Sentencia 1995-01551 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 05-001-23-26-000-1995-01551-01 (22.539)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Demandante: Bernardo Ramírez Zuluaga y/o

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General la Nación y otra acción de reparación directa - Por despojo patrimonial de inmuebles / daño antijurídico - Cancelación de escritura pública y anotación de los folios en registro notarial de apartamento en el Poblado, Medellín

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

IV. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta corporación.

2. Representación judicial de la nación.

En el presente caso debe descartarse de entrada las nulidades alegadas por las demandas sobre la indebida representación de la Nación - Fiscalía General de la Nación, pues independientemente de que al proceso fueron citados el Ministerio del Interior y de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, como el propio ente acusador que goza de autonomía administrativa y financiera fue notificado e intervino en las diferentes etapas, la irregularidad procesal no se configuró.

Es de anotar además que en reiterada jurisprudencia(4) de esta Sección se ha señalado que “el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, solo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable”. Posteriormente(5) se indicó que “la condena debe imponerse a la dependencia de la nación que le sea imputable el hecho u omisión que produjo el daño antijurídico que determinó la responsabilidad patrimonial del Estado, quien legalmente deberá asumir el pago de la condena”(6).

3. Hechos probados.

3.1. Cuestiones Previas.

Los demandantes Luis Bernardo Ramírez Zuluaga y María Nubia Asunción Sánchez Gómez contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1971 y procrearon a los también actores Nubia Beatriz e Isabel Cristina Ramírez Sánchez (registros civiles a fls. 2-4, cdno. 1º).

Se conoce, por las declaraciones rendidas a solicitud de la parte demandante, que los señores Ramírez Zuluaga y Sánchez Gómez, reconocidos abogados, el primero docente de la Universidad de Antioquia y litigante y la segunda ex funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, para comienzos de 1993 decidieron vender el apartamento ubicado en barrio El Prado de Medellín y adquirir un inmueble con mejor ubicación en la misma ciudad (testimonios ofrecidos por los señores Bernardo de Jesús Ramírez Garcés, Darío Arcila Arenas y Álvaro Antonio García Montoya visible a fls. 202-210 y 218-225, ib.).

Así las cosas, el 5 de abril de 1993, los demandantes Luis Bernardo y María Nubia, en los términos de la escritura pública 847 otorgada en la Notaría Séptima de Medellín y anotada en el folio de registro correspondiente (fls. 17-19, ib.), transfirieron a título de compraventa al señor Lisandro de Jesús Zapata Llano el apartamento 301 de la carrera 49 # 60-38, barrio El Prado de Medellín.

3.2. La compra del apartamento en El Poblado.

El apartamento 401 de la propiedad horizontal denominada Sausalito ubicado en el barrio El Poblado en la calle 11B # 31A-151 de Medellín, junto con los parqueaderos 9 y 10 y el depósito n 10 del mismo edificio, inscritos a nombre de la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Rodríguez en las matrículas inmobiliarias 001-27375, 271363, 271364 y 271367, el 11 de marzo de 1993, fueron objeto de un registro de compraventa de la propietaria al señor Jhonder Mejía Villa, según la escritura pública 701 del 10 de febrero de 1993, otorgada —conforme al texto del instrumento—en la Notaría Tercera de Medellín y los respectivos certificados de tradición (fls. 70-78, ib.).

Sobre las gestiones precontractuales para la adquisición de los anteriores predios por parte de los demandantes Ramírez-Sánchez no hay suficiente prueba en el plenario, pues los testimonios recepcionados no dan cuenta de un conocimiento directo, como quiera que en todos los casos los deponentes relatan lo que conocieron por información de los demandantes (testimonios ofrecidos por los señores Bernardo de Jesús Ramírez Garcés, Darío Arcila Arenas y Álvaro Antonio García Montoya visible a folios 202 a 210 y 218 a 225, ib.); tampoco las versiones rendidas por los compradores dentro del proceso penal cumplen los requisitos para ser valoradas en la medida que provienen de los mismos pretensores, salvo que constituyan confesión.

