Sentencia 1995-01604 de abril 6 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000-23-26-000-1995-01604-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luz Mery Ruiz de Linares y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional.

Expediente: 18.887

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 6 de abril de 2011

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

11. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia asumida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un proceso que, por su cuantía (fl. 26)(1), tiene vocación de doble instancia.

2. Hechos probados.

12. La señora Luz Mery Ruiz de Linares tenía un puesto ambulante de venta de comidas rápidas ubicado en el sector del puente del barrio Venecia en el sur de la ciudad de Bogotá D.C. —Transversal 44 con calle 51 sur—, establecimiento que era atendido por la citada señora con la ayuda de su compañero permanente y de sus hijos menores de edad(2).

13. El domingo 21 de noviembre de 1993, alrededor de las 11:00 p.m., los señores Luz Mery Ruiz de Linares y Bismar Plata Ruiz, abandonaron el puesto de ventas ambulantes para recoger insumos necesarios para la preparación de las comidas que eran allí vendidas, y dejaron encargados del puesto a los 3 niños hijos menores(3) de la primera de los mencionados(4).

14. A las 11:30 p.m., cuando los niños estaban vendiendo un pedido de comida a una pareja, un desconocido desenfundó un arma de fuego y le propinó una herida de bala en la cabeza a la niña Luz Mery Linares Ruiz, lo que le produjo instantáneamente la muerte(5). Este hecho quedó relatado por uno de los hermanos de la víctima, en los siguientes términos:

El día domingo (sic) 21 de noviembre a las 11:40 horas de la noche me encontraba jugando con mis hermanos en la calle frente a la peluquería Italiana de Venecia, que es donde se encuentra ubicado el carro de perros que tienen mis papás, y llegó una pareja y me pidieron dos perros y yo los preparé y me quedé ahí, después me pidieron otro perro, en ese momento pasaron los dos individuos y le dijeron un piropo de mal gusto a mi hermana quien se encontraba jugando con mi hermano, y ella les contestó y entonces los dos individuos se le devolvieron y yo al ver esto me les fui y los tipos le dijeron a mi hermana que les repitiera lo que le habían dicho y ella les repitió, y yo les dije que qué querían y ellos respondieron que hacer el amor con ella y yo me ofendí y le tiré lanzándole un puño a la cara, entonces el individuo se mandó la mano a la cintura y yo no hice nada, después el se levantó el buso y yo le ví un revólver y lo sacó, cuando lo sacó yo salí a correr y me escondí en el asadero P.P.C. y me demoré como cinco segundos y escuché un disparo, es de anotar que mi hermana se quedó parada al pie de los individuos, cuando yo escuché el disparo salí hacia donde mi hermana la cual estaba tirada en el piso (...) (fl. 34, del cdno. de pruebas).

15. El atacante emprendió la huida del sitio, y el niño César Yovanny Linares Ruiz acudió al CAI ubicado a 75 metros del sitio donde ocurrió la agresión(6), en busca de los agentes policiales que allí estaban prestando servicio, y en el sitio no encontraron a efectivo policial alguno, sino a personas vestidas de civil, quienes manifestaron que no era posible emprender la persecución de los delincuentes en el vehículo de la policía ubicado bajo el puente, por cuanto el mismo no tenía gasolina, hecho este que se tiene por cierto con base en lo vertido en las declaraciones rendidas por los efectivos policiales dentro de la investigación disciplinaria adelantada por la Policía Nacional(7), y que fue reiterado en el auto 056/BINDI-704 del 13 de abril de 2004, proferido por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el cual se dijo:

Se ha hecho este análisis sobre el estado real del vehículo, pues en primer lugar los policiales manifestaron que no pudieron utilizar la patrulla debido a su nulo funcionamiento y para dejar en claro que la acusación lanzada por el CT. Suarez Orozco Carlos Orlando, no es totalmente cierta, pues este oficial adujo que al día siguiente de los hechos se desplazó al sitio a verificar si en efecto la polonéz (sic) estaba varada y que al darle encendido el vehículo funcionó sin ningún contratiempo. La evidencia procesal compuesta por los documentos ya descritos y el testimonio de los señores CS. Quiroga Horta Martín y los mismos inculpados, señala que en efecto el día 221193, cuando el oficial pasó revista el automotor encendió pero luego de haberla empujado, con lo cual se deja en claro que en efecto el automotor carecía de (patrulla) batería con carga y por ello los agentes no pudieron utilizarla en la persecución al delincuente (fl. 139)(8).

16. Los agentes policiales tuvieron que emprender la persecución del atacante en vehículos ajenos a la policía, primero en un taxi y posteriormente en un microbús de servicio público, sin poder conseguir la captura del atacante. En el testimonio rendido dentro del proceso disciplinario por la señora María Beatriz Díaz (fls. 64 y ss.), quien manifestó que cuando los agentes policiales se enteraron del ataque contra la niña Luz Mery Díaz, “…ellos en ese momento reaccionaron en busca del tipo cojieron (sic) un taxi de color amarillo y se fueron a buscar el tipo (sic)…”. También en el testimonio rendido por el señor Héctor Alfonso García Arias dentro del trámite disciplinario adelantado por la Policía Nacional (fls. 38 y ss.), se afirma lo siguiente:

...[M]e dirigí a avisarle a la policía de la patrulla que estaba debajo del puente, y le dije a los agentes (sic) de que un señor había matado una niña, que por favor nos colaborara que por allí iba cerca que había matado una niña (sic), ellos dijeron que la patrulla no servía entonces yo con los agentes abordamos un taxi, y el taxista nos prestó toda la colaboración del caso… (fl. 39)(9).

17. El CAI y la patrulla de la policía fueron ubicados en el puente de Venecia por solicitud de los comerciantes de la zona, quienes le indicaron a las autoridades policiales que había mucha actividad delincuencial en el sector. A este respecto, en la declaración rendida por el señor Carlos Orlando Suárez Orozco, capitán de la subestación de policía a la que estaba adscrito el Centro de Atención Inmediata en cuestión, se afirma:

… Yo entregué al Cabo Quiroga una polonez para el servicio no recuerdo el número para ser colocada debajo del puente de Venecia, fue llevada de aquí de la Estación en buenas condiciones de funcionamiento, lo único que tenía malo era el ventilador pero dicho elemento fue arreglado el viernes inmediatamente anterior a la fecha mencionada por usted, la ubicación de este vehículo obedeció a una solicitud realizada por los propietarios de establecimientos del puente de Venecia para erradicar la inseguridad del sector… (fl. 42).

18. Contra los agentes que estaban en servicio en el CAI de Venecia en el momento en que se produjo el hecho, se inició una indagación disciplinaria que culminó con la imposición de una amonestación, motivada en que los efectivos policiales mintieron a su superior jerárquico en relación con los motivos por los cuales no emprendieron la persecución de los delincuentes en la patrulla que estaba a su servicio, y alteraron la minuta de vigilancia policial para ocultar las fallas técnicas que mostraba la patrulla al servicio del CAI(10).

19. La señora Luz Mery Ruiz Vargas y el señor Miguel Antonio Linares son padres del niño César Geovanny Linares Ruiz (fl. 2, cdno. de pruebas), del niño Jairo Miguel Linares Ruiz (fl. 11) y de la fallecida Luz Mery Linares Ruiz (fl. 4). En el expediente se observa también declaración juramentada del señor Alfredo Domínguez Delgado (fl. 420, cdno. de pruebas) quien testificó: “... yo conozco al señor Vismar (sic), me consta que vive con la señora Luz Mery, desde que los conozco los conozco a ambos y sé que viven juntos…”, por lo que se tiene probada la convivencia en unión marital de hecho de la señora Luz Mery Ruiz Vargas con el señor Bísmar Plata González.

