez que está demostrado que miembros activos de la Policía Nacional hacían parte de un grupo de limpieza social denominado “los Doce Apóstoles”, cuyo accionar delictivo tuvo centro en el municipio de Yarumal — Antioquia y al cual le es atribuible —con suficientes fundamentos probatorios—, el homicidio de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, respecto de quien quedó acreditado el incumplimiento del deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible a la institución policial y su cuerpo de gendarmes.

5. El principio de reparación integral en el caso concreto.

En numerosos pronunciamientos la Sala ha delimitado el contenido del principio de reparación integral, en los siguientes términos:

“En cuanto a las modalidades de reparación en el sistema interamericano, como se mencionó antes, las mismas pueden ser pecuniarias y no pecuniarias e incluyen:

a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que solo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias(62).

b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial(63).

c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole(64).

d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(65)

e) Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras(66)(67).

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 975 de 2005(68), determinó el contenido y alcance del derecho a la reparación así:

“El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

“La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

“La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

“La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

“Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

“Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

“La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (negrillas y subrayado de la Sala).

De otro lado, el documento de la ONU sobre principios y directrices básicos para la reparación (E/CN.4/1997/104) aprobado por la subcomisión en 1997, establece:

“La reparación, que se acordará de conformidad con el derecho de cada Estado, podrá consistir en una o varias de las formas que se mencionan a continuación, cuya lista no es exhaustiva.

“12. La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional. Exige, entre otras cosas, restablecer la libertad, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno al país de residencia anterior y la restauración del empleo o de la propiedad.

“13. Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional, y que fuere evaluable económicamente. Tales como:

“a) daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales;

“b) pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación;

“c) daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

“d) daño a la reputación o a la dignidad;

“e) los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y disponer de medicinas y de servicios médicos.

“14. Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.

“15. Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando fuere necesario:

“a) cesación de las violaciones existentes;

“b) verificación de los hechos y difusión pública amplia, de la verdad de lo sucedido;

“c) una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella;

“d) una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

“e) aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

“f) conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

“g) inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en los manuales de historia y manuales escolares, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional;

“h) prevención de nuevas violaciones, por medios tales como:

“i) asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las fuerzas armadas y de seguridad;

“ii) limitando la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a delitos específicamente militares, cometidos por personal militar;

“iii) fortaleciendo la independencia del sistema judicial;

“iv) protegiendo a las personas que ejercen la profesión jurídica, y a los defensores de derechos humanos;

“v) impartiendo y fortaleciendo de modo prioritario y continuo la capacitación en derechos humanos de todos los sectores de la sociedad y, en particular, la de las fuerzas armadas y de seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Ahora bien, en relación con las facultades del juez de lo contencioso administrativo cuando el daño proviene de una grave violación a derechos humanos o de derechos fundamentales, resulta pertinente insistir en los argumentos contenidos en la providencia del 20 de febrero de 2008, oportunidad en la que se señaló, in extenso, lo siguiente:

“En otros términos, cuando se habla del análisis de hechos relacionados con la violación de derechos humanos, según los parámetros normativos y descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política y en las normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la de establecer y decretar el resarcimiento económico de un perjuicio cuya valoración económica y técnica es posible en términos actuariales, sino que debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación integral se vea claramente materializado, para lo cual debe aplicar el conjunto de normas que le brindan suficientes instrumentos dirigidos a que se pueda materializar un efectivo restablecimiento integral del daño.

“En esa dirección, en reciente oportunidad, la jurisprudencia constitucional puntualizó:

“No puede en consecuencia la entidad accionada negar a las víctimas del conflicto armado interno la asistencia que demandan, fundada en las circunstancias en que se produjo la vulneración, porque, cualquiera fuere la modalidad utilizada por los actores, el derecho internacional humanitario proscribe e impone la restitución de todo acto de violencia contra la vida y la persona, contra la dignidad personal, la toma de rehenes y las ejecuciones sin sentencia previa, pronunciada por tribunal competente y con sujeción a las garantías constitucionales.

Se observa, entonces, que, para efecto de aplicar las normas del derecho internacional humanitario, no interesa que la vulneración se haya producido o no en combate, ataque, acto terrorista o masacre.

“Esta Corte, al resolver sobre qué debe entenderse por desplazado por la violencia, en función del registro único de población desplazada, ha considerado que las víctimas no requieren del “reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un caso concreto”, toda vez que la realidad del desplazamiento desborda “la afirmación de su configuración por parte de las autoridades”(69) (negrillas del original).

Y más adelante, en la misma providencia, el tribunal constitucional precisó:

“(...) El primero entre los treinta y ocho principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004 de 1972(70), expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

“Señala el principio diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y “adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente” y ii) que, sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental “interesada (...) como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos”.

Los principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que esta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto “no existan recursos eficaces contra esa infracción” y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de “las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación” —principios 22 y 23—.

“En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”, sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración —C.N., art. 2º, principio 34—.

“Siendo así, ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de emprender la investigación que demanda la ocurrencia de hechos criminales, dentro del marco del conflicto armado —desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que los autores de la violación sean procesados, juzgados y condenados—, la Red de Solidaridad Social no puede, de contera, condicionar la reparación a la expedición de una certificación —sobre los “móviles ideológicos y políticos”— que solo podrían haber expedido las autoridades judiciales, una vez culminado el truncado enjuiciamiento.

“Lo anterior, toda vez que la exigencia de requisitos que las víctimas no pueden cumplir y que solo el Estado en cuyo territorio ocurren las vulneraciones debe asumir, para condicionar el acceso a los programas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y hace imperativa la intervención del juez constitucional para su restablecimiento.

“(...)”(71) (resalta la Sala).

“Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido este como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DD.HH.).

“(...) La anterior conclusión se impone, a todas luces, comoquiera que, en estos eventos, el reconocimiento de una indemnización económica con miras al cubrimiento de un determinado perjuicio o detrimento, en modo alguno puede catalogarse como suficiente, toda vez que la persona o conglomerado social ven afectado un derecho que, en la mayoría de los casos, es de aquellos que pertenecen a la primera generación de derechos humanos y, por lo tanto, por regla general, se ven cercenadas garantías de naturaleza fundamental, sin las cuales la existencia del ser humano no es plena.

