Sentencia 1995-01843 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-1995-01843-01

Exp.: 26.354

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Luz Marina Duque Sánchez y otros

Demandado: municipio de Medellín

Bogotá, D. C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) competencia, 2) aspectos procesales previos 3) los hechos probados; 4) valoración probatoria conclusiones; y 5) liquidación de perjuicios.

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer en segunda instancia, pues la pretensión mayor corresponde a la suma de $ 38’666.490 por concepto de perjuicios materiales a favor de Luz Marina Duque, monto superior al establecido para que un proceso tuviere esa vocación, que para le fecha de presentación de la demanda ascendía a $ 9’610.000.

2. Aspectos procesales previos.

2.1. Legitimación.

Ahora bien, conforme se desprende de lo dispuesto en el libelo introductorio, los demandantes, a saber, Luz Marina Duque Sánchez, Mónica Alexandra y Henry Andrés Herrera Duque, adujeron la condición de compañera permanente e hijos de crianza respectivamente de William de Jesús Agudelo Cadavid, su legitimación está atada a la prueba de dicha condición, para ello se aportaron al proceso los siguientes medios probatorios:

2.1.1. Declaración dirigida al gerente de la empresa Transportes Especializados de la Salud S.A., “Transessa”, y firmada por Martín Emilio Agudelo y Sonia Cadavid Aguirre, padres de William de Jesús Agudelo en la que se lee lo siguiente:

“(…) Los suscritos Martín Emilio Agudelo Salinas y Sonia Cadavid Aguirre, mayores de edad vecinos de Medellín,… le manifestamos que hemos acordad que del valor correspondiente a prestaciones sociales y seguro de vida (extralegal), sea pagado en la siguiente forma: 50% de tales valores a favor de Sonia Cadavid y Martín Emilio Agudelo y otro 50% en favor de Luz Marina Duque Sánchez, a quien reconocemos como compañera permanente de nuestro hijo William Agudelo Cadavid”(1).

2.1.2. Comprobante de egreso Nº 0451 de la empresa “Transessa”, correspondiente a lo pagado a Luz Marina Duque por el seguro de vida y liquidación de cesantías de William de Jesús Agudelo(2).

2.1.3. Certificación expedida por la empresa “Transessa”, en la que se identifica como compañera permanente de William de Jesús Agudelo a Luz Marina Duque y se manifiesta que los hijos de esta fueron reconocidos a efectos de los servicios asistenciales y prestacionales a que tuvieren derecho, al respecto se certificó lo siguiente:

“(…) El suscrito gerente de la empresa Transportes Especializados de la Salud “Transessa”, hace constar que el señor William de Jesús Agudelo Cadavid,… reportó ante nuestras oficinas de personal como compañera permanente (sic) la señora Luz Marina Duque Sánchez, igualmente para efectos del reconocimiento de servicios asistenciales y prestaciones, señaló a los menores Mónica Alexandra y Henry Andrés Herrera Duque, hijos de su compañera como personas a cargo.

Hago constar igualmente que el valor de las prestaciones sociales y el seguro extra legal reconocido por la Compañía de Seguros Agrícola de Seguros, fue pagado en un 50% a favor de la señora Luz Marina Duque Sánchez, según convenio y autorización con los ascendientes del extrabajador Agudelo Cadavid”(3).

2.1.4. Certificación de estudios expedida por el “Instituto San Fernando Ferrini” de la ciudad de Medellín en la que se lee lo siguiente:

“(…) Herrera Duque Mónica Alexandra,

Estuvo matriculada en este establecimiento cursando los estudios correspondientes al grado cuarto en 1991, cursó y aprobó el grado.

Nota: Aparece como acudiente de la alumna el señor: William Agudelo según consta en el libro de matrículas folio 988”(4).

2.1.5. Certificación expedida por la “Funeraria Medellín Ltda.”, en la que se indica que William de Jesús Agudelo registró como beneficiarios del programa de protección familiar exequial a Luz Marina Duque, Mónica Herrera Duque, Andrés Herrera Duque y Sonia Cadavid Aguirre(5).

Sumado a las pruebas documentales señaladas, en el proceso se recepcionaron los siguientes testimonios que dan fe de la relación entre William de Jesús Agudelo y los demandantes:

2.1.6. Declaración de Jaime Humberto Arango Valencia, quien sobre el particular declaró lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: usted conocía la familia de William. CONTESTÓ: Yo no conocía la familia de William si hablaba el (sic) en varias oportunidades que tuve contacto con William y él hablaba de su esposa Luz Marina y que tenía dos hijas, luego con lo de su muerte cumplimos con lo de los requisitos legales para su liquidación y se presentó también su madre que en ese momento la conocí y Luz Marina el (sic) cuando realizamos su vinculación a la empresa en la caja de compensación el (sic) colocó como beneficiarios a Luz Marina y dos niñas cuando se presentó su madre dijo que esa no era su esposa, parecía que había un concubinato, yo no supe más ellas llegaron a un acuerdo para que tanto el seguro de vida como sus prestaciones sociales y su liquidación fuera recibida por ellas en partes iguales. PREGUNTA: le pongo depe (sic) el documento que obra a folios 19 sírvase decirnos si la firma que aparece en ese documento es la suya y si es cierto su contenido. CONTESTÓ: es cierto y es mi firma. Se le sede (sic) la palabra a la apoderada de la parte demandante. PREGUNTA: indíquele al despacho que relación usted con la empresa Transessa para al época en que prestó servicio el señor William Agudelo y la de su muerte. CONTESTÓ: era el gerente de la empresa y representante legal de la misma. PREGUNTA: Indíquele al despacho si conoce al señor Carlos A. Piedrahita y en caso afirmativo nos indicara si dicho señor tenía alguna vinculación laboral con la empresa Transessa. CONTESTÓ: Si Carlos A. Piedrahita era el jefe de mantenimiento por ende era el que tenía más comunicación y relación con los diferentes taxistas. PREGUNTA: dígale al despacho si usted recibió el documento que le pongo de presente el cual aparece visible a folios 16 del expediente. CONTESTÓ: si afirmativo. PREGUNTA: diga si los documentos que aparecen a folios 17 y 18 corresponden a los pagos efectuados por la empresa Transessa en virtud del acuerdo que hicieron la señora Cadavid Aguirre y Luz Marina Duque Sánchez al cual hizo referencia usted a respuesta anterior. CONTESTÓ: si contables que lleva legalmente cualquier empresa como Transessa para legalización de todos los trámites”(6).

2.1.7. Declaración de Carlos Alberto Piedrahita Rada, quien para la época de los hechos era el director operativo de “Transessa”, y manifestó lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: dígale al despacho si el señor William Agudelo a usted personalmente le llegó a hacer manifestaciones en relación con su relación con la señora Luz Marina Duque Sánchez, en caso afirmativo que supo en su condición de director operativo. CONTESTÓ: el señor William me había manifestado que no era casado con la señora Luz Marina pero que convivía con ella en unión libre y que respondía por los dos hijos que ella tee (sic) incluso él me llegó a llevar una declaración extrajuicio en la que él manifestaba lo que había dicho verbalmente. PREGUNTA: Con que finalidad le presentó la declaración. CONTESTÓ: para poderlos afiliar a la caja de compensación. PREGUNTA: Indíquele al despacho sí el documento que le pongo de presente visible a folios 20 del expediente fue elaborado por usted si su forma y contenido corresponden a la verdad. CONTESTÓ: es afirmativo. PREGUNTA: sabe usted si la señora Luz Marina y sus hijos Mónica Alexandra y Henry Herrera Duque dependían económicamente del señor William Agudelo. CONTESTÓ: Si el señor William mismo lo expresa así y que para eso trabajaba”(7).

2.1.8. Declaración de Jhon Fredy Bermúdez Sánchez, quien era amigo de William de Jesús Agudelo, y sobre el tema declaró:

“(…) PREGUNTA: sabe usted con que persona convivía él en el momento de su muerte. CONTESTÓ: con la señora Marina y los dos hijos él los reconoció Mónica y Andrés. PREGUNTA: Sabe usted si el señor William Agudelo veía o atendía económicamente a los anteriores Marina, Mónica y Andrés o quien veía por ellos. CONTESTÓ: si afirmativo él era el que respondía por ellos. PREGUNTAD: diga si en razón de su conocimiento y amistad con el señor William Agudelo usted llegó a visitar su lugar de residencia en caso afirmativo que personas encontró en dicho lugar. CONTESTÓ: si afirmativo las personas las mismas mencionadas antes… PREGUNTA: como vecino del señor William Agudelo puede decir si éste vivía en forma permanente con la señora Marina Duque o era una convivencia ocasional. CONTESTÓ: el vivi (sic) permanentemente para él era su familia… PREGUNTA: de los 8 meses que fue usted compañero de William Agudelo en cuantas oportunidades visitó usted la casa de este y en razón de que. CONTESTÓ: como éramos vecinos pasaba por la casa de él, fui muchas veces”(8) (negrilla fuera de texto).

