Sentencia 1995-01508 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 29.994

Rad.: 050012331000199501508-01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Dioselina Muñoz Murillo y otros

Demandado: Municipio de San Carlos

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 15 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso sub examine.

2. Es importante resaltar que, como anexos de la demanda, fueron aportados una serie de documentos —facturas y recibos de pagos funerarios—, con los cuales la parte demandante pretende acreditar el daño emergente, al ser estos, los soportes de los gastos a los que se vio obligado a incurrir uno de los familiares para llevar a cabo las honras fúnebres. Ahora bien, se advierte que la respectiva valoración probatoria de los documentos en mención, se hará en el acápite de perjuicios materiales, y al efecto, se determinará la viabilidad o no de los mismos, para proceder a su reconocimiento.

3. Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se advierte lo siguiente:

3.1 En lo que concierne a la muerte del señor Gilberto Antonio Arias Ríos, está probada en debida forma, por un lado, con el certificado de defunción expedido por la notaría única del círculo de San Carlos, en el que se informa como causa principal de la muerte un shock neurogénico(1); y por otro lado, con la necropsia llevada a cabo por la ESE San Carlos —Antioquia—, la que da cuenta de la siguiente información:

“Por los anteriores hallazgos conceptuamos que el deceso de quien en vida respondía al nombre de Gilberto Antonio Arias Ríos, fue consecuencia natural y directa del shock neurogénico secundario a la laceración encefálica producida por trauma encefalocraneano lo cual tiene un efecto esencialmente mortal” (fl. 209, cdno. ppal. tribunal).

(Sic) 3.3. Haciendo referencia a aspectos circunstanciales de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se tiene que el día 30 de diciembre de 1993, siendo las 01:45 pm, a la altura de la calle 19 “La variante”, en cercanías a una curva, ocurrió un accidente entre tres vehículos, el primero —motocicleta—, en el que transitaba como parrillero el señor Gilberto Arias Ríos, quien resultó muerto; el segundo —tipo volqueta, de placas JF 6173, perteneciente al municipio demandado, destinado al servicio del mismo, e iba conducido por un empleado oficial; y el tercero —tipo volqueta, de placas KA 8032, perteneciente a la señora Luceli Correa, conducido por Efraín Moreno Correa.

Según informe de la Secretaría de Tránsito del municipio de San Carlos, las probabilidades o causas del accidente se debieron a que las dos volquetas le redujeron la vía al conductor de la motocicleta; y según la hipótesis indicada en el croquis elaborado por la misma entidad, el vehículo oficial hizo un adelantamiento en curva, invadiendo la vía en la que transitaba la moto, lo que determinó su desestabilización y consecuencias ya conocidas (fls. 100 y 101 cdno. ppal. tribunal).

(Sic) 3.5. En lo que se refiere a la propiedad del vehículo del demandado, identificado con placa JF 6173, resulta pertinente hacer las siguientes precisiones:

Desde el momento mismo de la presentación de la demanda, se ha afirmado que el vehículo, para la época de los hechos, era de propiedad del municipio de San Carlos —Antioquia—, estando a su disposición, para llevar a cabo actividades propias del ente territorial, bajo la conducción del señor Hugo de Jesús Ciro Arias, quien era empleado público del referido ente territorial(2). Ahora bien, en el curso de la primera instancia, si bien, no se allegó el certificado de propiedad del vehículo en cuestión, aun siendo solicitada(3) y decretada(4), con posterioridad, con la presentación del recurso de apelación, fue aportado el documento(5), y en ese orden, se tendría subsanada la falencia probatoria, en tanto en el documento anexo —historial—, se señala que entre los años 1991 y 1997, el propietario del mismo era el municipio de San Carlos —Antioquia—. Sin embargo, al observar los datos insertados en el mencionado certificado, la Sala se percata de que existe una inconsistencia leve respecto de la placa del vehículo, la cual aparece identificada como “JFF 173”, siendo que la correcta es la JF 6173. Se transcribe lo pertinente del mencionado documento:

Departamento de Antioquia

Secretaría de Hacienda

Dirección Departamental de Transporte y Tránsito

Certificado de propiedad

PLACA: JFF173

Vehículo: Volqueta

Carrocería: Volco

Marca: Dodge

Modelo: 1978

Color: Verde

Motor: TAD 817 diésel

CHASIS: DT 817612” (fl. 283, cdno. 2).

Ahora bien, aún en presencia del error en la placa del vehículo, al identificar el resto de características, se tiene que estas sí coinciden con lo descrito en otros medios probatorios, tales como: el croquis elaborado con ocasión del accidente por la Secretaría de Tránsito del municipio de San Carlos, y el informe de accidente realizado por la misma entidad, en las que se indica: la marca del vehículo —Dodge—; el modelo —1978—; y el color —verde—, por lo que, si se lleva a cabo una conjunción de datos, se llega a la conclusión de que el titular del vehículo tipo volqueta de placas JF 671, para el momento del suceso, era el municipio de San Carlos(6).

Pues bien, existen otros medios de conocimiento que van dirigidos a esa misma conclusión, en tanto se encuentra la manifestación del apoderado de la entidad demandada en el llamamiento en garantía que le hace a la Caja Agraria de Crédito Territorial, escrito en el cual se reconoce al vehículo como de la entidad, y además de señalar que estaba a disposición de la administración, se aporta copia de la póliza de responsabilidad extracontractual por los posibles daños ocasionados por el mismo. Se transcribe del documento en mención:

“Seguros Caja Agraria

Póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito

Nº: A-1185540-6

Placa: JF 6173

Motor Nº: T817612085

Marca: Dodge

Modelo: 78

Servicio: municipio de San Carlos

Clase de vehículo: volqueta

Vigencia: desde el 12 de marzo de 1993, hasta el 12 de marzo de 1994” (fl. 107, cdno. ppal. tribunal).

De todo lo anterior, se advierte que se encuentra debidamente acreditada la propiedad del vehículo de placas JF 6173 para la época del accidente de tránsito en el caso sub examine, lo que viene confirmado por los distintos medios probatorios relacionados.

