Sentencia 1995-01669 de marzo 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 76001-23-31-000-1995-01669-01

Exp.: 20.474

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Demandante: Luz Marina Ramírez Álvarez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil doce.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2001, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión, en cuya parte resolutiva se dispuso:

“1. DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE, propuesta por la apoderada de la entidad LLAMADA EN GARANTÍA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

“2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“3. DEVOLVER el expediente al tribunal contencioso administrativo de origen, para lo de su cargo” (fls. 336 a 362, cdno. consejo).

I. Antecedentes

El 25 de agosto de 1995 (fl. 22, cdno. 1), los demandantes, en ejercicio de la acción de la acción de reparación directa consagrada por el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, formularon las siguientes pretensiones contra la Nación colombiana - Ministerio de Transporte:

1.1. Pretensiones procesales.

“1. El Ministerio de Transporte, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a la señora Luz Marina Ramírez Álvarez y a sus menores hijos Martha Luz y José Iván Carmona Ramírez, quienes me han conferido poder, por falla de la administración que condujo a la muerte del señor José Adán Carmona Grajales”.

“2. Condenar en consecuencia a la Nación colombiana, Ministerio del Transporte, a pagar a los actores, como reparación del daño ocasionado o a quienes representen legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, los cuales se estimaron (sic) como mínimo en ciento treinta millones de pesos moneda legal colombiana ($ 130.000.000)”.

“3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y se reconocerán intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso”.

“4. La parte demandará cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 13 y 14, cdno. 1).

1.2. Los hechos.

1. El 16 de octubre de 1993, el señor José Adán Carmona Grajales viajaba en una motocicleta, por la vía que del municipio de La Victoria (Valle) conduce al municipio de La Unión (Valle), cuando al intentar atravesar la intersección de la carretera “troncal de Occidente” colisionó fuertemente con un vehículo particular que transitaba por esta última; como consecuencia de las graves lesiones, el señor Carmona Grajales falleció.

2. La ocurrencia del accidente se atribuye a tres factores preponderantes:

a. El desconocimiento de la vía por parte del conductor del vehículo particular.

b. La insuficiente señalización del cruce.

c. “...La única señal de pare, casi borrada, estaba contrariando las normas de jerarquía de vías (...), puesto que la troncal debía prevalecer sobre la vía de La Unión - La Victoria (Valle) y se había determinado lo contrario...”. Así lo manifestó el agente de tránsito que atendió el accidente, en su informe rendido ante la Fiscalía Seccional 23.

3. “...El Ministerio de Transporte es el encargado del mantenimiento y señalización de las vías nacionales, en este caso (sic) carretera la vía troncal del Pacífico y mucho más en estos cruces, que hoy exhiben un fatídico record de muerte. Existió, entonces, una clásica falla del servicio...”.

4. A la fecha de su muerte, José Adán Carmona Grajales contaba con 42 años y se dedicaba a la compra y venta de frutas, actividad que le reportaba ingresos mensuales de $ 500.000 pesos.

5. El señor Carmona Grajales había contraído matrimonio con la señora Luz Marina Ramírez Álvarez y de dicha unión nacieron Martha Luz y José Iván Carmona Ramírez (fls. 14 a 16, cdno. 1).

1.3. Fundamentos de derecho.

Invocaron los artículos 1º, 2º, 6º y 90 de la Constitución Política; artículos 86, 131, 265, 1617 del Código Civil; artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887; artículo 86 del Código Contencioso Administrativo; Decreto 1344 de 1970 (fl. 18, cdno. 1).

1.4. La Impugnación.

El auto admisorio de la demanda fue notificado al señor Ministro de Transporte, a través del funcionario delegado para tales efectos (fl. 26, cdno. 1).

La demanda fue contestada oportunamente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones formuladas y, en cuanto a los hechos, ateniéndose a los que resulten probados dentro del proceso.

Como razones de la defensa, sostuvo que el Ministerio de Transporte es un organismo de carácter regulador, planificador y normativo en el ramo del transporte, carente de funciones de orden operativo.

Señaló que corresponde al Instituto Nacional de Vías - Invías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, en lo que a las carreteras se refiere, de tal suerte que los hechos por los cuales se demanda son atribuibles a esta última entidad y no a la Nación - Ministerio de Transporte.

Propuso las excepciones de fondo denominó “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inesistencia (sic) de responsabilidad del ente demandado” y “Culpa de un tercero”.

Solicitó la práctica de pruebas (fls. 47 a 47, cdno. 1).

1.5. El llamamiento en Garantía formulado por la Nación - Ministerio de Transporte.

La Nación - Ministerio de Transporte, dentro de la oportunidad prevista para el efecto, solicitó la citación al proceso de la Previsora S.A., Compañía de Seguros, en calidad de llamada en garantía, aduciendo que dicha entidad expidió la póliza U0112748 “...para amparar la responsabilidad extracontractual de estas personas jurídicas en casos como los que ahora son materia de este proceso...” (fls. 63 a 65, cdno. 1).

El tribunal a quo accedió al llamamiento, mediante auto del 1º de marzo de 1996 (fls. 67 a 69, cdno. 1).

La Previsora S.A. Compañía de Seguros fue notificada de la providencia que ordenó su comparecencia al proceso, por intermedio de su representante legal. Dentro de la oportunidad prevista por el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, intervino por conducto de apoderado judicial, dando contestación a la demanda y al llamamiento en garantía.

En primer lugar, se pronunció en relación con los hechos de la demanda, negando algunos de ellos y manifestando no constarle los demás, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, para lo cual adujo que el accidente de tránsito que trajo como consecuencia la muerte del señor José Adán Carmona Grajales no ocurrió por la omisión que se atribuye a la Nación colombiana - Ministerio de Transporte, sino por la imprudencia de los conductores involucrados, “...quienes además de no respetar la señalización existente, no aplicaron las normas que sobre prelación vial contiene el Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre...”.

Corolario de lo anterior, se opuso a las pretensiones consecuenciales de condena, arguyendo que los demandantes no “...han demostrado la existencia de los perjuicios que alegan haber sufrido y tampoco han demostrado su legitimidad para recibirlos...”.

Solicitó que en el evento de producirse alguna condena en contra de la Nación - Ministerio de Transporte, “...se deduzca (sic) las sumas de dinero a las que sea condenado por parte de la jurisdicción penal el señor Jaime Alberto Santamaría [conductor del vehículo] si resulta penal y civilmente responsable por los hechos...”.

Propuso las excepciones de fondo que denominó “Inexistencia de la obligación, carencia de derecho”, “Concurrencia de culpas”, “Compensación”, “Innominada” y “Caducidad”.

Respecto del llamamiento en garantía planteó los medios exceptivos de:

“Ineptitud formal del llamamiento en garantía”; “Inexistencia de la obligación por pago total de la suma asegurada” e “Innominada” (fls. 84 a 93, cdno. 1).

1.6. Integración del contradictorio.

Mediante escrito radicado en la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el señor apoderado de la parte actora solicitó vincular en calidad de litisconsorte necesario por pasiva al Instituto Nacional de Vías —Invías—.

Como fundamento de su petición, señaló que el Ministerio de Transporte ejerce el control de tutela respecto del Invías y, por lo mismo, existe entre las dos entidades una relación jurídica de carácter sustancial inescindible (fls. 72 a 74, cdno. 1).

