Sentencia 1995-01183 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76001-23-24-000-1995-01183-01 (19470)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Ernesto Calderón Millán y otros.

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., julio siete de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en proceso de doble instancia(1), seguido contra la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca —CVC—, en contra de la demanda mediante la cual se accedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

Se advierte por la Sala, que como la sentencia sólo es apelada por la parte demandada, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que el recurso se entiende interpuesto respecto a lo desfavorable al apelante.

2. Aspectos procesales previos.

La Sala advierte que dentro del plenario obran como pruebas entre otras, la investigación penal adelantada por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Buenaventura, prueba solicitada por la parte demandante y coadyuvada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Empresa Energía del Pacífico EPSA ESP, la curadora ad litem del señor Pedro Azarías Quintero y la Compañía de seguros La Previsora S.A., esto es, tanto por la parte demandada como de los llamados en garantía, prueba que fue decretada por el tribunal por auto del 1º de julio de 1997. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(2), por lo que será valorada en su integridad por la Sala.

3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

1. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(3) de la responsabilidad del Estado(4) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(5) y de su patrimonio(6), sin distinguir su condición, situación e interés(7). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(8); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(9).

2. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(10) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(11) tanto por la acción, como por la omisión.

3. En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“… antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otra lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”(12).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(13).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(14).

Así mismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala, un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(15). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(16), anormal(17) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(18).

4. Ahora bien, en cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene,

“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(19).

5. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(20), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(21). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(22).

6. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(23). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(24).

7. Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(25). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(26).

8. Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(27) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(28) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(29).

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“… el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(30) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(31). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(32).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(33)(34).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta mas (sic) de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(35). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(36).

9. En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

3. Régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de conducción de vehículos automotores(37). 

La conducción de vehículos automotores ha sido considerada por el Consejo de Estado como una actividad riesgosa o peligrosa, por cuanto comporta un peligro potencial para los bienes o derechos protegidos por el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo anterior, esta corporación ha estudiado el tema desde la óptica de la responsabilidad objetiva, aplicando para ello el concepto de riesgo excepcional(38). En tal sentido, para efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, como quiera que es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que éste fue causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa, a menos que se demuestre una ausencia de imputación(39).

Ahora bien, algún sector de la jurisprudencia, ha determinado que cuando el accidente de tránsito ha ocurrido con la participación de un vehículo oficial y otro de carácter particular, la actividad se neutraliza, transformando el régimen a una falla en el servicio(40). Sin embargo, existe otra posición jurisprudencial consistente en determinar que aunque se presente la actividad de dos o más vehículos automotores no puede mutar la responsabilidad objetiva por la responsabilidad de la falla en el servicio(41).

4. Problema jurídico

¿El accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de la entidad demandada causó un daño antijurídico atribuible al Estado, lo que produjo como consecuencia las lesiones padecidas por la señora Janeth Gutiérrez Ramírez?

5. Lo que se debate.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “CVC.,” dentro de su escrito de recurso de apelación manifestó tres puntos fundamentales de su inconformidad para solicitar la revocatoria de la sentencia de segunda instancia, de las cuales la Sala hará el siguiente estudio.

5.1. Aplicación de la falla presunta en actividades peligrosas.

Sostuvo la recurrente que en el presente caso no era posible aplicarse la falla presunta como lo había determinado el a quo, teniendo en cuenta que la señora Janeth Gutiérrez Ramírez al momento del hecho también estaba conduciendo un vehículo, por lo que debió probarse la falla de la entidad demandada.

Tal como se expresó anteriormente, la jurisprudencia de la corporación ha definido que la actividad de conducción de vehículos automotores se encuentra enmarcada bajo el título objetivo de riesgo excepcional(42), dejando a un lado la aplicación de la falla del servicio sea presunta o probada, con base en la actividad de peligro desplegada por los sujetos que concretan la situación de hecho, como se puede observan en el presente caso.

Ahora bien, de acuerdo con los hechos probados se tiene lo siguiente:

1. El 2 de abril de 1993 hacia las 12 del mediodía, la señora Janeth Gutiérrez Ramírez se encontraba manejando la motocicleta marca honda, modelo 1992, color rojo, de placas WBC17 por la Avenida Ciudad Bolívar de la ciudad de Buenaventura, dirigiéndose de su lugar de trabajo a su residencia, cuando se accidentó con el campero, marca Nissan, color verde y blanco, modelo 1979 de placas ON-6374 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y conducido por el señor Pedro Azarías Quintero, quien era contratista de la CVC para la época de los hechos. Lo anterior, se pudo constatar con la copia del informe de policía allegado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Buenaventura (fls. 4 y 5, cdno. 3), oficio de la CVC, remitida a la investigación penal adelantada contra el señor Pedro A. Quintero por el delito de lesiones personales, quien informó que para el momento de los hechos éste conducía el vehículo en mención y, por último, copia del contrato de prestación de servicios Nº SE-UP-019-93 suscrito el 4 de marzo de 1993 entre la CVC y el señor Pedro A Quintero (fl. 234, cdno. 1).

2. Copia del informe de policía del 2 de abril de 1993 en el que se describió el estado del tiempo como normal, el diseño de las vías catalogadas como intersecciones, de zona residencial, rectas, planas, con pendiente la vía por donde conducía el señor Azarías Quintero y con aceras, un sentido para cada una de las vías por donde transitaba tanto el vehículo de la CVC como la motocicleta. Se observó que había dos vías, la primera por donde se dirigía el campero de la CVC donde había una señal de pare y la vía por donde conducía la señora Janeth Gutiérrez sin que existiera alguna señal de tránsito (fls. 4 y 5, cdno. 3).