3. Validez de los medios de prueba.

20. Los testimonios practicados por la Policía Nacional en el desarrollo del trámite administrativo disciplinario adelantado con ocasión de los hechos materia de la presente demanda, no fueron objeto de la ratificación de que trata el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(11), no obstante lo cual, en aplicación del reiterado criterio de la Sala, los documentos donde constan dichos testimonios deben ser apreciados para la solución del caso sub judice, pues hacen parte de una actuación administrativa adelantada por la entidad demandada —Policía Nacional—, fueron allegados al proceso por petición expresa de la parte demandante (fl. 14)(12) y decretados como prueba por el juzgador de primera instancia en el auto del 22 de agosto de 1996 (fl. 54)(13).

21. Las pruebas aludidas en el punto anterior, tienen pleno valor probatorio por virtud de lo establecido en el numeral 1º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

ART. 254.—Modificado. D. 2282/89, art. 1º, mod. 117. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1º. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. (...).

22. De este modo, las pruebas allegadas al proceso por la Policía Nacional mediante el oficio 721/SEADI DETEQ del 1º de noviembre de 1996 suscrito por el subcomandante de la Estación de Policía Tequendama (fl. 27), que contienen todo lo actuado por la Policía Nacional en el desarrollo del proceso disciplinario adelantado por dicha institución, cumplen con los requisitos como para que sean valoradas al momento decidir el presente asunto.

4. Problema jurídico.

23. En la demanda se alega que los agentes de la Policía Nacional que prestaban su servicio en el CAI ubicado en el puente del barrio Venecia, no cumplieron con su deber de vigilancia y seguridad en el sector al cual estaban asignados, lo que a juicio de los accionantes propició la muerte de la menor Luz Mery Ruiz Linares y, además, causó un daño al niño César Yovanny Linares Ruiz por el hecho de que no recibió la atención debida cuando acudió a la unidad policial.

24. Así las cosas, deberá determinarse por la Sala si en el presente caso está demostrada una falla del servicio por parte de los agentes que estaban al servicio del CAI ubicado en el sector del puente de Venecia, cuando en dicha zona se produjo el atentado contra la vida de la menor Luz Mery Linares Ruiz.

25. En caso de concluirse que existe la falla del servicio, deberá establecer la Sala si existe nexo de causalidad entre esta y la muerte de la menor Luz Mery Linares, frente al cual el tribunal consideró que el suceso tuvo origen causal en el hecho de un tercero, mientras que el recurrente en apelación considera que la muerte de la menor se produjo por la negligencia de los agentes de la Policía Nacional en la atención del hecho.

25.1. Frente a esto último deberá determinarse si en el expediente está probado que la zona en que ocurrió el homicidio de la mencionada menor de edad, por sus condiciones de inseguridad, ameritaba vigilancia especial por parte de las autoridades de policía, si dicho servicio fue adecuadamente dispensado por la entidad demandada, y si la omisión en el mismo implica que es imputable responsabilidad extracontractual a la Policía Nacional por la muerte de Luz Mery Linares Ruiz.

25.2. Igualmente deberá determinarse si está probado un daño irrogado a los demandantes por la negligencia desplegada por la policía, cuando uno de los hermanos de la niña Luz Mery Linares Ruiz acudió al CAI de la policía para informar sobre el ataque contra su ser querido. En este tema deberá determinar la Sala si, en aplicación del principio de primacía del derecho sustancial, es posible interpretar la demanda de tal manera que se entienda que la indemnización del daño aquí aludido fue solicitada en el libelo introductorio.

5. Análisis de la Sala.

26. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz, ocurrida el 21 de noviembre de 1993 cuando la menor de edad recibió un disparo en la cabeza que le fue propinado por un desconocido. Igualmente, están evidenciados los perjuicios que para algunos de los demandantes se siguieron del deceso de la mencionada niña, según pasa a explicarse.

26.1. En efecto, se tiene acreditado el parentesco que los señores Luz Mery Ruiz de Linares (madre), Miguel Antonio Linares Guzmán (padre), César Yovanny Linares Ruiz (hermano) y Jairo Miguel Linares Ruiz (hermano) tenían con la fallecida Luz Mery Linares Ruiz, pues se allegaron al expediente los respectivos registros civiles de nacimiento que acreditan la relación de consanguinidad existente entre algunos de los demandantes y la niña muerta.

26.2. La Sala considera que, debido al nexo de parentesco que existía entre la fallecida y los mencionados accionantes en reparación, es presumible que la muerte de aquella implicó para estos una situación de congoja y dolor. En el proceso no se acreditó que existiera alguna relación consanguínea o de afinidad entre la occisa y los señores Bísmar Plata González y Elvira Vargas Ramírez, razón por la cual no puede inferirse el daño que supuestamente padecieron estos demandantes.

26.3. Ahora bien, la parte actora afirma que los demandantes padecieron un daño por cuanto la Policía Nacional no pudo dar captura a la persona que propinó la muerte a la occisa, y porque cuando los familiares de la víctima pretendieron ubicar a los agentes policiales para que acudieran al sitio de los hechos, en el Centro de Atención Inmediata —CAI— no había efectivos policiales para atender la situación.

26.3.1. Al respecto la Sala observa que en las pretensiones del libelo introductorio se solicitó la indemnización de perjuicios morales “por la muerte de su única hija y hermana Luz Mery Linares Ruiz…”, pero allí no se solicita que se indemnicen dichos perjuicios por el hecho de no haberse atendido debidamente el caso por parte de las autoridades de policía.

26.3.2. No obstante, el Consejo de Estado ha dicho en otras oportunidades que, en aras del principio de prevalencia del derecho sustancial, el juez debe interpretar la demanda a efectos de desentrañar su verdadero alcance, y con el propósito de procurar la indemnización integral del daño, y en ese ejercicio interpretativo es posible develar la existencia de peticiones implícitas en la demanda, que deben ser analizadas en aplicación del principio iura novit curia. Así, se dijo en la sentencia del 8 de marzo de 2007:

Ahora bien, además de la afectación emocional íntima sufrida por Daniel Rodrigo Ibáñez Méndez, como consecuencia del daño que le fue causado, la Sala advierte que se le generó un perjuicio a la vida de relación, cuya solicitud se reparación puede encontrarse en la demanda, al hacer uso de las facultades interpretativas que le corresponden al juez en aras de la reparación integral del daño(14). Pues la demanda debe ser vista como un todo, a partir del cual el juez está en el deber de extraer de cada uno de sus componentes las pretensiones y los hechos relevantes al caso concreto, en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial —C.P., art. 228— y de la máxima “dame los hechos que yo te daré el derecho(15)”.

26.3.3. En el sub iudice, si en la pretensión en la que se busca la declaración de responsabilidad de la entidad demanda se dice que ésta es responsable por cuanto la menor “…fue muerta por un hombre desconocido que le disparó con arma de fuego, ante la mirada omisiva, despreocupante, desobligante e intervención inoportuna de un CAI móvil de la Policía Nacional…”, y acto seguido, en los fundamentos fácticos y jurídicos se afirma que la falla del servicio se produjo por la falta de presteza de los agentes de Policía en atender el suceso en el que resultó muerta Luz Mery Linares Ruiz, entonces la Sala interpreta que la parte actora también buscó la indemnización de los daños causados por la falta de diligencia de la entidad demandada, al acudir tardíamente al lugar de los hechos, y al no contar con los medios adecuados para dar persecución a quien perpetró el delito.