El tribunal accedió a la solicitud mediante auto del 2 de agosto de 1996, para lo cual sostuvo que “...el Instituto Nacional de Vías (...) como entidad adscrita al Ministerio de Transporte, comparte responsabilidad con el mismo...” (fls. 95 y 96, cdno. 1).

El Invías fue vinculado al proceso mediante la notificación personal de la providencia antes señalada, al director general de la entidad, a través del director de la regional Cali (fl. 97, cdno. 1).

Mediante escrito radicado en la secretaría del tribunal el 15 de octubre de 1996, el Invías se pronunció respecto de la demanda, manifestando no constarle algunos de los hechos y negando los restantes.

Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y como razones de la defensa adujo que, “...de conformidad con los hechos de la demanda, el sitio donde supuestamente ocurrió el accidente (sic), está ubicado en la carretera troncal del Pacífico en (sic) intersección (sic) vía La Victoria a La Unión y para esa fecha el departamento del Valle del Cauca ((sic)), había construido dos (2) tramos de la obra troncal del Pacífico, 1. Tramo Bolívar Roldanillo - La Unión y 2. Tramo La Unión - Toro. Al construir el departamento del Valle del Cauca esos dos (2) tramos, se creó la intersección que se menciona en la demanda. Con posterioridad, el gobernador del Valle del Cauca por decreto declaró de utilidad pública la obra construida, y a la fecha ya se está cobrando a los propietarios de los predios, el (sic) que corresponde a Bolívar - Roldanillo - La Unión, liquidado, distribuido y sacado (sic) el cobro mediante la Resolución 313 de octubre 28 de 1993 proferida por valorización departamental del Valle. Por lo tanto si antes de construirse la vía no existía una intersección, al realizarse la construcción de la vía debió tenerse en cuenta que estas obras se cobrarían a los propietarios de los predios, aumentando los aspectos concernientes a su seguridad...”.

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Falta de legitimación en la causa por activa” (sic), “Inexistencia de responsabilidad del ente demandado”, “Culpa de la víctima” y “Culpa de un tercero”.

Solicitó la práctica de pruebas (fls. 127 a 132, cdno. 1).

1.7. Los llamamientos en garantía formulados por el Instituto Nacional de Vías —Invías—.

El Instituto Nacional de Vías —Invías—, mediante escrito del 15 de octubre de 1996 solicitó el llamamiento en garantía de la Previsora S.A., Compañía de Seguros, entidad que expidió la póliza U0112748 “...para asegurar a los propietarios de vehículos que transiten en carreteras nacionales durante el año 1993...”.

Asimismo, solicitó llamar en garantía al departamento del Valle del Cauca, por cuanto la entidad territorial suscribió con el entonces Ministerio de Obras Públicas o el Fondo Vial Nacional el contrato interadministrativo que tuvo por objeto la construcción de la vía troncal del Pacífico, en los tramos Bolívar - Roldanillo La Unión y La Unión - Toro, que comprenden el sitio donde ocurrió el accidente, de manera que a esta entidad era a quien correspondía señalizar la vía (fls. 173 a 175, cdno. 1).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a la citación de los llamados en garantía, mediante auto del 22 de octubre de 1996 (fls. 173 a 175, cdno. 1).

1.7.1. La Previsora S.A., Compañía de Seguros se pronunció respecto de la demanda en términos similares a los expuestos cuando fue citada al proceso en calidad de llamada en garantía por la Nación - Ministerio de Transporte.

Añadió que la demanda acepta que la señal de “pare” existía en la intersección vial, solo que el conductor del automóvil no la acató.

Propuso como medios exceptivos la “Inexistencia de obligación del ente demandado Instituto Nacional de Vías”, “Culpa de un tercero”, “Falta de legitimación de la parte demandante” y “Falta de legitimación por pasiva”.

Frente al llamamiento en garantía, formuló las siguientes excepciones de mérito de “Inexistencia de la obligación por pago total de la suma asegurada” y “Existencia de riesgo no cubierto” (fls. 216 a 223, cdno. 1).

1.7.2. El departamento del Valle del Cauca se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, negó los atinentes a la responsabilidad por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales, arguyendo que el accidente ocurrió porque el conductor del vehículo infringió las señales reglamentarias de tránsito terrestre automotor que se hallaban en el cruce donde se produjo el choque.

Además, señaló que, según la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el señor Carmona Grajales estaba desarrollando la actividad peligrosa contraviniendo varias normas de tránsito, pues la motocicleta carecía de matrícula, placa y seguro obligatorio contra accidentes.

Formuló las excepciones de mérito que denominó “Ilegitimidad sustantiva del departamento del Valle del Cauca como parte demandada”, “Hecho de un tercero”, “Innominada”, “Compensación” y “Falta de legitimación de la parte demandante”.

Solicitó la práctica de pruebas (fls. 198 a 209, cdno. 1).

1.8. Los alegatos de primera instancia.

Vencido el periodo de pruebas, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Publico para que emitiera su concepto.

1.8.1. La parte actora reiteró las pretensiones de la demanda y los fundamentos de hecho de la misma, añadiendo que el mal diseño de la intersección, la falta de visibilidad y la prelación equivocada fueron las causas que contribuyeron a la producción del accidente en el que perdió la vida el señor José Adán Carmona.

Precisó que no fue acreditada ninguna causa extraña que impidiera estructurar el fenómeno de la responsabilidad; por otra parte, sostuvo que si bien la demandante Luz Marina Ramírez Álvarez recibió una indemnización por parte de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., por la muerte del señor Carmona Grajales, dicho pago tuvo como finalidad impedir la continuación del proceso penal que se adelantaba contra el conductor del vehículo involucrado en el accidente; pero, tal circunstancia carece de entidad para enervar la acción civil (fls. 320 a 328, cdno. 1).

1.8.2. La Nación colombiana - Ministerio de Transporte se ratificó en las razones de la defensa planteadas en el escrito de contestación de la demanda, haciendo énfasis en que dicha entidad no cumple funciones de orden operativo y, por lo mismo, carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con las pretensiones de la demanda (fls. 306 y 307, cdno. 1).

1.8.3. La llamada en garantía - Compañía de Seguros La Previsora S.A. reiteró su oposición a las pretensiones de la demanda y a los llamamientos en garantía formulados en su contra. Señaló que dentro del proceso quedó acreditado que el hecho dañoso se produjo por la culpa de un tercero. Insistió en que el valor asegurado se encuentra agotado y, por lo mismo, no es posible imponer obligación alguna a su cargo (fls. 308 a 311, cdno. 1).

1.8.4. El llamado en garantía - departamento del Valle del Cauca ratificó su posición inicial en cuanto a la ocurrencia de los hechos, señalando que el daño se produjo por la conducta de un tercero. Insistió en la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, para la fecha del accidente, el mantenimiento de la vía se encontraba a cargo del Instituto Nacional de Vías —Invías—. Advirtió que los perjuicios causados por la muerte de señor Carmona Grajales fueron indemnizados dentro del proceso penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación (fls. 312 a 315, cdno. 1).

