Sentencia 1995-03975 de abril 3 de 2013

 

Sentencia 1995-03975 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 470012331000-1995-03975-01 (39.777)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Marcia Duarte Pinto

Demandada: Incora hoy Incoder

Acción: Recurso extraordinario de revisión

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

De conformidad con la prelación que para esta clase de asuntos dispuso la Sección en el acta 40 de 9 de diciembre de 2004, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 31 de marzo de 2008, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

En el proceso que precedió a este recurso extraordinario de revisión(1), la parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo(2), solicitó al Tribunal Administrativo del Magdalena declarar la nulidad de la Resolución 324 del 8 de mayo de 1991 proferida por el Incora y en consecuencia ordenar la cancelación del registro de la misma restableciendo el derecho de propiedad a la demandante.

En esa oportunidad sustentó sus pretensiones, en síntesis, de la manera siguiente:

Manifiesta la demanda que mediante Resolución 324 de 8 de mayo de 1981, el Incora le adjudicó como baldío, al señor Perfecto Ustate, el predio rural denominado La Estrella, ubicado en la vereda Manantial del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira.

Advierte el actor que la totalidad del predio adjudicado no era baldío puesto que gran parte de esa franja de terreno era de propiedad de la demandante, para lo cual se ocupó de probar la tradición de los predios denominados La Estrella y Plan Viejo durante los 40 y 26 últimos años.

Asegura que los predios enunciados salieron del patrimonio del Estado, el primero desde el 8 de julio de 1938 y, el segundo, desde el 7 de septiembre de 1954.

Finalmente, manifiesta el libelo que el acto demandado es ilegal porque el criterio funcional tomado como base y fundamento de dicha autoridad administrativa desborda el ámbito de sus atribuciones y facultades al tenor de las disposiciones que regulan la materia, así como por haber desconocido las normas a que debía estar sujeto(3).

I.I. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de única instancia proferida el 31 de marzo de 2008(4), resolvió denegar las pretensiones de la demanda, al estimar que la actora no estaba habilitada legalmente para predicar, en consonancia con el ordenamiento positivo, la titularidad de dominio que dice ostentar, ya que la tradición en su favor aparece formalizada, respectivamente para los inmuebles La Estrella y Plan Viejo, después de once y ocho años de cuando el Incora efectuara la adjudicación a Perfecto Ustate.

I.II. El recurso extraordinario de revisión

1. Los argumentos que soportan el recurso.

La parte demandante interpuso en forma oportuna recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que el 31 de marzo de 2008 profirió el Tribunal Administrativo del Magdalena(5), para solicitar que fuera invalidada y se procediera a dictar la que deba reemplazarla, aduciendo para el efecto la causal contenida en el numeral 1º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo(6).

Como sustento del recurso, después de hacer un recuento del trámite dado al proceso, advirtió que:

“No es entendible la decisión adoptada por el despacho, cuando desconoce en forma irregular y arbitraria la normatividad en que se funda, pues son precisamente esas normas las que transgrede, dando apreciación de unos documentos que fueron alterados en su contenido y carecen de eficacia por contener falsedades ideológicas, como lo fue el acto administrativo por medio del cual declara un bien como baldío y lo adjudica, cuando la realidad es que el predio en disputa era una propiedad privada como se demuestra con el folio inmobiliario de 1939.

Cabe resaltar que los actos administrativos atacados alteran la identidad de los predios y desconoce el derecho de dominio o propiedad que le fue reconocido por la ley a unos particulares, derecho sometido a solemnidades y registros, con los cuales se cumplió con antelación en el tiempo, más de 40 años a la adjudicación de un bien irregularmente denominado baldío.

Desafortunadamente la nefasta sentencia no fue impugnada y corresponde intentar la revisión, ya que se infringió la causal 1 del artículo 188, no es entendible la confusión en que incurrió el fallador, no es concordante ni congruente, veamos:

1) Declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por el Incora y Carbocol.

2) Declarar no probada la excepción propuesta por Intercor de falta de identidad de los predios.

3) Negar las súplicas de la demanda.

La sentencia impugnada sometida a revisión, está fundada en la alteración de la verdad procesal, en la indebida apreciación de las normas fundamento de la petición y en la errónea apreciación de las pruebas documentales expedidas por la oficina de registro de instrumento, el cual contiene la tradición del inmueble desde el año de 1939, razón por la cual no es de recibo que se desconozca tal tradición y se le reste importancia a la única prueba de la propiedad, por ello se encuentra incursa en la causal invocada antecedentemente, por los elementos de juicio de orden legal y jurisprudencial. Expuestos a digna consideración de la Sala de esa Sección; los cuales nos permiten concluir, por ser suficientes y determinantes, que la causal indicada debe aceptarse aprobada”(7).