2.1.9. Testimonio de la señora Flor Ángela Pérez de Marín, vecina de Luz Marina Duque a quien conoce desde sus primeros años, sobre la relación que sostenía con William de Jesús Agudelo declaró lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: dígale al despacho si conoce a la señora Luz Marina Duque S., y su conoció al señor William Agudelo Cadavid., en casi (sic) afirmativo hace cuanto que los conoce y en razón de que. CONTESTÓ: Si conozco a Marina desde que estaba pequeña y a William también lo conocí como en el 87, lo conocí cuando él se puso a vivir con Marina. PREGUNTA: Ya que habla de la convivencia de Marina Duque y William Agudelo diga durante cuánto tiempo le consta que hallan (sic) mantenido esa convivencia. CONTESTÓ: pues desde el momento en que lo conocí los conocí viviendo juntos hasta el momento del accidente. PREGUNTA: la convivencia de los anteriormente nombrados era una relación de pareja o qué tipo de relación le consta que tenían. CONTESTÓ: de pareja porque vivían en el mismo apartamento. PREGUNTA: Personalmente puede usted indicarle al despacho como presentaba el señor William Agudelo a la señora Marina Duque. CONTESTÓ: Como su señora. PREGUNTA: le consta a usted como era el trato familiar y social que recíprocamente se ofrecían Marina Duque y su compañero William. CONTESTÓ: ellos se trataban muy bien, en buenas palabras y buenos tratos, no habían repelencias (sic). PREGUNTA: Sabe usted quien atendía económicamente a la subsistencia de la señora Marina. CONTESTÓ: William. PREGUNTA: sabe usted quiénes son los menores Henry Andrés Herrera y Mónica Alexandra Herrera Duque. CONTESTÓ: Los hijos de Marina. PREGUNTA: Estos menores convivían con el señor William Agudelo o lo hacían en forma separada. CONTESTÓ: Ellos vivían en la misma residencia. PREGUNTA: Cómo era la relación de William con los menores. CONTESTÓ: bastante cariñoso con los niños. PREGUNTA: sabe usted si antes (sic) los conocidos y amigos de Marina Duque y William Agudelo los menores eran aceptados como integrantes de esa familia que ellos conformaron. CONTESTÓ: si ellos salían mucho y siempre salían con los niños nunca los dejaban. PREGUNTA: Usted personalmente llegó a visitar la residencia de Marina y William. CONTESTÓ: si ambos nos visitábamos con frecuencia somos muy allegados, ellos siempre iban todos, incluso tengo en mi poder una fotografía del cumpleaños de Marina donde la mamá de ella, el papá, la hermana con los dos niños sobrinos de Marina y esto (sic) yo incluso hay un hijo mío, William está cerca de Marina. PREGUNTA: podría usted dejar a disposición del despacho la fotografía que ha hecho alusión. CONTESTÓ: Si la dejo. PREGUNTA: dígale al despacho si sabe cómo afectó a la señora Marina Duque y a sus hijos el fallecimiento de William. CONTESTÓ: Si los afectó mucho porque ellos estaban acostumbrados a la presencia de William y es importante que haya una persona que encabece una familia, económicamente se vieron afectados porque él veía por la familia. PREGUNTA: usted sabe si los menores mencionados en esta decln (sic) estudiaban en el momento en que este señor falleció. CONTESTÓ: si, William pagaba los gastos de estudio de los menores. PREGUNTA: mientras vivía William Marina trabajaba o tenían algún bien de fortunas o rentas. CONTESTÓ: Nº PREGUNTA: Usted sabe si la familia de William Agudelo tenía conocimiento de la relación marital que él tenía con Marina Duque. CONTESTÓ: Ellos si se daban cuenta porque ellos a veces estaban en la casa de los padres de William y luego pasaban a mi casa. Los papas de William vivían por el mismo sector por ahí unas 8 cuadras de mi casa”(9) (negrilla fuera de texto).

Valorado en su conjunto el material probatorio, sin hesitación alguna se puede afirmar que Luz Marina Duque y William de Jesús Agudelo constituían una unión marital de hecho a la luz del derecho civil colombiano, reconocida por los familiares de él. A su vez el que se le hubiese pagado lo correspondiente a las cesantías y un porcentaje del seguro de vida como beneficiaria, refuerza la condición que aduce en el libelo introductorio.

Ahora bien, el tiempo desde cuando empezaron una vida en común es importante; al respecto se advierte que Henry Andrés nació el 19 de octubre de 1986 y Mónica Alexandra el 05 de octubre de 1982, y si consideramos que la convivencia entre Luz Marina Duque y William de Jesús inició en el año 1987 según lo declarado por la señora Flor Ángela Pérez, las reglas de la experiencia señalan que ese tiempo, es decir, 6 años, durante los cuales aquél compartió y los apoyó sentimental y económicamente es suficiente para concluir que todos formaban un núcleo familiar.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la familia en la Constitución Política de 1991, lejos de ser una institución establecida por lazos consanguíneos está definida a partir de los principios de solidaridad, igualdad y respeto. De manera que, la familia como núcleo esencial de la sociedad debe ser protegida por el Estado en su conformación y en la protección de los derechos de las personas que la integran.

Por consiguiente, la noción de familia en la modernidad ha sufrido un cambio de paradigma para abandonar su existencia y fundamentación en la relación biológica y genética, para apoyarse en el apoyo mutuo y en el concepto de amor.

En efecto, desde la antigua Grecia se ejerció una clara distinción o clasificación del “amor” como sentimiento humano. Para esos efectos, se indicó que la primera manifestación de aquel consistía en el denominado “eros” o la pasión, la segunda, en el “phili” o el cariño y el tercero el “ágape” o el amor más profundo (incondicional - religioso).

Ahora bien, el estudio de la historia de la familia comienza en 1861 con “El derecho materno” de Johann Jakob Bachofen, en el que el autor plantea la siguiente tesis: i) en los tiempos primitivos los seres humanos vivieron en promiscuidad sexual, a la que el autor le asigna el nombre de “heterismo”, ii) tales relaciones excluían la posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación solo podía determinarse por la vía materna, iii) como consecuencia de este hecho, las mujeres como madres y como únicas progenitoras conocidas de la joven generación, gozaban de un gran aprecio y respeto, que llegaba —según lo precisa el autor— hasta el dominio femenino absoluto, o sea la ginecocracia, iv) el paso a la monogamia, en la que la mujer “pertenece” a un solo hombre, encerraba la trasgresión de una antiquísima ley religiosa, vulneración que debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión de la mujer por otros, durante determinado tiempo(10).

El paso del heterismo a la monogamia se produce en los griegos, a partir del reflejo religioso en la conciencia de los habitantes, lo que desencadenó cambios históricos en la situación social recíproca del hombre y de la mujer.

Inclusive, según lo pone de presente Bachofen en la literatura griega se hallan evidencias de aquel estadio inicial de promiscuidad sexual, en el que no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con mujeres sino con varios hombres, sin faltar por ello a los hábitos sociales preestablecidos.

Con posterioridad, el teórico John Fergusson Mac-Lennan (1865) clasifica las vinculaciones entre personas en dos tipos: i) exógamas, es decir aquellas en las que los hombres de la tribu adquirían mujeres, tomándolas por la fuerza en dominios exteriores, para luego incorporarlas al grupo, ii) endógenas, en las que los hombres se encontraban obligados a tomar mujeres del seno de su mismo grupo(11).

De otra parte, Mac Lennan reconoció tres formas de matrimonio: i) la poligamia (régimen familiar en que se permite al varón tener pluralidad de esposas), ii) la poliandria (estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres), y iii) la monogamia.