En este sentido, las pruebas trasladas de la investigación penal seguida por los punibles de falsedad documental y de estafa en relación, entre otras, con la referida escritura pública 701 de la Notaría Tercera de Medellín, serán valoradas con exclusión de las declaraciones rendidas por los demandantes (salvo los aspectos susceptibles de confesión) y las indagatorias (por carecer de juramento) del señor Johnnier o Johnder Mejía Villa, a quien dicho sea de paso, se le formuló resolución de acusación (ver copias obrantes en el cdno. 2).

Cabe precisar que dichas pruebas trasladadas solo pueden apreciarse contra la parte demandante que las solicitó y la Fiscalía General de la Nación quien además de haberlas practicado, solicitó también su traslado. Con todo, estos medios no serán oponibles a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Ministerio del Interior y de Justicia ni al Consejo Superior de la Judicatura, pues dichas entidades públicas no participaron en su producción y tampoco coadyuvaron el traslado.

Lo que se sabe es que mediante la escritura pública 868 del 7 de abril de 1993 otorgada en la Notaría Séptima de Medellín, el señor Johnder Mejía Villa vendió a los demandantes Luis Bernardo Ramírez Zuluaga y Nubia Sánchez Gómez el referido apartamento 402 del edificio Sausalito, junto con los dos parqueaderos y el depósito que fueron reseñados ut surpa[sic]; como precio de venta en el instrumento se pactó la suma de $ 16.918.000, de los cuales, según da cuenta el mismo acto notarial, fueron pagados $ 8.918.000 a la firma y quedaron pendientes $ 8.000.000 que se pagarían contra-entrega del certificado de tradición en el que figurara la anotación correspondiente (fls. 40-42, cdno. 1).

Frente a esta negociación declararon ante la Fiscalía 103 de Medellín, tanto la Notaria Séptima de Medellín —señora Lucía Mejía Zuluaga— como la “protocolista” —señora María Olga Benjumea Gil— (fls. 179-184, ib.) quien precisamente se encargó de la proyección del instrumento de compra 868. La primera sostuvo lo siguiente sobre la indagación que dijo adelantar la demandante: “La doctora Nubia (se refiere a la demandante compradora) me había informado que ellos (los compradores) los habían investigado (al vendedor y sus acompañantes) que tenían un pequeño negocio, me parece de cerrajería entonces a mí me pareció que ella estaba informada sobre el asunto, porque además me dijo que como ella había trabajado en la Oficina de Instrumentos Públicos, ella había ido a la oficina y había mirado el folio y se había cerciorado de eso, por eso me tranquilicé y además porque eran dos abogados comprando”.

Agregó la notaria: “La doctora Nubia me contestó que él, o sea el doctor Bernardo estaba nervioso porque no sabía quién era el vendedor, pero que ella había (sic.) las averiguaciones del vendedor y los otros que ella estaba tranquila, la doctora Nubia ella llegó sudorosa en la notaría por tantas vueltas que habían hecho, el doctor Ramírez vino menos veces, pero la que más diligencia estuvo poniendo fue la doctora Nubia ella vino más veces que el doctor Bernardo, primero llegaba ella luego llegaba el doctor Ramírez”.

Pero más revelador resulta la declaración de la “protocolista” quien conocía a los demandantes y sobre la negociación dijo: “la doctora Nubia es una persona muy acelerada y estaba muy impaciente por comprar el apartamento porque estaba interesada en comprarlo porque se lo daba barato y era un gangazo (sic.), y ella quería hacer el negocio como fuera, lo que pasa es que el doctor Ramírez no estaba de acuerdo con el negocio pero él decía que lo que dijera su esposa, él estaba inconforme, cómo yo soy tan conocido de ellos siempre les advertí, porque los tipos me dieron la impresión como de sicarios”.

