Sentencia 1995-01573 de abril 13 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. 25000-23-26-000-1995-01573-01(18787)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz

Actor: Ana Rosalba Leon Urruego y Otros

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C, trece de abril de dos mil once.

IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de marzo de 2000, mediante la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Departamento de Cundinamarca, por la muerte del señor Helberth Ariel Martínez Pulido, ocurrida el 7 de enero de 1995.

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si a la entidad demandada le corresponde indemnizar a los demandantes, por los perjuicios causados a raíz del fallecimiento del señor Helberth Ariel Martínez Pulido.

El daño

El señor Helberth Ariel Martínez Pulido, falleció el día 7 de enero de 1995, como consecuencia de trauma cráneo encefálico severo, más bronco aspiración de sangre, esto se puede constatar con la copia auténtica del registro civil de defunción obrante a folio 1 cuaderno 2 del expediente; así mismo con el Protocolo de Necropsia practicado a Helberth Martínez Pulido, en el Hospital “San Antonio” de Chía, el cual arroja como conclusión lo siguiente:

“1. Mecanismo de muerte: Asfixia mecánica.

2. Causa de muerte: Trauma cráneo encefálico severo, más Bronco aspiración de sangre.

3. Manera de muerte: Probablemente por accidente de tránsito” (fls. 367-368).

La muerte del señor Helberth Ariel Martínez Pulido causó daños a los demandantes, quienes demostraron el vínculo que los unía a él, así: la señora Ana Rosalba León Urrego, acreditó ser su compañera permanente, según consta de las declaraciones de Luz Marina Arévalo de Villalobos, Blanca Ruth Rodríguez García y Liliana Rocío Ibarra Cárdenas, quienes bajo la gravedad de juramento testificaron sobre su unión permanente. (fls. 340-344, cdno. 2).

Asimismo se evidencia la filiación entre el señor Helberth Ariel Martínez Pulido, y sus hijos Álvaro Ariel Martínez León y Diana Esperanza Martínez León, según los registros civiles obrantes a folios 5 y 6 cuaderno 2.

Los demandantes José Álvaro Martínez Piñeros y Margarita Pulido de Martínez, probaron su condición de padres de la víctima, con el registro civil de nacimiento de Helberth Ariel Martínez Pulido. (fl. 3 c 2).

La demostración del vínculo marital y de parentesco en el primer y segundo grado de consanguinidad entre los demandantes y Helberth Ariel Martínez Pulido, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral y el daño material que aquéllos sufrieron por la muerte de éste.

La imputación

“Establecida la existencia de un daño antijurídico, cierto, e indemnizable, sufrido por los demandantes, que constituye el primero de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, es preciso verificar el segundo: la imputación de ese daño al Estado.

El artículo 90, inciso 1º de la Carta Política, exige —en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado—, que los daños antijurídicos sean “causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, con lo cual se refiere al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica.

De allí que elemento indispensable —aunque no siempre suficiente— para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero.

En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño.

El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el art. 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella"(13). Sin embargo, ha sostenido también la Sala que el Estado para exonerarse de responsabilidad deberá probar que el hecho ha tenido ocurrencia por la intervención de un elemento extraño: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

El caso en concreto

Para establecer la responsabilidad de la Administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se reunieron los siguientes medios de prueba:

1. Fotocopia del Expediente 5524 que contiene la investigación penal adelantada por el Juzgado 39 Penal del Circuito, contra Juan Isidro Garavito Beltrán por el delito de homicidio de Helberth Martínez Pulido, donde mediante providencia de agosto 8 de 1995, se dicta sentencia anticipada, resolviendo condenar a Juan Isidro Garavito Beltrán por haber sido hallado responsable de la “comisión del delito de Homicidio Culposo” (fls. 42 a 336, cdno. 2). En dicho proceso se destaca el dictamen médico legal sobre el estado de embriaguez, practicado al conductor del vehículo Juan Isidro Garavito Beltrán, donde se concluye embriaguez tipo I (fl. 112, cdno. 2). Esta prueba tiene plena validez probatoria, toda vez que la sentencia penal es un documento público auténtico y el informe de medicina legal es de carácter oficial, conforme a los artículos 254 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

2. Oficio enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera por el Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca, donde se informa entre otras cosas lo siguiente:

“El vehículo Volqueta OJF 442 de propiedad del Departamento estaba asignado para el transporte del personal desde el Distrito de Guavio hasta la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., cuando ocurrió el accidente en las horas de la noche con el fatal resultado del fallecimiento del señor Helberth Martínez Pulido”.

El señor Juan Isidro Garavito B., se desempeñó como chofer I.

El día 6 de enero de 1995 (viernes) el señor Martínez Pulido, cumplió con todas las funciones asignadas a su cargo, luego en el vehículo destinado para el transporte del personal se dirigía a la ciudad de Santafé de Bogota (sic), una vez terminada la semana de labores en el campamento del Guavio” (fls. 347 y 348, cdno. 2).

