Sentencia 1995-01380/40870 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso número: 05001-23-31-000-1995-01380-01(40870)

Demandante: J.R.B.A. y otros

Demandado: Municipio de La Unión

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

apelación(1)

Extractos: «IV. Consideraciones de la Sala.

1. Presupuestos Procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

8. Como en el presente asunto funge como demandada una entidad territorial (arts. 82 y 149 del C.C.A.), su conocimiento corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2).

9. De otro lado, el artículo 86(3) del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

10. Los padres del menor D.D.B.C. están legitimados en la causa por activa, pues están demostrados sus lazos de parentesco con la víctima(4).

10.1. Los señores R.D.J.L.Z.D.C., A.C.P. y L.E.B.P. —abuelos de la víctima— aportaron sus partidas de bautismo (fls. 6, 8 y 12, cdno. ppal. 1). Sin embargo, en el plenario no aparecen los registros civiles de los padres del menor con los que se pueda corroborar quienes son sus abuelos. De ahí que carezcan de legitimación en la causa por activa, máxime cuando en el plenario no reposan otras pruebas que permitan considerarlos como terceros damnificados.

10.2. Si bien se aportó la partida de bautismo del menor (fl. 9, cdno. ppal. 1), donde se reseñan los nombres de los abuelos, lo cierto es que este documento no es prueba del estado civil de las personas, pues a partir del Decreto 1260 de 1970 se estableció como que el registro civil de nacimiento era la única de ello(5).

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la Sala considera que el municipio de La Unión está legitimado, pues se le endilga participación en los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones, frente a las que está llamado a ejercer su defensa. Cosa distinta del juicio sobre su eventual responsabilidad, el cual se adelantará al definir el fondo de la controversia.

1.3. La caducidad.

12. Teniendo en cuenta que la víctima falleció el 3 de agosto de 1994, según registro civil de defunción (fl. 10, cdno. ppal. 1), y la demanda se presentó el 4 de septiembre de 1995 (fl. 53, cdno. ppal. 1), fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(6).

2. Problema Jurídico.

13. Corresponde a la Sala determinar si la muerte del menor D.D.B.C. por las lesiones que se le causaron en unas instalaciones del municipio de La Unión, le es imputable a dicho ente territorial porque incurrió en una falla en la prestación del servicio.

3. Elementos de la Responsabilidad Extracontractual.

14. Sea lo primero referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, por lo que pueden ser valorados(7). Además, frente a las pruebas trasladadas del proceso penal(8), la Sala debe señalar que la documental fue pedida por la parte actora (fl. 49 cdno. ppal. 1), sin que en momento alguno se tachara de falsa por la parte demandada; respecto de los testimonios trasladados, se tiene que la parte accionante igualmente los requirió y aportó con su demanda (fl. 49 cdno. ppal. 1) y la parte demandada expresamente advirtió estar de acuerdo con la práctica de tales pruebas, por ello no es necesaria su ratificación.

15. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(9), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la imputación.

3.1. El daño.

16. En el sub lite, el daño alegado por la parte demandante se concretó en la muerte del menor D.D.B.C., hecho que está suficientemente acreditado con el registro civil de defunción (fl. 10, cdno. ppal. 1) y el acta de levantamiento del cadáver (fl. 16, cdno. ppal. 1).

3.2. La imputación.

17. En cuanto a posibilidad de imputar ese daño a la Administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco pude la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(10).

18. En ese orden, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

19. Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si el daño es imputable a la parte demandada, debe precisar las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

19.1. Al respecto, el Instituto de Medicina Legal presentó informe de la necropsia practicada al cuerpo del menor, con las siguientes conclusiones (fl. 18 rev, cdno. ppal. 1):

Por los anteriores hallazgos conceptuamos que el deceso de quien en vida respondía al nombre de D.D.B.C. fue consecuencia natural y directa del shock neurogénico resultante de las múltiples lesiones de carácter contuso, en cráneo y encéfalo ocasionadas por tec severo. Todas estas lesiones tuvieron juntas y por separado un efecto de naturaleza mortal.