Ahora bien, no obstante lo anterior, es necesario hacer claridad en que, más allá de la titularidad del bien objeto de los acontecimientos, lo transcendente a nivel jurídico para vincular a la administración, es determinar la existencia de la guarda material, que consiste en la relación inescindible que se estructura entre la actividad peligrosa y el servicio público prestado a través de ella, es decir, un ejercicio de poder y dirección que sobre la misma ejerce el Estado.

Sobre el particular, la doctrina nacional más autorizada en la materia ha puntualizado:

“En determinado momento, la guarda de una cosa puede estar en cabeza de varias personas, sea porque les es común, sea porque les pertenezca y de una u otra forma tienen poder de dirección y control sobre ella, aunque desde diferentes ámbitos...”(7).

En estos supuestos, es imperativo determinar quién es el guardián o guardianes de la cosa, con miras a esclarecer el responsable en la concreción del riesgo, circunstancia que permitirá atribuir la responsabilidad por el daño antijurídico padecido.

En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, la doctrina mayoritaria ha reconocido la imposibilidad de imputar la responsabilidad al guardián del comportamiento, cuando de los supuestos fácticos se desprende que el daño se origina en la estructura misma de la cosa, o de los elementos a través de los cuales se desarrolla la actividad(8); no sucede lo propio en sede de la responsabilidad extracontractual de la administración pública, toda vez que, si el Estado es el guardián del comportamiento o de la actividad peligrosa, es porque se está frente a la prestación de un servicio público o actividad estatal y, por lo tanto, no se puede liberar de su responsabilidad en relación con los hechos, máxime si el daño es producto de la concreción de una actividad de alto riesgo.

En ese orden de ideas, a la luz de los hechos que fundamentan fácticamente el caso sub examine, está plenamente probado que el municipio de San Carlos tenía la guarda de la actividad y la guarda material de la misma; lo primero, en tanto se cumplían labores propias del ente territorial (actividad estatal); y lo segundo, por la vinculación legal y reglamentaria existente entre el conductor del vehículo y la administración, el cual ejercía sus funciones en esa calidad, siendo irrelevante, en consecuencia, analizar la propiedad que sobre el vehículo se tuviera, lo cual fue el eje principal de la negativa de pretensiones en primera instancia.

3.6. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, si bien, no hay prueba del proceso contravencional, ni de ningún tipo de sanción administrativa en contra de los posibles causantes del suceso; con el expediente aportado por el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario —Antioquia—, hay certeza de la actuación sumarial adelantada en contra del señor Hugo de Jesús Ciro Arias —empleado oficial—, con motivo del delito de homicidio culposo por la muerte del señor Gilberto Antonio Arias Ríos en accidente de tránsito ocurrido el 30 de diciembre de 1993 (fls. 1-157, cdno. 3), proceso que culminó con sentencia condenatoria de 13 de septiembre de 1995, en la que se consideró que, de conformidad con las pruebas obrantes, el condenado realizó un conducta que entrañó ligereza y falta de cautela, al realizar un adelantamiento en curva, lo cual determinó el curso de los acontecimientos, por lo tanto, la conducta adquiere relevancia penal en la medida en que este estaba en la capacidad de prever, dada su experiencia en el oficio, el resultado dañoso acaecido. Al respecto se adujo en la sentencia:

“Así las cosas, Hugo de Jesús Ciro Arias será sancionado penalmente porque estaba en capacidad de preveer (sic), dada su inteligencia y su experiencia en el oficio, el resultado dañoso; recuérdese que los elementos del delito culposo son, la voluntariedad del acto que se traduce en el hecho de estar obligado a obrar con diligencia, con cuidado, con prudencia, lo hizo, en cambio, con indolencia con descuido, omitiendo hacer lo que estaba obligado a ejecutar (...)

El hecho de preveer (sic) los efectos nocivos del acto y de confiar con ligereza o imprudencia en no producir el resultado previsto, es lo que equivale a ratificar el resultado” (fl. 198, cdno. 3).

De lo anterior se deduce, que el siniestro consistió en un accidente entre tres vehículos, causado por el conductor del automotor identificado por placas JF 6173, de propiedad y al servicio del demandado, el que infringió una norma de tránsito, al realizar una maniobra indebida, que consistió en adelantar en curva, por lo que encontró de improviso a la motocicleta que venía en su vía, propiciando la desestabilización de la misma, y con ello, que fuera atropellada por el vehículo de placas KA 8032, de propiedad particular(9).

4. Con los medios suasorios relacionados, se tiene por acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que el señor Gilberto Antonio Arias Ríos murió como consecuencia del accidente acecido el 30 de diciembre de 1993, en el que se vieron involucrados tres vehículos: dos automotores tipo volqueta; uno de propiedad particular, otro de propiedad del municipio de San Carlos, y la motocicleta en la que iba como parrillero la víctima. En ese orden, en lo que respecta al daño alegado, se advierte que el mismo tiene la connotación de antijurídico, pues los familiares de la víctima no estaban en el deber jurídico de soportar la muerte de su ser querido.

Ahora bien, la antijuridicidad del daño va dirigida a que no solo se constate la materialidad y certeza de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de padecerlo.

El daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se edifica la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos a saber: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(10). Al respecto esta corporación ha señalado:

“(...) el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga”(11).

5. En ese orden, probada la afectación a los demandantes, y la connotación antijurídica de la misma, se procede a llevar a cabo un análisis de imputación, tendiente a verificar si tales daños son atribuibles a la entidad demandada, bajo el título de responsabilidad que en derecho corresponda, en atención a las particularidades del caso.

Pues bien, se encuentra probado que el 30 de diciembre de 1993, en la calle 19 transversal, del municipio de San Carlos, se presentó el accidente automovilístico en el que resultó muerto Gilberto Antonio Armas Ríos(12).

