Sentencia 1995-04875/40441 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 70001-23-31-000-1995-04875-01(40441)

Actor: Liliana del Carmen Ruiz Geney y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte, Invías y municipio de Sincelejo

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 2 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia(17).

2. Análisis de la Sala.

En la demanda se afirma que el accidente de tránsito en que perdió la vida el señor Jorge Luis Montes Arrieta se debió a un “concurso de fallas”(18) de la administración nacional y municipal en la adecuada “… construcción, señalización, prevención y vigilancia de las carreteras nacionales”(19), imputaciones a las se opusieron las entidades demandadas y los llamados en garantía, entre otras razones, por cuanto —según ellos— la causa eficiente y determinante del daño fue el hecho exclusivo y determinante de la propia víctima, al conducir sin respetar las normas de tránsito, en particular, aquellas que prohíben conducir en estado de embriaguez y adelantar por la berma de la vía.

Pues bien, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, se encuentra acreditado que el mencionado Jorge Luis Montes Arrieta perdió la vida el 11 de agosto de 1994, como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió el 7 de agosto del mismo año, a las 4:30 pm, en la vía conocida como “Troncal de Occidente”, en el municipio de Sincelejo. Esto se extrae del registro civil de defunción (fl. 31, c. 1), del informe de accidente de tránsito 93-0076616 del 7 de agosto de 1994 (fls. 52 a 54, c. 1), así como de la historia clínica 83205 (obrante a folios 57 a 114 del cuaderno 2).

El señor Montes Arrieta ingresó el 7 de agosto de 1994 al hospital Regional de Sincelejo y al día siguiente fue remitido al hospital Bocagrande de Cartagena, institución que consignó un diagnóstico de “politraumatismo-trauma cerrado de torax-trauma craneoencefálico” (fl. 59 vto., c. 2).

Constatada así la existencia del daño, la Sala abordará el análisis de imputación, con miras a determinar si el mismo resulta imputable al municipio de Sincelejo o si, por el contrario, es producto del hecho exclusivo y determinante de la víctima, como lo alega dicho municipio [recuérdese que el tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa en relación con las demás entidades demandadas y, por sustracción de materia, respecto de las sociedades llamadas en garantía].

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente, el señor Julio César Solano Hurtado, quien se movilizaba como parrillero del señor Jorge Luis Montes Arrieta, en declaración que rindió el 7 de julio de 1999 ante el juzgado promiscuo de Sampués (Sucre)(20), afirmó (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“El día 7 de agosto de 1994, salimos con destino de la casa de la señora Claudia Ruiz quien vivía en el Barrio Vallejo en Sincelejo, porque invitó a almorzar al señor Jorge Luis Montes Arrieta, de ahí salimos como a las tres de la tarde, directo a Chocho, en busca del papá de él, que se encontraba allá en Chocó, nos transportamos en una moto y yo iba de parrillero, cuando íbamos andando por la Troncal de Occidente, dos carros ocupaban los carriles el señor Jorge Luis Montes al ver obstruido el paso, se salió un poquito a la derecha para tratar de adelantar a los vehículos que ocupaban los carriles, sin pensar él que ahí se encontraba un hueco, ya que no tenía señalización de ninguna clase y no se venia a simple vista, cuando setimos fue cuando nos fuimos en el hueco, ambos quedamos inconciente, yo quede dentro del hueco, porque dijeron que de ahí me sacaron inconciente” (se resalta, fl. 220, c. 2).

En relación con las destrezas del señor Jorge Luis Montes Arrieta para conducir, el mismo declarante indicó (se transcribe conforme obra, inclusive con los errores que se advierten):

“… muchas veces anduve de parrillero con él, porque éramos buenos amigos y andábamos para arriba y para abajo. El esa moto la tenía hacía mucho tiempo y desde hace tiempo manejaba moto, me pareció una persona normal manejando, nunca fue un conductor agresivo, ni loco, manejaba con mucha precaución y destreza, nunca se le vio conduciendo a alta velocidad” (fl. 221, c. 2).

Y, ante la pregunta de si el día de los hechos el señor Montes Arrieta había ingerido licor, el deponente fue enfático en contestar (se transcribe conforme obra): “Nosotros íbamos bueno y sano y habíamos ingerido ninguna bebida alcohólica u otras sustancias, íbamos normalmente” (se resalta, fl. 221, ibídem).