En 1871 aparece en el contexto el doctrinante Lewis H. Morgan, con su libro “La sociedad antigua”, texto en el que desarrolló varias clasificaciones de la familia. La primera se refiere a la indisolubilidad: i) familia patriarcal: en la que los hijos y descendientes no salen de la casa paterna y forma una sola unión, ii) familia de estirpe: aquella en la que salen todos los hijos, excepto el primogénito que perpetúa la sociedad familia, y iii) inestable: en la que se separan todos los hijos de la casa paterna para dar origen a nuevas familias. La segunda, tiene que ver con el grado de evolución de la institución: i) familia consanguínea: fundada en el matrimonio de hermanos con hermanas, ii) familia punalua: estructurada en el matrimonio de varios hermanos con las esposas de los otros, en grupo, y de varias hermanas con los esposos de las otras en grupo, iii) la familia sindiásmica: fundada en el apareo de un varón y una mujer, bajo la forma de matrimonio, pero sin cohabitación exclusiva; aparece entonces el germen de la familia monogámica, iv) la familia patriarcal: fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer, con cohabitación exclusiva, constituyendo este último el elemento esencial de la institución(12).

Como se aprecia, la monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura, junto con la esclavitud, y las riquezas privadas, aquella época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo, y el bienestar y desarrollo de unos, se logra a través de las expensas, el dolor y la represión de otros. La monogamia y el matrimonio tradicional es la forma celular de la “supuesta sociedad civilizada”, en la cual se puede estudiar la naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en la sociedad.

Así las cosas, hay tres formas principales de matrimonio que corresponden, de manera aproximada, a tres estadios fundamentales de la evolución humana: al salvajismo corresponde el matrimonio por grupos; a la barbarie el matrimonio sindiásmico; a la civilización la monogamia, con sus complementos, el adulterio y la prostitución. Entre el matrimonio sindiásmico y la monogamia se intercalan, en el estado anterior de la barbarie, la sujeción de las mujeres esclavas a los hombres y la poligamia.

De modo que, aunque la familia se haya iniciado como un fenómeno biológico, como unidad reproductora de los primates, ha venido a ser un fenómeno social, algo más cercano a unidades de colaboración, cooperación, apoyo, y fraternidad, es decir, más como una orden monástica o un gremio de artesanos, que a su propio antecesor remoto. Entonces, aunque los factores biológicos que dan origen a la familia persisten en su funcionamiento, su influencia sobre las familias como instituciones sociales están a la par con las que pudiera tener determinadas categorías de sexos o edades sobre los estatus y funciones que se asignen a los miembros de esas categorías.

Por consiguiente, el triunfo del cristianismo en el ocaso romano y el predominio de la iglesia durante la edad media, trajeron como consecuencia una familia de tipo patriarcal semejante al clásico modelo romano pero transformándola sustancialmente en varios aspectos, ya que volvió sacramental e indisoluble una institución que por diversas causas tiende a ser dinámica y variable (v.gr. la independencia de los hijos, el divorcio, la viudez, etc.).

De este modo, la familia sufre una redelimitación en la Constitución Política de 1991, para dar campo o cabida a nuevas formas que las tradicionalmente aceptadas por el derecho civil. Sobre el particular, resultan ilustrativas las palabras del reconocido profesor Ciro Angarita Barón:

“Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres… Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”(13).

De otra parte, la Sala ha razonado a fortiori para denegar perjuicios morales a favor de padres biológicos quienes lejos de proporcionar afecto, cariño y solidaridad para con sus hijos, ven en la producción del daño una fuente de recursos económicos a favor de su patrimonio. En efecto, en sentencia del 4 de diciembre de 2007, esta Sección puntualizó:

“Ahora bien, en relación con el supuesto daño padecido por el señor Jorge Enrique Galicia Barragán —padre del menor lesionado—, para la Sala, del acervo probatorio, se desprenden una serie de indicios que llevan a concluir que aquel no veía en forma alguna en el sostenimiento económico y afectivo requerido por el niño; lo anterior, como quiera que solo mostró interés en el reconocimiento de su paternidad, una vez avizoró la posibilidad de demandar el reconocimiento ante esta jurisdicción de una serie de perjuicios eventualmente a él causados, toda vez que a partir de su conducta procesal, no pudo padecer un detrimento o aflicción de rango afectivo frente a su hijo, comoquiera que del acervo probatorio se desprende con meridiana claridad que nunca veló por la subsistencia de aquel antes de que ocurriera el desafortunado hecho; de allí que se ha enervado la presunción respecto a los perjuicios morales sufridos por el padre.

“La sola condición biológica de padre, no legitima ni habilita para valerse de un daño que sufre el hijo, a efectos de sacar provecho de la tragedia del mismo, proceder así, cuando no se ha cumplido con los deberes y obligaciones inherentes a la condición paterna, no solo es censurable, sino que de contera significa utilizar como medio al hijo, cuando este como persona, es un fin en sí mismo en términos kantianos (fundamentación de la metafísica de las costumbres). En fin, para la Sala resulta acreditado a plenitud que frente al padre del menor no opera la presunción de perjuicios morales, en su favor, por el contrario, la prueba evidencia la orfandad económica, espiritual y afectiva en que mantuvo a su hijo, es por ello que ni jurídica ni moralmente, sufrió perjuicio alguno, por las graves lesiones del infante”(14).

En Colombia, la Corte Constitucional ha aceptado la existencia de dos tipos de familias en Colombia: i) la biológica y ii) la de crianza, sin embargo, lo cierto es que esa institución no se desarrolla por el vínculo netamente genético o reproductivo, sino que, a contrario sensu, su fundamentación reside en la noción de “amor” y su manifestación de solidaridad y afecto (philia)(15).

En otros términos, según lo precisa la Carta Política en el artículo 42, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos (v.gr. el matrimonio o la unión marital de hecho), pero lo cierto es que su fundamentación filosófica reside en la solidaridad que se profesan los miembros y los integrantes de ese núcleo. Por lo tanto, es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución.

Como se aprecia, la familia es el eje central o estructural de la sociedad, la cual debe ser protegida por el Estado; aunado a lo anterior, el matrimonio y la familia son instituciones sociales diferentes que si bien están relacionadas son disímiles. En efecto, el matrimonio es una de las formas jurídicas —por intermedio de la celebración de un negocio jurídico— por medio de las cuales los contratantes conforman de manera libre, voluntaria y consensual una familia, sin que la única forma de constituirla sea el vínculo jurídico referido.

La anterior ha sido la razón por la cual la interpretación literal del artículo 42 de la Constitución Política ha sido articulada con otras disposiciones superiores, como la contenida en el artículo 13, para determinar que en materia legal existe un déficit de protección en relación con los derechos de las parejas del mismo sexo, ya que de esas uniones también resulta predicable la posibilidad de conformar una familia(16).

Así mismo, la familia no solo se estructura de forma horizontal sino también a nivel vertical, es decir, no solo surge de los vínculos naturales y jurídicos entre dos personas heterosexuales u homosexuales (familia nuclear), sino que también puede surgir a nivel monoparental (uno de los padres y un hijo(a)), o puede ser analizada de forma extensiva, es decir, la que integran abuelos, padres, hijos y nietos (consanguíneos o de crianza).

En esa línea de pensamiento, la familia no depende inefablemente del matrimonio, sino que más allá de la existencia de un contrato o vínculo formal, nace de la decisión libre y voluntaria entre dos personas que de manera consciente asumen la existencia de lazos de solidaridad, apoyo, cariño, amor y convivencia que generan cohesión entre ellos, al grado que pueden procrear, adoptar o asumir la crianza de hijos o hijas para acogerlos dentro de la misma.

Por consiguiente, hay que superar los atavismos que hacen nugatorio el derecho de las personas de cualquier clase, raza, orientación sexual, etc., a conformar de manera libre y autónoma familia, para dar paso a una protección efectiva y garantista que respete los derechos de las personas en un verdadero y real plano de igualdad, es decir, la posibilidad de constituir una familia con el ser que se quiere con el fin de proteger a los hijos biológicos, adoptados o de crianza, en un panorama de solidaridad y apoyo mutuo permanente.

En conclusión, el matrimonio y, principalmente, la familia han dejado de ser unas instituciones ancestrales estructuradas sobre conceptos eminentemente biológicos y religiosos; a contrario sensu, como lo demuestra la historia, son fenómenos o procesos dinámicos o vivientes que han evolucionado con el paso del tiempo para transformarse o mutar en organismos sociales que pueden presentar diversas manifestaciones, estructuras o integraciones. En esa medida, la familia podrá estar constituida —a modo simplemente ilustrativo— por un padre y una hija, o por una madre soltera con su respectivo primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer de hacer vida conyugal, o por la decisión libre y voluntaria de dos personas del mismo sexo que se profesan amor y desean realizar vida conyugal.