3. Obra copia de la historia clínica remitida por el Instituto de Seguro Social, IPS Clínica Rafael Uribe Uribe en la que consta lo siguiente:

“(…) 93-04-02 Pte remitida de B/ventura a las 12:30 con Dx:

1) TCE

2) Fractura radio derecha

3) Trauma cervical

Presentó pérdida de conocimiento de ± 15 minutos, sin convulsiones actualmente estable y lúcida.

(…) Cx: Valoración por Neurología

Rx cráneo, cervical Ap y tranlateral y de odontoides con boca abierta

Rx de pelvis (…)” (fl. 56, cdno. 3).

4. Copia del certificado de incapacidad por 45 días a la señora Janeth Gutiérrez expedido por el Instituto de Seguros Sociales, iniciando desde el 2 de abril de 1993 (fl. 56 parte posterior cdno. 3).

5. Copia de la investigación penal adelantada contra el señor Pedro Azarías Quintero por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito, que concluyó con la resolución interlocutoria del 13 de diciembre de 1996 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Buenaventura, en el que declaró la prescripción de la acción contravencional seguida en contra el mencionado señor, por cuanto había pasado más de dos años contados a partir del acaecimiento del hecho (fl. 93, cdno. 2).

Dentro de la investigación penal se tiene en cuenta las siguientes declaraciones relevantes para el asunto:

i) Miguel Antonio Gamboa Mosquera (fl. 27, cdno. 2):

“(…) PREGUNTADO: —Sírvase hacer una narración clara y detallada de los hechos del presente asunto— CONTESTO: Como al medio día, del día dos de abril, Janeth Gutiérrez venía bajando por la autopista Simón Bolívar en el cruce del Barrio el Jorge, íba (sic) a una velocidad de unos 30, venía en un carro de la CVC que tenía que hacer el PARE y se lo comió, JANETH se estrelló con el carro, que paró más adelante, enseguida de ella venía un policía, yo venía atrás de ella y con un amigo WALNERY la ayudamos y la llevamos al hospital hasta que llegaron los familiares de ella, después la trasladaron era la ciudad de Cali, es todo… el estado del día era soleado … se dirigía arriba hacia su casa cuando ella íba (sic) el conductor del carro no hizo el pare correspondiente (…)” (fl. 27, cdno. 2) (resaltado por la Sala).

ii) Declaración del agente de tránsito José María Orobio (fls. 56 y 57, cdno. 2):

“(…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar las circunstancia (sic) de tiempo, modo y lugar donde se produjo el accidente. CONTESTO: En la avenida simón frente al Jorge. PREGUNTADO: Sírvase manifestar que personas salieron lesionadas el día del accidente. CONTESTO: Salió lesionada la señora Janeth Gutiérrez Ramírez, yo fui al hospital pero había mucha gente directamente no la observé. PREGUNTADO Continúa, después del accidente entré a pedirle el pase y los documentos de la motocicleta, como estaba bastante golpeada no hablaba bien. (…) PREGUNTADO: Manifieste al despacho con que (sic) clase de vehículo se le lesión (sic) la señora Yaneth. CONTESTO: Un carro Nissan Verde (…) PREGUNTADO: Manifieste si el conductor del carro presentó los documentos del carro. CONTESTO: Si lo presentó, pero el (sic) tenía el seguro obligatorio vencido (…) PREGUNTADO: Manifieste al despacho quien tuvo la culpa del accidente. CONTESTO: El conductor del vehículo ya que el (sic) debía hacer el pare del Jorge. PREGUNTADO: Sírvase manifestar cual era el estado del tiempo. CONTESTO: Esta seca eran las 12:35 de la tarde. PREGUNTADO: Manifieste si hubieron (sic) testigos de estos hechos. CONTESTO: No. (…)” (resaltado por la Sala).

Así mismo, dentro de la investigación de carácter penal, se efectuaron 3 reconocimientos médicos elaborados por el Instituto de Medicina Legal. En el primero de ellos, practicado el 25 de junio de 1993 se determinó lo siguiente:

“(…) Descripción de las lesiones: El 25 de junio de 1993, hora: presenta cicatriz en región retroauricular izquierda, mide 3 cms, Irregular, hipopigmentada, manifiesta que presentó fractura de muñeca derecha y trauma rodilla derecha, presenta cicatriz a nivel del cuello, región submandibular izquierda, mide 6 cms. Hiperpigmentada, oblicua.

Debe volver a un segundo reconocimiento, aportando historia clínica, relacionada con los hechos o certificado médico, para definirle efectos médicos legales solicitados (…)” (fl. 36, cdno. 2).

El segundo reconocimiento con fecha 3 de mayo de 1995 arrojó como resultado lo siguiente:

“(…) En el primer dictamen claramente se solicitó historia clínica de las instituciones que la atendieron, sinembargo (sic) y después de tanto tiempo (jun./93) la señora Gutiérrez no trae dicha historia, solo trae un electroencefalograma de trazo anormal pero que bajo ninguna circunstancia asegura que sea consecuencia del accidente.

Al momento ninguna de las cicatrices descritas en el primer dictamen son ostensibles (…)” (fl. 91, cdno. 2).

Por último, el tercer reconocimiento legal determinó lo siguiente:

“(…) 25 de junio de 1996

(…) Se puede determinar que al momento del examen en la fecha no se encuentran signos, ni síntomas que ameriten incapacidad médico legal, ni se evidencian secuelas (…)” (fl. 28, cdno. 2).