Lo anterior se encuentra corroborado con la declaración del señor Ismael Madera Herrera, quien también acompañaba al señor Jorge Luis Montes Arrieta, en los siguientes términos (se transcribe tal cual, con errores incluidos)(21):

“Ese día 7 de agosto estuvimos donde la cuñada de Jorge, Claudia, porque Claudia invito a Jorge Luis a comerse un sancocho, y Jorge Luis me invitó a mí. Salimos a la casa de Claudia con destino al corregimiento de Chocó por la Troncal de Occidente, el iba en su moto con un parrillero y yo iba sólo en la moto, cuando llegamos al restaurante él me dijo váyase alante que yo me lo alcanzo, este se quedó hablando con un amigo ahí, yo seguí y lo espere en la entrada del corregimiento Chocó, al ver que él no llegaba yo me devolví, y encontré un grupo de personas que estaba alrededor de la moto, me baje de la moto y pregunte qué había pasado y me dijeron que los pasajeros de la moto se habían accidentado por el hueco que estaba ahí, la moto estaba delante del hueco, entonces pregunte y me dijeron que el parrillero etaba herido y el conductor de la moto estaba muerto, yo enseguida reconocí la moto por que yo también había manejado esa moto, yo fui al frente y preste un teléfono para avisarle a la familia” (se resalta, fl. 224 c. 2).

Sobre la ubicación del “hueco”, el señor Madera Herrera indicó (se transcribe conforme obra, incluyendo errores):

El hueco esta después del puente peatonal en el Colegio Simón, bajando la Loma, frente a un cancha de minifutbol, donde hay un Kiosko y ahora en la actualidad hay una llantería, está pegado a la berma del lado derecho, hiendo del Colegio Simón Araujo hacia la entrada para el corregimiento Chocó, aproximadamente a unos 80 centímetros de la berma” (se resalta, fl. 224 c. 2).

Y, en relación con la ingesta de alcohol por parte del señor Jorge Luis Montes Arrieta, aseveró: “No, (sic) había bebido ninguna bebida alcohólica ni sustancias de ninguna clase” (se resalta, fl. 224, ibídem).

A su turno, el señor Enrique José Arroyo Valdés, quien atendía un “quiosco” cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, en testimonio rendido el 26 de agosto de 1999 ante el Tribunal Administrativo de Sucre, afirmó (se transcribe conforme obra):

“Ese día [se refiere al 7 de agosto de 1994] en la troncal iban dos carros y él [se refiere a Jorge Luis Montes Arrieta] trató de sobrepasar un carro por la orilla, y cuando lo pasó se fue al hueco, porque el hueco de lejos no se ve. PREGUNTADO. Diga el declarante, por qué motivos se dio cuenta de los motivos del accidente y a qué distancia se encontraba usted cuando ocurrió el mismo. CONTESTO. El kiosco que yo tenía y en el cual trabajaba estaba a cuatro metros de la orilla del hueco… PREGUNTADO. Diga el declarante si usted pudo ver cuáles fueron las lesiones sufridas por las personas ocupantes de la moto, cuando se produjo el accidente. CONTESTO. El parrillero cayó en el hueco y se partió la frente y el conductor cayó afuera del hueco y la moto le cayó encima” (se resalta, fls. 222 y 233, c. 2).

De igual manera, se encuentra demostrado que el señor Montes Arrieta conducía su motocicleta en una carretera de doble calzada, la cual se encontraba dividida por un separador que mide 1.80 mts. de ancho (inspección judicial, folio 226 del cuaderno 2) y que realizó una maniobra imprudente, pues quiso adelantar por la derecha, lo cual produjo que se saliera de la vía —no tenía “berma”(22)— y cayera a una alcantarilla destapada que se encontraba aproximadamente a “… 50 centímetros…” “… desde el borde del pavimento hasta el comienzo del hueco…”(23). Respecto de dicha maniobra imprudente, en el informe de accidente se consignó:

“... El accidente se originó (sic) porque [ilegible] El motociclista fue a sobrepasar otro vehículo por la derecha, saliéndose (sic) de la vía y cayendo (sic) a una alcantarilla (fl. 54, c. 1)”.

Conforme a las anteriores pruebas, la Sala estima que el accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Jorge Luis Montes Arrieta se produjo por su propia culpa, pues, como lo indicó su acompañante, el señor Julio César Solano Hurtado —parrillero—, el hecho dañino ocurrió cuando aquél se salió “… un poquito a la derecha para tratar de adelantar a los vehículos que ocupaban los carriles, sin pensar … que ahí se encontraba un hueco …” al cual se precipitaron [ver, pág. 10 supra]. Tal conclusión se encuentra corroborada con la declaración del señor Enrique José Arroyo Valdés, quien afirmó que el señor Montes Arrieta “… trató de sobrepasar un carro por la orilla, (sic) y cuando lo pasó se fue al hueco…” [ver, pág. 11 supra].

