Sentencia 1995-01548 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA (SUBSECCIÓN B)

Rad.: 050012326000199501548-01 (20.251)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Luz Marina Usquiano y otros

Demandados: municipio de Turbo, Antioquia

Asunto: acción de reparación directa (apelación)

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada antes de la Ley 954 de 2005, en proceso con vocación de doble instancia, dado que la cuantía de la demanda alcanzaba aquella exigida para surtir la segunda instancia ante esta corporación (D. 597/88)(1).

2. El perjuicio sufrido por los demandantes.

2.1.1. Está demostrado en el proceso que el menor E.J.M.U falleció el 12 de noviembre de 1993, en el municipio de Turbo, Antioquia, según se acreditó con copia auténtica del registro civil de defunción, en el cual se consignó que la causa de la muerte del menor fue “Destrucción de masa encefálica aplastamiento de bóveda craneana accidente de tránsito” (fl. 20, cdno. 1), y con la necropsia, en la cual se concluyó: “... la muerte de quien en vida respondió al nombre de E.J.M.U fue consecuencia natural y directa de Aplastamiento y estallido de cráneo y masa encefálica con destrucción total de la misma” (fl. 26, cdno. pruebas).

2.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del menor E.J.M.U causó daños morales a algunos de los demandantes, quienes demostraron el parentesco que los unía con la víctima. Así, Luz Marina Usquiano demostró ser la madre, según consta en el registro civil de nacimiento de la víctima (fl. 17, cdno. 1); Wilton Alexis, Deivis Cristina, y Edis María Mena Usquiano acreditaron ser sus hermanos, según consta en sus registros civiles de nacimiento en los que figuran como hijos de Luz Marina Usquiano y Alexis Mena Chaverra, también padres del occiso (fls. 10-15, cdno. 1), y Javier Eduardo y Diana Luz Usquiano, demostraron ser hermanos en línea materna, porque en sus registros civiles de nacimiento aparecen como hijos de Luz Marina Usquiano (fls. 4-5 y 8-9, cdno. 1).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquella.

Perjuicio que, en el caso concreto aparece además demostrado con el dictamen pericial, solicitado por el demandado, en el que dos médicos psiquiatras determinaron que estos hermanos de la víctima padecieron un dolor intenso con su fallecimiento.

Igualmente, los testimonios rendidos ante el Juzgado Civil del Circuito de Turbo, Antioquia, en virtud de la comisión conferida por el a quo, por los señores Neftalí Gulgo, Asdrúbal Zapata, Juana Blanco y Elena Rosa Quiñones, dan cuenta de que la muerte de E.J.M.U fue muy dolorosa para toda su familia por los fuertes lazos que los unían (fls. 70-74, cdno. 1).

La Sala se abstiene de hacer algún pronunciamiento en relación con los posibles daños sufridos por los demandantes Karen Maritza y Deimer Arley Uzquiano en calidad de hermanos de la víctima, toda vez que la parte actora no interpuso recurso de apelación contra la sentencia impugnada, en la cual se negó la indemnización de perjuicios solicitada por estos accionantes y la demandada es apelante única (CPC, art. 357).

3. La imputación del daño a la demandada.

Sea lo primero señalar que para efectos de estudiar la responsabilidad de la entidad demandada, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor E.J.M.U y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor E.J.M.U, se valorarán los documentos que en original o en copia auténtica fueron aportados al proceso así como los testimonios recibidos en el trámite del mismo.

En cuanto a la prueba trasladada a solicitud de la parte actora, del proceso penal que se tramitó en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, con ocasión de la investigación penal adelantada en contra del señor Natanael García Pérez por el delito de homicidio en el accidente de tránsito en el que falleció el menor E.J.M.U, cabe precisar que, salvo el testimonio del señor Asdrubal Zapata que fue ratificado en este proceso (fl. 37, cdno. pruebas y 71 cdno. 1), las demás declaraciones allí practicadas no podrán ser tenidas en cuenta dado que dichas pruebas no fueron ratificadas en este proceso y su traslado solo fue solicitado por la demandante, es decir, no cumplen con los requisitos que para su valoración en el nuevo proceso exige el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. En cambio la prueba documental trasladada en copia auténtica (fl. 3, cdno. pruebas), si puede ser apreciada por esta Sala, toda vez que esta estuvo a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla(2).

