Sentencia 1995-01826 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 20.602

Rad.: 05001232400019950182601

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez y otros

Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y/o Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, veintitrés de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones.

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia del 15 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, en el caso sub examine.

2. Previo a resolver, debe precisarse que los documentos que fueron allegados a este proceso mediante el Oficio 1006, del 15 de julio de 1998, consistentes en la copia íntegra y auténtica de la actuación penal. 4439, adelantada por el juez de instrucción de orden público de Medellín, contra Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, puede ser valorada, ya que fue coadyuvada por el demandado y tuvo la oportunidad de contradecirla, de allí que se cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(1).

Por último, se advierte, que las indagatorias rendidas en el proceso penal, no son susceptibles de valoración ya que carecen del requisito del juramento, necesario para poder ser tenidas como declaraciones de terceros, conforme al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

3. Con fundamento en las pruebas practicadas, en especial de las copias auténticas del proceso penal adelantado contra Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, sindicado del delito de extorsión, vale la pena señalar que se destacan las siguientes actuaciones:

3.1. Informe 335 del 2 de abril de 1991, suscrito por el jefe de la Unidad Antiextorsión y Secuestro “Unase”, dirigido al director de orden público de Medellín, por medio del cual se puso a disposición de esa autoridad al detenido Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, allí se indicó:

“Por medio del presente dejo a disposición de esa jefatura el sujeto que más adelante relaciono, sindicado del delito de extorsión en la persona del señor Francisco Javier Cadavid, según denuncia formulada el día 260391 en la Sijín. Recibida la denuncia por el extorsionado se le dio inicio a la investigación dando como resultado la captura del sujeto de nombre Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez C.C. 71’641.706 de Medellín, residente en la calle 84 Nº 44 – 10 barrio Manrique tel. 2448123, hijo de José Muñoz Vargas y Fabiola Gutiérrez. Su esposa de nombre María Soraya Quintero Quintero. El individuo antes mencionado fue retenido en la calle 51 Nº 49 - 44 parque berrio (sic) aproximadamente a las 03: pm (sic) en momentos que se dedicaba a efectuar una llamada a la escuela de aviación lo Halcones [sic] al gerente Francisco Javier Cadavid, al cual le estaban exigiendo la suma de 200.000.000 millones de pesos de lo contrario procedería a atentar contra su vida y la de su familia. De acuerdo a la investigación se estableció que el sujeto durante la negociación con el señor Francisco Cadavid, gerente de la Escuela de Aviación los Halcones le estaba dando un adelanto de un millón quinientos y luego de 30.000.000 y el valor restante para el día jueves en la tarde, según lo manifestó en la conversación grabada en el casete anexo. Es de anotar que capturado el sujeto Nicolás Eugenio Muñoz, manifestó que quien había iniciado dicha extorsión fue el sujeto Oscar Oquendo Villegas cédula de ciudadanía 3’545.120 de Pueblo Rico, Antioquia, residente en la calle 81 Nº 76 – 22 barrio López de profesión abogado dirección de su oficina es la carrera 48 Nº 50 -68 oficina 406 Tel 2319177. Se anexa al presente la denuncia formulada por la víctima y el casette de las grabaciones obtenidas durante las llamadas – micro casette Sony MC 60). Conocieron del caso TE. Costa Ubaque Juan Ignacio y CP. Peña Quiñones Javier, para efectos de ratificación”. —Folios 9 y 10 cuaderno 2—.

3.2. Informe de captura del señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, con fecha del 3 de abril de 199192, en el que se le comunica al director seccional de orden público, que el día 26 de marzo de 1991, se llevó a cabo la aprehensión del citado. —Folio 3 cuaderno 2—.

3.3. Boleta de retención con fecha del 3 de abril de 1991, dirigida al Director de la Cárcel Bellavista. —Folio 11 cuaderno 2—.

3.4. Providencia del 11 de abril de de 1991, en la que el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Medellín definió la situación jurídica, y ordenó la detención preventiva de Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez como sindicado del delito de extorsión (fls. 14 a 18, cdno. 2.). Allí se expuso lo siguiente:

“En cuanto a la autoría de la infracción esta recae por el momento en la persona de Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, y a esta (sic) comprobación se llega, no solo por el informe del grupo Unase, quien lo capturó en el momento en que se dedicaba a llamar a su víctima, sino por lo manifestado por el ofendido quien asevera que el encartado en el momento en que lo vio en el lugar en que lo mantenían retenido a los interrogatorios voluntarios manifestó que si estaba llamando, que si estaba exigiendo la suma de doscientos millones de pesos, y además, que él no estaba solo, que, incluso quien le había dicho que ellos tenían mucha plata había sido el doctor Oquendo.