“En esa dirección, el juez de lo contencioso administrativo debe asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que le traza el ordenamiento jurídico interno, así como el internacional, toda vez que, la protección de los derechos humanos se ha convertido en un aspecto de regulación positiva que ha desbordado las barreras que, tradicionalmente habían sido fijadas por los Estados en su defensa acérrima del principio de soberanía nacional. Este nuevo cambio de paradigma, en el cual el sujeto y la sociedad son el eje fundamental del Estado (social y democrático de derecho), hacen que todo el ordenamiento jurídico internacional, tenga directo interés en la materialización real y efectiva de los derechos y garantías de los cuales es titular el ser humano.

“(...) Debe resaltarse, por ende, el papel que desempeña el juez en el Estado social de derecho, toda vez que es el llamado a servir, en términos del profesor Zagrebelsky(72), como conector entre el Estado y la sociedad, en tanto el ordenamiento jurídico le confiere, de acuerdo con la naturaleza de la controversia puesta a su consideración, una gama amplísima de posibilidades tendientes a la realización de una verdadera justicia material, en donde independientemente al origen del daño o la lesión del interés o del derecho, en todos los casos, la persona tenga la garantía de que la reparación del perjuicio será integral, y fundamentada en criterios de justicia.

Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305)(73), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v.gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la rama judicial del poder público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.

“Por ende, el principio de reparación integral cobra mayor fuerza en aquellos eventos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo, debe decidir asuntos relacionados con presuntos desconocimientos de las garantías fundamentales del ser humano, por cuanto en tales supuestos el ordenamiento jurídico interno e internacional, lo dota de una serie de herramientas e instrumentos para procurar el restablecimiento de los derechos.

“La anterior óptica no implica, en ningún sentido, el desconocimiento de los postulados de índole procesal trazados por el legislador, sino que, por el contrario, representa la correcta y adecuada armonización de las reglas jurídicas del sistema interno, con los principios y normas que protegen al ser humano a nivel internacional, la mayoría de las cuales, han sido suscritas y ratificadas por Colombia.

“De otra parte, las medidas que puede adoptar el juez, dirigidas a la reivindicación de los derechos humanos transgredidos en un determinado caso, no desconocen la garantía fundamental de la no reformatio in pejus (relacionado íntimamente con el de congruencia), en tanto no suponen la modificación o el desconocimiento de los límites trazados por la causa petendi de la demanda, sino que dichas medidas conmemorativas, simbólicas, o de no repetición de la conducta, suponen una labor pedagógica e instructiva encaminada a sensibilizar a las entidades públicas y a toda la población, acerca de la importancia del respeto de las garantías fundamentales del individuo.

“En efecto, el fundamento específico del principio de la reparación integral, se encuentra en el señalamiento que efectúa la propia Carta Política, en el artículo 93, en donde se reconoció, de manera expresa, que todo tipo de tratado, convención o protocolo internacional que sea ratificado por Colombia, en el que se reconozcan y protejan los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. Así las cosas, una vez se incorporan al derecho interno, a través de la celebración y ratificación, los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre la legislación nacional, tanto así, que tales garantías y prerrogativas no pueden ser suspendidas, ni siquiera, en vigencia de los denominados estados de excepción(74).

“(...) En ese contexto, las disposiciones legales nacionales deben ceder y, de otra parte, ser armonizadas, claramente, a los postulados contenidos en el denominado “derecho de los derechos humanos”, en tanto los postulados de legitimidad y reconocimiento internacional, se estructuran sobre la base del respeto y materialización que un sujeto de derecho internacional brinde en relación con los derechos humanos.

“Así las cosas, es claro que el juez mediante la ponderación del contenido del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con las demás disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, puede arribar a decisiones que respeten plenamente las garantías fundamentales y procesales de las entidades o personas demandadas, sin que ello suponga que aquel deba pasar por inadvertido conductas y violaciones a derechos humanos, posición que está claramente proscrita por los lineamientos del derecho internacional que los protege y, adicionalmente, por el orden jurídico interno.

Como corolario de lo anterior, debe puntualizarse que, en todas aquellas situaciones en las cuales el juez se enfrente a un evento de flagrante quebrantamiento de derechos humanos, el sistema jurídico interno debe ceder frente a los postulados contenidos en la Carta Política y en el orden internacional, para dar paso a medidas e instrumentos que permitan la protección efectiva y material de aquellos(75).

“(...)” (negrillas del original; negrillas y subrayado sostenidos adicionales).

A partir de la anterior sentencia, la corporación ha avalado una hermenéutica garantista, que defiende la protección activa de los derechos humanos, lo que se ha traducido en una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Es posible señalar, en relación con el principio de reparación integral, que este no solo comprende los casos de graves violaciones de derechos humanos sino cualquier asunto en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, en los casos en los que no esté de por medio una grave violación a derechos humanos, o la vulneración flagrante de un derecho fundamental —en su dimensión subjetiva u objetiva—, la Sala se encuentra limitada por los principios de congruencia y de no reformatio in pejus; por lo tanto, en estos eventos la parte actora podrá solicitar en la demanda cualquier tipo de medida relacionada con: la restitutio in integrum del daño; medidas de satisfacción; indemnización plena de perjuicios; la rehabilitación, y garantías de no repetición, pero no podrán ser decretadas medidas o pretensiones de oficio.

Por el contrario, en los supuestos en que el daño antijurídico tiene su génesis en la grave violación a derechos humanos o al flagrante desconocimiento de derechos fundamentales —pero principalmente en el primer escenario— el juez de lo contencioso administrativo podrá decretar todo tipo de medidas encaminadas a la restitución de las garantías mínimas afectadas.

En los procesos ordinarios de responsabilidad extracontractual del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha trazado una serie de principios en relación con la aplicación de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, que podrían sintetizarse así:

En procesos en los que el daño proviene de graves violaciones a derechos humanos o la vulneración grave o significativa de derechos fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de reparación integral.

Así las cosas, en este tipo de procesos, siempre que se constate la violación a un derecho humano, sea fundamental o no, a causa de una grave lesión, será procedente adoptar todo tipo de medidas de justicia restaurativa para proteger no solo la dimensión subjetiva sino objetiva del derecho afectado.

En los procesos en los que el daño no provenga de graves lesiones a derechos humanos, es posible que el hecho dañoso lesione o afecte un derecho fundamental —tanto en su órbita subjetiva como objetiva—, razón por la que se podrán adoptar las medidas resarcitorias solicitadas con la demanda o las que de oficio o a petición de parte considere el juez, pero encaminadas a salvaguardar el núcleo esencial del derecho, bien sea en su órbita subjetiva u objetiva.