Con fundamento en el acervo probatorio así conformado, se tienen como hechos probados, los siguientes:

3.1. El menor E.J.M.U murió el 13 de noviembre de 1993 en el municipio de Turbo, Antioquia, como consecuencia del aplastamiento de la masa encefálica, luego de ser arrollado por un vehículo recolector de basura de propiedad de ese municipio, marca Fiat, modelo 1980, rojo y de placas DIG 62. De ello dan cuenta las siguientes pruebas:

3.1.1. Acta de levantamiento del cadáver del Instituto de Medicina Legal, en la que se describieron las heridas sufridas por E.J.M.U, así: “... Destrucción total del cráneo por accidente de tránsito” (fl. 11, cdno. pruebas).

3.1.2. El informe de necropsia practicado al cadáver por el hospital subregional San José de Turbo Antioquia, conforme al cual la muerte del menor E.J.M.U fue el “... aplastamiento y estallido del cráneo y masa encefálica con destrucción total de la misma” (fl. 26, cdno. pruebas).

3.1.3. Informe del departamento de Policía de Urabá, Estación de Policía de Turbo en el que anexó copia de la minuta del libro de población donde consta el accidente de tránsito que le causó la muerte a E.J.M.U (fl. 71- 72, cdno. pruebas).

3.1.4. Informe de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Turbo, Antioquia, en el que se consignó que el vehículo de placas DIG 62 que atropelló al menor E.J.M.U era de propiedad del municipio demandado. Además, allegaron el croquis del accidente de tránsito en el que falleció E.J.M.U (fl. 79-90, cdno. pruebas).

3.1.5. Los testimonios rendidos por los señores Nefatlí Gulgo (fl. 70, cdno. 1), Asdrúbal Zapata (fl. 71, cdno. 1), Juana Blanco Meléndez (fls. 71-72, cdno. 1) y Elena Rosa Quiñones (fls. 72-73, cdno. 1), quienes dan cuenta de que la muerte del menor se produjo por el atropellamiento de un vehículo que se encontraba recolectando basura en el municipio de Turbo.

Destaca la Sala, que a pesar de que en la demanda se afirmó que el vehículo que ocasionó el accidente fue acondicionado como carroza para la fiestas novembrinas realizadas en el municipio de Turbo el 12 de de noviembre de 1993 y que en este iba una de las reinas, ninguna de las pruebas que obran en el proceso demuestran que esto hubiera ocurrido de esta forma. En todas se afirmó que dicho automotor se encontraba realizando la labor de recolección de basuras.

3.2. El accidente se produjo cuando la víctima cayó del remolque al cual se había pegado. Así se deduce de las versiones de los declarantes.

El señor Asdrúbal Zapata, quien se encontraba en una puerta al frente del lugar en que se produjo el accidente, narró:

“... estaba parado en la puerta cuando ocurrió el suceso; el tractor venía en un remolque para la playa, recogiendo basura; el o los ayudantes del carro venían atrás recogiendo canecas, como a treinta metros del carro; el pelaito salió corriendo y se pegó atrás del remolque; los ayudantes le gritaron que se bajara de hay sic (sic), el pelao tenía una cabuya, cuando vi fue que el carro le explotó la cabeza, paró como a los diez metros porque el remolque es grande; se bajó el chofer a mirar y los muchachos que venían atrás también; iban dos pegados al remolque y salió corriendo cuando el señor los regañó, pero al otro lo cogió el carro porque le cogió la cabuya la llanta. Quedó muerto en el acto. Preguntado. ¿Tenía el tractor alguna falla mecánica? Contestó. No tenía falla alguna y el carro iba suave de velocidad, muy despacio. Ese señor chofer nunca tenía fama de brusco o matón; no le sé el nombre; el tractor era del municipio; el chofer iba en sano juicio...” (fl. 71, cdno. 1).

De igual forma, con la declaración recibida al señor Zapata por la Unidad de Fiscalía de Turbo, Antioquia, en el proceso penal trasladado, se reafirman las circunstancias narradas anteriormente, pero en esa oportunidad agregó el testigo:

“... Preguntado: sírvase manifestar al despacho si era costumbre de los menores pegarse a dicho vehículo? (sic) Contestó: ese menor era primer vez que lo veía (sic) pegado a ese carro, los otros se subían allí y el chofer no les decía nada...”.