19.2. El 9 de agosto de 1994, la Fiscalía General de la Nación inició investigación previa (fl. 19, cdno. ppal. 1). El señor G.A. —quien organizaba los torneos infantiles de microfútbol— narró lo sucedido ese día (fl. 20, cdno. ppal. 1):

Encontrándome el miércoles tres de agosto del año en curso en la plaza polideportiva municipal J.O.L., se me acercaron cuatro jóvenes, preguntándome si tenía la llave del gimnasio, porque se les había ido un balón, y yo les respondí que no tenía llaves, pero que era mejor que fueran donde don B.M., a que les prestará una escalera mejor (sic), argumentando los niños que allá no prestaron nada, entonces antes algunos deportistas habían movido una portería a la cancha de baloncesto quedando esta al alcance de poder subir al segundo piso, pero la portería sí se tuvo que mover un poco, luego un niño se subió tratando de alcanzar la ventana pero como era tan pequeño no alcanzaba a la ventana, y entonces me pidieron el favor de que me subiera yo que era más grande que ellos, lo cual acepté y me subí y les cogí el balón y se los tiré, al bajarme nuevamente del segundo piso nuevamente me pidieron el favor de que les ayudara a correr la portería, para ellos poder jugar, cuando la estábamos corriendo perdió el equilibrio la portería y fue cuando sucedió el accidente y le cayó en la cabeza, yo levanté la portería para quitársela al niño, inmediatamente de la cancha de microfútbol vinieron dos policías que es encontraban haciendo deporte, cogiéndolo de manos y pies para llévalo al hospital.

19.3. El señor V.S. — contratista del municipio y encargado de las obras de readecuación— corroboró la versión rendida por el testigo en cita y, respecto a la señalización y medidas de seguridad existentes en la obra adelantada directamente por el municipio, aseguró (fl. 27, cdno. ppal. 1):

Preguntado: Qué medidas de seguridad ha asumido la autoridad local para evitar hechos como el que ocurrió. Contestó: La medida de seguridad fue que se le aplicó cerraduras a las entradas principales y a varios puntos estratégicos pero la gente misma se ha encargado de derribar estas medidas, no les vale y otra medida que se aplicó fue mediante comunicados y reuniones a los padres de familia y avisos a los principales directores de dichos establecimientos para que no dejaran acercar a los niños a este sitio. (…) Preguntado: Díganos si el municipio ha puesto servicio de vigilancia aquí. Contestó: Pues hasta donde yo sepa no se ha puesto servicio de vigilancia.

19.4. El 19 de septiembre de 1994, la Fiscalía adelantó una inspección judicial al lugar de los hechos, como resultado de la cual, después de describir las instalaciones deportivas, indicó (fls. 29 y rev, cdno. ppal. 1):

Se anota que el marco de la portería de microfútbol es móvil y bastante pesada. Se constató que aparte de los obreros de construcción, no existe vigilancia, ni medidas de seguridad que impidan la entrada al sitio donde se ejecuta la construcción.

19.5. El 20 de septiembre de 1994, el señor O.I. —testigo presencial del accidente— relató lo sucedido, describió la portería y las medidas de seguridad existentes en la obra, así (fl. 30 y rev, cdno. ppal. 1):

Eso fue un viernes por la tarde no recuerdo la fecha, eso fue a principios de agosto, nosotros un grupo de muchachos que habíamos (sic) en la cancha íbamos a jugar un partido, antes de iniciar el partido se fue un balón a un salón del segundo piso, entonces yo me encontraba en la segunda cancha del polideportivo, en la cancha adyacente, entonces corrieron una cancha de microfútbol para coger el balón, cuando dice cancha se refiere al arco de hierro, la corrieron y se montó un muchacho a coger el balón para evitar que los pelaitos de la escuela se subieran, entonces cogió el balón y lo tiró y se bajó y los muchachitos quedaron alrededor del arco de hierro (cancha de microfútbol) entonces los pelaitos empezaron a mover la cancha y D.D. se encontraba frente al tubo grueso, entonces los muchachos al moverla no fueron capaz con ella porque estaba suelta, cuando yo volteé la cara vi que la cancha o arco de hierro iba en el aire y miré el impacto que la cancha le dio al pelaito (hoy occiso) (…) Preguntado: Diga si en el punto o sector donde se encontraba el marco o portería de microfútbol el terreno era estable o por el contrario ya habían hecho trabajos que impedían el buen desplazamiento de ese marco. Contestó: Estaba firme en cemento y el marco se podía mover para cualquier lado. (…) Preguntado: Diga si alguna autoridad o empleado del municipio de La Unión vigilaba o controlaba o si había algún aviso de peligro o si la entrada era libre. Contestó: En la cancha no habían avisos que dijeran peligro, tampoco había vigilante, la entrada era libre, eso estaba abierto al público.

