Sentencia 1995-05180 de agosto 11 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199505180-01 (20644)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Juan Carlos León Rincón

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Descongestión Sede Bogotá, D.C., el 9 de diciembre de 2000, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en 1000 gramos oro, equivalentes para el 8 de mayo de 1995 a un valor de $ 11.655.540 mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 9.610.000 (D. 597/88).

Toda vez que la alzada es interpuesta por la parte contra la cual es contraria la sentencia de instancia, la Sala no tiene limitación alguna para resolver el presente asunto.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos(10)”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos León Rincón en hechos sucedidos el 9 de mayo de 1993 en Nobsa, Boyacá, lo que significa que tenían hasta el día 9 de mayo de 1995 para presentarla y, como ello se hizo el 8 de mayo de 1995, resulta evidente que el ejercicio de la acción ocurrió dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. Cuestión previa. Valoración de la prueba trasladada.

Antes de entrar al estudio del caso puesto a consideración de la corporación, la Sala encuentra que fueron allegadas al proceso, copias auténticas de la investigación disciplinaria interna adelantada por la Policía Nacional en contra del SS José Miguel Meza Camacho por la muerte del señor Jaime Higuera y las lesiones causadas Juan Carlos León, elementos que serán valorados en su integridad, incluso en cuanto hace a la prueba testimonial que contienen(11), toda vez que fueron practicados por la parte contra quien se aducen y, de conformidad, con lo expresado por esta corporación respecto de las cuales razonó así(12):

“Por otra parte, en relación con las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria, que por su naturaleza es administrativa por cuanto es practicada por la misma entidad pública, la Sala ha sostenido:

“‘... Los testimonios antes citados hacen parte de la respectiva investigación disciplinaria que, si bien no fueron ratificados en el presente proceso contencioso administrativo, sí pueden ser válidamente considerados en éste, por cuanto se trata de medios de prueba que hacen parte de la investigación adelantada por la propia entidad demandada, esto es, la Policía Nacional y, que por lo tanto, fueron practicados con su pleno conocimiento, cuya incorporación al proceso se decretó y efectuó a petición de la parte demandante’”(13).

También, y a petición de la parte actora, se trajeron al expediente copias auténticas del proceso penal adelantado por la justicia ordinaria por la muerte del señor Jaime Roberto Higuera y las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos León, probanza que, en principio, no sería susceptible de ser valorada por cuanto su incorporación al proceso no fue coadyuvada por la parte demandada. Sin embargo, la Sección en casos similares ha considerado que frente a los documentos, su desestimación solo procede cuando la parte que se sienta afectada manifieste expresamente su inconformidad frente a dicho elemento probatorio. Así lo dijo entonces:

“La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso(14) ...

... Sin embargo, sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(15):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(16):

‘... el artículo 229 del mismo código dispone:

‘Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

“En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica (se destaca).

“Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

“Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

“Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a éste proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando ésta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(17) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto(18) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

“De conformidad con lo anterior, aunque respecto de las pruebas documentales debidamente decretadas dentro del proceso no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, lo cierto es que tal omisión fue convalidada, de acuerdo con lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según se dejó explicado dentro de la sentencia antes transcrita”.

Atendiendo a los lineamientos que —como se deja advertido— pacíficamente tiene adoptado la Sala en cuanto hace a este aspecto de la prueba y en este caso que la prueba documental trasladada no fue objetada en forma alguna por la entidad demandada, será valorada por entender que cualquier irregularidad procesal frente a la misma se encuentra subsanada.

4. El daño antijurídico.

Encuentra la Sala debidamente acreditado en el proceso que el señor Juan Carlos León Rincón fue herido con arma de fuego el día 9 de mayo de 1993, conforme resulta de la copia auténtica del resumen de historia clínica(19) y del cual se extrae que fue impactado en su rostro a la altura de la cavidad nasal. Así se describió este hecho en el citado documento:

“Causa de consulta; Herida en cara por bala.

Enfermedad actual; Ingresa paciente por herida de arma de fuego en dorso nasal derecho de 1 hora de evolución.

Antecedentes personales patológico negativo, quirúrgico negativo.

Revisión por sistemas negativos.

Ex Físico ...

... Oídos, nariz: Herida en dorso nasal de 1 cm de diámetro a la rinoscopia anterior, ha laceración de la parte lateral de fosa nasal ...

Diagnostico; Herida por arma de fuego en cara.

RX: Craneano, proyectil alojado en tejidos blandos de la región lateral izquierda de la faringe.

RX Senos Paranasales, Fractura de la pared anteromedial del antro maxilar derecho a del septum nasal.

Velamiento del antro maxilar derecho y presencia de nivel en el izquierdo.

Se inicia manejo con antibióticos y antiinflamatorios.

Opinión de otorrinolaringólogo, taponamiento nasal anterior: dichas heridas nasales no ameritan manipulación quirúrgica.

Opinión de cirujano: No se aconseja extracción del proyectil en el momento ya que no interesa órganos vitales.

El paciente evoluciona satisfactoriamente.

Se da de alta con control ambulatorio con otorrinolaringólogo”.

Con fundamento en lo anterior ha de entenderse que se encuentra acreditado el daño sufrido por el demandante, en tanto fue lesionado en su integridad con un arma de fuego, circunstancia que, sin lugar a dudas, no estaba en la obligación de soportar, siendo procedente el estudio de la imputabilidad del daño a la entidad convocada al proceso.

5. Lo probado en el proceso.

5.1. Calidad de agente de la demandada del señor José Miguel Meza Camacho. Guarda material de la Policía Nacional sobre el arma de fuego usada en los hechos. Forma de ocurrencia de las lesiones causadas a Juan Carlos León Rincón.