Las exculpaciones del sindicado, hasta el momento no tiene respaldo probatorio, ya que si bien es cierto como él lo sostiene que estaba llamando a su hermana, es poco creíble que tenga que desplazarse en un bus diez minutos para llamar a su casa, que lo hayan obligado a decir que estaba llamando también pierde valor con el dicho del ofendido quien de manera clara, concisa y sin malicia alguna sostiene que este confesó el hecho en el lugar donde lo tenían retenido y tan es así es que dijo quien le había insinuado lo del dinero.

En síntesis, se dan a cabalidad los presupuestos exigidos por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, indispensables para decretar la detención preventiva del sindicado, como posible autor del delito de extorsión que se investiga a través de estas diligencias”. (...) —Folio 15 y 16 cuaderno 2—.

3.5. Comunicación dirigida al director de la Cárcel Bellavista, con fecha del 12 de abril de 1991, en el que se informa la decisión de la medida de aseguramiento con detención preventiva que se dictó contra, Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez. —Folio 20, cuaderno 2—.

3.6. Oficio obrante a folio 28 del cuaderno 2, expedido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, en el que se informa que el señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, identificado con cédula de ciudanía 41’641.706 de Medellín, no registra ordenes de captura ni antecedentes judiciales.

3.7. Providencias mediante las cuales se negó, en diferentes oportunidades, las solicitudes de libertad presentadas por Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, calendadas el 8 de julio de 1991, 7 de enero de 1992 y el 3 de febrero del mismo año (fls. 53 a 57; 84 a 86, y 106 a 108 del cdno. 2).

3.8. El 12 de mayo de 1992, el juzgado de instrucción de orden público, concedió la libertad provisional a Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, mediante caución prendaria y diligencia de compromiso.

El fundamento fáctico y jurídico para arribar a la anterior decisión consistió en los siguientes aspectos, según se desprende del contenido de la citada providencia:

“(...) En síntesis no se da la prueba del art 470 del Código de Procedimiento Penal, como para pensar que el encartado haya sido la persona que estuvo haciendo las llamadas extorsivas, es decir que estuviera constriñendo al ofendido, solo persisten los indicios leves dados por las manifestaciones hechas por el ofendido y su secretaria en el sentido de que reconoció ser el autor del hecho, pero como ya se dijo Muñoz Gutiérrez, en su injurada niega tal situación y su afirmación de que lo hizo bajo tortura tiene respaldo, por cuanto se dejó la constancia respectiva por parte de este despacho y por el galeno de la cárcel, por cuanto no ha sido enviado a Medicina Legal a pesar de que esta oficina lo ha ordenado.

Además, como ya se dijo la grabación correspondiente no dio la claridad sobre los hechos, sino que por el contrario nos está dando hasta ahora es una duda pues allí se dice que no fue posible determinar si este hizo las llamadas debido a la poca intensidad y a los ruidos que presenta”. (...) —Folios 135 a 141, cdno 2—.

3.9. El 13 de mayo de 1992, se le notificó la anterior decisión al señor Muñoz Gutiérrez.

3.10. A folio 143 del cuaderno 2, obra copia de la boleta de libertad Nº 194, con fecha del 14 de mayo de 1992, informando al director de la Cárcel Bellavista, que mediante decisión del 12 de mayo del mismo año, se concedió la libertad provisional inmediata al señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez. El mismo día se suscribió acta de caución prendaria por un valor de $ 100.000 pesos.

3.11. Copia auténtica de la sentencia proferida en el proceso penal radicado con el número 4818, seguido contra Augusto Henao Muñoz, por el delito de extorsión en contra del patrimonio de Francisco Javier Cadavid, en la que se estableció:

“(...) En los días finales del mes de marzo de 1991, el señor Francisco Javier Cadavid Wendell, persona de cierta solvencia económica quien se desempeñaba como gerente de la Escuela de Aviación los Halcones, con instalaciones en los hangares del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de esta ciudad, recibió varias llamadas telefónicas a través de las cuales se le exigía la suma de doscientos millones de pesos, por parte de un individuo que dijo pertenecer al EPL, bajo la amenaza de secuestrar o atentar contra la vida de uno de los miembros de su familia.