6. Declaración de señor José María Orobio en el proceso contencioso administrativo, quien para el momento de los hechos era Guarda de tránsito (fls. 131 y 132, cdno. 2):

“(…) bajo la gravedad de juramento declare sobre los hechos ocurridos en el accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 1993 a las 12:00 A.M., en la carrera 63 B Nº 3-43 del barrio panamericano de esta ciudad. Quien expuso: Se corrige, frente a la entrada del barrio el Jorge y fue atropellada por un vehículo marca Nisan (sic) modelo 1979, color verde y blanco placa ON6374 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC y conducido por el señor pedto (sic) A. Quintero Quien (sic) expuso: No puedo decir nada, por cuanto en este momento no tengo a la vista el croquis o el informe del guarda de tránsito, y como de eso hace más de cuatro años, no me acuerdo de los acontecimientos. En este estado de la diligencia solicita el uso de la palabra el Dr. Héctor Hubert Riascos Urbano, concedida que le fué (sic) manifestó: PREGUNTADO. Sírvase decir al despacho si para esa época en que sucedieron los despachos (sic) existían en ese sector semáforos? CONTESTO. No, para esa época no existían semáforos. Dígale al despacho, si antes de instalar los semáforos quienes transitaban por la autopista o avenida, que se dirigían hacia el continente - si llevaban la vía y los que del continente que se dirigían hacia el centro de la ciudad, o calle 5a que se dirigen hacia el Jorge llevan la vía, o están obligados a realizar el pare. CONTESTO. Los que ván (sic) hacia el continente por la avenida llevan la vía, pero con precaución. Los que vienen del continente que ván (sic) a voltear hacía el Jorge, tienen que hacer el pare. Allí existe la señal de pare. (…). En este estado de la diligencia solicita el uso de la palabra el D. Gerardo Andrés Figueroa Martínez, Concedida que le fue expuso; PREGUNTADO. a que hace referencia usted cuando dice que quien transita por la autopista debe hacerlo con precaución?. CONTESTO. Yo Quiero decir con precaución que el motorista que va por la avenida, aunque lleve la vía, no debe confiarse del otro motorista que venga de la parte del continente que tiene que hacer el pare. PREGUNTADO. Recuerda usted, si para la fecha del 2 de abril de 1993, en el cruce de las vías antes mencionados existía aun (sic) existen algún tipo deobstáculo (sic) que dificulte o impida la visibilidad de los conductores al momento de cruzar la vía? CONTESTO. No, recuerdo (…)”.

Testimonio de José Walney Quintero Hernández en el proceso contencioso administrativo y quien fue testigo presencial de los hechos: (Fls. 155 y 156, cdno. 2).

“(…) solicita al testigo que le haga un relato acerca de los hechos que nos ocupa y una vez tuvo conocimiento de los mismos, manifestó: (…) cuando sucedió el accidente, este sucedió unos 5 o 6 años atrás, me parece que fue después de la semana santa, yo fui testigo presencial de este accidente sucedió, en la salida del Jorge por el Hospital donde está el Semáforo actualmente en la autopista. Esto sucedió al medio día ya habíamos salido del trabajo. El accidente ocurrió porque el carro de la CVC medio frenó en ese cruce pero siguió derecho a pesar de que ella le pitó ella iba conduciendo una moto pequeña no recuerdo bien la marca, yo iba atrás de ella también conduciendo una moto venía a diez o a quince metros de distancia de ella, por eso aprecié el accidente. (…) PREGUNTADO: Infórmele al Juzgado si en el sitio del accidente, en la fecha en que este ocurrió existían señales de tránsitos o preventivas que indicarán cuál de los conductores está obligado hacer el pare. Indicará si también existía semáforos? CONTESTO: Semáforos no había, el pare tenía que hacerlo el carro de la CVC. El pare se encuentra demarcado en la esquina y en la intercesión de la calle 6 a con carrera 19 y está obligado hacerlo el conductor del vehículo de la CVC. PREGUNTADO: Indíquele al despacho, cómo identificó usted que el vehículo causante del accidente era de la CVC? CONTESTO: Por que (sic) tenía los emblemas de la Institución, no recuerdo el numero (sic) de la placa de ese vehículo. Recuerdo que era una camioneta Nissan de color verde con letras blancas y decía CVC con letricas pequeñas en la puerta. (...) PREGUNTADO: Indiquele (sic) al despacho, si lo recuerda, que clase de lesiones sufrió la señora Janeth Gutiérrez Ramírez? CONTESTO: Yo rcuerdo (sic) que tuvo problemas en una rodilla, fractura en una mano creo que fue la derecha, heridas en el mentón y detrás de la oreja, inicialmente fue atendida en el hospital de Buenaventura en Urgencias y posteriormente la llevaron para Cali. (…)” (resaltado por la Sala).

7. Oficio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura del 14 de agosto de 1997 (fl. 3, cdno. 3) dando respuesta a la solicitud de informar cuál vía tiene prelación entre la Avenida Simón Bolívar frente a la entrada del barrio San Jorge de Buenaventura y se solicitó allegar copia de toda la actuación adelantada respecto del accidente. En el escrito se expresó lo siguiente:

“(…) interpretando el croquis descriptivo del hecho y su respectiva señalización tiene la prelación aquella vía donde no figura el PARE, es decir la vía codificada con el número 5 en el croquis elaborado por el Agente de tránsito que conoció del insuceso (resaltado por la Sala).

Por otra parte le informo que en este despacho no se adelantó ninguna clase de investigación ya que en el insuceso se presentaron “lesiones personales”, motivo por el cual las diligencias una vez recibidas fueron registradas en el libro radicador Nº 01, bajo la Partida Nº 0119 de la Inspección Segunda de Contravenciones de este organismo de tránsito, y enviadas posteriormente a la autoridad competente, siendo recibidas las mismas por el Juzgado 4 Penal Municipal (Reparto) por competencia el día 4 de mayo de 1993 (…)”.