En cuanto hace a la calidad que revestía el señor Meza Camacho al momento de los hechos, debe decir la Sala que se encuentra probado que ostentaba el rango de suboficial —con grado de sargento segundo— de conformidad con los documentos obrantes en la hoja de vida aportada por la demandada(20) y que, para ese momento se encontraba en situación administrativa de vacaciones, pero, a pesar de ello, prestando —a nombre de la Policía Nacional— funciones de vigilancia en virtud del contrato 009195(21), suscrito entre tal entidad y la Empresa Acerías Paz del Río(22).

Sobre este aspecto encuentra la Sala que el recurso de alzada sostiene que la actividad del señor Meza Camacho debe entenderse como ejecutada exclusivamente dentro del ámbito privado y, por lo mismo, desprendida por completo de la función pública desempeñada por la Policía Nacional, en tanto se dirige a la vigilancia de una empresa particular durante el tiempo de vacaciones y, en consecuencia, totalmente desligada del servicio oficial.

No comparte la Sala la visión que de la relación con el servicio del mencionado agente presenta la demandada en este caso, en tanto desconoce el contenido del contrato de vigilancia a que se ha hecho referencia y que fue suscrito por la propia Policía Nacional, en cuya cláusula primera aparece claro que la demandada —expresamente— se comprometió al control y manejo de los agentes que se destinaran para dicha actividad. El siguiente es el tenor de la mentada disposición contractual:

“Prestar el servicio de vigilancia con seis (6) agentes en uso de vacaciones, en las direcciones, días y horas que se detallan en el anexo número uno (1) del presente contrato. Asimismo, destinará el personal de la institución que se requiera para supervisión y control del servicio, de acuerdo con las políticas del mando policial. Dicho personal dependerá para efectos de mando, administración y disciplina de la Dirección General de la Policía Nacional a través del respectivo Comando de departamento o estación de policía de la jurisdicción”(23).

En consecuencia, visto el tenor del contenido obligacional que la Policía Nacional adquirió para con Acerías Paz del Río a través de la citada cláusula contractual, mal puede aceptarse que la actividad desarrollada por el sargento Meza Camacho en el tiempo que sucedieron los hechos pueda considerarse como de carácter privado o personal y completamente ajena al servicio, ya que es evidente que fue por órdenes directas de la entidad policial que se encontraba prestando funciones en dicho lugar, hasta el punto de ser que él quien se encontraba encargado del control y la vigilancia del servicio prestado en razón de dicho contrato, a título de “Comandante de los servicios pagos en Belencito”(24) y, en consecuencia, subordinado a los respectivos comandantes de departamento y de la estación de policía de la zona.

Aclarado lo anterior, ha de referirse la Sala a otro aspecto que, por efecto de la controversia planteada, cobra interés en este caso y es el referido a la naturaleza del arma empleada por Meza Camacho en el hecho, como que son varios los elementos probatorios que ponen de presente que se trataba de un arma de propiedad personal del suboficial (Fls. 28-29 37-38, cdno. pruebas demandante), condición que —debe precisar la Sala— no implica per se la ausencia de conexidad del mentado instrumento con el servicio de la entidad demandada, en tanto que lo que para el efecto importa es si tenía la demandada la guarda material del mismo, es decir, ha de establecerse si la entidad demandada se había valido de esa arma particular para el cumplimiento de las funciones del policial, aspecto que la Sala encuentra demostrado, como pasa a explicarse.

En efecto, obra en el proceso el testimonio del comandante de la Subestación de Policía Nazareth, Dgte Julio Aníbal Silva Varón(25), quien al ser preguntado sobre el tipo de arma utilizada por el sargento Meza Camacho para la prestación de los servicios pagos en Acerías Paz del Río, contestó:

“Con revólver pero creo que era el de propiedad de él porque un día me comentó que no había reclamado armamento”.

Tal declaración es concordante con lo manifestado en oficio suscrito por el comandante del sexto distrito que puede verse a folio 39 del cuaderno de pruebas del demandante en el que se consignó:

“Revisados los archivos que se llevan en el almacén de armamento no se encontró recibo por dotación oficial del señor SS Meza, el agente Manrique portaba la escopeta 1010726 como dotación para el servicio”.

Así mismo se observa por parte de la Sala que en la minuta de servicios correspondiente al día de los hechos, aparece el nombre de los agentes asignados a los diferentes turnos, junto con la indicación de la correspondiente arma asignada y, cuando se refiere a Meza Camacho no se inscribió anotación de dotación alguna a su nombre(26).

Considera la subsección —con fundamento en lo antes señalado— que existen elementos suficientes para concluir que el revólver que portaba el señor Meza Camacho el 9 de mayo de 1993, a pesar de ser posiblemente de su propiedad, se encontraba bajo la guarda material de la Policía Nacional en tanto se utilizaba para la prestación del servicio que le había sido encomendado y, por tanto, la Sala se aleja de la concepción de la entidad demandada que en torno a este aspecto sostuvo a lo largo del proceso, consistente en que el arma utilizada para causar el daño no era oficial y que, por esa razón, no existía nexo del hecho con el servicio.

Ahora bien, en cuanto a la organización de los “servicios pagos”, se tiene que estos se prestaban por turnos y al comandante designado, SS Meza Camacho, se le habían encomendado funciones permanentes de supervisión y vigilancia de los agentes a su cargo(27). Así, en efecto, lo explicó el dragoneante atrás referenciado(28) cuando dijo:

“Está conformado (se refiere a los servicios pagos) por tres escuadras de seis unidades cada una, prestaban servicio de seis horas y el relevo se efectuaba en el vehículo de Acerías Paz del Rio, dos unidades en la portería número uno de las 07 a las 12 horas y de las 14 a las 17 de lunes a sábado medio día y el señor comandante de servicios pagos que era la persona encargada de controlar al personal, velar por el buen funcionamiento de los servicios y a la vez pasar revista a los lugares de facción y estar en contacto con el señor coronel jefe de la vigilancia dentro de la empresa ... tiene que estar pendiente durante las veinticuatro horas ya que cuando necesitaba salir solicitando permiso al comando del distrito”.