1.8.5. El litisconsorte necesario por pasiva Instituto Nacional de Vías —Invías— señaló que con las pruebas válidamente recaudadas dentro del proceso, no es posible inferir la responsabilidad demandada.

Sostuvo que los demandantes pretenden obtener doble indemnización por los perjuicios causados por la muerte del señor Carmona Grajales e indicó que el daño ocurrió por la culpa de la víctima, y por la culpa de un tercero, es decir, por la conducta de quienes desarrollaban la actividad peligrosa, en la medida en que el motociclista se desplazaba con exceso de velocidad y el conductor del automóvil no acató las señales reglamentarias de precaución.

Solicitó al tribunal negar las pretensiones de la demanda (fls. 317 a 319, cdno. 1).

1.8.6. El Ministerio Público guardo silencio.

2. La sentencia recurrida.

Es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión el 31 de enero de 2001, mediante la cual resolvió declarar probada la excepción de “Falta de legitimación de la parte demandante” y negar las súplicas de la demanda.

Para arribar a tal conclusión, sostuvo que las demandantes se constituyeron en parte civil dentro de la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales, con miras a obtener la indemnización integral de los perjuicios causados.

Dentro del proceso penal, las víctimas, Luz Marina Ramírez Álvarez y María Durlay Álvarez Quintero, celebraron un contrato de transacción con la Compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A., en virtud del cual la sociedad aseguradora se obligó a pagar a las dos primeras la suma de $ 3’200.000 a título de indemnización por los perjuicios causados, y estas, a su turno, se obligaron a desistir de “...toda acción civil, penal, presente y futura...” que se pudiera derivar del homicidio culposo del señor José Adán Carmona Grajales.

A juicio del tribunal, la transacción celebrada enervó la posibilidad de obtener otra indemnización por “...los mismos hechos y con los mismos fines...”, por la vía del proceso contencioso administrativo de reparación directa, pues, de hacerlo, las víctimas incurrirían en un “...enriquecimiento injustificado e indebido...”.

Transcribió apartes de la sentencia proferida por esta corporación el 15 de mayo de 1997, para concluir que la constitución en parte civil dentro del proceso penal persigue la misma finalidad que la acción de reparación directa, es decir, la indemnización integral de los perjuicios causados como consecuencia de un daño (fls. 336 a 362, cdno. Consejo).

3. La actuación segunda instancia.

La parte actora, mediante escrito del 5 de marzo de 2001, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el tribunal (fls. 364 a 367, cdno. Consejo).

Mediante auto del 16 de marzo de 2001 (fl. 369, cdno. Consejo), el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto. Por auto del 29 de junio del mismo año, esta corporación admitió la impugnación (fl. 373, cdno. Consejo).

3.1. La sustentación del recurso.

La parte recurrente señaló que la jurisprudencia citada por el tribunal para fundamentar la excepción que declaró probada tiene un sentido completamente opuesto al que le imprimió el fallador.

En efecto, sostuvo que esta corporación, mediante sentencias del 15 de mayo de 1997 (Exp. 10.150) y del 5 de junio del mismo año (Exp. 10.254), señaló que la acción de reparación directa contra el Estado resulta viable, así los damnificados se hayan constituido en parte civil dentro del proceso penal que se sigue contra el agente del Estado, y subsiste aún en el evento en que se haya reconocido dentro del proceso penal una indemnización por el daño irrogado.

Por otra parte, reiteró los supuestos de hecho que, a su juicio, son constitutivos de fallas en la prestación del servicio, con incidencia en el accidente de tránsito que trajo como consecuencia la muerte del señor José Adán Carmona Grajales.

Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda (fls. 364 a 367, cdno. Consejo).

3.2. Los alegatos de conclusión en la segunda instancia.

Mediante auto del 16 de agosto de 2001, se corrió traslado a las partes y al señor delegado del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y emitiera su concepto, respectivamente (fl. 375, cdno. Consejo). Ninguno de los sujetos procesales hizo uso de tal facultad.

Consideraciones de la Sala

I. Impedimento del señor consejero Mauricio Fajardo Gómez.

Al amparo de la causal primera del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, el doctor Mauricio Fajardo Gómez declaró su impedimento para conocer del presente asunto y, verificado el supuesto sobre el cual estriba, la Sala lo encuentra fundado; en consecuencia, se acepta y se declara separado del conocimiento del asunto.

II. La Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión, el 31 de enero de 2001, comoquiera que la cuantía del proceso, determinada por la pretensión de mayor valor,(1) asciende a la suma de $ 12’352.370, equivalente a 1.000 gramos de oro(2) para la fecha de interposición de la demanda(3). Para esa época, eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera la suma de $ 9’610.000,(4) monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

III. La “Falta de legitimación de la parte demandante”.

El recurso de apelación interpuesto persigue que se revoque la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la prosperidad del medio exceptivo propuesto por el departamento del Valle del Cauca —llamado en garantía—, que denominó “Falta de legitimación de la parte demandante” y, en su lugar, que se estudie de fondo la cuestión debatida, para que se acceda a las pretensiones de la demanda.

Como la excepción se hizo consistir en que los demandantes carecen de legitimación en la causa, por cuanto la Compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A. reparó los perjuicios causados por la muerte del señor Carmona Grajales, el primer aspecto que debe analizar la Sala es el atinente a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios causados por un daño antijurídico, a través de la acción civil promovida dentro del proceso penal (hoy día, en vigencia de la L. 954/2005, a través del incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, después de culminado el proceso penal) y, de manera concurrente, del proceso ordinario contencioso administrativo, mediante la acción de reparación directa, pues el fundamento de la decisión de primera instancia estriba en la tesis de que no pueden concurrir las indemnizaciones provenientes de dos procesos diferentes que, en últimas, tienen la misma finalidad, es decir, la indemnización del perjuicio que se produce como consecuencia de un mismo daño antijurídico, en este caso particular, la muerte de una persona.

Lo primero que advierte la Sala es que el análisis efectuado por el a quo fue realizado a la luz de la jurisprudencia que imperaba en la época, en torno a la posibilidad de instaurar la acción de reparación directa contra la entidad estatal, cuando la víctima, a la vez, se ha constituido en parte civil, dentro del proceso penal adelantando en contra del agente del Estado causante del daño antijurídico generador de los perjuicios reclamados y el procesado ha satisfecho la obligación de indemnizar a la víctima, en la cuantía señalada por el juez penal.

Al margen de las distintas teorías que la jurisprudencia de la corporación ha desarrollado en torno al tema y las distintas conclusiones a las que ha arribado a través del tiempo, resulta necesario precisar desde ahora que no pueden recibir idéntico tratamiento los supuestos en los cuales la acción penal y, por ende, la acción civil dentro del proceso penal se promueve contra el agente o ex agente del Estado, que en los eventos donde el procesado penalmente es un tercero ajeno a la administración pública que, con su conducta, ha contribuido a la causación del daño, porque en el primer evento no existe responsabilidad solidaria y en el segundo sí.