En la sentencia del 13 de septiembre de 1995, en la que se resolvió el proceso penal por homicidio culposo derivado del accidente en mención, se señaló que la causa del mismo, fue la infracción a la norma de tránsito en que incurrió el señor Hugo de Jesús Ciro Arias, conductor del vehículo tipo volqueta —de propiedad del demandado—, quien llevó a cabo un adelantamiento en curva y tomó por sorpresa a la moto que transitaba en la calle, siendo lo correcto, seguir su tránsito en la vía en la que circulaba o percatarse de qué tan permitido era hacer la maniobra para ingresar a la calle contraria, evitando así las consecuencias ocurridas(13). Ahora bien, para llegar al fallo condenatorio, se valoraron una serie de declaraciones de testigos presenciales de los acontecimientos, los cuales serán analizados en sede de lo contencioso administrativo a la luz del derecho de daños, teniendo en cuenta que sus dichos aportan al proceso de constitución de la certeza, para efectos de determinar si son atribuibles al demandado los daños antijurídicos ocasionados. Asimismo, porque obran como prueba trasladada(14), de acuerdo a la solicitud hecha en la demanda(15), la que de igual forma, fue coadyuvada por la entidad demandada en su escrito de contestación(16); por lo tanto, en virtud del principio de lealtad procesal, que irradia la actividad probatoria, se llevará a cabo su valoración respectiva.

Pues bien, a folio 28 del cuaderno 3, expediente penal, obra la declaración del señor Arturo Noguera Ospina, quien se encontraba ubicado cerca al lugar donde ocurrieron los hechos y presenció parcialmente el evento. Sobre el particular señaló:

“(...) Contestó. Lo que yo sé es esto, yo me encontraba ese día parado en la puerta de la señora Angélica Quintero, eran más o menos las dos de la tarde, cuando pasaba una volqueta amarilla por la variante, la casa de doña Angélica está situada en toda la ye que coge la cuadra del cementerio y la variante. Más detracito (sic) venía una volqueta verde y le picó pasada (sic) a la amarilla, cuando llegaron a un árbol que hay muy grande en la variante, ya había alcanzado como para pasársela, yo sentí el estregón que se pegaron y dije: allá se dieron esas volquetas, cuando la gente salió a la calle, ya las volquetas habían trastornado y oíamos a un señor gritando auxilio (...)”.

Sobre los mismos acontecimientos, y en consonancia con lo manifestado por el testigo anterior, la señora Ana de Dios Gómez García, declaró:

“(...) Contestó. Ese día yo iba por la variante, era después de mediodía, iba para el río, me atracé (sic) un poco de la familia que iba conmigo, entonces como siempre estaba un ‘poco quedada, comencé a trotar por la variante y me encontré con dos volquetas que venían, una amarilla y otra verde. La amarilla venía adelante, la verde aceleró a pasarse ahí en la curva del cementerio, en ese mismo instante sentí una moto que venía atrás de mí, entonces me hice a un lado y la moto alcanzó a darse con la verde y meterse por el medio de ellas dos, revotando en la amarilla y luego en la verde, en los volcos, y luego cayó la moto atrás de las volquetas. En la moto iban dos pelados, no sé cómo se llaman. Las dos volquetas iban apariadas (sic) cuando apareció la moto (...)

Preguntado. ¿Observó usted si la volqueta de color verde que quiso adelantar la amarilla tenía buena visibilidad en el punto para hacerlo? Contestó. El punto donde trató se sobrepasar la volqueta es una curva, aunque abierta, no hubo tiempo para observar que venía la moto. Preguntado. ¿Cree usted que la volqueta verde venía con mucha velocidad o por el contrario lo hacía en forma lenta? Contestó. La volqueta verde aceleró un poco para pasarse a la amarilla. Preguntado. ¿Cuál era la velocidad de la motocicleta? Contestó. Venía a buena velocidad, ambas, volqueta y motocicleta se encontraban a buena velocidad. Preguntado. ¿Notó usted que el momento de la colisión alguno de los dos conductores de la volqueta verde y la motocicleta, disminuyeran la velocidad? Contestó. La moto trató de frenar y no tuvo tiempo, se dio contra el guardabarros de la volqueta, de frente, con la verde. Preguntado. ¿Y después de darse el golpe con el guardabarros de la volqueta verde cayó inmediatamente o por el contrario, siguió su curso? Contestó. No cayó, solo cogió la moto o la golpeó y esta logró meterse por entre las dos volquetas, golpiándose (sic) con la amarilla, revotando en la verde y cayendo atrás. Contra la amarilla se dio de lado. Todo eso fue instantáneo.

En diligencia instructiva, ante la inspección de policía del municipio de San Carlos, declaró el señor Octavio de Jesús Sánchez Alzate, quien conducía la moto accidentada. Respecto de las circunstancias narradas, guarda coherencia con las declaraciones que vienen de transcribirse, al sostener que lo ocurrido obedeció al adelantamiento indebido de la volqueta oficial, lo que lo sorprendió de improviso y en circulación, teniendo como única opción el ingresar en medio de los dos vehículos, lo que marcó los golpes en ambos lados, y posterior consecuencia negativa. Al respecto manifestó:

“(...) Yo venía para mi casa por la variante y antes de la curva para llevar al puente hiban (sic) las volquetas una en contra vía y la otra en su carril, pero iban como charlando, al yo ver que la vía estaba cerrada traté de meterme por el centro para ver si me salía, entonces al (sic) me cogió la volqueta verde y me tiró contra la volqueta amarilla y esta nos tiró y rodamos por ahí media cuadra.

(...)

Preguntado. ¿Sírvase decirnos si el accidente ocurrió en recta o en curva? Contestado: Fue saliendo de la curva y ellos entrando” (fls. 4 y 5, cdno. 3. expediente penal).

6. Conforme a lo anterior, se acreditó que el daño sufrido por el demandante, es imputable a la entidad demandada, municipio de San Carlos, toda vez que, a la luz de los hechos probados, se está en presencia de una falla del servicio, por las razones que pasan a exponerse.

La demandada incumplió una obligación a su cargo, pues realizó una conducta que, para la normativa de tránsito es considerada como una contravención. Al respecto, el artículo (136) del Código Nacional de Tránsito (D. L. 1344/70), aplicable al momento de los hechos, consagraba lo siguiente:

ART. 136.—Reformado por el Decreto 1809 de 1990, 115ª (este modificado por el D. 2195/90 y por el D. 1951/90). Es prohibido adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

1. En intersecciones.

2. En los tramos de vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

3. En las curvas o pendientes donde exista una visibilidad menor de cien (100) metros (resaltado y negrillas de la Sala).