En efecto, el Consejo de Estado en reciente providencia protegió la dimensión objetiva del derecho a la salud, y entre otros aspectos precisó(76):

En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso solo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

“Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado.

“(...) Así las cosas, la Sala a partir de sus pronunciamientos recientes, así como en apoyo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, considera que, en eventos en los que si bien el daño no provenga de graves violaciones a derechos humanos, de todas formas es posible decretar medidas de satisfacción, conmemorativas o garantías de no repetición, siempre y cuando sean necesarias las mismas para restablecer el núcleo o dimensión objetiva de un derecho humano que ha sido afectado por una entidad estatal.

“En consecuencia, es posible que el daño antijurídico irrogado por una entidad prestadora del servicio de salud desborde la esfera o dimensión subjetiva, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad, circunstancia frente a la cual el juez de la reparación no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva.

“En el caso concreto es evidente la falta de diligencia de la entidad demandada, y la forma desentendida y gravemente anormal como se manejó la valoración del embarazo de la paciente, lo que quedó acreditado desde el mismo daño excepcional irrogado que afectó de manera grave la dimensión objetiva del derecho a la salud, más aún si se tiene en cuenta que la lesión directa fue ocasionada sobre tres niñas que alcanzaron a tener un hálito de vida y, en consecuencia, frente a las cuales se predicó la condición de persona en los términos establecidos en el artículo 90 del Código Civil, y que, por lo tanto, contaban con una protección reforzada y especial en los términos del inciso tercero del artículo 13 de la Carta Política y el artículo 44 de la misma, precepto este último que contiene el principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de las demás personas.

“En ese orden, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de la siguiente medida:

“Como garantía de no repetición, se ordenará enviar copia íntegra y auténtica de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que remita copia de la misma a cada una de las EPS que funcionan actualmente en Colombia, sin que ello implique, en modo alguno pronunciamiento de responsabilidad en contra de esta última entidad, toda vez que no es parte en el proceso; por ende, se insiste, el único propósito de la medida consiste en la divulgación pedagógica, a efectos de que situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir. El valor de las copias será asumido por el ISS” (negrillas y subrayado de la Sala).

En consecuencia, se insiste, nada impide que en la demanda se soliciten medidas de justicia restaurativas dirigidas a reparar integralmente el daño, pero ello deberá estar expresamente consignado en el respectivo libelo introductorio, salvo que el daño se derive de graves violaciones a derechos humanos o derechos fundamentales, en cuyo caso el juez administrativo debe velar porque la reparación del daño sea integral dada la magnitud de los hechos.

En efecto, en el informe provisional de la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, fechado el 1º de septiembre de 2004, se especificó:

“38. También se han recibido informaciones sobre miembros de grupos paramilitares o personas armadas que cooperan con fuerzas de seguridad u operan con su aquiescencia y que han recurrido a una fuerza arbitraria y excesiva. En algunos casos se informó de que esos grupos habían sido establecidos por las propias fuerzas de seguridad. En otros se decía que se hallaban al servicio de particulares y/u organizaciones para defender un interés particular y contaban con un apoyo oficial que les permitía actuar al margen de la ley. Las atrocidades cometidas por esos elementos se han vuelto particularmente habituales en el contexto de los disturbios y conflictos internos, pero también se ha informado de incidentes de ese tipo en relación con conflictos que tienen una dimensión internacional.

“(...) 43. En el período examinado la relatora especial ha recibido numerosas informaciones sobre utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía o el ejército, en relación con la represión de manifestaciones pacíficas o como consecuencia de tiroteos con agentes del orden, con resultados de muerte. También ha recibido informaciones sobre un número considerable de ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de operaciones represivas de la delincuencia llevadas a cabo por las autoridades mediante el procedimiento de las “redadas preventivas” en las comunidades más pobres. Le preocupa que las políticas duras adoptadas por los gobiernos suelan ser mal utilizadas por los organismos de orden público, con el frecuente resultado de ejecuciones extrajudiciales. Las medidas gubernamentales duras para “aplastar la delincuencia” dejan margen a determinados elementos de las autoridades de orden público para hacer justicia, de modo expeditivo contra quienes consideran socialmente “indeseables”. Es sabido que en el curso de sus redadas, la policía, que a menudo carece de la capacitación y los medios para llevar a cabo esas operaciones correctamente, dispara injustificadamente contra presuntos delincuentes o habitantes locales causando muertes. Estas operaciones tienen lugar sobre todo en grandes centros urbanos que generalmente padecen un índice de delincuencia sumamente elevado. No obstante, la relatora especial observa que la violencia policial no se limita a esas zonas y que a menudo entre las personas muertas se cuentan campesinos sin tierra o líderes indígenas de zonas rurales involucrados en conflictos sobre las tierras y jóvenes de hogares desfavorecidos detenidos en operaciones policiales”.

Entonces, no puede ser indiferente la necesidad de graduar la indemnización del daño inmaterial, pues como se indica en las directrices de Theo van Boven, “la reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones”(77); el juez de la reparación no puede ser impasible a esos postulados que vienen delimitados por el derecho internacional de los derechos humanos y que se entronizan en el ordenamiento interno, concretamente a partir de la cláusula contenida en el artículo 93 de la Carta Política.

En consecuencia de lo anteriormente discernido, se ordenará la construcción de un monumento alegórico a la vida, a cargo de la Policía Nacional, que deberá erigirse en el parque municipal del municipio de Yarumal, Antioquia, toda vez que frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás.

Así mismo, de conformidad con la Ley 1448 de 2011(78) —mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno—, se ordenará al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica —así como al Archivo General de la Nación—, la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, con el fin de que integre y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación y la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas.

6. Indemnización de perjuicios.

A folio 3 del cuaderno 1, se verificó certificación auténtica de la inscripción del registro civil de matrimonio entre Ovidio Adolfo Ardila y María Fabiola Elorza, contraído el 13 de mayo de 1968 —en Yarumal—, suscrita por el Notario Primero de ese municipio.

A folio 4, 5, 6 y 7 del mismo cuaderno, se encuentran los registros civiles de nacimiento de Freddy Alberto, Claudia Patricia, Astrid Jeannette y Ovidio Adolfo Ardila Elorza.