A pesar del impacto sicológico que produjo la exigencia al señor Cadavid Wendell, este no dudó en acudir ante las autoridades, concretamente, ante el grupo Unase donde luego de dar cuenta del hecho se dispuso un seguimiento a las llamadas extorsivas que culminó con la captura del sujeto Nicolás Eugenio Cadavid (sic) quien confesó lisa y llanamente ser el responsable del hecho.

Días después, a mediados del mes de abril siguiente, cuando el señor Cadavid Wendell había dado por cerrado el caso recibió otra serie de llamadas en las que le exigían, bajo las misma amenaza de secuestrar o atentar contra la vida de uno de sus parientes, la suma de doscientos millones de pesos, en esta oportunidad quien llamaba también dijo actuar a nombre del EPL y tener buen conocimiento tanto de sus actividades como de sus situación económica, de nuevo el ofendido acudió al mismo organismo de seguridad y sosteniendo una supuesta negociación con el extorsionista se hizo el rastreo telefónico que ayudó a sorprender al sujeto Uber Augusto Henao Muñoz en momentos en que hacía una de las llamadas desde el teléfono público ubicado en el parque principal del vecino municipio de Copacabana.

(...) en esa primera intervención aceptó de manera tajante que fue capturado cuando hacía una llamada al señor Francisco Cadavid, dueño de la escuela o empresa de aviación “Los Halcones”, a quien conoció cuando estuvo en las instalaciones de su negocio con ocasión de unas refacciones. Explicó que la idea, de obtener dinero en esa forma ilícita, partió de su extinto hermano Hugo Emilio quien inició las llamadas con un mes de anterioridad y le pidió expresamente que lo reemplazara en el evento de que él fracasara en su empeño, cuando su consanguinero (sic) apareció muerto, en circunstancias violentas, él quiso cumplir el encargo pero también “cayó” en Copacabana.

(...).

Por lo demás dijo que decidió actuar solo y que desconocía quienes eran los compañeros de Hugo e insistió que solo trataba de obtener una ayuda por parte del ofendido, razón por la cual en sus diálogos telefónicos con este, rebajó la suma pedida a los quince millones de pesos.

(...).

La voz grabada del acriminado (sic), en diligencia que se evacuó con total ajuste a las prescripciones legales, se sometió a cotejo con aquellas grabaciones que resultaron de la interceptación del teléfono del agraviado. De esa prueba denominada estudio fonoespectográfico se obtuvo como conclusión la “uniprocedencia morfológica y topográfica” de las voces sometidas a comparación, o sea que, no hay ninguna duda que las llamadas recibidas por el afectado fueron hechas directamente por el justiciable Henao Muñoz.

(...).

En síntesis, este despacho, acorde con el pedimento formulado por los señores Fiscal Regional y Procurador Judicial, por encontrarlos ajustados a derechos (sic) y a la realidad procesal, emitirá fallo condenatorio”. (...) —Folios 210 a 227, cuaderno 2—.

3.12. La procuraduría judicial delegada ante los jueces regionales, presentó concepto previo a la calificación del mérito de las pruebas obrantes en la investigación penal adelantada por el delito de extorsión en contra de Nicolás Eugenio Muñoz. Del que se destaca:

“(...) Es verdad como lo dice el infor fte) (sic), que el señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez fue retenido luego de estar haciendo una llamada desde un teléfono público, y lo reiteran quienes hicieron el procedimiento, pero no resulta menos cierto que el implicado en indagatoria dejó en claro que la llamada que hizo segundos antes de ser aprehendido la hizo a su hermana Fabiola María Muñoz Gutiérrez versión que no ha sido desvirtuada y sí corroborada por la aludida...

Por el contrario, las pruebas tienden a concluir que el sindicado Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, si se hizo responsable extrajudicialmente, lo hizo como consecuencia de las “torturas” a que fuera sometido como él mismo lo relata con lujo de detalles en injurada a folios 5 vto a 6 fte...

Es que, tan cierto resulta la sindicación que les hizo Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez en injurada, que su relato no es insular. Prueba de que al sindicado se le golpeó, se tiene la historia clínica de la cárcel Bellavista, el experticio médico legal en el cual se le fijó incapacidad de 10 días, por lesiones dejadas por contusión, y con el testimonio del profesional de la procuraduría departamental —oficina de derechos humanos —doctor Gustavo Hurtado Zuluaga—. Este último pudo comprobar que en las instalaciones policivas el retenido presentaba talladuras en las dos muñecas y contusiones en el cuerpo...