Estas circunstancias, tomadas en conjunto, son las que le sirven a la Sala para encontrar como un hecho cierto y debidamente establecido que el daño por el que hoy se demanda ocurrió cuando el señor Meza Camacho se encontraba en cumplimiento de la prestación del servicio, siendo, ahora sí, del caso la verificación de la forma en la cual se desencadenaron los hechos que dan origen a la presente acción.

5.2. Circunstancias en que ocurrieron las lesiones causadas a Juan Carlos León Rincón.

Establecido lo anterior y revisado el acervo probatorio, se tiene que obra en el expediente el informe de los hechos presentado al director de la Policía Nacional por el comandante del sexto distrito, mayor Gustavo Adolfo Ricardo Tapia con fecha 10 de mayo de 1993, en el cual se indica como autor material de las lesiones ya referidas al sargento José Miguel Meza Camacho. El informe fue rendido en los siguientes términos(29):

“Comedidamente me permito informarle que encontrándose el comandante de servicios pagos de Acerías Paz del Rio Belencito sargento José Miguel Meza Camacho, a las 21,30 horas del día 090593 en la tienda de Evangelina Cárdenas, localizada diagonal al cuartel de Policía de Nazareth del municipio de Nobsa, disparó su revólver Smith & Lesson, calibre 38 L, cañón recortado niquelado, número 7D49048-33991, cacha de madera, dando muerte a Jaime Higuera Rodríguez, de 27 años, soltero, empleado de la Cooperativa Coltanques, natural y residente en Nobsa, indocumentado, quien presenta impacto a la altura del cráneo, occipital lado derecho, con orificio de salida, parte posterior del cráneo y causando herida a Juan Carlos León Rincón de 28 años, casado, cotero, natural y residente en Nobsa con cédula 7,223,489 de Duitama, quien presenta herida con arma de fuego en el pómulo derecho y actualmente se encuentra internado en la clínica de especialistas de la ciudad de Sogamoso ...

“... Por estos hechos se presentaron disturbios de orden público y daños en las instalaciones del cuartel e Inspección de Policía Nazareth”.

Tal versión de los hechos se encuentra en armonía con la narrada por la señora Evangelina Cárdenas de López, de 35 años de edad, casada, residente del barrio Nazareth del Municipio de Nobsa, dueña del establecimiento comercial donde sucedió el incidente, quien dentro del proceso disciplinario adelantado con ocasión de lo sucedido indicó que el mentado policial agredió verbalmente a sus entonces compañeros de tertulia, situación que provocó el reclamo por parte de uno de ellos y, finalmente, motivó que Meza Camacho saliera del lugar para entrar minutos después con un arma de fuego en mano y disparara en repetidas ocasiones impactando a dos personas. Así plasmó la declarante su visión de los hechos(30):

“Pues que ellos estaban ahí tomando o sea el muerto y el herido con los demás compañeros, también estaba el sargento los cuales yo no les escuché discusión ninguna, las únicas palabras que yo les escuche a ellos fue el sargento que les dijo a los señores, ustedes todos son unos hijueputas, uno de los muchachos que estaban ahí le contestó: respétenos que nosotros lo respetamos, luego el sargento al ratico salió y cuando regresó se paró en la puerta y ya llevaba el arma lista y disparó hasta ahí empezaron a caer los dos muchachos y los sacaron para auxiliarlos”.

La misma declarante, al ser preguntada sobre la identidad del sargento y la cantidad de bebidas alcohólicas por él ingeridas el día de los hechos, indicó:

“Solamente el apellido que es Meza nada más, él era de los de la planta de Acerías Paz de Rio ... el horario no lo sé porque cuando entró estaba atendiendo era mi esposo y el traje era de uniforme ... estaba tomando trago que los mismos que estaban ahí le habían brindado, estaba tomando whisky ... lo que mi esposo le despachó más o menos media botella, yo le despache el brandy pero solamente se alcanzó a tomar como medio trago .... él ya había estado allá porque entraba a tomar tinto o gaseosa, licor también había estado tomando, como una a dos veces había estado tomando cerveza”.

De igual manera el señor Ciro Antonio López, de 40 años de edad, residente del barrio Nazareth, esposo de la dueña del establecimiento, narró en forma semejante los hechos(31) e informó que el señor Meza había estado con anterioridad en el lugar consumiendo unas cervezas. Además, indicó que, luego de ocurrir el homicidio, los vecinos de la zona se reunieron y atacaron con piedras la estación de policía, con el fin de “protestar y pedir justicia” por lo acontecido, episodio que, a juicio de la Sala, pone en evidencia el vínculo que estableció en ese momento la comunidad entre el actuar del homicida y la institución policial.