6.1. Daño moral.

En este orden, se accederá a los requerimientos deprecados en la demanda, motivo por el que los perjuicios morales serán decretados, previa aclaración de que, conforme a lo expresado por la Sala de manera reiterada(79), este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes que hayan acreditado el parentesco o un vínculo afectivo con el occiso.

Así las cosas, se reconocerán este tipo de perjuicios para todos los demandantes, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(80).

De manera que, la subsección aprovecha esta oportunidad para reiterar la jurisprudencia —acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de la Sala Plena de la Sección Tercera y la posición mayoritaria de la Subsección C(81)— sobre la materia, según la cual el daño moral al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser tasado a partir de criterios objetivos o tablas de punto, razón por la que para su liquidación se ha optado por la aplicación del arbitrio juris, postulado que se integra a la nomoárquica jurídica, y que, lejos de reflejar parámetros de arbitrariedad, su existencia y validez normativa encuentra fundamento en la sana crítica y en la reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente el operador judicial para reconocer vía compensación una afectación a un bien tan personalísimo como las lesiones a la esfera u órbita interna y afectiva de la persona(82).

Comoquiera que la jurisprudencia ha considerado que el daño corporal de alguno de los miembros de la familia afecta a los demás, y que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado —según el arbitrio judicial—, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la prueba de la relación de consanguinidad, entre la víctima, sus padres y sus hermanos. En efecto, la prueba de la relación de consanguinidad y afectividad permiten inferir el estrecho vínculo entre la víctima y sus deudos.

Establecido el parentesco, se da por probado el perjuicio moral, con motivo de la muerte de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que en este tipo de eventos se causa dolor y angustia a sus parientes cercanos, con quienes conformaba su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad.

En ese orden de ideas, respecto de los gramos de oro solicitados como indemnización se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2013 y se condenará, a la demandada, a pagar 100 salarios para Ovidio Adolfo Ardila y María Fabiola Elorza, y 50 salarios para cada uno de sus hermanos, Freddy Alberto, Claudia Patricia y Astrid Jeannette Ardila Elorza.

6.2. Daño material.

6.2.1. Daño emergente.

En la demanda se deprecó, por este concepto, la suma de $ 500.000, a cuyo monto ascendieron los gastos de inhumación de la víctima. Sin embargo, toda vez que para acreditar dichas expensas solo se aportó la factura 0038, expedida por la Ebanistería Yarumal —por concepto del cofre mortuorio, hábito y veladoras empleados en el sepelio de Ovidio Adolfo Ardila Elorza—, y en la misma no obra el requisito del nombre a quién se facturó (fl. 9, cdno. 1), dicho rubro se tiene por no demostrado y en consecuencia no podrá concederse.

6.2.2. Lucro cesante.

En relación con el lucro cesante, si bien es cierto que se verificaron testimonios que afirmaron que Ovidio Adolfo Ardila Elorza trabajaba como latonero en un taller de mecánica —devengando de $ 17.000 a $ 20.000 semanales—, lo cierto es que ninguna otra prueba se allegó para despejar, sin lugar a duda, tal afirmación. No obstante, comoquiera que el joven Ardila Elorza superaba la mayoría de edad y se encontraba en plenitud de su capacidad productiva, pese a la falta de contundencia de las pruebas allegadas para acreditar el lucro cesante, la indemnización —bajo esta modalidad— se liquidará con base en el salario mínimo de la época, conforme a la presunción de que toda persona en edad productiva devenga —por lo menos—, el ingreso mínimo vigente, esto es, $ 81.510. No obstante, puesto que tal cifra —traída al valor presente—, sigue siendo inferior al mínimo establecido en la actualidad, se tendrá como base para la liquidación el más reciente, que asciende a $ 589.500.

La suma de $ 589.500 debe ser adicionada en un 25%, por el valor de las prestaciones sociales, para un total de $ 736.875, suma a la que se le descuenta un 25% correspondiente a lo que la víctima destinaba a su propio sostenimiento ($ 184.219), lo que arroja el salario base de liquidación en $ 552.656. Además, se tendrá en cuenta que Ovidio Adolfo Ardila Elorza cumpliría 25 años de edad el 29 de octubre de 1998.

El salario base de liquidación se dividirá equitativamente y solo entre los padres de Ovidio Adolfo Ardila Elorza —correspondiéndole a cada uno $ 276.328—, pues no se aportó al sumario prueba alguna que acreditara de manera fehaciente la ayuda o colaboración a sus hermanos. En los testimonios rendidos para tal efecto, así se verificaron las respuestas de Norma del Socorro Zea González y Wilmer José de Ávila Manjarrés, respectivamente:

“(...) Preguntado doce: díganos si con motivo de la muerte de Ovidio, su familia sufrió perjuicios morales y económicos y cómo se manifiestan estos? Respuesta: si porque la mamá de él es muy inhábil, no le sirve una mano, y el muchacho era muy buen hijo, era uno de los hijos mejores que tenía y el esposo muy borracho muy irresponsable, él era muy buen hijo le daba la comida, de los otros trabajaba el hijo que es chofer pero él tiene obligación. Preguntado trece: díganos si esta familia es unida y gozan de buena reputación? Respuesta: sí, ellos unidos si son, porque ellos se han colaborado mucho el uno con el otro, ellos se criaron juntos, muy buena familia, el papá es chofer (...)” (fl. 53, cdno. 1).

“(...) Preguntado trece: díganos si con motivo de la muerte de Ovidio su familia tuvo sufrimientos morales? Respuesta: sí, porque hubo mucho sufrimiento, era buen hijo. Preguntado catorce: díganos si usted se enteró si Ovidio Ardila ayudaba a sus padres y hermanos con el escaso ingreso que recibía como producto de su trabajo? Respuesta: sí, él le ayudaba a la mamá, me daba cuenta porque él me contaba, era buen hijo, buen hermano (...). Preguntado dieciocho: díganos si la familia de Ovidio es unida y se ayuda mutuamente? Respuesta: pues la señora tiene muchos problemas con el marido, ellos están separados, los hijos le ayudan a ella, ella está donde una hija en Medellín. Ovidio le ayudaba, Freddy también le ayudaba a la mamá, era taxista (...)” (fl. 54, cdno. 1).