19.6. El 12 de mayo de 1995, la Fiscalía decidió no abrir instrucción por la muerte del menor, pues consideró que acaeció de forma accidental, por ello ordenó el archivo de las diligencias (fl. 35, cdno. ppal. 1).

19.7. Obran en el plenario los testimonios decretados por el a quo, oportunidad en la que el señor G.A. —testigo presencial del accidente— nuevamente testificó, expuso la misma versión de los hechos —supra párr. 19.2.— y agregó (fls. 131 a 133 rev, cdno. ppal. 1):

Preguntado. Sírvase manifestar al despacho de qué manera se enteró usted de los arreglos que se estaban realizando en la placa polideportiva. Contestó. Porque había un boletín o comunicado donde se prohibía el acceso a personas particulares, el acceso a la placa polideportiva. El boletín se le entregó al rector de la escuela, don M.G., se leyó por la emisora la Voz de la Unión, y en el mural de la salsamentaría donde se pegan todos los avisos deportivos, el boletín fue expedido por el alcalde. Preguntado. Manifiéstele al Despacho si usted tuvo algún inconveniente el día en mención para ingresar a las instalaciones de la placa polideportiva, es decir, si había alguien controlando la entrada si habían (sic) letreros o avisos que prohibieran el ingreso allá. Contestó. Entré normalmente, por la puerta principal, estaban los trabajadores laborando y el celador no había llegado.

19.8. El señor O.I. —testigo presencial del accidente— nuevamente relató lo sucedido —supra párr. 19.5.— y aseguró que él, en anterior oportunidad, también tuvo un percance sin mayores consecuencias con una cancha de baloncesto (fls. 137 rev a 140, cdno. ppal. 1):

[E]staba muy pelado, porque me subí a enderezar una cancha de basquetbol (sic), el aro de baloncesto y cuando me dijo un señor que no me podía subir, era ya demasiado tarde porque ya me estaba cayendo, porque a eso le quitaban unas pesas y yo de pelado no me fijé, y no había ningún aviso de que uno no se podía subir ahí.

19.9. El señor L.G. —trabajador de las obras de readecuación— describió el arco de microfútbol que causó el accidente (fls. 141 a 143, cdno. ppal. 1):

Pregunta. Por el despacho. Sírvase explicar al despacho si ustedes [los trabajadores] recibieron órdenes y de parte de quién o por el contrario no se les dijo nada respecto a que se retiraran de la placa las canchas de microfútbol, para dejarlas fuera de uso mientras se realizaba el trabajo. Contestó. Nosotros las movíamos y las dejábamos en lugares donde no hubiera peligro y las utilizábamos para hacer andamios cuando las necesitábamos. Ese día no recuerdo donde estaban ubicadas, solo que estaban en la parte de abajo, en la puerta principal que me acuerde había una. Pregunta. Díganos si esas canchas o arcos para moverlas cuántas personas lo tenían que hacer o si hasta un niño podía moverla solo. Contestó. Las movíamos tres o cuatro trabajadores porque los niños no eran capaz de moverlas, eso es muy pesado, la movíamos tres o cuatro trabajadores de abajo, y de arriba la podía voltear un niño, porque como es tan alto entonces un niño se sube y la tira al suelo porque basta ponerle un pie para voltearla, pero si el peso es para atrás sí cae, pero si el peso es hacía adelante o directo al piso no hay problema (sic). La causa para que la cancha se voltee hacía adelante es que una persona se suba y se impulse con el pie y entonces la chancha se desnivela y se cae al piso. Además como trabajadores nosotros sabíamos la inestabilidad de la cancha.