En el proceso disciplinario que obra en forma trasladada, se recibió declaración a los señores Carlos Eduardo Castillo Solano, Julio César Abello Mayorga, Jorge Eliecer Castillo Solano, Jairo Alberto Reyes López y Pedro Antonio Contreras Cely, personas —todas ellas— que se encontraban acompañando a la víctima en el momento de los hechos, y quienes precisaron en tal oportunidad que la discusión con el policía tuvo su génesis en la negativa de los civiles a realizar apuestas en juegos de naipes- Así lo declaró el señor Contreras Cely, de 27 años de edad y obrero de profesión:

“Nos pasamos para esa mesa, el señor empezó a ser todo ofensivo o sea el sargento decía que quites de ahí que no me dejan pasar, después un amigo de los que estaban ahí le dijo que qué tomaba y el agente y el sargento dijeron que brandy, les brindó un cuarto, el amigo es Jairo Reyes, fue cuando empezaron a decir que sacaran un naipe para jugar entonces Jairo dijo que reuniéramos una plata para jugar naipe, el agente de civil dijo que teníamos que sacar como doscientos mil pesos para jugar y creo que apenas teníamos para pagar la cerveza que nos habíamos tomado, entonces fue cuando el sargento empezó a tratarnos mal, empezó a golpiar (sic) la mesa y a decirnos que éramos unos hijuepuetas (sic) chichipatos que porque no le jugábamos, entonces el finado dijo que respetara que por más que fuera sargento nosotros merecíamos respeto como cualquier persona, entonces el sargento siguió diciendo que éramos unos hijueputas (sic), antes había pasado una pelada con un niño y él se lo quitó y entró a la tienda, después entró la muchacha y le quitó el niño, el salió detrás y después fue cuando llegó a tratarnos mal ahí, la muchacha era como sobrina de una señora que le dicen La Nena, ya se había ido el sargento y volvió y dijo, esperen a ver qué es lo que quieren estos hijueputas (sic), entonces fue cuando saco el revólver de una chapuza como amarilla, nosotros todos nos agachamos y empezó a disparar, hizo como tres a cuatro tiros y cuando me levanté el finado como que dijo: me jodieron, se escurrió ahí sobre la silla, lo paramos y ya estaba casi muerto cuando me fui a buscar un carro para llevarlo al hospital porque Juan Carlos me decía que lo llevara al hospital porque estaba que sangraba la cara ...”.

Los hechos anteriormente vistos y que encontrara el fallador disciplinario como probados, sirvieron para que tal instancia hallara responsable al señor Meza Camacho(32) y tipificara las faltas conocidas como constitutivas de mala conducta para solicitar a la dirección general de la policía su separación absoluta de la institución, fallo que fue confirmado en segunda instancia(33).

Todo lo anterior que —se repite— se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones, le permiten a la Sala entender como debidamente acreditado que el día 9 de mayo de 1993 el sargento José Miguel Meza Camacho, estando al servicio de la Policía Nacional, con arma que se hallaba bajo la guarda de la entidad demandada, se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento de comercio y, en medio de esa actividad, tuvo un altercado con algunos de los presentes, lo que lo llevó a disparar su contra , dando muerte a Jaime Roberto Higuera y herido a Juan Carlos León Rincón, siendo este último quien demanda en la presente acción.

6. Inexistencia de vigilancia sobre los agentes de policía asignados a trabajar en las instalaciones de la empresa Acerías Paz del Rio. Falla en el servicio por omisión.

En el presente asunto, considera la Sala que existen pruebas suficientes que indican la existencia de una serie de irregularidades y permisiones de la entidad demandada frente a las actuaciones desplegadas por los agentes encomendados a “servicios pagos de Belencito” que, por eso mismo, comprometen la responsabilidad estatal.

Como se anotó en acápites precedentes, en el contrato de vigilancia suscrito por la demandada con Acerías Paz del Río se estipuló que los agentes asignados estarían bajo el control y vigilancia del comandante de distrito y del comandante de estación de la zona, información precisada por el jefe de la sección de personal y capacitación de la demandada en los siguientes términos(34):

“Teniendo en cuenta su oficios 645 de fecha 140593 respetuosamente me permito informa a mi coronel que el personal destinado a prestar servicios pagos en Acerías Paz del Rio fue con fecha 300493 a las 16.00 horas mediante Oficio 894 del 290493 enviado al señor Mayor comandante sexto distrito y a quien le corresponde el control del mismo.

Al señor SS. José Miguel Meza Camacho, le correspondía laborar servipagos en Acerías Paz del Rio y, a su vez, controlaba y supervisaba al personal de Agentes que fue destinado a prestar dicho servicio.

Las instrucciones impartidas fueron sobre medidas de seguridad armamento e instalaciones, la responsabilidad en los servicios que les corresponde prestar ya que es un servicio pago, se debe colocar más interés en el mismo, la prohibición de ingerir bebidas embriagantes estando en servicio, el buen trato a la ciudadanía y empleados de la Empresa, entre otras instrucciones impartidas por el suscrito” (negrillas fuera de texto).

No obstante la claridad de la previsión convenida para el desarrollo del contrato y a la que se refiere propiamente el aparte antes transcrito, el acervo probatorio indica con claridad que no hubo en este caso ningún tipo de supervisión directa de tales instancias sobre los agentes enviados a prestar el servicio, pues, como expresara Dgte segundo Emilio Sisa Sisa al ser preguntado sobre las revistas o visitas realizadas por los superiores al servicio pago, contestó:

“... el control lo ejerce el jefe que nombran acá de personal, en el caso de ahora lo ejercía mi sargento, el pasaba revista permanente, en el vehículo de vigilancia interna, él solía hacerlo constante en la mañana y en la tarde ...

Pues el día que nos formamos o sea el día que formamos en Sogamoso mi mayor nos formó y nos dio instrucción sobre el servicio, recalcándonos en los problemas que se han presentado sobre todo con los chatarreros, yo en la portería no me di cuenta que hubiera ido el comandante del distrito a pasar revista”.

