Sentencia 1995-03949 de agosto 21 de 2003

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Radicación número: R-3949

Proceso número: 14014

Actor: Maria Lucila Chica De Betancur y Otros

Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa– Policia Nacional

Referencia: Indemnizatorio

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil tres.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 19 de junio de 1997, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda y se condenó en costas a la parte actora.

I. Antecedentes  

1. La demanda 

Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 1996 ante la Oficina Judicial de Armenia (fl. 30 vto. cdno. ppal.) y entregado el día 13 de los mismos mes y año al Tribunal Administrativo del Quindío (fl. 45 cdno. ppal.), a través de apoderado, los señores María Lucila Chica de Betancur (madre), María Ligia Castaño Alvarez (esposa), Gonzaga de Jesús, Francisco Javier, José Wilson, Luis Hebertp, Aura Marina, Blanca Aide, Dora Ensueño y María Luzmila Betancur Chica (hermanos), presentaron demanda para que se declare la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios morales y materiales causados por razón de la muerte del señor Luis Carlos Betancur Chica, ocurrida el 30 de abril de 1995 en el municipio de Quimbaya (Quindío), causada por agentes de la Policía Nacional.

2. Los hechos 

En la demanda, se narran los siguientes:

“1. Para el 30 de abril (sic) de 1995, los artesanos habían establecido sus modestas tiendas en el Parque Principal (sic) de la población de Quimbaya (Quindío), como es tradicional en las festividades.

“2. Entre los artesanos que se desplazaron hasta Quimbaya, se encontraba LUIS CARLOS BETANCUR CHICA..

“3. Aproximadamente hacia las 8:30 p.m., se presentó falla en el servicio del fluido eléctrico y por tanto, se desplazaron hasta el lugar de las artesanías, unas unidades más de Agentes de la Policía Nacional, dizque para reforzar vigilancia.

“4. De pronto se escucharon unos disparos y sin justificación de naturaleza alguna, se inició la persecución a balazos por parte de una patrulla de la Policía Nacional del artesano LUIS CARLOS BETANCUR CHICA, quien a escasa distancia, resultó vilmente acribillado por las balas oficiales.

“5. En efecto, la patrulla estaba comandada por el Sargento RICARDO ROJAS CALDERON, casualmente comandante de la Estación de Policía de Quimbaya e intervinieron los Agentes JAIRO ALBERTO GIRALDO ZULUAGA y ARNOLDO URBANO SUAZA, quienes en el operativo dispararon alrededor de unos quince (15) cartuchos.

“6. La patrulla policial se encontraba en ejercicio de sus funciones, portaban armas de dotación oficial y los cartuchos habían sido entrego para funciones del servicio, amén de hallarse debidamente uniformados, situación que de suyo compromete la responsabilidad, pues no es fácil entender que tres (3) profesionales de las armas, respaldados por los Agentes de Policía JOSE HERNAN ZAPATA LONDOÑO y JOSE FERNANDO MEJIA VARGAS, fueran incapaces de sortear cualquier situación protegiendo la vida del artesano.

“7. Desde luego que no se hará esperar como un hecho propio del debate, la manida defensa de los policiales de haberse procurado arrebatarle el arma a uno de los policiales por la tan conocida legítima defensa que una y otra vez, se cacarea en los Tribunales.

“Pero lo que no puede olvidarse como hecho cierto, es que las armas fueron disparadas contra un fugitivo, como si fuera un animal fiero, sujeto pasivo de los cazadores.

“8. La investigación por virtud de estos hechos es adelantada por el Juzgado 81 Penal Militar con sede en Armenia (Q).

“Igualmente, al Sargento RICARDO ROJAS CALDERÓN, a los Agentes JAIRO ALBERTO GIRALDO ZULUAGA, y ARNOLDO BURBANO SUAZA, se les adelantó investigación de carácter disciplinario, que hasta donde se conoce, culminó de manera desfavorable para los uniformados.