4. Cuando la visibilidad sea desfavorable.

5. En las proximidades de pasos de peatones.

6. En las intersecciones con vías férreas.

7. En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.

La sentencia penal que obra de folios 130 a 144 del cuaderno 3, al ser condenatoria en contra del señor Hugo Ciro Arias, por la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por el accidente en el que resultó muerto el señor Gilberto Antonio Arias Ríos, revela la realización de una imprudencia en la vía por parte del conductor del vehículo tipo volqueta de placas JF 6173, infracción que consistió en llevar a cabo un adelantamiento entrando en una curva. Conducta evidentemente peligrosa que fue la determinante en la ocurrencia de la colisión, ya que al invadir la vía contraria, lo que ocurrió manera intempestiva y sorprendiendo al conductor de la motocicleta que venía en su vía, marcó la génesis del siniestro, en la medida en que ello propulsó la desestabilización de la moto en la que transitaba el familiar de los demandantes.

Es evidente, entonces, que lo sucedido tuvo origen en la realización de una conducta prohibitiva, por lo tanto, el conductor, sujeto activo de este evento, debe asumir las consecuencias de su actuación.

Pues bien, en casos como el de autos, en los que hay concurrencia de actividades peligrosas, se ha acudido a la teoría causal para efectos del análisis de imputación, la cual se erige como la más idónea para fijar cuál fue el origen de los acontecimientos, génesis del daño. En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva, concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del mismo(17).

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico.

En ese orden, no hay duda que la conducta anómala de la administración, fue la causante del accidente en el que resultó muerto el joven Jesús Gilberto Antonio Arias Ríos, comoquiera que el conductor de la volqueta de la demandada realizó un adelantamiento prohibido, ocasionando el choque entre los tres vehículos comprometidos. De esta infracción, por lo demás, deviene claramente esperable, conforme a las reglas de la experiencia, el accidente ocurrido, lo que permite considerarla en el caso concreto, la causa del resultado. En consecuencia, se encuentra demostrada la falla de la administración, pues frente a los hechos, resulta claro, que se violó una disposición del Código Nacional de Tránsito, posibilitando con ello el siniestro en el que murió Gilberto Antonio Arias Ríos.

Para la Sala es inhesitable que el accidente ocurrió por el hecho exclusivo y determinante del demandado, en la medida en que se encuentra probado el origen del mismo, consistente en la infracción realizada por el conductor del vehículo oficial. Y, si bien, como fue expuesto por la entidad demandada en su defensa, el conductor de la motocicleta no debió en su tránsito ingresar entre las dos volquetas que obstaculizaban su paso, circunstancia que, a pesar de ser evidentemente irreflexiva, en tanto ello constituye una maniobra peligrosa, no le traslada la culpa, es decir, la conducta realizada por el conductor de la motocicleta, ocurrió ante el intempestivo encuentro, en una curva, con un vehículo en contravía, lo cual a todas luces determina una desconcentración para el mismo, anulando su juicio y atención, lo que motivó, en aras de evitar una consecuencia negativa, a que circulara en medio de los dos vehículos. Por lo tanto, ello no es óbice para posibilitar la imputación del daño a la administración, comoquiera que su actuar fue la génesis del mismo.

En el caso sub examine, el conductor de la motocicleta por realizar una maniobra inadecuada al verse sorprendido por un vehículo —tipo volqueta— en contravía, no puede considerarse como insensata, ni demuestra falta de cuidado, precaución o previsión de su parte, todo lo contrario, la conducta es entendible en la medida en que no podía exigírsele un comportamiento adecuado en esas circunstancias, pues ante la situación de perder la vida, o sufrir un daño, la tranquilidad del espíritu sufre una perturbación que mueve a quien la padece a ejecutar acciones que en otros eventos no le son comprensibles y se tornan en reprochables. Sin embargo, pese a la existencia de esa conducta, esta circunstancia no tuvo incidencia en la producción del daño o resultado, el cual solo le es atribuible al conductor de la volqueta oficial, que hizo el adelantamiento prohibido impactando la motocicleta y desestabilizándola en su curso.

El derecho de daños no puede —bajo ningún modo— ser un elemento sancionatorio de conductas peligrosas consideradas en sí mismas; a contrario sensu, es imprescindible que el operador judicial valore el acervo probatorio para determinar si el comportamiento de la víctima —por más reprochable que haya sido— fue realmente esencial en la producción del daño. Una postura contraria supondría trasladar a la víctima total o parcialmente las consecuencias negativas del daño, cuando lo cierto es que su acción no fue definitiva en la materialización del hecho.

En esa línea de pensamiento, en el derecho moderno de daños las causales exonerativas de responsabilidad están exentas de cualquier valoración subjetiva o culposa, ya que lo relevante es que se establezca el autor del daño, para lo cual habrá que acudir a la teoría de la imputación objetiva en aras de establecer si el mismo es atribuible a la administración pública demandada, a un factor externo de la naturaleza, a un hecho interno de la actividad o de la cosa, o a un hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

A partir del esclarecimiento del autor del daño, se podrá seguir con el juicio de imputación jurídica para identificar si existe un fundamento normativo que compela al demandado a la reparación integral del mismo, evento este último en el que sí tendrá relevancia —salvo los escenarios de responsabilidad objetiva— la naturaleza del comportamiento desplegado.

En esa línea de pensamiento, la responsabilidad extracontractual del Estado se construye a partir de un razonamiento escalonado de la siguiente forma: i) la constatación de un daño antijurídico, que no tiene nada que ver con el comportamiento del victimario, sino con si la víctima estaba o no en la obligación de soportarlo, ii) la imputación fáctica, esto es, el juicio de atribución material que lleva a cabo para identificar al “autor” del hecho, iii) la imputación jurídica, que es el juicio normativo que se adelanta para determinar cuál es el fundamento jurídico de la responsabilidad, esto es, si es un comportamiento culposo, riesgoso o que rompe de manera grave y especial la igualdad frente a las cargas públicas, y iv) la valoración del daño, es decir, el esclarecimiento de la magnitud del daño y, por lo tanto, las medidas idóneas para repararlo.

En el caso concreto, se advierte de manera palmaria que con independencia del comportamiento irregular y peligroso del tercero —conductor de la motocicleta—, no fue este quien produjo el daño sino que, por el contrario, el adelantamiento prohibido e intempestivo realizado por el conductor de la volqueta fue determinante en la materialización del mismo.

