Sentencia 1995-04485 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 47001233100019950448501(23728)

Actor: Atilio Centanaro Delgado

Demandado: Ferrovías

Ref.: Acción contractual

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 28 de febrero de 2002, por cuanto la cuantía del proceso fue estimada razonadamente por el demandante en la suma de $61’039.041. Para la época de interposición de la demanda(1), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción contractual cuya cuantía excediera la suma de $9’610.000(2), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

2. La validez de la prueba documental recaudada.

Para efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala pone de presente que sólo se pueden tener en cuenta las pruebas regularmente allegadas al proceso, que cumplan las exigencias contempladas por las normas del Código de Procedimiento Civil, que rigen el tema probatorio en este tipo de procesos; por esa razón, sólo es posible valorar los documentos que reúnan las condiciones de autenticidad contempladas por los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil y, contrario sensu, no se les puede otorgar mérito probatorio a los documentos que obran en copia simple dentro del expediente.

Así las cosas, se deberían estudiar las condiciones pactadas en el contrato de obra, las actas de recibo de las mismas, el acta de liquidación del contrato, así como las reclamaciones que presentó el contratista, con el fin de determinar si, efectivamente, éste incurrió en los sobrecostos enunciados en la demanda.

Sin embargo, se observa que al respecto existe una falencia probatoria, comoquiera que tanto la prueba documental aportada al proceso por la parte actora como la aportada con la contestación de la demanda(3), que permitirían hacer dicho estudio, obran en copia simple, motivo por el cual no pueden ser valoradas, máxime que dicha prueba no fue solicitada a la entidad demandada, ni aportada por esta última mediante oficio alguno, solo con la contestación de la demanda, evento en el que no se puede considerar que la prueba es auténtica, pues no cumple con los requisitos contemplados en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, no existe ningún medio probatorio válido que respalde las pretensiones de la demanda.

Adicionalmente, los dictámenes periciales se encaminaron, uno, a determinar los sobrecostos en los que incurrió el actor, para lo cual enunció que se aportaban los documentos más relevantes, sin que exista prueba alguna de ellos y, el otro a determinar los perjuicios causados al demandante, para lo cual se tuvieron en cuenta los documentos obrantes dentro del proceso, los que, como ya se indicó, se encuentran en copia simple y no son susceptibles de valoración, así las cosas, dichos experticios no aportan elementos para determinar las condiciones que se pactaron, si en efecto se produjo un sobrecosto, ni si se dio el rompimiento del equilibrio contractual.

Ahora bien, cabe recordar que las conclusiones contenidas en los dictámenes periciales no son obligatorias para el juzgador, pues no existe una tarifa legal, sino que el juez debe valorarlas de conformidad con la sana critica, por lo que es necesario que aquéllos lleven al juez a la convicción de lo que allí se dice, cosa que no ocurre en este caso.

Así las cosas, como no existe medio probatorio alguno que respalde las pretensiones de la demanda, se impone a la Sala revocar la sentencia apelada.

3. Costas.

No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 28 de febrero de 2002 por el Tribunal Administrativo del Magdalena; en su lugar, se dispone:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) 26 de octubre de 1995.

(2) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(3) Entre ellos: carta de presentación de Atilio Centanaro, evaluación de la licitación pública LP 014-92, Resolución 1692 de 1992 por medio de la cual se adjudicó la licitación pública LP 014-92, contrato 01-0795-1-93 adicional al contrato 01-0795-0-92, acta de reajuste de precios 1 y 2, acta de recibo parcial de la obra 3 y 4, acta de liquidación del contrato (fls. 76 a 201, cdno. 1).