Sentencia 1995-05059 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Ref.: Acción de Reparación Directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Exp.: 50001-23-31-000-1995-05059-01 (26.893)

Actor: Imelda Rey de Moreno y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías y municipio de Villavicencio

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el 23 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Meta.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 9.610.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 12.980.450, solicitada por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Consideraciones previas.

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hayan sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hayan sido practicados con audiencia de esta no pueden ser valorados en el primer proceso(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso haya sido solicitado por ambas partes, estas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

En el expediente obran unas copias auténticas del proceso penal radicado con el número 10-0687(3), adelantado por la Unidad de Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio contra el señor José Euclides Fagua Aguilar, como presunto responsable de los ilícitos de homicidio múltiple y lesiones personales, las cuales fueron solicitadas, únicamente, por la parte accionante; en consecuencia, y conforme a lo dicho en el párrafo que antecede, los testimonios y declaraciones traídos del proceso penal mencionado no pueden ser valorados, pues no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas, en la medida en que no fueron practicados a petición o con audiencia de la parte demandada y no fueron objeto de ratificación dentro del presente proceso contencioso administrativo.

No obstante lo anterior, los documentos públicos y los informes técnicos que se encuentran dentro de la investigación penal sí podrán ser valorados, en los términos de los artículos 254 y 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, como ya se indicó, obran en copia auténtica, estuvieron a disposición de las partes y ninguna formuló reparo respecto de ellos.

3. Valoración probatoria y caso concreto.

Advertido lo anterior y con el material probatorio válidamente recaudado en el proceso, se tiene que el daño antijurídico sufrido por los demandantes está acreditado con el registro civil de defunción y con el acta de levantamiento del cadáver, según los cuales la señora Ana Julia Moreno de Herrera falleció el 4 de enero de 1995, sobre la vía pública, a la altura de la calle 44 del municipio de Villavicencio, “entre (sic) carrocería destruida del bus urbano de placas SB8167”, como consecuencia de “politraumatismo en accidente de tránsito” (fl. 30 y 31, cdno. 1).

Constatada la existencia del daño antijurídico y comoquiera que este no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, la Sala abordará el análisis de imputación, con miras a determinar si aquel es atribuible a las entidades demandadas o si, por el contrario, se configura una causal eximente de responsabilidad.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se haya producido el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial, cuando el daño se produce como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada, cuando la irregularidad administrativa produce el daño; y el de riesgo, cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas. Pero, en todo caso, ha considerado que el daño no es imputable al Estado cuando este se ha producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, al no configurarse el nexo causal entre el hecho que se imputa a aquel y el daño(4).

En cuanto a las circunstancias que rodearon la muerte de Ana Julia Moreno de Herrera se encontró que, el 4 de enero de 1995, siendo aproximadamente las 9:45 a.m., en el perímetro urbano de Villavicencio, en la vía que conduce a Bogotá, a la altura de la calle 44 # 44 - 07, se presentó un accidente de tránsito múltiple, en el que resultaron involucrados cuatro automotores, así: (i) taxi de placas SXD 808, conducido por Luis Alberto Hernández, (ii) bus de placas SB 8167, de servicio público —en el que se transportaba la víctima—, maniobrado por Rafael Vega, (iii) tractocamión —vehículo articulado— de placas XKF 478, conducido por el señor José Euclides Fagua Aguilar y (iv) taxi de placas XZJ 639, manejado por Arturo Rafael Méndez (informe de accidente Nº 93-0111337, fl. 25-29, cdno. 3).