En sentido similar el comandante de la Subestación Nazareth al ser interrogado sobre las visitas efectuadas por el comandante de distrito o algún otro superior a dicha guarnición, contestó:

“Durante el trascurso de este mes que yo me haya dado cuenta ningún otro superior (sic) vi que hubiera estado pasando revista de los servicios y además muchas veces pasan por la avenida y no entran a las instalaciones de la subestación”.

Igualmente obra a folio 80 del cuaderno de pruebas 2, acta de la diligencia de inspección ocular sobre los Libros de Guardia y de población del comando de la Subestación de Policía Nazareth, en el curso de la cual no se encontró anotación alguna respecto de visitas realizadas por el comandante de distrito o cualquier otro tipo de superior a la mentada subestación o a los agentes asignados a los “servicios pagos” de la empresa Acerías Paz del Río.

En este punto se hace necesario anotar que los agentes asignados a “servicios pagos”, si bien prestaban funciones por turnos en las instalaciones de la empresa Acerías Paz del Río, no ocurría lo mismo con el Comandante de los Servicios a quien dada la permanencia de las labores encomendadas, se le había asignado como lugar de descanso, las instalaciones de la Subestación de Policía “Nazareth”. Así lo explicó el ya mencionado Dgte Silva Varón:

“Dentro de las instalaciones más exactamente en uno de los alojamientos que quedan contra la calle y que están destinados para el persona de planta y siempre allí se quedaba el comandante de los servicios”.

En vista de las deficiencias en la vigilancia anotada, la misma entidad demandada inició proceso disciplinario, no sólo contra los policiales involucrados en los hechos, sino también en contra de los superiores encargados de ejercerla, subteniente José Mauricio Ordóñez Villamil, comandante de la Estación de Policía de Sogamoso y mayor Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, comandante de distrito, actuación que terminó con fallo en el que se declaró responsable al primero y eximió de cargos al segundo con base en la siguiente motivación(35):

“En el aspecto de supervisión y control de los servicios pagos de la empresa Acerías Paz del Río de Belencito, estaba a cargo del señor ST José Mauricio Ordóñez Villamil, comandante de la Primera Estación Sogamoso, por depender orgánicamente la Subestación Nazareth de la citada unidad policial, no hallándose constancia en relación con revistas practicadas o instrucciones impartidas por éste oficial, pese a que el comandante del distrito le había impartido la orden de revistar las estaciones y subestaciones subordinadas, encuadrando así su conducta en los artículos 112, ordinales 2º y 3º y 115, ordinales 1º y 2º, (sic) del Decreto 100 de 1989.

Igualmente el señor MY. Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia en su condición de comandante del sexto distrito también le correspondía ejercer control y supervisión de los servicios pagos por estar ubicados en su jurisdicción, se estableció en el proceso que no se hizo presente a pasar revista, pero ha de tenerse en cuenta que hacía pocos días había asumido el cargo y era prioritario atender lo atinente a constatar novedades relacionadas con las actas de entrega, sin embargo se demostró que previó otros mecanismos como fueron la instrucción dada al personal al iniciar los servicios pagos, la orden impartida al sargento Meza de reportarle novedades permanentemente, la prohibición de la franquicia para el personal con motivo de la celebración del día de la madre y disponibilidad permanente, la apertura del libro radicador de órdenes y consignas e instrucciones impartidas por su comando a la Subestación Nazareth, entre otras todo lo cual lo ampara de ser declarado negligente en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y lo exime de responsabilidad”.

De todo lo anterior viene a resultar claro que ningún tipo de inspección o vigilancia se ejerció físicamente sobre los agentes de policía asignados tanto a la Subestación Nazareth, como a los “servicios pagos de la empresa Acerías Paz del Río”, circunstancia que claramente configura una falla en el servicio por omisión que, sin duda, terminó por dar lugar a la realización por parte de sus agentes de conductas irregulares como las que hoy son objeto de pronunciamiento.

Tampoco puede pasar por alto la Sala lo que viene a resultar de la revisión de los antecedentes disciplinarios del señor Meza Camacho, de los que resulta que le aparecen registradas diez sanciones disciplinarias, dos de ellas por abuso de bebidas embriagantes, una suspensión disciplinaria de 60 días por mala conducta, sin contar con la gran cantidad de investigaciones adelantadas en su contra, entre las cuales, pese a no ser encontrado responsable, debe destacarse una suspensión en ejercicio de sus funciones por haber sido sindicado de delito de abandono de cargo, una causa penal por el presunto delito de fuga de presos, así como numerosas indagaciones disciplinarias por distintos hechos.

No entiende la Sala cómo un suboficial con tal historial de indisciplina y de medidas sancionatorias pudo, en primer lugar, ser escogido para prestar el servicio al que ya se ha hecho referencia y, luego —y es lo que menos se comprende— que haya sido puesto al mando de unos “servicios pagos” que, como se vio previamente, carecían de vigilancia y control adecuados, más aún cuando ni siquiera existía claridad en la misma institución policial acerca de la dependencia funcional de los mismos y que, por lo mismo, exigía de la entidad demandada mayor rigor y exigencia en la escogencia y selección del funcionario al que se le entregaba tal encargo.

7. Inexistencia de culpa personal del agente como causal eximente en el caso concreto. La presencia de un hecho irregular o doloso por parte de un agente estatal no releva de responsabilidad al Estado, si dicho actuar se causó por falla en el servicio que le fuera imputable.

Se esgrimió en el recurso como causal eximente de responsabilidad, la culpa personal del agente Meza Camacho quien, estando en estado de embriaguez, dolosamente atentó contra la integridad del demandante.