Si bien se presume que los hijos permanecen en el hogar hasta los 25 años y —durante este lapso, hallándose en edad productiva—, aportan a su sostenimiento, es igualmente cierto que además de alegarlo, se debió demostrar la pretendida ayuda que Ovidio Adolfo le daba a sus hermanos. No obstante, lo dicho al respecto por los testigos es, a todas luces, insuficiente para definir con certeza el apoyo económico que la víctima podía ofrecer a sus fraternos. No ocurre igual respecto a los padres de quienes, para reforzar la presunción, se dijo expresamente que contaban con la ayuda de su penúltimo hijo, quien una vez prestó su servicio militar, se ubicó laboralmente en un taller de latonería para aportar al sostenimiento del hogar.

La indemnización a que tiene derecho comprende un período que se cuenta desde la fecha del deceso —sep. 29/93— hasta el día en que Ovidio Adolfo cumpliría los 25 años de edad, es decir, el 29 de octubre de 1998, para un total de 61 meses, de lo cual resulta:

Lucro cesante a favor de Ovidio Adolfo Ardila, padre biológico del señor Ovidio Adolfo Ardila Elorza:

Liquidación de la indemnización consolidada:

 

1995-00998ecu1.bmp
 

 

1995-00998ecu2.bmp
 

 

S = $ 19’570.319,7

La indemnización debida —por concepto de lucro cesante—, a favor de Ovidio Adolfo Ardila, se obtiene un valor total de $ 19’570.319,7

Lucro cesante a favor de María Fabiola Elorza, Madre del señor Ovidio Adolfo Ardila Elorza.

Liquidación de la indemnización consolidada:

 

1995-00998ecu3.bmp
 

 

1995-00998ecu4.bmp
 

 

S = $ 19’570.319,7

La indemnización debida —por concepto de lucro cesante—, a favor de María Fabiola Elorza, se obtiene un valor total de $ 19’570.319,7

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 7 de marzo de 2003, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Declárase a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, administrativamente responsable por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda.

3 Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar a las personas que a continuación se relacionan las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

 

Ovidio Adolfo Ardila100 smmlv
María Fabiola Elorza100 smmlv
Freddy Alberto Ardila Elorza50 smmlv
Claudia Patricia Ardila Elorza50 smmlv
Astrid Jeannette Ardila Elorza50 smmlv

 

4. Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar a Ovidio Adolfo Ardila y María Fabiola Ardila Elorza la suma de $ 19’570.319,7 para cada uno, por concepto de perjuicios materiales —en la modalidad de lucro cesante—, y $ 1’209.092., para los dos —en la modalidad de daño emergente—.

5. Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a la reparación de la violación de los derechos humanos del joven Ovidio Adolfo Ardila Elorza, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

(i) Se ordena la construcción de un monumento alegórico a la vida, a cargo de la Policía Nacional, que se erigirá en el parque principal del municipio de Yarumal, Antioquia, teniendo en cuenta que frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás.

(ii) Se ordena al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y al Archivo General de la Nación, la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, con el fin de que integre y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación colombiana, tanto como la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas.

6. Désele cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas.

8. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666; de 8 de febrero de 2001, Expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, Expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, Expediente 05001-23-31-000-1993-0621-01 (12789).

(2) ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella (negrillas fuera del texto original).

(3) Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666; de 8 de febrero de 2001, Expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, Expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, Expediente 05001-23-31-000-1993-0621-01 (12789).

(4) ART. 316.—Informes de policía judicial. Quienes ejerzan funciones de policía judicial rendirán sus informes, mediante certificación jurada, a la unidad de fiscalía. Estos se suscribirán con sus nombres y apellidos y el número del documento que los identifique como policía judicial. Deberán precisar si quien los suscribe participó o no en los hechos materia del informe.

(5) “El capitán del Ejército Rafael Herney González Pérez —más conocido como el capitán Represa por la serie de asesinatos que se le atribuyeron en el norte y nordeste de Antioquia a comienzos de los años noventa (y cuyos cadáveres aparecían flotando en la represa hidroeléctrica de Yarumal)— perteneciente al batallón del Ejército Pedro Nel Ospina, tampoco tuvo un final feliz: fue investigado penalmente (proceso 23.621) y el 30 de noviembre de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo condenatorio emitido el 7 de octubre de 2003 por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Medellín, que lo halló penalmente responsable del delito de homicidio agravado. Represa fue condenado a veintitrés años de prisión. Aunque la condena fue solamente por uno de los crímenes cometidos por él y otros diecisiete soldados, es un principio de aplicación de la justicia que, al menos, lo tendrá tras las rejas por una buena temporada. El caso por el cual fue condenado fue la simulación de un operativo contra la guerrilla, dirigido por él, en el que fueron capturados cinco supuestos subversivos. Pero días después, aparecieron los cadáveres y resultaron ser los cuerpos de los cinco campesinos desaparecidos” (Behar, Olga. “El Clan de los Doce Apóstoles —conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses—” Editorial Icono, 2011, pág. 306).

(6) “(...) Esa labor horripilante y aterradora de la limpieza social la ha llevado la Policía Nacional y me consta, porque cuando yo fui Juez de Instrucción allá en 1971, había un grupo de limpieza (...) y me correspondió a mi investigarlos, y por ello hubo condenas, el comandante de la Policía de esa época me mandó asesinar. Posteriormente, decían que esa labor le correspondía al F2 la cual ignoro, pero en el año de 1989 se desaparecieron de allá una gran cantidad de personas que, cuando vino ese verano aterrador se secaron las represas y en la represa de Miraflores encontraron diez esqueletos ya, y se decía que el director del grupo era el comandante de la Policía de Yarumal y la gente en la calle le gritaba asesino, lo llamaban el Capitán Fantasma y él se preciaba de ser la persona que sembraba el terror. Los delitos los cometían en una Nissan Patrol viejo que la gente del pueblo eufemísticamente lo llamaban el carro funerario. Cuando llegué a la posición de alcalde el primer acto que hice fue solicitar a través del gobernador de la época que trasladaran ese señor de allá, y si no estoy mal lo trasladaron para Ocaña (...)” (fls. 62 y 63, cdno. 15 de la Fiscalía).

