Sentencia 1995-01842 de febrero 7 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil once.

Rad.: 05001-23-24-000-1995-01842-01 (19.915)

Actor: Ligia Londoño de Escobar y otros

Demandado: Municipio de Bello

Asunto: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «Resuelve la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 12 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.

IV. Consideraciones

1. Previo a resolver de fondo, es necesario advertir que la Sala no valorará ni tendrá en cuenta el proceso penal que se adelantó por la muerte de Jorge Humberto Escobar Londoño, pues no se llevó a cabo con audiencia de la contraparte. Si bien, esta prueba fue solicitada por la parte actora en la demanda (fl. 35, cdno. 1) y el tribunal la decretó (fl. 78, cdno. 1), ni el ente demandado ni los llamados en garantía coadyuvaron la solicitud.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme al certificado de defunción, el señor Jorge Humberto Escobar Londoño, murió el 30 de diciembre de 1993, por “anoxia mecánica por ahorcamiento” cuando colisionó la motocicleta que conducía, contra una cuerda atravesada en una calle del municipio de Bello, Antioquia (fl. 6, cdno. 1).

2.2. Sobre la forma como ocurrió el hecho, el señor Óscar de Jesús Henao(1), en declaración juramentada rendida en el proceso, expuso:

“Yo estaba parado en la esquina de la cra. 56 con la 56ª (sic), esperando un compañero cuando vi que bajaba una moto y marcó el pare en esa esquina, volvió y arrancó la moto y había un lazo de poste a poste y ellos se chocaron con él, se degolló Jorge Humberto conductor de la moto. El lazo no tenía ninguna señalización de nada, la lámpara que había en ese poste se mantenía y se mantiene todavía apagada, donde estaba pegada la cuerda que le causó la muerte a Jorge Humberto. El señor con la moto cuando se golpeó con la cuerda, le pegó al parrillero en la cara con la cabeza de él, calléndose (sic) todos dos (sic) al suelo, yo vi cuando recogieron al herido y se lo llevaron para el hospital El Rosalpí de Bello y la moto la recogió otro muchacho y se la llevó…

Eso fue entre las nueve y diez de la noche y el piso estaba seco, no había buena visibilidad porque no había luz y no se alcanzaba a ver el lazo o Manila que habían amarrado de poste a poste y no tenía ninguna señalización…

Manifiéstele al juzgado, si en las temporadas de fin de año acostumbran cerrar las vías por el sector del accidente? Responde: Sí, allá las han cerrado, yo no sé si tienen permiso o qué, lo cierto es que la cierran…

Esa vía estaba cerrada desde temprano y hasta las diez de la noche todavía estaba cerrada sin ninguna señal de peligro ni señal de nada, lo sé porque yo desde temprano bajé al parque de bello y la vi cerrada…

El laso (sic) se encontraba en toda una esquina tapando la entrada de la calle de poste a poste…

Yo vi que él frenó porque ahí había que hacer pare, inclusive nos saludamosa (sic) ahí de cabeza ‘quiubo quiubo’ (sic) y miró que no viniera carro y volvió y arrancó, cuando se chocó con el laso (sic) que había ahí que no alcanzó a ver porque no era muy visible y que estaba amarrado de poste a poste, digo que no era visible por lo de la lámpara que había apagada

Por ahí a unos seis o cinco metros, frenó. Él primero frenó para marcar parado, luego arrancó y ahí fue cuando colisionó con el laso (sic), el laso (sic) lo paró, le pegó en la garganta y él se fue de para atrás…

Relátele al despacho como era el ambiente que se vivía en ese lugar el día del accidente, momentos antes del mismo. CONTESTÓ: El ambiente estaba bien, estaban bailando, había una gente ahí bailando que yo alcancé a ver. La calle iluminada no estaba, tenía las luces normales de los ventanales y de las casas. La luz era normal pero para la parte de abajo, no para la parte del accidente porque en esta parte estaba la lámpara apagada. Se oía música duro pero no se en qué casa ni si eran equipos de sonido, la gente bailaba en la cera (sic), habían varios niños ahí en la calle montando triciclo” (negritas fuera del texto) (Mayúsculas en original) (fl. 233 a 236, cdno. 1).