En efecto, cuando el procesado penalmente es un agente o ex agente del Estado que ha sido sindicado de cometer una conducta punible con la cual, además, compromete la responsabilidad extracontractual de la entidad estatal a la que pertenece, el hecho generador del daño en ambos casos es el mismo y el daño antijurídico por cuya indemnización se reclama también lo es, de manera que, stricto sensu, el daño no proviene de dos personas distintas y no hay pluralidad de responsables, porque en últimas el hecho es imputable a la administración, precisamente, por la acción u omisión de sus agentes —falla anónima—; no existe, entonces, concurrencia causal en la producción del daño y, por el contrario, tiene un mismo origen o fuente y, por ello, no es viable predicar la existencia de la responsabilidad solidaria.

En cambio, cuando en la causación del daño antijurídico confluyen, de una parte, la conducta punible de un particular ajeno a la administración pública y, de otra, la acción u omisión imputable a una entidad estatal, la situación es distinta, sencillamente porque la responsabilidad civil que eventualmente podría generarse respecto de estas dos personas, es solidaria, en los términos contemplados por el artículo 2344 del Código Civil, a cuyo tenor: “...Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas (sic) las excepciones de los artículos 2350 y 2355”. En el anterior supuesto, existe concurrencia causal, porque a cada una de las personas involucradas en el hecho jurídico se les imputa una o varias conductas, acciones u omisiones que convergen, finalmente, en la producción del daño, es decir, coexiste la responsabilidad del particular y de la entidad del Estado.

No obstante, la responsabilidad civil que se deriva de la comisión de la conducta punible se puede analizar dentro del proceso penal, bien sea mediante la constitución de parte civil (D. 2700/91 o L. 600/2000), a través del incidente de reparación integral que se inicia después de culminado el proceso penal (L. 954/2005) o fuera de este, ante los jueces civiles, y la responsabilidad extracontractual que se atribuye a la entidad estatal se define en el proceso ordinario contencioso administrativo, mediante el ejercicio de la acción de reparación directa.

Bajo la anterior perspectiva, existen dos vías jurídicas alternas y diferentes (ius electionis) que convergen en el mismo punto: la reparación integral del daño causado a las víctimas; de tal suerte que, aplicando las reglas de la responsabilidad solidaria, la obligación de indemnizar el daño surge en relación con todas las personas que con su conducta o la acción u omisión de sus agentes, han contribuido a la causación del mismo, pudiendo dirigir su acción contra una de ellas o contra todas, de manera concomitante o separada; sin embargo, no debe olvidarse que el concepto de reparación integral implica que las víctimas solo pueden solicitar el derecho a ser indemnizados hasta la concurrencia del daño sufrido o, dicho de otra forma, el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite, razón por la cual la indemnización que reciban como consecuencia de la acción civil, promovida dentro o fuera del proceso penal contra el particular, debe deducirse de la condena que se llegue a imponer por la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra la entidad estatal que resulte responsable de manera concurrente por la causación del perjuicio; en primer lugar, porque el daño es el mismo y, en segundo orden, porque al permitir que reciban dos indemnizaciones que tienen por causa el mismo daño, las víctimas se enriquecerían sin justa causa y tal situación no puede tener tutela por el ordenamiento jurídico, porque contraviene los valores superiores de equidad y de justicia.

En este sentido, huelga precisar que para no propiciar un enriquecimiento sin causa a favor del perjudicado y evitar el cobro de una doble indemnización —imperativo que constituye un principio general del derecho—, cuando exista prueba del pago de la indemnización como consecuencia de una condena penal o civil o de otra forma jurídica de resolución pacífica pero vinculante de conflictos prevista por la ley, el juez administrativo en el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la declaratoria de la responsabilidad del Estado cuando se den los elementos que la estructuren, debe declarar probada, de oficio o a petición de parte, la excepción de pago total o parcial de la obligación indemnizatoria.

El tribunal de primera instancia consideró que los demandantes no se hallaban legitimados en la causa en relación con las pretensiones de la demanda, porque fueron indemnizados por el particular que, con su conducta, causó el daño antijurídico generador de los perjuicios reclamados.

Al presente proceso fue allegado en copia auténtica el contrato de transacción(5) (sin fecha) celebrado, de una parte, por las señoras Luz Marina Ramírez Álvarez y María Durlay Álvarez Rivera y, de otra, por la compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A. (fls. 143 y 144, cdno. 3).

La señora Luz Marina Ramírez Álvarez, para los efectos del acto jurídico, actuaba en nombre propio, en calidad de cónyuge del señor José Adán Carmona Grajales y en representación de sus hijos menores José Iván y Martha Luz Carmona Ramírez; por su parte, la señora María Durlay Álvarez Rivera actuaba en representación de la menor María del Socorro Carmona Álvarez, hija del señor José Adán Carmona Grajales.

En virtud del contrato de transacción, la Compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A., se obligó a pagar al grupo de personas antes mencionado la suma de $ 3’200.000 “...como única, total y definitiva indemnización de todos los perjuicios sufridos (...) por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales...”., declarando a paz y salvo por todo concepto a la sociedad aseguradora y al señor Jaime Alberto Santamaría, propietario y conductor del vehículo Mazda 323 de placas HS 2900, involucrado en el accidente en el cual perdió la vida el señor Carmona Grajales (fls. 143 y 144, cdno. 3).

Con base en el contrato de transacción, el proceso penal culminó con la preclusión de la investigación a favor del imputado, por la indemnización integral de las víctimas, conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época (D.L. 2700/91). Así se desprende de la copia auténtica de la providencia proferida por la Fiscalía Seccional 23, el 7 de febrero de 1995 (fls. 150 y 151, cdno. 3).

La responsabilidad del conductor del vehículo y la que se atribuye a las entidades estatales vinculadas al presente proceso, por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales, se erigen en hechos jurídicos distintos, pese a que convergen en el mismo daño, de manera que se atribuye concurrencia causal en la producción del perjuicio indemnizable por parte de dos o más personas y, por ende, la responsabilidad que se endilga es solidaria.

En efecto, el conductor del automóvil fue vinculado a una investigación penal, porque su conducta material, además de causar el daño antijurídico —la muerte—, se halla descrita por la legislación penal como punible —homicidio culposo—; en cambio, la responsabilidad que se atribuye a las entidades estatales vinculadas al presente proceso, tiene origen en la deficiente y defectuosa señalización de la vía, de manera que la conducta del particular aunada a las fallas en la prestación del servicio endilgadas a las entidades demandadas, concurrieron en la producción del daño.

En las anteriores condiciones, resulta evidente que la acción contra las entidades estatales subsiste en la parte que reste para obtener la reparación integral del perjuicio, tal como lo dispone el artículo 1572 del Código Civil: “La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado”, lo cual tiene como finalidad garantizar el derecho a que las víctimas queden, en lo posible, indemnes del daño experimentado; empero, debe tenerse en cuenta que, en caso de resultar responsable la entidad estatal dentro del proceso contencioso administrativo, todo pago que se acredite a favor de las víctimas deberá ser deducido de la condena impuesta, para efectos de evitar un enriquecimiento sin causa.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia se revocará para declarar que los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa y, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, la Sala procederá a analizar los medios exceptivos propuestos, no sin antes advertir que, de no prosperar ninguno, estudiará el fondo del asunto.

VI. Las excepciones formuladas.

1. El Instituto Nacional de Vías propuso, a título de excepciones, las que denominó:

1.1. “Falta de legitimación en la causa por activa” (sic). Para estructurar este medio exceptivo, señaló que la intersección donde ocurrió el accidente fue construida por el departamento del Valle del Cauca; por tal razón, la señalización de la vía correspondía a dicha entidad.

