Sentencia 1995-01337 de agosto 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301)

Consejero Ponente (E):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Aura María Riveros vda. de Garzón

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia

Referencia: apelación sentencia indemnizatoria

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones, relativas a i) la competencia para conocer del recurso; ii) el régimen de responsabilidad patrimonial; iii) las pruebas; iv) la responsabilidad de la demandada; v) los perjuicios.

I. Competencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca(1).

II. Régimen de responsabilidad patrimonial

El problema jurídico a resolver en el sub lite se contrae a la imputación de responsabilidad hecha por la parte demandante a la Nación por la existencia de errores cometidos en la tramitación de un proceso ejecutivo que había culminado con la respectiva adjudicación, a su favor, del bien inmueble embargado que respaldaba la deuda objeto de cobro judicial, a través de remate que, como consecuencia de tales errores, fue declarado sin valor, debiendo recibir la actora, tiempo después, la devolución de la misma suma de dinero que había pagado por el inmueble en la respectiva diligencia de remate.

Para la época en la cual sucedieron los hechos que dieron origen a la presente controversia —octubre de 1992, cuando se produjo la diligencia de remate y adjudicación del bien; diciembre de 1993, cuando se dejó sin valor el remate y febrero de 1994, cuando se devolvió el dinero pagado por la demandante—, aún no se había expedido la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que consagra expresamente los eventos de responsabilidad patrimonial por actuaciones y omisiones de la rama judicial, pero sí el artículo 90 de la Constitución Política, que contiene el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en general, al establecer que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, entre las cuales obviamente se encuentran las judiciales, quienes con sus actuaciones u omisiones también pueden ocasionar daños antijurídicos a terceros, que por lo tanto están en el deber de reparar.

Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la administración de justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996(2), correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el juzgado doce civil del circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado.

En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación, ya la jurisprudencia de la corporación, de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio(3):

C) Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales, que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad de la administración por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial. Esto explica que en el fallo de 10 de noviembre de 1967, dictado dentro del proceso 867, con ponencia del Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, se precisara:

“Una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de las sociedades y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad. No es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes unas veces por la inseguridad en que se mantienen los despachos judiciales y otros por negligencia de sus empleados”.

Queda, así bien en claro, que la responsabilidad por el mal funcionamiento judicial se ha venido aceptando en Colombia en forma excepcional”.

III. Las pruebas

En el plenario se acreditaron los siguientes hechos, relevantes para la litis:

3.1. La hipoteca que los señores Luis Alfredo Acosta Ospina y Graciela López de Acosta constituyeron a favor del señor Luis Eduardo Castillo Amaya, la cual recayó sobre un inmueble, lote de terreno junto con la casa de habitación ubicado en la Transversal 71C Nº 5 B-64 de la ciudad de Bogotá e identificado por los linderos descritos en la respectiva escritura pública, al cual le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0067280 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, según consta en la Escritura Pública Nº 1194 del 5 de mayo de 1988 y en el referido folio de matrícula inmobiliaria (copia auténtica de estos documentos, fls. 92 y 98, cdno. 2).

3.2. El proceso ejecutivo que se tramitó en el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, por demanda que presentó el señor Luis Eduardo Castillo Amaya contra Luis Alfredo Acosta Ospina y otra, copia auténtica del cual fue remitida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de Oficio Nº 567 del 11 de marzo de 1997, suscrito por el secretario del referido juzgado (fls. 76 a 360, cdno. 2):

— En la demanda que dio inicio a dicho proceso, se solicitó la venta en pública subasta del inmueble de propiedad de los demandados, “(…) consistente en un lote de terreno junto con la casa de habitación de dos (2) plantas en él construida, ubicada en esta ciudad de Bogotá, D.E., distinguida en la nomenclatura urbana con el número cinco B sesenta y cuatro (5-B-64) de la Transversal setenta y una C (71-C), conocida en el Catastro con la cédula número FA U D5C T71BIS 38; lote de terreno que es el marcado con el número catorce (14) de la manzana P veintidós (P-22) de la urbanización Las Américas, el cual tiene un área de ciento noventa y ocho metros cuadrados (…)”, con Matrícula Inmobiliaria Nº 050-0062280 (fl. 100, cdno. 2).