Así mismo, el señor Johany Mauricio García Tobón, en su testimonio manifestó:

“Fin de año, estábamos en la moto, él estaba saludando gente, amigos, subimos acá a Bello y estuvo saludando gente también, yo lo estaba acompañando a él, yo iba con él, íbamos en una moto Yamaha gris, DT de placas GSJ 51 de propiedad de un amigo mío que se llama Jorge Humberto Restrepo, ya había saludado la gente que íbamos a saludar y bajamos por la cra. 56 y en la dirección cra. 56 con calle 53ª ahí en toda esa esquina había un laso (sic) amarrado de un poste a otro, la esquina estaba oscura, la cuerda no se veía, era que la gente había cerrado esa calle con esa Manila, estaban bailando en la cera (sic) todo eso es de fin de año, cuando yo logré ver la cuerda, cuando yo vi, ya le había dado eso en el cuello el hombre, y al darle eso en el cuallo (sic) a él la cabeza me dio un golpe a mí y nos fuimos a tierra los dos. Levantamos la moto, él se paró conmigo y ahí quejándose del cuello, que le dolía mucho el cuello, entonces a unos muchachos que habían ahí les dije que me cuidaran la moto para entrar con él a urgencias…

Oscuro, estaba totalmente oscuro, porque la lámpara no estaba funcionando, la lámpara del poste, el laso (sic) estaba amarrado de poste a poste y a (sic) lámpara era la que correspondía bajando a la mano izquierda y estaba mala, e taba (sic) oscuro, el terreno estaba seco, no había llovido

Ahí hay un pare, entonces nosotros hicimos el pare normal y miramos a los lados y arrancamos y ahí fue cuando nos caímos, no íbamos rápido…

Fin de año, festividades. La gente fue la que debió de haber colocado el laso (sic) ahí como para que no pasen carros ni nada ahí, usted sabe que la luz de la moto alumbra hacia el piso. Es costumbre cerrar las calles” (Subrayado fuera del texto) (fl. 239 y 240, cdno. 1).

2.3. En relación con las condiciones del lugar donde ocurrió el accidente, obra un dictamen pericial, en el que se señaló lo siguiente:

“Todas las preguntas de la entidad demandada se refieren a las condiciones de visibilidad del sitio conde ocurrió el accidente y a velocidades permitidas para motocicletas. Conscientes de esto los suscritos peritos solicitamos a la apoderada del municipio de Bello el que practicáramos una inspección ocular en el lugar de los hechos en horas de la noche (de 9 a 10 p.m.). Más, por causas ajenas a nuestra voluntad, tal diligencia no se hizo. No obstante, luego de leer las declaraciones de los testigos, resolvimos prescindir de tal diligencia porque la juzgamos inocua, dado que las condiciones actuales (alumbrado público a cargo de las EE.PP de Medellín que garantizan el permanente funcionamiento de las luminarias) y las del día del accidente (iluminación a cargo del municipio de Bello con lámparas apagadas) son totalmente diferente. Con este criterio (carencia de iluminación) respondemos el cuestionario.

A la luz del día cualquier motociclista puede percibir desde una distancia superior a 80 metros una Manila atravesada en la vía. La velocidad permitida dentro de las zonas urbanas es de 60 kilómetros por hora; y para esta velocidad la distancia de frenado es de 12 a 15 metros.

Ahora bien si es de noche todo depende del grado de iluminación en el punto del obstáculo, Con una buena luminaria, un lazo o Manila atravesado puede percibirse desde una distancia de 15 a 20 metros. Pero si no hay iluminación artificial, tal clase de obstáculo en la práctica no puede percibirse sino con el contacto, es decir, cuando ya es imposible evitar el accidente.

Los peritos no podemos establecer la visibilidad y calidad de iluminación del sector para el día del accidente, que es lo que importa. Nos atenemos a las declaraciones de los testigos, quienes coinciden en afirmar que esa noche (la del accidente) entre las 9 y 10 p.m. el sector estaba a oscuras, pues la lámpara del poste estaba apagada.