La Fiscalía General de la Nación, en la diligencia de inspección judicial realizada al lugar de los hechos el 4 de enero de 1995, observó lo siguiente (se transcribe tal como obra en el texto original):

“Se trata de la calle 44 o vía que conduce de esta ciudad [Villavicencio] a Santafé de Bogotá, para la presente diligencia, se toma un tramo de aproximadamente ochenta metros, en los cuales quedaron tanto los vehículos colisionados. Se trata de una vía pavimentada de un ancho de 10.40 metros que cuenta con dos carriles y una pendiente inclinada tomando esta en sentido oeste-este (Ruta Santafé de Bogotá – Villavicencio), frente a la casa demarcada con el Nº 42-49 se encontró el vehículo taxi Mazda 323 de placas SWD 808 ... se encontró también un mogón (sic) de protección destruido ubicado a un metro con 32 cm de la vía en su extremo derecho, en línea con el anterior se encontraron 6 mojones de protección destruidos ... contiguo a este inmueble se encuentra el demarcado con el No. 44-07 ... ubicada a 12 metros del eje derecho de la vía y en este espacio se encontró un bus de servicio de placas SB 81-67 totalmente destruido, se observa también que frente al inmueble a un espacio aproximado de 4 metros se observaban muros de encerramiento en un antejardín los cuales fueron destruidos, en este espacio también se encontró (sic) dos postes en concreto conductores de energía eléctrica destruidos, contiguo a este se encuentra una construcción ... frente a este se encontraron sobre la vía la tractomula de placas XFK-478 y remolque RO9888, igualmente contiguo a este vehículo se encontraba el taxi de placas XZJ-639 de Arauca, el vehículo tractomula se encontraba volteado al lado derecho de la parte del remolque estaba sobre la vía, y el cabezote de la tractomula sobre el antejardín. En la margen derecha de la franja que se tomó para la Inspección se encontraron mojones de protección ubicados en fila y separados entre sí a una distancia de cinco metros. Sobre la vía y con anterioridad al primer inmueble demarcado se encontró una huella de frenada de color negro sobre el eje central de la vía de una longitud de 40 metros... Observa este despacho dentro de la franja partes de los vehículos esparcidas y diseminadas en varios sitios de la franja derecha” (fl. 48, cdno. 3).

El croquis del suceso indica que el automotor articulado iba de Bogotá hacia Villavicencio y que, saliendo de la curva contigua a la carrera 45 para empezar a transitar por una recta inclinada con una pendiente de 7.14%, activó el sistema de frenos, dejando una huella de 40 metros sobre el eje de la vía; no obstante, fue metros más adelante donde finalizó el recorrido (no se indica la distancia entre el final de la huella de frenado y el lugar donde quedó la tractomula), luego de colisionar con dos automóviles tipo taxi y un bus de servicio público (plano 004 elaborado por la Fiscalía, CTI, Sección de Criminalística del Meta, fl. 158 cdno. 3).

Respecto a las características de la vía, el informe de tránsito levantado con ocasión del accidente señala que había una curva, que era una calzada con dos carriles en doble sentido, que se encontraba en buen estado y seca y, además, que el estado del tiempo al momento del accidente era normal (fl. 25-29, cdno. 3).

En cuanto a los elementos de señalización dispuestos en el tramo de vía donde se produjo el accidente, el informe de tránsito indica que la carretera estaba demarcada con una línea central y una línea de borde, contaba con trece (13) mojones de protección al costado derecho (sentido Bogotá - Villavicencio), de los cuales seis (6) resultaron destruidos como consecuencia del impacto del camión articulado (según croquis de la Fiscalía); además, “las señales de tránsito instaladas a lo largo de la vía sobre la calle 44, desde el año 1993, son: velocidad máxima (SR 30), descenso peligroso (SP 27), peatones en la vía (SP 46), pare (SR 01)” (fl. 25-29 y 158, cdno. 3; 242-244, cdno. 1).

La parte demandante señaló, como una de las causas determinantes del accidente de tránsito, la ausencia de elementos de señalización en el lugar de los hechos; sin embargo, lo dicho hasta aquí indica que la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, a la altura de la calle 44 de este último municipio, contaba con señalización horizontal (líneas de demarcación), con señalización vertical (de carácter reglamentario y preventivo) y con mojones en concreto para la protección de los peatones y de las viviendas ubicadas al margen de la vía, en caso de impacto de vehículos. Se desvirtúa así la primera imputación de responsabilidad por falla en el servicio, toda vez que se evidenció la existencia de señales de tránsito en el lugar del accidente.

