Sentencia 1995-05783 de noviembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad: 15001-23-31-000-1995-05783-01(20198)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: María Teresa Cortés de García y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo - SENA

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998(1).

2. El perjuicio sufrido por los demandantes.

2.1. Está demostrado que a finales del año 1992, los demandantes instalaron un cultivo hidropónico de fresas, en un local ubicado en el municipio de Tibasosa, Boyacá, y que para tal efecto adquirieron una serie de bienes y contrataron servicios de terceros. Esos hechos aparecen demostrados en el expediente con prueba documental aportada con la demanda, que no fue tachada de falsedad y con el testimonio de personas que aseguraron ser vecinos y amigos de los demandantes, algunos de los cuales afirmaron ser también cultivadores de la región. La Sala da plena credibilidad a esos testimonios, por considerar que sus dichos son verosímiles, claros, dan cuenta de la razón de sus afirmaciones y no fueron controvertidas por ninguna otra prueba; por el contrario, la parte demandada aportó algunas pruebas documentales que los confirman, así:

— Con la demanda, se anexaron 129 documentos, entre vales, recibos y facturas, varios de los cuales figuran a nombre del señor Francisco García y corresponden al pago de bienes o servicios, efectuados entre diciembre de 1992 y julio de 1994 (fls. 26-155 c-1). El demandante aseguró que necesitó la adquisición de bienes y la contratación de tales servicios para instalar el cultivo.

— El señor Hugo Motta Lozano declaró ante el comisionado Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa (fls. 23-26 c-2), que era amigo de los demandantes, a quienes visitó a finales del año 1993 y pudo observar el cultivo de fresas; que para el riego de ese cultivo aquellos mandaron construir un tanque de agua; que también observó las bombas de riego, las mangueras y las matas de fresas y aseguró que allí se contaba con suficiente provisión de agua para atenderlo.

— El señor José Clemente Alvarado Cortés (fls. 26-27 c-2), aseguró que había visitado a los demandantes en el cultivo de fresas que tenían en Tibasosa, donde vio trabajando a todos los miembros de la familia, incluidos los padres e hijos de los demandantes; que el lote en el que estaba instalado el cultivo tenía una extensión de doscientos metros cuadrados y contaba con un aljibe artificial, que suministraba tres metros cúbicos de agua; también observó varios recipientes con nutrientes, así como motobombas y armazones de madera, de donde colgaban los tubulares para las plantas.

— La señora Martha Cecilia Vásquez Caballero (fls. 28-29 c-2), aseguró que había trabajado con los demandantes en la instalación del cultivo de fresas, la cual demandó un ardua y permanente labor que se desarrollaba, inclusive, los domingos; que el cultivo se cubrió todo de tubulares, se compraron los estolones; que a ella le correspondía la labor de regar el cultivo, con el agua almacenada en un aljibe que aquellos mandaron construir, el cual brindaba hasta 3.000 metros de agua.

— El señor Orlando de Jesús Sánchez (fls. 32-34 c-2), manifestó que él había construido el aljibe para el servicio del cultivo de fresa de los demandantes, el cual tenía una profundidad de 12 a 13 metros y fue revestido en ladrillo, en una extensión de cuatro metros, para que no desembarrancara la tierra suelta y el agua se mantuviera más limpia y clara; que también se hizo una caseta para instalar una bomba para sacar el agua y depositarla en unos tanques; que la obra tuvo un costo superior a los dos millones cuatrocientos mil pesos. Aclaró que se trataba de un cultivo de fresas en tubulares.

— El señor Oscar Velosa Santamaría (fls. 34-36 c-2) manifestó que fue contratado por los demandantes para construir las obras de infraestructura para un cultivo hidropónico de fresa; que se trataba de una estructura en madera, en la cual se siguieron las especificaciones dadas por el agrónomo del SENA Jesús Ramírez. Aclaró que la construcción se hizo en dos etapas; que cuando estaban levantando la segunda parte, la primera ya tenía el cultivo en buen estado de desarrollo e iniciaba su producción y que como era una explotación tecnificada, el agua era suficiente para ese tipo de cultivos; que por eso se había construido el aljibe.

— El señor Carlos Orlando Caro Sánchez (fls. 45-47 c-2), aseguró que conoció a los demandantes en el primer semestre del año 1993, porque en esa época él estaba asistiendo a un curso de cultivos hidropónicos que se dictaba en el SENA y el agrónomo Jesús Ramírez los llevaba a visitar los cultivos de los demandantes.

— El señor Javier Alonso Molina Arévalo (fls. 55-59 c-2), aseguró haber visitado el cultivo hidropónico de fresa de los demandantes, en agosto de 1994 y advirtió que se había hecho una gran inversión en el montaje de dicho cultivo; que la infraestructura era de buena calidad; que contaba con buen sistema de riego, acondicionado con sus mangueras y microtubos, para cada uno de los tubulares; que tenían un tanque de reserva en el piso y un pozo artesiano anillado, que podía cubrir necesidades de agua para el cultivo; que el agua tenía el PH ligeramente ácido y requería bajarlo para que pudiera ser asimilado por las plantas y que los demandantes contaban también con un sistema de control para fumigación, para afrontar cualquier ataque de plagas.