(...).

Si bien ello coincide con la transcripción que del casete obra a folios 67 fte, no es menos cierto que al hacerse la cotejación de voces, el perito en espectro, o mejor fonoespectografía, sacó como conclusión que, no fue posible determinar si Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez hizo las llamadas, debido a la poca intensidad y ruidos de fondo que presenta las grabación...

Y las dudas en torno a este vital aspecto, se reafirman con las copias de la sentencia condenatoria proferidas por el Juez Regional el 12 de enero/93 por extorsión, contra Uber Augusto Henao Muñoz, en las cuales aparece como ofendido el señor Francisco Javier Cadavid Wendell.

(...).

Significa lo anterior, que no es improbable que haya sido Uber Augusto Henao Muñoz el autor de las llamadas que se quieren atribuir a Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, máxime que de acuerdo a lo plasmado a folios 213 fte, Uber Augusto Henao Muñoz hizo saber que la extorsión la inició su extinto hermano Hugo Emilio el cual dio inició a las llamadas un mes antes.

Luego lo procedente a esta altura procesal es ordenar la preclusión de investigación a favor de Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez con base en lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, al no darsen (sic) los presupuestos del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal para proferir resolución de acusación”. (...) (Resalta la Sala) —Folios 256 a 269, cuaderno 2—.

3.13. El 16 de febrero de 1994, la Fiscalía Regional de Medellín, calificó el mérito de la instrucción, en la que resolvió precluir la instrucción a favor de Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez. El fundamento fáctico y jurídico para arribar a la anterior decisión consistió en los siguientes aspectos, según se desprende del contenido de la citada providencia:

“(...) Si bien resulta infantil la explicación del procesado acerca de que se hallaba por inmediaciones del pasaje de La Candelaria entre Junín y Palacé que a la hora de la verdad es en inmediaciones del parque de Berrío de esta ciudad como lo anotaran los captores, llamando a su hermana Fabiola María Muñoz Gutiérrez, para indagarle por su novia Claribel Ortiz Cossio; no es menos cierto que quince días después se capturó a Uber Augusto Henao Muñoz, realizando llamada extorsiva al señor Francisco Javier Cadavid Wendell con los mismos argumentos de intimidación y amenaza para obtener idéntica suma de dinero $ 200.000.000 de pesos, sin que pueda con ello inferirse un acuerdo de voluntades entre ambas personas o un parentesco cercano, ya que hay coincidencia de apellidos, pero nada de eso se hizo en la etapa de la instrucción, ni en la de reapertura por lo que no que otra alternativa que decretar la preclusión de la instrucción a las voces del artículo 443 del ibídem modificado por el artículo 58 de la Ley 81 de 1993; porque del estudio detallado y analítico de las piezas procesales que conforman esta actuación penal, se observa que brillan por su ausencia las condiciones jurídicas que por ley se presuponen existentes para proferir resolución acusatoria, como lo demanda el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, y ante la duda de si efectivamente Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, estaba o no realizando la llamada extorsiva, impera el principio indubio pro reo; a mas de ello es factible que en razón de las torturas que le irrogaron una incapacidad definitiva de diez (10) días (sic), se vio compelido a aceptar unos hechos en los cuales no participó” (...) —Folio 276 a 281, cuaderno 2—.

3.14. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 15 de diciembre de 1994, resolvió la consulta sobre la decisión de preclusión de la instrucción, y la confirmó en todas sus partes. Señaló:

“Encuentra esta delegada que el pronunciamiento realizado por a quo, y el cual precluyó la investigación a favor del señor Miñuz Gutiérre [sic], se ajusta a derecho.

(...).

Teniendo en cuenta que la ley ordena al funcionario judicial que toda decisión judicial debe fundarse en pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso, y el artículo 298 Código de Procedimiento Penal habla de la confesión extraprocesal simple o calificada, es la rendida ante un funcionario distinto del competente con los requisitos consagrados en el numeral 4º del artículo 296 ibídem, que son: 1) Que sea hecha ante juez competente. 2) Que el procesado esté asistido por defensor. 3) Que el procesado haya sido informado del derecho a no declarar contra sí mismo y 4) Que la confesión sea espontánea, consciente y voluntaria.

Como se pudo observar dentro del proceso la confesión que realizó el sindicado no cumplió ninguno de los requisitos anteriores, por tanto hay que tener en cuenta lo normado en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, donde se reitera la inexistencia de diligencias, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 246 y 296 de la obra en comento que consagra la necesidad de la prueba, y a los requisitos de la confesión.