26.3.4. La Sala observa que en el expediente está probado que, cuando la niña Luz Mery Linares Ruiz —de 13 años— fue atacada, uno de los hermanos de la víctima reaccionó tratando de repeler a los asaltantes y, cuando el ataque estuvo consumado y el asesino emprendió la huida, el niño César Yovanny Linares Ruiz corrió en busca de los agentes policiales que estaban ubicados en el CAI del puente Venecia, hecho que es indicativo de que el suceso causó gran impacto emocional y alarma en el citado niño, quien para la época de los hechos tenía apenas 15 años.

26.3.5. La Sala observa que el que el niño —hermano mayor de la fallecida Luz Mery Linares Ruiz— hubiere reaccionado en la forma en que lo hizo ante el ataque a su hermana, es un hecho que indica el gran impacto emocional que para el niño César Yovanny Linares Ruiz implicó ese ataque, lo que constituye un daño que se encuentra plenamente probado, y que deberá ser indemnizado en caso de que resulte imputable a la entidad demandada.

27. En relación con la imputación jurídica del daño, la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene establecido que la falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se hubiere producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— de los deberes determinados por el ordenamiento jurídico a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales hubiere incurrido la administración. Ésta última podrá exonerarse de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó un incumplimiento de esos deberes, es decir que acató las obligaciones que le correspondían. Igualmente, la administración podrá exonerarse si comprueba que no existe nexo de causalidad entre el defecto en la prestación del servicio y el daño padecido por la víctima, lo que sucede cuando ha existido una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima, o el hecho exclusivo de un tercero(16).

27.1. De conformidad con lo anterior, en cada caso concreto deberá determinarse si está probada la falla del servicio, en consideración al cumplimiento de los siguientes requisitos:

— Que exista un defecto en la prestación del servicio de la administración, por ausencia o por prestación equivocada del mismo, sin que sea importante analizar la falla personal cometida por el agente de la administración.

— Que exista un daño antijurídico, esto es que recaiga sobre un bien protegido por el ordenamiento jurídico, que además sea cierto, determinado o determinable.

— Que exista una relación de causalidad entre la falla de la administración, y el daño padecido por la víctima.

27.2. Al establecer los deberes jurídicos que le atañen a la Policía Nacional en relación con la protección “a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, que es un deber que por mandato constitucional le corresponde a todas las “autoridades de la República” —art. 2º constitucional—, es necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 218 ibídem, el fin primordial del cuerpo de policía es “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, deberes en cumplimiento de los cuales las autoridades de policía deben utilizar todos los mecanismos de que están dotadas por virtud del ordenamiento jurídico, y actuar en coordinación armónica para efectos de lograr, en la mejor medida posible, la convivencia pacífica de los conciudadanos y el desarrollo normal de la vida de las personas, lo que se logra asegurando, a su vez, el cumplimiento de las medidas políticas y normativas relacionadas con el orden público. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:

De acuerdo con la Constitución y la ley, las autoridades administrativas de policía son las encargadas de mantener el orden público interno, del cual es elemento integrante la tranquilidad. Dichas autoridades tienen la obligación de adoptar las medidas destinadas a prevenir y corregir las conductas que atentan contra la convivencia pacífica y el desarrollo normal de la vida de las personas(17).

En este sentido, las autoridades de policía de los diferentes niveles —nacional, departamental y municipal— cuentan con una serie de competencias tanto de reglamentación como de ejecución de normas, mediante las cuales se pretende asegurar las condiciones mínimas para el general desarrollo de la sociedad y de sus miembros. Particularmente, a nivel municipal, el alcalde como primera autoridad de policía municipal (C.P., art. 315, num. 2º), le corresponde garantizar la pacífica convivencia de los habitantes del municipio para lo cual, entre otras medidas, debe velar por el cumplimie|nto de las disposiciones de orden público. Tarea para cuya realización cuenta con el apoyo de los inspectores y demás autoridades de policía(18).

27.3. Ahora bien, las obligaciones específicas que deben ser atendidas por el cuerpo de policía para el cumplimiento de los fines para los cuales está instituido, se consagran en el Decreto 1355 de 1970(19), en virtud del cual es función de la Policía Nacional preservar el orden público interno, lo que sólo es posible con la prevención y eliminación de perturbaciones a la seguridad y a la tranquilidad (art. 2º)(20), prevención que adquiere un papel preponderante en aquellos casos en que los ciudadanos solicitan de las autoridades policiales medidas especiales de protección, frente a amenazas contra aquéllos dirigidas.

27.4. En relación con esto último, el Consejo de Estado ha dicho que en los casos que los ciudadanos solicitan especial protección por parte de los organismos de seguridad, el deber de las autoridades de policía se singulariza, lo que implica que la intervención de la autoridad de policía debe instrumentarse en forma obligatoria, so pena de incurrir en omisión o defecto en la prestación del servicio, que puede generar responsabilidad a cargo del Estado, aún cuando el daño haya sido causado por un tercero(21). Igualmente, cuando es de conocimiento de las autoridades —y de la comunidad— que determinado sitio presenta especiales condiciones de inseguridad, esta corporación ha entendido que si las autoridades de Policía retiran la seguridad del sitio, ello implica una falla en la prestación del servicio de seguridad que amerita la reparación integral de los daños que por ella se causen. Al respecto se dijo en la sentencia del 29 de agosto de 1996:

La demostración de estos hechos permite concluir la responsabilidad de la Nación-Policía Nacional, por falla en la prestación del servicio de vigilancia en la población de El Castillo Meta, donde a pesar de las circunstancias de especial peligro que enfrentaba la población ante el ataque de subversivos, se levantó el puesto de policía y se fueron de la región.

Es función de la Policía Nacional procurar la seguridad de la vida, honra y bienes de los asociados. El asociado no espera que en caso de ataque por parte de la delincuencia, el organismo encargado de garantizar su vida, su seguridad, desaparezca del sitio porque pueden volver a ser atacados.

Esa actitud implica un incumplimiento total de las funciones que competen a esa institución, la cual justamente está para actuar, en especial frente aquellas circunstancias que alteran el orden público y ponen en peligro la vida, honra y bienes de los asociados.

Dejar desprotegida una población como ocurrió en el caso que ahora se decide, a la merced de los delincuentes que tuvieron completa facilidad para asesinar sin que nadie se opusiera a ello, al juez de la población, constituye una evidente falla en el servicio por incumplimiento de la función que corresponde a esa institución.

En caso similar, con ponencia del señor Consejero Carlos Betancur Jaramillo, la Sala dijo:

“No tiene ninguna razón justificativa el retiro del cuartel de la zona de los acontecimientos desde marzo de 1988 y menos después de todo lo que estaba ocurriendo en la región en materia de orden público, en donde según los testimonios los campesinos estaban a merced de organizaciones delincuenciales fuertes y bien armadas, (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes comunes)”.

“Con lo precedente no quiere significarse que a cada finca en particular se le deba poner una protección especial por las autoridades. No; no habría presupuesto ni personal para tal cometido. Pero de esto no puede concluirse que vastas zonas del país, como la que cobija esta demanda, puedan dejarse abandonadas a la buena de Dios, para que la delincuencia cumpla en ellas, sin oposición alguna, la aventura de gobernar, juzgar y condenar”.