2.2. También se demostró que el cultivo fracasó y que ese hecho le causó daños económicos a los demandantes, quienes no solo perdieron la inversión que hicieron, sino que además, no lograron obtener las ganancias que esperaban con la venta de los frutos. A esos hechos se refirieron también varios de los testigos citados al proceso, así:

— El señor Javier Alonso Molina Arévalo (fls. 55-59 c-2), aseguró que en su calidad de biólogo, especializado profesionalmente en cultivos hidropónicos, fue requerido por los demandantes, en agosto de 1994, para que les brindara asistencia para la recuperación del cultivo, pero que al observar las condiciones en las que este se encontraba, él les manifestó que el mismo era irrecuperable; que él les sugiero sembrar las plantas en tierra y que así se hizo con algunas que mostraron un mejor resultado, pero que el demandante le manifestó que no poseía el área para sembrar 5.000 plantas.

En relación con la producción que hubiera rendido ese cultivo, el mismo declarante manifestó:

“En un proceso normal el cultivo se realiza en tubulares de calibre seis u ocho, de una longitud de 2.50 entre 20 y 25 centímetros de diámetro, un tubular de esas características permite recibir treinta plantas y cada planta tiene una producción promedio en su ciclo vegetativo de un kilogramo, también hay que tener en cuenta las variedades que se siembran; podríamos hablar fácilmente que después del cuarto mes estaríamos obteniendo diario un kilogramo de fresas por tubular. A razón de un promedio de treinta fresas en la cual cada una pesa treinta y cinco gramos.

“El cultivo y en especial cada tubular y cada planta no producen en forma continua, un cultivo de dieciocho meses generalmente presenta tres intervalos en su producción, que están programados cada cinco meses o seis meses, teniendo un período de reposo que no dura más de cuarenta días.

“Para concluir, la expectativa del señor García era obtener una producción de doce mil kilos de fresas, en un periodo de veinte meses, en un cultivo bien manejado y que hubiera tenido la asesoría por parte del instructor de la entidad que los ilusionó en el montaje del cultivo”.

— El señor José Clemente Alvarado Cortés (fls. 26-27 c-2), aseguró que como consecuencia de la pérdida de los cultivos, la familia García Cortés perdió sus ahorros y quedó en la ruina; que a los demandantes les ha tocado trabajar mucho para sostener a su familia y que inclusive él les ha colaborado con víveres para ayudarlos a solventar sus necesidades primarias.

— La señora Martha Cecilia Vásquez Caballero (fls. 28-29 c-2), afirmó que como consecuencia de la pérdida de los cultivos la familia de los demandantes había quedado muy endeudada.

— El señor Oscar Velosa Santamaría (fls. 34-36 c-2), aseguró que de acuerdo con lo que le comentó el señor Francisco García, para instalar esos cultivos hizo uso de unos créditos que había adquirido, confiando en que se trataba de una inversión segura y que por lo tanto, podría reembolsar esas sumas, por eso, la pérdida del cultivo fue muy grave para la familia.

Considera la Sala que esas pruebas son suficientes para demostrar la existencia del daño, porque se corresponde con la realidad de los hechos concretos y de la experiencia, que una inversión realizada para obtener un cultivo que fracasa no solo genera la pérdida de los recursos invertidos para la instalación del cultivo, sino también del lucro que se esperaba obtener con la comercialización de sus frutos.

3. Sobre la asistencia que la entidad prestó al interesado para desarrollar su proyecto productivo.

Cabe señalar que para determinar si se encuentran o no acreditados los hechos que se imputa al SENA, a los cuales se atribuyen los daños sufridos por los demandantes, se valorarán las pruebas aportadas por las partes en las oportunidades procesales correspondientes y las practicadas en el proceso, así como las trasladadas de la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del señor Jesús Ramírez Fajardo, funcionario de la demandada, con ocasión de la queja disciplinaria que fue formulada por los señores María Teresa Cortés y Francisco José García, porque esas pruebas fueron practicadas por la entidad demandada y su traslado fue solicitado por los demandantes. Estas últimas pruebas fueron expedidas en copia auténtica por el secretario regional de Boyacá de la entidad demandada (anexo 1).

Los demandantes aseguraron que el cultivo hidropónico de fresas a que se ha hecho referencia, se instaló con la asesoría técnica de un funcionario del SENA, el señor Jesús Ramírez Fajardo, quien fue designado por la misma entidad para dictar el curso y brindarles esa asesoría, la cual se mantuvo durante todo el tiempo en el que se procuró sacar adelante ese cultivo.

3.1. Considera la Sala que las pruebas que obran en el expediente, demuestran que en efecto, los demandantes recibieron instrucción del SENA sobre cultivos hidropónicos, en el municipio de Sogamoso, Boyacá; que ese curso fue dictado por un funcionario de la entidad y que en el desarrollo de la fase práctica de esa instrucción, que aquellos adelantaron en el municipio de Tibasosa, aquellos recibieron asistencia del instructor. Esas pruebas son las siguientes:

— La certificación expedida por el coordinador académico del centro de atención al sector agropecuario del SENA (fls. 7-8 c-4), según la cual los demandantes asistieron al curso teórico-práctico de cultivos hidropónicos que dictó la entidad en el municipio de Sogamoso, en el primer semestre de 1992 y en el segundo semestre de 1993:

“Que la señora María Teresa Cortés de García y Francisco José García participaron en las siguientes capacitaciones teórico-prácticas de cultivos hidropónicos, realizadas en las instalaciones del SENA en Sogamoso, entre el 6 de noviembre al 17 de diciembre de 1992 y del 5 de febrero al 25 de junio de 1993, en donde se impartió formación profesional sobre los principios básicos de la hidroponía popular y casera. Se realizaron prácticas en el invernadero didáctico de SENA y se visitaron instalaciones de cultivos hidropónicos de los exalumnos de cursos anteriores en: Sogamoso, Nobsa, Duitama y Tunja, en explotaciones caseras y comerciales de tomate y fresa, además se realizó una gira educativa a explotaciones comerciales y de exportación de fresa en la Sabana de Bogotá”.

