Sentencia 1995-02026 de enero 18 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76001-23-25-000-1995-02026-01(21002)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Mélida Marín Monsalve y otros.

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP - EPSA S.A., ESP.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(1), seguido contra la Corporación Regional del Valle del Cauca y la Empresa de Energía del Pacífico S.A., ESP, en sentencia mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Problema jurídico.

¿Cabe endilgar la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por la muerte del señor Herrera Marín al haber tratado de modificar un pin en las cuerdas de conducción de energía eléctrica justo en el momento en que se efectuó la reconexión del servicio de fluido eléctrico?

3. Medios probatorios.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los que perdió la vida el señor Herrera Marín, obran los siguientes medios de prueba:

1. Copia auténtica del registro civil de defunción de Rubén Darío Herrera Marín en el que se indicó que falleció el 25 de noviembre de 1993 y cuya causa del deceso fue por electrocución (fl. 8, cdno. 1.)

2. Copia auténtica del registro civil de matrimonio celebrado el 17 de abril de 1962 entre los señores José Neftalí Herrera Trujillo y Mélida Marín Monsalve (fl. 9, cdno. 1).

3. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de José Neftalí Herrera Marín (fl. 10, cdno. 1), Bertha Nury Herrera Marín (fl. 11, cdno. 1), Luz Dary Herrera Marín (fl. 12, cdno. 1) y Mélida Marín Monsalve (fl. 17, cdno. 1).

4. Certificados autenticados ante notario de los registros civiles de nacimiento de Luz Mery Herrera Marín (fl. 13, cdno. 1), Luz Mary Herrera Marín (fl. 14, cdno. 1), Alba Luz Herrera Marín (fl. 15, cdno. 1) y José Gabriel Herrera Marín (fl. 16, cdno. 1).

5. Copia autenticada del informe de reporte de accidente elaborado por el señor Jaime Jaramillo Home, quien para el momento de los hechos era el interventor de la obra ejecutada en el contrato suscrito entre la CVC y Soinco Proyectos Limitada, cuyo objeto era el cambio de calibre primario en la carrera 6ª entre calles 9ª a 15 en el municipio de Zarzal, Valle, mediante el cual se indicó que,

“(...) El día 25 de noviembre de 1993, se tenía una suspensión de energía de las 12 p.m. a 6 p.m. en el municipio de Zarzal; para realizar trabajos de cambio de calibre de red primaria con las firmas Jairo Gonzalez (sic) V, Gerardo Martinez (sic), Mundinel Ltda. y Soinco Proyectos Ltda. A las 12 del mediodía las firmas mencionadas se presentaron en el sitio de trabajo, a las 5:30 p.m. se comenzó a visitar las distintas fuentes de trabajo pues ya se aproximaba la hora de restablecer el servicio de energía (...) por último la de Soinco, encontrándome en el trayecto con los trabajadores y averigüé por el capataz (sic) señor Arbey Hoyos contestándome que se encontraba en la subestación Zarzal.

Cuando llegué a la subestación, el señor Javier Zapata me informó que el señor Arbey estaba libre a las 5:30 p.m. mas sin embargo lo verifiqué con él y me lo confirmó, entonces procedí, a dar la orden para restablecer el servicio a las 6:05 p.m.

Al cerrar los interruptores de la subestación se produjo un arco a tres cuadras de la misma, sacando de servicio a la subestación de Zarzal. Procedimos a visitar el sitio donde se observo (sic) el daño, al acercarnos los vecinos nos informaron que se había matado una persona, al llegar al sitio confirmamos que el señor Rubén Darío Herrera Marín (...) se encontraba en el suelo, se nos comunicó que el trabajador se había subido al poste a cambiar un pin del aislador, sin autorización del capataz (sic), al finalizar el trabajo este se salto (sic) la faja, para proceder a bajarse en el mismo instante que se restablecía la energía, lanzandolo (sic) al suelo (…)” (fl. 124, cdno. 1) (resaltado por la Sala).

6. Copia auténtica del memorando SSDZN-139-93 de 26 de noviembre de 1993, emitido por el ingeniero Freddy J. García, trabajador de la CVC, en el cual se expresó lo siguiente:

“El día de ayer ocurrió un accidente en el cual murió un liniero cuyo nombre era Rubén Darío Herrera (...).

Los hechos ocurrieron de la siguiente forma. A eso de las 5:15 p.m., el capataz (Sr. Arvey Hoyos) del ing. Néstor Ricardo Arangón dio la orden al personal para que se bajaran de los postes y efectivamente lo hicieron y en el recorrido del sitio de trabajo a la subestación el señor Herrera llevaba un pin (85), (...) entonces procedió a hacer el cambio sin avisar al capatáz (sic), de esto no se percató el resto del personal.

A las 6:10 p.m. el señor Jairo Jaramillo interventor de Electrificación de Cali se presentó a operación Zarzal para solicitar el cierre del circuito ya que los capataces le habían confirmado la culminación de las labores del día y que el personal estaba fuera de línea.

