Sentencia 1995-01007 de abril 25 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Consejero Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Rad. 19001-23-31-000-1995-01007-01(20813)

Ref.: Acción contractual

Actor: César Obando Velasco

Demandado: Instituto de la Reforma Agraria, Incora

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

Mediante el presente proceso se persigue la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre el demandante y el Incora a través de la escritura pública 3.322 del 18 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría 1ª de Popayán, por haberse configurado, presuntamente, lesión enorme en la determinación de su precio.

No hay duda que corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la cuantía del proceso, se estimó en más de $ 200.000.000, mientras que el monto exigido para el año 1995, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de controversias contractuales tuviera vocación de segunda instancia era de $ 13.460.000(21).

De otra parte la Sala es igualmente competente para conocer del presente proceso, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 87 ibídem, porque si bien es cierto que, aunque en la demanda no se precisa con claridad cuál es la acción impetrada, pues se hace referencia a una “demanda ordinaria”, del contexto de la misma, resulta claro que aquella fue instaurada en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales, dadas las pretensiones formuladas en la demanda, mediante las cuales se cuestiona un contrato de compraventa de bien inmueble celebrado por el Incora, con el objeto de adquirir un inmueble rural en desarrollo de los fines perseguidos por las leyes 135 de 1961, 30 de 1988 y 160 de 1994.

En oportunidades anteriores y en asuntos encaminados a obtener la rescisión del contrato de compraventa de inmuebles por lesión enorme, la Sala ha admitido su competencia, como también ha precisado sin lugar a equívocos que la acción procedente es la contractual; es así como ha sostenido:

“Así las cosas, vistas las competencias radicadas en las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo en materia agraria, y aunque no se encuentre entre sus diferentes procesos el aludido por la actora habrá que concluir con apoyo en la jurisprudencia sentada por esta Sala en su sentencia de septiembre 15 de 1983, ratificada en la de diciembre 4 de 1989 y que ahora se reitera, que la competencia es de esta jurisdicción, por ser suya la relacionada con las controversias derivadas de los contratos administrativos (CCA, arts. 87, 131 y 132, num. 8º y 136 in fine).

En este orden de ideas, esta jurisdicción es la competente para conocer de la acción rescisoria por lesión enorme instaurada contra contratos celebrados por el Incora en compraventa de inmuebles rurales, en desarrollo de los fines perseguidos por la Ley 135 de 1961 con las modificaciones introducidas por leyes posteriores, incluida la Ley 30 de 1988”.

En oportunidad posterior, la Sala reiteró su criterio respecto de la competencia que le corresponde para conocer de los procesos de rescisión del contrato por lesión enorme, en los siguientes términos:

“... La lesión enorme es hecho que, de ser cierto, solo puede alegarse mediante el ejercicio de la acción contractual por rescisión del contrato de compraventa de inmueble por lesión enorme.

En anterior oportunidad la Sala acudiendo al Código Civil explicó que cuando un contratista cree que el precio fijado en un contrato de compraventa no resulta ser objetivamente el real, debe utilizar la acción contractual la cual se manifiesta, por el aspecto en comento, en la pretensión principal o de rescisión del contrato o responsabilidad contractual por lesión enorme, la cual es posible de acuerdo con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo pues su artículo 87, sobre la acción de controversias contractuales, no es restrictivo en cuanto su objeto al prever que se podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y “que se hagan otras declaraciones y condenas”.

Así las cosas y teniendo en cuenta las normas legales y la jurisprudencia a que se ha hecho referencia, la Sala es competente para conocer del asunto materia de estudio.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

En el derecho privado está regulado el contrato de compraventa de bienes inmuebles en los artículos 1857 y siguientes del Código Civil.

Cuando es una entidad de derecho público la que celebra ese negocio jurídico debe tenerse en cuenta que podrá solicitar el avalúo del bien inmueble al Instituto Agustín Codazzi. Para ese efecto el ordenamiento jurídico otorgó a ese instituto, entre otras facultades administrativas, las de avaluar los bienes inmuebles de interés para el Estado (L. 135/61, L. 30/88).

Si bien el Código Civil indica, en el artículo 1954, que “La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha del contrato” esta disposición no es aplicable cuando se trata de los contratos de compraventa de bienes inmuebles celebrados por el Estado, porque existe una disposición especial que regula la materia.

En efecto: El Código Contencioso Administrativo dispone en el artículo 136, en la forma en que fue modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, norma procesal vigente tanto al momento de celebración del contrato de compraventa en referencia, como en el momento en que empezaron a correr los términos para el ejercicio de la acción, prescribía lo siguiente:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones. ’... las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento’”.

El punto al que, en primer orden, se contrae la alzada es la caducidad de la acción ejercida en el presente proceso, cuya solución depende de absolver el siguiente interrogante: ¿Si el término de caducidad de la acción rescisoria por lesión enorme, fijado en cuatro años en el artículo 1954 del Código Civil, resulta aplicable a los contratos de compraventa de bienes inmuebles en cuya celebración intervienen o participan entidades estatales?