8. Oficio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura del 14 de agosto de 1997 (fl. 1, cdno. 3) en el que dio respuesta a la solicitud de certificar si la señora Janeth Gutiérrez Ramírez en el momento del accidente ocurrido el 2 de abril de 1993 portaba casco protector de seguridad conforme con las normas legales establecidas para los conductores de motocicletas. La Secretaría informó lo siguiente:

“(…) manifestándole que a pesar de que en la planilla de accidentes aparece la casilla para demarcar si los conductores llevaban o no casco, el Policía de Tránsito que conoció del insuceso no lo demarcó, y en la actualidad no se encuentra laborando en esta ciudad para que nos confirme este interrogante. El nombre del agente es Gustavo López Achipiz y fue trasladado a la ciudad de Cali, de quien en el Comando de la Policía del Pacífico nos suministraron su número telefónico (…) para que si a bien lo estima se comunique con el mismo para que personalmente le resuelva esta pregunta (…)” (fl. 1, cdno. 3).

9. Sobre la propiedad del vehículo campero, marca Nissan, modelo 1979 de placas ON-6374 no aparece prueba por parte de la autoridad competente que certifique que sea de propiedad de la CVC, sin embargo, en la contestación de la demanda por parte de esta entidad demandada (fl. 49, cdno. 1) y de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA ESP, llamada en garantía (fl. 231, cdno. 1), expresaron que el mencionado vehículo era de propiedad de la CVC. Así mismo, se puede observar que la corporación al suscribir la póliza de seguros de automóvil Nº 306460 y sus anexos modificatorios con la Previsora S.A., se ampararon varios automotores de propiedad de la misma entidad, entre ellos, el vehículo en mención (fl. 23, cdno. 3).

De acuerdo con el anterior acervo probatorio se pudo constatar la ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 1993 en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Buenaventura cuando colisionaron dos vehículos, un campero y una motocicleta, quedado herida la señora Janeth Gutiérrez Ramírez.

5.1.1. El daño antijurídico.

Se encuentra plenamente demostrado que la señora Janeth Gutiérrez Ramírez como consecuencia del accidente de tránsito obtuvo algunas lesiones corporales tales como trauma cráneo-encefálico, fractura radio derecha y trauma cervical como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 1993 en la avenida Simón Bolívar frente al Barrio El Jorge en la ciudad de Buenaventura, contra el vehículo de la corporación y conducido por el señor Pedro Azarías Quintero, quien era contratista de la mencionada entidad. Las anteriores lesiones se probaron conforme a la historia clínica remitida por el ISS (fls. 56 y 57, cdno. 3).

5.1.2. Imputación de la responsabilidad.

Tal como se señaló en los eventos de actividades peligrosas, específicamente en la conducción de vehículos, la Sala en diferentes oportunidades ha determinado que el título de imputación es el riesgo excepcional, por cuanto se ha creado un riesgo anormal para las personas que la administración está llamada a responder por los daños que con la actividad ocasione. Ahora bien, como atrás se mencionó, si el hecho ocurre como consecuencia de la participación de dos vehículos, la jurisprudencia ha determinado que se neutraliza las actividades peligrosas desplegadas por los intervinientes del hecho, cambiando el régimen objetivo por el de falla en el servicio. Otro análisis, por el contrario, especifica que no muta el título de imputación, manteniéndose la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional(43).

Si bien el a quo estudió el caso bajo la falla presunta de responsabilidad, con el ánimo de definir el régimen aplicable cuando se produce un daño antijurídico con ocasión de la concurrencia de dos actividades peligrosas, en especial la conducción de vehículos automotores, la Sala señala la necesidad de fundarse en el resultado dañoso como elemento central para determinar la imputación de la responsabilidad, de tal manera que no sea necesario entrar en un debate de si opera un régimen subjetivo de falla o un régimen objetivo de riesgo excepcional, ya que esto sería limitar la litis a un escenario causalista cuando la tendencia que viene consolidándose en el precedente de la Sala se orienta hacia la atribución jurídica del daño, como consecuencia del resultado y del deber de indemnizar que existe en cabeza del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política(44).

Con base en lo anterior, de las pruebas obrantes en el proceso se concluye que el resultado dañoso de las lesiones padecidas por la señora Janeth Gutiérrez Ramírez, surgió como consecuencia de la omisión de la señal de pare(45) por parte del señor Pedro A. Quintero en la avenida Simón Bolívar cerca al barrio El Jorge en la ciudad de Buenaventura, generando como resultado un daño que no estaba llamado a soportar como una carga la lesionada, de lo que deriva la atribución jurídica del misma en cabeza del Estado, es decir, de la entidad demandada.

Ahora bien, la sentencia de primera instancia se expresó lo siguiente:

“(…) Para la Sala no le alberga duda, la responsabilidad del ente público demandado en las lesiones infringidas a la señora Janeth Gutiérrez Ramírez (…)” (fl. 411, cdno. ppal.).

“(…) Según la relación legal contractual suscrita el 30 de diciembre de 1994 el Convenio Interadministrativo Nº 1 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Empresa de Energía del Pacifico EPSA ESP en virtud del cual se aclaran los aspectos referentes a la transición y responsabilidades generales y estando la última entidad llamada en garantía, atenderá la condena promulgada en esta providencia (…)”. (fls. 412 y 413, cdno. ppal.).

