Sentencia 1995-04635/35399 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Radicado: 470012331000199504635 01

Expediente: 35399

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Actor: Sonia Olinda Orozco Jiménez

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, que denegó las pretensiones de la demanda, la cual será revocada.

SÍNTESIS DEL CASO

En la noche del 4 de septiembre de 1994 el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco se encontraba en el bar Acapulco del municipio de Pivijay -Magdalena-. Allí se vio envuelto en una pelea, motivo por el cual fue detenido por agentes de policía, quienes lo condujeron al vehículo de dicha institución. En la mañana del día siguiente fue encontrado muerto por cuenta de un disparo propinado con un arma de fuego, con su cuerpo totalmente incinerado, en la vía que de dicha localidad conduce al corregimiento de Media Luna.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

1. Mediante escrito allegado el 27 de agosto de 1996 ante el Tribunal Administrativo del Magdalena (f. 3-11, c. 1), la señora Sonia Orozco Jiménez, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio Defensa Nacional-Policía Nacional, con el propósito de que se diera trámite favorable a las pretensiones que se citan a continuación:

PRIMERO: Que se declare administrativa y solidariamente responsable a la POLICÍA NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, de haber producido fallas en el servicio administrativo policivo, que trajeron como consecuencia la muerte del ciudadano quien en vida se llamó NEIRO DE JESÚS PERTUZ OROZCO, ocurrida en Septiembre 5 de 1994, en el Municipio de Pivijai (sic), Magdalena.

SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior y conforme al artículo 90.- y siguientes de nuestra Constitución Política, el Estado Colombiano, a través de la Policía Nacional-Ministerio de Defensa Nacional, indemnizará patrimonialmente a la demandante, los perjuicios materiales y morales en las siguientes cuantías: 

A- PERJUICIOS MATERIALES, consistentes en el Daño emergente y lucro cesante, presentes y futuros, la suma de Cuatrocientos Millones de pesos. 

B- PERJUICIOS MORALES, el equivalente a mil gramos oro puro, al momento de ejecutoriarse la sentencia, conforme certificación del Banco de la República. 

C- Los demandados pagarán los intereses moratorios desde el día de ejecutoria de la sentencia, hasta el día del pago total. 

2. Según la demandante, el 4 de septiembre de 1994, en las horas de la noche, el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco –denominado en ocasiones Neiro de Jesús Pertuz Orozco- se encontraba en el municipio de Pivijay, en la cantina Acapulco, cuando llegaron cuatro agentes de policía encabezados por el comandante “Benites”, en una camioneta Toyota. A la una de la mañana los agentes de la fuerza pública sacaron del establecimiento al señor Pertuz Orozco, quien apareció muerto el 5 del mismo mes y año, abaleado por arma de fuego y quemado, en la carretera que conduce de Pivijay a Media Luna.

3. La Policía de Pivijay se negó a asistir el levantamiento del cadáver, a pesar del requerimiento realizado por el inspector de Media Luna. Posteriormente, el comandante de policía de Pivijay se acercó a la casa de los padres del señor Neiro y amenazó de muerte a quienes osaran denunciarlos. Finalmente, adujo que la demandante dependía económicamente del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, quien era su hijo.

II. Trámite procesal

4. La demanda fue admitida mediante auto del 16 de septiembre de 1996 dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el cual se ordenó notificar personalmente a la entidad demandada, por conducto del comandante de la Primera División del Ejército Nacional (f. 20, c. 1).

5. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones formuladas por la actora. Al respecto, manifestó que en los hechos allí expuestos no existe certeza sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que falleció el señor Pertuz, al punto que no se sabe quiénes fueron los autores de los disparos que terminaron con su vida (f. 23-24, c. 1).

6. Adicionalmente, adujo que (…) no se puede endilgar responsabilidad administrativa a la Policía Nacional, en virtud de presuntas declaraciones [de] personas que ‘por temor’ no declaran ante una jurisdicción y ante otra sí, ahora la investigación que se adelanta según lo narra la parte actora no hay sindicados, sino que está dirigida contra ‘desconocidos’, por lo anterior solicito desde esta oportunidad procesal se nieguen las pretensiones de la demanda”.

7. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas(1), el Tribunal de primera instancia corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión el 24 de agosto de 2007, oportunidad en la que la parte demandada presentó un escrito, en el cual solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda. Para el efecto adujo que la parte demandante no había logrado acreditar la falla de servicio de la Policía Nacional ni tampoco la relación de causalidad con el daño acaecido. Así, indicó que la actora basó sus pretensiones en meras suposiciones, teniendo en cuenta que dentro del expediente reposa el proceso penal adelantado por la muerte del señor Pertuz Orozco en el que el funcionario judicial no tuvo otra opción que dictar acto inhibitorio, al no existir certeza sobre los posibles autores del delito de homicidio (f. 510-512, c. 1).

8. El Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena emitió sentencia de primera instancia el 15 de febrero de 2008, en la que decidió denegar las pretensiones de la demanda (f. 515-536, c. ppl.). En primer lugar, el a quo consideró que estaba acreditado dentro del expediente que el señor Neiro Pertuz había fallecido el 5 de septiembre de 1994 por causa de un disparo propinado por un arma de fuego, habiendo sufrido quemaduras de 3 grado post mortem en el 100% de la piel. Asimismo, se pudo determinar que el 4 de septiembre de 1997 se encontraba en horas de la noche en el bar Acapulco en el municipio de Pivijay.

9. Sin embargo, consideró que no había pruebas de que la víctima hubiera sido retenido y posteriormente asesinado por agentes de la Policía Nacional. Efectivamente, consideró que debía restársele credibilidad a la declaración rendida por la demandante, teniendo en cuenta que solamente era una testigo de oídas de los hechos. En cuanto al testimonio del señor Javier Hernández, encontró que no podía dársele valor comoquiera que su presencia en el lugar de los hechos no fue confirmada por ninguna de las otras personas que rindieron testimonio. Así, consideró que los declarantes Manuel Palacio, Danilo José Lago Medina, José Antonio Gálviz de Machado y Elkin Quintero afirman no saber nada de los hechos o desconocer el momento en el cual el señor Neiro Pertuz se fue del establecimiento Acapulco. Por su parte, el sargento Benítez y los agentes Gilberto Blanco y Alberto Martínez Chamorro afirmaron que era falso que hubieran transportado particulares en el vehículo de la Policía. En esas circunstancias concluyó lo siguiente:

Sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor NEIRO PERTUZ no se tiene pleno conocimiento en el proceso, pues no hay testigos presenciales del homicidio cometido contra él, o si fue causado por miembros de la fuerza pública, tampoco existe absoluta certeza, en las narraciones de las últimas personas que aseguran haberlo visto con vida, no coinciden en afirmar que fue retenido por los agentes de la policía BENÍTEZ, BLANCO y el día 4 de Septiembre de 1994, y quienes desatendieron presuntamente las obligaciones referentes a proteger la vida e integridad del señor NEIRO PERTUZ amenazando tales bienes jurídicos con sus acciones u omisiones. 

Efectivamente se produjo un daño porque es un hecho cierto y probado la muerte de NEIRO PERTUZ, muerte violenta pero perpetrada por manos desconocidas aún, dado que con la prueba indiciaria no se pretende se determinen las circunstancias al momento de su muerte pero si tener claridad en su desaparición para poder aplicar las reglas del indicio y así llegar a deducir situaciones fácticas y de responsabilidad acerca del fallecimiento del citado (…).

No es aplicable entrar a imputar responsabilidad al Estado por indicios o pruebas de referencia dado que la Sala no tiene apoyo suficiente en las pruebas trasladadas del proceso penal, en vista de que son contradictorias y no hay más pruebas que entrar a valorar. 

10. Adicionalmente, el a quo recordó que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil a las partes les corresponde acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, motivo por el cual (…) si el actor no prueba que el autor del hecho causante del daño, es la entidad pública a la cual convocó al proceso como parte pasiva, en tal eventualidad no puede esperar de esta, por vía judicial, el resarcimiento del perjuicio, que es la hipótesis que tiene ocurrencia en el sub lite”.

11. Contra la decisión antes reseñada, la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación el 11 de marzo de 2008 (f. 537-540, c. ppl.), en el cual solicitó que aquella fuera revocada para que, en su lugar, se accediera a las súplicas consignadas en el libelo introductorio. En primer lugar, adujo que el tribunal no tuvo en cuenta la declaración que rindió el señor Humberto Castro Samper dentro del proceso, la cual, inexplicablemente, desapareció del mismo. Añadió que no pudo acudir a la audiencia de reconstrucción del expediente, por cuanto para ese momento el testigo no se encontraba en la ciudad. Agregó que si se hubiera tenido en cuenta la referida declaración, la sentencia habría sido condenatoria.

12. De otra parte, manifestó que el señor Iván Javier Hernández Orozco fue claro en señalar que el señor Neiro Pertuz se vio involucrado en una pelea con unos civiles que al parecer pertenecían a la Policía y que después el cabo Bermúdez y otros dos agentes le pegaron y lo obligaron a subir a la camioneta de la Policía Nacional. De conformidad con ese testimonio y con las demás pruebas obrantes en el expediente, consideró que se podía concluir lo siguiente:

a) Que efectivamente el ciudadano NEIRO DE JESÚS PERTUZ, se encontraba el citado día 4 de septiembre, de 1994, en Pivijay, dentro del Bar o cantina de marras, en las horas de la noche. 

b) Que a este establecimiento llegaron varios miembros de la Policía Nacional. 

c) Que el citado ciudadano NEIRO DE JESÚS PERTUZ (El mudito) tubo (sic) algunos problemas en ese bar o cantina. 

d) Que la última vez que vieron al citado ‘mudito’ fue cuando los miembros de la Policía la mando del CABO BENÍTEZ, lo montaron en la camioneta de su servicio policial. 

e) Que desde entonces este ciudadano no apareció, sino hasta el otro día en que lo encontraron muerto con impactos de bala y quemado. 

13. Adicionalmente, indicó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los organismos militares que detienen una persona tienen la obligación de retornarla al seno de la sociedad en las mismas condiciones en las que fue privado de la libertad. Asimismo, en los eventos de detención y posterior desaparecimiento de la persona, se presume la responsabilidad de la entidad, la cual puede demostrar que no es responsable porque el hecho no existió.

14. De otro lado, señaló que si bien el sargento Benítez manifestó dentro del proceso penal que no había acudido al bar Acapulco en la noche que desapareció el señor Neiro Jesús Pertuz, (…) los testigos ‘amigos’ de los policiales expresaron en sus declaraciones lo contrario, pues testificaron que los citados policiales sí llegaron al bar y controlaron la pelea en la que hacía parte Neiro Pertuz”.

15. Finalmente, solicitó que se decretaran como prueba durante la segunda instancia las declaraciones de los señores Humberto Castro Samper y Danilo Torregosa para que manifestaran si se encontraban presentes el 4 de septiembre de 1994 en el bar Acapulco, en el municipio de Pivijay e indicaran lo que les constara sobre la forma en que fue detenido por miembros de la Fuerza Pública el señor Neiro Pertuz, en la referida fecha.

16. Esta Corporación, mediante auto de 18 de julio de 2008 se pronunció sobre la solicitud probatoria incoada por la parte actora y consideró pertinente denegar el testimonio del señor Humberto Castro Samper, por cuento éste no se ajustaba a los requisitos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Adicionalmente, indicó que la audiencia de reconstrucción del expediente no se pudo realizar precisamente por la ausencia de las partes, de modo que la inactividad de la actora contribuyó para que no se pudiera recaudar nuevamente la declaración del señor Castro. Sin embargo, en lo que atañe a la declaración del señor Danilo Torregosa, accedió a su práctica, comoquiera que se trataba de una prueba solicitada durante la primera instancia, pero que no se pudo practicar por razones no imputables al solicitante (f. 554-560, c. 1).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Competencia

17. La Sala es competente para decidir el asunto de la referencia, por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena en un proceso que, por su cuantía determinada al momento de la interposición del recurso de apelación, tiene vocación de doble instancia (f. 27, c. 1)(2).

II. Validez de los medios de prueba

18. Obra en el expediente copia del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación cuyo objeto era investigar el homicidio del que fue víctima el señor Neiro Pertuz Orozco. Al respecto, cabe recordar que el artículo 185 del C.P.C., aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del C.C.A., dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

19. Conforme a lo anterior, es posible valorar las pruebas practicadas dentro del referido proceso penal -incluidos los testimonios allí recaudados-, teniendo en cuenta que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación(3), la Fiscalía General es parte de la Nación, como también lo es la entidad demandada en el sub examine, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

III. Los hechos probados

20. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes para la litis(4):

21. El señor Neiro Jesús Pertuz Orozco padecía de afonía -mudez- y laboraba como embolador en el municipio de Pivijay -Magdalena-. El 4 de septiembre de 1994, en las horas de la noche, estuvo departiendo en el bar Acapulco de esa localidad (declaración rendida por el señor Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina-(5), f. 128, c. 1; declaración rendida por el señor Elkin Ferney Quintero Cardona(6), f. 51, c. 1).

22. El señor Neiro Jesús Pertuz Orozco fue encontrado muerto el 5 de septiembre de 1994, en la vía que conduce de Pivijai al corregimiento de Media Luna (copia auténtica del registro civil de defunción, f. 13, c. 1; copia de la diligencia de levantamiento de cadáver(7), f. 96, c. 1; informe n.º 045 de actividades(8), f. 142, c. 1).

23. El 5 de septiembre de 1994 se le practicó estudio de necropsia al occiso. En relación con los hallazgos hechos en el cadáver del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, en el acta de la diligencia se dejaron consignados los siguientes datos de interés para el presente proceso (protocolo de necropsia adelantado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Seccional Magdalena, f. 100-105, c. 1):

DESCRIPCIÓN DEL CADÁVER: sexo masculino, desnudo, en ataúd, con miembros inferiores atados entre sí con cabulla (sic), en estado de incineración total, no estado de putrefacción, con eventración de vísceras a nivel de hemiabdomen derecho.