Así que, en estas condiciones la visibilidad era nula para prevenir accidentes a motociclistas…” (negrillas fuera del texto) (fl. 265 y 266, cdno. 1).

2.4. Respecto a la entidad responsable del mantenimiento de la red de alumbrado público en el lugar y época en que ocurrieron los hechos, obra en el expediente un convenio celebrado entre el municipio de Bello y las Empresas Públicas de Medellín en el que se estableció:

“PRIMERA: Sostenimiento del alumbrado público. Las empresas se hacen cargo del sostenimiento de las redes, postes, lámparas y demás elementos integrantes del alumbrado público en el Municipio de Bello, una vez que éste se los entregue a satisfacción. SEGUNDA: Cesión de redes. Para que Las empresas se hagan cargo de la prestación del servicio y del sostenimiento en mención, El municipio cederá a las empresas, a título gratuito, las redes de alumbrado público, así como los postes, las lámparas y demás elementos que se utilicen con tal fin. Las empresas recibirán las redes y demás elementos actualmente existentes en el municipio, que se encuentran en buen estado. Las redes y elementos que no se encuentren en buen estado, serán reparados y debidamente adecuados para la prestación de un buen servicio, por las empresas para el municipio, bien sea directamente o a través de contratistas, comprometiéndose el municipio, a reintegrarle a las empresas el valor de estas obras a medida que se vayan ejecutando. Una vez se encuentren debidamente reparados y adecuados los elementos y redes, serán entregados gratuitamente a las empresas y éstas se harán cargo de su sostenimiento”. (fls. 59 a 63, cdno. 1).

Igualmente, obra una certificación del Jefe del Departamento de Alumbrado Público de Empresas Públicas de Medellín, Juan Guillermo Osorio Benítez, dirigida al Departamento Jurídico de Procesos y Reclamaciones de la entidad, en la que consta lo siguiente:

“Nos permitimos comunicarles que al 30 de diciembre de 1993, la responsabilidad por el alumbrado público en la carrera 56 con calle 53ª, Barrio Rosalpi (Bello Zona Central) correspondía al Municipio de Bello, y sólo a partir de 1995, fecha en que por medio de acta dicho municipio cumplió con la formalidad de entregar las redes de alumbrado a EE.PP.M. sólo para su sostenimiento, fue responsabilidad de nuestra entidad”. (fl. 77 cdno. 1).

Adicional a lo anterior, el señor Osorio Benítez, en declaración rendida en la primera instancia, afirmó:

“Conforme a los hechos de la demanda el accidente se presentó en la carrera56 con la calle 53 A Barrio Rosalpi, puede usted indicarle al Despacho el alumbrado en dicho sector es responsabilidad de qué entidad CONTESTÓ: Entre 1995 y el 1º de febrero de 1997 dicho alumbrado fue sostenido por EE.PP de Medellín del 95 al 97, de 1995 hacia atrás, el alumbrado fue sostenido por el Municipio de Bello, entre EE.PP y el Municipio de Bello (observa los convenios) existía un convenio para la prestación del servicio de energía en el convenio adicional Nº 3 de 1983, se determinó que las Empresas efectuaría el sostenimiento una vez que el Municipio se lo entregue a satisfacción, a partir de este momento y en la medida que el Municipio de Bello tenía disponibilidades presupuestales para reparar y entregar a satisfacción el alumbrado, las empresas se lo recibía con miras a efectuar el sostenimiento del mismo, en una primera etapa el Municipio de Bello destinó el dinero para la adecuación del alumbrado en los barrios Cabañas, Cabañita y Santa Ana los cuales quedan al sur del municipio de Bello, por problemas presupuestales del municipio de Bello, se dejó para una segunda etapa la zona central en esta zona central está incluido el barrio Rosalpi, es así como el 3 de octubre de 1993, por medio de una acta (sic) el Municipio de Bello informó que tenía la disponibilidad presupuestal para efectuar los trabajos, los trabajos de adecuación del alumbrado con miras a que empresas públicas efectuara sus sostenimiento, el acta de recibo de dichos trabajos fue firmada por los representantes de Bello y empresas en el año 1995, dado que la ejecución de los trabajos se efectuaron durante 1994, a paritr (sic) de esta acta fue que empresas se encargó del sostenimiento del alumbrado público, en el sector del Barrio Rosalpi…” (fl. 234 y 235 cdno. 1).