Luego se procedió a cerrar unos puentes y posteriormente se dio la orden de cierre de circuito, el cual se disparó (...) por falla a tierras. Segundos después informó el Sr. Ovidio Hernández que un trabajador se estaba bajando de la cruceta cuando entró el circuito lo que ocasionó el desprendimiento de este de la cruceta porque no estaba fajado (...)” (fl. 125, cdno. 1) (resaltado por la Sala).

7. Copia autenticada de la póliza de responsabilidad civil y su modificación RC 81883 expedida por la Previsora S.A., con una vigencia comprendida entre el 2 de septiembre de 1993 y el 31 de diciembre del mismo año, cuya beneficiaria era la CVC (fls. 190 a 201, cdno. 1).

8. Copia autenticada del acta de conciliación celebrada el 10 de marzo de 1994, entre los señores José Neftalí Herrera, Mélida Marín y Eugenio Arbey Hoyos, mediante la cual se hizo constar la transferencia de la propiedad del bien inmueble ubicado en el barrio Horizonte, de Cartago, mediante escritura pública 30630 del 23 de diciembre de 1993 y registrada en la oficina de instrumentos públicos el 8 de febrero de 1994, por concepto de pago de cesantías, primas, vacaciones, salarios, intereses a las cesantías, y demás obligaciones contractuales muerte del señor Rubén Darío Herrera Marín (fl. 207, cdno. 1).

9. Declaraciones de los señores Néstor Ricardo Aragón, gerente de la sociedad Soinco Proyectos Limitada (fls. 281 a 284, cdno. 1); Jairo Carmona Marín, quien prestaba sus servicios en EPSA ESP, en calidad de auxiliar de ingeniería (fls. 285 a 288, cdno. 1); Jaime Jaramillo Home, auxiliar de ingeniería e interventor del contrato SE-OE-083 del 13 de octubre de 1993 celebrado entre la CVC y la sociedad Soinco Proyectos Limitada (fls. 290 a 295, cdno. 1); Freddy Javier García Galvis, ingeniero eléctrico quien prestaba sus servicios en EPSA ESP (fls. 305 a 309, cdno. 1); Antonio José Martínez Osorio, quien presta sus servicios en la sociedad Proservis S.A., y quien para la época de los hechos fue compañero de trabajo del señor Rubén Darío Herrera Marín y laboraban para el señor Arbey Hoyos (fls. 312 a 315, cdno. 1).

10. Copia de la necropsia 509 del 26 de noviembre de 1993 mediante la cual se dejó consignado lo siguiente: (fls. 1 a 4, cdno. 1 A).

(...) Fecha de la muerte: noviembre 25-93, a las 18:10 horas.

Comentario: Rubén Darío Herrera Marín, murió a causa por electrocución pero al caer de una altura sufrió además fractura conminuta de cráneo y laceración cerebral (...)” (resaltado por la Sala).

11. Copia auténtica del proceso penal iniciado por la unidad de fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito, Fiscalía seccional 35 de Zarzal Valle (fls. 5 a 19, cdno. 1 A). En las diligencias, obran los siguientes documentos:

a) Copia del levantamiento del cadáver efectuado en el Hospital San Rafael a las 7 de la noche el 25 de noviembre de 1993. En este documento se consignó lo siguiente:

“(...) Los hechos sucedieron el día 25 de noviembre del presente mes y año a eso de las e 6.10 p.m., cuando el occiso se encontraba trabajando en un poste ubicado en la carrera 6 con calle 12 y 13 de la ciudad. Siendo sorprendido por la energía (...)” (fl. 6, cdno. 1 A) (resaltado por la Sala).

b) Resolución 247 del 26 de mayo de 1994 mediante el cual el fiscal ordenó la suspensión del proceso conforme a lo establecido en el artículo 326 del Decreto 2700 de 1991, esto es, por haber transcurrido más de 180 días desde que se inició la investigación previa, sin que se lograra proferir resolución de apertura de instrucción o inhibitoria (fl. 15, cdno. 1 A).

12. Declaraciones de los señores Edilberto Vélez Ramírez (fls. 31 y 32, cdno. 1 A); Evelio Paredes Villafañe (fls. 32 y 33, cdno. 1 A): Andrés Felipe López Barbosa (fls. 34 y 35, cdno. 1 A) y María Jesús Quintero de Barbosa (fls. 35 y 36, cdno. 1 A), quienes eran vecinos del lugar donde ocurrió el fallecimiento del señor Herrera Marín.

13. Copia auténtica de Decreto 3110 del 22 de octubre de 1954 por medio de la cual se creó la Corporación Regional del Cauca (fls. 42 a 48, cdno. 1 A); Decreto 1707 del 18 de julio de 1960 por medio de la cual se reorganiza la corporación (fls. 49 a 63, cdno. 1 A); Acuerdo CD-14 de 1988 por medio del cual se modifican parcialmente los estatutos de la corporación (fls. 64 a 121, cdno. 1 A); Decreto 1275 del 21 de junio de 1994 por medio del cual se reestructura la Corporación Autónoma Regional del Cauca y se crea la Empresa de Energía del Pacífico (fls. 122 a 128, cdno. 1 A), copia de la escritura pública 0912 del 12 de diciembre de 1994 por medio del cual se protocolizó el acta 1329 del 20 de septiembre de 1994 del consejo directivo mediante el cual se efectuó el esquema de una escisión de un patrimonio autónomo para la organización de EPSA ESP (fls. 129 y 168, cdno. 1 A); certificado de la Cámara de Comercio de Cali de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP (fls. 46 a 63, cdno. 1); copia autenticada del convenio 001 celebrado entre la CVC y EPSA ESP, el 30 de diciembre de 1994 (fls. 10 a 14, cdno. 2).