(…) 

IV. RESUMEN FINAL DE NECROPSIA 

(Después de todos los análisis macro y micro y de laboratorio) 

1. Trauma contundente en maxilar superior que produce fractura del lado derecho del mismo. 

3. Herida por PAF eminentemente mortal en cráneo 

4. Quemadura de III y IV grado postmorten en el 100% de superficie corporal. 

CONCLUSIÓN: 

El mecanismo inmediato de muerte (fisiopatológico) se debió a Trauma Craneoencefálico severo …. por (causa) Herida por PAF … y probable manera de muerte … Homicidio (…) 

LESIONES POR PROYECTIL(ES) DE ARMA DE FUEGO 

OCCISO(A) 1. Herida por P.A.F. 

1.1. OEPAF: situado en región supraciliar derecha, borde externo, de 0,5 centímetros en su diámetro mayor, de bordes regulares, invertidos, de forma ovalada, no se aprecia tatuaje por quemaduras, a p.5 cms del vertex, y a 5 cms de la línea media. 

1.2. OSPAF: de bordes irregulares, evertidos, de 2cms de diámetro mayor, situado en región temporal izquierda a 11 cms del vertex y a 7 cms de la línea media. 

1.3. Compromete: piel, tejido celular subcutáneo, hueso frontal, techo la órbita derecha, globo ocular derecho, lóbulo frontal derecho y temporal izquierdo, meninges, hueso temporal izquierdo y piel. 

1.4. Trayectoria: De derecha a izquierda, de arriba abajo, de adelante hacia atrás. 

24. A raíz del referido hecho, la Fiscalía 26 de la Unidad Seccional de Fundación abrió una investigación previa para dilucidar las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor Pertuz Orozco (copia de la providencia del 18 de octubre de 1994, f. 107, c. 1). Sin embargo, mediante auto del 19 de febrero de 1998, ante la imposibilidad de identificar el o los autores del hecho punible, resolvió suspender las diligencias adelantadas (copia de la resolución del 19 de febrero de 1998, f. 454, c. 1).

25. A raíz del memorial allegado por el señor Iván Javier Hernández, en el que manifestaba su interés de declarar en el presente caso, la investigación se reanudó (copia del memorial allegado el 6 de noviembre de 1991, f. 459, c. 1; copia de la resolución del 9 de mayo de 2001, f. 461, c. 1). Sin embargo, el 10 de diciembre de 2001 se expidió resolución mediante la cual el despacho se inhibió de abrir investigación, en los siguientes términos (copia de la resolución de 10 de diciembre de 2001, f. 479, c. 1):

La presente investigación previa se inició el día 18-10-94, por la Fiscalía Veintiséis Seccional de Fundación Magdalena; Se comisionó al jefe del C.T.I. para que identificara el autor o autores de este hecho punible, regresando el informativo con RESULTADOS NEGATIVOS: Mediante Resolución de fecha 09-05-01, se desarchivaron las diligencias, con el fin de escuchar en declaración jurada a IVÁN JAVIER HERNÁNDEZ OROZCO, sin que se aportara nada nuevo a la investigación y hasta la fecha no se ha vinculado a los autores o partícipes del hecho y encontrándose vencido el término estipulado en el Art 325 del C. de P.P., y no encontrándose mérito para proferir Resolución de Apertura de Instrucción y de conformidad con lo ordenado en el art 327 Ibídem, esta Fiscalía se inhibirá de iniciar investigación penal, en virtud de que no ha sido posible identificar el autor o autores del hecho punible (…).

26. La señora Sonia Olinda Orozco Jiménez es la madre del occiso Neiro Jesús Pertuz Orozco (certificación del registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única del Círculo de Pivijay, f. 14, c. 1).

IV. Problema jurídico

27. Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala deberá verificar si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad en cabeza del Estado, labor en la cual se tendrán que establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco. Con ese propósito, es preciso estudiar si la víctima falleció cuando se encontraba en custodia de la Policía Nacional, tras haber sido detenido en el establecimiento de comercio Acapulco y conducido al vehículo Toyota conducido por el sargento segundo Rafael Antonio Benítez Mariche y los agentes Gilberto Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro.

28. De dársele respuesta afirmativa a ese supuesto, es preciso establecer si le cabe responsabilidad a la Policía Nacional por el daño demandando teniendo en cuenta que no existe evidencia material suficiente que permita afirmar de forma categórica que fueron funcionarios de esa institución quienes acabaron con la vida del señor Pertuz Orozco.

V. Análisis de la Sala

29. Antes de iniciar el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad en el sub judice, se considera pertinente advertir la incidencia que tienen las decisiones penales en el presente asunto, especialmente aquella que decidió inhibirse de abrir una investigación por el homicidio del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, comoquiera que la reparación de dicho daño es el objeto de la presente demanda.

30. Al respecto, esta Sección ha señalado que las sentencias penales no tienen efectos de cosa juzgada en los juicios de responsabilidad del Estado, pero pueden ser valoradas como pruebas documentales, en los siguientes términos:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.  

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.  

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(9).

31. Con observancia de lo expuesto debe concluirse que, a pesar del pronunciamiento realizado por la justicia penal, resulta plausible estudiar la responsabilidad que le puede caber a la entidad demandada por la muerte del señor Pertuz Orozco, comoquiera que, contrario a lo que adujo la parte demandada en su escrito de alegatos de conclusión, la providencia inhibitoria no tiene los efectos de cosa juzgada en relación con el juicio de responsabilidad del Estado que acá procede a realizarse.

32. Una vez aclarado lo anterior, de conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, comoquiera que está debidamente acreditada la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, ocurrida como consecuencia de una herida de arma de fuego que le fue propinada entre la noche del 4 de septiembre de 1994 y el amanecer del día siguiente -ver párrafos 22 y 23-.

33. Por otra parte, la señora Sonia Olinda Orozco Jiménez acreditó su calidad de madre del señor Pertuz Orozco -ver párrafo 26-, circunstancia que permite inferir que experimentó aflicción como consecuencia de su muerte y que, por tanto, sufrió un daño con ocasión de los hechos invocados en la demanda.

34. En lo tocante con la imputación, la parte demandante alega que el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco falleció por causa de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que fueron funcionarios de esa institución quienes lo detuvieron en el bar Acapulco, en el municipio de Pivijay, y que luego apareció muerto en la vía que de dicho municipio conduce al corregimiento de Media Luna.

35. Por su parte, la entidad demandada consideró que no podía achacársele responsabilidad por la defunción del señor Pertuz Orozco, teniendo en cuenta que nunca se pudieron dilucidar las circunstancias de modo y tiempo en las cuales se produjo su muerte, ni mucho menos la participación de efectivos de la Policía Nacional en esos hechos.

36. Así las cosas, con el fin de determinar si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional es responsable por el fallecimiento del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, resulta indispensable dilucidar cuál fue la causa fenomenológica de su fallecimiento, a fin de determinar a quién debe imputársele fácticamente el daño antijurídico.

37. Para este esfuerzo, de manera adicional a las pruebas que fundamentaron los hechos que se encuentran fehacientemente demostrados en el sub judice -ver párrafos 21 a 26, con sus respectivas notas-, se cuenta con diferentes elementos de convicción tendientes a demostrar las condiciones específicas de los sucesos que a la postre terminaron con la muerte del señor Pertuz Orozco. Dichos medios probatorios presentan ciertas contradicciones entre sí, las cuales deben ser dirimidas con el objeto de constatar la posibilidad de imputar los daños demandados, y corresponden al informe preliminar efectuado en el marco de la investigación penal respectiva por miembros del CTI, las minutas del libro de guardia correspondientes a los días 4 y el 5 de septiembre de 1994 y los múltiples declaraciones que se realizaron tanto en la investigación penal como en el desarrollo del presente proceso.

38. De esta manera, sobre lo acontecido son relevantes las declaraciones rendidas(10) por los señores Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina-, quien para ese día atendía el bar Acapulco; Iván Javier Hernández Orozco, Elkin Ferney Quintero Cardona y José Antonio Galvis Díaz, civiles que se encontraban departiendo el 4 de septiembre de 1994 en el referido establecimiento de comercio; así como los agentes de policía Rafael Antonio Benítez Mariche, Gilberto Antonio Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro, que se encontraban ese día, en horas de la noche, prestando su servicio.

39. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los medios probatorios aducidos son de carácter testimonial, de manera previa a abordar su análisis es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica, según las cuales para el estudio de testimonios debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez.

40. Estos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(11); cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene la potestad de minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “… las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)…” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “… la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo…” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “… no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aun cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “… no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos…” (G.J.T. CVI, pág. 140)(12).

41. Según lo expuesto y de conformidad con los postulados de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes y, además, debe ser percibida en conjunto con todos los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual se debe tener en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan y el momento en que la declaración es vertida al proceso(13).

42. Por su parte, conviene advertir que ante la existencia de una contraposición de hipótesis derivada de los medios probatorios aludidos, esta debe ser resuelta por el juzgador empleando los mismos postulados de la sana crítica ya referenciada, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(14), y definida por la jurisprudencia de esta Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento(15), por virtud del cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba(16).

43. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial.

44. Asimismo, cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(17), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia reflexiva de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente admitido(18). Al decir de Taruffo:

(…) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (…). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(19).

45. Partiendo de las anteriores premisas, la Sala observa que las pruebas señaladas presentan dos versiones contradictorias sobre lo que le acaeció al señor Neiro Jesús Pertuz Orozco en la noche del 4 y en la madrugada del 5 de septiembre de 1994, puesto que si bien de manera general se tiene por probado que éste se encontraba en el bar y que allí se vio envuelto en una discusión con uno de los civiles que se encontraba departiendo en el establecimiento, existen serias discrepancias en lo que respecta a su suerte una vez terminó la pelea. Efectivamente, mientras que algunos de los declarantes afirman que él fue conducido forzadamente al vehículo de la Policía Nacional, otros niegan explícitamente este hecho y aseguran desconocer en qué momento salió del bar.

46. Como sustento de la primera versión de los hechos se tiene una de las dos declaraciones rendidas por el señor Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina-, quien ante la justicia penal afirmó desconocer en qué momento salió del establecimiento Acapulco el señor Pertuz Orozco, pero después, en el testimonio rendido ante esta Corporación indicó que él fue conducido de forma forzosa al vehículo por los policías. Efectivamente, en un primer momento, el 16 de diciembre de 1994, se pronunció ante el Juzgado Único Penal Municipal de Pivijay, en los siguientes términos (f. 128, c. 1):

PREGUNTADO.- Sírvase manifestar el declarante dónde se encontraba usted el día cuatro de Septiembre a amanecer 5 de septiembre del presente año, en compañía de quién o de quiénes y a qué se dedicaba.- CONTESTÓ.- Me encontraba en el bar “ACAPULCO” como administrador y atendía con el compañero PEDRO JUAN PALACIO.- PREGUNTADO.- Sírvase manifestar el declarante qué sucedió la noche del cuatro a amanecer cinco de Septiembre en dicho bar.- CONTESTÓ-. Como había tanta gente no puedo precisar quiénes estaban ahí, pero se formó un problema entre EL “MUDO” llamado NEIRO PERTUZ y un cachaco no sé el nombre a ese cachaco, yo no sé por qué vino el problema pero noté que el mudo le hacía seña al cachaco y el cachaco le contestaba pero no sé qué le contestaba, yo intervine para evitar el problema y los aparté y como a los veinte minutos los volví a ver alegando nuevamente, entonces el cachaco empujó el mudo y yo le dije al cachaco que qué le pasaba, que yo conocía al mudo, entonces yo cogí al mudo y lo calmé y con señas le dije que se estuviera quieto, que se fuera para la casa, entonces yo lo dejé en el portón del bar y al cabo [de un] rato volví a ver al mudo y el cachaco discutiendo con las manos y volví y los calmé, entonces el mudo se sentó en el piso y en esos momentos la policía vino a traer a una muchacha del bar al hospital no me acuerdo en el momento no me acuerdo del nombre de la muchacha, entonces yo entré al bar y seguí atendiendo a la gente, entonces a eso de las dos de la mañana regresó la policía con la muchacha, entonces yo entré al bar y seguí atendiendo a la gente, entonces a eso de las dos de la mañana regresó la policía con la muchacha y me mandaron a cerrar el negocio como a las dos de la mañana, me dijeron que cobrara todo y cerrara el negocio, inmediatamente cerré el negocio y cuando yo cerré el negocio ya el mudo no se encontraba ahí y el único que se quedó en el negocio tomando fue el dueño llamado JOSÉ CORMANE y yo lo seguí atendiendo, se tomó como tres cervezas en compañía de un señor que le dicen “EL COHO” y se fueron entonces yo cerré todo y salí para mi casa ya que yo vovo (sic) como a tres cuadras del bar y no vi a nadie cuando salí, llegué a mi casa y me acosté. (…) PREGUNTADO.- Diga el declarante si en el momento de la discusión entre el señor NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO y el cachaco se encontraba presente la policía.- CONTESTÓ.- En esos momentos llegó la policía.- PREGUNTADO.- Diga el declarante a qué hora exacta llegó el señor NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO y díganos si cuando esta llegó ya el cachaco se encontraba en el bar.- CONTESTÓ.- El mudo llegó como a las nueve de la noche, llegó solo y el cachaco ya estaba ahí.- PREGUNTADO.- En compañía de quién o de quiénes se encontraba el susodicho cachaco y en qué estado se encontraba.- CONTESTÓ.- En compañía de dos personas a quien no conozco, el cachaco llegó como a las siete de la noche pero no estaba borracho, el cachaco y sus acompañantes tomaban Wisky (sic). PREGUNTADO.- Notó usted si [de] las personas que estaban presentes en el bar la noche del cuatro para el amanecer del cinco de septiembre, alguna portaba arma.- CONTESTÓ-. Realmente no observé a nadie armado.

