Sentencia 1995-01375 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA (Subsección B)

Rad.: 05001-23-26-000-1995-01375-01 (19.129)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Elisa Aurora Giraldo y otros

Demandado: municipio de Itagüí

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda correspondía a aquella exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera segunda instancia ante el Consejo de Estado (D. 597/88)(1).

2. Responsabilidad de la entidad demandada.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de revocarse dado que el acervo probatorio recaudado permite imputar a la demandada el daño por el cual se reclama indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones.

2.1. El daño que se imputa a la entidad demandada.

2.1.1. Está demostrado en el proceso, que el 9 de junio de 1995(2) el señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo, falleció como consecuencia de una anoxia cardiaca por estancamiento ocasionada por múltiples heridas con arma de fuego(3), según se acreditó con los siguientes documentos:

— Certificado del registro civil de la defunción del señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo de fecha 13 de junio de 1995, en el cual se dejó consignado como causa de la muerte “anoxia por estancamiento. Taponamiento cardiaco. Heridas de corazón proyectil arma de fuego” (fl. 9 c. 1).

— Copia auténtica del acta de necropsia elaborada el 10 junio de 1995 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - seccional Antioquia, en la cual se indicó que “el deceso de quien en vida respondió al nombre del Luis Aldemar Giraldo Giraldo fue consecuencia natural y directa de anoxia por estancamiento debido a taponamiento cardiaco por heridas de corazón, debido a heridas por proyectil de arma de fuego carga múltiple. La naturaleza de la herida # 1 es esencialmente mortal” (fl. 126 c. 1).

— Acta de levantamiento del cadáver de nueve (9) de junio de 1995, practicada por la inspección de permanencia segundo turno, en la que se señaló que las heridas encontradas en el cuerpo de la víctima corresponden a “orificio en el tórax lado derecho cargas múltiples (varios perdigones, heridas causadas con arma de fuego, al parecer changón)” (fl. 106 c. 1).

2.2.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo, causó daños a la señora Elisa Aurora Giraldo Giraldo, quien demostró ser su madre y también a los demandantes Sandra Milena, Sorelly Amparo Ramiro de Jesús, Fabio Darío, Elmer Augusto, Jair Alonso y María Cristina Giraldo Giraldo, quienes demostraron ser sus hermanos según consta en la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima y de los demás demandantes (fls. 9, 11 y 13 a 20 c. 1).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquel.

2.2.3. En cuanto al señor Edgar de Jesús Giraldo Giraldo, quien en el proceso afirma tener la calidad de hermano de la víctima, encuentra la Sala que si bien se aportó certificado de su registro civil de nacimiento (fl. 12 c. 1), en el mismo no se señaló quiénes eran sus padres, razón por la cual carece de valor probatorio para efectos de acreditar en el proceso dicho parentesco.

Sobre este aspecto, la Sala considera pertinente reiterar que la ausencia de la prueba del parentesco no implica de plano la falta de legitimidad para reclamar el daño. En efecto, conforme al criterio de la Sala que ahora se reitera, en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física de una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral(4). Solo que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho(5), en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

En este orden de ideas, se concluye que si bien los demandantes no necesitan acreditar su condición de parientes de la víctima para que se les reconozca su legitimación en la causa, pues basta que acudan como damnificados para obtener sentencia favorable de fondo sí deben demostrar esa condición de damnificados, condición que el mencionado demandante no acreditó en el proceso, toda vez que además de la falta de la prueba del parentesco, de la cual se pudiera inferir dicho daño, tampoco obran otras pruebas que demuestren la aflicción que sufrió dicho demandante con el deceso de quien afirmó ser su hermano.

3. El hecho causante del daño.

Para decidir el proceso, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Cabe precisar que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes y las testimoniales practicadas en el trámite del proceso.

En relación con las circunstancias antecedentes, concurrentes y posteriores aducidas en la demanda, obra copia auténtica del proceso penal radicado al número 13.282 que se adelantó ante la Fiscalía 16 Delegada - Itagüí, copias que podrán ser valoradas comoquiera que fueron aportadas auténticas y su incorporación al expediente fue solicitado por ambas partes, sin embargo la indagatoria rendida por el señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga en el trámite de dicho proceso, no será valorada por la Sala por carecer de las formalidades propias de la prueba testimonial, dado que no se rindió bajo la gravedad de juramento (CPC, art. 227).