3. Copias de los decretos de nombramiento por parte del Gobernador de Cundinamarca y acta de posesión de Juan Isidro Garavito Beltrán como Chofer (fls. 396-397,411-412 y 440-441, cdno. 2).

4. Oficio enviado al Tribunal por la unidad regional de tránsito y transporte de la Gobernación de Cundinamarca, donde certifica que el vehículo de placas OJF-442, volqueta adscrita a la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca y allega fotocopia de historial del vehículo en mención (fls. 481-491, cdno. 2).

5. Helberth Elberto Calderón y José Medardo Puentes, quienes manifestaron que laboraban en la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca, como conductor y obrero, por lo que conocieron a Helberth Ariel Martínez Pulido, así como a su esposa e hijos. Indicaron que era ayudante de máquina en el Distrito del Guavio y sostenía económicamente a su familia; el primer testigo, además afirma que Juan Isidro Garavito conductor de la volqueta en donde se accidentó Helberth, ya había tenido un accidente de tránsito anteriormente y que el mantenimiento que se le daba a los vehículos se le hacía el campamento por personas que hacían bien su trabajo (fls. 132-136, cdno. 1).

6. El testigo Baudilio del Carmen Beltrán, manifestó que el accidente ocurrió el 6 de enero de 1995 como a las 9:30 pm, que dentro de la volqueta venían el conductor Juan Isidro Garavito, el finado Helberth Ariel Martínez Pulido y su persona. Que el conductor había ingerido licor y dijo no constarle sobre el mantenimiento de la volqueta. Sobre los hechos del accidente relató lo siguiente:

“Preguntó: Sírvase hacer un relato claro y espontáneo de todo cuanto le conste sobre lo ocurrido el día 7 de enero de 1995, donde murió el señor Helberth Ariel Martínez Pulido, luego de un accidente dentro de una volqueta de la secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca. Contestó: El accidente ocurrió delante de Briceño pasando una ladrillera. La volqueta se esterllo (sic) con un tropper. Se estalló la llanta delantera de la volqueta, aproximadamente a unos sesenta metros nos estrellamos con unos eucaliptos por la izquierada (sic). Se pidió el favor a uno de los dueños de una casa que llamaran a la fiscalía y después hicieron el levantamiento. Ese accidente ocurrió el 6 de enero de 1995 como a las 9:30PM. Dentro de la volqueta estaba el conductor Juan Isidro Garavito y el finado Helbert Ariel Martínez Pulido y mi persona. Veníamos todos desde Gachetá. Después hubo el levantamiento del cadáver y posteriormente de la volqueta (sic) que yo me quede cuidándola” (fls. 129-131, cdno. 1).

7. Informe de accidente Nº 93-0116676 del Intra del 6 de enero de 1995, ocurrido en la vía Bogotá-Chocontá Km 11 frente a Ladrillera Norte, el cual reporta que la hora de la ocurrencia del accidente fue a las 22 horas, el conductor Juan Isidro Garavito y la víctima Helbert Martínez Pulido. En las observaciones se informa:

“Que el conductor del vehículo Nº 1 manifiesta que no se dio cuenta de nada cuando se dio cuenta estaba fuera de la vía, que parece que lo había cogido el sueño” (fls. 117-118, cdno. 2).

Conclusiones probatorias

De conformidad con lo probado en el presente proceso, en el caso concreto se encuentra que el día 6 de enero de 1995, la volqueta de placas OJF-442, volqueta adscrita a la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca, conducida por el señor Juan Isidro Garavito Beltrán, funcionario al servicio de ese Municipio, se accidentó cuando se desplazaba a la ciudad de Bogotá, una vez terminada la semana de labores en el campamento del Guavio; como consecuencia de dicho accidente murió el señor Helberth Ariel Martínez Pulido.

De lo expuesto se concluye, que el contexto fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos objeto de la demanda que aquí se examina, se encontraba inequívocamente ligado a la actividad de la Administración, como quiera que el señor Helberth Ariel Martínez Pulido estaba cumpliendo labores atinentes al servicio oficial y el vehículo utilizado para tal efecto, así como la conducción del mismo, se encontraban bajo la guarda de la entidad demandada.

Igualmente, está demostrado que en cumplimiento de dichas funciones públicas y como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores, resultó muerto Helberth Ariel Martínez Pulido.

Asimismo, en lo atinente con la afirmación realizada en la demanda encaminada a sostener que la víctima Martínez Pulido, se encontraba en estado de embriaguez al igual que el conductor de la volqueta, resulta igualmente necesario destacar que respecto de dicha circunstancia no se aportó prueba alguna al expediente; así pues, se echa de menos el respectivo resultado del examen de alcoholemia practicado al cuerpo inerte de la víctima, u otro medio de prueba que permita acreditar tal suceso, a diferencia del conductor Juan Isidro Garavito Beltrán, a quien sí se le practicó dicho examen, que concluyó con embriaguez tipo I(14).