Ahora, en lo que tiene que ver con el grado de inclinación de la carretera, la Sala encontró que, según la Secretaría de Infraestructura - Dirección de Control y Apoyo Logístico del departamento del Meta, “la vía que de Villavicencio conduce a Bogotá (calle 44) en el tramo citado se ha dividido en dos (2) sectores con las siguientes características:

“Sector Buenavista planta de gas

a. Longitud: 5.7 Km.

(...).

d. Pendiente promedio: 8.64%

Se presenta un punto crítico en el mirador con una pendiente del 11.19%

e. Radio de curvatura mínimo: 25 metros

f. Visibilidad: Restringida

g. Berma: Inexistente

Sector planta de gas - Glorieta de la grama

a. Longitud: 3.87 Km.

(...).

d. Pendiente promedio: 7.97%

e. Radio curvatura mínimo: 250 metros

f. Visibilidad: Buena

g. Berma: Inexistente”(5)

Según la parte demandante, el grado de inclinación del tramo de la vía, donde se presentó el accidente, supera la máxima permitida (7%); sin embargo, debe decirse que los informes técnicos de la Secretaría de Infraestructura - Dirección de Control y Apoyo Logístico del Departamento del Meta insistieron en que “por seguridad la máxima pendiente es del 7%, pero cuando las condiciones topográficas no permiten pendientes menores o iguales al 7% y estudiadas todas las posibilidades del terreno se adopta la mejor, así supere la pendiente máxima como es el caso de la vía Villavicencio - Bogotá por esta razón existen tramos de la vía que superan la pendiente máxima del 7% ... de tal forma que la pendiente entre Buena Vista y la planta de gas es de 8.64% y la pendiente entre la planta de gas y la grama (Perímetro urbano de Villavicencio) es de 7.97% que por tanto supera la máxima del 7%. Para determinar la pendiente promedio de cada tramo se tomaron 15 medidas en cada uno de los tramos y se promedió...” (fl. 408-411, 463-469, cdno. 1).

Así las cosas, la Sala encuentra que, si bien la pendiente con que fue construido el tramo de la mencionada vía, a la altura de la calle 44 de Villavicencio, supera la máxima permitida, por cuanto el promedio de la misma está entre el 7.97% y el 8.64%, lo cierto es que, según lo transcrito en el párrafo precedente, ello obedeció a que las condiciones topográficas propias del sector no permitieron el levantamiento de un corredor vial con una pendiente igual o menor al 7%, lo cual obligó a elevar el grado de inclinación de aquella; no obstante, aun aceptando que hubo un desconocimiento de las especificaciones técnicas para el diseño de carreteras por parte de la administración, tampoco hay lugar a declarar una falla en el servicio, por cuanto la parte demandante no acreditó que esta circunstancia haya sido la causa determinante del accidente y, por tanto, de la muerte de la señora Ana Julia Moreno de Herrera.

Al respecto, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“En casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído en los cuales se endilga a la administración una omisión derivada del supuesto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto.

(...).

Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado por omisión del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada.

(...).

En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual esta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse temporalmente hablando de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado esta”(6).

En atención a lo que sostiene esta corporación, vale decir que, si en gracia de discusión se aceptara que hubo una deficiencia en la señalización del tramo de la vía en el que se produjo el accidente y que el mismo excedía el máximo grado de inclinación permitido por el ordenamiento jurídico, nada permite que la Sala califique la incidencia de estas fallas en la causación efectiva del daño, pues ninguna prueba hay sobre el particular; en consecuencia, no existe nexo de causalidad alguno entre dichas pretermisiones y la muerte de Ana Julia Moreno de Herrera, pues —se insiste— la parte demandante no allegó ni un solo elemento de prueba que permita sostener que el daño causado obedeció a las condiciones de la vía. De esta manera, no se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Ahora, sin perjuicio de lo dicho y a fin de respaldar la imposibilidad de imputación de responsabilidad al Estado, la Sala considera oportuno señalar que la Fiscalía General de la Nación, en el trámite de la investigación penal adelantada en contra de José Euclides Fagua Aguilar (conductor de la tractomula), profirió medida de aseguramiento en su contra, con fundamento en lo que pasa a transcribirse (incluso con errores):