Así conformado el acervo probatorio, se tienen acreditados los siguientes hechos:

3.1. Que las lesiones que le causaron la muerte al joven Luis Aldemar Giraldo Giraldo, mientras se encontraba en el complejo deportivo Ditaires en el municipio de Itagüí - Antioquia, se produjeron en instantes en los cuales el mencionado ciudadano se abalanzó sobre el vigilante William de Jesús Ortiz Chavarriaga con el propósito de agredirlo y hacerse a su arma de dotación oficial. Así se acreditó con las siguientes pruebas:

— Testimonio del señor Jesús Molina Arredondo, rendido durante el trámite del proceso penal, en el cual, en relación con este aspecto, el declarante sostuvo:

“Yo estaba con el compañero William de Jesús Ortiz en el parque Ditaires el viernes por la noche eso fue como a eso de las ocho de la noche más o menos, nosotros estábamos vigilando. Fuimos a dar una ronda por ese sector y entonces vimos un señor que estaba fumándose un bazuco o marihuana, alguna de las dos cosas pudo haber sido. El compañero William de Jesús Ortiz le dijo que por orden del supervisor se retirara del parque y el señor le contestó [el testigo hace referencia a improperios], el compañero le dijo ‘señor por las buenas se me retira del parque’, entonces le dijo al compañero, es que usted también me va a hacer retirar de aquí [el testigo hace referencia a improperios], y se le abalanzó a quitarle el arma y ahí fue donde mi compañero William de Jesús Ortiz le disparó, no ví (sic) en que parte le disparó yo vi que el sujeto echaba sangre como del pecho” (fl. 117 c. 1).

En declaración rendida en el trámite de este proceso, el mismo testigo afirmó:

“Lo que pasa ese día que ocurrió ese incidente yo estaba con mi compañero, William Ortiz, y el supervisor de nosotros, que era Fabio no recuerdo el apellido, eso ocurrió hace más o menos dos años, nos mandó el supervisor (sic) estaba ordenándonos que corriéramos un valla, nosotros fuimos a correrla y nos encontramos con un muchacho que estaba ingiriendo droga en las instalaciones de parque Diataires, el muchacho no se (sic) quien era ni lo distinguía, el compañero mío William Ortiz le dijo a ese muchacho que estaba sentando ahí que si era posible retirarse del parque porque no era para consumir droga, el muchacho le dijo que si era orden de él o el [testigo hace referencia a improperios] coordinador lo había mandado, entonces el compañero le dijo que no era mandado por el coordinador sino que aquí en el parque no se puede consumir droga entonces el señor ese no le gustó lo que le dijo el compañeros (sic) y se le colgó de la escopeta y cuando se le colgó le disparó porque le iba a quitar la escopeta, no recuerdo el día pero eso fue como a las site (sic) y media de la noche, donde entonces resulta que el tipo se abalanzó a quitarle la escopeta pues donde no (sic) se la quite lo mata a él o me toca matarlo a mí porque yo también estaba armado, pues soy celador del municipio, el tipo ese (sic) fue montado a un colectivo y de ahí no me volví a dar cuenta de nada, pero sé después que el tipo se murió…

En relación con el momento en el cual ocurrió el disparo, el testigo expresó lo siguiente:

PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Bajo juramento sírvase manifestarnos si como lo caba (sic) de decir usted en respuestas anteriores, que tuvo que disparar su compañero el arma contra el occiso, díganos si hubo forcejeo por algún lapso o el disparo se produjo inmediatamente? CONTESTO: El tipo ese se le pegó del tubo, eso no fue mucho rato no hubo tiempo de nada, y como el tipo estaba con ganas de quitarle el arma él le tuvo que disparar, pues el (sic) se asustó mucho con la aptitud (sic) del hombre” (fl. 181 c. 1) (resalta la Sala).

3.2. Que la anoxia por estancamiento cardiaco que le produjo la muerte del señor Giraldo Giraldo, fue consecuencia de un impacto de bala (carga múltiple) que recibió en el pecho. De la forma como recibió el impacto de bala da cuenta la diligencia de necropsia, en cuya acta se consignó lo siguiente:

“Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de carga múltiple, con bandeleta contusita, sin ahumamiento, ni tatuaje ni en piel, ni en ropas. Con orificio de entrada central de bordes irregulares, invertidos, de 1.5. cm de diámetro. Situado en el 5 espacio intercostal derecho en línea clavicular media y línea para-esternal, a 2.5. cm de línea media anterior y a 41.5 cm del vertex. Con orificio de entrada de perdigones alrededor del orificio central con un radio de 8 cm desde el borde del orificio central. Con dirección adelante atrás, abajo arriba y derecha izquierda. Se recuperan perdigones dentro de la cavidad toráxica”.

3.3. Que una vez herido, se dirigió al hospital San Rafael de Itagüí, con la colaboración que le brindó el señor Guillermo León Lopera, vigilante que lo encontró gravemente lesionado. Así lo expuso dicho funcionario, en testimonio rendido en el trámite del proceso penal, en el que se indicó:

“Los hechos no los presencie porque en ese momento yo me encontraba ausente de ese sector, yo me encontraba en el barrio Pilsen cuando los hechos y cuando subía al centro de convenciones me enteré de los hechos, el ahora occiso estaba en el suelo, lo miré y ví (sic) que era conocido, vivía en el barrio Pilsen y entonces lo subí a un carro y lo traje al Hospital (sic), hasta que lo traía en un colectivo venía vivo cuando ya lo descargué en la camilla en el Hospital (sic) murió” (fl. 118 c. 1).