No puede caber duda en cuanto a que el comportamiento del señor José Luis Meza Camacho fue abiertamente arbitrario y contrario a derecho, además de irresponsable, pues pese a encontrarse —como ya se vio— en condición de servicio permanente por efecto de las órdenes impartidas en función del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandada, elementalmente necesario resultaba que guardara un comportamiento ajustado al reglamento y, por lo mismo, se mantuviera alejado del consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo no lo hizo así, sino que, frente a la misma estación de policía en la cual pernoctaba, a ciencia y paciencia de quienes en ella fungían como policiales, se dedicó a embriagarse, sin que hubiera control ninguno de parte de sus superiores.

Si bien en este caso concurre a la producción del hecho dañoso la conducta personal del agente autor de los disparos, ello —ha de decirse con claridad— no excluye la responsabilidad de la administración en tanto que, como se ha dicho, al lado de la determinación irresponsable del policial que produjo directamente el hecho, se halla la falencia de la demandada en el control del personal a su cargo y específicamente de aquel que había destinado como Comandante de los “servicios pagos”, el cual, como pudo verse en este caso, gozaba de una total discrecionalidad para actuar a su gusto, en un grado aberrante de relajación de la disciplina que debe reinar en ese tipo de institución, desdén organizativo que había tomado características de habitual como se extrae del dicho de los diferentes testigos que depusieron en el proceso que permite concluir que era inexistente el control sobre los funcionarios que cumplían ese compromiso de vigilancia en la mentada empresa.

La doctrina ha sido clara en resaltar que le asiste responsabilidad a la administración en relación con la actuación personal de sus agentes cuando la naturaleza riesgosa de la actividad que despliega lo exige. Así, en efecto, el profesor García de Enterría explica el tema de la siguiente manera:

“La idea de riesgo justifica también la imputación a la administración de los daños producidos por una actuación personal de sus agentes, realizada al margen del servicio, cuando la propia organización dada a este por la administración por considerarla la más acorde con los intereses públicos incorpora de suyo aquella idea (muerte causada por un policía nacional que se encontraba de vacaciones con su arma reglamentaria, que la organización del servicio le permite portar incluso en esos casos: s. de 23 de mayo de 1987)(36)”.

Igualmente se hace necesario en este caso tener presente que la responsabilidad estatal en el evento de actuaciones irregulares –dolosas o culposas- de sus agentes, ejecutadas por fuera del marco de la prestación del servicio (que no es el caso que hoy se decide), no ha estado ausente de debate en la Sección y es así cómo, a la sombra de los conceptos de la culpa “in eligendo” e “in vigilando” se declaró la responsabilidad estatal en ocasiones en las cuales, pese a no estar probada la prestación del servicio, se causaba daño, incluso sin importar que el arma fuese o no de dotación oficial, o que el agente se encontrara en situación de vacaciones o franquicia.

Para llegar a dicha conclusión se partió de la tesis de la calidad permanente de funcionario público, quien debía ser vigilado de forma constante por la entidad estatal. Así, en efecto, la Sección en sentencia de junio 12 de 1992(37) afirmó:

“No, el agente de policía en vacaciones o en franquicia no deja su carácter de tal y menos se puede despojar de sus deberes y obligaciones. Afirmar esto equivale casi a decir que el policía en vacaciones puede ser un delincuente, un sicario, como en el caso concreto, sólo responsable por sus hechos. El servicio sigue al funcionario y este no se puede desdoblar, como en una nueva versión de la leyenda Mr. Hyde y Mr. Jeckill. La administración responde por el servicio y dentro de él están las personas que lo hacen posible (su elección y vigilancia), las que tienen que estar sometidas a un régimen cuidadoso de disciplina que cobija todos los actos de su vida, porque la administración ejecutora del servicio, como lo ha dicho esta misma sala, responde cuando tolera a ciertos individuos en su seno de mala conducta, porque así crea para los usuarios el riesgo de la falta personal de sus agentes. En otras palabras, porque si la administración tolera a un antisocial en sus filas, deberá responder hasta por la culpa personal de este” (resaltado fuera de texto).

Tales lineamientos fueron objeto de reconsideración por la sección en pronunciamientos posteriores ya que, en la práctica, conducían en la mayoría de eventos a la declaratoria de responsabilidad estatal, incluso en aquellos casos en los cuales el nexo con el servicio se tornaba imperceptible, sin embargo lo anterior no obstó para que se permitiera la posibilidad de encontrar responsable al Estado pero bajo el título de falla probada en el servicio(38). Se dijo entonces:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho del policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’. En tanto el agente se valga de su condición de autoridad pública y utilice los bienes de dotación oficial para cometer el hecho, su actuación tiene vínculo con el servicio y en esa medida le es imputable al Estado. Pero, se reitera, la responsabilidad de la administración no deviene del hecho de que el autor esté vinculado a una entidad pública. Si el funcionario incurre en una conducta delictiva ajena a la prestación del servicio, debe acreditarse que la entidad incurrió en una falla para imputarle el hecho, pues esta falla no se presume” (negrillas fuera de texto).

Lo antes dicho ha sido objeto de precisiones en el sentido de que demostrada la ejecución de una conducta delictiva por parte de un agente, se hace necesario verificar si actuó “prevalido de su condición de agente estatal” en tanto, aun estando en el tiempo de servicio y con implementos asignados al mismo, puede el agente actuar en su esfera personal e individual.

Sin embargo, no puede perderse de vista que la ejecución de un hecho anormal o ilícito por parte de agentes estatales no conlleva necesariamente —por ser anormal o ilícito— a la exclusión de responsabilidad —aun cuando se trate de actuaciones personales o particulares— por cuanto pueden deberse de manera concurrente a una falla en el servicio(39), como se reconocía en realidad en la sentencia de 12 de junio de 1992 que viene de citarse.