En el mismo sentido fue la declaración de la señora Juana Blanco Meléndez (fls. 71-72, cdno. 1), quien a pesar de que no presenció el momento del atropellamiento, como testigo de oídas por versiones que oyó de un niño de nombre David que le avisó del accidente, coincide en afirmar que esas fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte del menor E.J.M.U, salvo en lo que tiene que ver con la cabuya que el primer testigo mencionado afirmó que el menor llevaba al cuello.

En relación con la declaración del señor Nefatlí Gulgo (fl. 70, cdno. 1), la Sala estima pertinente señalar que el testigo tampoco estuvo presente al momento de la ocurrencia de los hechos, razón por la cual no puede dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales los mismos ocurrieron, sino que su testimonio es de oídas esto es, que su conocimiento no es directo, sino que corresponde a lo que escuchó que otros manifestaron sobre la forma en que se desenvolvieron los acontecimientos en los cuales perdió la vida el menor E.J.M.U, sin revelar la fuente de su dicho.

Pero en relación con otros aspectos fundamentales para la decisión de este asunto, se destaca su afirmación de que era costumbre que los niños del municipio se montaran en el volco del vehículo recolector.

Obra igualmente en el plenario la declaración de la señora Elena Rosa Quiñones, quien no fue testigo presencial de los hechos. Dice esta declarante que el vehículo iba rápido, versión que carece de soporte en las demás versiones testimoniales, que al contrario narran que el vehículo iba despacio. Dijo esta declarante:

“... Preguntada:... El noño (sic) salió a hacerle un mandado a la mamá a la proveedora que queda por ahí cerca, cuando hizo el mandado salió para donde se encontraba el tractor que iba a botar la basura y el niño se subió al tractor por la parte de adelante y se agarró de un pedazo (sic) de cama que iba en el tractor y cuando el tractor arrancó se cayó causándole la muerte; iban muchos niños montados en el tractor porque eso era costumbre del chofer y de los niños subirsen (sic) por jugar y molestar, no por más (sic) nada; ese aparato iba andando, rápido, en el momento del accidente no iba recogiendo basura, pero sí iba cargado de basura; cuando yo llegué al lugar donde se encontraba el niño muerto yo no le vi nada en la nuca, cuando salió a hacerle el mandado a la mamá tampoco le vi nada en la nuca: el aparato lo cogió con las llantas traseras del volco (sic); el niño quedó muerto en el acto con los sesos afuera” (fls. 72-73, cdno. 1).

Esta versión no tiene fuerza de convicción para que se tenga por demostrado que el vehículo que causó la muerte de E.J.M.U, iba rápido, dado que de un lado los demás declarantes refieren lo contrario y de otro, esta testigo no presenció los hechos, dado que su conocimiento directo se remite a que vio salir al menor de su casa y luego, una vez que se produjo el accidente, acudió al sitio del mismo. Tampoco refiere la testigo la fuente de su dicho en relación con que el carro recolector iba rápido.

En relación con el mérito probatorio del llamado testimonio de oídas, resulta necesario destacar que esta Sala(3) ha señalado que para evitar que los hechos le lleguen alterados, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado.

Así mismo, en dicho pronunciamiento se señaló que para efectos de analizar la contundencia del testimonio de oídas, cobrará particular importancia el hecho de que la declaración del testigo se coteje con el resto del acervo probatorio, para efectos de determinar la coincidencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen los demás medios de prueba legalmente recaudados.

En este orden de ideas, y valorados los testimonios directos y de oídas con el rigor que ordenamiento procesal impone, concluye la Sala que está demostrado en el proceso que la muerte del menor E.J.M.U fue ocasionada por un vehículo oficial de propiedad del municipio de Turbo, Antioquia, mientras realizaba la recolección de basuras. Además, que era práctica común en el municipio que los menores se subieran en el remolque del carro recolector de basuras, práctica que era tolerada por el conductor y los empleados encargados de la recolección de basuras.

4. La incidencia del hecho de la víctima en la causación del daño.

El municipio adujo que el daño se produjo por la culpa exclusiva de la víctima, dado que el menor E.J.M.U se montó al vehículo recolector de basuras, sin que el conductor hubiera podido evitarlo.

Ha considerado la Sala que para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración, en tanto debe ser imprevisible e irresistible para esta.