La verdad procesal, es que se capturó al señor Muñoz Gutiérrez, a quien no se le pudo probar relación con los hechos, y sobre los cuales existe duda razonable, de si fue él quien realizó o no las llamadas amenazantes al señor Cadavid Wendell, duda que cobra fuerza al no podérsele probar de ninguna manera, pues se observa que hasta los oficiales mintieron al decir que jamás se le maltrató a este señor, mostrándose lo contrario en el informe de la cárcel Bellavista”. (...) (Negrillas de la Sala) —folios302 a 306, cuaderno 2—.

4. El daño antijurídico se encuentra establecido, puesto que el señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez estuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo de 1991 al 14 de mayo de 1992, fecha ésta en la que se le concedió la libertad. En ese orden de ideas, los actores padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos o intereses legítimos que no están en la obligación de soportar, porque el ordenamiento jurídico no se los impone.

Ahora bien, tratándose del régimen de responsabilidad patrimonial - extracontractual del Estado, derivado de la administración de justicia, es necesario reiterar los planteamientos contenidos en diversas sentencias proferidas de manera reciente por esta corporación(2):

Los artículos 66 a 69 de la ley 270 de 1996 (Ley estatutaria de la administración de justicia), contienen las hipótesis bajo las cuales el Estado puede resultar responsable, a causa de: i) privación injusta de la libertad, ii) error jurisdiccional, o iii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Identificado el supuesto de responsabilidad, se deberá determinar el título de imputación aplicable al caso concreto, bien a través de un sistema subjetivo de falla del servicio, o mediante uno de naturaleza objetivo.

En los eventos de privación injusta de la libertad se deben tener en cuenta algunos aspectos y parámetros que, en los últimos años, han sido trazados por la jurisprudencia de esta corporación, criterios que podrían catalogarse en los siguientes términos:

i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(3).

En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo(4) —strictu sensu—, de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006)(5) y 15.463 (2007)(6), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso.

En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio —que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado—(7), manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible.

En estos supuestos es lógico que el régimen de responsabilidad sea objetivo como quiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del servicio sería someterlo a una especie de probatio diabolica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garantía constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el daño que se irrogó con la detención.

En efecto, la herramienta del in dubio pro reo —stricto sensu— opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público —y, concretamente, la represión penal— frente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad(8), razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas públicas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin Consideraciones subjetivas.

Como lo precisó el excelso profesor Norberto Bobbio, “...frente a la gran antítesis entre libertad y poder que domina toda la historia humana —por la que en las relaciones entre individuos y grupos cuanto mayor es la libertad tanto menor es el poder y viceversa—, es buena y por consiguiente deseable y defendible la solución que amplía la esfera de la libertad y restringe la del poder, o, con otras palabras, aquella para la cual el poder debe ser limitado a fin de permitir a cada uno gozar de la máxima libertad compatible con la igual libertad de todos los demás”(9).

iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado principio del in dubio pro reo. Por consiguiente, en estos eventos, es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso administrativo de reparación, demuestre, de manera clara, que la privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado este de una ausencia probatoria que sustentara la detención preventiva.

Sobre el particular, la Sala sostuvo:

“Una de las razones por las cuales no se logró dentro de la investigación penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscalía en dicha labor, circunstancia que justifica aún más la condena que habrá de imponerse, habida consideración de que la acción punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a este a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real. Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función, depende el buen éxito de la investigación, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento. Ya se observó que para proferir la medida de aseguramiento de detención la norma procesal penal exige el acreditamiento del indicio grave de responsabilidad. Así las cosas, para la Sala resulta claro que en el presente asunto se configura una privación injusta de la libertad, y así habrá de declararse.

“(...) En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatoria, sin embargo aun que se trátase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación”(10).

No es que se sitúe, por capricho, a la persona en un grado mayor de exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la decisión no se refiere a la aplicación del principio de la duda razonable —porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no hay medios probatorios en ninguno de los extremos de la relación procesal—, es necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria(11).

El anterior planteamiento, lejos de desconocer el principio y valor supremo de la libertad, supone la importancia de decretar la responsabilidad de la entidad pública bajo la perspectiva subjetiva, lo que permitirá eventualmente mejorar las políticas públicas sobre la materia y, de paso, abrir en la medida de las posibilidades la viabilidad a la acción de repetición en contra del funcionario que eventualmente al actuar con dolo o culpa grave desencadenó el daño.