14. Copia auténtica de la orden del trabajo SE-OE-083-93 suscrito el 15 de octubre de 1993 suscrito entre la CVC y Soinco Proyectos Limitada, cuyo objeto era el cambio de calibre primario en la carrera 6ª entre calles 9ª a 15 en el municipio de Zarzal, Valle (fls. 4 a 9, cdno. 2) y copia de la orden de inicio de los trabajos del 5 de noviembre de 1993 E-245-93. (fl. 140, cdno. 1).

15. Comunicación SPL 97-1072 del 4 de agosto de 1997, suscrita por el gerente de Soinco Proyectos Ltda., en la cual señaló que el señor Rubén Darío Herrera no tuvo vínculo laboral con dicha empresa (fl. 2, cdno. 2).

16. Oficio de 16 de septiembre de 1997 dirigido al proceso por la jefe de la oficina jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en el que se informó lo siguiente:

“(...) • El 25 de noviembre de 1993 en la zona urbana del municipio de Zarzal el servicio de energía eléctrica lo prestaba la CVC.

• Para la fecha de 25 de noviembre de 1993, la propietaria de las redes públicas que conducían la energía eléctrica en la zona urbana del municipio de Zarzal era la CVC y la encargada de su mantenimiento y reparación. (...)” (fl. 41, cdno. 1 A.).

4. Daño antijurídico.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

... antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(2).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

(...) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(3).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución(4).

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(5). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(6), anormal(7) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(8).

Se encuentra plenamente demostrado que el señor Rubén Darío Herrera Marín falleció el 25 de noviembre de 1993 cuando se dispuso a cambiar un pin aislador similar en un poste ubicado en la zona urbana del municipio de Zarzal y, como consecuencia de lo anterior, obtuvo una descarga eléctrica que le ocasionó su muerte. Lo anterior, se corrobora con el registro civil de defunción y el levantamiento del cadáver realizado el día de los hechos (fls. 8, cdno. 1 y 6 cdno. 1 A).

5. Imputación de responsabilidad.

En cuanto concierne al título de imputación del daño alegado por la parte actora, aplicable al caso concreto, es importante señalar que:

(...) los eventos de conducción de energía eléctrica ha sido definida por la jurisprudencia de la corporación como una actividad peligrosa(9), y que siendo una prestación del servicio en beneficio de la comunidad, también genera un provecho para quien lo presta, y si de esta actividad se generan daños, debe responder quien creó el riesgo(10).

Por lo tanto, el régimen de imputación del riesgo excepcional mantiene como fundamento el concepto de daño antijurídico previsto en el artículo 90 de la Carta Política, en la medida en que éste comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(11). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse, la carga de probar la inexistencia de una causa extraña como fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

Sin embargo, con base en el principio de iura novit curia, resulta necesario precisar que el juez puede, del estudio de las pruebas, abordar el caso bajo una falla del servicio que revele el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada, bien por acción o por omisión (...)(12)(13).

Así mismo en sentencia del 14 de junio de 2001(14), se expuso que:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política (...)(15).

“Al actor le bastará probar la existencia del daño y la (relación de causalidad) entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.

Igualmente, esta sección(16), en otra oportunidad en relación con la responsabilidad del Estado, derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje manifestó,

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”.

De los planteamientos anteriores, es factible anotar que el régimen de imputación del riesgo excepcional tiene su asidero y sustento en el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida en que éste comporta una lesión a un bien jurídicamente amparado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(17). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la ocurrencia de una causa extraña.

Respecto del caso en concreto, se tiene por probado lo siguiente:

Entre la CVC y la firma Soinco Proyectos Limitada se suscribió la orden de trabajo SE-OE-083-93 del 15 de octubre de 1993 cuyo objeto era el cambio de calibre primario en la carrera 6 entre calles 9 a 15 (Zarzal - Valle) con un plazo de 24 días contados a partir del 5 de noviembre de 1993, día en el cual se dio la orden de inicio (fls. 140, cdno. 1 y 4 a 9, cdno. 1 A).

Si bien no aparece prueba de la relación contractual efectuada entre la sociedad Soinco Proyectos Limitada y el señor Eugenio Arvey Hoyos, en los hechos de la contestación del llamamiento, dan por cierto que contrataron los servicios de este último para la ejecución de las obras (fl. 212, cdno. 1). A su vez, el señor Eugenio Arvey Hoyos al contestar el llamamiento en garantía indicó conforme a su argumentación, que el señor Rubén Darío pertenecía a su equipo de trabajo, sin que se haya aportado prueba del vínculo laboral entre éstos, pero de acuerdo con el acta de conciliación 080 del 10 de marzo de 1994 emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los padres del occiso y el señor Eugenio Arvey acordaron como pago de las obligaciones de tipo contractual por el accidente de trabajo ocurrido, la entrega de una propiedad cuyo registro se realizó el 8 de febrero de 1994 (fl. 207, cdno. 1).