En el mismo sentido, declaró durante el trámite de este proceso administrativo de responsabilidad (fl. 182 a 183 c. 1).

3.4. Que el disparo con el cual se causó la muerte al señor Giraldo Giraldo, fue realizado con una arma de dotación oficial tipo escopeta, a cargo del señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga, quien se desempeñaba como vigilante del municipio de Itagüí - dependencia de seguridad y quien se encontraba en servicio activo para la fecha de los hechos que dieron origen al proceso. Dicha circunstancia se constata con las siguientes pruebas:

— Testimonio del señor Joaquín Eduardo Mayorga Camargo (fl. 185 a 187 del c. 1), para entonces jefe de de seguridad de la Alcaldía de Itagüí, quien sobre este aspecto expresó:

“… es por eso que para el sitio denominado Complejo Ditaires se ha dispuesto siempre de personal de vigilancia para protegerlo de actos delictivos y para conservar la paz y la tranquilidad en este parque público que allí debe existir. Este cargo lo vengo desempeñando desde el 1º de febrero de 1994, en el mes junio de 1995 fui informado de la novedad que se había presentado un altercado entre un sujeto el cual no recuerdo el nombre y el personal de vigilancia del parque Ditaires, como consecuencia de ello falleció dicho sujeto, el vigilante que causó la muerte se llama William de Jesús Ortiz, el cual pertenece al departamento de seguridad que yo dirijo…

En otro aparte de su declaración el testigo afirmó:

“El armamento no se distribuye para determinada persona en particular, al alcance (sic) específico el parque Detaires (sic) contaba con tres turnos con nueve puestos y las misma cantidad de armamentos, o sea nueve armas, oficiales de propiedad del Municipio (sic) de Itagüí, el supervisor de vigilancia de acuerdo a la disponibilidad y rotación de puesto asigna el personal obviamente con su respectivo armamento y el día de los hechos el señor Ortiz portaba un arma del municipio de Itagüí. PREGUNTADO: Significa lo anterior que el arma que se disparó por parte del señor William Ortiz Chavarriaga y que le causó la muerte a Luis Aldemar Giraldo era del municipio de Itagüí. CONTESTÓ: Sí.

El testigo también afirmó, que la acción del señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga, estuvo encaminada al cumplimiento de las funciones que se le habían asignado como vigilante del municipio, relacionadas con la seguridad que correspondía al complejo deportivo a cargo del municipio.

— Manual de funciones del cargo de vigilante, en el cual se indicó que dicho cargo se encuentra adscrito a la sección de seguridad interna de la secretaría de gobierno del municipio de Itagüí - Antioquia (fl. 67 a 68 c. 1).

— De igual forma, la entidad demandada, en el escrito de contestación, aceptó que el arma era de dotación oficial y que William de Jesús Ortiz Chavarriaga, se encontraba en servicio el día de los hechos y que estaba vinculado como vigilante del municipio de Itagüí (fls. 44 y 45 c. 1).

3.5. Que los vigilantes del municipio se encontraban entrenados en el manejo de armas de fuego y capacitados para enfrentar situaciones de peligro. Así lo expuso en declaración a la cual la Sala ya se refirió, el señor Joaquín Eduardo Mayorga Camargo jefe de de seguridad de la Alcaldía de Itagüí - Antioquia.

De conformidad con lo anterior, está acreditado que el señor Giraldo Giraldo murió como consecuencia de las lesiones que se le causaron por un disparo con un arma de fuego, en momentos en los cuales se abalanzó en contra del vigilante del municipio de Itagüí, con el propósito de agredirlo y quitarle su arma de dotación oficial.

4. La imputación del daño a la entidad demandada.

El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda, como quiera que encontró probado que el daño era imputable al hecho de la víctima quien, bajo el influjo de sustancias psicoactivas, agredió a un vigilante del complejo deportivo Ditaires situación que generó la reacción del funcionario, quien para conjurar la crisis y como único mecanismo efectivo para alcanzar dicho propósito, hizo uso del arma de dotación que le fuera entregada para garantizar la seguridad de dicho complejo deportivo.

Ha considerado la Sala que para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración:

“Por tanto, es necesario examinar si el comportamiento de la víctima fue causa única o concausa en la producción del daño, o si, por el contrario, tal actividad no fue relevante en el acaecimiento de este. En efecto, la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y grado de participación del afectado en la producción del daño.

"Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

“1) Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado resulta la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total...

“Ahora bien, si la actuación de la víctima deviene causa concurrente en la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

“2) El hecho de la víctima no debe ser imputable a la administración, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por la administración, de manera tal que no le sea ajeno a esta, no podrá exonerarse de responsabilidad a la entidad demandada”(6).