(7) “Este y otros crímenes más llevaron a Alexander de Jesús Amaya a prisión. Desde allí, fue uno de los testigos clave que comenzó a destapar la vinculación del oficial Juan Carlos Meneses en varios de los hechos que protagonizaron los Doce Apóstoles y mencionó con insistencia la aparente orientación general del grupo, por parte de Santiago Uribe (...).

Amaya cumplió su sentencia y al parecer, hoy vive clandestino en Medellín en donde, se asegura, es uno de los jefes de un grupo criminal que azota la ciudad. Según el mayor Meneses, otros policías, como El Ruso, de la Sijín, y el cabo Rodríguez siguen activos en la Policía” (Behar, Olga. “El Clan de los Doce Apóstoles —conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses—” Editorial Icono, 2011, págs. 301 y 302).

(8) “... Nadie podrá ser investigado más de una vez por la misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aún cuando a esta se le dé una nominación diferente...”.

(9) “... la prueba testimonial, tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, negar esta propensión es negar el fundamento de las pruebas personales y negar que el problema fundamental del hombre es el retorno a sí mismo”. Parra Quijano, Jairo. Tratado de la prueba judicial. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá. 1982, pág. 29.

“La prueba testimonial es generalmente la principal... es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y los oídos de la justicia’”. Gorphe, Francois. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1967, pág. 367.

(10) “(...) Más conocida como la “Estrella del Norte”, Yarumal es una bella población antioqueña de 24 kilómetros cuadrados, enclavada en las montañas de la cordillera central de Colombia.

(...) Sus ricas tierras han hecho de este municipio un centro de producción agropecuaria y de actividades comerciales de gran importancia. Junto con Valdivia (al norte), Campamento y Angostura (al oriente) y Santa Rosa de Osos (al sur) forma el conjunto más dinámico de actividad económica del departamento de Antioquia, siendo más privilegiada aún su posición debido a la cercanía de la capital, Medellín (123 km) (...).

Todas estas condiciones crearon poco a poco no solo un polo de desarrollo lechero y ganadero, sino que Yarumal también se convirtió en un foco para la lucha guerrillera. A comienzos de la década de los noventa, ya había en esa región una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

(...).

Los problemas que vivían los grandes y medianos hacendados, así como los dueños de sitios de comercio, hicieron que en algún momento cundiera el desespero y estas víctimas de la guerrilla decidieran tomar medidas de seguridad propias, ante unas autoridades del Ejército y Policía que eran totalmente ineficientes e inoperantes.

Según lo explica la organización no gubernamental Proyecto Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad (www.colombianuncamas.org):

“(...) Se trataba de las Autodefensas del Norte Lechero, conformadas en marzo de 1993 como un organismo local de la fuerza pública llamado Sección de Orden Ciudadano, SOC, y que fuera creado para llevar a cabo labores de la mal llamada “limpieza social”. El grupo paramilitar, que contó con el auspicio de la Asociación de Comerciantes de Yarumal, Ascoya, así como con el respaldo del cura párroco de la localidad, sacerdote Gonzalo Palacio, fue integrado y promovido por miembros del Ejército y la Policía adscritos al Batallón Pedro Nel Ospina, a la base militar Marconi, a la Estación de Policía y la Sub Sijín del Distrito de Policía 7 de la misma población (...)”.

Según la investigación de Colombia Nunca Más, en yarumal hubo una “actuación coordinada con el alcalde de la época y con los comerciantes, el capitán González Pérez y, después de su traslado, el teniente Franklin Alexander Téllez Arévalo de la Policía Nacional” para promover reuniones donde se hablaba sobre las medidas de seguridad que se deberían tomar. En ellas participaron, además de los miembros de la fuerza pública, algunas personalidades como el párroco del municipio, padre Palacio.

Fue cuando se decidió la creación de la SOC que tenía como función, según lo aprobado en el cabildo municipal, “prestar vigilancia y dar seguridad a los establecimientos de comercio, entidades públicas y personalidades del municipio, además de ayudar económicamente a las fuerzas armadas tanto con dinero en efectivo como con muebles o enseres que necesitara el Ejército o la Policía para cumplir sus funciones, auspicio económico realizado por Ascoya”.

Años después se logró establecer que, entre los aportantes a Ascoya había personas que tenían la mejor intención, entre ellos, el comerciante Donato Vargas, quien era el encargado de recolectar los dineros. Pero, aprovechando esta circunstancia, se conformó otro grupo, este sí clandestino, que recaudaba grandes sumas de dinero para la configuración de un grupo de autodefensas. Los comerciantes y ganaderos que lo financiaron, al mismo tiempo pagaban la cuota que Donato apuntaba con estricto orden en un libro que estaba a la vista de todos los habitantes del lugar. La buena intención se entremezcló con la visión malévola de los incipientes paramilitares lo cual llevó a que, cuando la Fiscalía comenzó a investigar los hechos de “limpieza social” que acabaron con las vidas de más de cincuenta personas —buena parte de ellos delincuentes de poca monta y personas vulnerables del casco urbano—, enfocara sus pesquisas en los que no tenían nada que ver. Por esta razón, Donato Vargas y otros comerciantes fueron encarcelados, junto con algunos de los sicarios. Sin embargo, las muertes ensangrentaron aún más a Yarumal.

Las acciones tenían, además, un componente rural cuyo objetivo era arrasar con todo lo que oliera a guerrilla. Ante simples rumores o sospechas de que algún habitante colaboraba o se relacionaba con la subversión, los sicarios actuaban para erradicar el “mal” de raíz.

El Ejército y la Policía fueron aliados naturales de esta organización que tiempo después se conocería como el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. Y fueron los que permitieron y patrocinaron el aumento del sicariato como fórmula efectiva de control social, sin tener que arriesgar el pellejo (...).

(...).

Entre 1992 y 1994 hubo una estela de muerte que comenzó a ser investigada, pero no de manera aislada, sino en el contexto de una estrategia paramilitar que incluía vastas zonas de Antioquia, Córdoba y el Magdalena Medio (...)”.

Pero las autoridades regionales y nacionales, la Fiscalía y la justicia hicieron oídos sordos. Los procesos judiciales que se abrieron a partir de 1994 nunca produjeron resultados concretos y tan solo fueron encausados los mandos inferiores y algunos de los sicarios (...)” (Behar, Olga. “El Clan de los Doce Apóstoles —conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses—” Editorial Icono, 2011, págs. 27 a 33).