“9. Reclama daños y perjuicios materiales MARIA LIGIA CASTAÑO ALVAREZ, en su condición de esposa legítima y por la pérdida de la ayuda económica que venía recibiendo –LUCRO CESANTE- del fallecido LUIS CARLOS BETANCUR CHICA, quien se desempeñaba como artesano, devengando unos ingresos equivalentes a $200.000.00

“Para efectos de la estimación de los perjuicios, serán atendidas las pruebas que se acerquen al proceso en relación con los ingresos, la supervivencia del afectado, al esperanza de vida de la esposa reclamante, los ingresos y su destinación, la falta de productividad del fallecido – LUCRO CESANTE-, igual por lo menos a los intereses con corrección monetaria de la indemnización causada desde la fecha del hecho –30 de Abril (sic) de 1995-, hasta cuando se produzca su efectivo cumplimiento, liquidación que deberá hacerse teniendo en cuenta el FACTO POR RENTA, aceptado por la Jurisprudencia y la Doctrina, para la estimación de al indemnización FUTURA..

“El guarismo base deberá actualizarse al momento de liquidar los perjuicios, descontando el 25% para los gastos personales del fallecido y el 75% para la esposa reclamante.

“La indemnización de dividirá en dos (2) periodos :

El consolidado, constituido por las sumas dejadas de percibir desde la fecha del hecho (30 de Abril –sic- 1995), hasta la fecha de presentación de la demanda (Marzo –sic- de 1996), para un total de once mesadas, que multiplicadas por $150.000.00, nos arrojan un total de $1.150.000.00 para la esposa.

“Desde luego que esta indemnización deberá liquidarse posteriormente hasta la fecha de la sentencia.

La futura o anticipada, se estima atendiendo la supervivencia de la víctima, la esperanza de vida de la esposa reclamante, los ingresos y su destinación, tomando como fechas aquélla del hecho originario de la responsabilidad, hasta cuando sea fijado el tope de la indemnización.

10. Observando el hecho generador de responsabilidad; los sujetos activos del homicidio (Agentes de la Policía Nacional); las funciones que cumplían (policiales); las funciones que desempeñaban; los artefactos utilizados (armas de dotación oficial); la calidad de los demandantes; los daños y perjuicios causados, se concluye la responsabilidad de la administración y por consiguiente la relación de causalidad.” (fls. 14 a 19 cdno. ppal. –mayúsculas fijas y negrillas del texto).

3. Contestación de la demanda 

La entidad demandada, dentro de la oportunidad legal, se opuso a las pretensiones, esgrimiendo como defensa la culpa de la víctima en la producción del resultado dañoso (fls. 58 a 61 cdno. ppal.). Al efecto, expuso:

En relación en (sic) las pretensiones formuladas por el señor apoderado, me permito manifestar al Honorable Magistrado Ponente, que me opongo a las mismas por cuanto considero que no hay lugar a la prosperidad de la pretensión resarcitoria instaurada por no encontrarse reunidos los elementos integradores de la responsabilidad de la administración ya que quienes actuaron en la comisión del hechos descrito en la demanda, lo hicieron en ejercicio del servicio; la irregularidad que se presentó se originó en la propia conducta punible del occiso LUIS CARLOS BETANCUR CHICA, al encontrarse en actuaciones delincuenciales, es decir, obrando contra los bienes de los ciudadanos que participaban en la referida feria artesanal y que al ser sorprendido en su criminal actividad optó por enfrentar inicialmente a los agentes de la autoridad legalmente constituida y luego al tratar de huir tratando de burlar las ordenes que lo conminaban para que se sometiera pacíficamente recibió las lesiones que le ocasionaron la muerte, por lo cual se puede deducir que el daño inferido al occiso, es el producto de su propia culpa personal, lo que la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha denominado Culpa Exclusiva (sic) de la víctima, que excluye de toda responsabilidad administrativa a la Nación Colombiana Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.” (fls. 59 y 60 cdno. ppal.).

4. Audiencia de conciliación. 

Ante el a quo, el 12 de julio de 1996 y el 27 de febrero de 1997 , se surtió el trámite propio de la audiencia de conciliación, sin que se obtuvieran resultados positivos (fls. 80 y 108 y 108 vto. cdno. ppal., respectivamente).

5. La sentencia de primera instancia 

El a quo, mediante sentencia del 19 de junio 1997 (fls. 128 a 137 cdno. ppal), denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Estimó el tribunal de instancia que en el sub judice, tuvo ocurrencia la culpa exclusiva de la víctima, que exonera de responsabilidad a la parte demandada. Sobre este particular, expuso:

“Así las cosas, resulta claro para la Sala que BETANCUR CHICA falleció a consecuencia de los disparos hechos por el agente JAIRO GIRALDO ZULUAGA en respuesta a la agresión del occiso, agente del orden que vigilaba la celebración de las festividades tradicionales en Quimbaya (Quindío), amparándose en la momentánea obscuridad (sic) ocasionada por falla en el fluido eléctrico, por lo cual prospera la causal de exoneración propuesta por el apoderado de la entidad demandada toda vez que la muerte de BETANCUR CHICA ocurrió por causa de su actuación ilícita.” (fl. 136 cdno. ppal. – mayúsculas fijas del texto).