Sin duda, para la Sala el fallo de primera instancia establece claramente que cabe atribuir la responsabilidad por el daño antijurídico ocasionado en cabeza del ente público demandado, esto es, de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. Así mismo, se encuentra que en el fallo del a quo se resolvió condenar, también, a la Empresa de Energía del Pacífico EPSA ESP, en su condición de llamado en garantía. Dicho llamamiento en garantía, es decir, la relación sustancial entre el llamante (CVC) y el llamado (EPSA), tiene su fundamento en lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del convenio interadministrativo celebrado entre estas entidades públicas el 30 de diciembre de 1994 que a la letra dice:

“(…) Cláusula vigésima segunda. Manejo de procesos jurídicos: (…) b) Procesos nuevos. En cuanto a los procesos que se inicien con posterioridad al 1° de enero de 1995, contra CVC, contra EPSA o contra ambas entidades en razón a las actividades de generación, transmisión, distribución, y comercialización de energía, ambas entidades acordarán los términos para la atención de los mismos, la recopilación de pruebas, el manejo de la carga probatoria y la contratación de los asesores legales y el estudio de las posibles fórmulas de conciliación, entre otros asuntos que puedan ser manejados de común acuerdo. En lo económico la responsabilidad estará a cargo de EPSA, tanto para los costos del proceso, como para el pago de las eventuales condenas; por tal motivo EPSA no podrá acudir a CVC en acción de repetición de los dineros pagados por tales conceptos ya que la colaboración de la CVC es únicamente de manejo. En caso de que el pago sea efectuado por CVC, ésta podrá repetir contra EPSA, en razón de la cláusula de solidaridad de que trata el esquema de escisión patrimonial de CVC. Ambas entidades tienen las obligaciones de informar el inicio de cualquier proceso, inmediatamente sean notificadas de la demanda, con el fin de recibir el apoyo oportuno de la otra entidad. De manera especial CVC deberá informar a EPSA las demandas de que sean objeto so pena de entrar a responder directamente por las condenas y sanciones que llegaren a imponerse, debido a que su actitud será calificada como negligente (…)” (fl. 147, cdno. 1).

Por un error de técnica jurídica del a quo en la parte resolutiva del fallo de primera instancia, no se expresó lo que en la parte motiva de la providencia es claro e indudable, esto es, que la atribución de responsabilidad se imputaba a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y no solamente al llamado en garantía, quien en todo caso responderá solamente si el demandado principal resulta vencido y responsable dentro del proceso al que ha sido convocado, siguiendo sistemáticamente lo establecido en los siguientes preceptos del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 57.—(…) El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores (…)”.

“ART. 56.—(…) En la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de éste (…)”.

Luego, la Sala debe dejar claro que confirma la sentencia de primera instancia que declaró en su parte motiva que cabía imputar la responsabilidad por el daño antijurídico derivado del accidente de tránsito a la CVC, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda, conforme a la relación sustancial entre llamante y llamado en garantía, a EPSA, en los términos en los que se estableció en el fallo de primera instancia, sin perjuicio de la actualización que opera en materia de indemnización de los perjuicios morales, a tenor del precedente de la Sala fijado en el año 2001.

Para la Sala, se trata sin duda de cumplir con el principio de congruencia como pilar fundamental del contenido de la sentencia, tal como se contiene en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil.

5.2. Llamamiento en garantía del señor Pedro Azarías Quintero.

Sostiene el recurrente que si en dado caso de concluirse la falla, también es cierto que la misma se originó por el hecho del señor Pedro A. Quintero, por lo que la sentencia del a quo yerra en absolver al mencionado señor por no vislumbrarse dolo o culpa grave, pero la CVC, considera que con el actuar negligente e imprudente del señor Quintero se condenó a la entidad demandada, por lo que no puede exonerarse de responsabilidad económica al quien estuvo vinculado con la corporación por contrato de prestación de servicio.

Al respecto se tiene el llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

En los juicios ante esa jurisdicción, el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite para los procesos de naturaleza contractual y los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil (CPC, arts. 57, 56, 55 y 54), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil al ocuparse de la figura remite a las normas que rigen la denuncia del pleito, en relación con la cual el escrito que la contenga debe reunir los siguientes requisitos: 1) Nombre del llamado o el de su representante según sea el caso; 2) Indicación de su domicilio, residencia, habitación u oficina; 3) Los hechos y fundamentos de derecho en que se basa el llamamiento y 4) La dirección donde el llamado podrá recibir las notificaciones.

Adicionalmente, existe la carga de aportar prueba sumaria de la existencia del derecho legal o contractual a formular el llamamiento en garantía. Es decir, es indispensable para la procedencia del llamamiento en garantía, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que dicha vinculación implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al tercero, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial(46).

De conformidad con el precedente de la Sala

“(…) “En desarrollo del artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El texto anterior prevé la facultad que tiene el demandado para solicitar la vinculación de terceros hasta el último día de fijación en lista. (…) La norma citada permite concluir que el llamamiento lo puede realizar tanto el demandante como el demandado. El primero de ellos con la presentación de la demanda y el demandado en el escrito de contestación. La petición procede cuando una de las partes tenga derecho legal o contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia. El juez al desatar el proceso, estudiará primero la relación sustancial existente entre demandante y demandado y si las pretensiones de aquel están llamadas a prosperar, deberá analizar la relación existente entre el llamante y el llamado con el objeto de determinar si se debe imponer alguna obligación al llamado. Sobre el particular, la Sala ha sostenido que si el llamamiento encuentra su origen en una relación legal y no contractual, bastará la mención y análisis de las disposiciones legales que lo permitan para que prospere la vinculación del tercero; a pesar, de que la parte que provoca el llamamiento tiene la carga en principio de acompañar la prueba sumaria de su existencia. Sin embargo, dicha afirmación, resulta válida siempre que la fuente de la obligación sea un contrato, pero, se insiste no sucede lo mismo cuando el título jurídico que respalda el llamamiento es la ley. Se hace referencia a la relación legal existente entre parte y llamado en garantía, toda vez que el nexo que hace procedente el llamamiento en garantía de los agentes estatales citados por la parte accionada, se funda en normas constitucionales y legales. Auto de 5 de marzo de 2004. Expediente 25203. Puede verse también auto de 27 de enero de 2005, expediente 27825(47).