(11) “(...) La declaración de la señora Soto Cárdenas le permite concluir a la Sala que los hechos catalogados de “limpieza social” que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal eran de conocimiento generalizado, tanto por sus habitantes como por las autoridades del lugar y que incluso, existían serios indicios de que miembros de la Policía y del Ejército Nacional hacían parte del grupo de perpetradores o al menos, que toleraban o colaboraban con el mismo. En razón de lo anterior la personera municipal se convirtió en la receptora de las denuncias y quejas de los ciudadanos que sentían que su vida peligraba y con ocasión de las indagaciones y reportes efectuados por ella, recibió amenazas anónimas (...)” Consejo de Estado. Sentencia del 8 de febrero de 2012, Expediente 21.521. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.

“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

(13) “La Sala ha dicho repetidas veces también que la absolución penal en todos los casos la absolución de la entidad en el proceso de responsabilidad patrimonial, porque las dos relaciones se subsumen para su definición en dos normatividades diferentes, hasta el punto de que ni siquiera puede hablarse, en tales eventos, de prejudicialidad mientras se define la responsabilidad penal del servidor público autor del ilícito. Normatividad una, que define la conducta culposa o dolosa del servidor desde la perspectiva del derecho penal y otra, que estudia esa conducta en relación con el funcionamiento del servicio para ver si pone de presente que por esa misma conducta, funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 1993, Expediente 7863, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

“Cabe destacar que si bien es cierto que se absolvió penal y disciplinariamente a los miembros de la Policía sindicados del homicidio del señor Leal Niño, esas decisiones, tal como lo ha considerado la Sala, no tienen fuerza de cosa juzgada en este proceso porque en este no se juzga la responsabilidad personal de esos funcionarios sino la patrimonial de la entidad a la cual se hallaban vinculados aquellos, pero, además, como bien lo destacó el Ministerio Público en el escrito de alegaciones, esas decisiones obedecieron a la aplicación del principio de in dubio pro reo, pero en las distintas providencias que se dictaron en ellos se hizo alusión a la gravedad de los indicios con los cuales se acreditaba que la retención del hoy occiso sí fue ejecutada por miembros de la Policía Nacional, indicios que la Sala ha construido, igualmente, con las pruebas que obran en este proceso y que resultan suficientes para proferir sentencia favorable a los intereses de los demandantes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, Expediente 16.572. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado colombiano como social de derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C.N., art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal”, en sentencia de 17 de junio de 2004, Expediente 15208, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(15) Cfr. Declaración Universal de los Derechos humanos, artículo 1º; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948), considerandos 1 y 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, preámbulo.

(16) Vid. Serrano Pérez, Miguel Ángel, La dignidad de la persona humana, en VVAA, La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 Aniversario, CIEP, Editorial Bosch, Barcelona, 1998, p. 217.

(17) Consejo de Estado. Sentencia del 8 de febrero de 2012, Expediente 21.521. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Teoría general de la prueba en derecho civil o exposición comparada de los principios de la prueba civil y de sus diversas aplicaciones en Italia, Francia, Alemania, tomo V, cuarta edición, Madrid, Editorial Reus, 1983, página 110.

(19) Sentencia de Casación Penal 04-05-94 Gaceta Judicial 2469, página 629.

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, proceso: 15610.

(21) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, proceso: 15610.

(22) Ibídem.

(23) “En el caso de la desaparición forzada de ciudadanos, consciente de la dificultad de recaudarse en el plenario pruebas directas demostrativas de la responsabilidad patrimonial de la administración, la Sala ha acudido a medios probatorios tales como los indicios, para fundamentar sus decisiones”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 22 de abril de 2004, Expediente 14.240.

“Antes de entrar en el análisis de la prueba en el caso concreto, debe anticiparse que la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de noviembre de 2002, Expediente 12.812. Ver también sentencia del 18 de junio de 2008, Expediente 15.625.

(24) “En varias ocasiones ha tenido la Sala oportunidad de manejar casos como el presente, en los cuales no aparece la prueba directa para demostrar la autoría de un homicidio, ni las circunstancias mismas de tiempo, modo y lugar en que aquel se ejecutó. En tales ocurrencias se ha dicho que exigir esa prueba directa equivaldría a pedir una prueba imposible por lo que se hace necesario mediante un manejo Inteligente, técnico y adecuado de los demás elementos probatorios disponibles, procurar establecer desde el punto de vista administrativo cual ha sido la participación oficial en el hecho dañoso correspondiente. Lo anterior, con el objeto de que en casos como el examinado se pueda establecer lo más seguramente posible cual fue el destino de quienes por una u otra razón se ven privados de su libertad por cuenta de organismos estatales de seguridad y más tarde aparecen lesionados o desaparecen para luego encontrarlos como cadáveres, en muchos casos torturados”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de diciembre de 2002, Expediente 13.922.

(25) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de abril de 1997, Expediente 10.138.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de mayo de 2011, Expediente 19.355, C.P. Enrique Gil Botero.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 1992, Expediente 6986, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2010, Expediente 16975, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado:

“[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El comité considera que los Estados partes deben tomar medidas no solo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades” Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comentario general 6/1982, párr. 3 y cfr. también comentario general 14/1984, párr. 1).

(30) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Expediente 17.318, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(32) Comité de Derechos Humanos, Caso Kindler vs. Canadá, comunicación 470 de 1991, dictamen aprobado el 18/11/93, en el mismo sentido vid. Comité de Derechos Humanos, observación general 06: derecho a la vida (art. 6º) 30/04/82.

(33) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 1/96, caso 10.559, Chumbivilcas vs. Perú, 1º de marzo de 1996.

(34) Delegatario Zalamea Costa, Alberto, comisión primera de la ANAC, 16 de abril de 1991.

(35) A juicio del otrora juez constitucional cuando la Carta Política de 1886 prohibió en forma absoluta al legislador imponer la pena capital, “se refiere a la pena de muerte en su sentido natural y obvio, o sea a la extinción de la vida humana”: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia 16 de mayo de 1974, M.P. Luis Sarmiento Buitrago.

(36) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 30 de octubre de 1978, M.P. Luis Carlos Sáchica Aponte.

(37) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 4 de agosto de 1981, M.P. Mario Latorre Rueda.

(38) Vergés Ramírez, Salvador, Derechos Humanos: fundamentación, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 197 y ss.