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se tiene como pruebas el acta de levantamiento de cadáver elaborado por el inspector en el que indicó que aproximadamente a las 6:10 de la tarde el occiso se encontraba trabajando en un poste ubicado en la carrera 6 entre calles 12 y 13, siendo sorprendido por la energía (fl. 6, cdno. 1 A); así mismo, en la copia de necropsia emitida por el médico forense se indicó como fecha de la muerte el 25 de noviembre de 1993 a las 18:10 p.m. (fls. 3 y 4, cdno. 1 A).

La parte actora en su escrito de demanda adujo que el señor Rubén Darío Herrera Marín, quien pertenecía a la cuadrilla del señor Eugenio Arbey Hoyos, para el día de los hechos se encontraba efectuando unos trabajos con las precauciones cotidianas como el tener un cinturón y guantes aislantes (medidas de seguridad industrial) y murió aproximadamente a las 6:03 de la tarde, producto de la falla por parte de la entidad demanda al no constatar que el personal no estuviera laborando y se hubiera encontrado fuera de la línea (fls. 74 y 75, cdno. 1), sin embargo, en sus alegatos de conclusión de primera y segunda instancia, así como en el recurso de alzada, aseguró que el señor Rubén Darío falleció antes de las seis de la tarde. Estas últimas aseveraciones surgen de las declaraciones efectuadas por los señores Edilberto Vélez Ramírez (fls. 31 y 32, cdno. 1 A); Evelio Paredes Villafañe (fls. 32 y 33, cdno. 1 A); Andrés Felipe López Barbosa (fls. 34 y 35, cdno. 1 A) y María Jesús Quintero de Barbosa (fls. 35 y 36, cdno. 1 A), quienes eran vecinos del lugar donde ocurrió el fallecimiento del señor Herrera Marín y que indicaron lo siguiente:

Evelio Paredes Villafañe (declaración jul. 24/97, fls. 32 a 34, cdno. 1 A).

“(...) El día del accidente yo llegué a la casa (…) mi casa queda al frente donde sucedió el accidente (...) los muchachos estaban trabajando en ese poste (...) faltaba un cuarto para las seis de la tarde cuando el muchacho que estaba arriba en la línea le tiró algo el que estaba abajo, es decir como una manila o un cable, el muchacho se zafó el cinturón, es decir el que estaba arriba, iba a empezar a descender cuando de pronto hizo un arco de candela, el muchacho cayó al suelo (...). PREGUNTADO: Sírvase manifestar si durante el tiempo que ud. estuvo observando a la pareja que laboraba en el poste frente a su casa fue avisada en algún momento por psersonal (sic) de la CVC, o se (sic) los contratistas que trabajaban en la obra que se iba a colocar el servicio de energía que las labores habían terminado? CONTESTO: En ningún momento les avisaron que se bajaran del poste (...)”.

Edilberto Pérez Ramírez (declaración jul. 24/97, fls. 31 a 32, cdno. 1 A).

“(...) siendo más o menos las cinco y cincuenta de la tarde estuve yo en la esquina de la calle 13 con cra. 6ª, observando tres personas que se encontraban trabajando en la esquina de la calle 13 con carrera 6ª, y vi que bajaron la escalera de una camioneta y entre dos trabajadores comenzaron a subir la escalera ahí en la calle 13 hasta llegar al encuerdado de la energía y luego se subió uno de ellos y quedó uno solo en el piso sosteniendo la escalera, después otro le pasaba recortes de cables de energía para unirlos es decir el encuerdado que venía de la calle 13 con la carrera 6ª, pues ese encuerdado quedó completamente unido. Posteriormente el señor que estaba arriba le dijo que le pasara unos recortes más largos que era para unir un encuerdado que pasa por encima de la primaria. Una vez que le pasó los cables le dijo páseme el otro, entonces el de abajo le contestó nos van a colocar la energía ya se agota el tiempo, entonces el de arriba le dijo al de abajo que pasara el aviso a la base, entonces el señor que estaba en el piso salió corriendo donde estaba la camioneta Toyota que se encontraba estacionada pues no sé si sería de la compañía o no porque y muy poco conozco esos vehículos. Pues el que estaba en el piso se montó en la camioneta y se fue para la base o sea para la planta de CVC, a dar aviso, pues yo de inmediato me senté en el andén por cuanto ya se había terminado la labor, cuando a los tres minutos más o menos fue la explosión (sic), observamos una volta de candela en ese sitio y varias personas acudieron hacia allá (...) y luego oí un comentario que dijeron que hoy sí colocaron la energía más antes enseñados a colocarla a las seis y cuarto de la tarde (...) PREGUNTADO: Puede ud. presentarnos la hora exata (sic) en que ocurrió el accidente en el cual apareció electrocutado el señor Rubén Darío Herrera? CONTESTO. Este caso se presentó antes de las seis, porque el comentario del personal que pasó de verlo decían que la luz había sido puesta antes de las seis enseñados a ponerla a las seis y cuarto de la tarrld (sic) (…)” (resaltado por la Sala).