2. El trámite del recurso.

Mediante auto de 9 de junio de 2011 se admitió la demanda de revisión(8). Dicha providencia fue notificada en legal forma al Ministerio Público el 20 de junio de 2011(9) y al Incoder el 18 de agosto de la misma anualidad(10).

3. La oposición al recurso.

Durante el término de traslado para contestar la demanda el Incoder guardó silencio.

II. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del presente recurso en los términos del inciso tercero, numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 59 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de la corporación, comoquiera que recae sobre la sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso ordinario que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la señora Marcia Duarte Pinto, en contra del Incora hoy Incoder.

El recurso de revisión, cuyo ejercicio, en materia de lo contencioso administrativo se encuentra regulado por el capítulo III del título XXIII del Código Contencioso Administrativo, reviste una connotación extraordinaria, no solo porque se encuentra dirigido a fracturar la intangibilidad e irreversibilidad que caracteriza a las sentencias ejecutoriadas amparadas por la cosa juzgada material —res iudicata proveritate habetur—, sino porque procede únicamente contra las providencias determinadas por el artículo 185 ibídem, bajo la aducción de las causales taxativamente dispuestas por el artículo 188 del mismo ordenamiento, lo cual implica que las facultades del juez que conoce del recurso extraordinario se reducen, exclusivamente, al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente que, a su turno, deben estar dirigidos a la construcción dialéctica del supuesto que dé lugar a la causal aducida, absteniéndose de esbozar argumentos tendientes a revivir la controversia acerca de las razones fácticas o jurídicas que fundamentaron la decisión cuya revisión se depreca, pues, en últimas, la finalidad del recurso es reconocer y corregir las iniquidades que se produjeron como consecuencia de un fallo anómalo revestido de fuerza vinculante, en grave detrimento de la confianza en la administración de justicia.

En el asunto sub lite el fallo recurrido cobró fuerza ejecutoria el día 3 de junio de 2008 y la demanda de revisión fue instaurada el día 27 de mayo de 2010(11), de donde se desprende que el recurso extraordinario fue interpuesto dentro del término de 2 años, establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo.

2. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión.

Este medio de impugnación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo erigió el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material, y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la justicia y al derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y, con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley.

De conformidad con dicho estatuto —arts. 185 a 193—, tal recurso constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios; su procedencia se condiciona a que exista una relación procesal de única instancia ante los tribunales o el Consejo de Estado, o de segunda instancia en esta última corporación, y por lo mismo no se pueden discutir en él los asuntos de fondo —fuente de la mencionada relación—, ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dieron origen al fallo que se impugna. Este recurso no se dirige sobre la actividad del fallador —asunto de derecho— sino sobre los hechos y su prueba.

Desde otro punto de vista, el recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia, pues, presupone como antecedente una sentencia ejecutoriada, de los tribunales o del Consejo de Estado, en única o de segunda instancia, creadora de la cosa juzgada material, la cual, una vez censurada, solo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con la concurrente y necesaria definición de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir, que hay lugar a otra decisión distinta.

La Corte Suprema de Justicia(12), corporación judicial que también conoce del recurso extraordinario de revisión, sobre ciertos fallos dictados por la jurisdicción ordinaria, ha precisado sobre la naturaleza y fines del recurso extraordinario de revisión, aplicables a su homólogo de revisión surtido ante la jurisdicción contencioso administrativa, que:

“(…) no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (…)”.

Y sobre el mismo tópico, en cuanto a la naturaleza y connotaciones jurídicas, del recurso en cuestión, la doctrina en excelente sindéresis, ha dicho:

“El recurso de revisión opera como un instituto procesal del Estado de derecho que tiende a conjugar y realizar simultáneamente los valores de la seguridad jurídica y la justicia. Cuando existe en el ethos social, en el ethos del juez o del funcionario la convicción de que una sentencia, o resolución administrativa, firme lo ha sido en función de circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas, o de actitudes dolosas, se impone su revisión. Con ello, no sólo se responde a exigencias de justicia, sino de seguridad jurídica. Porque ninguna seguridad puede asentarse sobre la arena movediza de lo que aparece falso para la conciencia social y jurídica…”(13).