6. El recurso de apelación. 

La parte actora (fls. 150 a 178 cdno. ppal.), discrepó de la decisión del tribunal, por considerar que contrario a los señalado por el a quo, en el caso presente no tuvo ocurrencia la culpa exclusiva de la víctima.

Señaló, que la decisión recurrida se fundamentó exclusivamente en el testimonio del Sargento Ricardo Rojas Calderón, ya que la declaración rendida por Jairo Alberto Giraldo Zuluaga no puede tomarse en consideración no solo porque éste fue el autor material el homicidio que originó el presente proceso, sino además, por cuanto no fue ratificada dentro del presente proceso.

Además de lo anterior, señala que la declaración en que se fundamentó el fallo adolece de inconsistencias, como que describe al detalle los hechos en que se afirma se agredió al agente Giraldo Zuluaga, a pesar que el deponente se encontraba a una distancia de 70 metros y que no había iluminación, precisamente por falta de fluido eléctrico.

Por el contrario, señaló la parte actora, que en la declaración del Guarda de tránsito Christian David Cecilio Holguin Fuentes, rendida ante el Juzgado 81 Penal Militar, dicho servidor publico fue enfático en afirmar que el señor Betancur Chica, no disparó ni amenazó a los agentes de la Policía Nacional que lo perseguían, con lo cual, sostiene la parte impugnante, queda desvirtuada la legítima defensa aducida por los miembros de la Policía Nacional que causaron la muerte a Luis Carlos Betancur Chica.

Por otra parte, refiere cómo la necropsia da cuenta que las heridas que presentaba el occiso fueron inflingidas con arma de fueron, en dirección de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de adelante había atrás, lo que al decir de la parte actora, permite establecer que fueron causadas cuando la víctima se encontraba en el suelo “… en circunstancias de profunda indefensión y en el mismo acto.” (fl. 165 cdno. ppal.) y no como afirman los miembros de la Policía Nacional que las heridas fueron producidas cuando el agente Giraldo Zuluaga disparó desde el suelo a su presunto agresor.

Además de lo anterior, señaló que el mismo Sargento Rojas Calderón en cuya declaración se fundamenta el fallo recurrido, según se desprende de la investigación disciplinaria adelantada por la Policía Nacional, no embaló adecuadamente las armas utilizadas, lo que imposibilitó el esclarecimiento de los hechos dentro de tal actuación administrativa.

Por último, en cuanto a la culpa de la víctima, precisó que no existen elementos probatorios en el expediente de los cuales se pueda colegir la forma en que se iniciaron los hechos que concluyeron con la muerte de Luis Carlos Betancur Chica, pues no resulta lógico ni está probado que éste hubiera atacado a un Policía armado, en cercanías del cuartel de la institución. Es decir, que no está demostrado que el occiso hubiera desarrollado una conducta ilícita en contra del agente de la Policía Nacional que luego le causó la muerte.

También cuestiona la parte actora, que una persona que presentaba cuatro heridas en el lado izquierdo de su cuerpo (clavícula, muslo, pierna y hemiabdomen), pudiera escapar de los agentes del orden tan fácilmente, cuando por el contrario lo que indican las pruebas en el expediente es que en realidad la víctima fue ejecutada, es decir, que las heridas mortales le fueron causadas luego de la persecución y no antes de la misma.

7. Alegatos de conclusión. 

Ni las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta etapa procesal.

II. Consideraciones de la Sala:

1. Los hechos probados  

En relación con los hechos de que da cuenta la demanda, obran en el expediente los siguientes medios probatorios:

1.1. Copia auténtica del Registro de defunción del señor Luis Carlos Betancur Chica (fl. 41 cdno. ppal), en donde consta que su muerte ocurrió el 1 de mayo de 1995 y que la cusa del deceso fue “SHOCK HIPOVOLEMICO HERIDA TRONCO ABDOMINAL. HERIDO PROYECTIL ARMA DE FUEGO” (mayúsculas del texto).