Andrés Felipe López (declaración jul. 24/97, fls. 34 y 35, cdno. 1 A).

“(...) pues yo no vi a nadie que fueran a avisar de que pusieran la luz. Tango (sic) para manifestar que en ese momento el joven que se encontraba arriba del poste ya se encontraba desamarrando para bajarse y eso fue antecito de las seis. (…) PREGUNTADO: Durante el tiempo que ud. estuvo observando a la pareja que laboraba en ese poste pudo constatar que personal de la CVC o de los contratistas de la CVC, arrimaran a dicho poste a advertir a dicha pareja que se iba a restablecer el servicio de la energía? CONTESTO: No les avisaron (…)”.

María Jesús Quintero (declaración jul. 24/97, fls. 35 y 36, cdno. 1 A).

“(...) unos muchachos que estaban trabajando con la CVC eso fue al frente de mi casa (...) y en ese poste se encontraba trabajando un muchacho pues uno de ellos se encontraba en la parte alta y otro en la parte de bajo, (...) y cuando volví a subir y faltaba un poco más o menos unos diez para las seis escuché una exploción (sic) impresionante y el muchacho que estaba arriba cayó en llamas al suelo. (…).

Sin embargo, contrario a lo expresado por la parte actora, en el que conforme con las declaraciones de 4 testigos presenciales de los hechos, que indicaron que la reconexión del servicio fue antes de las seis de la tarde y por ende la muerte del señor Herrera Martín fue a esa misma hora, las pruebas documentales como el levantamiento de cadáver y la necropsia, indican lo contrario, esto es, la muerte del señor Rubén Darío se produjo aproximadamente a las 6:10 de la tarde. Estos documentos tienen fecha de 25 y 26 de noviembre de 1993, documentos que son más cercanos y dan fiel reflejo de los acontecimientos sucedidos el día de la muerte del señor Herrera Marín.

Ahora bien, conforme al recurso la parte actora consideró que en el presente caso no existía prueba que demostrara que al señor Rubén Darío se le hubiese informado que sus labores debían terminar y que se iba a reactivar la energía. Aunado a lo anterior, el tribunal no pudo concluir que se presentó una culpa exclusiva de la víctima en los testimonios de aquellos que tienen una vinculación con las entidades demandadas, por cuanto se encuentran bajo el concepto de testigos sospechosos al tenor de lo previsto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a las declaraciones mencionadas por la parte actora, se tiene que el fallecido hizo caso omiso a la orden impartida por el Eugenio Arvey Hoyos, esto es la instrucción consistente en no seguir trabajando debido a que se iba a restablecer el servicio de energía. Lo anterior se constata con la declaración rendida por el señor José Antonio Martínez, quien era compañero de trabajo del señor Herrera Marín para el día de los hechos y, que al momento de la declaración prestaba sus servicios en la empresa Proservis Ltda., al expresar que: (fls. 312, 315, cdno. 1)

“(...) Empezaba a oscurecer eran las seis pasadas, pasó el capataz nos dijo que no nos subiéramos más que iban a cerrar, él salió para la empresa pues iban a conectar la energía, yo me le adelanté al compañero y más adelante miré y él ya no estaba por allí, entonces me devolví, cuando lo vi era que ya estaba subido en el poste, me dijo que iba a arreglar una amarra o algo que estaba mal, yo le insistí que se bajara y en ese momento fue que se vio el reflejo de un candelazo y fue cuando cayó el suelo” (fl. 313, cdno. 1).

“(...) El señor Harbey Hoyos nos ordenó a Rubén Darío y a mí que no fuéramos a subir más al poste que él iba para la subestación para que cerraran el circuito” (fl. 314, cdno. 1).

PREGUNTADO: Sírvase manifestar si usted recuerda el sitio exacto donde se encontraba laborando el día en que perdió la vida el señor Rubén Darío Herrera. CONTESTO. Estábamos en el municipio de Zarzal dentro del perímetro urbano, al momento del accidente Rubén Darío estaba subido en el poste donde estaba instalada la línea eléctrica, yo estaba en el suelo. PREGUNTADA. Cuál era su labor específica en el momento en que ocurrió el accidente. CONTESTO. En el momento en que ocurrió el accidente yo le estaba diciendo a Rubén Darío que se bajara del poste (…)”.

La víctima junto con su compañero de trabajo, tenían conocimiento del restablecimiento de la energía eléctrica a una hora aproximada de la seis de la tarde, esto se corrobora con la declaración de Edilberto Pérez, testigo presencial del hecho al indicar que:

“(...) Posteriormente el señor que estaba arriba le dijo que le pasara unos recortes más largos que era para unir un encuerdado que pasa por encima de la primaria. Una vez que le pasó los cables le dijo páseme el otro, entonces el de abajo le contestó nos van a colocar la energía ya se agota el tiempo, entonces el de arriba le dijo el de abajo que pasara el aviso a la base (...)” (fls. 31 y 32, cdno. 1 A).