20. La Sala advierte que, una vez analizados los testimonios, en conjunto con la necropsia de la víctima y la inspección judicial, está acreditado que: i) la víctima del accidente murió por múltiples lesiones de carácter contusivo en su cabeza; ii) el menor padeció esas lesiones en unas instalaciones deportivas de propiedad del municipio; iii) cualquier persona tenía acceso al complejo deportivo y iv) el arco de microfútbol que cayó encima del menor era pesado, móvil e inestable, esto es, se podía variar su ubicación libremente al interior del complejo deportivo y perdía el equilibrio fácilmente, en tanto, carecía de un contrapeso que asegurara su estabilidad.

21. Aclarado lo anterior, es clara la falla en el servicio que se alegó en la demanda, pues el municipio tenía la obligación de realizar el mantenimiento y sostenimiento de sus instalaciones, así como propender por la seguridad del establecimiento y de los elementos que ahí se encontraran; sin embargo, conforme a las pruebas que obran en el proceso, estos deberes se incumplieron(11).

22. Adicionalmente, quedó acreditado que, con anterioridad a la muerte de la menor, se había presentado por lo menos un incidente en las instalaciones deportivas con una portería de baloncesto inestable, que si bien no revistió consecuencias fatales, lo cierto es que da cuenta del evidente riesgo que representaban esos elementos para la vida y la integridad de los usuarios del polideportivo, pese a lo cual el municipio no dispuso lo necesario para su adecuación a los fines a los que estaba destinado, ni adoptó las medidas de seguridad para impedir su uso, siendo evidente que estaban en condiciones que lo impedían de manera segura.

23. En efecto, los artículos 90(12) del Decreto 77 de 1987 y 2(13) del Decreto 864 de 1987 disponían que la construcción, dotación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, constitutivas de espacio público, según el artículo 5(14) de la Ley 9 de 1989, era competencia del municipio de La Unión, y para ello el artículo 21(15) de la Ley 60 de 1993 ordena que parte de los recursos que le correspondían se debían invertir en instalaciones deportivas, en igual sentido, el artículo 7(16) de la Ley 12 de 1986 permitía que parte de la participación del municipio en el impuesto a las ventas se destinara a estos fines.

24. En todo caso, aún si el ente territorial no contaba con los recursos necesarios para mantener dichas instalaciones en óptimo estado, tenía la obligación de impedir el acceso de las personas a este mientras adoptaba las medidas tendientes a su reparación, máxime durante el término de ejecución de trabajos que maximizaban los peligros en el lugar.

25. Así, el daño es imputable al municipio, pues tenía el deber de mantenimiento de esas instalaciones deportivas, el que omitió, al tiempo que tampoco aseguró de manera eficiente el lugar para impedir el acceso, en especial de los menores de edad.

26. Ahora bien, el municipio adujo que se configuró una culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, pues el menor, ayudado de un adulto, movió el arco y ello ocasionó que la estructura se precipitara. Al respecto, es preciso señalar que la actuación de la víctima o del tercero no configura una causal eximente de responsabilidad, puesto que ello en nada se relaciona con el incumplimiento obligacional atrás descrito, el indebido manejo y disposición de una portería inestable(17).

27. De esta manera, las conductas ajenas al municipio no tienen la capacidad de exonerarlo de responsabilidad, máxime cuando el incumplimiento de sus obligaciones recayó sobre estructuras destinadas para la diversión y esparcimiento de niños y niñas, por ello debía el municipio mantenerlas en condiciones aptas para su utilización. Por lo anterior, se revocará la sentencia impugnada.