Además, no se sitúa con esta hermenéutica a la parte afectada con la privación de la libertad en una situación probatoria en extremo difícil; por el contrario, si la detención fue arbitraria e ilegal, será fácil acreditar esa circunstancia lo que permitirá que el juez de lo contencioso administrativo valore el grado de subjetividad con que se actuó en el caso concreto.

iv) Como se aprecia, en cada caso de reparación por privación injusta de la libertad, corresponde determinar a las partes y al operador jurídico en qué supuesto se enmarcó dicha privación, a efectos de tener claridad sobre el título de imputación aplicable al asunto respectivo, como quiera que no toda absolución, preclusión de la investigación, o cesación del procedimiento penal, se deriva de la aplicación del instrumento del in dubio pro reo, motivo por el cual, no siempre se deducirá la responsabilidad de la organización pública a través de un régimen de naturaleza objetiva.

v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia—, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal.

5. Trazado el anterior panorama, para la Sala es claro que el asunto sub examine debe analizarse desde la perspectiva del título de imputación subjetivo, como quiera que el supuesto fáctico que se debate se enmarca en la hipótesis de la falla del servicio.

Conforme a las pruebas allegadas al proceso, está demostrado que el señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez estuvo privado de la libertad durante el período comprendido entre el 26 de marzo de 1991 y el 14 de mayo de 1992, como presunto autor del delito de extorsión. Así mismo, se probó que al proceso punitivo se le puso punto final mediante preclusión de la investigación, por no existir mérito probatorio, pues, en criterio del fiscal regional, la flagrancia en la comisión del delito fue desvirtuada, ya que se logró establecer que el señor Muñoz llamaba era a su casa y no realizaba en forma alguna la llamada extorsiva; en segundo lugar, porque la confesión que hizo ante los agentes los agentes que lo capturaron, estuvo presidida de intimidaciones y maltratos físicos, no fue con audiencia del defensor y no se rindió ante la autoridad competente; y, en tercer lugar, se precluyó la investigación porque se logró demostrar que en otro proceso penal, ya había sido condenada una persona por los mismos hechos que se le endilgaban, sin que se hubiera establecido la relación entre este y el enjuiciado.

En ese mismo orden de ideas, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional destacó que la confesión realizada por el sindicado ante los agentes del orden que lo capturaron en la supuesta flagrancia, no tenía la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, como quiera que fue obtenida por medio de torturas, con lo cual la única prueba que sustentó la medida de aseguramiento se torna ilegal, y en consecuencia en una ausencia total de prueba incriminatoria(12).

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado:

“Cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia por sí sola hace que se rompa vínculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir mediante la perturbación de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal, cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto”(13).

El hecho de que sea la misma fiscalía delegada ante el tribunal nacional, quien determinó que a Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez se le violaron las garantías elementales, es suficientemente indicativo de que el proceso penal que se le siguió, configuró en general, una flagrante falla del servicio que se evidencia en el quebrantamiento de los parámetros establecidos en la ley procesal penal.

En efecto, de la valoración probatoria adelantada tanto en la primera providencia como en la que resolvió la consulta, se concluyó, entre otros aspectos, lo siguiente: nunca se comprobó la supuesta flagrancia; la confesión o versión libre que lo incriminaba se obtuvo con violación de varios derechos fundamentales; las decisiones tomadas para afectar el derecho a la libertad y la presunción de inocencia se fundamentaron en una prueba ilegal, y, por último, se acreditó por medio de una providencia judicial, que el hecho no lo cometió el sindicado.

Como se aprecia, el señor Muñoz Gutiérrez estuvo privado de manera injusta y arbitraria de la libertad por más de un año, pues fue obligado a través de torturas, a confesar un punible que no cometió, circunstancia que refleja a todas luces el error de la Fiscalía al privar de la libertad a un ciudadano con fundamento en una prueba ilegal(14).

La anterior detención configuró, sin duda alguna, una grave violación al derecho a la libertad personal contenido en el artículo 13 de la Constitución Política y en el artículo 7º de la Convención americana sobre derechos humanos, ratificada por Colombia a través de la Ley 16 de 1976, disposición esta última que preceptúa:

“Artículo 7°. Derecho a la libertad personal

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

“2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

“3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

“4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

“5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

“6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

“7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

En relación con el contenido y alcance de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:

“47. Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2º y 3º, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”(15) (Negrillas adicionales).