1.2. “Inexistencia de responsabilidad del demandado”. Sostuvo que, con fundamento en la excepción anterior, no existe responsabilidad a cargo del Invías en la ocurrencia de los hechos.

1.3. “Culpa de la víctima”. Por cuanto la acción de conducir vehículos es considerada una actividad peligrosa y, según la demanda, el señor José Adán Carmona Grajales tenía 42 años de edad, este debió tener especial cuidado “...con la vista y ser más precavido...”.

1.4. “Culpa de un tercero”. Según el apoderado del Invías, el accidente sucedió porque el conductor del automóvil desconocía la vía y no acató las señales de tránsito (fls. 129 y 130, cdno. 1).

Como surge a primera vista, estas excepciones carecen de tal connotación, porque no dan a conocer hechos nuevos, desconocidos durante el trámite procesal (la exceptio) dirigidos a destruir la pretensión procesal desde su base o nacimiento, bajo la aducción de elementos que la extingan, modifiquen o dilaten.

Se trata, en el primer evento, de una razón de la defensa que no va más allá de negar los supuestos de hecho de la demanda, para impedir que se estructure el fenómeno de la responsabilidad por la ausencia de uno de los elementos estructurales dentro de la noción jurídica de la falla en la prestación del servicio y, en el segundo evento, de un supuesto tendiente a enervar la relación etiológica entre el hecho imputable a título de falla en el servicio y el daño, cuya finalidad no es otra que obtener la absolución de las pretensiones incoadas por los actores, aspectos que, desde luego, deberán ser analizados al momento de definir el fondo del asunto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte desde ahora que, según se desprende de la prueba válidamente recaudada, para el 16 de octubre de 1993 —fecha de ocurrencia de los hechos— la señalización, conservación y mantenimiento de la carretera que de La Victoria (Valle) conduce a La Unión (Valle), se encontraba a cargo del Instituto Nacional de Vías —Invías—. Así se infiere de la certificación que en tal sentido remitió al proceso el señor director regional del Invías - Valle del Cauca (205, cdno. 3).

Asimismo, es de anotar que la vía troncal de Occidente (tramo Roldanillo - La Unión, La Unión - Toro), pertenece a la red de carreteras nacionales a cargo del Invías, según se desprende del Oficio OJ 32505 del 9 de diciembre de 1997, suscrito por el jefe de la oficina jurídica (E) del Instituto Nacional de Vías —Invías—, (fls. 207 a 210, cdno. 3).

En conclusión, el sector donde ocurrió el accidente - parador Grajales (La Victoria - La Unión - Roldanillo - La Unión - Toro), se encontraba, exclusivamente, a cargo del Instituto Nacional de Vías —Invías—.

Como los medios de defensa planteados no constituyen verdaderas excepciones de mérito, la Sala no emitirá pronunciamiento a este respecto en la parte resolutiva de esta providencia.

2. Procede la Sala a estudiar las demás excepciones de mérito propuestas por el departamento del Valle del Cauca — llamado en garantía por el Instituto Nacional de Vías— Invías.

2.1. “Ilegitimidad sustantiva del departamento del Valle del Cauca”. En primer lugar, precisó que la vía troncal del Pacífico, que atraviesa el departamento del Valle del Cauca, pertenece a la Nación.

A continuación, sostuvo que los dineros recaudos por concepto de contribución de valorización no deben invertirse obligatoriamente en el mantenimiento de la vía, pues no existe ninguna disposición jurídica que así lo disponga, menos aún cuando la obra no es de propiedad del departamento.

Por otra parte, señaló que “Valorización departamental” es un establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal que tiene capacidad jurídica para contraer obligaciones por sí mismo; por ende, la responsabilidad que le resulte imputable no vincula a la entidad territorial.

2.2. “Hecho de un tercero”. Para estructurar este medio exceptivo, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación determinó, en el curso de la investigación penal adelantada por el homicidio del señor José Adán Carmona Grajales, que el accidente ocurrió porque el conductor del automóvil involucrado en el hecho infringió las señales de tránsito que se hallaban puestas sobre la vía.

2.3. “Compensación”. Solicitó que, en el hipotético caso de producirse una condena en contra del departamento del Valle del Cauca, se compensen los valores que pagó el señor Jaime Alberto Santamaría Valencia a título de indemnización de perjuicios por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales.

A juicio de la Sala, de las excepciones propuestas por el departamento del Valle del Cauca la única que tiene tal carácter es la de compensación, pues los demás medios de defensa están orientados a negar los supuestos de hecho de la demanda.

En efecto, la legitimación en la causa, bien sea por activa o bien por pasiva, constituye un presupuesto material cuya ausencia conduce a la negación de las pretensiones de la demanda y no a la prosperidad de un medio exceptivo.

Igual sucede con el “hecho de un tercero”. La aducción de la causa extraña está dirigida a impedir que se estructure la responsabilidad, a través de la destrucción de uno de los elementos de la misma, cual es, la relación de causalidad.

Desde luego, para establecer si se presenta o no la causa extraña, se debe analizar el fondo de la responsabilidad y, por tal razón, no es un supuesto que pueda argüirse como medio exceptivo.

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que la entidad territorial fue vinculada al proceso en condición de llamada en garantía —tercero— y no en calidad de demandada, de tal suerte que, técnicamente, no podía fundamentar su oposición arguyendo la ausencia de legitimación en la causa por pasiva; en efecto, las pretensiones de la demanda, orientadas fundamentalmente a obtener la declaración de la responsabilidad civil y la consecuencial condena a la indemnización de los perjuicios causados por la muerte del señor Carmona Grajales, no están dirigidas en su contra y, por consiguiente, no es el departamento quien está “legitimado” para resistirlas.

Lo anterior significa que la relación jurídica de carácter sustancial, en lo que concierne al departamento del Valle del Cauca, se halla estructurada únicamente en relación con la entidad que solicitó su comparecencia al proceso en tal calidad, de manera que, si consideraba que no existía ningún vínculo de orden contractual o legal que le permitiera al llamante solicitar su citación al proceso para exigir el reembolso, total o parcial, del pago que tuviere que hacer como resultado de una eventual condena que se produzca en contra de la demandada, debió oponerse al llamamiento en garantía dentro de la oportunidad procesal correspondiente y no argüir la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, para estructurar su defensa, menos aún, como medio exceptivo.

En cuanto a la excepción denominada “compensación”, surge a primera vista que los planteamientos esbozados por la apoderada del departamento del Valle del Cauca, no están dirigidos propiamente a modificar la pretensión procesal, bajo la figura de la compensación como modo de extinción de las obligaciones. Considera la Sala que los fundamentos que informan el medio exceptivo corresponden más bien al pago parcial [o total] de la obligación que se pueda estructurar como consecuencia de una eventual condena.

En efecto, para que haya lugar a la compensación, en los términos del artículo 1714 del Código Civil, se requiere que las partes sean recíprocamente deudoras y acreedoras, caso en el cual las obligaciones se extinguen mutuamente, si es total o hasta la concurrencia del crédito de menor valor, si es parcial.