(39) En España, por ejemplo, el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona está consignado en el artículo 10 de la Constitución Nacional de 1978 “situado a la cabeza del título destinado a tratar los derechos y deberes fundamentales”, mientras que el derecho a la vida está previsto en el artículo 15 “a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos” (STC 53/1985, FJ 3º).

(40) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 86/99, caso 11.589, Armando Aljendre y otros vs. Cuba, 29 de septiembre de 1999.

(41) Tribunal Constitucional Español, Sentencia STC 53/1985 FJ 3º.

(42) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de septiembre de 1999.

(43) Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 32, caso 10545 (Colombia), en www.cidh.org

(44) Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-013 de 1997, M.P. Hernández Galindo y C-239 de 1997, M.P. Gaviria.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 15567. En el mismo sentido sentencias del 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.894 y del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996, C.P. Enrique Gil Botero.

(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 15567. En el mismo sentido sentencias del 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.894 y del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996, C.P. Enrique Gil Botero.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 17.896, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 13303, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de mayo de 2011, Expediente 19.355, C.P. Enrique Gil Botero.

(50) Ferrajoli, Lüigi “Derechos y garantías. La ley del más débil”, Ed. Trotta, Madrid, 2ª ed., 2001, págs. 24, 25 y 27.

(51) Pufendorf, Samuel “De jure naturae et gentium”, citado por Welzel, Hans “Introducción a la Filosofía del Derecho”, Ed. Aguilar, pág. 145.

(52) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y caso Escué Zapata (vs.) Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(53) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs.) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.

(54) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C 63, párr. 144. Ver también caso del penal Miguel Castro Castro, supra nota 14 párr. 237, y caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63.

(55) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Ximenes López. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C número 149, párr. 124.

(56) Cfr. Caso masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C número 140, párr. 119. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C número 147, párr. 82.

(57) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también caso del penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 31, párr. 64.

(58) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 83. Ver también caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 31, párr. 64, y caso de las masacres de Ituango. Sentencia de 1º de julio de 2006. Serie C número 148, párr. 129.

(59) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también caso del penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C número 155, párr. 14.

(60) Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 31, párr. 66. Ver también caso del penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 238, y caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 102.

(61) Cfr. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el relator especial Philip Alston. Asamblea General de Naciones Unidas (Doc. A/61/311), LIX período de sesiones, 5 de septiembre de 2006, párr. 36. Citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs.) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.

(62) Corte Interamericana. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez en la sentencia de reparaciones del caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 22 de febrero de 2002.

(63) Corte Interamericana. Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de reparaciones, párr. 50.

(64) Corte Interamericana. Caso masacre de pueblo Bello. Párr. 273.

(65) Corte Interamericana. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. Párr. 68.

(66) Ibídem.

(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2007, Expediente 29.273, M.P. Enrique Gil Botero. Así mismo, cf. sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(68) Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

(69) Sentencia T-563 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(70) La Comisión de Derechos Humanos pidió al secretario general designar un experto independiente que actualizara el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i) conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en cumplimiento de la Resolución 2003/72 —Luis Joinet 1997— y iii) que recogiera las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a la profesora Diane Orentlicher y presentado como Add.1 conjuntamente con el informe E/CN.4/2005/102.

(71) Corte Constitucional, Sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(72) Zagrebelsky, Gustavo “El derecho dúctil”, Ed. Trotta.

(73) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

“(...)”.

(74) Determina el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario...”.

(75) “La positivización de los derechos humanos ha hecho entonces más dúctil y más maleables el razonamiento judicial, de suerte que la justicia se ha vuelto más “gradual”. Hoy en día, muchas de las decisiones judiciales sobre derechos humanos dependen en gran medida del grado de afectación de los derechos y valores en conflicto, según las circunstancias del caso específico, por lo cual la mayoría de las distinciones relevantes en estos casos son más diferencias de grado, de intensidad, que rígidas oposiciones cualitativas.

“(...) La gradualidad de la justicia constitucional se expresa también en el hecho de que ni los tribunales ni los documentos constitucionales y de derechos humanos determinan a priori y en forma absoluta las soluciones a los potenciales conflictos, sino que la propia práctica jurisprudencial y las diluciones que ella suscita permiten ir ajustando progresivamente los criterio de decisión”. Uprimny, Rodrigo “La universalidad de los derechos humanos: conflictos entre derechos, conceptos de democracia, e interpretación jurídica” en “Pensamiento jurídico. Revista de teoría del derecho y análisis jurídico”, Universidad Nacional de Colombia, pág. 98 y ss.

(76) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, Expediente 18364, M.P. Enrique Gil Botero.

(77) Señala la directriz 7 de la serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, preparada por el Sr. Theo van Boven de conformidad con la decisión 1995/117 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías: “De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiere, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá se proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. Tomado de “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, compilación de documentos de la Organización de Naciones Unidas, Comisión Nacional de Juristas, Bogotá, 2007, pág. 307.

(78) Artículo 144. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.

Los archivos judiciales estarán a cargo de la rama judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales.

PAR. 1º—En ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Los entes territoriales, en desarrollo de los principios de autonomía y descentralización, pueden desarrollar iniciativas sobre la materia y crear espacios dedicados a esta labor.

PAR. 2º—La Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o modificación de los archivos administrativos en todas las instituciones oficiales, del nivel regional y nacional. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes, y de los documentos que tengan carácter reservado.

PAR. 3º—Para efectos de la aplicación del presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el capítulo X sobre conservación de archivos contenido en la Ley 975 de 2005.

PAR. 4º—Los documentos que no tengan carácter reservado y reposen en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico.

PAR. 5º—La obtención de las copias que se soliciten, serán con cargo al solicitante.

(79) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, Expediente 18586, del 13 de agosto de 2008, Expediente 17042, y del 1º de octubre de 2008, Expediente 27268.

(80) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(81) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 1º de febrero de 2012, Expediente 20106 y del 14 de marzo de 2012, Expediente 21859, M.P. Enrique Gil Botero.

(82) Sobre la improcedencia de la aplicación del test de proporcionalidad en la tasación de los perjuicios morales, véase: sentencia del 5 de julio de 2012, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Expediente 21.928; sentencia del 19 de noviembre de 2012, Expediente 24.260; sentencia del 24 de abril de 2013, Expediente 26.195; sentencia del 8 de mayo de 2013, Expediente 26.754, entre otras.