Así mismo lo manifestó el señor Jaime Jaramillo Home Home (declaración ago. 5/97, fls. 290 a 295, cdno. 1) interventor de las obras y auxiliar de ingeniería para la época de los hechos al indicar que:

“(...) PREGUNTADO: Informe al despacho si en su calidad de interventor de la obra a la que hacía referencia la orden de trabajo citada, adoptó las medidas de seguridad para el personal encargado de la ejecución de la misma teniendo en cuenta para su objeto el cambio de calibre primario y que para el efecto debía coordinarse extrictamente (sic) las actividades con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. CONTESTO. Sí se adoptaron las medidas de seguridad, cuando ellos iban a trabajar tenían que tener su casco puesto, su cinturón de seguridad, sus botas, hay un horario de suspensión de energía que era de las 12:00 M hasta las 6:00 p.m. Esa suspensión se hacía en razón de las obras (…) (fls. 291 y 292, cdno. 1) (...) PREGUNTADO. Recuerda usted el accidente presentado el 25 de noviembre de 1993 en el sitio donde se realizaban las obras en ejecución de la orden de trabajo citada cuando resultó electrocutado el señor Rubén Darío Herrera Marín, que al parecer desempeñaba funciones de linero en la obra. (...) CONTESTO. Sí conozco el caso del señor Rubén Darío, las suspensiones eran programadas desde las 12:00 M hasta las 6:00 PM. pero no se llegó a colocar el servicio a las 6:00 P.M. en ninguna de las suspensiones este día me tocaba afrontar cuadro(sic) obras más, antes de las 6:00 P.M., comencé a visitar cada frente de trabajo para poder coordinar el cierre del circuito observando de que todo el personal estuviera fuera de la línea a eso de las 6:05 de la tarde arrimé a las subestación de Zarzal donde es operación y mantenimiento, me habían informado por radio de que el señor Harbey Hoyos capataz de la firma Soinco, había llegado a la subestación a las 5:30 P.M., a informar que le había dado la orden a su personal, que los trabajos habían culminado y que nadie subiera a los postes cuando yo iba en camino hacia la subestación me encontré a los trabajadores de Harbey Hoyos y confirmé con ellos si el personal estaba fuera dze (sic) línea y donde estaba Harbey, me dijeron que estaba fuera de línea y que Harbey, se había ido a la subestación a informar de que por parte de él se podía colocar el servicio de energía. Al ver yo de que todos estaban fuera de línea, di la orden a operación Zarzal para que cerraran el circuito. Eso fué (sic) aproximadamente entre las seis y diez y las seis y veinte de la tarde. Al cerrarse este circuito se escuchó un corto y hubo rechazo del cierre del circuito, pensábamos de que se había quedado una línea aterrizada por parte de la cruceta, cuando estábamos llegando hacia el sitio, tanto Harbey como el personal de la operación, los usuarios de esa cuadra nos empezaron a gritar que éramos unos asesinos que habíamos matado al muchacho. Cuando llegamos al sitio vimos que era un trabajador de Harbey lo recogimos y lo llevamos al Hospital de Zarzal, cuando llegamos al Hospital de Zarzal él ya había muerto, comenzamos a preguntar qué había pasado, él andaba con un ayudante, pues todos los lineros andan con su ayudante, y lo que él nos informó fué (sic) que vió (sic) un pin para cruceta de madera y lo iba a cambiar por el de cruceta metálica, que como no cerrábamos el circuito a la hora exacta él alcanzaba a cambiarlo, pero sin informarle ni al capataz jefe, Harbey, ni a operación y mantenimiento de Zarzal, él ya se había quitado la faja porque ya se iba a descolgar por el poste para bajarse, pero al cerrar el circuito el arco lo alcanzó a coger y lo rechazó, o sea lo expulsa (...).

Ahora bien, aparece dentro del plenario copia autenticada del informe de reporte de accidente con fecha 29 de noviembre de 1993, elaborado por el señor Jaime Jaramillo Home, mediante el cual se indicó que,

(...) El día 25 de noviembre de 1993, se tenía una suspensión de energía de las 12 p.m. a 6 p.m., en el municipio de Zarzal; para realizar trabajos de cambio de calibre de red primaria con las firmas Jairo Gonzalez (sic) V, Gerardo Martinez (sic), Mundinel Ltda. y Soinco Proyectos Ltda. A las 12 del mediodía las firmas mencionadas se presentaron en el sitio de trabajo a las 5:30 p.m. se comenzó a visitar las distintas fuentes de trabajo pues ya se aproximaba la hora de restablecer el servicio de energía (...) por último la de Soinco encontrándome en el trayecto con los trabajadores y averigüé por el capatáz (sic) señor Arbey Hoyos contestándome que se encontraba en la subestación Zarzal.

Cuando llegué a la subestación el señor Javier Zapata me informó que el señor Arbey estaba libre a las 5:30 p.m., mas sin embargo lo verifiqué con él y me lo confirmó, entonces procedí, a dar la orden para restablecer el servicio a las 6:05 p.m.