Cabe precisar que para que constituya causal de exoneración total, la actuación de la víctima debe ser la causa única, exclusiva o determinante del daño y en tal determinación carece de relevancia la valoración de su subjetividad. Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa.

Ahora bien, cuando la intervención de la víctima incide en la causación del daño, pero no excluye la intervención causal del demandado, habrá lugar a la reducción de la indemnización establecida en el artículo 2357 del Código Civil, conforme al cual “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Sin embargo, cabe advertir que esa noción culpabilista que se proyecta en dicha norma no puede ser trasladada al campo de la responsabilidad patrimonial del Estado, habida consideración de que el criterio de imputación que rige esa responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, se construye a partir de la verificación de la antijuridicidad del daño y del vínculo causal entre ese daño y la actuación u omisión de la administración.

Luego, si de la atribución de responsabilidad al Estado están ausentes, como requisito para su estructuración, los criterios subjetivos de valoración de la conducta del autor, tales criterios no pueden ser exigidos cuando se pretenda reducir el valor de la indemnización por la intervención causal relevante de la propia víctima. En pocos términos: en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado la valoración objetiva de la intervención causal tanto de la administración como de la propia víctima resultan suficientes para determinar si la causa eficiente del daño lo fue la actuación del ente demandado o de la víctima, con el fin de establecer si hay lugar a condenar a aquella o a absolverla por haberse producido una causal excluyente de responsabilidad, o si ambas concurrieron en la producción del daño y entonces, reducir el valor de la indemnización en proporción directa a la mayor o menor contribución de la conducta de la víctima en su producción.

Por lo tanto, cuando se pretende reducir el valor de la indemnización que deba pagar la entidad con fundamento en la intervención de la víctima en la causación del daño, habrá de tenerse en cuenta la relevancia de esa intervención en el resultado y no la intensidad de la culpa en la que aquella hubiera incurrido.

Advierte la Sala que es asunto complejo determinar, si la actuación de la víctima es causa eficiente, exclusiva y determinante del daño, o si concurre con la actividad del demandado, para efecto de reducir el valor de la indemnización, o si esa intervención simplemente carece de relevancia.

Las dificultades a las que se enfrenta el afectado cuando pretende acreditar el nexo causal, no han sido soslayadas por la jurisprudencia; por el contrario, para resolver los casos concretos, en los cuales resulte complejo su establecimiento se ha buscado apoyo en las reglas de prueba desarrolladas por la doctrina nacional y foránea.

Así, se ha acudido a reglas como res ipsa loquitur, desarrollada en derecho anglosajón; o de la culpa virtual elaborada por la doctrina francesa, o la versión alemana e italiana de la prueba prima facie o probabilidad estadística, que tienen como referente común el deducir la relación causal y/o la culpa en la prestación de los servicios a partir de la verificación del daño y de la aplicación de una regla de experiencia, conforme a la cual existe nexo causal entre un evento dañoso y la actuación de la administración cuando, según las reglas de la experiencia (científica, objetiva, estadística), dicho daño solo puede explicarse por la conducta atribuida a la demandada.

Cabe destacar que la aplicación de esas reglas probatorias, basadas en reglas de experiencia guardan armonía con el criterio adoptado por la Sala en relación con la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño sólo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata(7). La elección de esa teoría se ha hecho por considerar insatisfactoria la aplicación de otras, en particular, la de la equivalencia de las condiciones, conforme a la cual basta con que la culpa de una persona haya sido uno de los antecedentes del daño para que dicha persona sea responsable de él, sin importar que entre la conducta y el daño hubieran mediado otros acontecimientos numerosos y de gran entidad.

La Sala en relación con la responsabilidad del Estado por los daños causados por armas de fuego considera pertinente señalar algunas reglas simples, que contribuyen a definir, en los casos concretos, cuál es el sujeto a quien deba imputarse el daño:

a) Se considera que el daño es imputable de manera exclusiva a la víctima cuando la actividad (manejo de armas) se cumple dentro de las normas reglamentarias, cuyo fin no es otro que minimizar sus riesgos y es la víctima quien propicia la materialización de esos riesgos irreductibles, que no se habrían producido en condiciones normales. En estos casos, la Sala ha hecho referencia a los eventos de legítima defensa, cuyos elementos de estructuración deben estar acreditados de manera indubitable, de modo que aparezca claro que el uso de las armas de fuego era el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no existía otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada; y que exista coherencia de la defensa con la misión que constitucional y legalmente se ha encomendado a los cuerpos armados del Estado. Así se ha aplicado en los casos en los cuales se presentan enfrentamientos armados con la fuerza pública(8).