Igualmente es necesario tener claro que la jurisprudencia de la Sala ha sido enfática en afirmar que cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados con el uso de armas de fuego de dotación oficial o bajo la guarde de la demandada, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional(40).

Ciertamente ha señalado la sección que la administración debe responder siempre que se produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o por la utilización de elementos de la misma naturaleza, pues el Estado debe asumir los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades como la Policía Nacional, el DAS, el Ejército Nacional, en razón de las funciones a ellas encomendadas.

En esta oportunidad encuentra la Sala que la administración no ejerció las funciones que le son inherentes sobre sus agentes, omisión en el control y vigilancia que permitió que se causara el resultado dañoso por el que hoy se reclama.

No obstante que el señalado título de imputación de naturaleza objetiva al que se acaba de hacer referencia permitiría llegar a la misma conclusión de responsabilidad estatal en este caso, ha de tenerse presente que, como bien lo ha explicado en múltiples ocasiones la sección, cuando se advierta que el daño se produjo por un mal funcionamiento de la administración, ello se debe poner de presente por parte del juez de la administración y el título de imputación con el que se debe decidir el litigio habrá de ser el de falla del servicio(41) en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que le corresponde al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que este —el Estado— pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño en caso de que llegue a resultar condenado el ente estatal a la correspondiente reparación.

La falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se hubiere producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales hubiere incurrido la administración y, por esta razón, se constituye en un juicio de reproche en su contra. En estos eventos la entidad pública demandada podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir que actuó conforme a los deberes a los cuales se encontraba obligada o si demuestra que el nexo causal era apenas aparente, cosa que podría hacer mediante la acreditación de una causa extraña como puede ser la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero(42).

En esta oportunidad considera la Sala que la administración, como se anotó a lo largo de toda esta providencia, está incursa en una falla del servicio por omisión, la cual se erige como causa directa del daño y se estructura en la falta total de de control y vigilancia sobre los agentes asignados a laborar en los tantas veces mencionados “servicios pagos” falla que sin duda permitió que el SS José Miguel Meza Camacho, se sustrajera irresponsablemente de las funciones que le habían sido asignadas; tan evidente resultó esa desatención en los deberes a cargo de la institución policial que esa circunstancia dio origen a sanción disciplinaria contra los superiores encargados de ejercerla, lo que sin duda conlleva a concluir que el Estado deba entrar a indemnizar por los perjuicios causados por su omisión.

Todo lo anteriormente visto conduce a que, deba confirmarse la sentencia impugnada en cuanto a la responsabilidad estatal determinada en este caso, como en efecto se hará.

Ahora bien, frente a la inconformidad frente a los perjuicios reconocidos por el tribunal de instancia, se tiene que la demandada protestó en el recurso por el valor reconocido como lucro cesante, en favor del demandante en tanto indicó que se acogieron los 30 días de incapacidad médico legal, desconociendo con ello que tal término corresponde al tiempo que durara en sanar los tejidos y, por tanto, no puede asimilarse a una incapacidad laboral.

La Sala considera que no le asiste razón al apelante, en tanto la determinación del lucro cesante debe realizarse por el fallador con apoyo en los diferentes elementos probatorios obrantes en el proceso y, en el presente caso se tiene debidamente acreditada la hospitalización y posterior incapacidad del actor, por lo que resultaba necesario reconocer el perjuicio causado en la forma realizada por el a quo.

En lo referente a los perjuicios morales reconocidos, los cuales el apelante encontró elevados ante la inexistencia de prueba que los acreditara, la Sala encuentra que la indemnización decretada por el a quo se halla dentro de los parámetros jurisprudenciales trazados por la corporación, máxime cuando en el presente asunto se trata de una lesión con arma de fuego en la cara y el cuello, traumatismos que generaron que el proyectil se alojara en los tejidos blandos de la faringe y fractura del maxilar derecho, lesiones todas estas que si bien no afectaron órganos vitales, lo cierto es que, dada la complejidad de la zona comprometida, debieron causar un fuerte impacto moral en el lesionado y, en consecuencia, debe confirmarse el reconocimiento realizado por este concepto.

Finalmente, en vista de que los perjuicios morales reconocidos en la sentencia apelada se tasaron en gramos de oro, la Sala considera que deben adecuarse los montos indemnizatorios en salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con la jurisprudencia de la sección(43).

“Para convertir la condena en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se parte de la reflexión de que la condena impuesta por el tribunal fue de 1.000 gramos oro para Carlos Abel Vega y María de las Mercedes Verdugo, los padres de José Javier Vega Verdugo, y para Luís Alberto, Rosa Adelina, Víctor Julio y Carlos Abel Vega Verdugo, hermanos de la víctima, de 500 gramos oro, esto es, el mayor valor que la jurisprudencia reconocía en esa época por el daño moral que produce la pérdida de un ser querido.

Por lo tanto, se mantendrá la decisión para reconocer lo que la jurisprudencia reconoce hoy como el mayor valor por ese perjuicio, esto es, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los padres y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los hermanos”.

Por tanto, a título de perjuicios morales se ordenará el reconocimiento de cuarenta salarios mínimos mensuales vigentes a favor de Juan Carlos León Rincón.

En cuanto a la condena realizada por concepto de perjuicios materiales es del caso realizar la actualización a la fecha de la presente providencia para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

S1995-05180CE(1).JPG
 

En donde:

Ra: Valor actualizado a obtener.

Rh: Valor reconocido en instancia.

Ipc (f): Último índice de precios conocido (julio de 2011).

Ipc (i): Índice de precios a la fecha de la sentencia de primera instancia (noviembre de 2000).