También declaró el secretario y asesor jurídico de la Notaría Tercera de Medellín, quien al ser interrogado sobre el particular respondió: “Sí recuerdo un detalle desde el tiempo que laboro acá, de que si no estoy mal, el martes santo a las cinco de la tarde aparece una señora con porte distinguido, rubia, algo acelerada con el fin de que se le diligenciara en la hora que faltaba una escritura, no recuerdo bien cuáles fueron los detalles por los cuales no se le pudo diligenciar acá esa escritura por lo tanto esa señora se fue para otra notaría para su diligenciamiento, entre las entradas y salidas entró a la notaría el doctor Bernardo Ramírez (…) él entró a la notaría en una de las varias entradas que hizo la señora en su afán de las cinco a las seis de la tarde, cuando lo vi, traté de atenderlo y conversé con él, pero me di cuenta de que era imposible atender a él y a quien pareciera su esposa para el diligenciamiento de la escritura (…) yo la vi en los mismos afanes que si no estoy mal en razón a que la escritura de adquisición de un inmueble que ellos estaban vendiendo estaba protocolizada acá. Si no estoy mal el inmueble quedaba por Envigado, y ellos estaban vendiendo el inmueble para adquirir otro y el afán para hacer la escritura lo más pronto posible para tener la seguridad de la adquisición, ellos lo que querían era comprar el apartamento y tener seguridad para que lo que ellos compraban estaba sano” (fl. 116, ib.).

Se conoce, además, que la escritura pública 868 fue registrada en los folios de matrícula inmobiliaria 001-27375, 271363, 271364 y 271367 el día 13 de abril de 1993 (según se desprende de los respectivos certificados de libertad y tradición); que el inmueble fue entregado materialmente a los adquirentes y que luego los demandantes no pudieron ingresar al apartamento como quiera que el señor Dionicio Antonio Agudelo Echavarría los acompañó en una oportunidad, pudiendo comprobar el cambio de la cerradura y así lo testificó en el plenario (fl. 211, cdno. 1º).

Ahora bien, se sabe que la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Rodríguez presentó denuncia penal por falsedad documental al advertir que los inmuebles de su propiedad estaban siendo negociados por terceros, lo cual motivó que la Fiscalía 103 de Medellín en diligencia de inspección ocular a la oficina de registro dejara constancia sobre la escritura pública 701 correspondiente al negocio celebrado el 26 de febrero de 1991, entre las señoras Beatriz del Socorro Montoya Jaramillo y Berenice del Socorro Yepes, en calidad de vendedora y compradora respectivamente, de un bien inmueble de características diferentes (fl. 80, cdno. 2).

Efectivamente, en diligencia de inspección realizada en la refería Notaría Tercera de Medellín, se corroboró que la escritura 701 no fue otorgada el 26 de febrero de 1993 por la señora Gutiérrez Rodríguez y que no se trata del apartamento, dos garajes y el depósito ubicado en el barrio El Poblado, a más que la papelería, las firmas y los sellos no correspondían a los usados en la susodicha notaría y también carecía de las iniciales distintivas de los “protocolistas”, irregularidades que se advirtieron por el notario a simple vista (fl. 115, fte. y vto., ib.).

3.3. El Daño.

Por tanto y ante la comprobada falsedad, el 12 de octubre de 1994, la Fiscalía 103 dispuso, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal, proceder a la cancelación, entre otras, de la supuesta escritura pública 701 y de la anotación de la misma en los folios correspondientes, de manera que la señora Gutiérrez Rodríguez recuperó su situación registral.

Confiesan los demandantes que, del dinero pagado por los bienes afectados con la falsedad, les fue devuelto, además del vehículo automotor que dijeron entregar como parte de pago por la suma de $ 2.000.000 (fl. 13, cdno. 1), $ 8.750.000 según declaración de la demandante Nubia Asunción Sánchez Gómez (fl. 257, cdno. 2). Al tiempo que afirman ser tenedores de una letra de cambio aceptada por el señor Nodier Orlando, con quien negociaron directamente, por valor de $ 25.000.000 según declaración del demandante Luis Bernardo Ramírez Zuluaga (fl. 246, ib.).