Mutatis mutandi, es posible que se verifiquen escenarios en los que exista una falla del servicio que no sea el factor material o fáctico en la producción del daño; eventos en los que el agente estatal incurre en una falla del servicio pero la misma no se vincula o relaciona con el daño y, por lo tanto, es irrelevante en materia de la responsabilidad porque no contribuyó a ocasionar el resultado(18).

Ahora bien, no obstante la conducta advertida, la que, a pesar de ser peligrosa para el caso, no tiene relevancia jurídica, pues es indiscutible que la actuación que incrementó el riesgo permitido fue el comportamiento del conductor del vehículo oficial, ya que el adelantamiento en curva, constituyó el factor determinante y exclusivo en la producción del daño, motivo por el cual le es imputable en el plano fáctico a la entidad demandada. Por lo tanto, al ente municipal demandado le corresponderá asumir el 100 % de la condena, toda vez que está plenamente probado el origen del accidente, derivado de la violación a la norma de tránsito por parte del demandado, lo que revela una conducta ligera y sin cautela, que fue lo determinante en el acaecimiento del daño.

Ahora bien, en la sentencia de primera instancia se absolvió a la demandada, al no encontrar acreditada la propiedad del vehículo de la entidad, en la medida en que no figuraba en el plenario el documento que por excelencia certifica la titularidad de un automotor, como es el instrumento expedido por la oficina del tránsito correspondiente.

En ese orden, la Sala reconoce que existen medios probatorios idóneos para acreditar determinados supuestos fácticos, dada su solemnidad; no obstante, como fue advertido al inicio de esta providencia, el presente asunto debe analizarse bajo una perspectiva valorativa más amplia, en la medida en que en el plenario obran, de manera aislada, medios de conocimiento que demuestran la vinculación de la actividad de la entidad con el vehículo tipo volqueta de placas JF 6173(19), siendo superado este “inconveniente” señalado en la sentencia de primera instancia.

Así las cosas, acreditado que el vehículo estaba bajo la guarda de la entidad territorial, y que, además de eso, era conducido por un empleado vinculado a la entidad en calidad de conductor, el señor Hugo de Jesús Ciro Arias, y que fue su conducta la originaria del evento dañoso, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará responsable al municipio de San Carlos.

7. En cuanto a la indemnización de perjuicios, uno de los demandantes aportó —como lo dejó expuesto en la demanda—, una serie de facturas y constancias de gastos funerarios, por lo que se hace necesario evaluar el lleno de requisitos de cada título que se pretende hacer valer, con miras a su liquidación.

En primer lugar, el Código de Comercio establece los requisitos generales para los títulos valores, es decir aquellos que son de su esencia, discriminados así:

“ART. 621.—Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes:

1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que estas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

Como se puede apreciar, en un primer momento, la normativa comercial señala dos requisitos que debe observar un documento para poder tenerse como título valor —sin perjuicio del cumplimiento de los demás, considerados particularmente para cada especie—, de donde se concluye, de manera correlativa y sin duda alguna, que el documento que se pretenda hacer valer y que no contenga la mención del derecho que incorpora y la firma de la persona que lo crea —la cual se podrá sustituir por una mecánicamente impuesta, más no prescindir de ella—, acarreará como consecuencia su inexistencia, de allí que aquel que adolezca de alguno de estos requisitos preliminares, le será desechada cualquier fuerza de convicción.

Posteriormente, el artículo 624 establece puntualmente:

ART. 624.—Derecho sobre título-valor. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada” (negrillas fuera del texto original).

Es claro, entonces, que la exhibición del título valor original constituye un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho que en él se incorpora; de allí que, para el efecto del que aquí se ocupa la Sala, los documentos que se pretendan hacer valer debieron haber sido presentados en original, so pena de restarles el valor probatorio cuya atribución pretende darle el interesado. Si la copia, duplicado o similar del documento fuera suficiente para ejercitar el derecho que en él se contiene, tal supuesto habría sido de elemental alusión por parte del legislador. No siendo ello así, la prueba del derecho que se pretende, incorporado en un título valor, debe tener carácter de plena certeza, verosimilitud que solo se alcanza mediante la presentación del documento original.

Así lo confirma el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, al regular lo concerniente al proceso ejecutivo singular:

“ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

Evidentemente, tratándose de documentos que incorporan el derecho que se pretende hacer valer, no puede tener mérito probatorio alguno el título que se aporta en copia o que, en suma, carece de los requisitos de su esencia. Así también lo expresó el académico Henry Alberto Becerra León, quien al disertar sobre los requisitos de validez de los títulos valores se refirió al fenómeno de la ineficacia —regulada por el estatuto de comercio—, precisando que estos se componen de un instrumento —llámese documento— y de la obligación que en ellos se incorpora, siendo ambos elementos susceptibles de la afectación:

“(...) En ese orden de ideas, debe advertirse que la ineficacia ataca en algunas ocasiones al instrumento y, en otras, a la obligación cambiaria, razón que obliga a clasificar las especies de ineficacia propuestas por el Código de Comercio, Así:

1. Ineficacias que perturban los efectos del instrumento, pero no atacan los efectos de la obligación: a) la ineficacia liminar, y b) la inexistencia (...).

1.3.1. La ineficacia liminar.

Está prevista en el Código de Comercio, así: ART. 897.—Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (...).

La ineficacia liminar o de pleno derecho atacó el instrumento, pero no perturba los efectos de la obligación, la cual sigue siendo una obligación civil (...).

1.3.2. La inexistencia.

Corresponde al grupo de las ineficacias que perturba la producción de efectos del instrumento, pero deja incólume la obligación.

Igual a como ocurre en la ineficacia liminar, la inexistencia no puede ser declarada por el juez; simplemente, el negocio jurídico inexistente nunca nació y, por ende, nunca produjo efectos (...).

El artículo 898 que nos ocupa, contempla dos causales de ineficacia por inexistencia: 1) La falta de formalidades sustanciales y, 2) La ausencia de elementos esenciales.

En punto de los títulos-valores, puede afirmarse que la formalidad sustancial es, sin lugar a dudas, le presencia del documento escrito. No existe un título valor que no conste en documento escrito. Pero, además, ese documento debe contener los requisitos esenciales generales que impone el artículo 621 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1501 del Código Civil, y los esenciales particulares que, para cada título-valor en especial, nuestra legislación exige (...)(20)” (negrillas fuera del texto original).