“La autoridad legítima no puede tolerar semejante omisión, a menos que quiera conformarse, para pasmo de propios y extraños, con un monstruoso, inconcebible e inconstitucional cogobierno” (...)(22).

27.5. No obstante, debe ponerse de presente que la obligación a cargo de las autoridades de policía en relación con la protección de la vida, honra y bienes de los habitantes, es un deber de carácter abstracto y, para determinar la ocurrencia de la falla del servicio, los aludidos deberes deben analizarse en relación con el caso concreto, estudiando si existía una condición de peligro que ameritara una especial protección de las víctimas, y verificando los medios con los que contaba la administración para solventar dicho peligro, analizando siempre que —por virtud del requisito de la causalidad— la omisión de la conducta debida por parte de la administración haya sido determinante en la ocurrencia del daño. En este punto se cita in extenso la sentencia del 6 de marzo de 2008, en la cual se dijo por la Sala:

En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de construcción se dejan sobre una vía(23); en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso.

En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(24); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(25).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(26).

(...).

Conforme a la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso(27). Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad(28). Es decir, que serán las cirunstancias concretas las que determinarán cuál era la obligación específica de seguridad que tenía el Estado en relación con quien ha sufrido un daño.

Ahora, la obligación de seguridad que corresponda prestar al Estado en un evento determinado, conforme a la jurisprudencia que la Sala ha desarrollado desde vieja data, debe determinarse en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que “nadie está obligado a lo imposible”.

(...).

En decisión posterior se hizo una exposición más amplia de ese criterio y se consideró que el juez, para apreciar la falla del servicio, no debía referirse a una norma abstracta, sino que debía preguntarse por lo que en ese caso debía esperarse el servicio, teniendo en cuenta la dificultad más o menos grande de su misión, las circunstancias de tiempo (períodos de paz, o momentos de crisis), el lugar, los recursos humanos y materiales de que disponía, etc(29).

(...).

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, la Sala reiteró el criterio que venía sosteniendo sobre la relatividad de la falla del servicio, conforme al cual la exigencia que debía hacerse al Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones estaba determinada por la verificación de sus condiciones materiales reales y no sobre criterios ideales (...)(30).

En síntesis, ha sido el criterio reiterado de la Sala que al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquél hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero, que el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares.

(...).

En conclusión —en el caso concreto que en aquella oportunidad analizó la Sala—, como no está demostrada la existencia de una obligación concreta a cargo del Estado, que de haberse cumplido habría evitado el daño que sufrió la sociedad demandante, no hay lugar a declarar patrimonialmente responsables a las entidades demandadas por falla en el servicio por omisión(31).

27.6. De conformidad con lo anterior, al analizar la existencia de una falla del servicio por defecto o ausencia de la prestación del servicio de seguridad que les compete a las autoridades de policía, resulta necesario establecer, en primer lugar, si la situación especial de protección respecto de la cual se predica la falla, fue puesta en conocimiento a las autoridades. En segundo lugar, para determinar si la falla en la prestación del servicio tiene nexo causal con el daño alegado por la víctima, deberá verificarse si los medios con que contaba la autoridad policial, eran suficientes para enfrentar la situación de peligro o inseguridad, y si la intervención de la autoridad habría sido suficiente para evitar que se consumara el daño que alega la víctima.

27.7. En el caso concreto, de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, se observa que cuando ocurrió el homicidio de la menor Luz Mery Linares Ruiz, los agentes de la Policía Nacional no estaban presentes en el Centro de Atención Inmediata —CAI— de la policía el cual, según el croquis elaborado por la comandancia de la Sexta Estación de Policía de Bogotá, estaba ubicado a 75 metros del lugar donde resultó muerta la niña.

27.8. Igualmente, en el proceso estuvo demostrado que el vehículo policial que había sido asignado al CAI ubicado bajo el puente de Venecia, no se encontraba en condiciones técnicas adecuadas para que se prestara el servicio de seguridad que, por asignación legal y constitucional, le estaba atribuido a la Policía Nacional a través de sus agentes pues, como ocurrió en el caso de autos, cuando fuera necesario que los agentes policiales se movilizaran, bien para procurar la seguridad del sector o bien para iniciar la eventual persecución de un delincuente, no sería posible utilizar los medios policiales requeridos para tal finalidad.

27.9. Por otra parte, estuvo probado que a los agentes que prestaban sus servicios en el momento y lugar de los hechos del presente caso, les resultaba imposible comunicar a sus superiores o a otras autoridades de policía, cualquier novedad relacionada con el orden público de la zona cuya custodia les había sido asignada, pues lo cierto es que dichos efectivos policiales no contaban con los elementales medios de transmisión de información, necesarios para efectos de lograr una labor coordinada y armónica entre las diferentes autoridades que permitiera asegurar, en la mayor medida posible, el orden público en el sector, como era su obligación.

27.10. Además, debe decirse que las autoridades de policía tenían pleno conocimiento de la situación de inseguridad que se presentaba en el sector, hecho que está demostrado porque la entidad demandada, a instancias de la comunidad, decidió ubicar un puesto policial permanente bajo el puente de Venecia, determinación que estuvo basada en que el sector presentaba altos índices de delincuencia.

27.11. De otro lado, la Sala considera que cuando se presenta la muerte de un ser querido por causa de las acciones delincuenciales de otra persona, los dolientes de la víctima tienen el derecho de acudir a las autoridades para que éstas actúen en lo que esté al alcance de sus manos para encontrar a los responsables del hecho, y para atender a las víctimas de los delitos en lo que pueda resultarles necesario para mitigar el dolor y la frustración que significa la pérdida de un ser allegado.

27.12. Si las autoridades no cuentan con los medios mínimos para atender esa eventualidad, se considera que esa situación constituye una clara falla en el servicio por parte de la Policía Nacional —–como ocurrió en el caso concreto—.

27.13. Ello impone, en las circunstancias que plantea el caso de autos, que las autoridades de policía debían contar con los recursos humanos y logísticos mínimos, que fueran necesarios para efectuar, en la medida en que dichos medios se lo permitieran, las acciones que fueran necesarias para efectos de atender las solicitudes del niño César Yovanny Linares Ruiz. No obstante, lo que se observa en el caso concreto es que el personal policial destacado en el CAI no estaba presente en dicho lugar, y los elementos logísticos que eran necesarios para una adecuada respuesta a la situación, como lo eran un vehículo policial y un radio de comunicaciones en adecuadas condiciones de funcionamiento, tampoco fueron dispuestos en el citado Centro de Atención Inmediata, lo que implica que las autoridades en el presente caso no cumplieron con la obligación de medio que les atañía en relación con los requerimientos del ciudadano —en este caso un menor de edad—.

27.14. Las condiciones anteriormente relatadas, en las que era prestado el servicio de seguridad por parte de la Policía Nacional en el lugar donde se produjeron los hechos materia de la presente controversia, implican que el cuerpo policial no contaba con las condiciones adecuadas para responder ante cualquier eventualidad que pudiera afectar el orden público, lo que implica un incumplimiento de lo que al respecto establece el artículo 4º de la Ley 62 de 1993(32), de acuerdo con el cual “[t]oda persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación delictiva o contravencional…”; y una inobservancia de lo establecido en el artículo 8º ibídem que dispone que “[e]l personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de acuerdo con la Constitución Política, el presente estatuto y demás disposiciones legales”.