47. Dicha declaración se contrapone con la que rindió ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, quien auxilió el despacho comisorio ordenado por esta Corporación, el 19 de febrero de 2009. En dicha oportunidad manifestó lo siguiente (f. 33, c. 2):

PREGUNTADO: Por sus generales de ley. CONTESTADO: Mis nombres completos son DANILO TORREGROSA MEDINA, soy natural de Fundación Magdalena, resido en [el municipio de] Pivijay, por la salida al puente de la carretera que conduce a Salamina, me identifico con CC No 1.081.806.794 de Fundación Magdalena, soy pintor, estado civil casado. PREGUNTADO: Hágale a este despacho un relato de los hechos sucedidos el día 04 de septiembre de 1994 en la población de Pivijay exactamente dentro del bar o cantina denominado “Acapulco” en las horas de la noche. CONTESTÓ: Yo estaba atendiendo en el bar entonces cuando pasaron los hechos cogieron al “mudito” NEIRO, y lo montaron en la camioneta naranjada, en ese momento llegó el cabo y dijo que cerraran eso y yo me metí y comencé a recoger todo. Después me enteré en la mañana que lo habían quemado, pero como me acosté a dormir yo no me di cuenta. El cabo me amenazó y me fui para los lados de Chibolo para el monte a trabajar, no presenté la denuncia porque tenía miedo. PREGUNTADO: dígale al despacho en qué vehículo se llevaron al señor NEIRO DE JESÚS PERTUZ. CONTESTADO: En la camioneta anaranjada de estaca de la policía. PREGUNTADO: Dígale al despacho la forma como la policía hace subir al señor NEIRO PERTUZ. CONTESTADO: fue violenta y la policía estaba de civil. PREGUNTADO: Dígale al despacho el nombre del cabo de la policía que realizó este operativo. CONTESTADO: Yo lo conocí como el cabo BENITES (sic). PREGUNTADO: Que explicación o justificación adujo el cabo BENITES para llevarse a NEIRO. CONTESTADO: Él no justificó sino que me dijo que si yo decía algo me pasaba algo a mí, después fue donde la familia de NEURO (sic), y le dijo que pruebas tenía y ellos dijeron que el pueblo. (…) PREGUNTADO: en respuesta anterior, de esta diligencia, usted habla del cabo, concrete a qué institución de las fuerzas armadas pertenecía si al Ejército Nacional o la policía. CONTESTADO: A la Policía (resaltado del texto).

48. De forma coincidente con esta última declaración, el 26 de junio de 2001, ante la Fiscalía Cuarenta y Dos de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y otros, rindió testimonio el señor Iván Javier Hernández Orozco, quien también adujo que en la madrugada del 5 de septiembre de 1994 el señor Pertuz Orozco fue conducido a la fuerza al vehículo de la Policía, y que luego apareció muerto en la vía que de Pivijay conduce a Media Luna (f. 209-211, c. 1):

PREGUNTADO/ Usted en el memorial presentado ante la Fiscalía, solicitó que se le escuchara bajo la gravedad del juramento teniendo en cuenta que quiere deponer todo cuanto sabe y le consta de la muerte de NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO. CONTESTÓ/ No recuerdo el día porque eso hace bastante rato, yo ese día estaba en el negocio billar cantina en Pivijai (sic), hay varias personas , hay que yo recuerdo había un muchacho llamado DANILO TORREGROZA, estaba el otro muchachito que le dieron muerte de nombre NEIRO PERTUZ, él era sordomudo, lo que sucede es que el muerto tuvo un problema con unos señores de civiles como que pertenecían a la policía, o eran de ellos mismos, ahí pelearon entre ellos no sé por qué, los pelaos quedaron ahí y los otros se fueron, más tarde ellos vienen y tajeron (sic) que yo alcancé a ver al Cabo Benites (sic) con los otros dos policías cogieron al mudo o sea NEIRO le dieron bolillo y lo embarcaron en la camioneta de color blanquita que la policía tiene, yo los vi cuando lo montaron entre ellos iba el tal famoso conocido como el CABO BENÍTEZ, el otro muchacho salió huyendo y no lo cogieron. Al día siguiente los padres del mudo lo buscaban porque no aparecía, lo encontraron en un sitio llamado cerca de la colorada, cerca de Media Luna Magdalena ya muerto, quemado, casi desconocido pero fue reconocido por sus padres, pero yo no me acerqué a declarar por miedo. PREGUNTADO / Porque (sic) presume usted que la[s] persona[s] que agredieron [a] NEIRO PERTUZ, era[n] agentes de policía. CONTESTÓ/ Porque uno de ellos andaba con la Policía, no sé si eran amigos, lo que sí sé era que estaba el Cabo BENÍTEZ y era uno de los que embarcó a golpes y lo embarcó en la camioneta. PREGUNTADO/ Cuantas personas agredieron y embarcaron en la camioneta al NEIRO. CONTESTÓ/ habían dos policías más y el Cabo BENÍTEZ, ellos estaban con su uniforme más otras dos personas de civil cuando se formó el reboluto (sic) la mayoría de la gente que se encontraba ahí se perdieron por temor y el negocio fue cerrado inmediatamente. PREGUNTADO/ Diga qué hacía usted en el lugar donde ocurrió el hecho, con quién estaba. CONTESTÓ/ Yo estaba tomándome unas cervezas, estaba solo. PREGUNTADO/ Diga con quién se encontraba el señor NEIRO PERTUZ, antes de que llegaron las personas de civil y los policías que lo embarcaron en la camioneta. CONTESTÓ/ Él siempre estuvo con DANILO TORREGROZA y cuando llegan las personas de civil y los policías el amigo se pierde, pienso que por ser sordomudo él no podría hablar y lo desparecieron, no sabiendo ellos que hubo gente que lo vio embarcar, y los vieron a donde lo llevaron pero por temor no quieren hablar incluso en las paredes del cementerio de esa población apareció al día siguiente una nota donde decía “CABO BENÍTEZ, matastes (sic) al mudito” comentan varias personas que el mismo Cabo Benítez con los demás policías fueron y borraron esos avisos de información (…) PREGUNTADO/ Por qué conoce usted al cabo BENÍTEZ. Así mismo señalar a la fiscalía sus características y las de los agentes que lo acompañaban. CONTESTÓ/ Lo conozco como Cabe (sic) que era en el pueblo, como pueblo que es uno se conoce, porque él se las daba de bravo y amedrantaba a las personas, de estatura mediana, de color bastante, grueso, no sé cómo se llamaba y por el tiempo no recuerdo bien. PREGUNTADO/ Qué otras personas además de usted presenció el momento en que el Cabo Benítez, los dos agentes que lo acompañaban junto con los civiles montaron bajo presión en la camioneta a NEIRO PERTUZ, CONTESTÓ/ Muchas personas del pueblo, el nombre no me acuerdo. PREGUNTADO/ Diga si usted acostumbraba a frecuentar el lugar donde ocurrieron los hechos, CONETSTO (sic) / Muy poco de vez en cuando iba por ahí (…) PREGUNTADO/ Por qué razón luego de casi siete años de ocurridos los hechos, usted solicita se le recepcione declaración sobre los mismos siendo que no se presentó recién ocurrido esto. CONTESTÓ/ Como lo dije anteriormente no lo hice por temor a que me fuera [a] pasar algo y segundo porque me ha dado conmoción en la muerte que le dieron a ese muchacho porque la madre por ser una persona pobre se le reconozca la muerte de su hijo, porque ya con eso no lo va a revivir, y porque él era un muchacho que no se metía con nadie, él era lustrador de botas no se metía con nadie, era muy querido en el pueblo. PREGUNTADO/ Diga el declarante si tiene algo más que agregar, corregir, enmendar a la presente diligencia. CONTESTÓ/ Quiero manifestar que no recuerdo bien el color de la camioneta, pero sí sé que lo embarcaron atrás en el platón, e iban el Cabo Benítez, los dos policías y las dos personas de civile[s], no sé si los dos civiles se bajaron adelante o después, pero sí los vi que se lo llevaron. Quiero dejar sentado si me llegara a pasar algo, no tengo enemigos solamente lo acusaría a él al Cabo Benítez por haber servido a esclarecer los hechos de esta Familia.

49. A contramano, el señor El señor Elkin Ferney Quintero Cardona, quien fue el civil que se vio envuelto en una discusión con el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco -alias el Mudo-, adujo que una vez superado el problema fue transportado por los agentes de la Policía Nacional hasta otro establecimiento nocturno, sin que conociera cuál fue la suerte del occiso (f. 140, c. 1):

PREGUNTADO. Haga un relato claro y detallado de los hechos. CONTESTADO. Yo estaba en el negocio que administraba tomando, después me fui para el bar Acapulco solo, allá me puse a tomar en una mesa, después llegaron dos amigos míos, uno se llama Toño y el otro también lo conozco como Toño el grande, y se pusieron a tomar conmigo, al ratico llegó la policía, le ofresimos (sic) una gaseosa y se la tomaron ahí con nosotros, más tarde no recuerdo la hora fue cuando llegó el mudo a la mesa donde nos encontrábamos nosotros y nos pidió un trago, y un compañero le dio soda, entonces le dio rabia y se fue y volvió con otros eran como tres o cuatro y el como que le dijo que nosotros le habíamos puesto problema a él, entonces un compañero le dijo que ahí no había pasado nada que tranquilo, y se regresaron para donde ellos estaban, después salí para el baño y pasando por la mesa donde estaba el mudo me sacó un chuzo, como los de coser zapatos, entonces yo lo empujé y el cayó al suelo y fue cuando llegaron los otros compañeros míos y evitaron el problema calmando al mudo y seguí para el baño y volví a la mesa donde estaba tomando, después se formó otro problema en el bar en otra mesa y en ese momento llegó la policía y nos hizo salir a todos los que estábamos en el bar e icieron (sic) apagar la música y cerrar el negocio, y el sargento nos dijo que si queríamos nos llevaba al negocio que yo administraba que quedaba por el mercado, frente al guasimo, nos llevaron a todos tres en la camioneta de la policía, como estaba cerrado el negocio mío nos metimos al guasimo a tomar como hasta las tres de la mañana y de ahí nos fuimos a dormir donde Toño, los policías no se quedaron con nosotros ellos se fueron cuando nos dejaron en el guasimo, como a los doce del día me levanté y fui al negocio antes de ir a la casa y al frente estaba Toño el grande y me dijo que habían matado a una persona en el pueblo, pero no me dijo quién era y después como a los dos días me enteré que había sido el mudo. PREGUNTADO.- había tenido usted algún problema antes con el mudo CONTESTADO.- nunca mis relaciones con él eran de que él me lustraba los zapatos y jamás había tenido problemas con él. PREGUNTADO. Cuanto tiempo conocía usted a la víctima y qué referencias tenía de él. CONTESTADO. Yo tenía poco tiempo de estar en el pueblo, como tres meses solo lo conocía porque lustraba zapatos en sectores del mercado (…).

50. Igualmente, el señor José Antonio Galvis Díaz, quien departía en el bar con el señor Elvin Quintero, se pronunció de la siguiente manera (f. 139, c. 1):

PREGUNTADO.- Sírvase hacer un relato de los hechos. CONTESTADO.- llegué como a las 10 P.M. al Bar ACAPULCO donde me encontré con el señor ELKIN QUINTERO, y otros compañeros que se encontraban con él, estábamos dialogando, hablando, y al cabo rato llegó el mudo a pedirle trago a ELKIN, el cual ELKIN se lo negó porque el mudo era muy pernisioso (sic) cuando estaba con tragos, esto sucedió como dos o tres veces, por lo que el mudo se ofendió y le sacó un CHUZO a ELKIN, y entonces nosotros le dijimos que no le parar[a] bolas, entonces ELKIN se paró a la cantina a pedir Música y que entonces cuando el Mudo volvió a ofenderlo y ELKIN lo empujó y se fue al suelo, entonces fue cuando los cantineros agarraron al mudo y lo sacaron del Bar, pero el mudo volvió a entrar al Bar, entonces fue cuando el mudo se presentó acompañado de tres personas los cuales estaban ofendiendo a ELKIN, entonces cuando estábamos SE CORRIJE (sic), estaban discutiendo llegó la Policía, y calmó todo, volvimos a sentarnos y seguir tomando y al cabo rato el Mudo volvió a entrar al Bar y fue cuanto tubo (sic) otra discusión con la jente (sic) que estaba en otra mesa y fue cuando cerraron definitivamente el Bar y fue entonces cuando nos vinimos en el mismo carro de la Policía y nos dejaron el Guásimo a mi persona, a ELKIN, y otro compañero que estaba con nosotros y allí nos quedamos un rato y después nos fuimos a dormir. PREGUNTADO.- dónde se encontraba el mudo cuando ustedes salieron y se montaron al carro de la Policía. CONTESTÓ.- en ningún momento lo vi, porque todo el mundo salió y nos montamos en el carro de la policía y nos fuimos (…).

51. Finalmente los tres agentes de la Policía implicados, manifestaron no recordar si habían ido al establecimiento Acapulco, aclarando que, de haberlo hecho, sólo fue por pocos minutos y en cumplimiento de sus funciones de vigilancia. De otra parte, indicaron que no conocían al señor Neiro Jesús Pertuz Orozco y que, por tanto, no sabían si se encontraba ese día en el bar. Asimismo, aseguraron que durante su servicio no se presentó ningún caso de Policía y que, por tanto, ningún particular fue transportado en el vehículo oficial.