3.3. Liquidación de perjuicios.

28. En relación con los perjuicios morales, la Sala recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento, en tratándose de muertes, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y no en gramos oro como se solicitó en la demanda(18), por la Sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(19), así:

Reparación del daño moral en caso de muerte
NivelTipo de relaciónMonto
1Relaciones afectivas conyugales y paternofiliales.100
2Parientes en el 2° de consanguinidad.50
3Parientes en el 3° de consanguinidad.35
4Parientes en el 4° de consanguinidad.25
5Terceros damnificados.15

28.1. En esa línea, se condenará al municipio a pagar 100 salarios vigentes al momento de ejecutoria de esta sentencia a cada uno de los padres del menor, pues acreditaron el parentesco que tenían con la víctima, hecho que unido a las reglas de la experiencia, le permite a la Sala inferir el perjuicio moral que sufrieron con la muerte de su hijo, sin que exista prueba en contrario al respecto.

29. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra que están deferidos a la pérdida de ayuda económica que los padres percibirían de su hijo, una vez este cumpliera la mayoría de edad.

29.1. Cuando de la muerte de un niño se trata, la Sala ha negado el lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, por ser un perjuicio eventual(20), en contraste, cuando se acreditan los ingresos se ha condenado al pago del perjuicio(21).

29.2. Ahora, si se tiene en cuenta que la presunta ayuda futura alegada por los actores no puede, en este caso, configurar, un perjuicio cierto, dado que ello solo puede ubicarse en el campo de las posibilidades, pues no hay certeza de que el menor percibiera algún ingreso, en contraste, se advierte que cursaba quinto de primaria, según certificación de la Escuela U.F.D.P.S. (fl. 13, cdno. ppal. 1), y no hay prueba de que dedicara su tiempo a algo distinto. Por lo tanto, al no estar acreditado, la Sala negará el lucro cesante.

30. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVOCAR la Sentencia del 30 de noviembre de 2000 del Tribunal Administrativo del Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de R.D.J.Z.D.C., A.C.P. y L.E.B.P., según la parte considerativa de esta providencia.

2. DECLARAR la responsabilidad extracontractual del municipio de La Unión por la muerte del menor D.D.B.C. ocurrida el 3 de agosto de 1994.

3. En consecuencia, CONDENAR al municipio de La Unión a pagar, por concepto de perjuicios morales, a los señores J.R.B.A. y M.N.C.L. el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Para el cumplimiento de esta Sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

2. El numeral 6 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, conforme al artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, como la sumatoria de todas las pretensiones asciende a $122.660.900, es claro que para el 4 de septiembre de 1995 (fl. 53, cdno. ppal. 1) –fecha de presentación de la demanda–, la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia, esto es, superior a $59.467.000.

3. “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

4. Está demostrado que J.R.B.A.y M.N.C.L. son padres del menor D.D.B.C. (registro civil de nacimiento –fl. 4, cdno. ppal. 1–).

5. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 16694, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Sobre la posibilidad de emplear las partidas de bautismo para acreditar el estado civil de las personas, la Sala indicó: “En vigencia del artículo 347 del C.C., y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1.938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1.970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”.

6. “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

7. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “[S]i se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito –bien sea formal o sustancial– para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

8. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9. Cfr. Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la Sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón. En esa oportunidad se precisó: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación’ como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.

11. La Sala advierte que existen precedentes sobre daños derivados de accidentes ocurridos en instalaciones deportivas por porterías móviles –no fijas al suelo– o en mal estado, así: i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 30932, C.P. Enrique Gil Botero. En un evento deportivo, un menor perdió dos dedos porque una portería cayó sobre su mano, pues la estructura no contaba con las pesas de seguridad que garantizaban su estabilidad; ii) Subsección C, Sentencia del 26 de marzo de 2014, Exp. 29614, C.P. Enrique Gil Botero. Un niño falleció por shock neurogénico, causado por fractura de base de cráneo, en tanto, el menor se colgó de la portería y esta le cayó encima, pues era móvil, no estaba asegurada al suelo; iii) Subsección C, Sentencia del 19 de agosto de 2011, Exp. 20229, C.P. Enrique Gil Botero. Un joven falleció por anoxia –déficit de oxígeno en el organismo–, causado por la portería que le cayó encima cuando se colgó de esta para celebrar un gol, estructura que era inestable y, en todo caso, no estaba debidamente asegurada; iv) Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Un niño falleció por el golpe que recibió en su cabeza al caer de una cancha de fútbol que no estaba debidamente asegurada, a la que se había subido para evadir un perro que lo perseguía; v) Sala Especial Transitoria de Decisión 3A, Sentencia 9 de julio de 2007, Exp. 2003-00746-01(S), C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Un menor falleció cuando se encontraba jugando fútbol, a consecuencia del desplome de una de las porterías, que cayó sobre su humanidad; y vi) Sección Tercera, auto del 5 de diciembre de 2005, Exp. 26001, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Un menor falleció debido al golpe que recibió en la cabeza cuando el travesaño de la portería de fútbol, que estaba en mal estado de conservación, se desprendió luego de ser impactado por un balón.