Al cerrar los interruptores de la subestación se produjo un arco a tres cuadras de la misma, sacando de servicio a la subestación de Zarzal. Procedimos a visitar el sitio donde se observo (sic) el daño, al acercarnos los vecinos nos informaron que se había matado una persona, al llegar al sitio confirmamos que el señor Rubén Darío Herrera Marín (...) se encontraba en el suelo se nos comunicó que el trabajador se había subido al poste a cambiar un pin del aislador, sin autorización del capatáz (sic), al finalizar el trabajo este se salto (sic) la faja, para proceder a bajarse en el mismo instante que se restablecía la energía, lanzandolo (sic) al suelo (...)” (fl. 124, cdno. 1) (resaltado por la Sala).

En igual sentido el Oficio SSDZN-139-93 de 26 de noviembre de 1993, emitido por el ingeniero Freddy J. García, trabajador de la CVC expresó que:

El día de ayer ocurrió un accidente en el cual murió un liniero cuyo nombre era Rubén Darío Herrera (...)

Los hechos ocurrieron de la siguiente forma. A eso de las 5:15 p.m. el capataz (Sr. Arvey Hoyos) del ing. Néstor Ricardo Arangón dio la orden al personal para que se bajaran de los postes y efectivamente lo hicieron y en el recorrido del sitio de trabajo a la subestación el señor Herrera llevaba un pin (85), (...) entonces procedió a hacer el cambio sin avisar al capatáz (sic) de esto no se percató el resto del personal.

A las 6:10 p.m. el señor Jairo Jaramillo interventor de Electrificación de Cali se presentó a operación Zarzal para solicitar el cierre del circuito ya que los capataces le habían confirmado la culminación de las labores del día y que el personal estaba fuera de línea. Luego se procedió a cerrar unos puentes y posteriormente se dio la orden de cierre de circuito, el cual se disparó (...) por falla a tierras. Segundos después informó el Sr. Ovidio Hernández que un trabajador se estaba bajando de la cruceta cuando entró el circuito lo que ocasionó el desprendimiento de este de la cruceta porque no estaba fajado (...) (flb. 125, cdno. 1) (resaltado por la Sala).

De la misma forma, el señor Freddy Javier García Galvis, señaló (declaración ene. 28/98, fls. 305 a 309, cdno. 1).

(...) CONTESTO. Sí conozco los hechos, en esa fecha se tenía programado una suspensión para llevar a cabo una remodelación de las redes urbanas del municipio de Zarzal, ese día estaban trabajando varias cuadrillas a cargo de un interventor Jaime Jaramillo, también vinculado a la empresa, una de las cuadrillas estaba a cargo del señor Arbey Hoyos quien terminó labores de cambio de crucetería y línea a eso de las cinco y treinta de la tarde, una vez culminado el trabajo ordenó a todos sus lineros que se retiraran de la postería porque ya iba a pasar el informe a la sede de operaciones de que habían terminado las labores del día. Efectivamente así lo hizo comunicándoselo al interventor el señor Jaime Jaramillo y éste a su vez le informó a la oficina de operación Zarzal para que procediera a energizar el circuito, cuando se hizo la maniobra, el circuito se abrió automáticamente por una falla, la que radicaba en el choque eléctrico causado al señor Rubén Darío Herrera Marín, quien de una forma autónoma decidió subirse a un poste desconociendo la orden impartida por su jefe de cuadrilla (...). PREGUNTADO. Informe al despacho cuáles son las medidas preventivas que adopta la empresa, prestadora del servicio eléctrico cuando en razón de trabajos especiales que ella deba adelantar, sea necesaria una suspensión en el fluido o en general cuando se vayan a ejecutar operaciones riesgosas, a fin de prevenir posibles accidentes de personas particulares, trabajadores o empleados. CONTESTO. El procedimiento normal de seguridad es establecer una jerarquía de la información, es decir, los lineros o empleados de cuadrilla le deben reportar al jefe de cuadrilla o capataz, y éste a su vez le reporta al interventor del trabajo el interventor es la única persona autorizada para ordenar la energización o desenergización del circuito. El interventor siempre verifica que el para(sic) de trabajo esté debidamente condenada, es decir, que a las líneas se le hayan instalado el sistema de puesta a tierra para protección de los lineros. La protección a tierra siempre se retira cuando se verifica que las labores han sido terminadas y que el personal esté fuera de línea. (...) CONTESTO. Cuando el capataz emite una orden al personal de cuadrillas estos deben acatarla y cualquier trabajo adicional que ellos deseen hacer deben ser previamente autorizados por el capataz, razón por la cual el señor Rubén Darío Herrera no cumplió con el procedimiento de trabajo que normalmente se hace en trabajo de cuadrillas. (...).

De acuerdo con el argumento expresado por la parte actora al considerar que las declaraciones de estas personas se encuentran inmersas en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que se comprobó que los señores Jaime Jaramillo y Freddy Javier García si bien laboraron para la CVC al momento de los hechos, pero no se puede considerar que tales declaraciones sean inmediatamente desechadas, por cuanto es la autoridad judicial quien de acuerdo con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, valorará las pruebas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el juez exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas. Lo anterior se fundamenta en el reconocimiento que la Carta Política hace al juez para valorar las pruebas que se aportan o allegan a un proceso, autonomía que como principio de rango constitucional consagran los artículos 228 y 230 de la Carta Política. Ese ejercicio de valoración de las pruebas deberá efectuarlo a partir del análisis conjunto de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, justificando la ponderación que de ellas hace y descartando sólo aquellas ilegal, indebida o inoportunamente allegadas, pues ello “...implicaría violar el derecho de defensa y el principio de publicidad y la posibilidad de contradicción de los medios probatorios, los cuales son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento”(18).