52. Así, el señor sargento segundo Rafael Antonio Benítez Mariche presentó declaración bajo juramento ante el Juzgado Sesenta y Ocho de Instrucción Penal Militar de Santa Marta, el 12 de septiembre de 1995, en el cual indicó lo siguiente (f. 178-179, c. 1):

PREGUNTADO… DIGA AL JUZGADO, EN DÓNDE LABORABA USTED EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994, ACLARANDO QUÉ TIPO DE SERVICIO LE CORRESPONDIÓ PRESTAR EN HORAS DE LA NOCHE… CONTESTÓ… Laboraba en la Estación Pivijay y esa noche pues se prestó servicio de revista a puntos críticos en cuarto turno.- (…) PREGUNTADO… MANIFIESTE AL JUZGADO, SI PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1994 USTED ESTUVO EN EL BAR ACAPULCO DONDE SE ENCONTRABA EL JOVEN NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO, QUIEN ERA MUDO Y SE DESEMPEÑABA COMO ENVOLADOR (sic), QUIEN A LA POSTRE APARECIÓ INCINERADO EN CERCANÍAS DE MEDIA LUNA. QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS… CONTESTÓ… No recuerdo si ese día haya pasado por el establecimiento ya que esporádicamente se pasa revista a los establecimientos abiertos al público y no puedo decir si esa persona pudiera estar por allí ya que no lo conocía, el día 5 de septiembre ya casi a medio día el señor Inspector de Policía de Media Luna solicitó la colaboración de un servicio para un levantamiento de cadáver, luego del levantamiento quedó como N.N. porque no fue identificado por las personas que allí estuvieron y transeúntes que allí estuvieron, de ahí fue conducido hasta la morgue en donde le ordenaron la autopsia, bueno a partir de ese momento quedó a disposición de la Alcaldía para su sepultura y el resultado de la autopsia y demás documentos quedaban a cargo del Juzgado Único Penal de Pivijay, que luego fue remitido a la Fiscalía para las investigaciones preliminares de oficio.- PREGUNTADO… DIGA AL JUZGADO SI PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE USTED ESTUVO PATRULLANDO CON UN POLICIAL DE QUIEN SE AFIRMA ES CONOCIDO COMO EL CABO BENÍTEZ. EN CASO AFIRMATIVO DÍGANOS QUÉ OTRAS PERSONAS ESTUVIERON PATRULLANDO CON USTED POR QUÉ SECTOR EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY Y QUÉ PROCEDIMIENTOS ATENDIERON… CONTESTÓ… Bueno para esa época no había suboficial en ese grado, cuando yo estuve allá y yo estuve allá en el grado de Sargento Segundo y yo le recibí a un Cabo Primero llamado SERRANO HERNÁNDEZ, yo soy el Sargento Segundo RAFAEL BENÍTEZ, se encontraban patrullando los agentes MARTÍNEZ CHAMORRO y BLANCO BORJA, se le pasaron revista a los puntos críticos que son CORELCA, ELECTRIFICADORA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, EL HOSPITAL Y LA PLANTA DE COOLECHERA, esos son los puntos críticos allá, no se atendieron procedimientos especiales… PREGUNTADO… MANIFIESTA LA SEÑORA SONIA OLINDA OROZCO QUE PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994 UN SARGENTO DE APELLIDO BENÍTEZ SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS EMBRIAGANTES DENTRO DEL BAR ACAPULCO, QUE ALLÍ SE PRESENTÓ UNA RIÑA Y QUE EL POLICIAL HABÍA DADO LA ORDEN DE CERRAR ESE ESTABLECIMIENTO, QUE MOMENTOS DESPUÉS EN EL VEHÍCULO DE LA POLICÍA SE HABÍA MOVILIZADO ALGUNOS DE LOS PARROQUIANOS QUE SE ENCONTRABA EN ESE ESTABLECIMIENTO Y QUE AL DÍA SIGUIENTE HABÍA APARECIDO EL CADÁVER DEL PARTICULAR NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO EN CERCANÍAS AL SITIO CONOCIDO COMO LA COLORADA EN LA VÍA QUE DE PIVIJAY CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS.- CONTESTÓ… Es falso desde todo punto de vista y no sé con qué intención esta señora pueda afirmar esto en vista de que no soy una persona que me guste el licor, tampoco fumo y mucho menos si estaba de servicio iba a estar en un establecimiento así como dice ella ingiriendo bebidas alcohólicas, de pronto uno puede pasar revista por cualquier establecimiento y pasar por allí o entrar no indica que esté viviendo ese ánimo de alegría o entusiasmo o de fiesta de las personas que están allí, de pronto por cordialidad se podrá saludar o ser amable con las personas que están allí.- Esa noche no se conocieron casos de policía y desconozco el cierre del establecimiento, que en ningún momento se anduvo con personas particulares y en relación al cadáver se desconoce[n] los móviles (…).

53. El agente Gilberto Antonio Blanco Borja, quien también se encontraba de servicio para el día de los hechos, adujo lo siguiente (f. 180, c. 1):

PREGUNTADO… DIGA AL JUZGADO, EN DÓNDE LABORABA USTED EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1994, ACLARANDO QUÉ TIPO DE SERVICIO LE CORRESPONDIÓ PRESTAR EN HORAS DE LA NOCHE… CONTESTÓ… Ese día me encontraba laborando en la Estación de Policía de Pivijay, yo allá me desempeñaba con el cargo de secretario y en los ratos libres me correspondía patrullar con el personal disponible o realizar cuarto turnos por las noches. (…)PREGUNTADO… DIGA AL JUZGADO SI PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE USTED ESTUVO EN EL BAR ACAPULCO EN DONDE SE ENCONTRABAN EL JOVEN NEIRO JESÚS PARTUZ OROZCO, QUIEN ERA MUDO Y SE DESEMPEÑABA COMO EMBOLADOR, QUIEN A LA POSTRE APARECIÓ INCINERADO EN CERCANÍAS DE MEDIA LUNA, QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS… CONTESTÓ… Ninguno, ya que quien estuvo en el Bar, corrijo ya que se estuvo pasando revista y se estuvo como dos minutos estuve con el Sargento BENÍTEZ y el agente MARTÍNEZ y no sé si estaba ya que yo no lo conocía. Sobre el caso no sé nada (…). PREGUNTADO… MANIFIESTA LA SEÑORA SONIA OLINDA OROZCO QUE PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994 UN SARGENTO DE APELLIDO BENÍTEZ SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS CORRIJO EMBRIAGANTES DENTRO DEL BAR ACAPULCO, QUE ALLÍ SE PRESENTÓ UNA RIÑA Y QUE EL POLICIAL HABÍA DADO LA ORDEN DE CERRAR ESE ESTABLECIMIENTO, QUE MOMENTOS DESPUÉS EN EL VEHÍCULO DE LA POLICÍA SE HABÍA MOVILIZADO ALGUNOS DE LOS PARROQUIANOS QUE SE ENCONTRABA EN ESE ESTABLECIMIENTO Y QUE AL DÍA SIGUIENTE HABÍA APARECIDO EL CADÁVER DEL PARTICULAR NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO EN CERCANÍAS AL SITIO CONOCIDO COMO LA COLORADA EN LA VÍA QUE DE PIVIJAY CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS.- CONTESTÓ… De que mi Sargento se encontraba ingeriendo (sic) bebidas embriagantes es falso, ya que nos encontrábamos patrullando y de que en el vehículo de la Policía se montaron particulares también es falso, ya que ese día por la noche no se atendió ningún caso de policía y de lo que corresponde al muerto tampoco tengo ningún conocimiento, ya que en la Estación de Policía informaron fue en la mañana sobre el muerto que se encontraba en la vía que de Pivijay conduce a Media Luna (…).

54. Finalmente, el agente Alberto Manuel Martínez Chamorro, se pronunció, así (f. 181, c. 1):

PREGUNTADO… DIGA AL JUZGADO, EN DÓNDE LABORABA USTED EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1994, ACLARANDO QUÉ TIPO DE SERVICIO LE CORRESPONDIÓ PRESTAR EN HORAS DE LA NOCHE… CONTESTÓ… Estaba laborando en la Estación Pivijay, hice cuarto turno de vigilancia como tripulante, de las 07:00 horas a las 01:00 horas (…) PREGUNTADO… MANIFIÉSTELE AL JUZGADO, SI PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE USTED ESTUVO EN EL BAR ACAPULCO EN DONDE SE ENCONTRABA EL JOVEN NEIRO JESÚS PARTUZ OROZCO, QUIEN ERA MUDO Y SE DESEMPEÑABA COMO EMBOLADOR, QUIEN A LA POSTRE APARECIÓ INCINERADO EN CERCANÍAS DE MEDIA LUNA, QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS… CONTESTÓ… Nunca estuve en el Bar Acapulco y si estuve fue pasando revista ya que estaba de tripulante pero no recuerdo si llegamos allí. Tuvimos conocimiento al día siguiente ya que llegó al señor Inspector diciendo que había un cuerpo incinerado en la vía de Media Luna pero no sé si era ese señor, ya que estaba incinerado y nunca lo conocí (…). PREGUNTADO… MANIFIESTA LA SEÑORA SONIA OLINDA OROZCO QUE PARA LA NOCHE DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994 UN SARGENTO DE APELLIDO BENÍTEZ SE ENCONTRABAN INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS CORRIJO EMBRIAGANTES DENTRO DEL BAR ACAPULCO, QUE ALLÍ SE PRESENTÓ UNA RIÑA Y QUE EL POLICIAL HABÍA DADO LA ORDEN DE CERRAR ESE ESTABLECIMIENTO, QUE MOMENTOS DESPUÉS EN EL VEHÍCULO DE LA POLICÍA SE HABÍA MOVILIZADO ALGUNOS DE LOS PARROQUIANOS QUE SE ENCONTRABA EN ESE ESTABLECIMIENTO Y QUE AL DÍA SIGUIENTE HABÍA APARECIDO EL CADÁVER DEL PARTICULAR NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO EN CERCANÍAS AL SITIO CONOCIDO COMO LA COLORADA EN LA VÍA QUE DE PIVIJAY CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE ESTOS HECHOS.- CONTESTÓ… De que mi Sargento haya tomado es falso ya que a él no le gusta el alcohol y que yo recuerde nunca estuvimos en el Bar Acapulco seguro pasando revista pero nunca conocimos de ninguna riña, ni lo cerramos ni tuvimos conocimiento de que allí hubiere alguna (sic) y transportar personas en el vehículo ese día no lo hicimos ya que está prohibido transportar personas a menos de que sea un caso policivo (…).

55. Comoquiera que es evidente que los testimonios obrantes en el expediente no son contestes, resulta necesario aplicar las reglas de la sana crítica, según lo expuesto con anterioridad, a fin de determinar el valor que debe dársele a cada declaración en particular, para luego analizar la coherencia externa de ellas, esto es, en conjunto con la totalidad de las pruebas del plenario.

56. En primer lugar, respecto de las declaraciones rendidas por el señor Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina- la Sala estima que, en principio, habría lugar a restarle valor probatorio a su dicho, teniendo en cuenta que el tercero incurrió en una contradicción, puesto que en un primer momento informó que desconocía el momento en el cual el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco había salido del bar Acapulco -puesto que tras su cierre él se había quedado en el lugar para atender a su dueño- y, sin embargo, en la segunda declaración, afirmó que había visto cómo al momento del cierre del establecimiento los agentes de policía condujeron al señor Pertuz a un vehículo color naranja.

57. Ahora bien, se considera que existen elementos suficientes para considerar que la contradicción en la que incurrió el declarante no fue producto de la falta de sapiencia de su dicho, sino consecuencia de circunstancias externas. Efectivamente, el 19 de febrero de 2009, el señor Torregrosa informó que no había denunciado al “cabo Benítez” como autor del homicidio porque éste lo había amenazado, al punto que se vio obligado a dejar su trabajo por un tiempo para laborar en el campo.

58. Dicha afirmación se ve confirmada por lo que adujo en su testimonio el señor Iván Javier Hernández Orozco, quien también indicó que no había declarado con anterioridad sobre los hechos porque sentía miedo por su seguridad personal, tanto así que indicó que de llegarle a pasar algo acusaría al señor Benítez, puesto que carecía de enemigos.

59. Por esa razón considera la Sala que está acreditado que en el primer testimonio que rindió el señor Danilo Torregrosa Mediana -o Danilo José Lago Medina-, se vio imposibilitado para manifestar la verdad por cuenta de las amenazas que sobre su vida se cernían, motivo por el cual la contradicción en la que incurrió no puede ser óbice para que se valore, en su integridad, la declaración que presentó ante esta Corporación.

60. Esa circunstancia no implica que deba negarse todo valor a lo que el testigo manifestó el 16 de diciembre de 1994, comoquiera que buena parte de lo que dijo tiene que ver con las circunstancias que antecedieron a la movilización del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, sin que exista ningún motivo que conlleve a suponer que respecto de ellas también se vio presionado para ocultar la verdad.

61. Así las cosas, la Sala procederá a valorar lo que manifestó el testigo en la primera declaración, excepto con lo que tiene que ver con la suerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco y la participación de la Policía Nacional en su presunta detención en el establecimiento Acapulco, asunto en el cual se estudiará únicamente lo manifestado en el testimonio que rindió el 19 de febrero de 2009.

62. En cuanto a la ciencia de su dicho, se advierte que el señor Torregrosa fue testigo presencial de los hechos acaecidos en el bar Acapulco. Efectivamente, su comparecencia en el sitio el 4 de septiembre de 1994 ha sido acreditada por lo que al respecto señaló el declarante Hernández Orozco -ver párrafo 46-.

63. Para la Sala su declaración es especialmente valiosa, comoquiera que por su calidad de trabajador de dicho establecimiento de comercio, tuvo una participación directa en los hechos que culminaron con la muerte del señor Pertuz, pues es evidente que entre sus funciones se encontraba, precisamente, resolver las controversias y discusiones de los clientes, a fin de evitar que mutaran en actos violentos, así como recibir a las autoridades municipales que allí acudieran.