12. “La construcción, dotación y mantenimiento de planteles escolares e instalaciones deportivas, de educación física y de recreación, que adelantan entidades descentralizadas del orden nacional estarán, en lo sucesivo, a cargo de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá. // Los departamentos, intendencias y comisarías podrán concurrir a la construcción, dotación y mantenimiento de los planteles e instalaciones de que trata este artículo”.

13. “La dotación y mantenimiento de los escenarios deportivos, de educación física y de recreación, cuya construcción se realice con posterioridad a la vigencia del Decreto Ley número 77 de 1987, estará a cargo de los municipios y/o el Distrito Especial de Bogotá”.

14. “Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. // Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos”.

15. “Participación para Sectores Sociales. Las participaciones a los municipios de que trata el artículo 357 de la Constitución, se destinarán a las siguientes actividades: (…) 10. En educación física, recreación y deporte: inversión en instalaciones deportivas; dotación a los planteles escolares de los requerimientos necesarios para la práctica de la educación física y el deporte; conforme a lo previsto en la Ley 19 de 1991 dar apoyo financiero, y en dotación e implementos deportivos a las ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos; e inversión en parques y plazas públicas”.

16. “La proporción de la participación del Impuesto a las Ventas, que el artículo sexto condiciona a gastos de inversión, podrá destinarse a los siguientes fines: (…) k) Construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones deportivas y parques”.

17. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En asuntos similares, sobre la procedencia de la causal eximente de responsabilidad, se advirtió: “De esta manera como la conducta del menor no contribuyó eficazmente a la producción del daño, ni de manera eficiente ni concurrente, sino que el hecho que puede considerarse como causa generadora del accidente fue que la cancha no estaba asegurada al suelo, y, por lo tanto, representaban un riesgo latente, se concluye que el daño es solamente imputable a las entidades demandadas. Por lo tanto, se revocará la Sentencia impugnada”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 30932, C.P. Enrique Gil Botero. “En efecto, de lo que dan cuenta los hechos y las pruebas que se vienen de relacionar, es que la causa exclusiva y determinante que generó el daño fue que la portería que no estaba asegurada al suelo o en su defecto, el día del accidente no fue colocada en posición invertida, para evitar la concreción del peligro que representaba para la comunidad, sin que la actuación de unos menores pueda relevar al demandado de responder patrimonialmente. // Lo descrito es argumento suficiente para revocar la sentencia de primera instancia, comoquiera que el riesgo fue creado por el ente municipal y debió prever que, al tratarse de estructuras destinadas a la recreación, los niños jugaran con ellas, esto es, era obligación del municipio ejercer un control real y eficaz y tomar todas las medidas para evitar accidentes”.

18. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En esa oportunidad se abandonó el criterio de tasar los perjuicios morales en gramos oro y se adoptó el salario mínimo para el efecto.

19. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

20. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 5 de julio de 2012, Exp. 23643, C.P. Olga Melida Valle de de la Hoz; Sección Tercera, Sentencia del 8 de noviembre de 2001, Exp. 12820, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y Sección Tercera, Sentencia del 10 de agosto de 2001, Exp. 12555, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

21. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 31178, C.P. Ramiro Pazos Guerrero y Subsección B, Sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 27484, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E). Los demandantes acreditaron que el menor, por sus particulares condiciones socioeconómicas, se dedicaba, en el primer caso, a la venta de dulces y, en el segundo, a la pesca, por tanto, se condenó al pago a favor de los padres de la ayuda económica que dejaron de percibir con ocasión de la muerte de su hijo.