De igual manera, para la Sala es claro que la alcantarilla destapada en la que se precipitó la víctima estaba por fuera de la vía, pues, como se consignó en la mencionada inspección judicial (folio 226 del cuaderno 2), desde “… el borde del pavimento hasta el comienzo del hueco de la alcantarilla hay 50 centímetros”. Dicha conclusión también se corrobora con la declaración del señor Ismael Madera Herrera, quien aseveró que la distancia es de aproximadamente “… unos 80 centímetros…”.

Siendo así las cosas, para la Sala es claro que se configura una causal eximente de responsabilidad de la administración, consistente en el hecho exclusivo de la víctima, como quiera que fue la misma actuación del señor Jorge Luis Montes Arrieta, al realizar una maniobra no permitida por las normas de tránsito —adelantar por la derecha—, la que ocasionó el accidente; por consiguiente, el daño reclamado en esta oportunidad por los actores no se le puede endilgar al municipio de Sincelejo, sino al propio comportamiento imprudente adoptado por la víctima.

Al respecto, debe recordarse y tenerse presente que el Decreto-Ley 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), vigente al momento de los hechos, disponía (artículo 130, numeral 1):

“Los vehículos transitarán por el carril de la derecha y utilizarán el carril de la izquierda sólo para maniobras de adelantamiento”.

Así mismo, el Decreto 1809 de 1990, por el cual se introdujeron reformas al mencionado Decreto-Ley 1344, contemplaba:

ART. 156.—Los ciclistas y motociclistas estarán sujetos a las siguientes normas:

1. Transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y procurarán no utilizar las vías de los buses y busetas.

“(…).

4. No podrán transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.

“(…).

6. Queda prohibido adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles” (se resalta y subraya).

Todo lo anterior permite concluir sin lugar a duda alguna que la maniobra realizada por el señor Jorge Luis Montes Arrieta infringió las normas de tránsito recién transcritas, como quiera que intentó adelantar por la “derecha” de la carretera, saliéndose de la misma, no obstante que su deber era transitar por ésta, y conduciendo en una zona cuya finalidad no es, precisamente, la circulación de vehículos [entiéndase “todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público” —artículo 1º del Decreto 1809 de 1990— sino la de peatones. Este comportamiento imprudente no tuvo en cuenta los riesgos que del mismo se desprendían, lo cual, por supuesto, contribuyó de manera eficiente a la producción del hecho dañoso que se debate en el presente asunto.

Ahora bien, contrario a lo que sostienen los señores Julio César Solano Hurtado e Ismael Madera Herrera, quienes son enfáticos en sostener que el señor Jorge Luis Montes Arrieta no había ingerido “… ninguna bebida alcohólica…” [ver, págs. 10 y 11 supra], para la Sala no hay duda de que éste sí conducía su motocicleta en estado de embriaguez, sin tener en cuenta los riesgos que implicaba tal comportamiento reprobado en nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, en el informe de accidente de tránsito 93-0076616 se consignó como causa probable del accidente el estado de embriaguez que tenía el señor Jorge Luis Montes Arrieta (fl. 54 c. 1). Tal circunstancia se encuentra corroborada con la historia clínica 83205, en los siguientes términos:

“… EL PTE [paciente] PTA [presenta] intoxicación exógena por alcohol…” (fl. 113 c. 2).

Al respecto, el mencionado Decreto-Ley 1344 establecía como infracción, en su artículo 181, numeral 9(24), “… conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes”.

Así las cosas, para la Sala es claro, inexorablemente, que el día de los hechos el señor Jorge Luis Montes Arrieta no se encontraba en óptimas condiciones para ejercer la actividad peligrosa de conducción de una motocicleta, pues, como se vio, estaba embriagado, aspecto que, por demás, disminuyó su capacidad de maniobra y reacción, lo cual muy seguramente también contribuyó en la producción del hecho dañoso, pues lo cierto es que la ingesta de bebidas alcohólicas incide desfavorablemente, entre otros cosas, en la disminución de los reflejos, la capacidad de reacción y el nivel de precaución de las personas al momento de ejercer la actividad de conducción de vehículos, la cual requiere, sin duda, de óptimas condiciones físicas y psíquicas, con las cuales no contaba la víctima al momento de su deceso.

Según el profesor Carlos Alberto Olano Valderrama no está en buenas condiciones para conducir quien se halle en estado de embriaguez, por cuanto dicha circunstancia, así no alcance un nivel muy elevado, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para una segura conducción vehicular(25).