27.15. De conformidad con lo anterior, para la Sala se encuentra fehacientemente demostrado que, en el caso que ahora se analiza, la Policía Nacional no cumplió con su deber relacionado con asegurar la preservación del orden público, hecho que está demostrado por cuanto las autoridades policiales no dispusieron en el lugar de los hechos los elementos de carácter técnico y logístico que eran necesarios para el cumplimiento de tal finalidad.

28. Ahora bien, para efectos de establecer si la omisión en el cumplimiento de los deberes de la Policía Nacional —antes demostrada tiene virtud para estructurar responsabilidad en cabeza del Estado frente al sub lite, lo procedente es analizar si está demostrado el nexo de causalidad entre la aludida falla, y los daños alegados en la demanda.

28.1. La jurisprudencia de ésta corporación ha establecido que, para que un daño pueda ser causalmente imputable a la administración, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

28.1.1. En primer lugar, es necesario que la causa sea eficiente en la producción del daño, de tal forma que el hecho alegado como generador del mismo tenga la virtud suficiente, por sí solo, para producir un daño de la magnitud alegada por la víctima.

28.1.2. En segundo orden, es necesario que la causa que se alega como generadora del daño sea necesaria e indefectible de tal forma que, de no haber existido dicha causa, el daño no se hubiera producido.

28.1.3. En tercer lugar, es necesario que exista una relación de inmediatez entre el daño alegado y la causa que supuestamente lo originó, de tal forma que no medien entre el hecho y el daño otras causas que hayan sido determinantes para la producción del menoscabo cuya indemnización reclama la víctima, pues en este caso se entendería inexistente el nexo de causalidad entre los elementos antes aludidos.

28.2. Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha inclinado por adoptar la llamada “teoría de la causalidad adecuada”, en contra de la “teoría de la equivalencia de condiciones”, pues se considera que para el estudio del origen causal de la producción de un daño, no pueden tenerse en cuenta todos los sucesos antecedentes del daño —que en estricto sentido todos ellos tendrían alguna influencia causal sobre la producción del perjuicio—, sino solo el suceso que, en condiciones normales, ha tenido la virtud suficiente para producir el daño. Así se dijo en la sentencia del 11 de noviembre de 2002:

Antes que todo debe partirse de que el elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo, la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen una misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”(33). Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito(34)(35)(subrayas del original).

28.3. Aplicados los anteriores criterios al sub lite, no existe duda de que el daño padecido por el niño César Yovanny Linares Ruiz por el hecho de no haber recibido una adecuada atención por parte de la Policía Nacional, le es causalmente imputable a la entidad demandada. De otro lado, en relación con la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz, la Sala observa que si bien la autoría material del homicidio es atribuible a un tercero, no identificado dentro del proceso, que propinó a la menor una herida de arma de fuego en la cabeza que le produjo instantáneamente la muerte; también es cierto que la acción delincuencial se vio facilitada por el hecho de que las autoridades de policía no dispusieron de las medidas que eran necesarias y conducentes para garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes y circunstantes de un sector que, como bien era conocido por la entidad demandada, presentaba gran inseguridad.

28.3.1. En efecto, para la Sala no es aceptable que, si la radiopatrulla ubicada por la policía debajo del puente de Venecia estaba a tan solo 75 metros del lugar donde ocurrió la muerte de la occisa, le haya resultado factible a los atacantes acceder al sitio de los hechos portando un arma de fuego, iniciar una riña con el hermano de la fallecida, desenfundar el arma de fuego y detonarla ante la mirada de numerosos testigos, todo ello sin que los agentes se hubieran dado por enterados de la situación.

28.3.2. Igualmente se pone de presente que, en el momento en que sucedieron los hechos, los agentes destacados en el Centro de Atención Inmediata de la policía ni siquiera estaban presentes en el puesto de control policial y, de esta forma, no podían reaccionar como era debido frente a cualquier alteración del orden público, lo que es inaceptable en una zona en la cual se conocía que existían altos índices de delincuencia e inseguridad.

28.3.3. De otro lado, debe decirse que según la información de los mismos agentes policiales que estaban destacados en el Centro de Atención Inmediata, la comunidad estaba al tanto de la situación de que el vehículo de policía “polonez” no estaba en funcionamiento, razón por la cual es claro que los delincuentes no sentían ningún efecto de disuasión al saber que los agentes policiales no podrían reaccionar frente a actos delincuenciales, como en efecto ocurrió. En este punto, la Sala considera que si los agentes de policía hubieran estado presentes en el lugar donde estaba ubicado el vehículo aludido, y este hubiera estado en adecuado funcionamiento, la comunidad habría tenido conocimiento de la situación, y es probable que los delincuentes se hubieran visto disuadidos de llevar a cabo cualquier conducta contraria a la ley.

28.3.4. En este punto es pertinente recordar que aunque para la prueba del nexo causal es preferible la utilización de medios directos de convicción, ello no es óbice para que el juez tenga por demostrado dicho vínculo utilizando criterios de probabilidad lógica, sobretodo en aquellos casos en los que no se disponga de criterios científicos o técnicos que determinen la vinculación causal entre dos sucesos, siempre y cuando la inferencia del nexo causal cumpla con los criterios de “mayor probabilidad” y “prevalencia relativa”. Al respecto dice la doctrina:

El criterio de la probabilidad lógica prevaleciente consiste, en realidad, en la combinación de dos reglas: la regla del más probable que no y la regla de la prevalencia relativa de la probabilidad.

La regla del más probable que no impone que respecto de cada enunciado se considere la eventualidad de que pueda ser verdadero o falso, es decir, que respecto del mismo hecho se presente una hipótesis positiva y su hipótesis negativa complementaria. Entre esas dos hipótesis, el juez debe escoger aquella que, sobre la base de las pruebas disponibles, tiene un grado de confirmación lógica superior a la otra: sería, en efecto, irracional preferir una hipótesis que es menos probable que su opuesta. Si se piensa, en particular, en la hipótesis positiva, i. e., en la confirmación de la verdad del enunciado, esto implica que existan pruebas preponderantes a su favor: sucede así cuando existen una o más pruebas directas de las que se asegura su credibilidad o su autenticidad que confirman la hipótesis. En cambio, estaremos ante una confirmación débil y, por tanto, ante la prevalencia de la hipótesis negativa, cuando a favor de la hipótesis positiva dispongamos de indicios inciertos, presunciones débiles o no concordantes, o bien pruebas divergentes o contradictorias. En resumen: la hipótesis positiva debe ser elegida como opción racional cuando es lógicamente más probable que la hipótesis negativa, es decir, cuando obtiene una confirmación fuertede las pruebas disponibles; en cambio, la hipótesis positiva debe ser descartada cuando las pruebas disponibles le atribuyan una confirmación débil, haciéndola así escasamente creíble. Obviamente, debe preferirse la hipótesis negativa si existen pruebas contrarias prevalecientes, esto es, si existen más elementos de prueba que confirmen el enunciado que niega la existencia del hecho.