“En lo atinente a la autoría material se sabe que la persona que conducía el vehículo tractomula que produjo el desastre era el señor José Euclides Fagua Aguilar, quien también sufrió heridas leves en estos hechos; escuchado en indagatoria ... explica como causa del accidente la falla de los frenos que se presentó antes del retén de policía de narcóticos, en forma sorpresiva a la entrada de esta ciudad y que a pesar de haberlos accionado los de emergencia y auxiliares propios del vehículo, estos no obraron por lo cual decidió girar la dirección buscando voltear el vehículo con el peso de la carga para evitar mayores daños, sin recordar más sobre lo sucedido.

Refiere que el vehículo venía de Barranquilla, cargado con 40 toneladas de abono y que no sabe exactamente las condiciones de los mecanismos del vehículo ya que lo había tomado hacía pocos días, pero acepta que este solo tiene capacidad para 30 toneladas, como lo dice la tarjeta del mismo, situación de la que se enteró antes de tomar la carga, pero a pesar de saber los daños y consecuencias funestas que puede tener la sobrecarga lo único que le interesó fue verificar que estuviera en orden la tarjeta u autorización de partida...

Se allegó al proceso ampliación del informe rendido por el técnico criminalístico del Cuerpo Técnico de la Fiscalía... quien conceptúa que el sobrepeso que transportaba el tractocamión, repercutió en el accidente, por la tiene incidencia en el rendimiento de los frenos, dificulta la detención del automotor y repercute en que se averíe con mayor frecuencia algunos de sus mecanismos, máxime en un terreno como es la vía Bogotá - Villavicencio caracterizado por pendiente prolongada, en la que al aparecer el chofer no utilizó el freno motor sino el freno de pie lo que repercutió en el calentamiento del sistema de este mecanismo; desvirtúa la excusa presentada por el procesado sobre la falla en los frenos cuando afirma que conforme a todos los argumentos técnicos científicos aportados en especial al croquis se halla una huella de frenada de 40 metros que nos esta indicando que los mismos si funcionaron pero que la deficiente conducción del vehículo anotada atrás, agregada a la sobrecarga fue lo que originó el siniestro.

Que fuera de ello el conductor no utilizó la técnica adecuada para estos eventos como es la oscilación del vehículo con la consiguiente eliminación de carga de manera paulatina, maniobra que se facilitaba porque la misma venía libre.

(...).

Lo anterior lleva a concluir que la causa del accidente se originó en primer término por la irresponsabilidad del señor Euclides Fagua Aguilar, que a pesar de conocer tal y como lo manifestó en la indagatoria que la sobrecarga de un vehículo disminuye el efecto de frenada y causa averías en el vehículo y a la postre pueden (sic) llegar a producirse un accidente, lo sobrecargó y condujo sin la técnica debida en cambio de cuarta en vía pendiente, lo que necesariamente lo obligaba a abusar de la utilización del freno de pié ocasionando como quedó establecido en prueba técnica el sobrecalentamiento de los sistemas de freno y esto unido a la sobrecarga disminuyó la efectividad del frenado con la consiguiente pérdida del control del vehículo y los trágicos resultados anotados.

(...).

La prueba recaudada da como resultado que el procesado, no observó la debida atención, prudencia y diligencia en la conducción del tractocamión, ya que sobrepasando el peso autorizado, no conducía con la técnica debida al transitar en un cambio que no correspondía, teniendo que usar el freno de pie con el correspondiente recalentamiento y falla del mismo, así como tampoco utilizó el freno de motor, descuido que constituye el fundamento de la culpa penal” (fl. 270-274, cdno. 4).