Así las cosas, para la Sala está claro que la causa del accidente de tránsito donde perdió la vida el señor Helberth Ariel Martínez Pulido, fue sin lugar a dudas la imprudencia y la negligencia del conductor de la volqueta de placas OJF-442, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca, quien manejaba el automotor en estado de embriaguez, (hechos por los que fue declarado penalmente responsable, fls. 112, cdno. 2), tal como también se puede constatar del Informe de accidente de tránsito del Intra, en el cual se registra la siguiente información:

“Que el conductor del vehículo Nº.1 manifiesta que no se dio cuenta de nada cuando se dio cuenta estaba fuera de la vía, que parece que lo había cogido el sueño” (fls. 117-118, cdno. 2).

Por consiguiente, partiendo de los hechos demostrados dentro del proceso, en el caso sub examine, se configuró una falla en el servicio debido al estado de ebriedad del conductor.

Es del caso anotar que “tales infracciones administrativas por parte del conductor vinculan al ente demandado respecto del daño por cuya indemnización se demandó y, en consecuencia, generan para el mismo la consiguiente obligación de repararlo, toda vez que la conducta o actividad del funcionario estaba determinada o encaminada a la prestación del servicio público y se enmarca dentro de las funciones propias del cargo del cual estaba investido”(15).

Así las cosas, la Sala confirmará la providencia impugnada, como quiera que del material probatorio obrante en el proceso, no es posible deducir la culpa exclusiva de la víctima.

Los perjuicios

Como quiera que los perjuicios reconocidos por el a quo fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso(16) y, además, fueron debidamente liquidados por el Tribunal de primera instancia, la Sala se limitará a actualizar las sumas impuestas; asimismo, la Sala modificará la sentencia del Tribunal en cuanto la condena impuesta lo fue en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues debe recordarse que de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980; para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(17), lo cual impone modificar en este aspecto la sentencia de primera instancia.

Actualización de condena

Habiéndose establecido que la liquidación realizada por el Tribunal de origen se ajusta a derecho la Sala se limitará a actualizar la condena impuesta.

Lucro cesante para Ana Rosalba León Urruego

Valor presente = valor histórico Índice final

Índice inicial

Reemplazando se tiene:

VP = $ 44.979.423 índice final - febrero de 2011 (106,83)

índice inicial - marzo de 2000 (60,08)

VP = $ 79.979.223

Lucro cesante para Álvaro Ariel Martínez León

VP = $ 14.114.682 Índice final - febrero de 2011 (106,83)

Índice inicial - marzo de 2000 (60,08)

VP = $ 25.097.727.

Lucro cesante para Diana Esperanza Martínez León

VP = $ 14.768.973 Índice final - febrero de 2011 (106,83)

Índice inicial - marzo de 2000 (60,08)

VP = $ 26.261.141

El total de la indemnización por perjuicios materiales actualizado a la fecha, es de $131.338.091.

Ahora bien, la Sala procederá a hacer la equivalencia de los gramos oro reconocido por perjuicios morales a salarios mínimos legales mensuales:

Ana Rosalba León Urrego (compañera permanente): 1000 gramos = 100 smlmv

Álvaro Ariel Martínez León (hijo): 1000 gramos = 100 smlmv

Diana Esperanza Martínez León (hija): 1000 gramos = 100 smlmv

Margarita Pulido de Martínez (madre): 1000 gramos = 100 smlmv

José Álvaro Martínez Piñeros (Padre): 1000 gramos = 100 smlmv

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia de 23 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera en su lugar se decide:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al Departamento de Cundinamarca a pagar a los demandantes:

a) Por concepto de perjuicios morales a Ana Rosalba León Urrego, Álvaro Ariel Martínez León, Diana Esperanza Martínez León, José Álvaro Martínez Piñeros, y Margarita Pulido de Martínez, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos.

b) Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante para Ana Rosalba León Urruego, la suma de setenta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil doscientos veintitrés pesos ($ 79.979.223) m/cte, $ 79.979.223, para Álvaro Ariel Martínez León la suma de veinticinco milliones noventa y siete mil setecientos veintisiete pesos ($ 25.097.727.oo) m/cte y para Diana Esperanza Martínez León la suma de veintiséis millones doscientos sesenta y un mil ciento cuarenta y un pesos ($ 26.261.141.oo) m/cte.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) Consejo de Estado. Sentencia de fecha 27 de julio de 2000. C.P. Alier Hernández, Exp. 12099.

(14) Folio 112, cuaderno 2.

(15) Consejo de Estado. Sentencia de fecha 23 de junio de 2010. C.P. Mauricio Fajardo. Exp. 18376

(16) Registros Civiles folio 3-6, cuaderno 2. Testimonio folio 340-344, cuaderno 2.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646. M.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.