Por lo tanto, la Constitución de 1991 lejos de establecer o fijar una sola concepción de familia, avaló con apoyo en los principios de igualdad y de libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de configuración de distintos tipos y clases de familia, todas ellas merecedoras de la protección estatal del artículo 42 superior(17).

En lo que respecta a la institución de familia biológica no existe dificultad en cuanto a su naturaleza y desarrollo, y en lo que concierne a la de crianza, la jurisprudencia contencioso administrativa ha decantado con suficiencia, su naturaleza, evolución y comprensión. En efecto, en sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 18846, se puntualizó(18):

“De la prueba obrante en el proceso, se da por acreditada la condición de “hijo de crianza” de Carlos Mauricio Devia Cerquera, respecto a Rafael Antonio Atara Ortiz, y aunque si bien, es sabido que se encuentra legitimado para intervenir o incoar en el proceso de reparación directa, todo aquel que sea perjudicado directo con el hecho dañoso, al margen del ius sanguinis o parentesco, encuentra oportuno la Sala esbozar unos leves lineamientos sobre lo que con inusitada frecuencia en nuestra realidad social se denomina “hijo de crianza”. Condición que puede tener origen no del todo en el marco de la solemnidad de la adopción como institución jurídica, sino en la facticidad de las relaciones sociales propias de nuestra cultura. En efecto: “Tomemos ahora latamente esta palabra, y digamos ¿qué es adopción tomada en este sentido general y lato? Respuesta. Es una acción solemne, por la cual se toma el lugar de hijo o nieto a uno que no lo es por naturaleza”(4). Y no empece a la ausencia del requisito de la solemnidad propio del derecho romano en la medida que dicho acto se hacía en presencia del pueblo en los comicios o por la moneda y el peso delante de cinco testigos, no puede dejarse de lado el hecho, de que la familia aunque se haya iniciado como fenómeno biológico, como unidad reproductiva de los primates, mutó a ser una realidad o categoría social, de allí que como lo enseña el ilustre romanista Lucrecio Jaramillo Vélez:

“Familia en el sentido estricto

“La familia está integrada por personas sometidas a la potestad del pater familias (Ulpiano D. 50, 15, 195, 2) a saber:

“(…)

“d) Los hijos adoptivos…”(5).

“No se confunde desde luego, y se advierte nuevamente, la adopción como categoría jurídica regulada en el ordenamiento propio, con la constatación de una realidad social que es manifiesta en nuestro medio y que se ha conocido como hijos de crianza, cuya naturaleza y características se viene de describir. La realidad social es la que impone ese reconocimiento:

“Pero también, y más importante quizás bajo la óptica de las transformaciones del derecho, esa permeabilización de la familia no se realiza bajo la simple fórmula de la regulación jurídica de un espacio privado. Más que ello incluso, es la invasión de la normatividad familiar (la tradición, que no se consideró jamás jurídica) en el derecho, lo que ha terminado transformado el derecho como tal.

“(…)

“Otra de la razones aunque no una cualquiera por las que la familia es cada vez menos una institución privada políticamente insignificante es porque ha adquirido la función de “conducto regular” que comunica a los individuos con los programas sociales del Estado…

“Es presupuesto de esa función eliminar distinciones de fondo entre familia “legítima” (fundada en matrimonio válido) y las formas de familia de hecho, pues el crecimiento de esta última entre sectores populares así lo exige. La paradoja sirve para entender algunos de los tránsitos del derecho actual: la crisis de la legitimidad jurídica se aprovecha en esta como en muchas otras ocasiones para extender el radio de acción del derecho”(6).

“Y es en el anterior entendimiento, que acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, lo que permite se infiera de allí el dolor moral padecido por aquel o por el pater familias”.

En otra oportunidad, en relación con un “hijo de crianza”, se reiteraron los planteamientos desarrollados y, adicionalmente, se discurrió sobre el particular de la siguiente forma:

“De otro lado, en relación con los perjuicios reclamados por Eliana Maricela Restrepo Uribe y Arley Alejandro Durán Uribe, se encuentra acreditado a través de los testimonios de los señores Elda Mary Gómez, Hernando de Jesús Cortés Arredondo, y Luz Melida García Gómez que existía entre aquellos y el occiso una relación fraterna, motivo por el cual la Sala debe reiterar su línea jurisprudencial referida a que la familia no solo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes. En esa perspectiva, es posible hacer referencia a las acepciones de “padres (papá o mamá) de crianza”, “hijos de crianza”, e inclusive de “abuelos de crianza”(19), toda vez que en muchos eventos las relaciones de solidaridad, afecto y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de consanguinidad, sin que esto suponga la inexistencia de los lazos familiares, comoquiera que la familia no se configura solo a partir de un nombre y un apellido, y menos de la constatación de un parámetro o código genético, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y que se refieren a ese lugar metafísico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la protección de sus miembros entre sí, e indudablemente también a factores sociológicos y culturales”(20).

Así las cosas, tratándose de perjuicios morales será viable que quien invoque la condición de familiar (consanguíneo, afín, por adopción o de crianza) —del núcleo cercano y en los grados que han sido objeto de presunción por esta corporación— y lo acredite en el proceso a través de los diversos medios de convicción será beneficiario de la presunción de aflicción que opera para los grados cercanos de parentesco, sin que le sea exigible la acreditación de tercero afectado, es decir, la prueba directa de la congoja y del sufrimiento. En otros términos, si en el proceso se prueba la condición de familiar de la víctima directa, los demandantes serán beneficiarios de la misma presunción que opera para aquellos que con el registro civil demostraron el parentesco.

Siguiendo esta línea de pensamiento y contrario a lo conceptuado por el Ministerio Público, Luz Marina Duque y sus hijos menores si pueden y deben ser reconocidos como damnificados por la muerte de William de Jesús Agudelo, es decir tienen plena legitimación para pretender la reparación de un daño que no estaban en la obligación de soportar.

2.2. Vinculación al proceso de Luis Guillermo Múnera.

Luis Guillermo Múnera fue vinculado al proceso a partir de la denuncia del pleito formulada por Héctor Alonso Giraldo Londoño, derivada de su condición de propietario del vehículo conducido por Astrid Gaviria Jiménez el día del accidente donde murió William de Jesús Agudelo.

El a quo en auto del 30 de mayo de 1996 admitió la denuncia del pleito, y posteriormente al momento del fallo en virtud del fuero de atracción declaró que Luis Guillermo Múnera era responsable solidario de la muerte de William de Jesús Agudelo y por ello debía responder en un 50% de la condena impuesta, sí el denunciante decidía repetir contra él.

Ahora bien, la denuncia del pleito es una figura procesal regulada en los artículos 54, 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, a partir de la cual, el demandado directo podrá denunciar el pleito a aquella persona respecto de la cual exista de acuerdo a la ley sustancial un derecho para hacerlo, es decir, si entre el denunciante y el denunciado se da una relación legal o contractual que obligue al denunciado a responder, en caso tal que el denunciante sea encontrado responsable(21).

Para una mejor ilustración, en sentencia del 10 de diciembre de 1993 respecto a la denuncia del pleito se dijo lo siguiente:

“Para la Sala, son completamente aceptables los argumentos de la recurrente; en efecto, para que la denuncia del pleito resulte procedente basta con que haya derecho a hacerlo, que se haga en la demanda o en el término de contestación de la misma, que se presente por escrito con el lleno de los requisitos enlistados en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil y que se agregue prueba sumaria por parte alguna, se establece para estos casos,…”(22).

En otra oportunidad, en sentencia del 8 de marzo de 2001 la Sala se pronunció así:

“La procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la […] litis principal se defina la relación que tiene aquellos dos”(23).

Bajo estos parámetros, encontramos que la ley sustancial que le da el derecho a Héctor Alonso Giraldo (contratista) a denunciar el pleito a Luis Guillermo Múnera (propietario del vehículo) y a Astrid Gaviria Jiménez (conductora), es el artículo 2341 del Código Civil como se pasa a revisar.

El artículo 2341 dispone que: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

Ahora bien, del acervo probatorio se tiene que la señora Astrid Gaviria Jiménez fue condenada en un proceso contravencional adelantado por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en el que se precisó lo siguiente:

“(…) En todas las versiones la señorita Gaviria manifiesta haber transitado a una velocidad de 40 km. Dejando una huella de frenada de 8.50 mts dejando también una huella de arrastre de 18 mts. Queriendo decir con esto que venía a más de 40 kms. Infringiendo así e artículo 138 numeral 2º el cual aduce, los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. Porque si ella merma la visibilidad con las luces altas hubiera alcanzado a observa el obstáculo que presentaba la vía y al estar el carril derecho vacío sin escombro podía haberlo tomado y así evitar el accidente”.