Los testigos citados por solicitud del demandante dan cuenta de la angustia y depresión que sufrieron los esposos —no se hace referencia a sus hijas— ante la estafa cometida (testimonios ofrecidos por los señores Bernardo de Jesús Ramírez Garcés, Darío Arcila Arenas y Álvaro Antonio García Montoya, visibles a folios 202-210 y 218-225, cdno. 1), además de que el señor Ramírez Zuluaga se vio forzado a retirarse de la Universidad de Antioquia para cobrar sus cesantías definitivas y así reunir capital para adquirir otro inmueble, lo cual se corrobora con su carta de renuncia al claustro donde se puso de presente que el docente manifestaba terminar su relación laboral porque la universidad no le había podido hacer la liquidación parcial de cesantías y por lo tanto hacía uso de la liquidación definitiva y el goce de la pensión vitalicia a la que tenía derecho por vejez (fls. 51 y 52, ib.).

Se conoce también que en marzo de 1994 el matrimonio Ramírez-Sánchez adquirió mediante la escritura pública 1622 otro apartamento con parqueadero, por valor de $ 31.250.000 que hipotecaron a favor de Conavi por la suma de $ 25.000.000 (fls. 55-63, ib.). Además obra en el proceso una certificación de esta última (fl. 64, ib.) a cuyo tenor al 4 de octubre de 1995, la obligación adquirida en UPAC´s sumaba $ 30.587.511,02.

4. Responsabilidad estatal y servicio registral.

En varias oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado por daños causados en el curso de la actividad registral, indicando que a la administración le asiste el deber de reparar en los casos en que no realice “oportunamente todas las anotaciones registrales” y en consecuencia expida “un certificado que no correspondía a la real situación jurídica del bien”(7).

Por ejemplo, se ha declarado la responsabilidad estatal cuando no se suprimen los folios de matrícula inmobiliaria de bienes originarios que han sido objeto de englobe, caso en el cual “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(8). Igualmente se ha condenado a la nación cuando no se registran los gravámenes sobre inmuebles que han sido debidamente radicados, pues “el certificado del registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de registro corresponde a la realidad”(9).

Ahora bien, las maniobras fraudulentas de terceros que conllevan el registro de automotores no son imputables a la administración, pues el comprador tiene el deber de “cerciorarse de la legalidad del automotor que adquiría”(10), además de que no es posible “deducir de manera evidente algún tipo de irregularidad o falsedad de los documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron el traspaso de propiedad del mismo”(11) y, finalmente, “no estaba dentro de su ámbito [de las autoridades de tránsito] establecer si tales documentos eran falsos o no, pues dentro de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de tránsito no estaba contemplada dicha posibilidad”(12).

Incluso, se ha descartado la responsabilidad en caso de registro de instrumentos públicos que resultan absolutamente falsos, por tratarse de “un evento imperceptible para la oficina de registro”, en tanto “no resultaría jurídicamente admisible exigirle la constatación exhaustiva de todos los títulos que les son presentados para registro”(13).

Entonces, “el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha de observarse con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos”(14), “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(15) del inmueble que se pretende adquirir, de modo que exista certeza de que el daño provocado “surge de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(16).

5. Imputación en el caso concreto.

En relación con el proceder de la Fiscalía General de la Nación, la Sala acoge el planteamiento de la defensa referido a que a dicha entidad ninguna responsabilidad le cabe en relación con los daños sufridos por los demandantes, pues si bien el ente acusador ordenó la cancelación del instrumento y de la anotación registral, obró conforme lo dispuesto en el art. 61 del Código de Procedimiento Penal (17) entonces vigente.

Lo anterior en cuanto ninguna duda se cernía sobre la falsedad de la escritura 701 del 7 de abril de 1993 en la Notaría Tercera de Medellín y en ese sentido se encontraba autorizada la cancelación de su registro en los términos de la norma transcrita, sin necesidad, incluso, de escuchar previamente a los demandantes, pues ellos no figuraron como partes del contrato escrutado.

Por otro lado, es claro entonces que la oficina de registro correspondiente no actuó debidamente porque convalidó la autenticidad de un documento que no la tenía y procedió a su registro imprimiéndole, además, la virtud de transferir un derecho real y publicitar su tradición a terceros de buena fe exenta de culpa. Señala al respecto el artículo 24 del Decreto 1250 de 1970: “Hecha la radicación, el documento pasará a la sección jurídica de la oficina para su examen y calificación. En formulario especial y con la firma del funcionario correspondiente, se señalarán las inscripciones a que dé lugar, referidas a las respectivas secciones o columnas del folio”.