Agrégase a ello que, en inspección judicial realizada al tractocamión de placas XKF 478, en el trámite de la investigación penal, se encontraron irregularidades en las condiciones mecánicas del mismo, así (se transcribe tal como obra en el texto original):

“... se le pone a los señores técnicos del citado vehículo el cual se trata de la tractomula a que se hizo referencia anteriormente estando casi destruida en un 75%, se observa la cabina totalmente despegada sobre la carrocería ... el vehículo automotor de clase tractocamión, de tipo semirremolque marca Autocar posee un sistema de frenos neumático o de aire. El conjunto total de este sistema al momento de la diligencia es imposible conocer el funcionamiento real y efectivo en razón a que todos sus dispositivos o mecanismos de accionamiento, se encuentran desmembrados del conjunto del chasis; sin embargo, revisando partes individuales como son el conjunto de las ruedas formada por cámaras de aires o calderines, neumáticos, campanas y bandas, se observa que la rueda del tren delantero lado derecho, la campana está cristalizada, de igual forma se encuentra la banda o asbesto. Revisando la rueda delantera lado izquierdo, el racord que une la manguera que lleva el aire al calderil en su parte inicial se encuentra seccionada. Revisando los restantes juegos de ruedas con sus campanas y bandas, en algunos de estos se observa una cristalización y desgaste de asbestos en menor grado, lo cual es irregular ya que un sistema de frenos en buen estado de funcionamiento, debe actuar en igual proporción en todos los trenes ... en relación al estado de los neumáticos en total, el vehículo posee veintidós unidades de estas algunas del semirremolque de sus trenes traseros el labrado de su sección longitudinal se encuentra en pésimo estado de conservación, observándose parte de sus lonas internas” (fl. 107-109, cdno. 3).

Además, el Cuerpo Técnico de Investigación del Meta, en atención a un requerimiento de la Fiscalía Primera Especializada, realizó otra inspección de revisión al mismo automotor, en la cual encontró (se transcribe tal como aparece en el expediente):

“Esta clase de automotores posee un sistema de frenos de clase neumática o de aire, con accionamiento por pedal al piso, freno de motor accionamiento por barra con lo cual se regulariza la marcha del motor y algunos dispositivos accionados por palancas de acción manual desde el tablero de la cabina. De igual manera estos vehículos deben poseer un dispositivo especial de alarma al momento de perder presión el sistema. Pero todos los controles al momento de la revisión están fuera de servicio por rompimiento y desmembramiento de todas las instalaciones, por lo cual se procede a revisar la instalación en general ... en la campana y los asbestos de la rueda delantera derecha se observa irregularidad al parecer por cristalización ...

En total el vehículo automotor posee 22 neumáticos observándose que el labrado de los sexto eje lado izquierdo es pésimo, el neumático externo derecho del cuarto eje el labrado es irregular, los restantes neumáticos presentan un estado de labrado normal” (fl. 173-175, cdno. 3).

Conforme a lo anterior, es evidente que la causa eficiente y adecuada del daño irrogado a los actores devino de la falta de pericia del conductor del vehículo articulado ya que, según la Fiscalía General de la Nación, “no conducía con la técnica debida al transitar en un cambio que no correspondía, teniendo que usar el freno de pie con el correspondiente recalentamiento y falla del mismo, así como tampoco utilizó el freno de motor”(7), circunstancia a la que confluyó su negligencia al permitir la sobrecarga del mismo, a sabiendas de que esa situación podría entorpecer el correcto funcionamiento del sistema de frenos, como en efecto ocurrió, y al movilizar una tractomula cuyos neumáticos no se encontraban en óptimo estado.

Así, frente a las pretensiones de la demanda, la Sala encuentra que no existe dentro del proceso ningún parámetro, ni elemento probatorio, que permita la imputación de esos daños a la parte demandada.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia de 23 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20300

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12789

(3) Cuadernos 3 y 4.

(4) Al respecto, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, noviembre 11 de 2009, Exp. 17393, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; abril 28 de 2005, Exp. 15445, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Datos consignados en los informes presentados por esa Secretaría el 30 de agosto de 1999, el 29 de marzo de de 2001 y, el 10 de abril de 2001 (fl. 408 a 411, 446 a 450 y 463 a 469, cdno. 1).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, expediente 15526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) F. 273, cuaderno 4.