— La certificación expedida por el profesional del grupo de recursos humanos de la entidad demandada, según la cual el curso que recibieron los demandantes fue dictado por el señor Jesús Ramírez Fajardo, quien “presta sus servicios a esta entidad, desde el 16 de agosto de 1988 y en la actualidad desempeña el cargo de instructor grado 12” (fl. 5 c-4).

— El testimonio del señor Hugo Motta Lozano (fls. 23-26 c-2), quien aseguró que los demandantes le habían comentado que tomaron un curso en el SENA sobre cultivos hidropónicos y que allí los estaban asesorando para la instalación del cultivo y que en una de las ocasiones en las que los visitó le presentaron al asesor del SENA, señor Jesús Ramírez, quien además, les había vendido los estolones para el cultivo.

— El señor José Clemente Alvarado Cortés (fls. 26-27 c-2), manifestó tener conocimiento de que la entidad que había asesorado a los demandantes para la instalación de los cultivos era el SENA, porque él visitó a la familia García Cortés en Tibasosa en varias oportunidades.

— La señora Martha Cecilia Vásquez Caballero (fls. 28-29 c-2), aseguró que los demandantes para adelantar el cultivo hicieron un curso en el SENA y fueron asesorados por el señor Jesús Ramírez y que esos hechos le constan porque trabajó en el cultivo.

— El señor Oscar Velosa Santamaría (fls. 34-36 c-2) manifestó que la asistencia técnica para la instalación del cultivo de los demandantes les fue brindaba por el agrónomo del SENA Jesús Ramírez, quien visitaba el cultivo con alumnos de esa entidad, para realizar prácticas y que se dio cuenta de ese hecho porque él trabajó allí en la construcción del aljibe y se percató que quien dirigía el montaje de la infraestructura del cultivo era ese funcionario.

3.2. Si bien está demostrado que los demandantes recibieron asistencia del instructor del SENA para la implementación del proyecto mediante el cual pretendieron poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso dictado por la entidad, la discusión se centra en determinar cuál era el alcance de esa asistencia, porque a partir de ese dato se podrá establecer si la entidad cumplió o no con su deber.

3.2.1. De acuerdo con las copias del “Manual específico de funciones y requisitos mínimos”, traídas al expediente por la misma entidad (fls. 9-12 c-4), las funciones de los instructores incluían además de la trasmisión de conocimientos teórico-práctico, la de brindar asistencia a las comunidades para el desarrollo de proyectos productivos. Tales funciones, según dicho manual eran las siguientes:

“2.1. Orientar procesos de enseñanza aprendizaje en cualquiera de las modalidades establecidas en la entidad.

2.2. Efectuar el seguimiento y evaluación a los procesos de enseñanza aprendizaje.

2.3. Estimular la reflexión y autoevaluación de estrategias cognoscitivas.

2.4. Diligenciar, llevar y reportar registros necesarios de producción, plantillas, formas estadísticas, etc.

2.5. Participar en:

2.5.1. La elaboración y diagnóstico de necesidades de formación profesional.

2.5.2. Investigaciones tecnológicas aplicadas, de acuerdo a la correspondiente especialidad.

2.5.3. El diseño y formulación de programas y proyectos de formación profesional.

2.5.4. Programas y acciones del centro o programa al cual esté asignado.

2.5.5. La capacitación o actualización técnica o pedagógica de docentes, como cursos, cuando se requiera.

2.5.6. La concertación de acciones con empresas externas a la entidad.

2.5.7. El proceso de ingreso o inducción de alumnos del centro o programa que esté asignado.

2.5.8. La organización de ambientes educativos.

2.5.9. El proceso de evaluación de impacto, proyectos, programas, recursos didácticos, control calidad, etc.

2.5.10. El proceso de validación y certificación ocupacional.

2.5.11. Actividades de divulgación tecnológica relacionadas con el campo de su especialidad.

2.5.12. La selección y determinación de especificaciones técnicas de materiales, equipos y demás recursos requeridos para la formación profesional.

2.5.13. El diseño y desarrollo de productos y procesos en que esté interesado el centro o programa.

2.5.14. En la promoción y divulgación de cursos y servicios que preste el centro o programa.

2.5.15. En la ejecución de labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria utilizados en la formación profesional en el centro o programa que esté asignado.

2.6. Prestar asistencia técnica a empresas en aspectos de su competencia.

2.7. Asesoras y asistir técnica, empresarial y organizativamente a las comunidades en sus proyectos de desarrollo.

2.8. Promover, asesorar y asistir técnica y empresarialmente a organizaciones y formas asociativas en su establecimiento, consolidación y desarrollo.

2.9. Asesorar y asistir técnica y empresarialmente a pequeñas unidades de producción y/o comercialización para su desarrollo” (se destaca).

— El señor Alberto Durán García, jefe 01 del sector agropecuario de la entidad demandada, al ser interrogado en el proceso disciplinario sobre la diferencia entre asesoría y asistencia técnica, contestó: “en nuestro centro prestamos el servicio de asesoría al productor en el desarrollo de los proyectos fruto de la formación recibida, aunque en los manuales se contempla la asistencia técnica, siempre he considera que ésta conlleva remuneración y pago de honorarios al prestatario del servicio, en el caso del SENA, este servicio es totalmente gratuito, pero con instructores de tiempo parcial pueden cobrar honorarios en proyectos que no tengan vinculación con alumnos en formación” (fls. 12-15 anexo 1).