En el protocolo de necropsia (fls. 112 a 155 cdno. 2), se describen las heridas que presentaba el cadáver de Luis Carlos Betancur Chica y la causa de su deceso, de la siguiente manera:

Conclusión: Antecedentes heridas toracoabdominales con proyectil de arma de fuego, presenta sangrado abundante, muere por shock hipovolemico.

“Expectativa de vida. 30 años.

“Lesión (sic) de naturaleza. Necesariamente mortales.

“Manera de muerte compatible con. Homicidio.

“1-1. Orificio de entrada a nivel infraclavicular izquierda a 28 cms vértice y 13 cms línea media

“1-2. Orificio de salida a nivel vertebra (sic) toracica (sic) T3 – T6 a 35 cms del vértice y sobre lal (sic) línea media.

“1-3. Lesiona lóbulos superior e inferior pulmón izquierdo.

“1-3. De arriba abajo, de delante atras (sic), izquierda derecha.

“2-1. Orificio de entrada muslo izquierdo antera anterior e interna a 97 cms del vértice.

“2-2. Orificio de salida muslo izquierdo cara posterior a 99 cms del vértice.

“2-3. Lesiona músculo.

“2-4. De arriba abajo, adelante atrás, izquierda derecha.

“3-1. Orificio de entrada cara anterior y externa pierna izquierda.

“3-2. Orificio de salida cara posterior e interna pierna izquierda a 139 cms del vértice.

“3-3. Lesiona músculo (sic).

“3-4. de arriba abajo, izquierda derecha, adelante atras (sic).

“4-1. Región hemiabdomen izquierdo a 8 cms de la linea media y 65 cms del certice.

“4.2. No hay.

“4.3. Múltiples heridas en yeyuno e ileón.

“4.4 Arriba abajo, izquierda derecha, adelante atras (sic).” (fls. 113 y 114 cdno. 2, mayúsculas fijas y negrillas del texto).

1.2. Se allegaron los registros civiles de nacimiento de Gonzaga de Jesús, Francisco Javier, José Wilson, Luis Heberto, Aura Marina, Blanca Aide, Dora Ensueño, María Luzmila y Luis Carlos Betancur Chica, en donde aparecen como padres de los mismos Luis Angel Betancur y Lucila Chica (fls. 32 a 40 cdno. ppal.).

1.3. Por razón de los hechos en que resultó muerto el señor Luis Carlos Betancur Chica, se adelantó la correspondiente investigación disciplinaria dentro de la cual se produjeron las siguientes decisiones.

1.3.1. El 31 de agosto de 1995 la Sección de Asuntos Disciplinarios. Comando de Estación Armenia del Departamento de Policía del Quindío conceptuó que el agente Jairo Alberto Giraldo Zuluaga era responsable por haber transgredido el Reglamento de Disciplina y Etica de la Policía Nacional, al haber causado heridas a una persona como consecuencia del exceso en el uso del arma de dotación oficial y que el Sargento Ricardo Rojas Calderón y el agente Arnoldo Urbano Suaza también habían trasgredido la citada normatividad, al omitir la verdad o consignar hechos contrarios a la misma en el informe que rindieron sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Betancur Chica (fls. 109 a 115 cdno. 3).

1.3.2. El 11 de septiembre de 1995 el Comando de Policía del Departamento del Quindío, responsabilizó disciplinariamente a los referidos miembros de la Policía Nacional por razón de las faltas imputadas y solicitó al Director General de dicha institución que los destituyera del cargo (fls. 117 a 126 cdno. 3)

1.3.3. El 15 de noviembre de 1995, el Director General de la Policía Nacional revocó la decisión anterior, impuso sanción de multa al Sargento Ricardo Rojas Calderón y absolvió de responsabilidad a los agentes Jairo Alberto Giraldo Zuluaga y Arnoldo Urbano Suaza (fls. 153 a 166 cdno. 3).

Para arribar a tal decisión, el Director General de la Policía razonó así:

“El despacho luego de hacer una análisis pormenorizado de las probanzas allegadas al plenario, advierte que hubo falta de diligencia del suboficial por cuanto no embaló para el correspondiente experticio (sic) técnico los revólveres utilizados por los policiales aquí implicados, lo que ha imposibilitado el esclarecimiento de los hechos. Es dudosa la actitud del encartado por cuanto debido a su experiencia en el manejo de los procedimientos policiales olvidó u omitió informar al superior este tipo de detalles de vital interés para la investigación.