Consecuencias evidentes sobre la fe pública registral, toda vez que quien obtiene un certificado de matrícula inmobiliaria expedido por la oficina correspondiente, supone, con autoridad, que las anotaciones son ciertas y, de no ser ello así, incurren necesariamente en un error respecto del cual señala la jurisprudencia(18):

... La compilación cada vez más grande de las relaciones sociales y jurídicas, comenta Gorphe en el mismo sentido (de Mazeaud), hace que sea cada vez más imposible ir hasta el fondo de las cosas y que uno se vea cada vez más obligado a fiarse de la apariencia. Es el aspecto bajo el cual vuelve a aparecer en el derecho moderno la antigua importancia de la forma. El error que se presenta bajo la forma engañosa de la verdad, es tratado como la verdad misma....

La referida actuación de la oficina de registro al calificar y registrar un instrumento falso, luego de lo cual procedieron a expedir el certificado con su inclusión, resulta ser constitutiva de falla en el servicio registral, pues como se dijo, la referida escritura 701 ni siquiera fue otorgada en la Notaría Tercera de Medellín, aspecto este que podía verificarse fácilmente, si se considera que el papel, los sellos y las firmas del escrito no eran los usados por el despacho notarial.

Se resalta que en el presente caso para la subsección no es dable sostener que la falsedad era del todo imperceptible para la administración, en la medida que la normatividad notarial brinda una serie de elementos de seguridad para impedir precisamente que documentos espurios pasen fácilmente como verdaderos.

Quiere decir que de nada serviría que el estatuto de notariado (D. 960/70) imponga que las escrituras públicas autorizadas por el notario (i) “se escribirán en papel autorizado por el Estado y al final de cada instrumento, antes de firmarse, se indicarán los números distintivos de las hojas empleadas” (art. 20); (ii) se anoten en un “libro de relación” para ser consideradas incorporadas en el protocolo (art. 22) y que, adicionalmente, (iii) tales instrumentos se distingan “con el número de orden que le corresponda expresado en letras y cifras numerales” y se numeren “ininterrumpidamente en orden sucesivo durante cada año calendario”, todo ello “para seguridad y comodidad de la consulta” (art. 23), si las oficinas de registro de instrumentos públicos no advierten la presentación de documentos escritos en papel no autorizado, sin incorporación en el libro de relación para el protocolo y con numeración incorrecta y, a pesar de todos esos elementos de falsificación perceptibles “a simple vista”, proceden a su registro.

Por tanto, es claro que la oficina de registro incurrió en una falla en la prestación del servicio en la medida que, por la labor importante que desarrolla en el manejo de la información sobre la situación jurídica de inmuebles, debe utilizar mecanismos idóneos para asegurar que los instrumentos que califica cumplan con los elementos formales de seguridad que la normatividad exige para la validez de escrituras públicas, pues, de lo contrario, infunde en el colectivo un error común que puede llegar a generar confianza legítima en terceros exentos de “toda culpa”.

Es que la jurisprudencia tiene definido que no todo error común o colectivo crea en el tercero la conciencia que lo hacía acreedor de un derecho inexistente, toda vez que ello demanda una actuación ausente de toda duda, solo predicable de quienes, en razón de sus circunstancias, nada podían hacer para caer en el engaño. Sobre el particular, desde antaño se tiene dicho lo siguiente(19):

... La máxima error comunis facit jus requiere indispensablemente y con exigente calificación probatoria, que se demuestre la existencia de un error común o colectivo, que sea excusable e invencible y limpio de toda culpa y en el cual se haya incurrido con perfecta buena fe. Faltando algunos de estos elementos jurídicamente esenciales el error no puede ser fuente de derecho contra ley y la buena fe no puede ser simplemente alegada como motivo suficiente para justificar su contravención....