b) Cuando la entidad responsable en el manejo de las armas omite el cumplimiento estricto de las normas reglamentarias adoptadas con el fin de reducir esos riesgos, relacionadas con el uso proporcional y como último mecanismo para conjurar una situación de peligro y dicho incumplimiento se materializan y causa daños a las personas, hay sin duda una responsabilidad patrimonial de la entidad. Así se ha considerado en los casos en los que la Sala ha conocido de eventos relacionados con la fuga de presos, en los cuales el detenido asume una simple actitud de huida y a pesar de ello se dispara en su contra lesionando o inclusive causando la muerte a quien por un instinto natural solo huye con el propósito de recuperar su libertad(9).

c) Por lo tanto, serán imputables al Estado, pero con reducción de la condena aquellos daños en los cuales si bien hay un uso indebido de armas de fuego, la conducta de la víctima tuvo injerencia en el uso de dicha arma, en atención al comportamiento asumido por ella al momento de la ocurrencia de los hechos.

En pocos términos, cuando se produce un daño relacionado con el uso de armas de fuego, debe establecerse si esa actividad fue causa eficiente, exclusiva y determinante del daño, o si esa actividad fue causa eficiente pero concurrió con la actuación de la víctima, o si dicha actividad no fue más que una causa pasiva en la producción de dicho daño, como ocurre en aquellos eventos en los cuales la víctima, de manera voluntaria utiliza esa actividad para autolesionarse, o simplemente, cuando de manera negligente, sin ninguna precaución y a pesar de tener conocimiento del riesgo se expone al daño que el ejercicio de la misma puede generarle, pero la actuación suya y sólo esa actuación, permitió que se materialicen los riesgos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala no comparte la decisión proferida en primera instancia en relación con la configuración de la causal eximente de responsabilidad, relacionada con la culpa exclusiva de la víctima, comoquiera que la muerte del joven Luis Aldemar Giraldo Giraldo, fue causada con un arma de dotación oficial, por un funcionario municipal que se encontraba en servicio activo, en cumplimiento de sus labores como vigilante del complejo deportivo Ditaires, del municipio de Itagüí - Antioquia.

Sobre este aspecto, cabe resaltar que si bien en el proceso se acreditó que el señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo procedió a atacar al vigilante municipal William de Jesús Ortiz Chavarriaga e incluso trató de hacerse al arma de dotación oficial que le había sido entregada para el cumplimiento de sus funciones, tal circunstancia no justifica que este, procediera a utilizar las armas como único medio posible para garantizar su seguridad, comoquiera que el mismo había sido entrenado en el uso de las mismas y en técnicas de defensa distintas para enfrentar este tipo de agresiones. A lo anterior se suma el hecho de que eran dos los vigilantes que fueron increpados por la víctima, quienes pudieron reducir al agresor por medios distintos a disparar en su contra.

En relación con el hecho de la víctima, la Sala considera que la misma también tuvo incidencia en la producción del daño, comoquiera que en el expediente obran las pruebas, en especial el testimonio del señor Jesús Molina Arredondo, que acreditan que el joven Giraldo Giraldo no solo agredió verbalmente al señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga, sino que se trabó en una lucha física con este con la intención de hacerse a su arma de dotación oficial, circunstancia que impulsó, por el temor que en el vigilante generó tal conducta y ante el riesgo de que aquel se apoderara del arma, que el funcionario hiciera uso de ella en aras de garantizar la vida de su compañero y la suya propia.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que el hecho de la víctima también concurrió a la causación del daño en cuanto esta se expuso al riesgo que implicaba tratar de desarmar a un funcionario que se encontraba en el deber de garantizar la seguridad del complejo deportivo en el cual ocurrieron los hechos y que para su protección y la de aquellos que hacían uso del mismo había sido dotado con armamento de fuego.

Como en este caso se demostró que la actuación desplegada por el señor Giraldo Giraldo configura la existencia de un hecho de la víctima, en consideración a que él se expuso conscientemente al riesgo por la agresión física que realizó sobre el vigilante del municipio, deberá reducirse la indemnización que deba pagar la entidad demandada, para lo cual se debe tener en cuenta la relevancia de esa intervención en el resultado y no la intensidad de la culpa en la que él hubiera incurrido. Como en este caso se demostró que la víctima realizó dicha agresión con el propósito de apoderarse del arma de dotación oficial, a juicio de la Sala, esa reducción deberá ser del 20% del valor de la condena.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1 Perjuicios materiales.

5.1.1 Daño emergente.

Se solicitó en la demanda, la indemnización por esta modalidad de perjuicio, a favor de la madre de la víctima, con fundamento en los gastos fúnebres en que incurrió por la muerte de su hijo.

Para probar este perjuicio, se allegó al proceso original de la factura Nº 0031 de la funeraria Escobar, en la cual se indicó que la señora Elisa Aurora Giraldo Giraldo pagó la suma de $ 661.000 por estos gastos, documento respecto del cual la aseguradora llamada en garantía afirmó que carecía de valor probatorio por provenir de un tercero. Al respecto la Sala considera que dicha factura tiene pleno valor probatorio en el proceso, por tratarse de un documento privado de contenido declarativo emanado de terceros, cuya ratificación no fue solicitada por la parte demandada, ni por los llamados en garantía, dentro de la oportunidad legal, en los términos del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003.