2.5. En cuanto al cerramiento de la vía, se tiene que el Jefe de la División Técnica de la Secretaría Municipal de Transportes y Tránsito del municipio de Bello, indicó:

“…revisados los archivos de la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal, no se encontró documentación alguna que hiciera referencia a la autorización para cierres de vías…

Aclaró además que los ciudadanos no pueden cerrar las vías si no están previa y legalmente autorizados; es decir se requiere la respectiva autorización de la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio de Bello…”. (fl. 238, cdno. 1).

Igualmente, el jefe de la sección de archivo, señaló que no existía autorización alguna para cerrar las vías en el municipio de Bello para los meses de diciembre de 1993 y enero de 1994 (fl. 237, cdno. 1).

3. Conforme a las pruebas allegadas al proceso está demostrado que en la fecha y lugar indicados, el señor Jorge Humberto Escobar Londoño, cuando conducía su motocicleta, colisionó contra una cuerda que se encontraba cerrando una vía lo que ocasionó su muerte con posterioridad.

Igualmente, se encuentra acreditado que la entidad competente para autorizar cierres en las vías, era el municipio demandado, de allí que, si existía el mencionado permiso debía contarse con la señalización respectiva para advertir el peligro a los conductores y prevenir accidentes.

Si bien es cierto que las autoridades municipales tienen la obligación de cumplir con las normas reglamentarias de señalización, en el presente caso, es claro que esta obligación se derivaba de una solicitud previa al cerramiento de una vía, no obstante, no obra una autorización en ese sentido, es más, conforme a los testimonios transcritos se demostró que este tipo de cerramientos lo suelen hacer irregularmente los ciudadanos en las fiestas de fin de año.

Para la Sala es indiscutible que la cuerda que atravesaba la vía, fue instalada de manera irregular y rudimentaria sin las señales preventivas necesarias, y aún cuando se desconoce quienes lo hicieron, no existió autorización o permiso de la autoridad competente al respecto, por lo tanto, no sería razonable exigirle al ente municipal demandado que previera o evitara un daño producto de una actuación ilegal iniciada por particulares y de la cual no está probado que tuviera conocimiento.

De otro lado, en relación con la falta de luz en el sector donde ocurrió el accidente y que según el apelante, fue esta circunstancia la decisiva para que la víctima no pudiera divisar el obstáculo, se tiene que está debidamente probado que los postes donde estaba amarrada la cuerda no contaban con iluminación suficiente —los testimonios coinciden en esta afirmación—, e igualmente, la prueba técnica señala que en el sector la visibilidad era nula “para prevenir accidentes a motociclistas” (fl. 266, cdno. 1), así las cosas, es posible afirmar que la falta de iluminación fue determinante en la producción del daño, ya que con las condiciones de luz apropiadas se hubiera podido advertir la existencia de las cuerdas que ocasionaron el desenlace fatal.

Si bien es cierto que los conductores deben extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes y se les exige precaución y prudencia adicional, pues desarrollan una actividad peligrosa, es necesario precisar que en determinadas circunstancias, estas acciones no son suficientes; en efecto, en el presente caso está demostrado que el sector donde ocurrió el hecho no contaba con una adecuada iluminación lo que indudablemente afectó la visibilidad del conductor y su habilidad para maniobrar la motocicleta al impactar contra el obstáculo que se encontraba irregularmente atravesando la calle.

Así las cosas, se tiene que la entidad municipal demandada incumplió con los deberes relacionados con el mantenimiento de la red de alumbrado público, al estar acreditado, de las pruebas allegadas al proceso, que los postes de luz instalados en la vía donde ocurrió el accidente y de los cuales pendía la cuerda que provocó la muerte al señor Escobar Londoño, no contaban con la iluminación adecuada que permitiera advertir los riesgos existentes en la vía.