De lo anterior se colige la exigente labor de calificación que les corresponde realizar a las oficinas de registro, dirigidas en primer lugar a verificar el real origen de los títulos previamente radicados, para así mismo dotarlos de la autenticidad que sus efectos frente a terceros reclaman una vez concluida la labor de anotación y certificación.

A juicio de la Sala, los demandantes Ramírez Zuluaga y Sánchez Gómez no actuaron con buena fe exenta de toda culpa, pues siendo profesionales del derecho y por ende conocedores de la normatividad que en nuestra legislación rige la adquisición de bienes inmuebles, no podían sustraerse de verificar el origen del derecho que se les ofrecía transferir.

Esto es así porque la señora Sánchez Gómez, según deficiente material probatorio, supuestamente se limitó a verificar la información en la carpeta del inmueble en la oficina de registro —hecho que solo fue soportado en declaraciones de oídas— y ningún medio de conocimiento —diferente a las versiones de los propios adquirientes— informa que los compradores hubieran corroborado la existencia del instrumento en el protocolo notarial, gestión, como quedó explicado, mínimamente exigible a los actores en su condición de abogados y conocedores de las negociaciones de bienes raíces.

Lo anterior quiere decir que la falla del servicio registral que en este caso se le imputa a la demandada, si bien hizo incurrir a los demandantes en error común, como bien lo señalan los precedentes transcritos, adicionalmente los adquirentes debían demostrar que ese yerro estuvo exento de toda culpa, o sea, que verificaron la legalidad del inmueble que pretendían adquirir, lo que no sucedió en el sub lite, pues los actores dejaron de cotejar, con una simple constatación en el protocolo, la legitimidad del instrumento público que sustentaba el dominio anterior que buscaban adquirir, diligencia mínima razonable que de haberse cumplido habría roto el error común configurado.

Quiere decir que la sola configuración del error común no es suficiente para que en este caso se estructure la responsabilidad del Estado, pues, igualmente, se requería que los compradores, habiendo incurrido en el yerro, estuvieran exentos de toda culpa mediante la verificación de la legalidad de los bienes que compraban; empero, los demandantes solo intentaron fútilmente acreditar, con deficiente material probatorio, que verificaron la legalidad del registro, lo que se repite, demostraría que se confundieron por la errata, no que su conducta estuvo exenta de toda culpa, toda vez que lo diligente tenía que ver con verificaciones diferentes al registro, en este caso, la constatación de la escritura pública anterior con base en la cual los vendedores le ofrecieron a los actores los inmuebles de que se trata.

Es que así como los demandantes obtuvieron de la oficina de registro el certificado de libertad y tradición de los inmuebles que pretendían adquirir y establecieron con ello la anotación de la escritura pública que, a decir de quien servía de intermediario, servía de soporte del derecho inscrito del oferente vendedor, lo mínimo, razonable y diligente era acudir a la notaría ubicada en la misma ciudad, en la que, se decía, el instrumento había sido otorgado, para así verificar la legitimidad del instrumento, accediendo directamente al protocolo notarial. Esta diligencia no resultaba excesiva si se considera que los demandantes ostentan títulos de abogado aunado a que la señora Sánchez Gómez estuvo vinculada a la Oficina de Registro y el Señor Ramírez Zuluaga ejerció notablemente como litigante.

Es que las declaraciones de los funcionarios de las notarías resaltan únicamente el afán mostrado por la señora María Nubia para que el negocio se cerrara lo más pronto posible, por considerarlo una oportunidad, dado el bajo costo del apartamento, los parqueaderos y el depósito.

Por tanto, para la Sala resulta claro, conforme el precedente reiterado de esta Sección, que los daños sucedidos por la falsificación de documentos en principio resulta ser un hecho imputable a quienes efectuaron la adulteración de los instrumentos, y si bien en algunos casos las falsedades pueden resultar imperceptibles para la administración, la no verificación de los elementos formales de seguridad constituye falla del servicio.

Ahora bien, esta falla del servicio no es suficiente para la declaratoria de responsabilidad estatal, pues, en todo caso, ese error común que se infundió sobre el colectivo, para crear una expectativa legítima en terceros, debe estar exento de toda culpa, o lo que es lo mismo, “el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha de observarse con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos”(20), “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(21), lo que no sucedió en el sub lite.