Así las cosas, la preclusión de la investigación a favor de Muñoz Gutiérrez no fue producto de la duda, sino de una falencia, y se itera, ello constituye una ausencia de prueba incriminatoria, lo cual conduce a establecer que se trató de una falla del servicio, que es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica, esto es, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demanda. Además, no se probó ningún tipo de causa extraña que impida la atribuibilidad fáctica, como el hecho de un tercero, el hecho exclusivo de la víctima, o un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Finalmente, la Sala se abstiene de hacer consideración alguna frente al Ministerio de Defensa, en razón a que las pretensiones contra esta entidad fueron negadas y ningún argumento se esgrimió en el recurso de apelación que lo vinculara.

5. En relación con los perjuicios morales, se mantendrá el monto de la indemnización que por este concepto se concedió, en virtud del arbitrio judice, en atención a la magnitud del daño.

En efecto, se tiene que Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, estuvo privado de la libertad, según se ha expuesto a lo largo de esta providencia, hecho suficiente para tener por acreditado su padecimiento moral; asimismo, está probado que es hijo de José de Jesús Muñoz Vanegas y padre de Leidy Jhoana Muñoz Quintero(16). Fabiola María, Juan Carlos, Fátima del Rosario, Luz Marina, Antonio José, José Manuel y Claudia Stella Muñoz Gutiérrez, son hermanos de Nicolás Eugenio, según dan cuenta los certificados de los registros civiles de la Notaría del Círculo de Medellín, Guarne y Abriaquí, Antioquia (fls. 4 a 11, cdno. 1).

Probado el parentesco con los registros civiles, la Sala da por acreditado el perjuicio moral en los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de su hijo, padre y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida además la familia como núcleo básico de la sociedad.

Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(17).

En ese orden de ideas, respecto de los gramos de oro decretados como indemnización se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2012, y se condenará a la demandada a pagar, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez; treinta (30) salarios mínimos legales mensuales a José de Jesús Muñoz Vanegas y Leidy Jhoana Muñoz Quintero, para cada uno; y, para Fabiola María, Juan Carlos, Fátima del Rosario, Luz Marina, Antonio José, José Manuel y Claudia Stella Muñoz Gutiérrez, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

En lo que respecta al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados por María Zoraida Quintero Quintero, se confirmará la decisión del a quo, toda vez que si bien es la madre de Leidy Jhoana, no acreditó la condición de cónyuge o compañera permanente del señor Muñoz Gutiérrez, que permita presumir a la Sala el sufrimiento causado por la privación injusta de la libertad de aquel. En ese sentido, obran en el proceso los testimonios de Gustavo Adolfo Echevarría Hernández, María Trinidad Misas Gutiérrez y María Edelmira Gutiérrez Pérez, quienes sobre la relación del Señor Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez y María Soraida Quintero, manifestaron que eran los padres de Leidy Jhoana Muñoz Gutiérrez, pero que no tenían una relación de convivencia(18).

Así las cosas, la Sala confirmará, en este punto la decisión del a quo.

En lo que respecta a los perjuicios materiales, se tiene que fue objeto de apelación la negativa del tribunal de no reconocer daño emergente por los gastos en que incurrió Nicolás Eugenio Muñoz y su familia, durante el tiempo que permaneció privado de la libertad. Al respecto, revisado el expediente, no se encuentran medios probatorios idóneos y pertinentes(19), que produzcan un convencimiento sobre las erogaciones o el dinero que debió dispensar de su patrimonio el señor Muñoz Gutiérrez, para la supervivencia en el centro carcelario.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso y con el fin de demostrar la existencia del perjuicio causado, la parte actora debía acreditar los gastos en que incurrió durante la privación de la libertad y al no contar con los elementos suficientes para acceder a la pretensión, se confirmará la decisión del a quo en ese sentido.

En lo que respecta a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, como no fueron objeto de apelación, se actualizara la suma reconocida en la sentencia apelada:

viernes 17 agosto 2012 1.PNG
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia del 15 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, la cual quedará así:

1. [sic] Declárase patrimonial responsable a la Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad de Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez.