Ha dicho la Sala que para que el hecho de la víctima pueda ser considerado como causal excluyente de responsabilidad, debe ser imprevisible e irresistible para la administración:

“El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, comoquiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo”(4).

En el sub lite, encuentra la Sala que no se reúnen los presupuestos requeridos para que el hecho de la víctima exonere de responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que la actuación del menor E.J.M.U le era previsible y resistible.

Si bien en el proceso, se demostró que E.J.M.U fue atropellado con la parte trasera izquierda del vehículo marca Fiat, modelo 1980, rojo, de placas DIG 62 de propiedad del municipio de Turbo, Antioquia, mientras aquel se encontraba realizando labores de recolección de basura, cuando el menor se subió a la parte trasera del remolque, tal y como consta en el croquis que se encuentra en el informe del accidente (fl. 90, cdno. pruebas), y en el testimonio del señor Asdrúbal Zapata, quien presenció el momento de la muerte, y que da cuenta de que el menor se subió a la parte trasera del remolque, momento en el cual fue arrollado causándole la muerte (fl. 71, cdno. 1), esta actuación del menor no era imprevisible para el demandado ni mucho menos irresistible, toda vez que, reitera la Sala, quedó debidamente acreditado en el proceso que era una costumbre en el municipio que los menores se subieran al vehículo recolector y que incluso, esa actividad era tolerada por el conductor y los ayudantes.

Varios de los testigos narran que era una costumbre en el municipio que los menores se “colgaran” del remolque del carro recolector de basura, actividad cuya peligrosidad era evidente, a pesar de lo cual el conductor y los funcionarios encargados de la recolección de basuras la consentían, limitándose a decirle a los menores que se bajaran, pero sin realizar alguna actuación eficaz tendiente a impedir esta peligrosa y reiterada práctica.

Práctica que a la entidad demandada tampoco le resultaba irresistible. En otras palabras, el demandado hubiera podido resistirse a la acción desplegada por el menor E.J.M.U y los demás menores, de arrojarse al vehículo recolector. Se trataba de menores cuyo control por los adultos no es una actuación que pueda calificarse de imposible, recuerda la Sala que Eider apenas contaba con 7 años de edad. Igualmente se destaca el hecho de que a treinta metros del vehículo recolector se encontraban los ayudantes que venían recogiendo las canecas E.J.M.U de basura, quienes presenciaron el momento en que el menor se subió al carro y optaron simplemente por gritarle que se bajara, sin tomar medidas más efectivas que hubieran evitado la muerte del menor E.J.M.U.

Es obligada inferencia de lo que se viene considerando, que la muerte del menor E.J.M.U es imputable al municipio de Turbo, Antioquia, dado que el hecho de la víctima, conforme quedó demostrado en el sub examine, no era ni imprevisible ni irresistible para los agentes del municipio demandado que desplegaban la actividad peligrosa, muy por el contrario, consistieron la actuación de la víctima, sin realizar la más mínima gestión por evitarla.

En conclusión los agentes del ente territorial demandado incurrieron en una grave omisión al no desplegar ningún tipo de acción dirigida a evitar que el menor se subiera al vehículo recolector, pese a que su actuación les era previsible y resistible, eran conscientes del riesgo que ello implicaba y una vez que este estaba en el volco del vehículo, nada hicieron por bajarlo.

Considera la Sala que tratándose de un menor de edad —7 años—, los agentes del municipio demandado debieron ser mucho más diligentes y precavidos al realizar la labor de recolección, toda vez que se trataba de una persona a la que por su escasa edad y vulnerabilidad, debía garantizársele la protección necesaria para salvaguardar su salud e integridad física, en acatamiento de imperativos mandatos constitucionales.

La Constitución Política al consagrar los derechos fundamentales de los niños establece como obligación para la familia, la sociedad y el Estado la de proteger y garantizar su desarrollo armónico e integral, en los siguientes términos:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (art. 44).

Así mismo, tratados internacionales(5) ratificados por Colombia consagran la especial protección que debe brindar el Estado colombiano al menor. Ejemplo de lo anterior es la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, que consagra en el principio 2 que “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”(6).