“Respecto de los policiales GIRALDO ZULUAGA JAIRO ALBERTO y URBANO SUAZA ARNOLDO el despacho considera ajustado a derecho su procedimiento, debido a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los hechos. Es de advertir que no se descarta exceso en el uso de la fuerza o desmanes en el cumplimiento de su deber, pero debido a la complejidad y a las dudas que se destacan, esta superioridad dará aplicación al principio de favorabilidad absolviendo de responsabilidad disciplinaria a los mencionados. Es sabido que a pesar de hallarse implicados indagatoriados (sic) por la Justicia Penal Militar, a la fecha no ha sido resuelta su situación jurídica.” (fl. 163 cdno. 3 – se destaca)

2. El régimen de responsabilidad aplicable 

Se estima pertinente, precisar el régimen de responsabilidad en el caso bajo estudio en el cual la muerte de Luis Carlos Betancur Chica, fue consecuencia de las heridas causadas con armas de fuego, accionadas por Agentes de la Policía Nacional

En relación con la responsabilidad derivada del uso de armas de dotación oficial, la Sala en sentencia del 30 de mayo de 2002, expediente número 68001-23-15-000-1993-9422-0, actor Zoila Robles González y otros, se dijo:

“Dado entonces que la muerte de Pinto Robles en las circunstancias que se dio, constituye un daño antijurídico por cuanto no estaba jurídicamente obligado a soportarlo y que el mismo se causó con arma de fuego de dotación oficial, accionada por un miembro del ejército, estima la Sala que hay lugar a imputarle al Estado dicho daño antijurídico con fundamento en el riesgo creado por el mismo Estado, como explotador que era de la actividad peligrosa generadora de aquel, configurándose así la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 90 de la Carta Política.

“Se aplica aquí un régimen de responsabilidad objetiva derivado del ejercicio de una actividad peligrosa generadora, a su vez, de un riesgo de naturaleza grave y anormal al que se sometió a Pinto Robles. Le correspondía en este caso a la parte actora demostrar, como lo hizo, la existencia del daño y la relación causal entre éste y la actividad administrativa generadora del riesgo.

“Por su parte, para exonerarse de responsabilidad, en casos como el presente, le correspondía a la Administración, y no lo hizo, acreditar la existencia de una fuerza extraña, esto es, fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.”

Observa la Sala que la información procesal recaudada, sobre la manera exacta como ocurrieron los hechos, en los cuales resultó muerto el señor Luis Carlos Betancur Chica resulta contradictoria. En efecto, de acuerdo con la anotación hecha en el Libro de Minuta de Guardia, no se desarrolló ninguna persecución, pues allí aparece consignado lo siguiente:

“Fecha 30-0-95

“Hora 19:30

“Asunto: Anotación

“A la hora en sector cra (sic) 5ª clle (sic) 16 esquina en momentos que prestaba el servicio el agente Giraldo Zuluaga Jairo control espectáculo público, un sujeto se le hacerco (sic) con arma de fuego a atracarlo y quitarle el arma de dotación y efectuarle (sic) disparo al uniformado [ilegible] logrando el agente herirlo en defensa propia lesionado atendido hospital local remitido hospital zona Armenia, agente salió ileso, hecho registrado en momentos que no había fluido eléctrico en el municipio…” (fl. 80 cdno. 3).

Sin embargo, en la declaración rendida dentro del proceso disciplinario por el Agente Arnoldo Urbao Suaza el 19 de agosto de 1995 (fls. 102m a 104), este afirmó que si se desarrolló una persecución en procura de capturar a Luis Carlos Betancur Chica e indica que no se le disparó a éste. Al respecto, aseveró que “… no se puede deducir que alguno de los que lo ibamos persiguiendo al fugitivo haya tenido la necesidad de disparar por que (sic) esa persona a la cual se estaba persiguiendo en ningún momento disparó a pesar de haberse volteado con esa intención, tal vez con el fin de atemorizarnos, pero no hice uso del arma de dotación para el servicio…” (fl. 103 cdno. 3)

Por su parte el Comandante de la Estación Quimbaya, Sargento Ricardo Rojas Calderón en el folio 115 del Libro de Población, anotó:

“En carrera 5ª Calle 16 Esquina, fue herido con Arma de Fuego, Revólver, Señor Luis Carlos Betancur Chica, 35 años Aproxidaxx/ (sic) cc #90'810.077 Supia (caldas), Sin más datos, Quine Presenta herida Cardioesternon y Superior [ilegible], tersio (sic) superior muslo izquierdo, Atendido hospital local y Remitido hospital Armenia donde falleció Posteriorxx/ (sic) a las 22:50 horas, incautándosele Revólver hechizo calibre 38 L, Cacha de Madera, Con 1 Vainilla Para el mismo, el cual disparó contra el Agente Giraldo Zuluaga Jairo, 34 años natural Quimb (sic), Casado, 3° bachiller, Código Civil #18'462083 Qum (sic) , hijo de Libardo y Orfilia, residente Urbanización Esmeralda Manzana 4 Casa 6 Armenia, resultando ileso, haciendo uso del arma de dotación oficial, revolver (sic) Smith Wesson Calibre 38 L, Nro. Interno 107 y Externo 4101753, Hechos cuando el occiso atacó Para despojar del Arma de dotación mencionada al uniformado, aprovechando que no había fluido eléctrico, Agentese encontraba de servicio control transito (sic) en Parque Festival Aguinaldo x (sic) La Alcaldía Municipal. Armas dejadas ordenes comandante.” (fl. 39 cdno. 3).

El mismo servidor publico en el oficio número 359 de 1° de mayo de 1995, dirigido al Juzgado 81 de Instrucción Penal Militar (fls. 40 y 41 cdno. 2), reitera las circunstancias fácticas indicadas en la anotación antes transcrita, pero agrega que la víctima cayó herida en la carrera 3ª entre calles 15 y 16 de la ciudad de Quimbaya.

Es decir, que se afirma por el Sargento referido que luego de atacar al Agente de la Policía Nacional, la víctima alcanzó a huir un tramo considerable, si se toma en consideración que estaba herido tanto en el pulmón izquierdo como en el intestino delgado, como se desprende de la autopsia practicada, que ya se transcribió parcialmente, lesiones éstas que permiten a la Sala inferir que no resulta exacta la afirmación hecha en el mencionado oficio.

De otro lado, en la declaración rendida por el Agente Jairo Alberto Giraldo Zuluaga, dentro las diligencias disciplinarias (fls. 211 a 215 cdno. 2), éste afirma que fue agredido por el señor Betancur Chica, quien el apuntó con un arma de fuego que sostenía en su “…mano izquierda…” (fl. 214 cdno. 2).

Sobre el particular, llama la atención de la Sala que en el álbum de fotografías del cadáver de Luis Carlos Betancur Chica aparezca, precisamente, que el occiso presentaba una herida en la cara interna de la primera falange de su mano izquierda, lesión ésta que dadas sus características le impedía utilizar un arma de fuego con esa extremidad.

Ahora bien, la entidad demandada en ningún momento ha discutido el hecho de que las lesiones fatales le fueron causadas a Luis Carlos Betancur Chica por los disparos hechos por los Agentes de la Policía Nacional, ni siquiera con ocasión del recurso de alzada, sino que apoya su defensa en la conducta de la víctima que califica como delictiva, pues señala que la víctima intentó despojar de su arma de dotación oficial al Agente Jairo Alberto Giraldo Zuluaga, circunstancia que no está demostrada en el proceso.

Además de lo cual, se advierte que de las diligencias disciplinarias adelantadas por la propia Policía Nacional, que sus miembros adoptaron una conducta censurable como quiera que su comportamiento se dirigió a obstaculizar el normal desarrollo de la actividad investigativa, como se desprende de la misma decisión definitiva adoptada por el Director General de la Policía, en pronunciamiento del 15 de noviembre de 1995, en el cual, entre otras cosas se afirmó , sobre la actitud asumida por el Sargento: Ricardo Rojas Calderón que …Es dudosa la actitud del encartado por cuanto debido a su experiencia en el manejo de los procedimientos policiales olvidó u omitió informar al superior este tipo de detalles de vital interés para la investigación.” (fl. 163 cdno. 3).

Así mismo, sobre la actividad desplegada por los agentes Giraldo Zuluaga y Urbano Suaza, expuso “… Es de advertir que no se descarta exceso en el uso de la fuerza o desmanes en el cumplimiento de su deber, pero debido a la complejidad y a las dudas que se destacan, esta superioridad dará aplicación al princigpio de favorabilidad absolviendo de responsabilidad disciplinaria a los mencionados…”. (fl. 163 cdno. 3)

En las condiciones anotadas, dado que el juzgamiento se hace bajo un régimen de responsabilidad objetiva derivado del ejercicio de una actividad peligrosa generadora, a su vez, de un riesgo de naturaleza grave y anormal, le correspondía en este caso a la parte actora demostrar, como lo hizo, la existencia del daño y la relación causal entre éste y la actividad administrativa generadora del riesgo. Por su parte, para exonerarse de responsabilidad, en casos como el presente, le correspondía a la Administración, y no lo hizo, acreditar la existencia de una fuerza extraña, esto es, fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. 