Así las cosas, se reconocerá indemnización por este perjuicio, correspondiente a la suma pagada por la demandante previa actualización, con base en la siguiente fórmula:

Vp = Vhíndice final
 índice inicial

 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $ 661.000

Índice final certificado por el DANE a la fecha de los hechos sentencia: 107.12

Índice inicial certificado por el DANE a la fecha de la ocurrencia de los hechos: 29.76

Vp = $ 661.000107.12 (fecha de la sentencia
 29.76 (fecha de la ocurrencia del hecho).

Vp. = $ 2.379.244

5.1.2. Lucro cesante.

Se reconocerá a la señora Elisa Aurora Giraldo Giraldo una indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, correspondiente a la contribución económica que para el sostenimiento del hogar hubiera hecho su hijo, durante el tiempo que le faltaba para cumplir los 25 años de edad, esto es, 7 años, 11 meses y 22 días (95.73 meses), liquidada con base en el salario mínimo legal mensual vigente, salario mínimo legal mensual vigente, que equivale a ($ 535.600), suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, lo que arroja un valor de $ 669.500, de la cual se reducirá el 50% que se presume era la porción que el occiso dedicaba a sus propios gastos, para un resultado final de $ 334.750, como base de liquidación.

Liquidación:

La indemnización se calculará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1
i

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual: $ 334.750

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses a indemnizar: 95.73

S = $ 334.750 (1 + 0.004867)95.73 - 1
0.004867

S = $ 40.695.224

Total daño material: $ 40.695.224 + $ 2.379.244 = $ 43.074.486

Del valor total por concepto de este perjuicio sededucirá el 20% (8.614.893), reducción proporcional por el hecho de la víctima, para un total de treinta y dos millones ochenta mil trescientos treinta pesos ($ 32.080.330).

5.2. Perjuicios morales.

Como se señaló antes, los demandantes acreditaron el perjuicio moral que sufrieron con la muerte de Luis Aldemar Giraldo Giraldo, por lo tanto, se reconocerá la indemnización por este concepto, reducida en un 20% por el hecho de la víctima.

Se solicitó en la demanda, una indemnización equivalente a 2.000 gramos de oro en favor de la madre de la víctima y 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes que actuaron en calidad hermanos. Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes Nos. 13.232 y 15.646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

Con fundamento en lo anterior, la Sala reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de las demandantes, así: un valor equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Elisa Aurora Giraldo Giraldo madre de la víctima y de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos señores Sandra Milena, Sorelly Amparo, Ramiro de Jesús, Fabio Darío, Elmer Augusto, Jair Alonso y María Cristina Giraldo Giraldo.

6. Llamado en garantía.

6.1. El vigilante municipal William de Jesús Ortiz Chavarriaga fue llamado en garantía por la entidad territorial demandada, en consecuencia procede la Sala decidir si la indemnización que hoy debe pagar el Estado se derivó de la conducta dolosa o gravemente culposa de dicho servidor.

6.1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá repetir contra sus agentes cuando sea condenado a la reparación de daños o perjuicios causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos.

Considera la Sala pertinente aclarar que la Ley 678 de 2001, en desarrollo del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía. Empero, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001 y del inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado, por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado(10).

Es por lo anterior que la jurisprudencia para proveer una solución al problema de la aplicación de la ley en el tiempo, tiene establecido que de la fecha de la ocurrencia de los hechos constitutivos de responsabilidad, depende el régimen jurídico aplicable, para el estudio de la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Al respecto, la Sala en providencia de 22 de julio de 2009(11), expuso lo siguiente:

a) “Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrina y jurisprudencia han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

b) “Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado.

c) “Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Carta Política de 1991, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y las normas sustanciales que con posterioridad se hayan expedido y resulten más favorables al tiempo de determinar la responsabilidad subjetiva del agente público con fines de repetición”.

Así las cosas, como en el presente asunto los hechos que dieron lugar al llamamiento en garantía ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001 (9 de junio de 1995), el régimen aplicable para el estudio de la conducta del servidor público llamado en garantía, no es aquel que fue expedido con posterioridad a los mismos, sino el vigente al momento de su acaecimiento, esto es el previsto en el artículo 90 de la Constitución Política y en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los cuales exigían al Estado la carga de probar que su agente obró con culpa grave o dolo(12).

6.1.2. En relación con el empleo de la fuerza y el uso de las armas, hay normas como aquellas destinadas a la policía, que restringen ese uso a los casos estrictamente necesarios e indispensables. El Decreto 1355 de 1970, modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, en su artículo 30 regula el tema de la siguiente manera:

“Para preservar el orden público la policía empleará solo los medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.

“Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga” (resalta la Sala).

Por su parte el manual de funciones del cargo de vigilante del municipio demandado, allegado en copia auténtica por la entidad demandada, establece como unas de las funciones primordiales de dicho cargo, la de “velar por la protección física de las personas y de los bienes presentes en las instalaciones del municipio para la cual son designados” (fl. 67 c. 1).

Deber que lleva a concluir que a estos funcionarios les son exigibles una serie de comportamientos y deberes, encaminados a garantizar la vida y la integridad de las personas, situaciones en las cuales (i) no puede considerarse legítimo disparar en contra de quien exterioriza una conducta agresiva no armada, toda vez que dicha situación no constituye una acción que justifique por sí sola el hecho de quitarle la vida y (ii) deben adoptarse las previsiones que sean necesarias durante los operativos de retención, traslado, movilización, requisa de personas, diferentes al uso de las armas de fuego, para conjurar estados de alteración o agresión por parte de estas.

Bajo este parámetro de comportamiento que les es exigible a los guardianes armados, se procederá entonces a estudiar la conducta del llamado en garantía.

6.1.3. En el caso concreto, en relación con la conducta del llamado en garantía, se tiene probado que el 9 de junio de 1995 el señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga se desempeñaba como vigilante del municipio de Itagüí - Antioquia, que prestaba sus servicio en el complejo deportivo Ditaires de dicha ciudad y que había recibido instrucciones y entrenamiento para el uso de armas.

Así mismo se acreditó en el proceso que dicho vigilante, disparó en contra del señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo, con su arma de dotación oficial, causándole una herida cardiaca que finalmente le produjo la muerte.

Muestra el acervo probatorio, que el señor William de Jesús Ortiz Chavarriaga, tomó la determinación de utilizar su arma de dotación oficial, ante la agresión de que fue objeto, la cual no solo generó, según se acreditó en el proceso, un sentimiento de temor en dicho funcionario, sino también un riesgo para su vida y la de su compañero, razón por la cual y ante tal situación hizo uso de su arma de dotación oficial.

Ocurridas las circunstancias de esa manera, la Sala considera que la conducta del llamado en garantía no es constitutiva ni de dolo ni de culpa grave, dado que no se observa que el señor Ortiz Chavarriaga hiciera uso de su arma de dotación oficial, con el propósito de quitarle la vida al joven Giraldo Giraldo y ni que en su conducta mediara un comportamiento negligente, imprudente o propio de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o de conducta que le es exigible.

Sobre este último aspecto, si bien se puede imputar una falta a un deber del cargo, relacionada con el uso proporcional de las armas de fuego y la aplicación de métodos de defensa distintos al uso de estas, el incumplimiento de dicho deber no es producto de una conducta gravemente culposa del llamado, comoquiera que tal situación correspondió a las circunstancias propias en las que se desenvolvió la situación, relacionadas con el temor y el riesgo de que el agresor se apoderara del arma, las cuales llevaron a hacer uso de la misma como mecanismo de defensa.

Por las anteriores razones no se declarará la responsabilidad del llamado en garantía.

6.2. El municipio de Itagüí solicitó que se condenara a la compañía de seguros Aseguradora Colseguros S.A., con fundamento en que celebraron un contrato de seguro, el cual se perfeccionó con la expedición de la póliza Nº 64729 de responsabilidad civil extracontractual, con la cual se amparaba los hechos de la demanda y por tanto al declararse su responsabilidad debían responder esta aseguradora.

Para fundamentar su solicitud la entidad demanda aportó copias auténticas de la póliza Nº 64729 de responsabilidad civil extracontractual (fl. 57-64 c. 1.), con vigencia de 8 de junio de 1995 hasta el 5 de octubre de 1996, por un valor total asegurado de $ 47.573.400.

Como un anexo a la anterior garantía, se aportó copia de las condiciones generales del contrato de seguro en la que se estipuló lo siguiente:

“Condición primera - amparo básico

“Este seguro impone a cargo de la compañía la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, que sean consecuencia de un hecho externo de carácter accidental, súbito, imprevisto, imputable al asegurado, ocurrido durante la vigencia de la póliza.

“Por perjuicios patrimoniales se entienden:

(…).

“B. Daños personales tales como lesiones corporales, enfermedades, muerte, daño moral…

(…).

“Se entiende que la cobertura del seguro comprende la responsabilidad civil extracontractual del asegurado derivada de todos los riesgos que razonablemente forman parte del riesgo asegurado y que son inherentes a las actividades desarrolladas por él, en el giro normal de sus negocios. De tal manera está acaparada la responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado por:

(…).

“Vigilancia de predios

(…).

“Condición segunda - exclusiones

“La compañía no indemniza los daños o perjuicios causados directa o indirectamente por y/o como consecuencia de:

“a. Dolo o culpa grave del asegurado o sus representantes”.