Por su parte, esta corporación ha considerado que en virtud del artículo 44 citado, al Estado y a los particulares les corresponde un especial deber de protección hacia los derechos fundamentales de los niños en relación con su vida, integridad física y su salud(7). Ha precisado la Sala en relación con la interpretación que debe darse a los Derechos de los Niños:

“La interpretación de tales derechos, según el artículo 93 de la Constitución, debe hacerse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, que prevalecen en el orden interno. En consecuencia, al interpretar tales derechos deben tenerse en cuenta, especialmente, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, aprobado por Ley 74 de 1968, en cuanto establece que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—, del 22 de noviembre de 1969, aprobada por la Ley 16 de 1972.

De igual manera, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada mediante la Ley 12 de 1991 prevé “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”(8)”.

En síntesis, resulta claro para la Sala que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de los derechos de los niños, adelantando toda una serie de acciones tendientes a brindarles la asistencia y salvaguarda a su vida, integridad física, salud, entre muchos otros aspectos. Esta obligación adquiere un rigor especial en aquellos eventos en los que el Estado avizora situaciones potencialmente riesgosas para los menores, en cuyo caso las medidas de protección a adoptar deben ser inmediatas y efectivas, máxime si la situación de riesgo es creada por el mismo Estado.

En el sub lite, el municipio demandado incumplió la obligación constitucional de brindar y garantizar la protección a la vida del menor E.J.M.U, al no emprender todas las acciones tendientes a evitarle la vulneración a ese derecho, el cual se vio menoscabado con su actitud permisiva de dejar que este se subiera al vehículo recolector de basura cuando se encontraba en marcha, sin tomar, ni siquiera mínimas medidas de precaución, sin resistir, a pesar de la posibilidad en que se encontraba de hacerlo, que el menor permaneciera en el vehículo en marcha.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el a quo sin que haya lugar a modificar aquella proferida en primera instancia en tanto redujo el monto de la indemnización, en protección del principio de la non reformatio in pejus, dado que el demandado es apelante único.

4.(sic) La indemnización del perjuicio.

4.1. Perjuicios morales.

La Sala modificará la condena que hizo el a quo a título de indemnización por perjuicios morales para ajustarla al criterio, que en esta oportunidad se reitera, establecido en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral.

En consecuencia se reconocerá a favor de la señora Luz Marina Usquiano, madre del menor fallecido, setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a favor de Javier Eduardo y Diana Luz Usquiano y Edis María, Deivis Cristina y Wilton Alexis Mena Usquiano, hermanos del occiso, treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 24 de enero de 2001, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de Turbo, Antioquia, por la muerte del menor E.J.M.U, ocurrida el 12 de noviembre de 1993, en dicho municipio.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condena al municipio de Turbo, Antioquia, a pagar por perjuicios morales, a favor de los señores Luz Marina Usquiano: setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a favor de Javier Eduardo y Diana Luz Usquiano y Edis María, Deivis Cristina y Wilton Alexis Mena Usquiano (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3. El municipio de Turbo, Antioquia, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1995, fuera de doble instancia era de $ 9.610.000 y la mayor de las pretensiones asciende a la suma de $ 11.300.000 que corresponde al monto reclamado por perjuicios morales para cada uno de los demandantes.

(2) Sobre el valor probatorio de las pruebas trasladadas, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12.124, en la cual se señaló: “Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha dado cumplimiento al principio de controversia, no tiene validez dentro del proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de controvertirla (...) En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa. Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una inspección judicial, o un dictamen pericial, es menester volver a practicar la prueba; en consecuencia, aquella trasladada solo tendrá el valor de indicio. Diferente es la relación que se presenta en relación con la prueba documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre del 2009, expediente 17.629.

(4) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, expediente 15635, C.P. Ramiro Saavedra. Ver sentencias proferidas el 30 de noviembre de 2000, expediente 13329; el 12 de abril de 2002, expediente 13122; el 4 de marzo de 2004, expediente 14340; el 15 de diciembre de 2004, expediente 14250; el 20 de octubre de 2005, expediente 15.854.

(5) Ver la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (L. 12/91), entre otros.

(6) Sobre la prevalencia de los derechos del niño, ver sentencias de la Corte Constitucional: C-157 de 2002, C-997 de 2004, C-674 de 2005, C-663 de 2009, entre otras.

(7) Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera de 28 de noviembre de 1991, expediente 6809, de 14 de mayo de 1998, expediente 12.175.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de junio de 2004, expediente 14.950.