Como se desprende de la lectura de la providencia, la conducta desplegada por la conductora fue negligente e imprudente, en razón a ello se encuentra acreditado en debida forma el derecho legal que exige el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, para que prosperara la denuncia del pleito propuesta y la vinculación de Luis Guillermo Múnera en su condición de propietario del vehículo y de Astrid Gaviria Jiménez como conductora del mismo.

3. Los hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

3.1. El deceso de William de Jesús Agudelo Cadavid se acreditó en debida forma con el certificado de defunción(24).

3.2. En cuanto a la descripción del lugar donde sucedieron los hechos, es decir el estado de la obra pública que se estaba desarrollando el día del accidente, obran en el proceso los siguientes medios probatorios:

3.2.1. En el croquis respecto a las posibles causas del accidente y como observaciones se hicieron las siguientes anotaciones:

“(…) Causas probables: 301 Ausencia total de señales.

Observaciones: Vencimiento licencia cund #1 dic./93; veh #2 no se encontró documentación. Sobre la K80 entre C50 y C48 se efectuaba reparación del separador central por el contratista H.G. con muy mala señalización (sin señales)”(25).

3.2.2. Se adjuntó copia auténtica del informe del accidente # 0041603 elaborado por el agente de tránsito Nelson Figueroa R., en el que se reportó lo siguiente:

“(…) sobre la K80 entre C50 y 48 se efectúan trabajos reparación del separador central por el contratista H.G. el material está sobre la vía, carril 127 (ambos sentidos) entre C48B y 49 el material es piedras, sobre la calzada occidental, carril izq. 2 montículos.

Entre C49 y 50 el material es arena y piedras, sobre la calzada oriental, carril izq. entre 8 y 10 montículos.

Entre las calles 49 y 48 existen 2 postes alumbrado público marcados con el número 146 y 144 malas de luces”(26).

3.2.3. Testimonio del señor Álvaro de Jesús Londoño Montoya, quien obraba como interventor del contrato #810 de 1993 suscrito entre el municipio de Medellín y Héctor Alonso Giraldo Londoño, y quien respecto a la señalización declaró lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: Sírvase manifestar en su calidad de interventor,… en las visitas que realizaba en la obra cuales eran las condiciones de señalización de la misma. CONTESTÓ: las condiciones de señalización eran basadas de acuerdo a los pliegos de condiciones tales como barricadas cinta reflectiva, canecas, colombinas con bases de concreto. PREGUNTA: observó usted durante de la ejecución (sic) del contrato por parte del contratista se cumplieran estas exigencias. CONTESTÓ: si se cumplieron. PREGUNTA: Sírvase manifestar en relación al accidente en que perdió la vida el señor William de Jesús Agudelo Cadavid cómo eran las condiciones de la obra para el año de 1993 diciembre 1 aproximadamente. CONTESTÓ: el día de la visita en las horas de la mañana yo vi la presencia de la cinta reflectiva, las barricadas y demás tipos de señalización en todo el contorno de la obras de trabajo y demás frentes de trabajo…”(27).

3.2.4. Declaración de Jorge Omar Castaño Giraldo, quien era el encargado de fijar las señales de aviso en la obra donde ocurrió el accidente, sobre el particular manifestó lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: cuando la cuadrilla de trabajadores terminaba sus labores quedaban escombros o materiales sobre el carril en el cual estaban trabajando. CONTESTÓ: siempre era obligación de ellos dejar limpio a ambos lados y para eso yo me quedaba para constatar que así fuera. PREGUNTA: recuerda el día en que ocurrió el accidente de tránsito hasta qué horas estuvo usted en la dirección anotada. CONTESTÓ: el día antes estuve hasta las 10:30 ya el accidente a mí no me tocó verlo. PREGUNTA: qué señales específicas recuerda usted haber dejado funcionando el día en que ocurrió el accidente. CONTESTÓ: siempre dejábamos los bombones este consiste en una base de concreto con un paral de hierro y una lámina pegada con el aviso de peligro, nosotros los llamamos burros que son hechos en madera pintados y con el aviso de peligro también, canecas y cinta reflectiva y la antorcha… PREGUNTA: contrario a lo que usted ha manifestado, dice el guarda de tránsito que atendió el caso que en el sector no habían señales de peligro y destaca dos montículos de escombro o material de playa exparsido (sic) sobre el carril izquierdo sentido norte sur por la carrera 80, como explica usted eso (sic) contradicción teniendo en cuenta las funciones que cumplía en la ejecución de esta obra. CONTESTÓ: la cuestión de la señalización siempre había obligación en toda obra nosotros para eso siempre tomamos fotos y hasta el momento en que yo me fui allí no había ningún escombro ni material de playa porque siempre el material era puesto a los lados… PREGUNTA: antes de las señales relacionadas por usted en su declaración, existía otra valla más adelante que enunciara la obra que se estaba ejecutando, para informar a la ciudadanía y prevenir a los conductores de vehículos. CONTESTÓ: siempre al principio y al final se han colocado. PREGUNTA: a qué distancia de donde se iniciaba la construcción de esta obra estaba fijada la valla aludida en su respuesta anterior. CONTESTÓ: por ahí 4 o 5 cuadras… Se le cede la palabra a la apoderada del municipio de Medellín. PREGUNTA: sírvase manifestar si en la noche del 29 de noviembre se hizo uso de la señal mediante mecherón o luces. CONTESTÓ: era de todos los días. PREGUNTA: sírvase manifestar si al día siguiente que usted se hizo presente esta misma señal se encontraba aún encendida. CONTESTÓ: al lado del accidente me encontré con los mecheros apacharrados (sic) y muchas señales caídas. PREGUNTA: significa lo anterior que el impacto del vehículo Montero al colisionar con el vehículo de Transessa destruyó dichas señales. CONTESTÓ: es afirmativo”(28).

3.2.5. Testimonio de Luis Enrique Usma Ospina, quien para la época de los hechos era trabajador del contratista, sobre el particular declaró lo siguiente:

“(…) PREGUNTA: tenía que ver algo usted con las señales de peligro, a ubicarse antes del lugar de donde se iniciaban las obras, en caso afirmativo cuáles eran sus obligaciones. CONTESTÓ: el día que inició la obra no recuerdo bien cuando se empezó la obra primero se inició hacer unos avisos de madera pintados con señales de peligro y antes de empezar actividades nosotros dejábamos los avisos las señales más o menos a uno veinte de la calzada con esa cinta reflectiva, la gente debía de trabajar porque esa es una avenida muy rápida los obreros tenían que estar encerrados dentro de esas cintas nosotros dejábamos 1.20 entre separado (sic) y los obreros que estaban trabajando. Nosotros en momento en que estábamos trabajando siempre utilizábamos esos de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde cuando salíamos después de esa hora que nosotros entregábamos herramienta ya quedaban otras personas vigilando las cintas los avisos que estaban controlando el trabajo ahí. Ya después de las 6 de la tarde que ya entraban otros muchachos a vigilar no a trabajar sino a controlar las llamitas porque nosotros dejábamos unos tarros prendidos hasta las 10 de la noche. PREGUNTA: si puede llamarse así, el cerco o encierro que se hacía a los trabajadores en cintas reflectivas durante el día, permanecía igual en la noche como señal de peligro o de anuncio de la obra que se ejecutaba. CONTESTÓ: Si totalmente. PREGUNTA: al terminar las labores a las 6 de la tarde quedaban escombros o materiales sobre la vía para ser recogidos al día siguiente o en caso contrario como dejaban ustedes este sitio. CONTESTÓ: Lo que pasa es que en esa vía y por lo estrecho que es la vía no se podía dejar ninguna clase de materiales y que teníamos motivo pienso yo porque nosotros teníamos una interventoría de obras públicas muy celosa que interventoría (sic) sabiendo lo que nosotros teníamos que hacer porque era obligación de nosotros hacerlo aún llegaba interventoría y nos exigía la limpieza de la obra esta iba 2 y 3 veces diarias aun de noche. PREGUNTA: Cuál será la razón para que en (sic) guarda que atendió el caso a las 12:15 minutos de la noche del día 1º de diciembre de 1993 afirme que sobre la vía habían montículos de escombros y material exparsido (sic). CONTESTÓ: yo no puedo decir porque el guarde (sic) decía eso ahí para mí no es verdad porque nosotros hemos sido muy celosos en esos y no ocurrió nada, la otra que vía que también se hizo fue de San José la oriental hasta los puentes que es una vía llena de gente y nunca ocurrió nada. PREGUNTA: cuándo se enteró usted de la ocurrencia del accidente. CONTESTÓ: … me levanté cogí una moto y arranqué para allá cuando llegué yo no encontré nada de carros sino a la gente que subía y bajaba que había sido un accidente cuando yo miro nosotros habíamos dejado estaban todas desbaratas (sic) cinta toda reventada en el suelo en el momento en que nosotros llegamos me recuerdo que habían dos guardias y los encontré midiendo unos frenaderos (sic) de un carro largos (sic) que iban a dar hacia el separador yo no recuerdo más…PREGUNTA: al momento de llegar usted al lugar del accidente vio material de playa o escombros en la vía como lo afirma el guarda. CONTESTÓ: yo soy y he sido muy celoso en eso de dejar materiales en esas vías porque es una vía muy rápida y no se pueden dejar materiales en esa vía de pronto el piso si sucio (sic) porque usted va arrancando la grama y va quedando sucio el piso. No había material. PREGUNTA: dígale al despacho si la forma como aparecen las tomas fotográficas del folio 103, quedó la vía en la tarde del 30 de noviembre de 1993 al terminar ustedes sus labores. CONTESTÓ: aquí (sic) quedó como esta así de limpio pero aún quedó con más señales. Se le sede (sic) la palabra a la apoderada del municipio… PREGUNTA: los mecheros permanecían prendidos durante toda la noche o solamente hasta las 10 cuando se retiraban de la obra. CONTESTÓ: en esa obra tenían un señor que se encargaba de materiales y de lo que eran los mechones yo salía a las 6 de la tarde y ellos se encargaban de dejar la obra, de todas maneras como a las 10 llegaba la interventoría de obras públicas a chequear eso porque es la hora donde más carros bajan y se dejaba un señor un (sic) muchacho controlando eso de ahí para adelante ya se encargaban el chofer del doctor no sé más. PREGUNTA: las señales de peligro o de señalización de trabajos en la vía que fueron encontradas destruidas puede afirmarse que fue a consecuencia de la velocidad que desprendía el vehículo Montero el mismo que posteriormente ocasionó la muerte del señor William. CONTESTÓ: si es correcto”(29).

Ahora bien, valoradas en conjunto las pruebas, resulta evidente una contradicción entre lo registrado en el informe por el agente de tránsito que atendió el accidente y lo declarado por quien fungió como interventor de la obra, el encargado de la señalización y el trabajador, pues, en el primero, se estableció con claridad que en el lugar no había medidas de advertencia de los trabajos que se estaban realizando, contrario sensu, los testimonios coinciden en indicar que sí existía un sistema de advertencia integrado por: unos avisos de madera con bases de concreto “burros” con la señal de peligro; cinta reflectiva y mecheros para la noche.

Por esta razón se hace necesario y determinante analizar la objetividad de los testimonios.

Por un lado, respecto a la persona encargada de realizar la interventoría, le asiste un interés directo en declarar que el contratista cumplía todos los requerimientos de seguridad y en especial, con la obligación de señalización, pues en caso de no ser así, podría llegársele a imputar algún tipo de responsabilidad por incumplimiento de sus funciones como interventor de la obra. A lo anterior, se suma que la defensa del municipio de Medellín en la segunda instancia estuvo enfocada a discutir que la obligación de señalización era del contratista y que fue incumplida, lo que contradice lo declarado por el interventor, quien siempre afirmó, que en las visitas que realizaba a la obra y en especial el día del accidente la señalización estaba normal, en el mismo sentido declaró respecto a la presencia de escombros en la vía —este punto también contradice lo registrado en el informe del accidente—.

A igual conclusión se llega al valorar las declaraciones de Jorge Omar Castaño Giraldo y Luis Enrique Usma Ospina, a quienes les asiste aún un mayor interés en que se pruebe que efectivamente sí existía señalización, comoquiera que, el primero era el encargado de implementar la misma y el segundo un subcontratista que respondía por el adecuado funcionamiento de la obra.

Por estas razones y a la luz de lo dispuesto por el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, estas tres declaraciones serán calificadas como sospechosas, de ahí que no sean idóneas ni conducentes para esclarecer y desvirtuar lo registrado por el agente de tránsito que atendió el accidente. En ese orden de ideas, se dará plena credibilidad al informe y al croquis elaborado por la autoridad de tránsito.

En consecuencia, en el lugar donde ocurrió el accidente en el que resultó muerto William de Jesús Agudelo, no existía señalización de los trabajos que se estaban realizando y en el carril izquierdo de la carrera 80 se encontraban unos escombros, los que fueron impactados por el carro, que a la postre colisionó contra el vehículo de servicio público que conducía el señor Agudelo.

4. Valoración probatoria y conclusiones.

4.1. De conformidad con el acervo probatorio, está acreditado el daño antijurídico, toda vez que, William de Jesús Agudelo Cadavid murió en un accidente de tránsito en un lugar donde se estaba ejecutando una obra pública contratada por el municipio de Medellín.

Acreditada la ocurrencia de un daño antijurídico, se procede a evaluar si este es atribuible a la entidad demanda, desde los planos de imputación fáctico y jurídica(30).

4.2. Previo a entrar a analizar el caso concreto, es conveniente señalar que esta corporación se ha pronunciado en dos oportunidades frente a los mismos hechos, en ambas se concluyó que el municipio de Medellín era responsable de la muerte de William de Jesús Agudelo Cadavid, sobre el tema en cuestión el razonamiento de la Sala discurrió de la siguiente manera:

“En el caso concreto se analiza la responsabilidad del municipio de Medellín por la ocurrencia de un daño que se vincula a la ejecución de una obra que contrató. Al respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras en señalar que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los ejecutores de la obra o por terceros ajenos a ella, en consideración a su condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento en que “el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente”(31).

(…).

La Sala, al igual que el tribunal, encuentra debidamente probados los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial del municipio de Medellín por los perjuicios derivados de la muerte del señor Rafael Antonio Chica ocurrida el 1º de diciembre de 1993, cuando el vehículo en el que iba como pasajero fue arrollado por un campero que se salió de su vía cuando se encontró con los escombros y materiales de una obra ejecutada, en cumplimiento de un contrato suscrito entre dicho municipio y un particular.

Como se expuso en el acápite precedente, las pruebas son demostrativas de que en el lugar de la obra no había suficiente iluminación y de que no se habían instalado los avisos correspondientes a la realización de trabajos públicos, no obstante que los mismos son de obligatoria ubicación, de conformidad con lo dispuesto en las normas de tránsito y en el correspondiente contrato.

(...).

La Sala comparte lo expuesto por el tribunal, respecto de la concurrencia de otra causa en la producción del daño, cual fue la imprudencia de la conductora del vehículo, quien superó el límite de velocidad permitida para esa zona y no contó con la habilidad suficiente para maniobrar el vehículo que colisionó contra el montículo de materiales dispuesto para la obra. Esta circunstancia, sin embargo, no permite reducir la condena impuesta a la entidad toda vez que, cuando el daño se produce por la acción u omisión de dos o más personas, cada una de ellas es solidariamente responsable por todo el perjuicio”(32).

Con posterioridad, en pronunciamiento del 29 de marzo de 2012 la Subsección B de la Sección Tercera resolvió el recurso de apelación interpuesto por el contratista respecto a su responsabilidad en los hechos, en su momento la Sala precisó lo siguiente:

“2.2. La Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia en contra del municipio de Medellín y de la Compañía de Seguros Cóndor S. A. y procede a determinar si hay lugar a confirmar aquella en contra del señor Héctor Alonso Giraldo Londoño, en la que se ordenó al municipio de Medellín que repitiera por las sumas que tendría que pagar por concepto de los perjuicios morales causados a los demandantes con la muerte del señor William de Jesús Agudelo Cadavid.