64. De otra parte, advierte la Sala que, con la salvedad realizada con anterioridad, las declaraciones realizadas por el señor Torregrosa son consistentes y no se advierte en ellas ninguna circunstancia que ponga en peligro su credibilidad. Al tiempo, no se encuentra que su ponencia resulte contraria a la lógica o al sentido común, ni se halla ninguna situación que comprometa su dicho y que lo vuelva sospechoso a los ojos del juzgador.

65. En cuanto al testimonio rendido por el señor Iván Javier Hernández Orozco, la Sala tampoco encuentra motivos suficientes para aminorar su valor probatorio, comoquiera que se trata de una declaración espontánea, en la que no se observa ninguna circunstancia que dé pie para tacharla de falsedad. Ahora bien, al dictar la sentencia de primera instancia, el tribunal le restó credibilidad a lo que él adujo, comoquiera que (…) nadie lo mencionó ni fue citado a tiempo y no hay quien corrobore su presencia ese día en el bar lugar de los hechos”.

66. Al respecto, resulta necesario precisar, en primer lugar, que el hecho de que ningún otro testigo señale que el señor Hernández Orozco acudió ese día al bar Acapulco, no es motivo suficiente para concluir que lo que éste manifestó al respecto sea falaz, teniendo en cuenta que las autoridades no preguntaron expresamente a ninguno de los demás declarantes por la presencia del referido testigo; debe advertirse, por el contrario, que el establecimiento de comercio era un lugar abierto al público, por lo que no resulta extraño que personas vecinas de la localidad, como el presente declarante, acudieran allí con fines recreativos.

67. Asimismo, se encuentra que de ser cierto que el declarante no era un testigo presencial de los sucesos del 4 de septiembre de 1994, resultaría difícil de explicar cómo conocía tantos detalles particulares de los hechos que ese día acaecieron, varios de los cuales han sido ratificados por las declaraciones de otros testigos. Finalmente, tampoco se observa algún móvil que lo llevara a mentir sobre el particular, máxime cuando era consciente de que se encontraba realizando una declaración bajo juramento.

68. En lo que atañe al dicho de los señores Elkin Ferney Quintero Cardona y José Antonio Galvis Díaz, la Sala observa que se trata de civiles que, efectivamente, fueron testigos presenciales de los hechos, por encontrarse el 4 de septiembre de 1994 en el bar Acapulco.

69. Sin embargo, se encuentra que existe una circunstancia que empaña la transparencia de su dicho. No puede dejarse de lado que los declarantes, que eran amigos, fueron los civiles que, como ellos mismos lo señalan en las respectivas deponencias, se vieron envueltos en una importante discusión con el occiso Neiro Jesús Pertuz Orozco, al punto que esta escaló hasta una confrontación física. Como es natural, el hecho de que con posterioridad el señor Pertuz Orozco apareciera muerto como consecuencia de un hecho violento, situó como primeros sospechosos a las personas con las cuales se le vio públicamente discutiendo.

70. Por ese motivo, es claro que los testimonios rendidos ante la justicia penal por los señores Elkin Ferney Quintero Cardona y José Antonio Galvis Díaz están necesariamente mediados por el interés que ellos tienen en infirmar la posible responsabilidad penal que pudiera caberles y desviar el curso de la investigación penal por otras vías, máxime cuando está acreditado(20) que mantenían una amistad con las personas que han sido tachadas por los demandantes como los causantes materiales de la muerte -los agentes de policía que se encontraban de servicio en la noche del 4 de septiembre de 1994-.

71. Finalmente, está acreditado que el señor sargento segundo Rafael Antonio Benítez Mariche y los agentes de policía Gilberto Antonio Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro para el momento de los hechos se encontraban prestando servicio, de conformidad con lo consignado en la certificación realizada por la Estación Carabineros Pivijay del Departamento de Policía de Magdalena:

(…) para el día 5 de septiembre de 1.994 en horas de la madrugada, el señor; Sargento segundo; RAFAEL BENÍTEZ MARICHE, no se encontraba haciendo ninguna actividad; Se aclara que efectuó cuarto turno el día 4 de Septiembre hasta las 01:00 horas, pasando revista a los puntos críticos y vulnerables de la localidad, en compañía con los agentes; AG. BLANCO BORJA GILBERTO Y AG. MARTÍNEZ CHAMORRO ALBERTO” (f. 172, c. 1).

72. En el mismo sentido, en las minutas de los libros de guardia aportados en el proceso, consta lo siguiente: “04 09 94 19:40 Salida // Del personal vehículo camioneta Totoyoya (sic) conducida por ss Benítez Mariche Rafael cdte Estación. Ag: Blanco Borja Gilberto porta fusil galil de dotación. Ag: Hurtado Fabio, ag Martínez Chamorro Alberto, revista puntos críticos sector comercial personal sin novedad (…). // 05-09-94 01:00 Regreso // Que hacen 0-1-3 que se encontraban efectuando patrullando (sic) puntos críticos y sector comercial regreso que hacen los antes mencionados S/N” (f. 88, c. 1).

73. En sus declaraciones, los referidos agentes de la Policía manifestaron desconocer los hechos acaecidos en la noche del 4 y en la madrugada del 5 de septiembre de 1994, por no haber sido testigos presenciales de los mismos. Sin embargo, comoquiera que ellos han sido señalados como las personas que condujeron al señor Neiro Jesús Pertuz Orozco de forma forzosa al vehículo de la Policía Nacional, sin que se supiera nada más sobre su destino hasta que fue encontrado muerto en la vía que conduce de Pivijay a Media Luna, considera la Sala que sobre la probidad de su dicho se cierne un manto de duda, puesto que, como ya se dijo respecto de los señores Quintero Cardona y Galvis Díaz, a pesar de que su declaración fue rendida bajo juramento, es lógico pensar, siguiendo las reglas de la experiencia, que se encontraban interesados en evitar que la justicia iniciara acciones en su contra.

74. De otra parte, se advierte que cada uno de los agentes de policía incurrió en contradicciones internas en sus respectivas declaraciones que les restan valor probatorio. Efectivamente, la Sala encuentra que ellos fueron esquivos al contestar la pregunta realizada por la autoridad penal respecto de su presencia en el bar Acapulco en la noche del 4 de septiembre de 1994:

75. Así, el sargento segundo Benítez Mariche dijo que no recordaba haber acudido ese día al establecimiento, para a continuación admitir que bien pudo pasar por allí y saludar a los presentes, pero sin que en ningún momento tomara una bebida alcohólica. A su vez, el agente Blanco Borja se disponía a decir que no tenía conocimiento de los hechos porque quien estuvo en el sitio fue otro agente. Sin embargo, se corrigió a sí mismo en el sentido de afirmar que sí estuvo allí con otros dos policías, pero sólo por dos minutos. Finalmente, el agente Martínez Chamorro afirmó, expresamente, que nunca estuvo en el lugar, pero que de haber estado fue sólo pasando revista.

76. Estas contradicciones y vacilaciones conducen a la Sala a cuestionar la probidad del dicho de los testigos, pues se encuentra que incurrir en ellas no es propio de una persona que, sin hesitaciones, responde con la verdad a las preguntas que se le realizan. Por ese motivo no pueden aceptarse las explicaciones vertidas por los referidos declarantes sin antes verificar que las mismas sean contestes con las demás pruebas que obran en el plenario.

77. Examinada la coherencia interna, la ciencia del dicho y la probidad de los terceros respecto de cada una de las declaraciones relevantes obrantes en el plenario, procede la Sala a analizar su consistencia externa, es decir, el grado de convicción que estas generan comparadas con la totalidad del acervo probatorio del expediente.

78. Para tal fin se estudiará la concordancia de los elementos de convicción que sustentan cada una de las hipótesis existentes respecto de los hechos acaecidos el 4 y 5 de septiembre de 1994. Al respecto, nótese cómo, por una parte, los declarantes Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina- e Iván Javier Hernández Orozco sostienen que el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco no salió del bar Acapulco por sus propios medios, sino que fue conducido a un vehículo por los agentes de policía que se encontraban en el establecimiento de comercio, mediante el empleo de la fuerza(21). En contravía, el resto de los deponentes relacionados señalan desconocer el destino del señor Pertuz Orozco, al tiempo que afirman o dan a entender que éste nunca ingresó al vehículo de la Policía.

79. Para estudiar la primera de las hipótesis señaladas debe tenerse en cuenta que el señor Torregrosa Medina se pronunció de una forma mucho más amplia sobre los hechos acaecidos ese día, mientras que el señor Hernández Orozco se centró, únicamente, en la detención del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco. Con todo, considera la Sala que en cuanto a este último aspecto las declaraciones son coherentes y salvo pequeñas contradicciones, no se advierte ningún motivo de peso que conlleve a dudar de su veracidad.

80. Así, por ejemplo, el señor Torregrosa afirmó que la camioneta en la que los agentes de policía adentraron al señor Pertuz Orozco era anaranjada, mientras que el señor Hernández Orozco adujo, primero, que era blanca, para luego manifestar que no estaba seguro de su color. De otra parte, este último testigo señaló que el occiso fue golpeado por los policías mediante el uso de bolillos, detalle sobre el cual nada dice el otro declarante. Finalmente, mientras que el señor Hernández hace mención expresa de que al vehículo de la Policía también entraron los civiles que se encontraban peleando con el señor Pertuz Orozco, el señor Torregrosa guarda silencio sobre el particular.

81. Para la Sala, dichas puntuales diferencias se pueden explicar por la distancia temporal entre la época de los hechos y la fecha en la que se celebraron las respectivas audiencias de testimonio, de modo que no son suficientes para infirmar la validez de la hipótesis que allí se consigna respecto de lo que le sucedió al occiso en la madrugada del 5 de septiembre de 1994.

82. Ahora bien, en cuanto a la segunda hipótesis referida, la Sala advierte graves inconsistencias en los testimonios que hacen imposible que se les dé credibilidad. Efectivamente, lo que manifestaron en sus declaraciones los tres agentes de la Policía resulta contradictorio en aspectos centrales con lo que afirmaron los señores Elkin Ferney Quintero Cardona, José Antonio Galvis Díaz, Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina- e Iván Javier Hernández Orozco, como pasa a verse.

83. En primer lugar, como ya se dijo al analizar la coherencia interna de sus dichos -ver párrafos 74 y 75-, los señores Rafael Antonio Benítez Mariche, Gilberto Antonio Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro o bien dudaron en afirmar que acudieron en la noche del 4 de agosto de 1994 al establecimiento de comercio Acapulco o bien lo negaron en un primer momento, para luego admitir la posibilidad de que hubieren pasado por allí haciendo revista.

84. Pues bien, todos los demás declarantes señalaron, sin ninguna duda, que ellos -entre los cuales mencionan por nombre propio al sargento segundo Benítez, alias “el cabo Benítez”- sí se presentaron en la referida fecha al lugar señalado. Más aún, el señor Danilo Torregrosa y el señor Elkin Quintero afirmaron que fueron dos las veces en los que los agentes de la policía acudieron al establecimiento Acapulco, al tiempo que este último adujo que allí les invitó a consumir unas bebidas gaseosas.

85. En el mismo sentido, se encuentra que los agentes manifestaron que ese día no se presentó ningún caso de policía que ameritara su actuación en el cumplimiento de los deberes legales que les eran exigibles, al tiempo que el primero y el tercero de ellos afirmaron tajantemente que nunca ordenaron cerrar el bar Acapulco.

86. Pues bien, se aprecia que la totalidad de los testigos restantes advirtieron en sus respectivas declaraciones que el bar Acapulco se cerró por orden de las referidas autoridades y, también, que existió un caso de policía que ameritó su actuación, específicamente, la confrontación acaecida entre los señores Neiro Jesús Pertuz Orozco y Elkin Ferney Quintero Cardona.

87. Por último, los tres agentes de Policía afirmaron vehementemente que nunca permitieron el ingreso de civiles a su vehículo, circunstancia que también ha sido desacreditada por los demás declarantes -con excepción del señor Danilo Torregrosa, que nada dice al respecto-, en la medida en que señalan que los señores Elkin Ferney Quintero Cardona y José Antonio Galvis Díaz no solamente subieron al automóvil, sino que fueron transportados hasta el bar Guásimo, también en la localidad de Pivijay.

88. Para la Sala las protuberantes contradicciones encontradas al comparar las declaraciones de los señores agentes de la Policía Nacional y el resto de los testimonios practicados sólo puede significar que los primeros, al momento de presentar su deponencia y a pesar de que se encontraban bajo juramento, decidieron faltar a la verdad de forma consciente, circunstancia que a su vez mina la credibilidad de la totalidad de su dicho, lo que permite predicar la invalidez de lo que predicaron respecto de la detención de la que fue objeto el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco.

89. De otra parte, si bien es cierto que en el libro de guardia se afirma que el turno de servicio de los agentes de policía finalizó sin novedades a la 1:00 a.m. del 5 de septiembre de 1994, esa circunstancia no resulta suficiente para confirmar las apreciaciones realizadas por los agentes de Policía en sus declaraciones, pues dicha afirmación resulta contradictoria con el hecho de que los agentes dispusieron el cierre del bar Acapulco y terminaron con la confrontación existente entre los señores Neiro Jesús Pertuz Orozco y Elkin Ferney Quintero Cardona, lo cual está completamente acreditado, de donde se sigue que, a pesar de haberse producido novedades, estas no fueron debidamente consignadas, circunstancia que se pone en tela de juicio la totalidad de la información allí contenida. Además no puede perderse de vista que quién realizaba las anotaciones de dicho libro eran, precisamente, los agentes de policía involucrados en la detención del señor Pertuz Orozco, en especial el sargento segundo Benítez Mariche, con ocasión de su rango.