En este sentido, la sola verificación de la escritura anterior en la notaría de origen por parte de los adquirentes, era una diligencia mínima exigible a los actores, sobre todo por sus condiciones profesionales, y que de cumplirse, que no lo demostraron a través de pruebas suficientes —las aportadas son indirectas y provienen de los mismos interesados—, habrían develado la falsedad y el error común infundado por la misma administración.

Por manera que si bien en el presente caso es necesario denotar la falla en el servicio por parte de la oficina de registro, pues, se itera, debía percibir que se trataba de un instrumento falso por los vicios formales fácilmente reconocibles, en el presente caso el daño solo puede ser imputable a los terceros falsificadores y a las propias víctimas, pues si los adquirentes hubieran realizado las verificaciones mínimamente razonables al instrumento anterior a la negociación que adelantaban, habrían advertido la falsedad del mismo y con ello superarían el error común propiciado con el registro.

Entonces, la causa adecuada del daño no fue necesariamente el registro del instrumento falso, acción constitutiva de falla en la prestación del servicio, sino la acción de los terceros falsificadores y la omisión de las propias víctimas quienes dejaron de realizar las corroboraciones mínimas, diligencias con las cuales no habrían caído en el error común infundido por la oficina de registro y que por lo mismo no es exento de culpa para los adquirentes.

7. Costas procesales

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa este tipo de comportamiento en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia absolutoria del 31 de mayo de 2001, proferida por la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia con sede en Medellín.

2. SIN COSTAS en la presente instancia.

3. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1995 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 9.610.000 y la pretensión por daño emergente con la cual se inició este proceso asciende a $ 18.000.000.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Expedición 10.285. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de abril de 2002, Exp. 13.606, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(6) Incluso, en sentencia del 27 de junio de 2000, M.P. María Elena Giraldo Gómez, proferida por la Sala Plena Contenciosa, el Consejo de Estado precisó que “si por mandato de la ley la representación de la nación en tratándose de procesos judiciales en que se la ha demandado por actos o hechos atribuidos a la rama judicial la tiene aquel director ejecutivo, resulta insustancial que la sentencia en cuestión le haya atribuido esa representación al Ministerio de Justicia, porque en el momento en que aquella se profirió, el 17 de junio de 1999, ya no la tenía (...). Además, la circunstancia de que aquí se resuelva que es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la encargada por la ley para satisfacer las obligaciones pecuniarias de la nación - rama judicial, no significa que se esté modificando la providencia judicial contentiva de la condena, porque de ninguna manera se ha cambiado a la persona jurídica condenada, la nación, y lo que se hace es simplemente reconocer lo que la ley ha establecido, en el sentido de que el representante de aquella ya no es el mismo que la representó cuando se inició el proceso, sino otro”.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 26 de febrero de 1996, Exp. 11.246, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 18 de abril de 2002, Exp. 13.932, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 7 de diciembre de 2005, Exp. 14.518, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 6 de octubre de 1995, Exp. 10.282, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 7 de julio de 2005, Exp. 14.975, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 16.303, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera, Subsección A—. Sentencia del 7 de marzo de 2012, Exp. 20.042, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16.055, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15.704, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 7 de diciembre de 2005, Exp. 14.518, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido sentencia de agosto 3 de 2006, Exp. 14.435, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, según esta última “por cuanto atendiendo a la naturaleza propia del servicio registral no basta con la materialización de la irregularidad, sino que además se requiere que la misma trascienda a los usuarios y la forma para que ello ocurra no es otra que mediante la expedición y consulta del respectivo certificado en donde conste dicha falencia”.

(17) ART. 61, Decreto 2700 de 1991: “Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo. También se ordenará la cancelación de la inscripción de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se estén adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes”.

(18) Corte Suprema de Justicia, Cas., 22 de junio de 1939, XLIII, 287.

(19) Corte Suprema de Justicia, Cas., 27 de julio de 1945, LIX, 397.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16.055, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera—. Sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15.704, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.