— Por medio de auto del 20 de febrero de 1989, el Juez doce Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo y secuestro del bien, decisión que comunicó al registrador de instrumentos públicos del circuito (fls. 106 y 107, cdno. 2).

— La medida de embargo fue inscrita en debida forma en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 0500067280 y el secuestro del bien se llevó a cabo en diligencia del 26 de julio de 1989 (fls. 108 vto. y 126, cdno. 2).

— En providencia del 12 de diciembre de 1989, el juez doce civil del circuito decretó la venta en pública subasta del bien embargado, el cual fue avaluado por los peritos designados para ello, en la suma de $ 30’000.000 (fls. 131 y 139, cdno. 2).

— Después de varias diligencias fallidas por falta de postor, por medio de auto del 22 de septiembre de 1992, el juez fijó el 27 de octubre de 1992 como fecha para la diligencia de remate, estableció que sería postura admisible la que cubriera el 40% del avalúo dado al bien, previa consignación del porcentaje legal y ordenó: “Anúnciese el remate con el lleno de los requisitos legales” (fl. 229, cdno. 2).

— El 13 de octubre de 1992, el juzgado fijó el aviso de remate en lugar público y visible de la secretaría por el término legal y expidió copias para su publicación; en dicho aviso, se informó que el día fijado para el remate se llevaría a cabo la venta en pública subasta del siguiente bien (fl. 157, cdno. 2):

“Inmueble ubicado en la transversal 71C número 5 B-64 de Santafé de Bogotá, D.C. folio de matrícula inmobiliaria número 050-0062280” (fl. 230, cdno. 2) (las negrillas y subrayas son de la Sala).

— El 27 de octubre de 1992 se llevó a cabo la diligencia de remate en la cual se presentaron 6 postores, entre ellos la señora Aura María Riveros de Garzón, a quien se le adjudicó el bien por un valor de $ 13’806.000; en dicha diligencia consta, además, que la favorecida con la venta forzada acompañó el título de depósito judicial del Banco Popular Nº J72496420 por la suma de $ 6’000.000 y que se le advirtió que contaba con un término de 3 días para la consignación del saldo como del porcentaje de ley (fl. 237, cdno. 2).

— Con memorial presentado ante el juzgado doce civil del circuito, la señora Aura María Riveros de Garzón allegó título judicial por valor de $ 9’038.000 para que fuera aprobado el remate (fl. 238, cdno. 2).

— Según informe secretarial, se recibió el título judicial Nº J72728620 por la suma de $ 9’038.000 “(…) dentro del cual se incluye el 3% previsto en la Ley 11 de 1987, artículo 7º, se consignó una suma superior al valor del remate (…)” y así mismo se informó que contra el remate efectuado se formuló nulidad (fl. 238, vto., cdno. 2).

— La señora Riveros de Garzón envió memorial al juzgado en el cual le solicitó el reembolso de la suma de $ 817.820 que consignó de más como saldo del remate, pues “(…) debía consignar la suma de $ 8’220.180, para totalizar $ 14’220.180, y por un error involuntario consigné $ 9’038.000 (…)” (fl. 239, cdno. 2).

— El juez ordenó tramitar la conversión del caso ante el Banco Popular y devolverle a la señora Riveros de Garzón la suma solicitada, por lo cual pidió al referido banco la conversión del título Nº 72728620 del 30 de octubre de 1992, así: un título por $ 8’220.180 y otro, por $ 817.820 (fls. 239, vto., y 240, cdno. 2).

— El 21 de octubre de 1994, el demandante presentó memorial ante el juzgado, en el cual manifestó haber recibido el pago de la deuda y por lo tanto solicitó dar por terminado el proceso, ordenar la cancelación de la hipoteca contenida en la escritura 1.194 del 5 de mayo de 1988 de la Notaría 20 de Santafé de Bogotá y ordenar la cancelación del embargo decretado (fl. 274, cdno. 2).

— Por medio de auto del 27 de octubre de 1994, el Juez Doce Civil del Circuito de Bogotá dispuso la terminación del proceso por pago total de la obligación, el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro así como la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el bien objeto del proceso, decisión que fue comunicada al Registrador de Instrumentos Públicos (fls. 275 y 277, cdno. 2).