90. Por el contrario, lo que las minutas del libro de guardia revelan, es que una vez detenido el desaparecido señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, los agentes omitieron adelantar el procedimiento establecido en el título I capítulo VII y en el título III del Código de Policía -Decreto 1355 de 1970- para la captura de personas y para el trámite del proceso sancionatorio de policía ante la configuración de una contravención, respectivamente.

91. En consecuencia, la falta de consistencia de la segunda de las hipótesis enumerada, aunado a los problemas que, como ya se vio -ver párrafos 68 a 76-, tienen las declaraciones que la sustentan en cuanto a su coherencia interna y a la credibilidad de los testigos, hace imperativo para la Sala tener como preponderantemente probable la tesis sentada con base en los testimonios de los señores Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina- e Iván Javier Hernández Orozco.

92. De este modo, se tiene por acreditado que cuando el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco se encontraba en el bar Acapulco, en el municipio de Pivijay, se vio envuelto en una discusión con el señor Elkin Ferney Quintero Cardona, que fue superada gracias a la mediación del señor Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina-. Sin embargo, con posterioridad, el altercado arreció, lo que motivó la intervención de los agentes de la policía Rafael Antonio Benítez Mariche, Gilberto Antonio Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro allí presentes, quienes procedieron a ordenar el cierre del establecimiento de comercio y a conducir, por la fuerza, al señor Pertuz Orozco hasta el vehículo de policía en compañía de los señores Quintero Cardona y Galvis Díaz.

93. En cuanto a lo acaecido con posterioridad a los hechos señalados, de conformidad con los resultados de la necropsia realizada, sólo se puede determinar que el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco falleció cuando se encontraba indefenso y bajo la sujeción física de otra persona.

94. Efectivamente, nótese como al occiso se le propinó un disparo en el área supraciliar derecha -cerca de la ceja derecha-, con un orificio de salida en el área temporal izquierda de la cabeza -cerca de la sien izquierda-, habiendo recorrido la bala una trayectoria de derecha a izquierda, de arriba abajo y de adelante hacia atrás.

95. Si bien en la investigación penal se omitió realizar el respectivo examen de balística, para la Sala es claro por la forma en la fue herido el señor Pertuz, que el disparo se produjo desde una corta distancia(22) y en una posición de inferioridad de la víctima respecto de quien accionó el arma desde arriba, lo que podría indicar que aquélla se encontraba en estado de indefensión.

96. Ahora, si bien existen indicios graves de la participación de la Policía Nacional en la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco(23), de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente la Sala no tiene elementos suficientes para determinar con certeza quién fue el autor material del homicidio, comoquiera que el perpetrador del siniestro se aseguró de causarle la muerte al señor Pertuz Orozco a altas horas de la noche y en un lugar apartado del casco urbano, en donde no habían testigos presenciales; y, adicionalmente, para borrar las huellas del delito, procedió a incinerar la totalidad del cuerpo del occiso.

97. Podría pensarse que dicho desconocimiento impide a la Sala imputarle jurídicamente a la Policía Nacional la responsabilidad patrimonial por la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco. Sin embargo, como se expondrá a continuación, comoquiera que la víctima había sido detenida por efectivos de la Policía Nacional, quienes se encontraban prestando servicio, la entidad demandada tenía la obligación de proteger su vida y su integridad personal y, en consecuencia, reparar los daños derivados del incumplimiento de dicho deber.

98. Al respecto, debe recordarse que el principio cardinal sobre el cual se edifica el ordenamiento jurídico colombiano es el respeto por la vida y la dignidad humana, motivo por el cual dicho principio es invocado en el preámbulo(24), en el artículo primero(25) y, especialmente, en el artículo segundo(26) de la Constitución Política de Colombia.

99. Por ese motivo, el artículo 11 ibídem dispone que la vida es un derecho fundamental, en los siguientes términos: [e]l derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Al tiempo, el artículo 12 establece que [n]adie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

100. El referido derecho también ha sido recogido en distintos instrumentos internacionales suscritos por Colombia. Así, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagró en su artículo 4 el derecho a la vida, de la siguiente forma: “Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (…).

101. La Corte Constitucional de Colombia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de la seguridad, como valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental de carácter individual, en los siguientes términos:
El carácter de valor constitucional, se colige del preámbulo de la Constitución, al indicar que fue voluntad del pueblo soberano asegurar la vida, la convivencia y la paz, y del artículo 2°, según el cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. De esta manera, ha estimado que la seguridad se constituye en uno de los puntos cardinales del orden público, en tanto “garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional”(27). 

También, ha precisado que la seguridad es un derecho colectivo, “es decir, un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (Art. 88, C.P.).”(28)

Finalmente, ha considerado la seguridad como derecho individual, en la medida en que es “aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a[amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad.”(29)

Ahora bien, el derecho a la seguridad no aparece expresamente nominado como fundamental en la Constitución, sino que ese estatus deriva de una interpretación sistemática de la Carta Fundamental (preámbulo, arts. 2°, 12, 17, 18, 28, 34, 44, 46 y 73 C.P.), y de diversos instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, en virtud del bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94 C.P), como son: (i) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7°, Nral. 1°), incorporada a la legislación colombiana mediante Ley 16 de 1972; y (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°, Nral. 1°), aprobada mediante Ley 74 de 1968. Así mismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1°) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre internacional a partir de la promulgación de Teherán el 13 de marzo de 1968, aluden al derecho a la seguridad (art. 3°). 

Bajo este contexto, la Corte ha precisado que el derecho a la seguridad personal, no se circunscribe exclusivamente a los casos en los que esté comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que en un momento dado puedan verse afectadas y que requieran protección por parte del Estado, concretamente la vida y la integridad personal (arts. 11 y 12 C.P), como derechos básicos para la existencia misma de las personas(30). Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido ser la provisión efectiva de las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su contra.”(31)

En suma, la seguridad debe ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y fundamental, precisándose respecto de este último, que se constituye en una garantía que debe ser preservada por el Estado, no circunscribiéndose su ámbito de protección a las personas privadas de la libertad, sino que también se extiende a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado requieren la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal(32).

102. Como es natural, dicho derecho está acompañado de forma correlativa con el deber de todas las personas de respetar y proteger la vida de los demás. Ahora bien, este deber es particularmente predicable de la totalidad de los instituciones públicas, en la medida en que ellas están constituidas, precisamente, para acometer los fines del Estado, entre los cuales, como ya se explicó, tiene un papel preponderante la protección de la vida y la dignidad humana.

103. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido enfáticamente que la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos de los estados parte(33) comprende la prevención de su violación, así(34):

173.Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. 

174.El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 

175.El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto. 

104. Cabe advertir que dicho deber de protección se hace, si cabe, más agudo, cuando la persona respecto de la cual se predica se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo que señala el artículo 12 de la Constitución Política: [e]l Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

105. Ahora bien, el hecho de que la protección de los derechos de los ciudadanos sea una finalidad común de todas las instituciones públicas, no aminora el hecho de que que por la naturaleza misma de su misión institucional dicho deber es particularmente predicable de algunas de ellas. En ese sentido, se tiene que el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia confió a la Policía Nacional el mantenimiento de las condiciones necesarias para el recto ejercicio y goce de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran la vida y la dignidad humana(35).

106. En desarrollo de dicha norma, la Ley 62 de 1993 dispuso que la finalidad de dicha institución era la siguiente: “La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. // La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos”.

107. Finalmente, en cuanto al ejercicio de la actividad de policía, el Código Nacional de Policía dispone que [e]n ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios” para el cumplimiento de sus funciones -artículo 4-; que sólo puede emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo -artículo 29-; para lo cual sólo puede hacer uso de los medios autorizados por ley o reglamento, escogiendo siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes(36) -artículo 30-.

108. De otra parte, la Constitución Política de Colombia también consagra como un derecho fundamental la libertad de las personas, de modo que la Carta estableció, en su artículo 28 que aquel sólo puede ser limitado “(…) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. Al tiempo, dispuso que [l]a persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.

109. En ese mismo sentido, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos señaló lo siguiente:

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  

110. En los casos en los cuales las autoridades proceden a realizar una limitación al derecho de la libertad individual de una persona, sin que se esté frente a alguna de las excepciones antedichas, se configura una detención ilegal que compromete su responsabilidad del Estado. Sobre el particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

De los anteriores medios probatorios encuentra la Sala acreditado: i) que Ramón Alirio Pérez Vargas y Nelson Emilio Ortega fueron llevados el 2 de noviembre de 1993 a las instalaciones del Grupo “Maza”; ii) que Pérez Vargas después de haber estado al interior de la guarnición militar fue sacado de la misma en compañía del Teniente Maldonado Vidales y luego regresó con dos personas detenidas más (Yesid Torres Galván y Miguel Ángel Osorio Lemus); iii) que no aparece boleta de buen trato recibido al interior de las instalaciones del Grupo “Maza” respecto de Ramón Alirio Pérez Vargas; iv) que en el procedimiento estuvieron presentes los Tenientes César Maldonado y William Roberto del Valle; iv) se constató que el 2 de noviembre de 1993 en el lugar donde fueron retenidos Ramón Alirio Pérez Vargas, Nelson Emilio Otero y Gerardo Liévano García, estuvieron presentes un vehículo toyota azul y un vehículo chevrolet malibú, vehículos que fueron vistos ingresar con los detenidos a las instalaciones militares; y v) de todo lo anterior se encuentra acreditado que Ramón Alirio Pérez Vargas fue objeto de una detención ilegal teniendo en cuenta: a) si su captura se produjo cuando estaba incurso en un delito la obligación de los miembros del Grupo CAES (a tenor de los artículos 12, 13 de la Carta Política, y 5.2, 7.5 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) era poner en conocimiento de la autoridad judicial competente en el menor tiempo posible el hecho o hechos y dejarlos a su disposición, lo que no ocurrió, sino que por el contrario se practicaron acciones irregulares que llevaron a detenerlo, conducirlo para practicar otras detenciones y allanamientos y, luego dejarlo en libertad; b) no hubo, ni se corroboró que hubiera existido orden judicial alguna que amparara tanto el procedimiento militar realizado, como la detención a la que fue sometido Pérez Vargas. 

Los anteriores elementos, a su vez, permiten establecer que el procedimiento militar adelantado por los miembros del Ejército Nacional fue anormal, ilegal, desproporcionado, vulnerándose los derechos a la libertad (artículo 16) y al debido proceso de los presuntos implicados en la comisión del ilícito por el que indagaban (secuestro extorsivo del ciudadano venezolano Daniel Arismendi). Dicho procedimiento militar desplegado por los miembros del Ejército Nacional desconoció las normas penales ordinarias, los procedimientos militares y el alcance de la detención preventiva, ya que al capturarlos (para el a quo en flagrancia) era su obligación convencional (artículos 4.1, 4.2, 5.2 y 7,5 de la Convención Americana de Derechos Humanos), constitucional (artículos 12, 13, 28, 29 y 229 de la Carta Política) y legal (Código Penal y de Procedimiento Penal vigente para la época), ponerlos a disposición de las autoridades judiciales competentes, a la mayor brevedad posible, lo que no ocurrió, siendo llevados y sacados de las instalaciones militares para practicar otras detenciones sin orden legal, y en el marco de un procedimiento que se tornó plenamente ilegal, desproporcionado, arbitrario y absolutamente abusivo. Y resulta, por demás, totalmente extraño que si los miembros del Ejército conocieron de la comisión de un delito estaban llamados a denunciarlo ante las autoridades judiciales, lo que no fue llevado a cabo, sino que por el contrario se dejó en libertad, entre otros, a Ramón Alirio Pérez Vargas, con lo que la actividad desplegada resulta contraria a ley, y constituye un incumplimiento de las funciones constitucionales asignadas a tales integrantes de uno de los cuerpos y fuerzas del Estado (resaltado del texto)(37).

111. Finalmente, es preciso indicar que esta Corporación ha establecido que el Estado responde por los daños que sufren las personas en su corporalidad, cuando se encuentran bajo su custodia, por haber sido privadas de la libertad:

A propósito de los daños antijurídicos provenientes de las lesiones o la muerte sufridas por las personas que se encuentran en tales condiciones, es decir legalmente privadas de la libertad, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que surge a cargo del Estado una responsabilidad de naturaleza objetiva, en la medida en que recae sobre él una obligación de vigilancia y protección sobre tales personas y tiene a su cargo velar por la vida e integridad física de las mismas; así, ha sostenido(38): 

“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha señalado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción(39) 

(…) Con fundamento en lo anterior, pude concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues –según se consideró anteriormente-, su seguridad depende por completo de la Administración.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad” (resaltado del texto)(40).

112. En el caso concreto, de conformidad con las conclusiones a las que llegó la Sala después de analizar el acervo probatorio obrante en el expediente, se puede afirmar, sin asomo de duda, que el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco fue detenido ilegalmente por parte de agentes de la Policía Nacional.

113. Lo anterior se explica si se tiene en cuenta que los referidos funcionarios no cumplieron con las cargas que exige la Constitución y las normas integrantes del bloque de constitucionalidad para limitar su derecho fundamental a la libertad personal. Efectivamente, nótese como el señor Pertuz Orozco fue conducido forzosamente al vehículo de la policía sin que existiera una orden de autoridad competente que así lo señalara. Pero más importante aún, con posterioridad a la detención, el señor Pertuz nunca fue puesto a disposición de ninguna autoridad, sino que, a contramano, apareció muerto horas después en la vía que de Pivijay conduce a Media Luna.

114. Pues bien, esa circunstancia lleva a la Sala que a concluir que a dicha entidad le correspondía responder porque el occiso mantuviera intactas su seguridad e integridad personal, no sólo porque lo tenía en su poder como consecuencia de la detención ilegal que se produjo, sino también porque por ministerio de la Constitución y de la ley -como ya se explicó-, era precisamente ella quien estaba obligada a proteger sus derechos fundamentales, máxime cuando se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad manifiesta, teniendo en cuenta que la víctima sufría de afonía, de modo que presentaba una discapacidad parcial para comunicarse.