Se torna en apodíctica verdad que cuando la seguridad de los usuarios de las vías públicas es puesta en peligro por la omisión o negligencia de las autoridades competentes, las consecuencias gravosas para los particulares que de allí se deriven, deben ser asumidas por aquéllas.

La normatividad de tránsito es clara al regular la circulación de los peatones, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, vehículos, etc., en las vías públicas(2), estableciendo deberes, obligaciones, procedimientos y reglamentaciones con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes, la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los derechos relacionados con el espacio público, la movilidad, la circulación, entre otros, tienen relación directa con el interés público y deben ser amparados cuando sean vulnerados flagrantemente(3). Al respecto, se ha señalado:

“El libre acceso a los espacios abiertos, como calles y parques, y a las áreas de recreación y circulación, entre otros, posee un valor social ‘que genera confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana’ y ‘a neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones propias de una gran ciudad o de los centros habitacionales modernos (visuales, auditivas, de tránsito, de seguridad, etc.)’. Así, ‘el trastorno del espacio público ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades no competentes’, puede llegar a vulnerar no sólo derechos constitucionales individuales de los peatones y las aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento general del espacio común, sino también la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las que tiene acceso libre y a las que no lo tiene. Adicionalmente, ‘las repercusiones pueden ser no sólo colectivas, sino también privadas, y acarrear la vulneración del derecho a la libertad de locomoción de los transeúntes al cual alude el artículo 24 de la Carta’(4).

De otro lado, esta corporación, en anteriores oportunidades(5), ha amparado derechos colectivos relacionados con el espacio público en general y con la iluminación de las vías en particular, haciendo énfasis en el deber de las autoridades competentes de adoptar las medidas pertinentes y necesarias para garantizar su uso apropiado y seguro.

Conforme a las pruebas que obran en el proceso, no hay duda de que la vía donde ocurrió el accidente no tenía la iluminación adecuada que permitiera prevenir a los conductores y transeúntes de posibles peligros, así las cosas, se tiene que aún cuando la cuerda irregularmente instalada en la calle produjo la muerte de Jorge Humberto Escobar Londoño, no se puede desconocer que la falta de iluminación en el sector fue determinante en la producción del daño.

Ahora bien, como quiera que se estableció que el obstáculo que le causó la muerte al señor Escobar Londoño fue instalado irregularmente por particulares sin que mediara la respectiva autorización de la entidad competente, es claro que ante esta circunstancia se configuró la intervención del hecho de un tercero; sin embargo, quedó también demostrado que la falta de iluminación en el sector donde ocurrió el accidente incidió de manera directa en la causación del daño y fue determinante en la producción del mismo, por lo tanto, no puede exonerarse al demandado en atención a que su responsabilidad se vio comprometida al incumplir con su deber de mantener en perfecto estado la red de alumbrado público.

En relación con la solidaridad en los eventos en que son varios los responsables del hecho dañoso, circunstancia que se aplica al asunto sub examine, pues se configuró no sólo el hecho de un tercero —particulares que instalaron de manera irregular la cuerda que le produjo la muerte al señor Escobar Londoño— sino igualmente, la responsabilidad del municipio por la falta de iluminación en el lugar de los hechos que incidió de forma directa en la producción del daño; al respecto el artículo 2344 del Código Civil establece lo siguiente:

“Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.

De lo transcrito se puede colegir que cuando en la producción del daño concurren varios responsables, la efectiva reparación se garantiza al permitir comprometer solidariamente a los partícipes, en tanto que la obligación de indemnizar es conjunta y solidaria conforme a la disposición señalada. De allí que, al intervenir varias causas en la producción del hecho dañoso, como ocurre en el presente caso, pues tanto el cierre ilegal de la vía como la falta de iluminación del sector fueron factores determinantes en la muerte del señor Escobar Londoño, los responsables son solidarios de la totalidad del perjuicio ocasionado y se les puede exigir la indemnización integral tanto a uno como al otro.