Pues bien, dado que gran parte de los documentos aportados son facturas cambiarias —o se pretenden hacer valer como tales—, es de resorte indispensable referirse a la regulación contenida en el Código de Comercio, anterior a las modificaciones que introdujera la Ley 1231 de 2008 —por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones—.

“ART. 774.—La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:

1) La mención de ser 'factura cambiaria de compraventa';

2) El número de orden del título;

3) El nombre y domicilio del comprador;

4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;

5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor” (texto original del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda).

Hecha la anterior aclaración —a la luz de las disposiciones citadas—, después de realizar el respectivo análisis de los documentos aportados con la demanda, encuentra la Sala que aquellos presentados en original, cuyos restantes requisitos son susceptibles de ser evaluados para efectos de liquidar la indemnización, son los que a continuación se relacionan:

VendedorCompradorTítuloFechaValorRequisitosFolio
Parroquia Nuestra Señora de los DoloresNoFactura01/22/94$ 76.000No23
Funeraria “El Calvario”Pedro Claver Arias RíosFactura30/12/93$ 205.80013

Así las cosas, se concluye que, solo el segundo documentos incluido en el cuadro, cumple con los requisitos de ley a efectos de su declaración como título que incorpora un derecho a reconocer, teniendo en cuenta que el mismo da fe de su creador; de la fecha de su creación; de un pago efectuado; su valor, y de quien satisface la obligación de pagar, que para el caso que nos ocupa es el señor Pedro Claver Arias Ríos, hermano de la víctima.

8.1 Daño emergente.

a. Con base en las facturas en mención, se procederá a cuantificar el daño emergente, para lo cual se tiene que el total de indemnización por daño emergente es igual a $ 205.800.

Ahora bien, determinado el valor de los gastos en los cuales tuvo que incurrir Pedro Claver Arias Ríos (hermano de la víctima), se procederá a su actualización:

S199501508ECUA1
 

8.2. Lucro cesante.

Como para el reconocimiento del lucro cesante en favor de la cónyuge de la víctima, Dioselina Muñoz Murillo(21); y de sus hijos, Gilberto Arias Muñoz y Gladis Arias Muñoz(22), no se aportó prueba del valor del salario que recibía al momento del accidente, se procederá a liquidarlo con base en el salario mínimo legal mensual vigente, esto es, $ 616.000(23), valor que será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, y disminuido a su vez en otro 25% por concepto de gastos propios, arrojando con ello, la suma de $ 577.500.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la cónyuge sería la beneficiaria en un 50% y los dos hijos cada uno con los 25% restantes; y dado la distribución de rigor, se arroja un valor de $ 288.750, para la primera; y $ 144.375, para los segundos.

(Sic) 5.1. Indemnización de Dioselina Muñoz Murillo:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (dic. 30/93) hasta la actual (mayo/2014), para un total de 245,77 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(24), para un total de 180,47 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

S199501508ECUA2
 

S = $ 136’325.260,69

Futura o anticipada:

S199501508ECUA3
 

S = $ 34’626.563,52

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $ 170’951.824,21 correspondiente al lucro cesante para la señora Dioselina Muñoz Murillo.

5.2. Indemnización de Gilberto Arias Muñoz:

En calidad de hijo de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (dic. 30/93) hasta la actual ( mayo/2014), para un total de 245,77 meses; y el otro, futuro, que se cuenta desde la fecha de la presente sentencia hasta el día en que cumpliría los 25 años(25), para un total de 55,03 meses, pues se supone que hasta ese momento su padre se haría cargo económicamente de ella. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

S199501508ECUA4
 

S = $ 68’162.630,35

Futura o anticipada:

S199501508ECUA5
 

S = $ 6’955.207,66

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $ 75’117.838,01 correspondiente al lucro cesante para el joven Gilberto Arias Muñoz.

(Sic) 5.2. Indemnización de Gladis Arias Muñoz:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (dic. 30/93) hasta la actual (abr. 7/2014), para un total de 245,77 meses; y el otro, futuro, que se cuenta desde la fecha de la presente sentencia hasta el día en que cumpliría los 25 años(26), para un total de 35,26 meses, pues se supone que hasta ese momento su padre se haría cargo económicamente de ella. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

S199501508ECUA6
 

S = $ 68’162.630,35

Futura o anticipada:

S199501508ECUA7
 

S = $ 4’667.404,65

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $ 72’830.034,99 correspondiente al lucro cesante para la joven Gladis Arias Muñoz.

5.3. Perjuicios morales.

En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(27) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes que hayan acreditado el parentesco o un vínculo afectivo con el occiso.

Así las cosas, se reconocerá este tipo de perjuicios para los demandantes, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, la Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(28).

Comoquiera que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado, según el arbitrio judicial, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la prueba de la relación de consanguinidad, entre la víctima, su cónyuge y su hija.

En el asunto sub examine, se tiene que Gilberto Antonio Arias Ríos es esposo de la señora Dioselina Muñoz Murillo, y padre de los jóvenes Gilberto Arias Muñoz y Gladis Arias Muñoz, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 19, 11 y 12 del cuaderno principal.

Asimismo, está probado que es hijo de: Víctor José Arias Rivera (padre), y Otilia Ríos (madre)(29); y hermano de: Arnoldo de Jesús Arias Ríos, Mario de Jesús Arias Ríos, María Florentina Arias Ríos, y Pedro Claver Arias Ríos(30).

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la muerte del señor José Ocampo Ramírez, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada una de las demandantes.

(Sic) 5. El llamado en garantía.

5.1. El municipio de San Carlos llamó en garantía a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minera, en calidad de aseguradora, con fundamento en que celebraron un contrato de seguro, que se perfeccionó con la expedición de la póliza A-1185540-6 de responsabilidad civil extracontractual, que amparaba los hechos de la demanda, y por tanto al declararse su responsabilidad debe responder esta compañía.