Los términos en que se constituyó el seguro de responsabilidad civil extracontractual que tomó el municipio demandado, impiden la condena a la aseguradora llamada en garantía dado que del riesgo amparado por las partes, expresamente se excluyó el reconocimiento de los perjuicios a favor de terceros en los eventos en que el daño causado a los mismos, fuera consecuencia de la culpa grave o el dolo de sus agentes, cláusula contractual que está en consonancia con lo establecido en el artículo 1055 del Código de Comercio, según el cual “El dolo o la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables”.

Es claro entonces que el municipio demandado, como entidad estatal contratante del seguro, no puede pretender del llamado en garantía el pago de los perjuicios a los terceros damnificados, porque aquellos derivadas de una conducta dolosa de sus agentes, como se demostró que ocurrió en el presente asunto, no hacían parte de los límites contractualmente estipulados en relación con los riesgos cubiertos con la póliza Nº 64729.

Así las cosas, como en el sub lite se acreditó que el daño le es imputable a la entidad demandada, por una conducta dolosa de su funcionario, no existen obligaciones para el llamado en garantía que pudieran desprenderse del contrato de seguro y sobre las cuales se pueda hacer un pronunciamiento judicial condenatorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 21 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, SE DISPONE:

1. DECLÁRASE que el municipio de Itagüí - Antioquia, es patrimonialmente responsable de la muerte del señor Luis Aldemar Giraldo Giraldo, ocurrida el 9 de junio de 1995.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al municipio de Itagüí - Antioquia, a pagar a los demandantes los perjuicios sufridos, así: (i) para la señora Elisa Aurora Giraldo Giraldo por concepto de perjuicios morales la suma de 80 S.M.L.M.V. y por daño material la suma de treinta y dos millones ochenta mil trescientos treinta pesos ($ 32.080.330). y (ii) para los demandantes Sandra Milena, Sorelly Amparo, Ramiro de Jesús, Fabio Darío, Elmer Augusto, Jair Alonso y María Cristina Giraldo Giraldo, la suma de 40 S.M.L.M.V. para cada uno por concepto de indemnización por perjuicios morales.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. ABSUÉLVESE a William de Jesús Ortiz Chavarriaga y a la aseguradora Colseguros S.A., llamados en garantía.

5. El municipio de Itagüí - Antioquia, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1995, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 9.610.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma de $ 28.485.653, solicitados como daño material en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Elisa Aurora Giraldo.

(2) En la demanda erróneamente se señaló que la muerte ocurrió el 12 de junio de 1995, cuando en realidad en tal fecha se hizo el registro respectivo de la muerte del joven Luis Aldemar Giraldo Giraldo.

(3) Sobre este aspecto, conviene aclarar que a la víctima sufrió varias heridas en el pecho, por el tipo de arma utilizada (escopeta de perdigones), la cual al ser accionada por una sola vez dispara proyectiles múltiples, esto es a lo que se le denomina carga múltiple.

(4) Ver, entre otras, sentencias del 1º de noviembre de 1991, Expediente 6469 y del 18 de febrero de 1999, Expediente 10.517.

(5) A título de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, Expediente 6750; del 16 de julio de 1998, Expediente 10.916 y del 27 de julio de 2000, Expediente 12.788.

(6) Sentencia del 28 de febrero de 2002, Expediente 13.011. En el mimo sentido, sentencias de 18 de abril de 2002, Expediente 14.076, de 30 de julio 1998, Expediente 10.981 y de 29 de enero de 2004, Expediente 14.590, entre muchas otras.

(7) Sobre el tema ver, por ejemplo, Ricardo de Ángel Yaguez. Responsabilidad civil por actos médicos. Problemas de pruebas. Civitas, 1ª. ed., 1999, pág. 112.

(8) Sobre este tema, se pueden consultar las sentencias dictadas por esta Sala el 19 de febrero de 1999, Expediente 10.459, el 10 de marzo de 1997, Expediente 11.134, el 31 de enero de 1997, Expediente 9.853, el 12 de diciembre de 1996, Expediente 9.791, el 21 de noviembre de 1996, Expediente 9.531, el 18 de mayo de 1996, Expediente 10.365 y el 15 de marzo de 1996, Expediente 9.050.

(9) Así lo consideró la Sala en sentencias de 18 de febrero de 2010, Expediente 18.701 y 23 de marzo de 2011, Expediente 20.426.

(10) A manera de ejemplo los artículos 63 y 2341 del Código Civil; artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; artículos 6º, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia”; artículo 54 de la Ley 80 de 1993, derogado expresamente por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001; artículos 31 y 44 numeral 9º, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998.

(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de mayo de 2009, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) “... la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o exfuncionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho, como lo señala el artículo 2º de la Constitución Política. Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública. Sentencia de la Corte Constitucional C-832 de 2001, mediante la cual declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo “bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”.