3. El caso concreto.

Previo al estudio del caso concreto, resulta necesario reiterar que el demandante, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, tiene la elemental obligación de indicar cuál es la causal que invoca, señalando en forma clara y exacta los motivos, razones y hechos que le sirven de fundamento y la configuran, teniendo buen cuidado de excluir razones de inconformidad para con el fallo atacado que no estén estrechamente relacionadas con la causal invocada.

Ahora bien, en el presente caso se invoca en el libelo demandatorio la causal establecida en el numeral 1º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual manifiesta que el juzgador de instancia apreció unos documentos que fueron alterados en su contenido y carecen de eficacia por contener falsedades ideológicas.

La causal de revisión sobre la que se edificó la demanda incoada a través del recurso extraordinario, señala:

“1. Haberse dictado la sentencia con base en documentos falsos o adulterados”.

En relación con la causal se tiene que: i) el fallo susceptible de revisión debió basarse en un documento falso o adulterado, ii) que dicho documento debió jugar un papel decisivo en la solución del litigio y, iii) que dicha causal solamente comprende irregularidades producidas en torno a la prueba documental.

Para la Sala resulta claro que la norma transcrita exige que se señalen con claridad qué documentos considera falsos o adulterados el impugnante, en los cuales se soportó el fallo que ahora se solicita invalidar.

En el presente asunto el recurrente manifestó al sustentar el recurso que el juez que dictó la providencia que se pretende invalidar, apreció “unos documentos que fueron alterados en su contenido y carecen de eficacia por contener falsedad ideológica” y a reglón seguido esbozó que dicho documento era el acto administrativo por medio del cual se declaró baldío un predio rural.

Además de argüir que el juzgador había apreciado documentos falsos —el acto administrativo que declaró baldío el predio denominado “La Estrella”— para llegar a la sentencia que hoy se pretende sea invalidada, en el escrito de revisión el libelista se ocupó de debatir el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, advirtiendo que este se encuentra fundamentado en la “alteración de la verdad procesal, en la indebida apreciación de las normas fundamento de la petición y en la errónea apreciación de las pruebas documentales expedidas por la oficina de registro” y, finalmente, expresó que como la sentencia no había sido impugnada, se tornaba necesario intentar la revisión.

Considera la Sala procedente insistir en que el recurso extraordinario de revisión no es una alternativa procesal para subsanar falencias que las partes o sus apoderados hubieren podido cometer en el curso del proceso, tal como se advierte en el asunto que ocupa la atención de la Sala, puesto que en esta oportunidad se pretende con la demanda de revisión subsanar la falta de impugnación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y no, en realidad, invalidar una sentencia que hubiese tenido como soporte la apreciación de documentos falsos.

La Sala concluye sobre la base de todo lo anterior, en sede de revisión extraordinaria, que la parte recurrente trató de reanudar la controversia decidida en el fallo censurado, lo que no es objeto de este medio extraordinario, comoquiera que al tener por finalidad desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las causales deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, y dado el carácter excepcional y restrictivo del recurso, solamente procede cuando se configura alguna de las causales previstas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, las cuales, a su vez, no admiten interpretación extensiva ni analógica, situación que no se cumple en el presente caso, pues no se determinaron en forma clara los documentos falsos en los cuales se fundamentó la sentencia que se pretende invalidar, lo que impone declarar infundado el recurso, como en efecto se hará.

En consecuencia, la Sala debe concluir que no se configura la causal de revisión invocada por la parte recurrente

4. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984(14), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 31 de marzo de 2008, dentro del proceso promovido por Marcia Duarte Pinto en contra del Incora hoy Incoder.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Radicado con el número 1995-3975.

(2) La demanda fue presentada el 19 de diciembre de 1994 —fl. 20 vto., cdno. 1 en el expediente radicado con Nº 1995-3975—.

(3) Folios 2 a 20 del cuaderno 1.

(4) Folios 6 a 38 del cuaderno 5.

(5) La demanda de revisión fue radicada el 27 de mayo de 2010 —fl. 4, cdno. 5—.

(6) La norma en lo pertinente señala: “1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

(7) Folios 1 a 4 del cuaderno 5.

(8) Folios 60 y 61 del cuaderno 5.

(9) Folio 61 vto. del cuaderno 5.

(10) Folio 67 del cuaderno 5.

(11) Folio 4 del cuaderno 5.

(12) Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 3 de septiembre de 1996, Expediente 5231.

(13) Pérez Luño, Antonio Enrique “La seguridad jurídica”, Ed. Ariel, págs. 118 y 119.

(14) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.