A su turno, esta sección del Consejo de Estado también ha sido enfática en advertir los efectos negativos de la conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol, en los siguientes términos:

“… Es claro que la ingesta de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad de la persona para el desempeñó de actividades, más aún (sic) tratándose de actividades riesgosas, (sic) como (sic) por ejemplo, la conducción de vehículos automotores. Mediante Sentencia de junio 8 de 1995, la Corte Suprema de Justicia señaló, (sic) al respecto:

‘En síntesis, el fundamento de la agravante no es propiamente la embriaguez por si (sic) misma, sino la disminución de la capacidad personal en el ejercicio de la actividad de conducir automotores debido a la ingestión de alcohol. Es evidente que el deber (sic), así no esté ebrio en alto grado, implica disminución de la capacidad (tanto psíquica como física) de atender el deber de cuidado que social y normativamente se espera del individuo que desarrolla actividades riesgosas. Es la falta al deber de atención por parte del agente, que dentro de tales consideraciones personales acrecienta la posibilidad de causar un daño al conducir. No se requiere un específico grado de embriaguez, basta con que el alcohol haya coadyuvado el incorrecto desarrollo de la actividad peligrosa’.

“El alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad en el volante, el conductor que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en actuar ante circunstancias imprevistas, lo que es causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito. (sic) Hecho que torna irresponsable conducir vehículos después de haber ingerido licor, (sic) es que los trastornos neuromusculares (como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento de tiempo de reacción), (sic) ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista, (sic) que demanda decisión y reacción rápidas de parte del conductor, pero ya entonces las decisiones y reacciones rápidas son imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad”(26).

De igual manera, esta sección ha sido pacífica y reiterada en señalar que el demandado se libera de responsabilidad si logra acreditar que fue el comportamiento del propio afectado la causa determinante y decisiva en la producción del daño. Así lo precisó:

Ahora bien, no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; (sic) el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, (sic) de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño.

“El principio de confianza conlleva implícito (sic) la tranquilidad que tienen las personas que integran la sociedad, (sic) de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, por lo que, (sic) no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste la (sic) estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración. 

“En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación”(27)

Así, pues, dado que el señor Jorge Luis Montes Arrieta se encontraba embriagado al momento de su deceso y teniendo en cuenta que el accidente se produjo al realizar una maniobra imprudente, como lo es adelantar por la derecha (e inclusive, por fuera de la vía), la Sala concluye que no solo violó las normas de tránsito relacionadas anteriormente, vigentes para la época de los hechos, sino que, además, no previó los riesgos —pudiendo evitarlos— que implica el ejercicio de la conducción de vehículos como “actividad peligrosa”g. Su actuar imprudente, sin duda, incrementó de manera reprochable tales riesgos, los cuales se concretaron el día de su muerte. 

En este estado de cosas, el acervo probatorio da cuenta de que, en este caso, se configuró —se insiste— una causal de exoneración de responsabilidad, cual es la culpa exclusiva de la víctima, entendida ésta como la conducta imprudente y negligente que, por sí sola, resulta suficiente para causar o producir el hecho dañoso; es decir, la causa exclusiva del daño fue la conducta de la víctima y no otra, circunstancia que permite liberar de responsabilidad al municipio de Sincelejo por los hechos que acá se le imputan.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

3. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 2 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. Sin condena en costas.

3 En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Cuando se presentó la demanda (29 de junio de 1995), la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 9.610.000 (artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el Decreto 597 de 1988). En el presente asunto, la pretensión mayor asciende a $ 17.267.730, monto que equivale a los 1.500 gramos de oro solicitados por concepto de perjuicios morales (Resolución 4 de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República), en favor de cada uno de los demandantes.

(18) Ibídem.

(19) Folio 6, c. 1.

(20) Prueba practicada con fundamento en el despacho comisorio 115, librado por el Tribunal Administrativo de Sucre.

(21) Declaración que también se rindió el 7 de julio de 1999 ante el juzgado promiscuo de Sampués (Sucre).

(22) Fl. 226, c. 2.

(23) Fl. 226, ibídem.

(24) Modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, modificación 158.

(25) Olano Valderrama, Carlos Alberto: “Tratado técnico jurídico sobre accidentes de circulación”, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Sexta Ed., Bogotá, 2003, pág. 365.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 10 de noviembre de 2005, expediente: 19.376, actor: Procuraduría General de la Nación. Criterio reiterado —in extenso— en Sentencia del 5 de junio de 2008, exp. 16.398, actor: Esneda Álvis Ureña y otros.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17.042, actor: Stella Castaño Franco.

(28) Sobre el particular, se recomienda consultar, entre otras, la Sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 17184, actor: María Nury Rivera y otros.