La regla de la prevalencia relativa se refiere al caso en que sobre el mismo hecho existan diversas hipótesis, es decir, diversos enunciados que narran el hecho de formas distintas, que hayan recibido alguna confirmación positiva de las pruebas aportadas al proceso (es decir, se toman en consideración sólo aquellas hipótesis que hayan resultado más probables que no, de forma que las hipótesis negativas prevalecientes no importan). Así pues, si existen distintos enunciados sobre el mismo hecho que han obtenido confirmación probatoria, la regla de la prevalencia relativa impone que el juez escoja como verdadero el enunciado que haya recibido el grado relativamente mayor de confirmación sobre la base de las pruebas disponibles.

El criterio general de la probabilidad lógica prevaleciente se aplica también al caso en el que el objeto de la prueba sea un enunciado relativo a un nexo de causalidad específica. Las dos reglas señaladas deben, pues, aplicarse tanto a las afirmaciones referidas al hecho identificado como causa y al hecho identificado como efecto, como a la formulación de la regla de cobertura de la que se deriva la afirmación del nexo causal que vincula los dos hechos. Si uno (o más de uno) de los tres subenunciados que componen el enunciado complejo relativo al nexo causal no supera el test de la probabilidad prevaleciente, porque resulta prevaleciente la hipótesis negativa, la prueba del nexo causal no subsiste. Como se ha dicho anteriormente, en efecto, es necesario que todos los enunciados que son objeto de prueba resulten confirmados por las pruebas. En particular, la prueba fracasa cuando no se obtiene un grado de confirmación prevaleciente sobre la regla de cobertura: como ya se ha advertido, la falta de prueba de la existencia de esta regla hace imposible la demostración inferencial de la existencia del nexo causal particular. Naturalmente, el mismo criterio se aplica a cada paso de la eventual cadena causal que compone la conexión entre causa inical y efecto final: al respecto, es necesario tener presente que una cadena de inferencias tiene una fuerza conjunta que no puede ser superior a la fuerza de su anillo más débil. La consecuencia de ello es que si uno de los anillos causales no supera el test de la probabilidad lógica prevaleciente, la cadena causal entera resultará carente de confirmación probatoria y fracasará la demostración del nexo causal entre el hecho indicado como causa inicial y el hecho identificado como efecto final(36).

28.3.5. Y en el presente caso, aunque no existe un criterio técnico o científico que permita afirmar en forma categórica que si la unidad policial estuviera en adecuado funcionamiento y los delincuentes conocieran esa circunstancia, no habría ocurrido la muerte de la niña Luz Mery Linares, lo cierto es que se trata de una situación que tiene un alto nivel de probabilidad lógica, pues los perpetradores del crimen tuvieron la osadía de asesinar con arma de fuego a una menor de edad a escasos 75 metros del lugar donde estaba ubicada la patrulla policial, lo que presumiblemente hicieron con el conocimiento de que ésta no contaba con los medios para reaccionar ante la agresión. La Sala considera que habría sido poco probable que los delincuentes produjeran la muerte a la niña Luz Mery Linares Ruiz, en la forma en que lo hicieron, si los elementos dispuestos por la Policía Nacional en el sitio de los hechos hubieran estado en adecuado funcionamiento, si los agentes de policía hubieran estado presentes en el puesto de observación policial, y si la comunidad hubiera tenido conocimiento de que la patrulla estaba en condiciones óptimas para coordinar una eventual persecución.

28.3.6. Además, como la situación de los altos índices de delincuencia que se presentaban en la zona del puente del barrio Venecia era ampliamente conocida por las autoridades policiales, estas ostentaban una posición de garante en relación con las posibles víctimas de acciones delincuenciales, situación que hace procedente considerar que la Policía Nacional tiene responsabilidad en los hechos, no obstante que los mismos fueron perpetrados por terceros. Al respecto ha dicho la Sala:

Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(37).

Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, éstas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida(38).

28.4. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la falla del servicio cometida por la Policía Nacional sí tiene nexo causal con el daño padecido por los demandantes, ya que el homicidio de la niña Luz Mery Ruiz Linares no podría haberse llevado a cabo en las condiciones en que se cometió, si hubiera existido presencia policial en el lugar de los hechos que, debido a los altos índices de delincuencia que allí se presentaban, demandaba permanente atención por parte de los organismos de seguridad.

29. Ahora bien, la Sala aclara que aun cuando no le es exigible a la Policía Nacional ubicar un agente de policía en cada sitio donde pueda presentarse una alteración del orden público, también es cierto que si la institución policial despliega sus agentes para mejorar la seguridad en algún sector de condiciones especiales de inseguridad, entonces es exigible que tales medidas se adopten disponiendo los medios que sean adecuados para tal fin pues, de lo contrario, a las autoridades de policía les serán imputables los daños que eventualmente padezcan los ciudadanos por la defectuosa prestación del servicio de seguridad.

30. Así las cosas, aun cuando en el presente caso se demostró que el hecho dañoso alegado por los demandantes fue desplegado por un tercero ajeno a la entidad demandada, lo cierto es que ese proceder delictivo se vio facilitado por la negligencia con la cual la Policía Nacional desempeñó sus funciones en el sector del puente de Venecia, razones todas estas que llevarán a la Sala a declarar la existencia de responsabilidad a cargo de la entidad demandada, y a ordenar la correspondiente indemnización de los daños surgidos de la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz.

31. No se trata de exigir a las autoridades que, cuando a ellas se acuda, éstas tengan a su cargo una obligación de resultado en relación con los requerimientos de la ciudadanía y los deberes que les son impuestos por el ordenamiento jurídico. Se trata de exigir a los entes públicos encargados de conservar el orden, que se procuren los medios que les permitan, en la mejor medida posible, atender las eventualidades que son de interés para el cumplimiento de las misiones que les son asignadas, labor que deben desempeñar con especial cuidado cuando hay que atender las solicitudes y requerimientos planteadas por los niños, cuyos derechos tienen un preponderante valor por virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 44 de la Constitución Política(39).

5. Tasación de la indemnización de perjuicios.

32. Respecto del daño moral ocasionado, con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado que los señores Miguel Antonio Linares Guzmán y Luz Mery Ruiz de Linares eran los progenitores de la fallecida Luz Mery Linares Ruiz, y que los niños César Yovanny Linares Ruiz y Jairo Miguel Linares Ruiz eran hermanos de la víctima. En relación con los señores Bismar Plata González y Elvira Vargas Ramírez, en el proceso no se acreditó el parentesco de ellos con la occisa, razón por la cual no habrá lugar a reconocer en su favor indemnización alguna.

32.1. Se reitera en este punto que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que los familiares tenían un nexo sentimental con la víctima y que experimentaron dolor cuando la niña Luz Mery Linares Ruiz fue asesinada, en las condiciones repentinas y violentas en que ese hecho se produjo.

32.2. Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 1000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes, y de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo por la Sala en la aludida sentencia:

En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral.

Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.

Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, sólo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia.

Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)(40).

32.3. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(41), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(42), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(43). En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos similares al de autos(44), y determina la indemnización de perjuicios de carácter moral por la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz, a favor de cada uno de sus padres —señores Luz Mery Ruiz de Linares y Miguel Antonio Linares Guzmán—, en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo. A favor de cada uno de los hermanos de la víctima —César Yovanny y Jairo Manuel Linares Ruiz— se reconocerá la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento la ejecutoria de esta sentencia.

32.4. Ahora bien, está evidenciado en el proceso que las circunstancias en que se produjo la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz implicaron para el niño César Yovanny Linares Ruiz una especial situación de angustia y estrés, en la medida en que cuando fue en busca de agentes policiales para que atendieran la situación, lo que hizo con gran premura, no encontró en las autoridades de policía la colaboración eficaz y oportuna que la situación exigía.