Para fundamentar su solicitud obra en el proceso copia de la respectiva póliza, en virtud de la cual se efectuó el llamamiento en garantía, así: póliza de seguro de automóviles A-1185540-6 expedida por la Caja Agraria Seguros(31). Tomador: municipio de San Carlos. Asegurado: municipio de San Carlos. Beneficiario: municipio de San Carlos, y el objeto era:

“Seguros Caja Agraria

Póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito

No: A-1185540-6

Placa: JF 6173

Motor: t817612085

Marca: Dodge

Modelo: 78

Servicio: municipio de San Carlos

Clase de vehículo: volqueta

Vigencia: desde el 12 de marzo de 1993, hasta el 12 de marzo de 1994” (fl. 107, cdno. ppal. tribunal).

(...)

La vigencia de la misma era del 12 de marzo de 1993 hasta el 12 de marzo de 1994, la cual si bien se encuentra en copia simple fue aportada por la entidad demandada y no fue tachada de falsa por la entidad aseguradora.

Esta prueba permite concluir que para el momento de los hechos (dic. 30/93) estaba vigente la póliza de responsabilidad extracontractual, que cubría al automotor de placas JF 6173, razón por la cual el patrimonio autónomo de remanentes de la Caja Agraria En Liquidación(32), deberá reintegrar la suma que el municipio de San Carlos debe pagar como consecuencia de los perjuicios causados a los demandantes, en los términos y condiciones del contrato de seguro, y hasta la concurrencia del valor asegurado en la póliza A-1185540-6.

Ahora bien, la Sala advierte que la suma asegurada en la póliza A-1185540, deberá ser actualizada conforme a lo preceptuado en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(33), toda vez que de no realizar la indexación del valor de la obligación, implicaría un enriquecimiento sin causa para la compañía aseguradora y, por lo tanto, un empobrecimiento correlativo para el Estado. Así mismo, debe aclararse que esa actualización no configura una modificación o variación del acuerdo realizado por las partes en el negocio jurídico, sino una adecuación del monto de la obligación contractual a las realidades económicas que conlleva la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Al respecto, la Subsección ha indicado:

“Por lo tanto, la actualización de las sumas o valores decretados a título de condenas judiciales no supone la imposición de una sanción, sino que, por el contrario, refleja un efecto económico que consiste en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a causa del paso o el transcurso del tiempo, es decir, los efectos inflacionarios que genera el devenir de los años.

“Sobre el particular, la Sala en reciente oportunidad, señaló:

“(...) Efectivamente del estudio detenido de la póliza de seguro 5602, observa la Sala que de su contenido se desprende que el amparo se encuentra limitado por la voluntad de las partes y respecto al que interesa en el caso bajo examen, por lesiones a una persona efectivamente tiene un límite de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), pero, no puede desconocerse la pérdida notoria de la capacidad adquisitiva de la moneda como consecuencia de las irregularidades de la economía y de los procesos inflacionarios que se traslada igualmente a las condenas que se imponen en todos los procesos contencioso administrativos, de esta forma, por razón del citado fenómeno inflacionario, hoy en día no es posible ordenar el pago de las sumas que se imponen como condena en las sentencias, por su valor nominal, pues ello implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un empobrecimiento correlativo para el demandante, por lo que es indispensable que se ordene la indexación de esos valores por el obligado a satisfacer dicha condena.

Por consiguiente, en relación con la condena impuesta a la llamada en garantía La Previsora S.A., es procedente su actualización para de esta manera restablecer el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con normas de intervención económica. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante Sentencia C-549 de 1993:

“...En estricto sentido actualizar el valor de la deuda tributaria no es equivalente a regular con una nueva disposición una situación jurídica definida con sujeción a la norma de su momento, sino la adaptación del valor a la realidad; de ahí que se actualiza, es decir, se mantiene la misma obligación a través del tiempo, en virtud, precisamente, de la actualización, la cual no altera una situación del pasado, sino que la mantiene en su verdadera identidad, sin que mengüe su valor económico por los efectos de la depreciación.

La Sentencia C-511, citada, pone de presente que adaptarse a la realidad de cada momento no implica, propiamente hablando, retroactividad, y ello es precisamente lo que se presenta con la actualización del valor de la deuda; no implica una alteración substancial de la misma:

"El ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse —señaló la Corte en la sentencia citada—, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes. La retroactividad por regla general, resulta censurable solo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura".

Luego la retroactividad, en el rigor de los términos jurídicos, no se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte.

Conviene, además, analizar si la norma acusada contempla una doble sanción. Es decir, podría pensarse que por un lado se sanciona con los intereses de mora, y por otro con la actualización, lo cual sería una violación del principio non bis idem. No hay doble sanción, ya que la actualización del valor de la deuda no es una sanción, sino una adecuación de la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad, lo que indica que solo se sanciona con la mora (...)” (énfasis añadido).

Bajo los anteriores fundamentos la sentencia del a quo debe ser confirmada, pues la limitante establecida por el contrato de seguro, se refiere exclusivamente al monto de la condena el cual en este caso no podía exceder de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), tal como lo indicó el tribunal de primera instancia, pero dicha suma debe ser actualizada al momento del pago, dado que desde el mes de octubre de 1993 (fecha de los hechos), hasta la fecha de esta providencia han pasado 18 años, por lo que la condena impuesta perdió poder adquisitivo, por lo tanto la actualización es indispensable conforme lo indica el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo”(34).

“En consecuencia, el hecho de mantener el valor asegurado en la condena, lleva aparejada la obligación de aplicar los criterios y las tablas de actualización de la renta, con la finalidad de que, se insiste, la suma a reconocer refleje los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sin que esta circunstancia constituya una vulneración o afectación de los principios de congruencia y de la no reformatio in pejus, máxime si en el caso concreto el recurso de apelación va encaminado a que se defina la responsabilidad de la entidad demandada y, de manera consecuencial, la de la sociedad llamada en garantía, circunstancia por la que es connatural al pronunciamiento de fondo de la controversia la actualización de las sumas adeudadas no solo a título de la condena principal, sino también de los valores que debe reintegrar la aseguradora llamada en garantía...”(35).