Para la Sala la respuesta es negativa, porque la rescisión por lesión enorme, cuando una de las partes del negocio jurídico de compraventa de inmueble es una entidad del Estado, la demanda debe encausarse mediante la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Precisamente esa misma codificación, mediante norma especial, preferente para los procesos que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y adicionalmente posterior en el tiempo a aquella que en su artículo 1945 recoge el Código Civil, ha regulado el término dentro del cual el interesado puede ejercer la acción contractual, que no es otro que el de los dos años previsto en el artículo 136, norma procesal de orden público, de aplicación inmediata y, como ya se indicó, preferente frente a las disposiciones del Código Civil cuando se trata de contratos estatales.

Así lo ha destacado reiterada jurisprudencia de la Sala:

“Fuera de esa previsión especial, sobre el avalúo de bienes inmuebles en la enajenación de bienes para el Estado o por el Estado, por lo general en lo demás se le aplican al contrato de compraventa las normas civiles, salvo también en lo que concierne con el tiempo para acudir al juez en demanda de la rescisión. En efecto: si bien el Código Civil indica, en el artículo 1.954, que “La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha del contrato” esta disposición no es aplicable cuando se trata de los contratos de compraventa de bienes inmuebles celebrados por el Estado porque el Código Contencioso Administrativo dispone que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales será de dos años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (art. 87), por lo general”.

En este orden de ideas, la Sala reafirma el criterio de que por regla general, en los contratos estatales para el ejerció de la acción rescisoria por lesión enorme no se aplica el término de cuatro (4) años, establecido en el artículo 1954 del Código Civil, sino el de caducidad de dos (2) años consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Para el presente caso, está demostrado que entre el demandante César Obando Velasco y el Instituto de la Reforma Agraria, Incora, se celebró contrato de compraventa el cual está contenido en la escritura pública número 3.322 del 18 de noviembre de 1992 de la Notaría 1ª de Popayán(22), a través de la cual el señor César Obando Velasco le vendió al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, el predio rural denominado “El Higuerón”, con una extensión de 92 hectáreas con 2.250 m2, junto con sus mejoras, siembras, bosques y anexidades, ubicadas en la zona rural del municipio de el Tambo Cauca, cuyos linderos aparecen relacionados en el hecho 1º del escrito de demanda.

Este contrato se registró en el folio de matrícula inmobiliaria número 120-0019473 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circuito de Popayán, el 20 de noviembre de 1992(23).

Por lo tanto el cómputo del termino de caducidad de la acción incoada (2 años) señalados en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para las acciones de controversias contractuales, empezó a correr el 21 de noviembre de 1992, día siguiente al de la fecha en que se hace la inscripción en el registro del contrato de compraventa contenido en la escritura pública número 3322 de noviembre 16 de 1992; luego el término de caducidad vencía el 21 de noviembre de 1994 y dado que el actor presentó la demanda el 8 de septiembre de 1995(24), para dicha fecha la acción estaba más que caducada.

Se contabiliza el término de caducidad a partir del registro, porque de conformidad con el artículo 756 del Código Civil, la tradición de bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo cual significa, que si el título no se registra no se transmite el derecho (CC, art. 756).

En este orden de ideas, el titular del derecho de dominio de un bien inmueble es quien aparece inscrito como tal en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo correspondiente, como lo dispone el estatuto de registro de instrumentos públicos (D.L. 1250/70), que regula las inscripciones en la matrícula inmobiliaria y tiene como objeto —el registro—, servir de medio de transmisión de la propiedad inmueble y de constitución de los derechos reales desmembrados de la misma, como de las limitaciones que se le impongan y de dar publicidad a la titularidad de los derechos reales inmobiliarios y a las limitaciones que los afecten. La propiedad y demás derechos reales en bienes inmuebles, solo existen y se transmiten mediante la inscripción en la matrícula inmobiliaria(25).

“Por tanto, la publicidad que se le da al titular o titulares del derecho de dominio y a la situación jurídica en que se encuentra determinado inmueble mediante el registro, es oponible a terceros”(26).

Desde esta perspectiva, fácilmente se comprende que para acreditar la propiedad sea necesaria la prueba idónea del respectivo título, aparejada de la constancia —o certificación— de haberse materializado el correspondiente modo. No el uno o el otro, sino los dos, pues cada cual da fe de fenómenos jurídicos diferentes, lo que se hace más incontestable cuando ambos son solemnes, como acontece tratándose de inmuebles, dado que la prueba de haberse hecho la tradición no da cuenta del título, que necesariamente debe constar en escritura pública (C.C. art. 1857, inc. 2º y D. 960/70, art. 12), ni la exhibición de dicho instrumento público, sin registrar, puede acreditar aquel modo, que reclama la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos (C.C. art. 756 y D. 1250/70, art. 2º). Por eso el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, establece que “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad”, norma que se complementa con lo previsto en los artículos 256 del Código de Procedimiento Civil y 43 del Decreto 1250 de 1970, el último de los cuales precisa que “Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina...”.

Así las cosas, le asiste razón suficiente al a quo para declarar probada la excepción de caducidad de la acción, de donde la sentencia apelada se debe confirmar.

3. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. No se condena en costas, por no encontrarse mérito para ello.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(21) D. 597/88.

(22) Fls. 84-89, cdno. 1.

(23) Fls. 100 y 101, ib.

(24) Fl. 137, ib.

(25) Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil, Derechos Reales. Bogotá. Tomo II, 1996, pág. 507.

(26) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de agosto de 2000, expediente 10.821.