Conforme a lo anterior, si bien el llamamiento en garantía promovido por el Ministerio Público y por la Empresa de Energía del Pacífica EPSA ESP, contra el señor Pedro A. Quintero llenó los requisitos formales contemplados en las disposiciones pertinentes para que fuera llamado al proceso, se tiene que no se demostró por parte de la demandada o de la llamada en garantía EPSA ESP o del Ministerio Público prueba alguna que indicara la culpa grave o dolo en el comportamiento del mencionado señor en la ocurrencia de los hechos. Por lo tanto no se llamará a responder al señor Quintero.

5.3. Perjuicios morales.

La entidad recurrente consideró que la tasación del monto de los perjuicios morales es exagerado, teniendo en cuenta que la lesionada solo tuvo una incapacidad de 45 días y no tuvo secuelas por razón del accidente, solicitando sea reducida el quantum indemnizatorio por este concepto (fl. 427, cdno. ppal.).

Advierte la Sala que es imprescindible examinar lo concerniente a los perjuicios morales decretados en esa oportunidad, toda vez que estos fueron tasados en el equivalente a “gramos oro”, aspecto que es necesario modificar, a efectos de convertir el monto correspondiente a salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala tendrá en cuenta los criterios vertidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001 (exps. 13.232 y 15.646) fijándose en salarios mínimos legales mensuales vigentes como medida de tasación, con lo que se responda a la reparación integral y equitativa del daño al estimarse en moneda legal colombiana. Si bien a partir de 2001 la jurisprudencia viene aplicando como criterio de estimación de los perjuicios morales el salario mínimo mensual legal vigente, no deja de seguir siendo un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez de tasar tales perjuicios, sin lograr, aún, la consolidación de elementos objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración, estimación y tasación de los mismos, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad con lo que debe operar el juez y, no simplemente sustentarse en la denominada “cierta discrecionalidad”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala empleará un test de proporcionalidad para la liquidación de los perjuicios morales. El fundamento de este test no es otro que el principio de proporcionalidad, según el precedente jurisprudencial constitucional dicho principio comprende tres sub principios que son aplicables al mencionado test: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto.

En cuanto al primero, esto es, la idoneidad, debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como intensidad del dolor, alcance y dosificación de la incapacidad.

En cuanto al segundo, esto es la necesidad, la indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de afectación que se logre revelar en él o los individuos y que contribuyan a alcanzar el objetivo de dejarlos indemnes.

Finalmente, en cuanto al tercero, esto es la proporcionalidad en estricto sentido, con el test se busca que se compensen razonable y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima (víctimas) la ocurrencia del daño y su desdoblamiento(48).

Con base en lo anterior, la Sala liquidará la indemnización por los perjuicios morales a favor de las demandantes en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las condenas impuestas por el a quo en gramos oro fue de la siguiente manera:

Para Janeth Gutiérrez Ramírez, 500 gramos oro (lesionada)

Para Ernesto Calderín Millán, 250 gramos oro (esposo)

Para Leidy Johanna Calderón Gutiérrez, 250 gramos oro (hija)

Para Mercedes Ramírez, 250 gramos oro (madre)

Para Jhon Fredy Gutiérrez Ramírez y Miryam Stella Borrero Ramírez, a cada uno 100 gramos oro. (hermanos)

En salarios mínimos quedará la condena de la siguiente manera:

Janeth Gutiérrez Ramírez (lesionada)20 smlmv
Ernesto Calderón Millán (esposo)10 smlmv
Leidy Johanna Calderón Gutiérrez (hija)10 smlmv
Mercedes Ramírez (madre)10 smlmv
Jhon Fredy Gutiérrez Ramírez (hermano)5 smlmv
Miryam Stella Borrero Ramírez (hermana)5 smlmv

 

6. Medidas disciplinarias.

Por último, se observó que la apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca era la misma de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA ESP, atendiendo que la entidad demandada llamó en garantía a EPSA, situación que pone de manifiesto una falta contra la lealtad con el cliente, consagrada en el artículo 53 numeral 4º del Decreto 196 del 12 de febrero de 1971, vigente para la época que a la letra dice:

“(…) ART. 53.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…) 4. Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común (…)”.

Por lo anterior, se ordenará compulsar copias para la investigación correspondiente ante el Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confírmese y modifíquese los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21 de febrero de 2000:

“1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.

“2. DECLARAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca administrativamente responsable por las lesiones ocasionadas a la señora Janet Gutiérrez Ramírez como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 1993 en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Buenaventura

“3. Como resultado de la anterior declaración, la Empresa de Energía del Pacífico EPSA ESP, deberá pagar como llamado en garantía por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades: a Janeth Gutiérrez Ramírez 20 smlmv; Ernesto Calderón Millán 10 smlmv; Leidy Johanna Calderón Gutiérrez 10 smlmv; Mercedes Ramírez 10 smlmv; Jhon Fredy Gutiérrez Ramírez 5 smlmv y Miryam Stella Borrero Ramírez 5 smlmv.

“4. Niéguese el llamamiento en garantía de Pedro A Quintero.

“5. Negar demás pretensiones.

“6. Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, se expedirán las copias respectivas de la sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes, haciendo precisión sobre cuál de las copias resulta idónea para la efectividad de los derechos reconocidos.