S1995-05180CE(2).JPG
 

8. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el día 9 de noviembre de 2000 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, Sede Bogotá, D.C., la cual quedará de la siguiente manera:

Declárase patrimonialmente responsable a La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los perjuicios morales y materiales sufridos por Juan Carlos León Rincón en hechos ocurridos el 9 de mayo de 1993.

Condénase a La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por concepto de perjuicios morales, la suma de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes a favor de Juan Carlos León Rincón.

Condenáse a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a favor de Juan Carlos León Rincón, en cuantía de un millón novecientos veinticinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos con veinte centavos ($ 1.925.545,20).

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(10) Para la fecha de presentación de la demanda esa era la norma, luego desde el día siguiente.

(11) Con excepción de las diligencias de descargos rendidas por los policiales José Miguel Meza Camacho, José Arturo Manrique, Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia y José Mauricio Ordóñez Villamil, toda vez que dichas diligencia fueron recepcionadas sin la gravedad del juramento —como en tal caso lo impone la ley—, y, en consecuencia, no cumple con los requisitos para ser considerada como prueba testimonial, de conformidad con la jurisprudencia de la sección.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 31 de marzo de 2005, Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra Expediente 16237, reiterada recientemente en sentencia de 18 de febrero de 2010 Exp. 18756 consejero ponente Enrique Gil Botero.

(13) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 19 de septiembre de 2002, Exp. 13399.

(14) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(15) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de febrero 4 de 2010, Exp. 18.320.

(16) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(17) Nota original de la sentencia citada: Diligencia de inspección al cadáver de la víctima 1582-0657; Informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra-Suboficial de administración del Ejército Nacional; informe emitido por el soldado Óscar Vidales Benítez; decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la décima sexta brigada del ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Óscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(18) Nota original de la sentencia citada: En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Exp. 16.589.

(19) Fl. 15-16, cdno. de pruebas.

(20) Cdno. de pruebas 2.

(21) Fls. 30-35, cdno. de pruebas.

(22) De conformidad con el oficio de 12 de mayo de 1993 obrante a folio 187 cdno. de pruebas 1, suscrito por el jefe de la sección de personal del departamento de Policía de Boyacá en los siguientes términos.

“En cumplimiento a su oficio sin número del 120593, me permito informar a ese comando, que el señor SS. Meza Camacho José Miguel, para el día 9 de mayo del año en curso se encontraba adscrito al Quinto Distrito de Policía Soatá y laboraba vacaciones en los servicios pagos del departamento en Acerías Paz del Río”.

(23) (Fl. 30, cdno. pruebas demandante, negrillas fuera de texto).

(24) De conformidad con los oficios obrantes a folios 39 y 43 del cdno. de pruebas.

(25) Fls. 178-181, cdno. pruebas 1.

(26) Fl. 40, cdno. pruebas demandante.

(27) Para el día de los hechos, el libro de guardia de la Subestación Nazareth únicamente consigna que el señor Meza Camacho salió efectuar revista a los servicios hacia las 2.30 de la tarde y regresó hacia las 4.00 pm.

(28) Dragoneante Julio Silva Varón, declaración obrante a folios 178-181 del cdno. pruebas 1.

(29) Fl. 314, cdno. pruebas 1.

(30) Fl. 155-158, cdno. pruebas 1

(31) Fls. 159-161, cdno. principal.

(32) Fls. 219-236, cdno. de pruebas 3.

(33) Fls. 267-269, cdno. de pruebas 2.

(34) Oficio 1108 de 18 de mayo de 1993 obrante a folio 228, cdno. de pruebas 1.

(35) Fallo confirmado en su integridad en segunda instancia fls. 267-269, cuaderno pruebas 2.

(36) García, de Enterría Eduardo, Tomás-Ramón Fernández, Curso de derecho administrativo II, Editorial Civitas, Madrid. 1993; pág. 393.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 12 de junio de 1992. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(38) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 16 de septiembre de 1999, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque. Exp. 10922.

(39) Sobre el tema se hace necesario traer las consideraciones al respecto realizadas por la jurisprudencia española que en sentencia de dos de abril de 2002 en la que se explicó con claridad:

“La tesis del abogado del Estado no es compartida por esta Sala. En efecto, parece claro que la comisión de un delito por un funcionario público no puede ser nunca una lesión dimanante de la actividad pública del Estado. En estos casos, en realidad, de lo que se trata es de el funcionamiento anormal del servicio”.

(40) Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada —sentencia de octubre 21 de 1982— con alguna incursión en la presunción de culpa —sentencia de octubre 24 de 1975, Exp. 1631—, pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, Exp. 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor solo debía acreditar que había sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la administración sólo podría exonerarse de responsabilidad si probaba que, aunque el daño hubiera sido causado por un hecho a ella imputable, había obrado de tal manera prudente y diligente que su actuación no permitía calificarse como omisiva, imprudente o negligente, y por lo mismo, susceptible de comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por los elementos o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad —sentencias de agosto 24 de 1992, Exp. 6754 y, de septiembre 16 de 1999, Exp. 10922— en el entendido de que la falla sólo habría de presumirse en eventos bien distintos. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable para estos casos era el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad —sentencias de julio 14 de 2004, Exp. 14308; de febrero 24 de 2005, Exp. 13967 y; de marzo 30 de 2006, Exp. 15441—.

(41) Sobre el tema ver entre otras las sentencias de agosto 19 de 2004, Exp. 15791; marzo 10 de 2005, Exp. 14808 y; abril 26 de 2006, Exp. 15427.

(42) Sentencia de noviembre 8 de 2007, Exp. 15971.

(43) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 29 de agosto de 2007. Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio Exp. 15494.