En el presente asunto no podría decirse que los demandantes son deudores de los demandados por el hecho de que una de las personas que participó en la causación del daño antijurídico haya indemnizado los perjuicios ocasionados, pagando una suma de dinero a las víctimas por tal concepto.

Tal hipótesis se ubica, exactamente, en la noción del pago [total o parcial] de la obligación; sin embargo, la Sala se pronunció sobre tal aspecto en párrafos anteriores, señalando que, en caso de producirse una condena en el presente proceso, las sumas que hayan recibido las demandantes a título de indemnización de perjuicios por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales deberán ser deducidas de lo que tenga que pagar la entidad declarada responsable.

La excepción no prospera.

3. Por su parte, La Previsora S.A., Compañía de Seguros, llamada en garantía por el Invías, propuso dentro de la oportunidad prevista por el ordenamiento jurídico las excepciones que denominó:

3.1. “Inexistencia de la obligación del ente demandado Instituto Nacional de Vías”. Como fundamento del medio exceptivo, sostuvo que “...la relación causa (sic) efecto demandada por el actor, no existe en los hechos, por los cuales se solicita una indemnización, debido a que el Instituto Nacional de Vías no era la entidad responsable de la señalización de la vía Roldanillo - La Unión o troncal del Pacífico”.

3.2. “Culpa de un tercero”. Señaló que la responsabilidad por la muerte del señor José Adán Carmona Grajales fue del señor Jaime Alberto Santamaría, conductor del vehículo Mazda 323 de placas HS 2900, con el cual colisionó la motocicleta en la que viajaba Carmona Grajales.

3.3. “Falta de legitimación de la parte demandante”. Por cuanto las demandantes dentro del presente proceso recibieron una indemnización por la muerte del señor Carmona Grajales, de parte del señor Jaime Alberto Santamaría, conductor del automóvil involucrado en el accidente.

Como se puede observar, al igual que en los demás eventos, estos medios exceptivos no tienen tal carácter y, por ende, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto en la parte resolutiva de esta sentencia.

Con todo, la Sala reitera lo expuesto párrafos atrás, en primer lugar, en cuanto a que la carretera donde ocurrió el accidente se encontraba a cargo del Invías para la fecha de ocurrencia de los hechos y, en segundo lugar, respecto a la reducción de las sumas de dinero que hayan recibido las víctimas del daño antijurídico a título de indemnización por la muerte del señor Carmona Grajales, de la condena que eventualmente pueda producirse en el presente proceso.

V. La legitimación en la causa por pasiva de la Nación —Ministerio de Transporte.

A juicio de la Sala, la Nación - Ministerio de Transporte no se halla legitimada en la causa por pasiva para contradecir las pretensiones de la demanda, porque el mantenimiento y conservación de la vía donde ocurrió el accidente correspondía, exclusivamente, al Invías, como quedó dicho.

Es necesario precisar que, a términos de lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, norma vigente para la fecha de los hechos, el Invías era —y aún lo es pese a las modificaciones que ha sufrido la norma—, un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y se hallaba adscrito al Ministerio de Transporte; por tal razón, tenía la capacidad para ser parte dentro del proceso, sin que tuviera que comparecer representado por la Nación - Ministerio de Transporte.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 ibídem, el Invías tenía, entre otras, las siguientes funciones: “...Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte (...) Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia (...) Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en sus infraestructuras viales, cuando ellas lo soliciten y definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso...”,(6) de donde resulta claro que la competencia en materia de mantenimiento, señalización y conservación vial en las carreteras nacionales le correspondía a dicha entidad y no al Ministerio de Transporte.

Así, la entidad legitimada para resistir o contradecir las pretensiones de la demanda es el Instituto Nacional de Vías —Invías— y no la Nación - Ministerio de Transporte, entidad a la cual corresponde fijar las políticas generales en materia de transporte, conforme a lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º ibídem.

En consecuencia la Sala declarará la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Transporte.

VI. La legitimación en la causa de los demandantes.

Los demandantes son la cónyuge y los hijos del señor José Adán Carmona Grajales, condición que se encuentra acreditada con los registros civiles de matrimonio y de nacimiento (fls. 9 a 11 y 15, cdno. 1), con lo cual se encuentra demostrada su legitimación en la causa por activa, en relación con las pretensiones de la demanda.

VII. El análisis de la responsabilidad.

Las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, porque no se encuentran acreditados la totalidad de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución, dentro de la noción de falla en la prestación del servicio.

Apreciado en su conjunto el material probatorio allegado al proceso (CPC, art. 187), encuentra la Sala acreditado que, el 16 de octubre de 1993, el señor José Adán Carmona Grajales sufrió un aparatoso accidente en el sitio denominado “Parador Grajales”, ubicado en la intersección de la vía que del municipio de La Victoria conduce a La Unión y de la vía que del municipio de Roldanillo conduce al municipio de Toro, en el departamento del Valle del Cauca, al colisionar la motocicleta en la que viajaba, con el vehículo que conducía el señor Jaime Alberto Santamaría Valencia. Así se desprende del informe del accidente suscrito por el señor Fabio de Jesús González Taquinas, agente de tránsito y transporte de La Unión, Valle (fls. 2 y 3, cdno. 3)(7).

El fuerte impacto le produjo al señor José Adán Carmona Grajales graves lesiones en la región frontal y temporal del lado izquierdo, la región deltoidea y fractura en una de las extremidades inferiores, motivo por el cual fue trasladado al Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira (fl. 57, cdno. 3),(8) donde, finalmente, falleció (fls. 91 y 92, cdno. 3)(9) como consecuencia de una “...hipertensión endocraneana secundaria a hemorragia cerebral, intraperenquimatosa, debido a trauma encéfalo craneano severo...” (cdno. 4)(10).

Asimismo se encuentra acreditado que la Fiscalía General de la Nación inició una investigación con el fin de determinar la posible responsabilidad penal del conductor del automóvil involucrado en el hecho; por ello, se ordenó la vinculación al proceso penal del señor Jaime Alberto Santamaría Valencia, mediante indagatoria (fl. 6, cdno. 3)(11) y, posteriormente, le fue definida la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sindicado del presunto delito de homicidio culposo en accidente de tránsito (fls. 93 a 102),(12) siendo precluída posteriormente la investigación, bajo la figura de la “reparación integral del daño”, como se dijo párrafos atrás (fls. 150 a 152, cdno. 3)(13).

Según la demanda, el accidente de tránsito ocurrió por fallas en la prestación del servicio atribuibles a las entidades que conforman el extremo pasivo del litigio, particularmente porque la señalización en el sitio donde ocurrió el accidente era insuficiente y, además, la única señal reglamentaria que se hallaba puesta en el lugar contrariaba “...las normas de jerarquía de vías...”, en la medida en que, en entender de los demandantes, la carretera troncal Occidente tenía prelación sobre la carretera que conduce del municipio de La Victoria al municipio de La Unión; sin embargo, ninguno de los supuestos constitutivos de falla fueron acreditados dentro del proceso.

Lo primero que advierte la Sala es que no existe prueba alguna que permita inferir las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales ocurrió el choque entre los dos vehículos (automóvil y motocicleta) y, por lo mismo, no es posible establecer si, efectivamente, la deficiente o la defectuosa señalización de las vías fue una de las causas del evento o si, por el contrario, fue la conducta de los sujetos involucrados en el desarrollo de la actividad (la conducción de vehículos) la causa determinante en la producción del daño.