— Obra en el expediente civil, copia del incidente de nulidad propuesto por la parte ejecutada el 4 de noviembre de 1992, en el cual solicitó decretar la nulidad de la diligencia de remate, invocando la causal contemplada en el numeral 2º del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, “por falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes”, pidió el levantamiento del embargo y secuestro desde la admisión de la demanda y enunció los hechos que consideró constitutivos de la causal de nulidad, entre ellos la citación errada del folio de matrícula inmobiliaria del bien objeto del remate, pues el citado en las diligencias judiciales no corresponde al del inmueble de propiedad de los demandados cuyo embargo y secuestro se solicitó (fls. 288 y sgtes., cdno. 2).

— El juzgado doce civil del circuito envió oficio a la oficina de registro de instrumentos públicos solicitándole “(…) se nos informe si respecto del número de matrícula inmobiliaria 050-0067280 se presenta alguna irregularidad, pues según nuestro oficio 389 de febrero 28 de 1989 allí se indica un número diferente, esto es el # 050-0062280. Lo anterior es para establecer si se trata de un mismo inmueble o si por el contrario son diferentes” (fl. 310, cdno. 2).

— La oficina de registro de instrumentos públicos informó al juzgado que “(…) el inmueble ubicado en la Transversal 71-C Nº 5-B-64 aparece con matrícula inmobiliaria 050-067280 y es en este folio donde figura el ejec. hip. de Luis Eduardo Castillo Amaya contra Luis Alfredo Acosta. Respecto de la matrícula inmobiliaria 050-062280 le comunico que corresponde a un inmueble ubicado en Soacha” (fl. 313, cdno. 2).

— El Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en providencia del 16 de diciembre de 1993, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado en contra del auto del juzgado que negó la nulidad propuesta, revocó tal decisión, declaró sin valor el remate y ordenó la devolución del precio a la rematante; en dicha providencia, se dijo (fl. 353 y sgtes., cdno. 2):

“Uno de los requisitos que debe contener el aviso y la publicación del remate, conforme lo previene el numeral 2º del artículo 525 del estatuto procesal civil, descansa en la indicación, cuando de bienes inmuebles se trata, de la ‘matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos’.

Una pauta precisa, para establecer si el recurrente lleva o no razón, la suministra la simple confrontación de la matrícula inmobiliaria del inmueble materia del remate, y la colocada en el aviso dado al público para efectos del mismo. Sobre el particular se tiene que es suficiente una mirada a tales documentos para determinar que en efecto entre una y otra, existe diferencia en el número de matrícula inmobiliaria que se cita.

En efecto: el folio de matrícula inmobiliaria del bien rematado, tal como aparece en el certificado respectivo y la escritura de compra, es el número 050-0067280, el cual es totalmente distinto al que se cita en el aviso de remate (050-0062280) (…) y que corresponde a un inmueble diferente no trabado en estas diligencias, ubicado en el municipio de Soacha (…)”.

Análisis de la Sala:

El estudio conjunto de las pruebas aportadas al proceso permite evidenciar que, efectivamente, se tramitó un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, en el cual el demandante, señor Luis Eduardo Castillo Amaya, incurrió en un error al identificar en su demanda el bien inmueble de propiedad de los ejecutados en ese proceso y respecto del cual solicitó su embargo y secuestro para su posterior remate, pues al enunciar el folio de matrícula inmobiliaria que le correspondía anotó el número 050-0062280, cuando el correcto, según se puede constatar de la sola lectura del respectivo folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble ubicado en la Transversal 71 C Nº 5 B-64 de Bogotá —sobre el cual recayó la solicitud de embargo por ser de propiedad de los demandados y respaldar el crédito hipotecario en cuestión— era el Nº 0500067280.

También se evidenció, como lo anotó la delegada del Ministerio Público, que ese error fue repetido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, pues al solicitar el registro del embargo en la oficina de registro de instrumentos públicos aludió al folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0062280, a pesar de lo cual dicha oficina procedió a efectuar el registro en el folio correcto, es decir el que correspondía realmente al inmueble embargado, que lo era el Nº 050-0067280.