2.3. Dado que, conforme a lo señalado anteriormente, la muerte del señor William de Jesús Agudelo Cadavid se produjo en un accidente de tránsito en la carrera 80 con calle 48 B de Medellín, vía en la que ese municipio realizaba unas obras en los andenes a través del contratista Héctor Alonso Giraldo Londoño, que no contaba con la señalización necesaria que le permitiera a los conductores advertir la obra y la presencia de escombros sobre esta, la Sala condenará al contratista a reintegrar al municipio la condena que se le impuso en primera instancia por los perjuicios irrogados a los demandantes con la muerte del señor Agudelo Cadavid, pero solamente en un 70% por las razones que pasan a explicarse.

2.3.1. Como se acreditó, entre el municipio y el señor Héctor Alonso Giraldo Londoño se celebró el Contrato Nº 810 de 1993 en el que, en primer lugar, se determinaba que dentro de las obligaciones contractuales se encontraba aquella referida a suministrar y mantener la señalización vial que se requiriera en la elaboración de la obra y en segundo lugar, el contratista asumiría la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaran a terceros por causas, omisiones, defectos o vicios de la obra. Además el contratista debía rembolsar al municipio contratante los costos que este hubiera asumido en la reparación de los daños ocasionados.

Quedo debidamente acreditado que para el momento de la ocurrencia de los hechos, la vía pública en la que sucedió el accidente no contaba con ningún tipo de señalización que advirtiera a los transeúntes sobre las obras que se ejecutaban y sobre el peligro que estas representaban, obligación que estaba a cargo del señor Héctor Alonso Giraldo Londoño en calidad de contratista del municipio de Medellín, en el sentido de suministrar y mantener el sistema de señalización vial requerido y exigido por la secretaría de tránsito municipal, con el fin de prevenir accidentes en la realización de esa obra. Si bien en el proceso no se acreditó cuál era el sistema de señalización vial que exigía esa secretaría, lo cierto es que si existían normas nacionales que imponían el deber de señalización cuando se efectuaran obras públicas”(33).

4.3. Ahora bien, en el caso sub examine el municipio de Medellín pretende la revocatoria de la decisión de primera instancia y que se declare la responsabilidad exclusiva del contratista y de los terceros a los que les fue denunciado el pleito, pues en su entender, en cuanto al primero de estos, era quien estaba obligado a suministrar y mantener el sistema de señalización vial requerido y exigido por la secretaría de tránsito municipal, ello en virtud de la cláusula vigésima tercera del contrato, la que estipulaba lo siguiente: “EL CONTRATISTA suministrará y mantendrá a su costa, el sistema de señalización vial requerido y exigido por la secretaría de tránsito municipal para prevenir accidente durante la realización de la obra. El plan de señalización vial será sometido a la aprobación del interventor”(34). Respecto a los segundos, porque se consideró que la conducta determinante en la producción del daño fue la imprudencia de la conductora.

Sin embargo, pasa por alto el municipio que en su calidad de contratante le asistía un deber de vigilancia en la correcta ejecución de la obra, para ello se nombró un interventor, quien es cierto, declaró que en el lugar de los hechos sí había un sistema de señalización que cumplía los requerimientos de la secretaría de tránsito municipal, pero como se valoró en su momento, su testimonio fue desestimado al ser considerado como sospechoso por las razones ya expuestas, de ahí que no pueda concluirse que la responsabilidad sea atribuible única y exclusivamente al contratista y a los terceros, pues evidentemente se presentó una falla en el servicio, comoquiera que no se ejerció el deber de vigilancia respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad de la obra ejecutada.

Por otro lado, sobre la responsabilidad que le asiste a las entidades contratantes de una obra pública, la línea jurisprudencial trazada desde 1985, ha sido la siguiente:

“Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece, las más de las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del cocontratante de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal. En otros términos: El contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden legal. Ni siquiera puede hablarse que la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya producido por la actuación de una persona vinculada a la administración, la que no es propiamente un mandatario o representante del Estado, sino órgano suyo, integrante en esta calidad de la estructura misma del ente estatal. Por tal motivo la conducta o actuación de dicha persona es la conducta o actuación del Estado mismo. De allí que sostenga la doctrina que sería un contrasentido hablar de responsabilidad indirecta, pues los servidores públicos no son terceros respecto del Estado, sino partes del mismo, ejecutores de la actividad estatal, la que no se concibe sino a través de las acciones u omisiones de las personas vinculadas a su servicio”(35).

Siguiendo esta línea de pensamiento, lo procedente será confirmar la decisión de primera instancia y declarar la responsabilidad solidaria del municipio de Medellín y el contratista, Héctor Giraldo Londoño, por las siguientes razones:

El Decreto 1809 de 1990, disposición que modificó el Código Nacional de Tránsito, en sus artículos 111 y 112 reguló lo concerniente a las señales de tránsito, así mismo, las resoluciones 3968 de 30 de septiembre de 1992; 3201 de 5 de mayo de 1994; y 001937 de 30 de marzo de 1994, del Instituto Nacional de Vías regularon el cuándo, cómo y dónde debían disponerse las señales de peligro que indicaran o avisaran a los conductores o transeúntes, que en determinado lugar se estaba desarrollando una obra pública.

Entonces, estando acreditado que en el lugar de los hechos el contratista incumplió con su deber de señalización, lo que a la luz de la solidaridad(36), y sumado a que evidentemente la interventoría —que estaba a cargo del municipio— no cumplió con sus obligaciones legales, al igual que en los anteriores pronunciamientos sobre los mismos hechos, lo procedente será concluir que la muerte de William de Jesús Agudelo Cadavid es imputable fáctica y jurídicamente al municipio de Medellín, toda vez que, se evidencia una falla en el servicio por el incumplimiento de obligaciones legales.

Ahora bien, es cierto que la actividad y comportamiento de la conductora fue determinante en la producción del daño, al igual que la falta de señalización, lo que lleva a concluir que en el caso sub examine se presentó una concurrencia de culpas y teniendo en cuenta que el llamado en garantía (contratista) denunció el pleito a estos, podrá el contratista repetir contra ellos el 30% de la condena.

5. Liquidación de perjuicios.

Considerando que el principio de la non reformatio in peius obliga a que en aquellos casos en los que el apelante haya sido el condenado, no se le podrá hacer más gravosa su situación, en razón a ello se procederá a actualizar las sumas reconocidas.

A favor de Luz Marina Duque se reconoció por perjuicios materiales la suma de $ 37’026.664, que actualizada da $ 56’016.634(37).

A favor de Henry Andrés Herrera se reconoció por perjuicios materiales la suma de $ 9’185.642, que actualizada da $ 13’896.708(38).

A favor de Mónica Alexandra Herrera se reconoció por perjuicios materiales la suma de $ 10’920.314, que actualizada da $ 16’521.046(39).

A su vez, en el fallo de primera instancia fueron reconocidos por concepto de perjuicios morales la suma que correspondiere a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, lo que en aplicación de la jurisprudencia de esta corporación deberá convertirse a salarios mínimos haciendo la equivalencia que 1.000 gramos oro corresponderán a 100 SMMLV.

Ahora bien, respecto al perjuicio moral, la prueba de la relación de familiaridad, acreditada con las pruebas documentales y testimoniales relacionadas previamente, permite dar por demostrado la existencia de afecto y unión entre la víctima, su compañera permanente y los hijos de crianza.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia en este punto, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(40).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia del 10 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la que quedará así:

1. Declárase patrimonialmente responsable al municipio de Medellín por los perjuicios morales y materiales causados a Luz Marina Duque, Henry Andrés y Mónica Alexandra Herrera, por la muerte de su compañero permanente y padre de crianza, respectivamente, ocurrida el 1º de diciembre de 1993.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase al municipio de Medellín al pago de los siguientes valores.

2.1. Por concepto de perjuicios morales 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.1 (sic) Por concepto de perjuicios materiales a Luz Marina Duque $ 56’016.634; a Henry Andrés Herrera, $ 13’896.708 y a Mónica Alexandra Herrera, $ 16’521.046.

3. El señor Héctor Alonso Giraldo, deberá pagar al municipio de Medellín el 100% del valor total de la indemnización que este último cancele a los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir en un 30% en contra de la señora Astrid Gaviria Jiménez y de Luis Guillermo Múnera quienes son solidariamente responsables.

5. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir de la compañía de seguros “El Cóndor S. A.” según los términos del contrato de seguro celebrado entre ellos.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el proceso al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 16 cuaderno 1.

(2) Folio 17 cuaderno 1.

(3) Folio 19 cuaderno 1.

(4) Folio 21 cuaderno 1.

(5) Folio 32 cuaderno 1.

(6) Folios 359 a 362 cuaderno 1.

(7) Folios 363 a 365 cuaderno 1.