En los alegatos de conclusión en primera instancia, la entidad demandada señaló que el acompañamiento que hizo el instructor Jesús Ramírez a los demandantes para la implementación de los cultivos no correspondía a una asesoría técnica, sino a una práctica docente complementaria a la formación profesional integral, dentro de lo que se denomina “servicios tecnológicos”, que tienen como finalidad brindar orientación y actualización tecnológica a los exalumnos, pero que no puede ser entendida como asesoría técnica, porque para ese fin se han organizado las unidades municipales de asistencia técnica, Umata.

Además, afirmó que la función de “asistir técnica y empresarialmente a pequeñas unidades de producción y/o comercialización para su desarrollo” a la que se refiere el manual específico de funciones de los instructores, deben cumplirla dentro del marco de su competencia, que es la de impartir capacitación, pero que para ello era necesario que dichas unidades estuvieran inscritas en el centro de atención regional, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

Al consultar en la página oficial de la entidad sobre los “servicios tecnológicos” se advierte que éstos están relacionados con el apoyo que ésta presta a las unidades productivas para mejorar sus procesos de producción, brindándoles información, apoyo en pruebas de laboratorio e investigación, asesorías y asistencia para el diagnóstico y solución de los problemas técnicos, servicios que, según dicha información, deben ser contratados por los interesados:

“El SENA ofrece a los empresarios un portafolio servicios tecnológicos para que sus organizaciones sean más productivas, mejoren sus procesos industriales, y eleven la calidad de sus productos para competir exitosamente en los mercados globalizados.

Para apoyar la competitividad y productividad de las empresas, a través de los centros de formación profesional y laboratorios, el SENA presta los siguientes servicios tecnológicos:

— Servicios de información técnica: atienden las necesidades de empresarios y trabajadores, suministrándole información actual y especializada de carácter técnico y de gestión.

— Servicios de laboratorios: ofrecen a las organizaciones productivas, servicios especializados de análisis cualitativos y cuantitativos, o de pruebas y ensayos a insumos, materiales, procesos, equipos, instalaciones y servicios, ajustados a las normas nacionales o internacionales.

— Servicios de asesoría: orientan y motivan al empresario en el diagnóstico y solución de problemas técnicos, en el mejoramiento de tecnologías y en el desarrollo de procesos, bienes y productos.

— Servicios de consultoría: para la pronta solución a problemas técnicos, poco frecuentes en las empresas, los consultores facilitan la transferencia de tecnología a las organizaciones productivas y a sus trabajadores.

— Servicios de asistencia técnica: dan respuesta a problemas técnicos que se presentan en las empresas mediante el desarrollo de diagnósticos, evaluación de posibles causas y búsqueda de soluciones viables, conjuntamente con el personal de la organización productiva.

— Servicios de investigación aplicada y fabricación especial: responden a las necesidades de diseño, rediseño, adecuación y fabricación de prototipos y piezas industriales, que le permitan al sector productivo reducir costos y mejorar sus niveles de productividad y competitividad.

¿Cómo contratarlos?

Las empresas y organizaciones interesadas en acceder a los servicios tecnológicos que ofrece el SENA y conocer sus costos y formas de pago, deben ponerse en contacto con el centro de formación profesional que respectivamente ofrezca el servicio específico que requieren(2).

En la Ley 119 de 9 de febrero de 1994, mediante la cual se reestructuró el SENA, que entró en vigencia justo para la época de ocurrencia de los hechos, se establecen las funciones de la entidad, las cuales están orientadas a brindar formación a los trabajadores para el mejoramiento de su calidad de vida, pero también se extienden a brindar servicios tecnológicos específicos a las unidades productivas, los cuales deben ser solicitados y cubiertos por los beneficiarios:

“ART. 4º— Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:

1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos.

2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje.

3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo.

4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la unidad técnica.

5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.

6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas.

7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores desprotegidos de la población.

8. Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades del sector informal urbano y rural.

9. Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y subempleadas y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas.

10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales le autoricen.

11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional.

12. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de formación profesional integral.

13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica, para articularlos con la formación profesional integral.

14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se afecte la prestación de los programas de formación profesional(3) (se resalta).

De las normas e información que se acaba de señalar, se concluye que las funciones que debe cumplir el SENA están circunscritas a la formación de los trabajadores, con el fin de mejorar sus competencias profesionales, pero también se orientan a apoyar a los productores y empresarios a fin de que sus unidades lleguen a ser competitivas dentro del mercado. Con esos objetivos, la instrucción que brinda la entidad tiene un claro énfasis en el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías, lo cual explica que su enseñanza sea en todas las áreas no sólo de orden teórico, sino marcadamente práctica. Ahora bien, la entidad también ofrece servicios especializados en investigación, asesoría, asistencia técnica e información, los cuales deben ser contratados y pagados por los interesados.

3.2.2. Sobre la instrucción y asesoría brindadas por el señor Jesús Ramírez Fajardo a los demandantes para la instalación del cultivo hidropónico de fresas declaró en el proceso disciplinario por el señor Miguel Espitia Doncel (fls. 16-22 anexo 1), jefe 06 del centro de atención al sector agropecuario de la entidad demandada, quien manifestó: “él atendía a sus alumnos que hicieron el montaje respectivo, entre ellos, unos señores Cely de Nobsa, el señor Jairo Ortega y aquí en Sogamoso hay varios, lo mismo que en Nobsa”.