Tomando en consideración los elementos probatorios que se han relacionado, estima la Sala que contrario a lo señalado por el a quo en el caso bajo estudio no se encuentra demostrada la culpa exclusiva de la víctima que permite eximir de responsabilidad a la entidad demandada. Por el contrario, las conclusiones a que se arribó en el protocolo de necropsia permiten establecer que la muerte del señor Luis Carlos Betancur Chica no se produjo en la forma como pretenden hacerla aparecer los miembros de la Policía Nacional involucrados en el insuceso.

En efecto, si todos los disparos fueron recibidos por la víctima en una trayectoria de arriba hacia abajo, no puede concluirse cosa diferente a que la víctima se encontraba físicamente en un nivel más bajo que aquellos que le propinaron los disparos, si se toma en consideración que la pendiente del lugar donde ocurrieron los hechos no es pronunciada como aparece en la fotografía del lugar, que forma parte del proceso disciplinario (fl. 207 cdno. 3).

Si a lo anterior se suma que, tal como lo determinó la propia entidad demandada, la actuación de los miembros de su institución implicados en los hechos que dieron origen al presente proceso, se dirigió a entorpecer el desarrollo adecuado de la misma, en forma tal que la misma Policía Nacional a pesar de considerar que pudo haber excesos y que se impidió el examen de las armas con que se causó la muerte, son todas éstas circunstancias que llevan a ésta Corporación a una conclusión bien distinta de la adoptada por el tribunal de instancia, por lo que se revocará la sentencia apelada y en su lugar se accederá a las súplicas de la demanda.

En cuanto a la indemnización por los perjuicios causados, ésta debe ser plena toda vez que no existe elemento probatorio alguno que permita establecer que la conducta de la víctima fue causa eficiente del daño o contribuyó a la producción del mismo. Sobre los perjuicios a pagar, se encuentra lo siguiente:

a) Perjuicios morales 

Encuentra al Sala debidamente acreditado el parentesco de las siguientes personas:

a.1 Madre de la víctima: A folio 48 del cuaderno principal aparece el registro civil de nacimiento de Luis carlos Betancur Chica, en este documento aparece Lucila Chica como madre de aquél.

b.2. Hermanos de la víctima: Se allegaron los registros civiles de nacimiento de Gonzaga de Jesús, Francisco Javier, José Wilson, Luis Heberto, Aura Marina, Blanca Aide, Dora Ensueño y María Luzmila, en donde aparecen como padres de los mismos Luis Angel Betancur y Lucila Chica (fls. 32 a 39 cdno. ppal.).

b.3. Esposa de la víctima: A folio 42 del cuaderno principal obra el registro civil del matrimonio de Luis Carlos Betancur Chica con Maria Ligia Castaño Alvarez

El reconocimiento de los perjuicios de orden moral, se hará en salarios mínimos de acuerdo con la posición asumida por la Sala en sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13232 y 15646, en que se dejó de lado el criterio que encontraba adecuada la aplicación del artículo 106 del código penal de 1980 para efectos de tasar el perjuicio moral, y se estableció que se podrían imponer condenas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales, en aquellos casos en los que dicho perjuicio se aprecie en su máxima intensidad.

Ahora bien, en la demanda se solicitó el pago para cada uno de los demandantes del equivalente en pesos a 1700 gramos de oro (fl. 10 cdno. ppal), cuyo valor para la fecha de esta sentencia $56.985.037.00, y que hecha la conversión a salarios mínimos, equivalen a 171.64 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cifra esta que excede el máximo señalado en la jurisprudencia en cita, por lo que se limitará la condena máxima por este concepto a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así las cosas, los perjuicios morales a pagar, son los siguientes:

—. Para Lucia Chica, madre de Luis Carlos Betancur Chica, el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($33.200.000.00 ).

—. Para Gonzaga de Jesús, Francisco Javier, José Wilson, Luis Heberto, Aura Marina, Blanca Aide, Dora Ensueño, María Luzmila y Luis Carlos Betancur Chica, hermanos de Luis Carlos Betancur Chica, a cada uno de ellos el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($16.600.000.00).