No obstante que la oficina de registro de instrumentos públicos corrigió el error, el juzgado no lo advirtió y persistió en el mismo, pues en las diligencias que en adelante se produjeron y en las cuales tenía que identificarse el inmueble objeto del embargo, procedió a indicar el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-0062280, como sucedió con los avisos de remate que fueron fijados y publicados para las varias diligencias de remate que se adelantaron y fueron declaradas desiertas por falta de postores, antes de la realizada el día 27 de octubre de 1992, cuando finalmente se produjo la adjudicación del bien inmueble a la señora Aura María Riveros de Garzón, ocasión en la cual también se fijó el aviso de remate con el mismo defecto.

Se acreditó que, independientemente de la procedencia o no de la decisión, puesto que no se cuestionó su legalidad ni se adujo la configuración de error judicial alguno, la existencia de la equivocación del juzgado en la identificación del folio de matrícula inmobiliaria del bien objeto del remate fue la razón por la cual el tribunal superior dejó sin efectos la diligencia de remate efectuada y ordenó reembolsar a la señora Aura María Riveros de Garzón, persona favorecida con la adjudicación, el dinero que hubiere consignado por concepto de la misma.

También fue debidamente probado que la demandante consignó a órdenes del juzgado las sumas de $ 6’000.000 —título judicial Nº J 72496420 del 27 de octubre de 1992— y 9’038.000 —título judicial Nº J 72728620—, las cuales el Tribunal Superior de Bogotá ordenó reembolsar a la señora Aura María Riveros y según manifestación efectuada en la demanda, le fueron devueltas el 14 de febrero de 1994, es decir pasado más de un año desde la consignación efectuada por la demandante para participar en la venta forzada que adelantó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá y para cancelar el saldo pendiente del valor del remate, una vez le fue adjudicado el bien inmueble dentro del mismo.

IV. La responsabilidad de la demandada

Para la Sala es claro que en el sub-lite se acreditó la falla del servicio que se imputa a la Nación por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues el daño antijurídico que sufrió la demandante se produjo como consecuencia del error cometido por el Juzgado Doce del Circuito de Bogotá, en las diligencias de remate adelantadas dentro del proceso ejecutivo en cuyo desarrollo la señora Aura María Riveros de Garzón participó haciendo oferta para la adquisición en la venta forzada del inmueble embargado, error consistente en la equivocada identificación del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a dicho bien y que condujo a que se dejara sin efectos la adjudicación que a favor de la demandante se había efectuado en la diligencia de remate.

En un caso similar al presente, en el cual también se produjo el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por los errores cometidos en las diligencias de remate dentro de un proceso ejecutivo que condujeron a la invalidación de la adjudicación del bien objeto de la venta forzada, dijo el Consejo de Estado(4):

“II. Con las pruebas que obran en el expediente queda demostrado que la demandante consignó a órdenes del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá los días 16 y 20 de febrero de 1990 una suma total equivalente a $ 11.729.000, con el objeto de adquirir los inmuebles sometidos a remate dentro del proceso ejecutivo iniciado por el señor Andrés Rivera contra el señor Mohamad Khalin Mustafá y como consecuencia de la declaratoria de nulidad del remate, esa suma le fue reintegrada el día 1º de noviembre de 1991.

Se demanda la reparación de los perjuicios que sufrió la demandante durante el tiempo en que su dinero permaneció inactivo por causa del error cometido en el aviso de remate. En otros términos, se reclama la indemnización de los perjuicios producidos con ocasión de una falla del servicio de justicia.

Con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional.

Por fallas del servicio judicial fue condenada la Nación en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios. En providencia de la sección del 24 de agosto de 1990, expediente: 5451, se consideró:

“Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad del Estado por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial”.

(…).

En vigencia ya de la Constitución de 1991 el campo de la responsabilidad del Estado por la función judicial ha logrado un mejor desarrollo. En un caso similar al que ahora se resuelve, si bien se negaron las pretensiones por considerar que el demandante había incurrido en culpa al haber sido advertido en la misma diligencia de que los bienes objeto de remate habían sido embargados previamente por otro juzgado y no obstante esta circunstancia se arriesgó a participar, sostuvo:

“A pesar de que teóricamente conforme al artículo 90 de la Carta no cabe la menor duda de que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resulten dañados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial,… no es necesario entrar a hacer este tipo de análisis dado que de entrada se deduce que el particular, hoy demandante, quien si bien es cierto era tercero o ajeno al proceso, licitó para participar en la almoneda y advertido de lo que el juez 4º había comunicado, vale decir, que esos bienes objeto del remate jurídicamente quedaban por cuenta y a disposición del juez 19 civil del circuito, asumió el riesgo que pudiera llegar a concretarse en un perjuicio como en efecto ocurrió, al declararse ineficaz en principio el remate y adjudicación que con él se hacía y posteriormente por el tribunal superior declarándose la nulidad de dicha diligencia y acto jurídico correspondiente. Entonces mal puede alegar hoy que fue víctima de un error en la prestación del servicio público de justicia”(5).