— El señor Alberto Durán García, jefe 01 del sector agropecuario de la entidad demandada, relató también en el proceso disciplinario (fls. 12-15 anexo 1), en qué consistió la asesoría brindada por el instructor SENA a los demandantes:

“El señor Francisco García es alumno del SENA, quien participó en cursos de hidropónicos durante el segundo semestre de 1993, en el cual recibió la parte teórica para el desarrollo y fomento de cultivos hidropónicos. A los alumnos del SENA que participan en este tipo de programas se les informa que se les prestará la asesoría necesaria para el desarrollo del proyecto, es decir, el instructor impartirá la parte teórica y la parte práctica de la formación se realizará directamente en sus fincas, aunque no conozco el cultivo del señor Francisco García, sí tenía conocimiento de que su proyecto era de aproximadamente 50 tubulares de plantas madres y se desarrollaba en el municipio de Tibasosa, se aclara que la asesoría que prestara el instructor no es permanente, ni hay compromiso de esta oficina de supervisión en regalar u obsequiar los elementos necesarios para la explotación. Mi información es que la explotación de los 50 tubulares dio resultados satisfactorios y se inicia el proceso cuando el señor García amplía su explotación a 500 tubulares, el SENA lo apoya al señor García con el préstamo de una bomba para que solucione el problema. El señor Francisco García durante 1993 y 1994 primer semestre no presenta quejas a la institución, sino hasta el mes de agosto, cuando el cultivo prácticamente está totalmente acabado y habiendo recurrido a asesoría técnicas externas a la institución... Una vez terminada su etapa de formación lo apoyamos con la asesoría en el desarrollo del proyecto que eran 50 tubulares, la ampliación a 500 tubulares corresponde a un proyecto de tipo comercial, en el cual nuestra responsabilidad en la asesoría no corresponde”.

— El coordinador académico del centro de atención al sector agropecuario certificó (fls. 7-8 c-4), que en el montaje de sus cultivos, los demandantes no solo recibieron el apoyo del instructor, sino que “escucharon opiniones y experiencias de los alumnos egresados en hidroponía, además realizaron visitas a los cultivos de exalumnos en tomate y fresa en hidroponía, recopilando información para el montaje de su propia instalación y contratando algunos de los mismos exalumnos para que le colaboraran en el trabajo y asesoría”.

— En el testimonio rendido por el señor Miguel Espitia Doncel, jefe del centro de atención al sector agropecuario de la entidad (fls. 16-22 anexo 1), manifestó que el señor Francisco José García tenía la motobomba de la entidad, por habérsela prestado el instructor Jesús Ramírez y que aquel no había querido devolverla, porque aseguraba que carecía de recursos para comprar una.

— El préstamo de la electrobomba de la entidad demandada que el señor Jesús Ramírez hizo a los demandantes quedó además documentado en el llamado de atención que consta en el informe presentado por el funcionario comisionado para adelantar la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del instructor:

“Considero de especial interés llamar la atención del señor director para que se tomen las medidas a que haya lugar con el fin de evitar o establecer controles muchos más efectivos sobre la salida de elementos devolutivos de propiedad de la entidad y que se utilizan como ayuda en la formación profesional, como se puede establecer en el caso de la electrobomba que a la fecha aún está en poder del señor García”.

En síntesis de lo dicho hasta ahora: está demostrado que el SENA brindó instrucción práctica a los demandantes para la instalación del montaje de cultivos hidropónicos de tomate y fresa, en el municipio de Tibasosa, como parte del curso teórico-práctico sobre cultivos hidropónicos que la entidad les dictó en Sogamoso; que además de la instrucción para la instalación del cultivo, la entidad también les brindó algunos insumos, como herbicidas; que sirvió como intermediaria para la compra de los estolones (tallos); les dio recomendaciones para la solución de los problemas que presentó el cultivo, ante las consultas que le formularon los propietarios de los mismos e inclusive, que el señor Jesús Ramírez, por iniciativa propia, les colaboró en la solución del problema de agua que padecieron con el préstamo de una electrobomba.

Pero, la entidad, de acuerdo con las normas legales que antes se trascribieron, no estaba obligada a asistir técnicamente al cultivador en su proceso de producción, porque, según la certificación expedida por el jefe del centro de atención al sector agropecuario Caisa del SENA, regional Boyacá, en esa entidad “no se encontró ningún tipo de contrato, convenio de asesoría, ni asistencia técnica suscrito con la señora María Teresa Cortés de García y Francisco José García” (fl. 4 c-4).

Mucho menos podía responsabilizase a la entidad de la productividad del cultivo. La parte práctica del curso no implicaba la obligación de adelantar un proyecto, aunque la entidad motivara a quienes asistían al curso para que así lo hicieran, con la ventaja de que se les apoyaría en la instalación del mismo, pero esto no implicaba, ni una asistencia permanente del instructor, ni mucho menos el deber de la entidad de garantizar un resultado. El acierto de esa actividad dependía de otros factores externos, que la entidad demandada no podía controlar.