SEGUNDO: Ordénese compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que inicie la investigación disciplinaria correspondiente a la abogada Ingrid Fernanda Ríos Duque por falta al artículo 53 numeral 4° del Decreto 196 de 1971.

TERCERO: Sin condena en costas

CUARTO: Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Subsección, procedo a señalar los motivos por los cuales, si bien comparto la decisión adoptada el 7 de julio del año 2011, aclaro mi voto en relación con un aspecto de la parte motiva del proveído en cuestión.

1. Argumentos sobre los cuales recae la presente aclaración de voto.

La corporación confirmó la sentencia proferida el 21 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

Los hechos relevantes del proceso se hacen consistir en que el 2 de abril de 1993 a eso del mediodía, Janeth Gutiérrez Ramírez se dirigía de su trabajo hacia su residencia ubicada en el municipio de Buenaventura en su motocicleta y en su transitar por la Avenida Bolívar frente a la entrada del Barrio “El Jorge”, fue accidentada por un campero de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, el cual era conducido por el señor Pedro A. Quintero, quien no atendió la señal de pare, causándole a la señora Gutiérrez Ramírez lesiones en la muñeca de la mano derecho, entre otras lesiones.

No existe reparo alguno en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de conducción de vehículos automotores, al considerarse esta como una actividad peligrosa o riesgosa que comporta un peligro potencial para los bienes o derechos protegidos por el ordenamiento jurídico, el cual se ajusta a los antecedentes jurisprudenciales de esta corporación.

2. Razones y fundamentos de la aclaración.

No ocurre lo mismo en cuanto a lo que se dice en la sentencia respecto al tema de la propiedad del vehículo que se afirma pertenece a la CVC. Se dice en el proyecto “que no aparece prueba por parte de la autoridad competente que certifique que sea de propiedad de la CVC, sin embargo, acepta como prueba de la misma las afirmaciones que hacen las partes demandadas en la contestación de la demanda y en los documentos allegados al momento de constituir la póliza de seguros.

Con el propósito de fundamentar nuestra inconformidad, inicialmente conviene precisar la naturaleza del registro público de vehículos automotores, para lo cual se acude al criterio fijado por el Consejo de Estado, que sobre el particular ha expresado:

“La exigencia de inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que presenta un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y, por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de medios probatorios.

No obstante, la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos”(1).

Ahora, para la época de los hechos (abr. 2/93) estaba vigente la Ley 53 de 1989, la cual, en su artículo 6º, disponía:

El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” (resaltado fuera de texto).

De otra parte, el Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para entonces) establecía en su artículo 87 (modificado por el D. 1809/90, art. 1º, num. 75):

“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente

(…).

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente” (subrayas fuera de texto).

Igualmente, debe agregarse que el Decreto 1809 de 1990, reglamentado por el Acuerdo 51 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra, disponía en su artículo 3º:

La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra, estará en cabeza del propietario, vendedor o comprador, mandatario, importador tenedor, poseedor del vehículo; médicos en la práctica de exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprendan” (resaltado fuera de texto).

De otra parte, pacíficamente el Consejo de Estado ha expresado en relación con la forma de acreditar la propiedad de los vehículos lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90) , para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que ésta se expide luego de perfeccionado el registro y por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”(2).

A su vez, actualmente la temática mantiene una regulación semejante, por cuanto el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre (L. 769/2002), consagra:

“ART. 46.—Inscripción de registro. Todo vehículo automotor, registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques. Todo vehículo automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión técnico - mecánica, que cumpla con los términos previstos en este código.

ART. 47.—Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar” (subraya fuera de texto).

Entonces, de acuerdo con lo señalado en precedencia, es claro que la inscripción en el Registro Terrestre Automotor, como se denominaba para la época de los hechos o, ahora, en el Registro Nacional Automotor, es la única manera de acreditar la propiedad de los vehículos en Colombia, y por ello todo acto que afecte la situación jurídica de un vehículo, tendrá consecuencias mientras no se proceda a su modificación o cancelación; por lo que consideramos que esa es la única prueba válida para acreditar la propiedad del vehículo, por tratarse de una prueba ad sustantiam actus, la cual no puede suplirse por las que señala la sentencia.

En los anteriores términos, dejo planteada mi posición en cuanto concierne a la forma como la Sala abordó el aspecto de la prueba de la propiedad de los vehículos automotores.

Olga Mélida Valle de De La Hoz 

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales si bien comparto la decisión adoptada el de julio del año en curso aclaro mi voto en relación con un aspecto de la parte motiva que, de conformidad con la posición mayoritaria, quedó plasmado en la respectiva providencia.

1. Argumento sobre el cual recae la presente aclaración de voto.

En el proveído, respecto del título de imputación se consignó lo siguiente:

“(…) En cuanto a esto cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, titulo autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(1). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(2).

2. Razones y fundamentos de la aclaración.

La imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico(3).

En otros términos, la imputación fáctica —y con ella la imputación objetiva del daño— consiste en un estudio retrospectivo que recae sobre la acción u omisión del sujeto, mientras que la imputación jurídica supone la realización de un análisis prospectivo y netamente normativo dirigido a determinar si, una vez establecida la atribución material del daño, existe o no el deber jurídico —subjetivo u objetivo— de resarcir el perjuicio.

Por lo anterior, la imputación objetiva se abre paso a la hora de definir la imputación fáctica de un resultado y, por lo tanto, de la mano del derecho penal(4), ha venido impregnando otras ramas como la administrativa y la civil, precisamente para suministrar un conjunto de muy útiles herramientas conceptuales propias y exclusivas de las ciencias sociales, dirigidas a que el operador judicial pueda establecer, al margen de la incertidumbre propia de la causalidad (nexo causal), cuándo un daño es imputable al obrar de un determinado sujeto.