115. Si bien es cierto que la jurisprudencia en cita indica que en estos eventos puede derivarse la responsabilidad del Estado por la aplicación de un régimen de responsabilidad de índole objetivo, en el presente caso la Sala advierte que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional incurrió en una falla de servicio, circunstancia que amerita imputarle responsabilidad a la administración con base en ese título de imputación, en la medida en que éste permite señalar el error cometido por la administración para prevenir que se vuelva a incurrir en el mismo(41), así como para evidenciar la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario que lo ocasionó con culpa grave o dolo.

116. Al respecto, la Sala advierte que, efectivamente, la entidad demandada incumplió un deber de cuidado específico que le era exigible, que la conminaba a proteger la vida e integridad del señor Pertuz Orozco, por haberle detenido ilegalmente, a órdenes de funcionarios suyos que se encontraban prestando su servicio como agentes de policía.

117. Así, con independencia de que hubieren sido los mismos agentes quienes procedieron a ejecutar extrajudicialmente al señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, o que la comisión del punible fuera obra de un tercero indeterminado, lo cierto es que la Policía Nacional tenía la carga de proceder a presentar a la víctima ante la autoridad civil competente en óptimas condiciones de salud, puesto que las pruebas obrantes en el expediente señalan inequívocamente que él se encontraba con vida y sin lesiones aparentes cuando fue obligado a ingresar al vehículo de la policía.

118. Y es que no puede perderse de vista que el deber de poner a disposición de la autoridad penal competente al capturado, constituye una garantía cuyo fin también es la protección de su integridad personal. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

104- En este orden de ideas, resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura. La Corte ya había señalado que es obligación entregar físicamente al aprehendido a la autoridad judicial. El Estado, por intermedio del juez, tiene la obligación de garantizar la integridad física del capturado, así como realizar un proceso mínimo de individualización, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes. En suma, la orden de entregar la persona a una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivo establecer aspectos de competencia en materia de privación de la libertad, sino que opera como una garantía para la protección integral de la persona(42).

119. Comoquiera que el señor Pertuz apareció muerto el 5 de septiembre de 1994, tras haber sido ultimado mediante un disparo propinado por un arma de fuego y habiendo sido completamente incinerado post mortem, es palmario que dicho deber de cuidado se incumplió, circunstancia que compromete la responsabilidad de la entidad, en la medida en que fue esa omisión la que hizo posible que se produjera el daño cuya reparación se depreca.

120. De otro lado, se tiene que si bien en la demanda la parte actora afirmó que la entidad demandada había incurrido en otra falla de servicio comoquiera que se había negado a acudir al levantamiento del cadáver, lo cierto es que no obra en el expediente ninguna prueba que respalde esa afirmación.

121. En conclusión, se advierte que la parte demandada omitió los deberes de cuidado que les eran exigibles, circunstancia que constituyó la causa de la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco. Al tiempo, se encuentra que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional no acreditó que hubiera acontecido una causa extraña que infirmara la relación causal existente entre la falla de servicio que se produjo y el daño sufrido por la demandante Sonia Olinda Orozco Jiménez -madre del occiso-. Por ese motivo se procederá a declarar la responsabilidad de la entidad y a liquidar los perjuicios que se encuentren acreditados.

VII. Liquidación de perjuicios

122. Respecto al daño moral ocasionado, en la demanda se solicitó que se le concediera la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400 000 000), equivalente a 1000 gramos de oro fino, a la señora Sonia Olindo Orozco Jiménez, por el dolor que padeció como consecuencia del fallecimiento de su hijo Neiro Jesús Pertuz Orozco. Comoquiera que estos perjuicios se definieron en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente en salarios mínimos legales, por cuanto la Sala abandonó el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro(43).

123. Sobre la forma en la que corresponde tasar la condena correspondiente al daño moral causado, ha señalado el Consejo de Estado que aquella se debe fijar en salarios mínimos, con base en los siguientes parámetros: (i) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(…) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”(44); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias(45).

124. Para preservar dichos criterios y especialmente para garantizar el principio de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la muerte de un ser querido, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así: 

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. 

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. 

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. 

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. 

La siguiente tabla recoge lo expuesto: 


REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno – filialRelación afectiva del 2° de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

 

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(46). 

125. En el caso concreto, comoquiera que está acreditado que la señora Sonia Olinda Orozco Jiménez era la madre del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, es decir, era pariente suya en el primer grado de consanguinidad, se le reconocerá la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

126. De otra parte, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en el escrito introductorio se solicitó que se le concediera a la demandante la suma de ciento dieciséis millones de pesos ($116 000 000), correspondiente a lo que el señor Pertuz Orozco dejó de ganar desde el día de su muerte, hasta la edad de su vida probable, teniendo en cuenta que en el momento de su deceso contaba con 27 años.

127. Sobre el particular, cabe precisar que la Sala en jurisprudencia reiterada ha sostenido que por virtud de las reglas de la experiencia, los hijos que han cumplido los 25 años de edad se emancipan del hogar y conforman su propia familia, razón por la cual se considera que es hasta esa época que estos ayudan a sus padres económicamente, a no ser que se acredite alguna situación especial que demuestre que los padres derivaban su sostenimiento únicamente de la víctima(47).

128. En el presente caso, si bien está acreditado que el señor Neiro Jesús Pertuz Orozco laboraba como embolador de zapatos para obtener su sustento, también se encuentra acreditado de conformidad con su registro civil de nacimiento que para el momento en el cual se produjo su deceso como consecuencia de la actuación irregular del Estado, contaba con 27 años de edad, teniendo en cuenta que nació el 8 de enero de 1967 (f. 14, c. 1).

129. Adicionalmente, la parte demandante no acreditó que existiera una circunstancia excepcional por virtud de la cual el señor Pertuz Orozco, a pesar de su edad, continuara aportando dinero para el sostenimiento de su madre, la señora Sonia Olinda Orozco Jiménez. Por el contrario, de conformidad con lo señalado por la actora en la denuncia penal incoada(48) (f. 98, c. 1), para el momento de su deceso el señor Pertuz Orozco no convivía con ella, sino con el señor Juan Pertuz Caballero -su padre-, circunstancia que a su vez permite entrever que ya no contribuía económicamente con el hogar de la ahora demandante.

130. Por ese motivo, se procederá a denegar la indemnización solicitada por la señora Sonia Olinda Orozco Jiménez por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

131. De otro lado, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en la demanda se pidió que se le reconociera a la actora la suma de doscientos ochenta y tres millones novecientos mil pesos ($ 283 900 000), la cual corresponde del valor mismo de la vida del señor Pertuz Orozco, teniendo en cuenta que, como todo bien, ella debía tener un precio, pues de lo contrario se llegaría a la conclusión de que la vida no vale nada.

132. La Sala no le halla razón a la parte demandante, comoquiera que la muerte de un ser querido no es equivalente a la pérdida de un bien de carácter material, teniendo en cuenta que en el régimen jurídico colombiano la corporalidad de una persona no constituye una cosa. Efectivamente, sobre este punto la doctrina se ha pronunciado de la siguiente forma:

El cuerpo humano es parte integrante del sujeto de derecho, y por tal razón no es cosa. Como dice CASTÁN TOBEÑAS: “El cuerpo humano viviente no se considera cosa, porque es la envoltura física de la persona”. 

Algunas partes del cuerpo, separadas de este, sí pueden ser cosas, como el semen, la leche materna, el cabello, los dientes, las uñas. Sin embargo, esta afirmación tan general produce cierto escalofrío jurídico cuando se trata de la disponibilidad de elementos separados del cuerpo humano con una alta repercusión bioética, como la que se realiza sobre gametos y embriones (…). 

Algunos órganos pueden ser donados por una persona viva a instituciones científicas u hospitalarias, siempre que no ocurra desmejora sustancial en la función desempeñada por el órgano del donante y sea absolutamente necesario para el receptor. Sin embargo, los objetivos de estas transacciones son distintos de los económicos o pecuniarios; únicamente los fines terapéuticos o científicos dan base suficiente para que sean aceptadas (decr. 2363 de 1986, art. 1º) (…). Según lo anterior opera en Colombia el principio de la gratuidad en donación de componentes anatómicos (…) 

Un hombre cuyos ingresos no alcanzan a suplir las necesidades económicas de su familia, no puede vender un riñón so pretexto de satisfacerlas. Por esa razón los órganos humanos, los tejidos o el líquido sanguíneo o cefalorraquídeo, no pueden calificarse como bienes. En los trasplantes entre personas vivas son repudiables las compensaciones económicas en dinero o en especie, tanto para el donante como para el receptor(49). 

133. Así las cosas, es claro que la demandante no puede pedir como reparación los perjuicios materiales derivados de vida perdida de su hijo, cuandoquiera que éste, como sujeto de derecho, distaba de ser un bien integrante de su patrimonio.

134. Ahora bien, esa circunstancia no significa que se esté haciendo nugatorio el valor de la vida humana, pues por el contrario, el hecho de que esta no sea considerada como una cosa implica que su valor es tal que resulta jurídicamente imposible que pueda ser propiedad de otra persona, ni tampoco que pueda ser medida en términos económicos. Por ese motivo, el artículo 17 de la Constitución Política de Colombia señala lo siguiente:[s]e prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus forma”.

135. En consecuencia se denegarán los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente suplicados por la parte demandante en el libelo demandatorio.

136. Finalmente, advierte la Sala que a la luz del derecho internacional, el Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se sospecha que se presentaron ejecuciones extrajudiciales, a fin de que pueda establecerse la verdad sobre las mismas. Además, tiene el deber de imponer sanciones y castigos a aquellas personas -servidores públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos.

137. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65 adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:

1. Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán porque todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de una persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva. 

(…)

4. Se garantizará la protección eficaz, judicial o de otro tipo, a los particulares y grupos que estén en peligro de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, en particular aquellos que reciban amenazas de muerte. 

(…)

8. Los gobiernos harán cuanto esté a su alcance para evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias recurriendo, por ejemplo, a la intercesión diplomática, facilitando el acceso de los demandantes a los órganos intergubernamentales o judiciales y haciendo denuncias públicas. Se utilizarán los mecanismos intergubernamentales para estudiar los informes de cada una de esas ejecuciones y adoptar medidas eficaces contra tales prácticas. Los gobiernos, incluidos los países en los que se sospeche fundadamente que se producen ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias, cooperarán plenamente en las investigaciones al respecto. 

(…)

9. Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial en todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquellos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada, se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio. 

10. La autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación. Las personas que dirijan la investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a los funcionarios supuestamente implicados en esas ejecuciones a comparecer y dar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal fin, podrán citar testigos, inclusive a los funcionarios supuestamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas. 

11. En los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, a la importancia del asunto o a los indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello, los gobiernos llevarán a cabo investigaciones por conducto de una comisión de encuesta independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, competencia o independencia personal. En particular, deberán ser independientes de cualquier institución, dependencia o persona que pueda ser objeto de la investigación. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para la investigación y la llevará a cabo conforme a lo establecido en estos Principios. 

12. No podrá procederse a la inhumación, incineración, etc., del cuerpo de la persona fallecida hasta que un médico, a ser posible un experto en medicina forense, haya realizado una autopsia adecuada. Quienes realicen la autopsia tendrán acceso a todos los datos de la investigación, al lugar donde fue descubierto el cuerpo, y a aquél en el que suponga que se produjo la muerte. Si después de haber sido enterrado el cuerpo resulta necesaria una investigación, se exhumará el cuerpo sin demora y de forma adecuada para realizar una autopsia. En caso de que se descubran restos óseos, deberá procederse a desenterrarlos con las precauciones necesarias y a estudiarlos conforme a técnicas antropológicas sistemáticas. 

13. El cuerpo de la persona fallecida deberá estar a disposición de quienes realicen la autopsia durante un periodo suficiente con objeto de que se pueda llevar a cabo una investigación minuciosa. En la autopsia se deberá intentar determinar, al menos, la identidad de la persona fallecida y la causa y forma de la muerte. En la medida de lo posible, deberán precisarse también el momento y el lugar en que ésta se produjo. Deberán incluirse en el informe de la autopsia fotografías detalladas en color de la persona fallecida, con el fin de documentar y corroborar las conclusiones de la investigación. El informe de la autopsia deberá describir todas y cada una de las lesiones que presente la persona fallecida e incluir cualquier indicio de tortura. 

14. Con el fin de garantizar la objetividad de los resultados, es necesario que quienes realicen la autopsia puedan actuar imparcialmente y con independencia de cualesquiera personas, organizaciones o entidades potencialmente implicadas. 

15. Los querellantes, los testigos, quienes realicen la investigación y sus familiares serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación. Quienes estén supuestamente implicados en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones. 

16. Los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas. La familia del fallecido tendrá derecho a insistir en que un médico u otro representante suyo calificado esté presente en la autopsia. Una vez determinada la identidad del fallecido, se anunciará públicamente su fallecimiento, y se notificará inmediatamente a la familia o parientes. El cuerpo de la persona fallecida será devuelto a sus familiares después de completada la investigación. 

17. Se redactará en un plazo razonable un informe por escrito sobre los métodos y las conclusiones de las investigaciones. El informe se publicará inmediatamente y en él se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, y las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de hecho y en la legislación aplicable. El informe expondrá también detalladamente los hechos concretos ocurridos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, así como las pruebas en que se basen esas conclusiones, y enumerará los nombres de los testigos que hayan prestado testimonio, a excepción de aquellos cuya identidad se mantenga reservada por razones de protección. El gobierno responderá en un plazo razonable al informe de la investigación, o indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella. 

(…)

18. Los gobiernos velarán porque sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, su nacionalidad, y el lugar en el que se cometió el delito. 