(8) Folios 365 A 366 cuaderno 1.

(9) Folios 367 y 368 cuaderno 1.

(10) Cf. Verat Tornell, Ricardo “Historia de la civilización”, Ed. Sopena, Barcelona, 1966, pág. 262., y Roselló, María “5.000 años de historia”, Ed. Sopena, Barcelona, 1966, pág. 287. Éngels, Federico “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, Ed. Progreso, Moscú, pág. 160.

(11) Ibídem.

(12) Ibídem.

(13) Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macroregionales sobre Conciliación - Memorias, ICBF, págs. 4 y 6.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 17918, M. P. Enrique Gil Botero.

(15) “Aristóteles tiene, por tanto, razón cuando, al describir el amor filial o parental, no utiliza la palabra eros. Aristóteles utiliza philia, mientras que en francés se habla rara vez de amistad en el seno de la familia: hablaríamos más bien de afecto, de ternura, apego, amor… Este amor —el amor paternal o filial— en griego, podía llamarse storgé (afecto), pero también philia, y es este último concepto el que prefiere Aristóteles: “la familia —escribe— es una philia”.

“Además, cuando Aristóteles (que ya ha estado casado dos veces, y en ambos casos felizmente) se propone describir el amor entre un hombre y su esposa, entre la mujer y su marido, no utiliza eros, utiliza philia. No es que no exista deseo sexual en la pareja (eros, como ya dije, no es sexo, sino la pasión amorosa, la falta devoradora del otro), pero esa pasión amorosa, aunque hubiera existido antes del matrimonio (algo que no era nada común en la antigüedad), no puede haber sobrevivido. ¿Cómo es posible echar en falta al hombre o a la mujer que comparte su vida, que está ahí, que se entrega, que no falta? El amor conyugal, en griego no se llama eros, sino philia… Pero Montaigne, por ejemplo, lo hacía con frecuencia: para describir el amor entre esposos, usaba la bella expresión “amistad marital”, la que nace o se desarrolla dentro de la pareja.” Compte-Sponville, André “Ni el sexo ni la muerte. Tres ensayos sobre el amor y la sexualidad”, Ed. Paidós, Barcelona, 2012, págs. 77 y 78.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(17) Sobre el particular, esta misma Sala en reciente oportunidad precisó: “La Sala advierte en esta oportunidad, que dadas las cambiantes formas de familia que constitucionalmente se han venido reconociendo, lo que aquí se ha expresado en relación con las amas de casa, es aplicable también cuando el hombre es el que se ocupa de las labores domésticas, y de esta forma aporta al sustento material y afectivo del círculo familiar. Lo será igualmente predicable respecto de las familias conformadas por parejas del mismo sexo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, Expediente 26800, M. P. Jaime Orlando Santofimio G.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2008, Expediente 18846, M. P. Enrique Gil Botero.

(4) Heineccio J. Gottl, “Recitaciones del Derecho Civil según el orden de la Instituta, Paris, 3ª edición, tomo I, 1875, pág. 244.

(5) Derecho Romano, tomo I, Editorial Universidad de Antioquia, 1965, pág. 94.

(6) Aramburo Restrepo, José Luis, “La familia en las transformaciones del derecho”, en: Pensamiento Jurídico, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, N° 1, sin fecha.

(19) “Según el Diccionario de la Lengua Española, crianza tiene, entre otros, los siguientes significados: "Acción y efecto de criar. Con particularidad se llama así la que se recibe de las madres o nodrizas mientras dura la lactancia. // Época de la lactancia. ...”.

“Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico Jurídico, las palabras criar y crianza, tienen las siguientes acepciones:

‘Crianza. Cría o manutención de los hijos por sus madres o nodrizas. // Educación, cortesía, urbanidad’.

‘Criar. Formar de la nada. // Producir. // Nutrir durante la lactancia. // Educar; instruir. //’.

“En reciente sentencia de esta Corte, sobre los derechos que reclamaban unos padres de crianza de un soldado fallecido en servicio, además de hacer consideraciones sobre la naturaleza de las relaciones que surgen en esta circunstancia, se señaló que las manifestaciones, públicas y privadas que se dieron entre los padres, demandantes de la tutela, y el hijo, correspondían a las que ordinariamente se dan entre padres e hijos, y de allí los derechos que surgieron para dichos padres. “En lo pertinente, dijo la sentencia:

‘La situación de abandono en que se encontraba Juan Guillermo en 1979, terminó cuando los demandantes decidieron hacer de él el hijo de familia que no habían tenido; las relaciones que entonces se establecieron entre los actores y el soldado fallecido fueron, hasta la muerte de este último, las que ordinariamente se dan entre padres e hijos; los peticionarios se preocuparon por proporcionar a Juan Guillermo un hogar, y por brindarle en él la estabilidad emocional, afectiva y económica que ya no recibía de sus padres carnales. A su vez, Juan Guillermo reaccionó a la acogida que Tomás Enrique y María del Carmen le dieron, comportándose para con ellos como si fuera un hijo de esa pareja.

‘Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron.

‘De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier familia formalmente constituida, la muerte de Juan Guillermo mientras se hallaba en servicio activo debió generar para sus “padres de crianza”, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo (“de crianza”) revelaba una voluntad inequívoca de conformar una familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el derecho sustantivo’. (Sent. T-495, de oct. 3/97, M. P. Carlos Gaviria Díaz)” Sentencia T-592 proferida por la Corte Constitucional el 18 de noviembre de 1997.

De otro lado, en cuanto al concepto de familia, la Corte Constitucional tiene por establecido: “Puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el matrimonio, en el vínculo jurídico; y de familia natural para referirse a la que se establece solamente por vínculos naturales. Esta clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia. No hay duda alguna sobre la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos y sobre cómo esta igualdad comprende a los ascendientes y descendientes”. Sentencia C-595 proferida por la Corte Constitucional, el 6 de noviembre de 1996.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2009, Expediente 17997, M. P. Enrique Gil Botero.

(21) Tomado de “Tesauro de Responsabilidad Extracontractual del Estado”, Enrique Gil Botero, págs. 365, 366. En sentencia del 3 de marzo de 2010, C. P. Ruth Stella Correa Palacio se dijo: “El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula al llamante y llamado y permite traer a este como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquel debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

En los juicios ante esa jurisdicción, el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite para los procesos de naturaleza contractual y los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil (CPC, arts. 57, 56, 55 y 54), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil al ocuparse de la figura remite a las normas que rigen la denuncia del pleito,…”.

(22) Tomado de “Tesauro de Responsabilidad Extracontractual del Estado”, Enrique Gil Botero, pág. 316.

(23) Tomado de “Tesauro de Responsabilidad Extracontractual del Estado”, Enrique Gil Botero, pág. 333.

(24) Folio 24 cuaderno 1.

(25) Folio 2 cuaderno 1.

(26) Folio 6 cuaderno 1.

(27) Folios 369 a 371 cuaderno 1.

(28) Folios 372 a 374 cuaderno 1.

(29) Folios 375 a 380 cuaderno 1.

(30) Henao, Juan Carlos, El Daño, págs. 36, 37; “(...) El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla en el servicio”.

(31) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de noviembre de 2002, Expediente 14.397, reiterada en Sentencia 15059 proferida el 9 de julio de 2005.

(32) Sentencia de 3 de mayo de 2007, de la Sección Tercera, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, Expediente 19-420.

(33) Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), Expediente 0500123260001994091901 (20576).

(34) Folio 71 cuaderno 1.

(35) Sentencia de 9 de octubre de 1985, Expediente 4556, M. P. Manuel Santiago Urueta. Ver también sentencia de 28 de noviembre de 2002, Expediente 17001-23-31-000-1993-9051-01(14397), M. P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 28 de abril de 2005, Expediente 14.178, M. P. Germán Rodríguez Villamizar. En el mismo sentido, sentencias de 3 de mayo de 2007, Expediente 19.420, M. P. Ramiro Saavedra Becerra; de 7 de diciembre de 2005, Expediente 14.065, M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(36) Artículo 2344 del Código Civil.

(37) Ra = 113,92928 (IPC octubre de 2013) / 75.30658 (IPC octubre de 2003 (sentencia))

(38) Ra = 113,92928 (IPC octubre de 2013) / 75.30658 (IPC octubre de 2003 (sentencia))

(39) Ra = 113,92928 (IPC octubre de 2013) / 75.30658 (IPC octubre de 2003 (sentencia))

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.