— El señor Carlos Orlando Caro Sánchez (fls. 45-47 c-2), manifestó que el instructor del SENA se había comprometido a brindarle asistencia técnica a los cultivadores no solo para su instalación sino durante el periodo vegetativo del cultivo y que esto implicaba una asesoría permanente a los productores. Aseguró que él sabía esa situación porque también recibió instrucción y asistencia para la instalación de sus cultivos:

“Durante el curso, él [el señor Jesús Ramírez] nos manifestó que montáramos cultivos, pero que en lo posible debían ser grandes, o sea, de más de 50 tubulares, que es un sistema de siembra en el cual cada uno llevaba 30 plantas sembradas, también nos manifestó que él nos asesoraba para la siembra y durante todo el periodo vegetativo del cultivo, en una ocasión nos manifestó también que el SENA nos aportaría algún tipo de material o insumos para realizar esos proyectos, la idea era que los cultivadores nos asociáramos en cooperativas y recibiéramos por parte de la institución la asesoría y los medios necesarios para poder exportar dicha producción, esto implicaba que el ingeniero debía estar constantemente asesorando los cultivos, pero no se había establecido durante qué periodo, también tengo entendido porque en mi caso también me sucedió que en algunas ocasiones cuando nos visitó los cultivos tocaba pagarle cinco mil pesos por la visita, ya que debía desplazarse de la zona del Valle de Tenza, en donde también el SENA lo tenía comisionado… En mi caso, en las visitas que él practicó, siempre me pidió que lo acompañara a la inspección de policía del Puente de Boyacá para que le firmaran cumplidos que según él debía presentar ante los superiores del SENA”.

No obstante, la Sala no da crédito a sus afirmaciones porque el testigo también presentó demanda en acción de reparación directa en contra de la Nación y del SENA, por hechos similares a los que trata este proceso(4) y por lo tanto, le asiste interés en su resultado, razón por la cual se le considera sospechosa su versión, la cual, además, no aparece confirmada con ninguna otra prueba en el expediente.

Vale agregar que también se afirmó en la demanda y lo aseguró el señor Carlos Orlando Caro Sánchez (fls. 45-47 c-2) que los estolones que el instructor les vendía tenían un sobrecosto superior al 100%. En efecto, el testigo manifestó que él había descubierto que el agrónomo Jesús Ramírez Fajardo les vendía a los alumnos los estolones a precios muy elevados; que se había dado cuenta de esa situación porque cuando este viajó a Israel, a tomar un curso, él recibió una llamada de Proplantas, de Bogotá, para averiguar a dónde había que llevarle los estolones de fresa que el ingeniero había comprado a su nombre; que él averiguó por el precio pagado por el ingeniero a la empresa y allí se le informó que había sido de $ 45 por cada uno, pero que el ingeniero se los había cobrado a $ 120 cada uno y que, inclusive, se enteró que algunos compañeros habían pagado precios más altos por los mismos.

Sin embargo, ese hecho no quedó acreditado en el expediente. No hay prueba que demuestre que los demandantes fueron defraudados económicamente por la entidad al adquirir a través del instructor del SENA los tallos que requerían para adelantar los cultivos. No da crédito la Sala a la afirmación del testigo, si se tiene en cuenta que el mismo demandante afirmó haber viajado a esta ciudad, donde el instructor adquiría los estolones e inclusive, haber buscado la asesoría de profesionales que igualmente residían aquí y por lo tanto, bien hubiera podido obtener información sobre el costo de esos bienes y de haber sido cierto que el instructor estaba sacando provecho económico de su intermediación, fácil les hubiera resultado demostrar esa situación tanto al formular la queja disciplinaria como al interponer esta acción.

En consecuencia, se considera que la entidad cumplió los deberes a su cargo, relacionados con la instrucción que brindó a los demandantes en el curso de cultivos hidropónicos y que el apoyo que les ofreció al implementar el proyecto de cultivos de tomate y fresas correspondió a las obligaciones propias de la instrucción práctica. Por lo tanto, la entidad demandada no incurrió en falla del servicio alguna por no haber dispuesto la presencia de un funcionario del SENA para asistir a los demandantes durante el desarrollo de los cultivos.

4. Sobre la causa de la pérdida de los cultivos.

Está demostrado que el señor Francisco García y la señora María Teresa Cortés de García desarrollaron un proyecto de cultivo hidropónico de tomate y fresa, como desarrollo práctico del curso que recibieron en el SENA, dictado por el instructor Jesús Ramírez Fajardo; que para la instalación del cultivo recibieron asistencia puntual del instructor y que ese cultivo fracasó, dejando solo pérdidas económicas a los demandantes.

4.1. Conforme al testimonio rendido en el proceso disciplinario por el señor Miguel Espitia Doncel (fls. 16-22 anexo 1), las causas de la pérdida de los cultivos de los demandantes estuvieron asociadas a la falta de agua suficiente y a deficiencias del cultivador en el manejo de los nutrientes. Aseguró el funcionario que él conoció cultivos de otros alumnos, que presentaban “un éxito destacable, con una rentabilidad excelente, donde se ha mostrado altísimos rendimientos y el manejo técnico, dadas las condiciones de agua, de constancia del productor, que ha permitido que se logren excelentes y buenas entradas económicas”.

Cabe advertir, que las apreciaciones de este testigo constituyen objeto de prueba en este proceso y no una prueba misma de la causa de la pérdida del cultivo de los demandantes, porque el testigo no tuvo un conocimiento directo de los hechos. Él mismo manifestó que no había visitado el cultivo de los señores García Cortés.

Por su parte, en la demanda se afirma que la causa del daño de los cultivos de los demandantes estuvo relacionada con los errores en los cuales incurrió el instructor al recomendar los elementos que debían utilizarse para solucionar las deficiencias que presentaba el cultivo y en la omisión del instructor de brindarles asesoría permanente.

Por lo tanto, se procederá a establecer si se demostró o no la existencia de relación causal entre la asistencia brindada por el señor Jesús Ramírez a los demandantes y la pérdida de los cultivos.