La insuficiencia de las teorías causales ha sido puesta de presente por la doctrina mayoritaria penal y, en la actualidad, por los teóricos de la responsabilidad civil quienes, sin renunciar por completo al mal llamado nexo causal sí han reconocido la necesidad de reformular la aplicación de la causalidad para determinar la atribución de un resultado en cabeza de una persona o ente jurídico, razón por la que inclusive en este último campo del derecho se abre paso la teoría de la imputación objetiva para solucionar las deficiencias que se han advertido(5).

En estos términos, dejo sustentada mi posición.

Enrique Gil Botero

Fecha ut supra 

(1) La pretensión mayor corresponde $ 25.000.000 por concepto de lucro cesante, que a la fecha de presentación de la demanda, 31 de marzo de 1995 supera el valor exigido para que el proceso sea de dos instancias.

(2) Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

(3) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(4) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(5) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49.

(6) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(7) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(8) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

(9) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob. cit., págs. 120-121.

(10) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(11) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo leas (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

(15) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sentencia de 9 de febrero de 1995. Expediente 9550.

(16) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Radicación 2001-01541 AG.

(17) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Expediente: 12166.

(18) Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 1999-02382 AG.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

(20) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(21) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(22) “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

(23) “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.

(24) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

(25) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

(26) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Expediente: 14170.

(27) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (resaltado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 62.

(28) “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 64.

(29) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

(30) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, pág. 31.

(31) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs. 1 y ss.

(32) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(33) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Págs. 796 y ss.

(34) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(35) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999. Págs. 51 y ss. Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990. Pág. 389.

(36) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(37) Puede ser consultada la sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente 16708.

(38) Sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 16365. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18967.

(39) Sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 18005. Sentencia del 23 de junio de 2010, expediente: 19007.

(40) Sentencia del 3 mayo de 2007, expediente 16180. Sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente: 19147, entre otras.

(41) Sentencia del 14 de junio de 2010, expediente 18967. Sentencia del 23 de junio de 2010, expediente: 19007.

(42) “(…) No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (…)”. Ver entre otras, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696. Reiterada posición en sentencias del 28 de abril de 2919, expediente 19348 y 23 de junio de 2919, expediente 19007.

(43) Sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente 16708.

(44) Así lo ha definido la Sala en sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente 16708.

(45) Según lo establecido en el Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época, los conductores debe acatar entre muchas obligaciones, las siguientes: “(…) ART. 112.—Las señales de tránsito se dividen en:

1. Señales de reglamentación o reglamentaciones, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, y cuya violación constituye falta.

Estas señales deberán tener forma circular, con excepción de las señales de “Pare” y “Ceda el paso”. Las señales circulares tendrán los números y símbolos inscritos dentro de un anillo rojo (…)”.

“ART. 126.—Todo conductor, al detener su vehículo en vías pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás usuarios, y abstenerse de maniobras que pongan en peligro a otros vehículos y a las personas. (…)”.

“ART. 127.—El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda. (…)”.

“(…) ART. 138.—Los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos:

(…) 6. Cuando las señales de tránsito así lo ordenen (…)”.

(46) Ver entre otras, auto del 11 de octubre de 2996, expediente 32324 y auto del 28 de julio de 2919, expediente 38259.

(47) También se puede ver esta posición en sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 19231.

(48) Sentencias C-872 de 2003, C-125 de 2003 y C-858 de 2008.

(1) “El Derecho se dirige a hombres y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.

(2) Mir Puig, Santiago. Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

(3) Acerca de la diferencia entre el plano material y el jurídico, en este último en el cual se desenvuelve la imputación, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de forma ilustrativa, señaló: “No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño.

“No quiere significar lo precisado que, en este tipo de situaciones, no opere la causa extraña en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, sólo que, como se ha venido señalando, la acreditación de la eximente debe hacerse a través de la demostración de que, en estos precisos eventos, le resultaba a la entidad demandada absolutamente imprevisible e irresistible. Sin embargo, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, por regla general, tal y como lo ha aceptado la doctrina autorizada sobre la materia, no requieren para su configuración que se pruebe su imprevisibilidad e irresistibilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(4) Y si bien, como se ha señalado a lo largo de este documento, el principal desarrollo de la teoría de la imputación objetiva ha provenido del derecho penal alemán, lo cierto es que la génesis del concepto se encuentra en la obra del civilista y reconocido jurista Karl Larenz, como lo pone de presente el profesor García - Ripoll: “El origen más o menos reciente de la teoría de la imputación objetiva se encuentra en la obra del conocido civilista y también filósofo del derecho, Karl Larenz… [para quien] “designamos imputación objetiva el juicio sobre la cuestión de si un hecho es acto de un sujeto”. García - Ripoll Montijano, Martín, ob. cit., págs. 1 y 3.

(5) “Según este último enfoque debe reemplazarse la causalidad por la imputación objetiva —nombre con que se denomina también una determinada sistemática del delito, que pretende echar sus raíces en la concepción de Hegel y aun en la de Aristóteles—, criterio a partir del que se determina si un resultado preciso es o no atribuible o imputable objetivamente a un determinado comportamiento; con ello, se da un salto desde las teorías puramente naturalistas hasta las normativistas, aunque la verificación de la causalidad natural es un límite mínimo, pero no suficiente para la asignación del resultado”. Velásquez, Fernando “Derecho Penal - Parte General”, Ed. Comlibros, Cuarta Edición, Medellín, 2009, pág. 586 y 587.

(1) Sentencia del 7 de julio de 2005, Radicado 14975.

(2) Sentencia del 12 de septiembre de 2002, Radicación 13395.