Así mismo, en el precedente constitucional al valorar las pruebas junto con las reglas de la sana crítica expresó que

Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento(19).

Por lo anterior, conforme a lo atrás mencionado, se concluye que las declaraciones de estas personas se corresponde con lo que probatoriamente se encuentra dentro del plenario, como lo son las pruebas documentales que demuestran una realidad diferente

a lo planteado por la parte actora en su recurso de alzada. Implica lo anterior que si bien estas personas tenían una dependencia con las entidades demandadas, lo cierto es que los documentos evidencian una realidad deferente, esto es, que el señor Rubén

Darío junto con su compañero de trabajo conocían de la orden impartida por el capataz, esto es, el restablecimiento de la energía a la hora aproximada de seis de la tarde y debieron suspender sus actividades para así evitar algún tipo de accidente.

Ahora bien, respecto a la participación de la propia víctima en la materialización del resultado lesivo, la ruptura de la imputación al estado del daño debe estar revestida de los calificativos de irresistibilidad, imprevisibilidad y su exterioridad respecto del demandado(20), como se decanta del precedente de esta corporación:

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(21)(22).

En el mismo sentido:

“El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo(23).

La parte actora tanto en la demanda como en la sustentación de los alegatos de conclusión y en el recurso de alzada, sostuvo que el accidente fue producto del riesgo excepcional presente en la prestación de servicios de energía eléctrica, riesgo que la víctima no estaba en la obligación de soportar. Adujo, que a pesar de que la Corporación Autónoma Regional era la propietaria de las redes eléctricas del municipio de Zarzal, no participó en la ejecución de la obra directamente, al contratar ésta a la sociedad Soinco Proyectos Limitada para la prestación de los servicios a su cargo, debe entenderse como si ella misma lo hiciera.

Dentro del recurso de apelación interpuesto, el recurrente consideró que no se probó que se le hubiera comunicado efectivamente al occiso Rubén Darío Herrera, que sus labores habían culminado por lo tanto, no considera que se esté presente de la culpa exclusiva de la víctima, como hecho exonerador.

En efecto, obran en el proceso pruebas suficientes sobre la culpa exclusiva de la víctima en los hechos de la demanda, pues las declaraciones antes citadas y las pruebas documentales, son coincidentes al afirmar que el señor Rubén Darío Herrera, procedió a seguir realizando labores pese a que su capataz le había dado la instrucción de no seguir ejecutándolas. Fue el mismo occiso, quien se expuso a un riesgo para el cual no había sido designado.

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que el señor Herrera asumió la ejecución de esa tarea sin el consentimiento de la entidad demandada, de manera que se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima, porque las labores que en el momento del accidente ejecutaba, no fueron conocidas por la administración, o por lo menos ello no se acreditó en el proceso, lo cual torna su actividad en un hecho imprevisible e irresistible para el ente público.

Así las cosas, concluye la Sala que el fallo apelado debe ser confirmado, en negar las pretensiones de la demanda, por haberse probado la culpa exclusiva de la víctima como hecho exonerador.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de septiembre de 1999.

2. Sin condena en costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La mayor pretensión dentro del proceso corresponde a mil (1.000) gramos oro por perjuicios morales. Para la época de presentación de la demanda (nov. 24/95) el valor de gramo oro correspondía a $ 11,843.76, esto es, un total de $ 11.843.760, valor que supera el mínimo para que fuera susceptible de doble instancia (1994-1995 $ 9.610.000).

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el Constituyente de 1991 amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra. Aranzadi, 2011, pág. 297.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., pág. 298.

(5) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

(6) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Radicación 2001-01541 AG.

(7) Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

(8) Sentencia de 2 de junio de 2005. Radicación 1999-02382 AG.

(9) Ver entre otras sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 12.696, del 23 de enero de 2003, expediente 12955 y 28 de abril de 2010, expediente 18646.

(10) Sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 19067.

(11) Sentencia del 31 de mayo de 2007, expediente 16898.

(12) Ver sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 19067.

(13) Posición expuesta en sentencia del 25 de julio de 2011, expediente 19694.

(14) Sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12696.

(15) Ver, entre otras, sentencia del 16 de junio de 1997, expediente 10024.

(16) Sentencia de 15 de marzo de 2001, expediente 11162.

(17) Sentencia del 31 de mayo de 2007, expediente 16898.

(18) Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de marzo de 1992.

(19) Sentencia C-622 de 1998.

(20) Posición reiterada que puede consultarse en sentencia del 19 de agosto de 2011, expediente 19952.

(21) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud. Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 24972.

(22) Sentencia de 9 de mayo de 2011, expediente 19976.

(23) Sentencia de 30 de agosto de 2007, expediente 15635.