En efecto, no fue elaborado el croquis del accidente; no se trajeron válidamente al proceso elementos de prueba que permitieran conocer en qué sentido se desplazaba la motocicleta y en qué sentido el automóvil, no existe un informe de las autoridades que permita deducir las posibles causas del choque, se desconoce a qué velocidad viajaba cada uno de los vehículos y no existe ningún medio de prueba que permita constatar las condiciones climáticas, de luminosidad de la vía, la visibilidad y el estado de las carreteras al momento del accidente.

El único elemento de juicio que existe sobre la ocurrencia del hecho es el informe de tránsito al cual se hizo alusión, suscrito por el agente Fabio de Jesús González Taquinas, quien afirma que el accidente de tránsito ocurrió por la deficiente demarcación y señalización inadecuada de la vía; sin embargo, tal afirmación no es más que una hipótesis carente de fundamento válido, pues el mismo funcionario deja constancia en dicho documento que no fue elaborado el croquis porque, cuando las autoridades tuvieron noticia del hecho, los vehículos involucrados “...no se encontraban en el sitio del accidente puesto que habían sido movidos...”, de manera que, por imposición de la lógica, si no fue posible realizar el bosquejo de la escena, no era posible determinar con certeza las causas del accidente.

A más de lo anterior, no fueron acreditados los supuestos incumplimientos del contenido obligacional a cargo de la entidad encargada de señalizar la vía.

Los únicos medios de prueba allegados a tal efecto —testimonios— no ofrecen el grado de convicción suficiente para tener por acreditadas las fallas en la prestación del servicio endilgadas,(14) pues los declarantes, al exponer la ciencia del dicho, incurrieron en ciertas contradicciones que, en algunos casos, le restan eficacia a los medios de prueba.

En efecto, el testigo Juan Carlos Borja manifestó que no se hallaba presente en el momento del suceso, aunque acudió al lugar horas después de que se produjera el choque y señaló que, cuando acudió al lugar, aún se hallaban los vehículos accidentados y por la posición en la cual quedaron ubicados, concluyó que el impacto ocurrió por la ausencia de señalización en la vía.

“Preguntado. En respuesta anterior usted contestó que el accidente se debió a la falta de señalización, igualmente señaló que la moto (sic) iba de La Unión para (sic) La Victoria, ¿si usted no se encontraba en el sitio del accidente por qué su dicho? Contestó. Porque uno va a brujiar (sic) y uno ve que la moto iba y el carro cruzaba. Preguntado. ¿A cuánto tiempo de ocurrido el accidente llegó usted al sitio de los hechos? Contestó. Al mucho rato, por ahí a la hora o a las dos horas, pero el tiempo no lo tengo presente. Preguntado. Diga al despacho si ¿al llegar al sitio de los hechos usted aún encontró los vehículos como quedaron en el accidente? Contestó. Sí ahí estaban, uno a un lado y el otro al otro. Preguntado. Sírvase describir lo que usted recuerde del vehículo que usted dice haber visto el cual colisionó, según su dicho, con la moto. Contestó. Yo no me acuerdo de qué color ni nada de eso...” (fls. 233 y 234, cdno. 3).

Esta declaración del testigo no resulta creíble, pues los demás medios de prueba indican que los vehículos no permanecieron en el lugar del accidente, porque el señor Jaime Alberto Santamaría Valencia, conductor del automóvil involucrado en el choque, emprendió la huida del lugar inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento; precisamente, por esa razón no fue elaborado el informe de tránsito ni el plano de la escena. Tal circunstancia impide que la Sala pueda tener por cierta la declaración del señor Borja, como elemento de convicción para establecer la responsabilidad endilgada a la demandada.

Por su parte, el señor Luis Alfonso Muriel Murillo afirmó categóricamente que en la vía en la que sucedió el accidente no había señalización de ninguna clase; no obstante, después, en la misma declaración, sostuvo que sobre el pavimento de la carretera (de Toro a Cali y viceversa) se hallaban demarcadas unas señales de “PARE”, que habían sido pintadas tres meses antes de la ocurrencia del hecho:

“Preguntado. ¿Usted recuerda si para la eóca (sic) en que ocurrió el accidente donde falleció el señor Carmona Grajales se estab (sic) realizando alguna obra, había algo en construcción o reparación? Contestó. No recuerdo si estaba haciendo alguna obra lo que sí se (sic) era que habían unos pares que habían marcado anteriormente, pero casi no se veía, cuando venían rápido casi no lo detallaban, yo personalmente porque los había visto en su tiempo, recién marcados, los notaba, pero el extraño que viniera rápido no los veía. (...) Preguntado. Manifieste al despacho ese pare que estaba demarcado, según usted, ¿dónde se encontraba? Contestó. Estaba marcado en sentido sur a norte, casi no visible, cuando el accidente ocurrió hacían (sic) tres meses lo habían pintado, el que venía de Toro estaba sobre el pavimento y el que estaba de Cali a Toro, también sobre el pavimento. Preguntado. Manifiéstele al despacho según su conocimiento, debido a que transita por esa vía, ¿cuál prevalece, cuál es la más importante de las dos vías? Contestó. Cuando eso ocurrió estaba yo de gerente de Trans-Andina y el Intra no había autorizado el transporte de vehículos por esa vía, o sea por la Panorama, ellos, los motoristas lo hacían para evitarse el pago de los peajes, por eso considero que la vía más importante era la de La Unión - La Victoria...” (fls. 237 y 238, cdno. 3).

A juicio de la Sala, si bien el relato del testigo no es del todo coherente, la contradicción en la que incurre no tiene la virtualidad de afectar por completo la eficacia del medio de prueba, porque en últimas, analizada en conjunto su declaración, resulta creíble la parte según la cual la vía se encontraba señalizada y la demarcación se había realizado meses antes del accidente, lo cual desvirtúa las afirmaciones de la demanda en torno a la falla en la prestación del servicio por falta de señalización.

A esto contribuye el testimonio del señor Jesús Henry Velásquez, que permite deducir que la señalización en la vía sí existía y que la poca visibilidad en la intersección se debía a la maleza que crecía contigua a los viñedos que existían en el lugar, situación que no resulta imputable al Invías:

“...Preguntado. ¿Para esa época había algún tipo de señalización? Contestó. Cuando esa carretera Panorama estaba sin pavimento empezaron a presentarse los accidentes en dicho cruce, luego de pavimentada continuaron los accidentes, yo en varias oportunidades llamé al DATT, llamé a la Secretaría de Obras Públicas del departamento, manifestándoles la necesidad de hacerle una señalización con el fin de evitar los accidentes, además les decía que en un accidente que tuviera graves consecuencias podían responsabilizar al DATT o a la secretaría de obras por la no señalización; ellos me contestaban que le iban a hacer dicha señalización entre la dirección Roldanillo - Toro, pero sobre la Panorama; la hicieron antes del accidente, pero lo que ocurre es que esa señalizaciones (sic) son muy malas puesto que a los 15 o 20 días ya no se ve por que esta (sic) borrosa, porque la hacían sobre la calzada, hacen unas rayas y un pare, luego otras rayas y otro pare, pero con el tiempo ya no se ve, eso es lo que yo sé al respecto (...) Preguntado. De las vías que de La Victoria conduce a La Unión y la Panorama, ¿cuál es la principal? Contestó. En ese tiempo se tenía como principal La Unión - La Victoria, porque los pares que colocaron en el pavimento los hicieron sobre la vía Panorama...” (fls. 238 vto. a 240, cdno. 3).