La jurisprudencia no ha sido ajena a la anterior interpretación y al respecto ha señalado:

“…en el desenvolvimiento de los hechos puede suceder que el daño se haya ocasionado por una única persona, como también puede acontecer que en su producción hayan concurrido o participado varias. La primera hipótesis es más simple que la segunda, como quiera que los titulares activo y pasivo de la acción, por ser únicos, se exteriorizan con mayor facilidad. Por el contrario, la segunda hipótesis, por ser más compleja, al intervenir varias personas en la ocurrencia del hecho dañino, la ley compromete solidariamente a los partícipes de todo el perjuicio proveniente del mismo delito o cuasidelito, al establecer en el artículo 2344 del Código Civil la regla siguiente: ‘Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo el perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355’.

5. Entonces, si por ministerio de la ley se establece que siendo varios los autores del daño cada uno de ellos será solidariamente responsable de todo perjuicio ocasionando con el hecho dañino, se tiene, con fundamento en la misma normatividad, que la víctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que éstos puedan oponerle el beneficio de división (C.C., arts. 1568 inc. 2º y 1571)'(6).

Según el artículo 2344, cuando dos o más personas incurren en un mismo hecho ilícito responden solidariamente, así se trate de hechos instantáneos o de extensa duración. Lo que interesa para los efectos de la solidaridad no es el proceso mismo causante del daño, sino su resultado. Por ejemplo: en el caso de homicidio cometido por varias personas en forma lenta y prolongada, como ocurre, verbigracia, cuando diaria y sistemáticamente se intoxica a alguien con veneno colocado clandestinamente en los alimentos que ingiere, es cierto que se trata de intervenciones distintas y separadas, dentro del proceso de agotamiento de la salud de la víctima, pero que constituyen apenas etapas en la producción de un resultado único: la muerte.

Con sobra de razón debió prever el legislador colombiano que, en eventos como el del ejemplo dado, no pueden nacer obligaciones de indemnizar simplemente conjuntas, esto es, de objeto divisible, sino de obligaciones solidarias. El vínculo entre los agentes del hecho ilícito prolongado, y su víctima, tiene que ser uno sólo, por el todo, sin perjuicio del commodum entre los deudores, o sea la repartición de la indemnización, una vez pagada por cualquiera de ellos, en justas proporciones entre los mismos, problema que en manera alguna atañe a la víctima acreedora, en cuyos derechos se subroga el deudor que paga la indemnización in integrum (C.C., art. 1579).

No es pues, de recibo la tesis de que el citado artículo 2344 sólo es aplicable a quienes simultáneamente cometen hecho ilícito determinado, de modo que si su intervención en éste es sucesiva e independiente, sea preciso dividir la indemnización proporcionalmente, a efectos de que la víctima la cobre por parte. Esto es, precisamente, lo que la disposición en comento se propone evitar, aliviando a la parte acreedora de la carga de probar hasta dónde llegó la intervención de cada uno de los agentes del ilícito, extremo que le resultaría, si no imposible, por lo menos muy difícil de demostrar, por ser ajeno al campo de sus actividades''(7).

4. Así las cosas, con los documentos y testimonios relacionados, para la Sala se da por acreditado que Jorge Humberto Escobar Londoño murió en una vía del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, en la fecha y circunstancias detalladas.

Igualmente, se encuentra demostrado que el ente demandado incumplió su obligación en relación con las condiciones de iluminación de la vía municipal, lo que ocasionó un daño que sin duda le es imputable como quiera que fue quien creó la falla que lo produjo.

5. Los demandantes, Ligia Londoño de Escobar, María Angélica, María Luz Marleny, Blanca Nubia, Silvia Amparo, Ruby Estella, Olga Lucía, María Ofir, Luz Mary, Porfirio y León Jairo Escobar Londoño, probaron ser madre y hermanos del occiso respectivamente, conforme a los registros civiles de nacimiento allegados con la demanda (fls. 4 a 16, cdno. 1), pruebas que son idóneas para acreditar el parentesco y la calidad de perjudicados con el hecho dañoso.

Es importante, reiterar, que la Sala puede dar por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(8) que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(9).