2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación, a pagar, por perjuicios morales a Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; por el mismo concepto a José de Jesús Muñoz Vanegas y Leidy Jhoana Muñoz Quintero, la suma equivalente en pesos a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos; y, a Fabiola María, Juan Carlos, Fátima del Rosario, Luz Marina, Antonio José, José Manuel y Claudia Stella Muñoz Gutiérrez, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

4. [Sic] Condénase a la Fiscalía General de la Nación, a pagar, a Nicolás Eugenio Muñoz Gutiérrez la suma de seis millones setecientos sesenta mil tres pesos ($6’760.003), por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

5. Confírmase en los demás.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 185, Código de Procedimiento Civil: “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.”

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 15.498, M.P. Enrique Gil Botero, y Cf. sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.308, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) “La certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mínimo está, al contrario, en que ningún inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que también algún culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones políticas contrapuestas: por un lado, la máxima tutela de la certeza pública respecto de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la máxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias... La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares y sus garantías. Y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es necesaria la prueba —es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva— no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas...” Ferrajoli, Luigi “Derecho y Razón”, Ed. Trotta, Pág. 106.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gómez

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) “Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera.” Ibíd. Pág. 151- 152.

(8) “Lo cito solo para destacar la distinción fundamental entre la definición de libertad como solo la inexistencia de obstáculos que se opongan a que yo haga lo que quiera (lo cual, presumiblemente, sería compatible con una vida muy estrecha, estrechada por la influencia que ejercerían sobre mí fuerzas personales e impersonales, la educación o las leyes, el amigo o el enemigo, el maestro y el pariente, o inclusive estrechada conscientemente por sí mismo), y la libertad como una gama de posibilidades objetivamente presentes, independientemente de que se les desee o no, aun cuando sea difícil o imposible dar reglas para medir o comparar grados de la misma, o para estimar diferentes situaciones respecto de ella”. Berlin, Isaiah “De la esperanza y el miedo liberado” en “El estudio adecuado de la humanidad, colección de ensayos”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2009, pág. 131.

(9) Bobbio, Norberto en el prólogo del libro “Derecho y Razón” de Luigi Ferrajoli, Ed. Trotta, 2001, pág. 14.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, Exp. 11.754, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) “Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática.” Foucault, Michel “Vigilar y Castigar”, Ed. Siglo Veintiuno, 27ª ed., pág. 173. “Como lo muestran los objetos anteriores, la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma”. Rawls, John “Teoría de la Justicia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Pág. 273.

(12) “De esta forma, el defecto fáctico puede configurarse desde una dimensión positiva, cuando el operador jurídico aprecia pruebas que no ha debido admitir, ni valorar, por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo en consecuencia de manera directa la Constitución. Sobre esta perspectiva, en reciente pronunciamiento el intérprete constitucional indicó:

“La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales” (se resalta). Corte Constitucional, Sentencia T- 916 del 18 de septiembre de 2008, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C- 591 de 2005. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

(14) “Varias son las razones de la diferente valoración probatoria de la confesión en el proceso penal moderno. Para las confesiones hechas a la policía judicial es necesario, infortunadamente reconocer que a la tortura clasificada y legal de la edad media, se ha a menudo sustituido por aquella de las modernas cámaras de seguridad, por parte de funcionarios más preocupados en buscar “un” culpable que “el” culpable... La doctrina prevalente continuando la obra de los reformadores postiluministas, es concorde en atribuir fuerza probatoria a la sola confesión que tenga los requisitos de certeza y de espontaneidad. En cuanto a los primeros de estos requisitos se observa por Manzini que es cierta únicamente aquella confesión (la judicial) que hay sido hecha al magistrado penal competente para recibirla; de otra manera, si ha tenido ocurrencia fuera del proceso (la extrajudicial), así haya tenido lugar ante funcionarios de la policía judicial debe ser repetida y probada ante el juez competente antes de poderla considerar como un indicio...” G. Tesoro –G. Bellavista. El Testimonio y la Confesión en el Proceso Penal. Traducción de Julio Romero Soto de los títulos italianos “La Psicología Della Testimonianza” y “Confessione”. Ministerio de Gobierno. Propiedad Intelectual y Publicaciones Bogotá D.E. 1975. Pag. 143 y 144.

(15) Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, serie C 16, párrs. 45-47.

(16) Se acreditan con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 4 y 12.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

(18) Folios 98 y siguientes del cuaderno 2.

(19) “Cuestión de hecho que contempla la relación que el hecho por probar puede tener con la contención planteada o con la cuestión voluntaria pretendida.” Betancur, Jaramillo Carlos. De la Prueba Judicial. Ed. Bedout S.A. Segunda Edición. Pág. 70.