Sobre el uso de ácido cítrico para bajar el PH del agua, que según la parte demandante fue la formulación que erradamente recomendó el instructor del SENA y que fue la causa de la pérdida de los cultivos, declararon las siguientes personas:

— El señor José Clemente Alvarado Cortés (fls. 26-27 c-2), quien aseguró haber apreciado que las matas del cultivo hidropónico de fresas que los demandantes tenían en Tibasosa eran muy pequeñas y las hojas “como rajadas”; que se enteró posteriormente que el cultivo “se había agotado”, pero que no tiene conocimiento del por qué se produjo ese hecho.

— La señora Martha Cecilia Vásquez Caballero (fls. 28-29 c-2), aseguró que le constaba el hecho de que como el agua tenía PH alto, el asesor del SENA les ordenó que se le agregaran ácido cítrico a las matas y desde ese momento el cultivo empezó a decaer, hasta perderse completamente; que por esa razón los demandantes pidieron la asesoría del señor Espitia, también funcionario de la entidad demandada, quien diagnosticó que las matas de fresa tenían mucha salinidad y que por eso la raíz era café y no blanca y que por eso prácticamente ya no servían.

— El señor Oscar Velosa Santamaría (fls. 34-36 c-2), aseguró constarle que el cultivo de fresas de los demandantes estuvo inicialmente bien; pero que luego se vino a menos de manera inexplicable, hasta perderse finalmente; que cuando el cultivo se vino a menos, los demandantes solicitaron asistencia técnica del ingeniero Ramírez, quien conceptúo que el cultivo estaba atacado de ácaros y formuló un acaricida de alto precio, que cuando el señor García lo iba a comprar, él le sugirió tomar unas muestras del cultivo y llevarlo al laboratorio de la UPTC de Tunja; que así lo hizo y que en el laboratorio le dijeron que las plantas estaban intoxicadas por unas aplicaciones que el mismo ingeniero del SENA les había recomendado, a base de ácido cítrico; que en la universidad les recomendaron utilizar melaza y el cultivo tuvo una mejoría, pero finalmente se perdió.

— El señor Carlos Orlando Caro Sánchez (fls. 45-47 c-2), aseguró que se enteró que esos cultivos, como los demás que se hicieron en esa época en distintos municipios de Boyacá, habían tenido problemas, pero que el asesor no volvió a aparecer por allí y fue imposible localizarlo, por lo que los esposos García formularon una queja y que el señor Miguel Espitia, jefe del centro agropecuario de la entidad les dijo que deberían esperar el resultado de la investigación que estaba adelantando la entidad, cuyos resultados él desconocía.

Como se advierte, estos testigos dan cuenta de un hecho que pudieron observar que fue el deterioro progresivo de los cultivos, pero no tenían los conocimientos técnicos necesarios para determinar las causas del mismo. De sus versiones se aprecia que al referirse a dicha causa se limitaron a repetir la afirmación de los propios demandantes.

Ese fue el mismo sentido de las conclusiones a las cuales llegó el señor Javier A. Molina A., en el concepto técnico que el demandante aportó con la demanda. Según ese informe, la pérdida de los cultivos hidropónicos de fresa que los demandantes tenían en Tibasosa tuvo como causa la formulación de ácido cítrico (Acidlemon) recomendada por el ingeniero agrónomo Ramírez Fajardo para bajar el PH del agua. Dice el informe técnico:

“a) La visita se efectuó en los días 5, 6 y 7 de agosto del año en curso, 1994.

b) La totalidad de las plantas mostraron hojas cuarteadas, decoloración amarillo-verdosa, desde el centro de cada macolla hacia el exterior de la misma, con hojas en sus bordes perimetrales, con fuertes quemaduras y necrosis y la zona radicular de color negruzco y tejido merismático ausente.

c) Solicité al señor García Ardila la bitácora del cultivo y encontré que se estaba suministrando ‘ácido cítrico’, que comercialmente se conoce como Acidlemón. El ácido cítrico es un cristal incoloro de característico sabor ácido. Es uno de los ácidos vegetales más difundidos en la naturaleza; en la práctica es un aditivo que se utiliza como estimulante de la fermentación microbiana y síntesis proteica. Interviene en el metabolismo mineral especialmente en rumiantes, tratamiento de la urolitiasis del cordero y enteritis mucoide del conejo.

d) Si se trata de hacer ajustes al PH del agua y/o solución nutritiva deberá recurrirse al ácido nítrico o al hidróxido de sodio, según el PH que se desee ajustar.

e) La nutrición hidropónica está fundamentada en la utilización de sustancias minerales, mas no orgánicas, como lo es el ácido cítrico y/o Acidlemon, que es una mezcla de ácidos orgánicos y dada la mampostería (cascarilla de arroz-escoria fina de carbón) facilitan grandemente procesos de fermentación y formación de alcoholes que en nada favorecen el desarrollo normal de una planta cualquiera que ella sea.

Hoagland, Arnon, Evans, Shive y Nason proponen como elementos esenciales minerales los siguientes: molibdeno, cobre, manganeso, cloro, zinc, boro, hierro, azufre, fósforo, magnesio, potasio, nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno. Lo anterior nos está demostrando que ninguna fórmula para hidroponía lleva sustancias orgánicas en cuanto a nutrición radicular…”.