El único medio de prueba del cual podría deducirse que la señalización era insuficiente para la época de los hechos es del oficio del 19 de octubre de 1993, suscrito por el alcalde municipal de La Unión (Valle), remitido al director del Departamento de Tránsito y Transportes del Valle del Cauca, en el cual se señala tal circunstancia:

“...Como es de su conocimiento el tramo de la vía panorama entre las ciudades de Roldanillo y Toro se encuentra terminada en cuanto a su capa asfáltica; dentro de sus puntos críticos ha sido señalizado el de la entrada a la ciudad de Roldanillo, mas no así la entrada al municipio de La Unión, donde en el transcurso de un mes han ocurrido cuatro accidentes con saldo de un muerto y un herido, todo lo anterior por la falta de señalización.

“Por tal motivo y ante el clamor del gremio de motoristas y la ciudadanía en general le solicito su valiosa colaboración, ordenando una visita al cruce de la vía panorama frente al parador internacional Grajales, para ver que (sic) clase de señalización se puede hacer en dicho sitio...” (fl. 6, cdno. 1).

Empero, la deficiente señalización del sitio en el que se produjo el accidente, no permite por sí sola, atribuir responsabilidad por la ocurrencia del hecho, porque —se reitera— se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, imprescindibles para estructurar la relación causal entre el daño y el hecho imputable a la administración a título de falla.

En conclusión, la parte actora incumplió la carga procesal de acreditar los supuestos de hecho de la demanda, según los cuales la causa del accidente del tránsito fue la deficiente y defectuosa señalización de la vía, carga que, a términos de lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(15) le correspondía asumir; por consiguiente, las pretensiones de la demanda están condenadas al fracaso.

VIII. Costas.

No se impondrá condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por la parte vencida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Acéptase el impedimento manifestado por el doctor Mauricio Fajardo Gómez; en consecuencia, declárase separado del conocimiento del asunto.

2. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de enero de 2001, cuya parte resolutiva quedará así:

“Primero.- DECLÁRASE que Luz Marina Ramírez Álvarez, Martha Luz y José Iván Carmona Ramírez, se encuentran legitimados en la causa por activa en relación con las pretensiones de la demanda.

“Segundo. DECLÁRASE no probada la excepción de “compensación”, formulada por el departamento del Valle del Cauca, llamado en garantía dentro del presente proceso.

“Tercero. DECLÁRASE la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la NACIÓN - Ministerio de Transporte, en relación con las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

“Cuarto. NIÉGANSE todas las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Alberto Zambrano Barrera—Hernán Andrade Rincón.

(1) Pretensión consecuencial de condena. Indemnización por perjuicios morales.

(2) El precio del gramo oro para la venta para el día 25 de agosto de 1995, era de $ 12.352.37.

(3) 7 de julio de 1999. Consulta realizada en www.banrep.gov.co.

(4) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(5) El contrato de transacción al cual se hace referencia hace parte de la actuación penal adelantada por la fiscal 23 seccional de la Unidad de Fiscalía Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de La Unión Valle (cdno. 3), contra el señor Jaime Alberto Santamaría Valencia, por el homicidio culposo en accidente de tránsito del señor José Adán Carmona Grajales. El expediente penal fue remitido al presente proceso, en copia auténtica, mediante oficio suscrito por el titular de ese despacho.

La Sala se ha pronunciado sobre la eficacia de la prueba trasladada, señalando que resulta posible valorarla en el proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con las exigencias preceptuadas por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se pueden apreciar sin formalidad adicional siempre que en el proceso del cual se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

De no cumplirse algunas de las exigencias previstas por la norma, la posibilidad de apreciar tales elementos de juicio dependerá del cumplimiento de las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada uno de los medios de prueba.

La prueba fue solicitada por el departamento de Valle del Cauca —llamado en garantía dentro del presente proceso—; sin embargo, no fue pedida de manera expresa ni por coadyuvancia por los demás sujetos procesales y, por ello, no pueden tenerse como prueba trasladada; por tal razón, para que sean valorados, se requiere que cada uno de tales medios de convicción cumpla con las formalidades que el ordenamiento procesal prevé, para otorgarles valor probatorio.

En cuanto concierne específicamente a la prueba documental y a los informes técnicos de dependencias oficiales que obran en el proceso penal, si bien no se agotaron todas las formalidades que el ordenamiento jurídico establece para otorgarles mérito probatorio, en la medida en que no se profirió providencia alguna que los incorporara al proceso, ni se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra quien se aducen, lo cierto es que, tales medios de prueba estuvieron a disposición de las partes para que se opusieran en torno a su contenido o solicitaran la aclaración y complementación de los mismos. Por tal razón, serán estimados.

Los testimonios recaudados dentro del proceso penal solo serán valorados siempre y cuando hayan sido ratificados dentro del presente proceso, en los términos contemplados por el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, la Sala no valorará las actas contentivas de las diligencias de inspección judicial ni los dictámenes periciales practicados en el proceso penal, pues tales medios de prueba no fueron decretados a petición o con audiencia de la parte contra quien se aducen en el presente proceso.

En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no se logra subsanar con el simple traslado posterior del acta o dictamen respectivos.

(6) Actualmente, las normas transcritas están derogados por el Decreto 2056 de 2003, por el cual se modificó la estructura del Instituto Nacional de Vías.

(7) El informe, que obra en copia auténtica, hace parte de la actuación penal adelantada contra el señor Jaime Alberto Santamaría Valencia, por la Fiscalía 23 Seccional, que fue trasladada al presente proceso.

(8) Copia auténtica del acta del levantamiento del cadáver de José Adán Carmona Grajales, practicada el 17 de octubre de 1993, por la unidad de policía judicial del Departamento de Policía de Risaralda, en la morgue del Hospital San Jorge de Pereira.

(9) Copia auténtica del certificado del registro civil de defunción de José Adán Carmona Grajales.

(10) Copia auténtica del protocolo de necropsia de José Adán Carmona Grajales, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Occidente.

(11) Copia auténtica de la providencia proferida el 19 de octubre de 1993, por la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces del Circuito de La Unión Valle. El documento hace parte del expediente penal traslado al presente proceso.

(12) Copia auténtica de la providencia proferida el 31 de diciembre de 1993 por la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, mediante la cual se define la situación jurídica del señor Jaime Alberto Santamaría Valencia.

(13) Copia auténtica de la providencia proferida el 7 de febrero de 1995 por la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, mediante la cual se precluye la investigación penal a favor del señor Jaime Alberto Santamaría Valencia.

(14) Dentro de la actuación penal fueron recibidos algunos testimonios; sin embargo, solo serán valorados aquellos que cumplan las exigencias de traslado en los términos contemplados por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que hayan sido ratificados dentro del presente proceso, tal como lo dispone el artículo 229 ibídem.

(15) “ART. 177.—Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

“Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.