5.2. Por último, en relación con el llamamiento en garantía del señor Hugo de Jesús Ciro Arias, quien para el momento del accidente conducía el vehículo oficial en calidad de empleado público; y de la denuncia del pleito a los señores: Efraín Moreno Correa, quien era el conductor de la volqueta de placas KA 8032 al momento de los hechos; Lucelly Correa Roldan, propietaria de la misma, y Octavio de Jesús Sánchez Alzate, quien conducía la motocicleta accidentada, marca Suzuki AX 100, es pertinente advertir que estas vinculaciones no se hicieron efectivas, en tanto no se logró la notificación de ninguno de los terceros, los que no pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicción dentro del proceso. Y aun así, si ello hubiera sido efectivo, en lo que respeta a los denunciados en pleito, estos no están llamados a responder, en tanto el origen del daño, como se dejó claro, es imputable única y exclusivamente al municipio de San Carlos, dada la falla del servicio advertida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 15 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable al municipio de San Carlos, Antioquia, por los daños ocasionados a los demandantes.

2. Como consecuencia, CONDÉNASE al municipio de San Carlos, Antioquia, a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero.

3.1. Por concepto de perjuicios morales a favor de:

Gladis Liliana Arias Muñoz (hija)100 smlmv
Gilberto Arias Muñoz (hijo)100 smlmv
Dioselina Muñoz Murillo (cónyuge)100 smlmv
Otilia Rosa Ríos (madre)100 smlmv
Víctor José Arias Rivera (padre)100 smlmv
Arnoldo de Jesús Arias Ríos (hermano)50 smlmv
Mario de Jesús Arias Ríos (hermano)50 smlmv
María Florentina Arias Ríos (hermana)50 smlmv
Pedro Claver Arias Ríos (hermano)50 smlmv

3.2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Pedro Claver Arias Ríos, la suma de $ 1’121.527,99

3.3. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Dioselina Muñoz Murillo, la suma de $ 170’951.824,21; de Gilberto Arias Muñoz, la suma de $ 75’117.838,01; y de Gladis Arias Muñoz, la suma de $ 72’830.034,99.

4. CONDÉNASE al patrimonio autónomo remanentes de la Caja Agraria En Liquidación, a pagar al municipio de Angostura, Antioquia, las sumas que con ocasión de este fallo tenga que cubrir, hasta en la proporción convenida en la póliza 010427 pero actualizada en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin costas

7. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

9. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 8, cuaderno principal del tribunal.

(2) Folio 112. Certificado del 17 de agosto de 1996, expedido por la Secretaría de Gobierno del municipio de San Carlos —Antioquia—, en el que consta que el señor Hugo de Jesús Ciro Arias estaba vinculado al municipio en el cargo de conductor desde el 17 de noviembre de 1992, y que para la época del certificado aún se encontraba desempeñando sus funciones.

(3) Folio 70, cuaderno principal del tribunal. Acápite de pruebas de la demanda.

(4) Folio 169. Auto de pruebas.

(5) Certificado expedido por la Dirección Departamental de Transporte y Tránsito del Departamento de Antioquia. Folio 283, cuaderno 2.

(6) Folios 21 y 22, cuaderno principal del tribunal.

(7) Tamayo Jaramillo, Javier “Tratado de responsabilidad civil”, Ed. Legis, Bogotá, Tomo I, pp. 884 y 885.

(8) “Cuando el daño se produce por un vicio de la cosa, esta doctrina considera que solamente debe responder el “guardián de la estructura”, sobre quien pesa el deber de conservar la cosa en buen estado y libre de todo vicio, y que no es otro que el propietario. En este supuesto, sería injusto responsabilizar al “guardián del comportamiento” toda vez que no puede reprochársele haber incurrido en falta alguna. Inversamente, si el daño obedece a deficiencias en el comportamiento de la cosa, debe responder quien tiene la guarda de dicho funcionamiento v.gr. el comodatario o locatario, debiendo en principio, quedar exento de responsabilidad el guardián de la estructura”. Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, pp. 406 y 407.

(9) Folios 5, 28, 29 y 21, cuaderno 3.

(10) Cfr. De Cupis, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, p. 82.

(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de marzo de 2012. Radicación 20.734 C.P. Enrique Gil Botero

(12) Folio 22 del cuaderno principal del tribunal.

(13) Folio 139 y 140, cuaderno 3, expediente penal.

(14) Folio 157, cuaderno 3, expediente penal.

(15) Folio 66 y 67, cuaderno principal.

(16) Folio 93, cuaderno principal.

(17) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 6 de marzo de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente 25784.

(18) Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: del 7 de noviembre de 2012, Expediente 37046 y 15 de febrero de 2012, Expediente 21109, M.P. Enrique Gil Botero.

(19) Folios: 21, 22 y 107 del cuaderno principal.

(20) [1] Becerra León, Henry Alberto - Derecho comercial de los títulos valores 3ª edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, 2004.

(21) Certificado de matrimonio expedido por la notaría única de San Carlos. Folio 19, cuaderno principal del tribunal.

(22) Certificados de nacimiento, folios 11 y 12, cuaderno principal del tribunal.

(23) Para la época de los hechos, el salario mínimo estaba en la suma de $ 81.510 pesos; al llevar a cabo la actualización del mismo, arroja un valor de $ 444.197, siendo este inferior al salario mínimo actual ($ 616.000).

(24) El señor Gilberto Antonio Arias Ríos contaba con 27 años para la fecha del accidente, según folio 9 del cuaderno principal, quedando una probabilidad de vida de 49,12 años, según la Resolución 0497 de 1997.

(25) De acuerdo al certificado que obra a folio 11 del expediente principal, Gilberto Arias Muñoz nació el 13 de noviembre de 1993; por lo tanto, cumpliría 25 años el 13 de noviembre de 2018.

(26) De acuerdo al certificado que obra a folio 11 del expediente principal, Gladis Arias Muñoz nació el 30 de marzo de 1992; por lo tanto, cumpliría 25 años el 30 de marzo de 2017.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, Expediente 18586, del 13 de agosto de 2008, Expediente 17042, y del 1º de octubre de 2008, Expediente 27268.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(29) Certificado de nacimiento. Folio 20 del cuaderno principal.

(30) Según registros civiles de nacimiento que obran de folios 13 a 16, cuaderno principal del tribunal.

(31) Folio 107, cuaderno 1.

(32) Mediante Decreto 1065 del 26 de junio de 1999, el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, dispuso la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A.

(33) “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente. 18.901. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 21.854. C.P. Enrique Gil Botero.