En providencia del 12 de septiembre de 1996, expediente 11.092, se condenó al Estado a reparar los perjuicios sufridos por el adjudicatario de unos bienes que fueron rematados en un proceso ejecutivo, a pesar de que contra la sociedad propietaria de estos se adelantaba un proceso de quiebra, lo cual generó la invalidez del remate. En esta oportunidad, la Sala después de señalar la procedencia de la responsabilidad del Estado por las fallas en las que puedan incurrir los jueces y demás funcionarios de la rama judicial, señaló que

“… la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, de anular lo actuado en virtud de la antecedente declaratoria de quiebra guarda relación directa con el hecho omisivo, consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali e imputable al Estado juez. De haberse producido el oficio enunciado de la apertura de la quiebra, el proceso ejecutivo habría sido remitido al juzgado tercero civil del circuito y en esas condiciones, el rematante lo habría hecho con conocimiento de causa, por lo cual o no estaría demandado y en caso positivo en circunstancias diferentes. No hay pues duda sobre el carácter determinante de la actuación y falla de la administración de justicia respecto de los hechos que a su turno determinan el daño reparable… No se observa en el expediente que el demandante rematante hubiera tenido conocimiento de la existencia del proceso de quiebra y que no obstante ello hubiese proseguido en su empeño, caso en el cual pudiera hablarse de culpa exclusiva del afectado”.

Por su parte, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Allí distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68).

A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española(6) que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales.

“… nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(7).

Es ese el alcance que tiene el artículo 69 de la ley estatutaria de la administración de justicia, cuando define por exclusión el defectuoso de la administración de justicia al señalar que fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, supuestos en los cuales se está frente a una decisión jurisdiccional, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Se destaca que la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás”(8).

Las anteriores consideraciones, relativas a la responsabilidad estatal por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son aplicables en el presente caso, puesto que también se produjo un daño antijurídico proveniente de una actuación surtida al interior de un proceso que no corresponde a una decisión judicial respecto de la cual se predique la existencia de un error judicial, sino a un trámite eminentemente administrativo como era el de fijar los avisos a los que alude la norma procesal para darle publicidad a la realización de la futura diligencia de remate de bienes en los procesos ejecutivos; al respecto se observa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, el remate se anunciará al público, por aviso que expresará:

1. La fecha y hora en que ha de iniciar la licitación;

2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos;

3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación;

4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

Dispone así mismo la referida norma legal, el deber de efectuar la publicación del aviso en un diario de amplia circulación y en una emisora radial, debiéndose allegar, con la copia o la constancia de la publicación del aviso, “(…) un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate”, obligación cuya razón de ser, observa la Sala, consiste, precisamente, en la necesidad de verificar las condiciones y estado jurídico actual del inmueble que va a ser sometido a la venta forzada y que constituye una oportunidad para que el juzgado corrija los errores en los que hubiera podido incurrir al efectuar la citación, mediante aviso, para la diligencia de remate.

Por otra parte, el artículo 530 del mismo código establece que pagado oportunamente el precio, el juez aprobará el remate, siempre que se hubieren cumplido las formalidades previstas en los artículos 523 a 528 y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral 2º del artículo 141(9), pues en caso contrario “(…) declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante”.

De conformidad con lo anterior, observa la Sala que si bien se incurrió en un error administrativo, adjetivo, secretarial, al incluir en los avisos e informes un número de folio de matrícula inmobiliaria equivocado, el mismo se tradujo en una decisión, esa sí judicial, del tribunal superior, a través de la cual y en aplicación de las normas procesales citadas, se dejó sin valor la diligencia de remate en la que se había radicado un derecho en cabeza de la demandante, a quien se ordenó devolver el dinero que hubiere consignado por concepto de la adquisición del bien inmueble rematado, pero sin que conste en parte alguna que los jueces hubieren ordenado hacerlo con la correspondiente actualización y pago de intereses legales a los que tenía derecho la demandante, para salir indemne de la situación creada por el deficiente funcionamiento de la administración de justicia.

V. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, no existe duda alguna sobre la existencia de la falla de la administración de justicia y del daño antijurídico infligido con ella a la actora, pues al invalidarse la diligencia de remate en la que ella había sido favorecida con la adjudicación del inmueble objeto de la venta forzada y ordenarse la devolución de las sumas que canceló la señora Riveros de Garzón para la participación dentro de dicha diligencia, se devolvió la misma suma de dinero que la demandante había consignado a órdenes del juzgado desde hacía más de un año, lo que implicó una disminución patrimonial que no estaba legalmente obligada a soportar, constituida, de un lado, por la desvalorización de la moneda que se produjo por el solo transcurso del tiempo entre la fecha de consignación y la fecha de devolución del dinero y, de otro lado, por los rendimientos que dicho dinero habría podido producir durante ese lapso, que corresponden a los intereses legales, perjuicios estos que fueron reconocidos por el a quo y que merecen confirmación, con la sola advertencia de que la condena será actualizada a la fecha de la presente sentencia, sin que ello implique que se esté efectuando aumento de la misma, con aplicación de la fórmula usualmente usada para ello por la jurisprudencia:

VA = VH Índice final
  Índice inicial

En donde:

VA = Valor actual

VH = Valor histórico, esto es, el monto de la condena de primera instancia.

Índice final = Corresponde al IPC vigente a la fecha de la presente providencia.

Índice inicial = IPC vigente para la fecha de la sentencia de primera instancia.

VA = 16’288.069 104,40
  55,45

VA = 30’666.806

El monto actualizado de la condena es, por lo tanto, la suma de $ 30’666.806.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de mayo de 1999, la cual quedará así:

(Sic) 1. No prospera la excepción.

2. Declárase administrativamente responsable a la Nación (Ministerio de Justicia) por los perjuicios materiales ocasionados a la señora Aura María Riveros de Garzón.

3. Como consecuencia de la declaración anterior condénase a la Nación (Ministerio de Justicia) a pagar, a favor de la señora Aura María Riveros de Garzon, la suma de treinta millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos seis pesos M/Cte. ($ 30’666.806).

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”. Sobre esta norma, ha dicho la jurisprudencia de la corporación que “(…) resulta claro que la voluntad del legislador fue la de imponer un límite orgánico y funcional respecto del funcionario judicial llamado a conocer de las acciones de reparación directa previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, determinando que solo los tribunales administrativos y el Consejo de Estado serían los competentes para tramitarlas. (…). Es por ello que esta Sala, al acoger la segunda alternativa hermenéutica que se ha dejado expuesta y, por consiguiente, con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria 270 en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas actualmente en el Código Contencioso Administrativo, arriba a la conclusión de que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV”. Auto de Sala Plena, del 9 de septiembre de 2008. Proceso Nº 110010326000200800009 00, expediente 34985. Actor: Luz Elena Muñoz Guerrero y/o.

(2) “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

(…).

ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ART. 69.—Defectuso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 24 de mayo de 1990. Expediente 5451, M.P.: Julio César Uribe Acosta.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente 12.719, M.P.: Ricardo Hoyos Duque.

(5) Sentencia del 22 de julio de 1994, expediente 9043.

(6) Cabe anotar que la jurisprudencia y doctrina española son de recibo en la resolución de los casos de responsabilidad contra el Estado colombiano porque la Ley 270 de 1996 tuvo como fuente la ley orgánica del poder judicial de España.

(7) Eduardo Cobreros Mendazona. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Cuadernos Cívitas. 1998, pág. 25.

(8) La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León Duguit, Las transformaciones del derecho público, Buenos Aires, Edit. Heliastra S.R.L., 1975. Pág. 149 y ss. La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (exp. 867), señaló: “una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad... no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados”.

(9) El numeral 2º del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, contempla como causal de nulidad procesal en los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, “La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad solo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes”.