32.5. Por tal razón, se considera que la indemnización que procede en este punto es la de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del niño César Yovanny Linares Ruiz, más los 50 salarios mínimos que le corresponden por el hecho de la muerte de su hermana, a título de resarcimiento de los de perjuicios morales por él padecidos.

32.6. Ésta corporación considera que no es posible reconocer indemnización alguna por éste concepto a los demás demandantes, pues en el proceso no existe prueba —directa o indirecta— de la aflicción que implicó para ellos la situación suscitada por la falla del servicio cometida por la Policía Nacional, en el específico contexto que, en cambio, padeció César Yovanny.

33. En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, la indemnización de los mismos sólo fue solicitada en la modalidad de lucro cesante, pero no se hizo una valoración concreta de ese tipo de perjuicio. Al respecto, advierte la Sala que en el expediente no se demostró que la menor realizara un apoyo económico a su hogar y, además, no se puede presumir que la fallecida niña Luz Mery Linares Ruiz hubiera devengado el salario mínimo antes de haber sido asesinada, porque de acuerdo con el ordenamiento laboral está prohibido, por regla general, el trabajo de los menores de edad.

33.1. En el anterior orden de ideas, no habrá lugar al reconocimiento de la indemnización de los perjuicios materiales por lucro cesante que se solicita en la demanda.

6. Costas.

34. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

35. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera –Subsección “B”- de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 4 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera—, por las razones vertidas en el presente proveído y, en su lugar:

1. DECLÁRASE administrativamente y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los daños padecidos por los señores Luz Mery Ruiz de Linares, Miguel Antonio Linares Guzmán, César Yovanny Linares Ruiz y Jairo Miguel Linares Ruiz, como consecuencia de la muerte de la niña Luz Mery Linares Ruiz, en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 1993.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a las personas mencionadas en el acápite anterior, las siguientes sumas de dinero:

A. Para cada uno de los señores Luz Mery Ruiz de Linares y Miguel Antonio Linares Guzmán, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

B. Para César Yovanny Linares Ruiz, la suma equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

C. Para Jairo Miguel Linares Ruiz, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

3. TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. DÉSE cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se estima la cuantía de la mayor pretensión —daños morales a favor de la señora Luz Mery Ruiz de Linares (fl. 4)— en “$ 1000 gramos de oro fino”, equivalentes a $12 460 550 para la época de presentación de la demanda —nov. 20/95—. Por estar vigente al momento de presentación de la demanda, se aplica en este punto el Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que establecía que para que un proceso iniciado en 1995 tuviera vocación de doble instancia, debía tener una cuantía superior a $ 9.610.000.

(2) Al presente trámite fue allegada copia de los documentos correspondientes a la indagación disciplinaria adelantada por la Policía Nacional contra los agentes policiales que estaban al servicio del CAI ubicado en el sector del puente del barrio Venecia sobre la Autopista Sur, y en ese expediente reposa copia de las declaraciones juramentadas rendidas por comerciantes que tenían sus puestos de comida en zona cercana al puesto de comidas rápidas de la señora Luz Mery Ruiz de Linares. Así, puede consultarse la declaración del señor Héctor Alfonso García Arias (fls. 38 y siguientes del cuaderno de pruebas) y del señor Faiber Alan Galindo Mateus (fls. 40 y ss.), quienes atestiguan que la señora Luz Mery Ruiz de Linares administraba un establecimiento ambulante de venta de comidas rápidas.

(3) De acuerdo con los registros civiles que reposan en el expediente (fls. 10 y ss.) consta que César Geovanny Linares Ruiz nació el 19 de enero de 1978, y que Jairo Miguel Linares Ruiz nació el 3 de febrero de 1982. A folio 4 del cuaderno de pruebas aparece registro civil de nacimiento de la menor Luz Mery Ruiz Linares, en el que consta que nació el 16 de diciembre de 1979.

(4) Este hecho está plasmado en la queja disciplinaria presentada por la señora Luz Mery Ruiz de Linares ante la Oficina de Investigación y Disciplina de la Policía Nacional, quien afirmó que había dejado el puesto de comida al cuidado de sus hijos (fls. 29 y siguientes). El hecho fue corroborado dentro de la actuación disciplinaria, por los hijos menores de edad de la mencionada señora, César Giovanny Linares Ruiz (fls. 34 y ss.) y Jairo Miguel Linares Ruiz (fls. 46 y ss.).

(5) En el registro civil de defunción de la niña Luz Mery Ruiz Linares (fl. 3, cdno. de pruebas) consta que su muerte ocurrió el 21 de noviembre de 1993, y allí se indica que la causa del deceso fue una laceración cerebral causada por herida de arma de fuego. En el protocolo de necropsia 7699-93 (fl. 26), se concluye: “Cadáver de adolescente femenino quien muere por laceración cerebral por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego”. El hecho fue materia de referencia en los periódicos “El Tiempo” y “El Espacio”, cuyas respectivas ediciones fueron allegadas al proceso a folios 6 y siguientes, y a folio 410 del expediente.

(6) Esta distancia se determina a partir del croquis del lugar de los hechos que aparece a folio 289 del cuaderno de pruebas, elaborado por la comandancia de la Sexta Estación de Policía de Bogotá dentro del trámite disciplinario adelantado por la Policía Nacional.

(7) En este sentido se observa la declaración rendida dentro del proceso disciplinario por José Omar Alfonso Rodríguez (fls. 458 y ss.), quien era uno de los agentes de policía en servicio al momento en que se produjo el homicidio de la niña Luz Mery Linares, declaración en la que se indica: “…Sírvase decir al despacho si para la fecha de los hechos que nos ocupan fecha y hora quién dio la información que la patrulla no tenía ni agente conductor , ni combustible. Contestó: Ni el Agente Palomino ni yo dimos ninguna clase de información ni mucho menos esa, ya todos los vendedores sabían que la polonez días antes se encontraba dañada (...)” (fl. 50). El agente Lenin Galvis Mancipe, por su parte, manifestó que en el día de los hechos “…la polonez estaba fuera de servicio, por batería, frenos, ya que no encendía ni servía para comunicarse…” (fl. 60). En el mismo sentido, en el testimonio rendido dentro del proceso disciplinario por el agente Efraín Valbuena Hoyos (fls. 57 y ss.), se narra que dicho agente se encontraba de licencia y vestido de civil, cuando decidió pasar por el CAI ubicado en el puente de Venecia, y que “…el señor AG. Alfonso, antes de subirse al taxi me pidió la colaboración de que me quedara cuidando el vehículo polonez, en ese momento en mi calidad de ciudadano y como policía no era correcto negarme a dicha colaboración o apoyo y entonces me dirigí inmediatamente hacia la polonez abriendo una de las puertas con el fin de alcanzar el radio para pedir apoyo del señor oficial que se encontraba de vigilancia… para que tuviera conocimiento del caso y a su vez se trasladara al lugar, pero me fue imposible ya que el obturador del radio se encontraba apagado, lo prendí lo obturé dándome cuenta que el radio no funcionaba…”.