De acuerdo con lo expuesto, el daño moral está acreditado, así que se ordenará el pago de las siguientes sumas por tal concepto:

Ligia Londoño de Escobar (madre): 100 smlv

María Angélica Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

María Luz Marleny Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Blanca Nubia Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Silvia Amparo Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Ruby Estella Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Olga Lucía Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

María Ofir Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Luz Mary Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Porfirio Escobar Londoño (hermano): 50 smlv

León Jairo Escobar Londoño (hermano): 50 smlv

6. Respecto de los perjuicios materiales, los actores solicitaron, por lucro cesante, las sumas que resultaran probadas en el proceso. Allegaron una certificación de la Unión Transportadora Mercantil Unitramer Ltda., en la cual se indicó que el señor Jorge Humberto Londoño estaba vinculado a la empresa y se desempeñaba como mensajero al momento de su fallecimiento. Así mismo, obra en el expediente la liquidación del contrato de trabajo celebrado con el occiso, en donde consta que la remuneración en contraprestación a sus servicios era de $100.000 mensuales.

Adicionalmente, se tiene que varios testigos coinciden en afirmar que el occiso no tenía vínculo conyugal vigente y convivía con su madre, dos hermanas y un sobrino (fl. 235, 240, 243 y 245, cdno. 1), sin embargo, no se demostró que los hermanos del occiso —no solo los que vivían con él sino los demás— tuvieran alguna discapacidad que les impidiera hacerse cargo de su madre, de allí que, no se puede otorgar indemnización por este concepto, como quiera que la manutención y cuidado de los padres es una obligación de todos los hijos(10), y además, porque no existen otros medios de prueba que demuestren en qué proporción el occiso colaboraba con los gastos de su madre.

En cuanto a lo deprecado por daño emergente, obra en el proceso una constancia de la gerente de la empresa Jardines de la Fe, en la cual se señaló que los gastos por las exequias de Jorge Humberto Escobar Londoño fueron cancelados por la señora Ligia Londoño de Escobar y correspondieron a un valor de $640.565 (fl. 26, cdno. 1). Para la Sala esta prueba es suficiente para dar por probado el perjuicio solicitado, así que se procederá a hacer la actualización de la suma respectiva:

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Así las cosas, el total de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, actualizado a la fecha, para la señora Ligia Londoño de Escobar, es de $3’160.481.

7. Por último, en relación con los llamados en garantía, Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— y las Empresas Públicas de Medellín, se tiene que la entidad demandada no demostró ni allegó las pruebas conducentes a establecer su responsabilidad, adicionalmente, del acervo probatorio que puede ser valorado en este proceso, se tiene que no existe prueba que demuestre que sus actuaciones u omisiones fueran determinantes en la producción del daño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 12 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. Declárase al Municipio de Bello, patrimonialmente responsable por la muerte de Jorge Humberto Escobar Londoño.

2. Condénase al Municipio de Bello, a pagar a las personas que a continuación se relacionan las siguientes sumas de dinero:

2.1. Por concepto de perjuicios morales a favor de:

Ligia Londoño de Escobar (madre): 100 smlv

María Angélica Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

María Luz Marleny Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Blanca Nubia Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Silvia Amparo Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Ruby Estella Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Olga Lucía Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

María Ofir Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Luz Mary Escobar Londoño (hermana): 50 smlv

Porfirio Escobar Londoño (hermano): 50 smlv

León Jairo Escobar Londoño (hermano): 50 smlv

2.2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Ligia Londoño de Escobar, la suma de tres millones ciento sesenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($3’160.481).

2. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

5. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

 

(1) Si bien es cierto que en la diligencia no aparece identificado plenamente el testigo con su nombre completo, se puede deducir que es el señor Óscar de Jesús Henao, conforme al número de la cédula, su firma y además porque la declaración fue solicitada por la parte actora y el tribunal la decretó.

(2) Artículo 1º de la Ley 769 de 2002: “Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2003.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-265 de 2002.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera AP-050 del 22 de junio de 2000, AP-203 del 26 de agosto de 2004 y AP-90179 del 1º de julio de 2004.

(6) Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 6 de agosto de 1985.

(7) Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 30 de abril de 1976.

(8) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. – La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá. 1970. Pág. 127 y s.s. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002) (negrilla de la Sala)

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(10) Artículo 250 del Código Civil: “Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios”.

“Artículo 411 del Código Civil: “Se deben alimentos: ….3º a los ascendientes…”.