— Para María Ligia Castaño Álvarez, esposa de la víctima, el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($33.200.000.00 ).

c) Perjuicios materiales 

Se calculará esta indemnización únicamente para la cónyuge María Ligia Castaño Alvarez, toda vez que no está demostrado que otra persona distinta de ella dependiera económicamente del occiso, además se precisa que en este caso en particular para el cálculo de la indemnización se tomará el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos de la víctima, pues resulta razonable que, en ausencia de hijos, el señor Betancur Chica destinara dicho porcentaje a sus propios gastos.

En el expediente no están demostrados los reales ingresos de la víctima, por lo que el cálculo de los perjuicios materiales reclamados en relación con las sumas dejadas de percibir debe realizarse con base en el salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se practica la liquidación de perjuicios materiales así:

Se tomará como base para el cálculo de la indemnización el valor del salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos, esto es, $118.933.50 (Dcto. 2872 de 1994).

Esta suma ($118.933.50), una vez actualizada será la base de la liquidación, así:

for14014
 

S = $ 308.321.47

Sin embargo, como la suma así obtenida es menor al salario mínimo mensual legal vigente para esta fecha, en que se efectúa la presente liquidación ($332.000), se tomará ésta última cantidad para establecer el valor de la indemnización.

A este último valor se agregará un veinticinco por ciento (25%) que se reconocerá a título de prestaciones sociales, como ya en anteriores oportunidades lo ha dispuesto la Sal(a), por lo que se tomará como base la suma de $415.000.00.

Indemnización debida o consolidada.

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

for14014-1
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $415.000.00

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la ocurrencia del hecho a la fecha de esta providencia (97.83 meses).

for14014-2
 

La indemnización por este concepto, según se precisó anteriormente, corresponde al 50% de este valor, es decir, $25.920.998.18

Indemnización futura. 

Esta se calculará tomando en consideración el término probable de vida de la víctima, el cual se establece a partir de su nacimiento que ocurrió el 27 de mayo de 1960 según aparece en el registro civil de nacimiento número (fl. 40 cdno. ppal.), lo que indica que para el momento de su deceso contaba con 34 años y 11 meses y que la expectativa de vida era de 41.47 años (497.64 meses), de los cuales se descontará el período ya calculado como indemnización vencida (97.83 meses), esto es, se tomarán 399.81 meses para efectuar el cálculo referido.

Por tanto, la liquidación se efectuará con fundamento en la siguiente fórmula, así:

for14014-3
 

De este valor se tomará el 50%, esto es, que la indemnización futura equivale a $ 36.514.456.47

Resumen:

Beneficiario Ind. Debida Ind. FuturaSubtotal

María Ligia Castaño Alvarez $ 25.920.998.18 $ 36.514.456.47$ 62.435.454.65

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 19 de junio de 1997, por la el Tribunal Administrativo del Quindío.

En su lugar se dispone:

PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Luis Carlos Betancur Chica, ocurrida el 30 de abril de 1995 en el municipio de Quimbaya (Quindío).

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por perjuicios morales, las siguientes cantidades:

—. Para Lucia Chica, madre de Luis Carlos Betancur Chica, treinta y tres millones doscientos mil pesos ($33.200.000.00 ).

— Para Gonzaga de Jesús, Francisco Javier, José Wilson, Luis Heberto, Aura Marina, Blanca Aide, Dora Ensueño, María Luzmila y Luis Carlos Betancur Chica, hermanos de Luis Carlos Betancur Chica, a cada uno de ellos diez y seis millones seiscientos mil pesos ($16.600.000.00).

— Para María Ligia Castaño Álvarez, esposa de la víctima, treinta y tres millones doscientos mil pesos ($33.200.000.00 ).

Por perjuicios materiales

Para María Ligia Castaño Álvarez, sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con 65/100 ($ 62.435.454.65)

TERCERO. Las sumas señaladas en esta providencia causarán intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del C.C.A, expídanse copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados. (art 115 C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995).

CUARTO. En firme este proveído, vuelvan las diligencias al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: German Rodriguez Villamizar—Alier Eduardo Hernández Enriquez—Ricardo Hoyos Duque—María Elena Giraldo Gómez—Ramiro Saavedra Becerra.

a aAl respecto puede verse sentencia de 26 de abril de 2001, exp. 12917, actor: José Omar Buriticá Peña y otros