(8) A folios 256 y siguientes aparece copia del memorando 6074/BESEX-Coman del 28 de septiembre de 1993 suscrito por el comandante de la Sexta Estación de Policía de Bogotá, en donde consta que la “polonez” 04-3162 se encontraba fuera de servicio, pues requería reparación de motor. A folio 227 se observa el oficio 2188/BESEX-Coman del 4 de mayo de 1993, suscrito por el mismo comandante, en el que se observa que el citado vehículo no tenía batería. A folios 293 a 309 se observan las minutas de mantenimiento del vehículo polonez. A folio 351 aparece el inventario del vehículo “polonez” 04-3162, donde consta que la patrulla fue asignada para ser estacionada bajo el puente Venecia, pero se deja en claro que su motor no funciona adecuadamente y que su batería está descargada.

(9) El mismo aserto fue reiterado en el testimonio rendido por el señor Faiber Alan Galindo Mateus (fls. 40 y ss.), quien tenía un puesto de comidas ambulante en cercanías del sitio de los hechos, y el rendido por el agente policial José Omar Alfonso Rodríguez (fl. 48) quien afirmó; “…dejé recomendado (sic) la polonez con los celadores de las casetas ya que el vehículo no se podía movilizar porque se encontraba barada (sic) por frenos, batería, y además le está golpeando el motor… tampoco podíamos llamar otra patrulla para que nos apoyara ya que estábamos sin acumulador del radio y por lo tanto no podíamos transmitir ni por el radio portátil ni por el radio de la polonez…” y más adelante afirma “…me tropese (sic) con el agente Valbuena el cual me dijo que habían matado a una niña en la esquina de la italiana (peluquería) yo lo dejé cuidando el vehículo e inmediatamente abordé un taxi...”.

(10) Copia del proceso disciplinario fue remitido al presente trámite por el subcomandante del Departamento de Policía “Tequendama”, mediante el oficio 721/SEADI DETEQ del 1º de noviembre de 1996 (fl. 27, cdno. de pruebas).

(11) “ART. 185.—Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(12) Numeral 2.7. del acápite de pruebas de la demanda.

(13) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de septiembre 18 de 1997, exp. 9666; de febrero 8 de 2001, exp. 13254, y de febrero 21 de 2002, exp. 12789. En la sentencia del 9 de diciembre de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 14174, se dijo al respecto: “Previamente a realizar el estudio de fondo, es necesario advertir que si bien los testimonios rendidos dentro de la investigación preliminar adelantada por la Unidad Investigativa Regional Policía Judicial Sijín del Departamento del Tolima, (...) no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente apreciados, por cuanto hacen parte de la actuación adelantada por al SIJIN que luego, a petición de la parte demandante, fue trasladada a este proceso y con fundamente en las cuales al alegar de conclusión en segunda instancia la entidad demandada estructuró su defensa”.

(14) “[13] Se reitera jurisprudencia de la Sala: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, exp. 12287; sentencia de enero 29 de 2004, exp.18273; sentencia de mayo 5 de 2005, exp. 14022 y; sentencia de julio 6 de 2005, exp. 14251, todas con ponencia del Consejero Alier Hernández”.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 15.739, radicación 17001-23-31-000-1993-05009-01, actor: Daniel Rodrigo Ibáñez y otros.

(16) Véase al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Consejero Ponente (E) Mauricio Fajardo Gómez, radicación 17001-23-31-000-1997-01059-01(18.523), actor: Laura Rosa Castaño de Bedoya y otros; y sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 15971, Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra.

(17) [4] T-325 (Antonio Barrera Carbonell) (sic).

(18) Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

(19) “Por el cual se dictan normas sobre policía”.

(20) A este respecto puede consultarse: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 73001-23-31-000-1995-3172-01(14174)DM, actor: Dioselina García Ramírez y otros, demandados: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

(21) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 10958, actor: Gloria Flórez y otros, demandado: Ministerio de Defensa Nacional.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 1996, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente 11.394, actor: Rosalía Jurado Veloza y otros, demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional.

(23) [2] Por ejemplo, GUIDO ALPA. Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en este tipo de eventos, “en realidad, no se trata de una “omisión” sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de oportunas medidas de seguridad”.

(24) [3] Sentencia del 23 de mayo de 2004.

(25) [4] Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp. 7616.

(26) [5]’…conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño’. Sentencia del 21 de febrero de 2002, exp. 12.789.

(27) [6] En sentencia del 11 de julio de 2002, exp: 13.387, dijo la Sala: “La Corporación ha reiterado que si no está probado que la medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la administración. Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal...La solicitud expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario. Es obvio que la institución policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con alguna antelación.

(28) [7] En varias oportunidades ha sostenido la Sala que en relación con el deber de protección de la “vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” que corresponde cumplir a las autoridades de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Constitución, la falla del servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado”. Sentencia del 30 de octubre de 1997, exp. 10.958. Así, en sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11.875, dijo la Sala: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low”. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, sentencias de 30 de octubre de 1997, exp. 10.958, 5 de marzo de 1998, exp. 10.303 y de 7 de septiembre de 2004, exp. 14.831.

(29) [10] Sentencia del 4 de agosto de 1988, exp. 5125.

(30) [13] Sentencia del 25 de octubre de 1991, exp. 6680. Criterio que continuó siendo reiterado por la Sala. Así, en sentencia de 3 de abril de 1997, exp. 9467, dijo: “Y no puede tampoco dejar de señalarse aquí, que la falla del servicio debe entenderse configurada sólo cuando teniendo en cuenta las posibilidades concretas de atención con las que contaba la administración, el servicio fue prestado inadecuadamente, pues, como lo ha dicho la sala, la falla del servicio no puede predicarse de un estado ideal sino que debe ser relativa a las circunstancias concretas en que dicho servicio se desarrolla…”.

(31) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443), actor: Agrolácteos S.A.

(32) “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.” La Ley fue publicada en el Diario Oficial 40.987, de 12 de agosto de 1993, y de acuerdo con su artículo 37, la mencionada ley rige a partir de su promulgación.

(33) [6] Sentencia proferida el día 23 de agosto de 2001. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13.133. Actor: Rafael Ángel Quiroz Herrera y otros.

(34) [7] Sentencia proferida el día 25 de julio de 2002. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13.680. Actor: Alfonso Roa Yánez y/o.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 05001-23-24-000-1993-0288-01 (13.818), actor: Ana Lucía Reinosa Castañeda y otros.

(36) Taruffo Michelle, La Prueba, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008, Apéndice IV. “La prueba del nexo causal”, num 4º. “Los estándares de prueba”, 4.2. “La probabilidad lógica prevaleciente”, páginas 275 y 276.

(37) [6] “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, sólo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero ésta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquíes entendida, busca solucionar nuevamente un problema normativo o social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico”. Cf. Perdomo Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión” Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, pág. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la imputación objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; JAKOBS, Gunther “Derecho Penal-Parte General”, Ed. Marcial Pons; ROXIN, Claus, “Derecho Penal-Parte General: Fundamentos de la estructura de la teoría del delito”, Ed. Civitas”.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 05001-23-31-000-1991-00789-01(15567), actor: Argemiro Tobón Rueda, demandado: Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional.

(39) Que establece que “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación No. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros–William Alberto González y otra, demandado: Nación–Ministerio de Transporte–Instituto Nacional de Vías, Invías.

(41) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación No. 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.

(44) En la sentencia del 28 de abril de 2010 (C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 17001-23-31-000-1998-00609-01[19839]), en la que discutió la responsabilidad de un hospital por la muerte de un menor de edad, se impuso a la entidad demandada, por concepto de perjuicios morales, una condena de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los padres de la víctima, y de 50 slmv a favor del hermano del menor fallecido.