19. Sin perjuicio de lo establecido en el principio 3 supra, no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos. En ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de guerra, de sitio o en otra emergencia pública, se otorgará inmunidad general previa de procesamiento a personas supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. 

20. Las familias y las personas que estén a cargo de las víctimas de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias tendrán derecho a recibir, dentro de un plazo razonable, una compensación justa y suficiente(50).

138. Pues bien, en el presente evento, advierte la Sala que la investigación adelantada con ocasión del homicidio del señor Pertuz Orozco no cumple con los principios señalados en el párrafo que antecede. Efectivamente, se advierte que las autoridades judiciales encargadas del esclarecimiento de los hechos no realizaron una pesquisa suficientemente exhaustiva a fin de encontrar elementos de prueba que pudieran ser útiles para dilucidar la autoría del siniestro.

139. Particularmente, la Sala echa en falta la práctica de un dictamen de balística que podría haber dar luces sobre el origen del arma de fuego con la cual se le propinó al señor Pertuz el dispara que le produjo la muerte, con el propósito de determinar si sus características coincidían con un arma de dotación oficial de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, se encuentra que la autoridad no dispuso de suficientes garantías para proteger a los testigos que acudieron a rendir declaración dentro del expediente penal, a fin de que pudieran decir la verdad sobre el presente caso, sin verse perjudicados por las amenazas que pendían contra su integridad física.

140. Por ese motivo, la Sala considera que es pertinente compulsar copias a la autoridad pertinente para que reabra la investigación penal en relación con los hechos ocurridos en la noche del 4 y en la madrugada del 5 de septiembre de 1994, en la vía que conduce de Pivijay a Media Luna, en el departamento de Magdalena.

141. Cabe advertir que comoquiera que la Corte Constitucional(51) y el Consejo Superior de la Judicatura(52) tienen establecido que los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública cuando estos sean presuntamente culpables de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, entonces se compulsarán las copias pertinentes a la Fiscalía General de la Nación, para que esa entidad evalúe la posibilidad de adelantar una investigación exhaustiva respecto de los hechos materia del presente litigio, encaminada a identificar y castigar a los responsables de la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco.

142. Adicionalmente, por los mismos motivos, es del caso compulsar copias a la Policía Nacional, a fin de que adelante, si lo considera pertinente, una investigación disciplinaria interna con el propósito de evaluar la conducta que desplegaron los agentes Rafael Antonio Benítez Mariche, Gilberto Antonio Blanco Borja y Alberto Manuel Martínez Chamorro en la noche del 4 de septiembre de 1994. A dicha entidad le corresponde determinar si los referidos agentes incurrieron en una falta disciplinaria por detener al señor Pertuz Orozco sin que se cumplieran los requisitos que la ley exige para ello e investigar si fueron partícipes en su posterior homicidio.

VII. Costas

36. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 15 de febrero de 2008 proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional de los daños padecidos por la demandada Sonia Olinda Orozco Jiménez con ocasión de la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, en el municipio de Pivijay, el 5 de septiembre de 1994.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a favor de la demandante Sonia Olinda Orozco Jiménez la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales

TERCERO: COMPULSAR copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, con la finalidad de que, de encontrarlo jurídicamente viable, adelanten la investigación penal y disciplinaria que sea conducente a efectos de establecer la identidad de los responsables de la muerte del señor Neiro Jesús Pertuz Orozco, acaecida en la noche del 4 de septiembre de 1994, o en la madrugada del día siguiente, en la vía que conduce del municipio de Pivijay al corregimiento de Media Luna -Magdalena-, así como determinar si los agentes de la Policía Nacional que hicieron presencia ese día en el establecimiento de comercio Acapulco incurrieron en alguna falta disciplinaria.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

SEXTO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Sala—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 El a quo las decretó a través de auto del 5 de marzo de 1986 (f. 77, c. 1).

2 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño emergente, fue estimada en la suma de $ 283 900 000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año de 1996 fuera de doble instancia ($ 71 062 500). Se aplica en este punto el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

3 “Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada –la Nación- es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria ‘… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…’”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 1994-07654 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en (…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

5 El señor Danilo Torregrosa Medina -o Danilo José Lago Medina, quien también se encontraba en el bar Acapulco, como administrador del establecimiento, si bien rindió dos declaraciones que son, en ciertos puntos, contradictorias, fue conteste en indicar la presencia del señor Pertuz en el establecimiento, así como su profesión de embolador: “PREGUNTADO.- Diga el declarante si el señor NEIRO JESÚS PERTUZ llegó al bar Acapulco con una caja de embolar, en caso afirmativo diga si usted sabe dónde se encuentra dicha caja.- CONTESTÓ.- Sí claro pero cuando el salió del bar se la llevó, no sé dónde se encuentra dicha caja (…) PREGUNTADO.- Diga el declarante a qué hora exacta llegó el señor NEIRO JESÚS PERTUZ OROZCO y dígame si cuando éste llegó ya el cachaco se encontraba en el bar.- CONTESTÓ.- El mudo llegó como a las nueve de la noche, llegó solo y el cachaco ya estaba allí”.

6 El señor Quintero Cardona se encontraba presente en el lugar de los hechos y tuvo una discusión con el occiso Pertuz Orozco. Al respecto indicó lo siguiente: “PREGUNTADO. Haga un relato claro y detallado de los hechos. CONTESTADO. Yo estaba en el negocio que administraba tomando, después me fui para el bar Acapulco solo, allá me puse a tomar en una mesa (…) más tarde no recuerdo la hora fue cuando llegó el mudo a la mesa donde nos encontrábamos nosotros y nos pidió un trago, y un compañero le dio soda (…) PREGUNTADO.- había usted tenido algún problema con el mudo. CONTESTADO.- nunca mis relaciones con él eran de que él me lustraba los zapatos y jamás había tenido problemas con él”.

7 “En Medialuna Corregimiento de Pivijay (Mag) a las 11:00 A.M. del día Cinco (5) del mes de septiembre de 1.994, el INSPECTOR DE POLICÍA de este corregimiento y los señores DANILO CASTILLA, y la señorita CRIMILDA POLO POLO, nombrados perito en el momento de la diligencia nos trasladamos al lugar de lo acontecido en la carretera que de Medialuna conduce a Pivijay más exactamente ha (sic) cien (100) Mtrs de la entrada de la colorada, con el fin de practicar el levantamiento de un cadáver una vez allí en el sitio indicado se le dio poseción (sic) a los señores peritos, quien[es] bajo la gravedad del juramento prometieron cumplir bien y fielmente con su deber, a unos cien (100) Mtrs de la colorada se corrige es de la entrada a la colorada, se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino de aproximadamente (…) (25) años de edad, completamente irreconocible ya que se encontraba totalmente incinerado, la posición de la cabeza hacia el este, pies hacia el oeste, el pie izquierdo se encontraba en forma inclinada y el pie derecho tendido, brazos entrelazados junta al pecho. El perito procedió a revizarlo (sic) no encontrando ninguna clase de identificación, ni objetos que puedan identificar este cadáver, se le encontró un impacto de bala en el parietal derecho aparentemente sin orificio de salida, el cadáver no fue reconocido por ninguna persona, hecho el levantamiento del cadáver el señor INSPECTOR DE POLICÍA ordena se traslade el cadáver al HOSPITAL de Pivijay para que se le practique la respectiva Necropcia (sic)”.

8 “El N.N. fue identificado como NEIRO DE JESÚS PERTUZ OROZCO, entrevistamos a la madre del occiso señora SONIA OLINDA OROZCO JIMÉNEZ, identificada con la C.C. Nº 26.825.466 de Pivijay, quien nos comentó que ellos lograron identificar a NEIRO por la ropa que él tenía puesta que su marido el señor JUAN PERTUZ CABALLERO y su hijo ALFONSO RAFAEL PERTUZ OROZCO, se fueron hasta el lugar donde se fue dejado su hijo quemado a la entrada de la ‘Colorá’ y encontraron un pedazo de camisa y de pantaloneta lo mismo que un pedazo de zapato, fue entonces cuando ellos supieron que se trataba del “Mudito”, como lo llamaban en el pueblo (…). // CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que el N.N. encontrado en la carretera que conduce del corregimiento de Medialuna la municipio de Pivijay, respondía en vida al nombre de NEIRO DE JESÚS PERTUZ OROZCO, identificado con la C.C. Nº 7.594.290 de Pivijay (Mag)”.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 1995-06024 (16533), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 Cabe aclarar que contrario a lo que indicó el tribunal a quo, no es posible valorar la denuncia penal realizada por la señora Sonia Olinda Orozco Jiménez como si se tratara de un testimonio de oídas, en la medida en que ella es la demandante dentro del proceso de la referencia, cuando lo cierto es que un testimonio debe ser rendido por un tercero ajeno al mismo.

11 Al respecto ha dicho la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, providencia del 8 de abril de 1999, radicación n.° 15258, actor: Jaime Cendales Melo.

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, exp. 2006-02791 (PI), C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

13 En palabras de la Corte Suprema de Justicia: “En la labor tendiente a apreciar tal prueba -se refiere a la prueba testimonial-, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal. // Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, exp. n.° 6353, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

14 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, exp. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 2004-00028 (27946), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

17 En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “… Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero <<discrepantes>> o <<contrarios>> entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.

18 Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar <<máximas de la experiencia>> que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común.” La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133.

19 Taruffo, Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, página 325.

20 A este respecto es claro el testimonio del señor Elkin Ferney Quintero Cardona, quien señala que él y su amigo “Toño” le ofrecieron una gaseosa a los agentes de la Policía presentes en el bar Acapulco –ver párrafo 46-. Al tiempo, los testimonios del referido señor Quintero Cardona y de los señores Iván Javier Hernández Orozco y José Antonio Galvis Díaz son contestes en señalar que la policía accedió a transportar en su vehículo de servicio a los primeros dos testigos –ver párrafos 45, 46 y 47-. Sobre estas circunstancias la Sala se pronunciará, con más detalle, más adelante.

21 Adicionalmente, se debe advertir que el señor Humberto Castro Samper rindió testimonio dentro del presente proceso, el cual, se perdió y no pudo ser reconstruido por la inasistencia de las partes a la audiencia respectiva. Sin embargo, el 10 de marzo de 2008 el tercero allegó un documento en el que consignó lo siguiente: “(…) soy testigo presencial de los hechos en donde la Policía Nacional de Pivijay sacó del BAR ACAPULCO al señor NEIRO PERTUZ (sordomudo) a quien embarcaron en la camioneta Toyota de la misma policía” (f. 541, c. ppl.).

22 Si bien es cierto que no se pudo detectar ningún tatuaje de pólvora en la piel del occiso, dicha circunstancia se produjo por la voluntad manifiesta de los autores del punible de destruir la evidencia que los vinculara con la comisión del delito, comoquiera que sometieron al cadáver del señor Pertuz Orozco a combustión. Por ello, ese criterio no puede ser tenido en cuenta para determinar las circunstancias en las cuales se produjo el disparo que acabó con su vida.

23 En efecto, el hecho de que la Policía hubiera detenido al señor Pertuz Orozco antes de que apareciera muerto y de que los agentes mintieran en la declaración que rindieron bajo juramento constituye un indicio grave de su participación en el homicidio.

24 “En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”.

25 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

26 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

27 [19] “T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”.

28 [20] “Ibídem”.

29 [21] “Ibíd”.

30 [22] “Así por ejemplo, la Corte en la Sentencia T-719 de 2003, M.P Manuel José Cepeda Espinosa, señaló que el Constituyente expresamente proscribió la sujeción de las personas a ciertos riesgos que consideró inaceptables: el riesgo a ser sometidas a tortura, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12 C.P), el riesgo de ser sometidas a esclavitud, servidumbre o trata (art. 17 C.P), el riesgo de ser molestadas por sus convicciones o creencias (art. 18 C.P), el riesgo de ser molestadas directamente en su persona o en su familia (art. 28 C.P), el riesgo de ser objeto de persecución en forma tal que deban buscar asilo (art. 34 C.P), los múltiples riesgos a los que están expuestos los niños, entre ellos los peligros patentes de “toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” (art. 44, C.P.), los múltiples riesgos a los que se enfrentan las personas de la tercera edad, especialmente en casos de mala alimentación (art. 46), o los innegables peligros a los que están sometidos quienes desarrollan actividades periodísticas en nuestro país (art. 73)”.

31 [23] “Ibídem”.

32 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-078 de 14 de febrero de 2013, exp. T-3627445, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

33 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.

35 “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

36 En efecto, en un Estado Social de Derecho como el nuestro, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación, evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico -la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados-, pues de lo contrario se estaría frente al caso de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, proscritas por el ordenamiento jurídico interno y censuradas en el ámbito internacional de los derechos humanos.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 20 de junio de 2013, exp. 1996-09250-01(23603), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

38 [2] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 7 de octubre de 2009. Expediente 16.990. Actor: Marina Bocanegra de Ramírez y otros”.

39 [3] “Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez”.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 1998-00687 (18380), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

41 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota n.° 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.). Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

42 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-251 del 11 de abril de 2002. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

43 Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

44 Ibídem.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

46 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00418 (27709), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 17471, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

48 Documento que puede ser valorado como una confesión extrajudicial espontánea, teniendo en cuenta que la misma fue trasladada al presente proceso con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.

49 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo, “Bienes”. Sexta edición, editorial Temis S.A., Bogotá, 1996, pág. 3-4.

50 La resolución que se cita fue objeto de acompañamiento y reiteración en la Resolución n.° 44/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en la 82ª sesión plenaria de la asamblea, celebrada el 15 de diciembre de 1989, en la cual se dijo que la asamblea “hace suyos… los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, enunciados en el anexo a la resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1989”.

51 Sentencias C-358 de 1997 y C-878 de 2000.

52 Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia del 14 de agosto de 2008.