— El señor Javier Alonso Molina Arévalo, quien rindió ese informe técnico, declaró en el proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comisionado por el Tribunal de Boyacá (fls. 55-59 c-2). Aseguró el testigo que era biólogo de la Universidad Javeriana y que a mediados de septiembre de 1994, a solicitud de los demandantes se desplazó al municipio de Tibasosa, donde estos tenían un cultivo de fresas, por el sistema tubular hidropónico; que en esa visita advirtió que para la edad del cultivo, las macollas eran pequeñas; que al analizar los estolones, que es la parte vegetativa de la fresa, de la cual se obtiene una nueva planta, advirtió que las raíces presentaban un color negro y estaban podridas, por lo que pidió la bitácora de nutrición de esas plantas y el demandante le enseñó un cuaderno que contenía unas formulaciones que indicaban lo que debía aplicarse en el evento de que aparecieran plagas y que al preguntarle por el PH del cultivo, el demandante le comentó que acidificaban el agua, agregando Acidlemon, que es un ácido orgánico, que se utiliza para aumentar la producción de leche de los mamíferos; que él le manifestó al señor García que ese tipo de ácidos no se usaban en cultivos hidropónicos, porque eso era ácido cítrico y que para regular el PH de una solución nutritiva, toda la literatura recomendaba utilizar ácido fosfórico o ácido nítrico y que las dosis eran mínimas para preparar los tanques de solución.

Aclaró que las plantas presentaban muy mal aspecto; que estaban atrofiadas; con muy escasa formación de hojas y que la base radicular y la totalidad de las raíces eran de color negro y estaban podridas; que esos daños fueron causados por la fermentación que se produjo al utilizar un ácido orgánico; que para el sistema de cultivos hidropónicos, los nutrientes radiculares se preparan con sustancias inorgánicas; que la formulación debe contener nutrientes mayores y menores, con dos elementos intermedios, como lo son el calcio y el magnesio. Manifestó que, en su criterio, “el ácido cítrico o comercialmente conocido como Acidlemón no es benéfico para un cultivo que se desarrolla en tubulares de polietileno, calibre seis u ocho”. Aseguró que según le comentó el demandante, la aplicación del Acidlemón había sido sugerida por un instructor del SENA, a quien cariñosamente llamaban “Chucho”, quien les había dado el curso y les había vendido los estolones, o semillas, para montar el cultivo de fresa.

Contrario a este el informe, obra el presentado el 5 de octubre de 1994, por funcionarios del SENA (fls. 24-23 anexo), dentro del proceso disciplinario que se siguió en contra del instructor Jesús Ramírez Fajardo, con ocasión de la queja que fue formulada por los aquí demandantes. Los funcionarios comisionados Antonio Delgado y Álvaro Castro llegaron a la conclusión de que las causas de la pérdida de los cultivos estaban asociadas a factores ajenos a la asistencia técnica brindada por el instructor y relacionados con el manejo dado por los cultivadores. Estas fueron las conclusiones de los comisionados:

“Informe técnico basado en la visita realizada al proyecto de fresa en hidroponía, de propiedad del señor Francisco García, asesorado en su inicio por el Caisa, en la persona del ingeniero Jesús Ramírez, nos permitimos informar lo siguiente:

1. El cultivo en la actualidad está totalmente acabado por las siguientes causas:

a. Exceso de salinidad.

b. Falta manejo fitosanitarios

c. Deficiencia manejo labores culturales.

2. El cultivo se estableció en una primera etapa de 50 tubulares, con plantas madres, el 7 de marzo de 1993 y se obtuvieron resultados satisfactorios, permitiendo esto incrementar el número de tubulares a 500.

3. En primera instancia se presentaron problemas de agua, lo que conllevó a la perforación de un pozo profundo, para utilizar aguas subterráneas, supliendo, según lo expresado por el propietario, estas deficiencias.

4. El ingeniero Jesús Ramírez interrumpió esas visitas, motivado por comisión de estudios a Israel y posteriormente la entrada a vacaciones colectivas de la empresa, hasta mediados de enero, que realizó visita al proyecto.

5. En este lapso de tiempo se acumularon una serie de problemas de tipo técnico en el cultivo, lo cual originó que el propietario contratara asistencia técnica temporal, que al parecer no dio los resultados esperados, motivando la decadencia lenta e irreversible del cultivo.

Ante lo expuesto en charla con el propietario del proyecto, quien manifiesta el deseo de conciliar algún tipo de arreglo para su situación, solicitando ayuda, ya que se encuentra en un estado de iliquidez total y con compromisos crediticios no cumplidos, por los resultados adversos del proyecto, nos permitimos transmitir a usted lo expresado por el señor Francisco García, quien está dispuesto a retractarse”.

— El señor Álvaro Castro Silva, uno de los funcionarios comisionados en el proceso disciplinario para rendir el anterior informe, manifestó ser ingeniero agrónomo e instructor de la entidad desde 1979 (fls. 74-72 anexo). Aseguró que en la visita practicada al cultivo, el señor Francisco García les comentó que luego de haber obtenido resultados satisfactorios con los primeros 50 tubulares decidió extender el cultivo y que para satisfacer las necesidades de agua había hecho un pozo subterráneo el “que quizá no llenó las expectativas que se esperaban en cuanto a calidad y cantidad para satisfacer el cultivo”.

Al ser interrogado el técnico sobre la manera como había llegado a la conclusión relacionada con el exceso de salinidad en el cultivo, respondió: “Con base en la experiencia como técnico, las características fenotípicas de la planta presentaban claramente de manera visual las características de exceso de salinidad”. A la pregunta de si esas características podían obedecer a otras causas, manifestó: “Por ser la fresa un cultivo de los más susceptibles a la salinidad, la característica del exceso se manifiesta en lo observado en la visita”. Y al interrogársele sobre si esa falla era atribuible al cultivador o a las recomendaciones del instructor, respondió:

“Básicamente, las formulaciones se dan con base a las recomendaciones de las casas productoras de los productos y esta información se cruza con investigaciones de institutos, universidades, laboratorios, para hacer ajustes a las mismas y con base en eso se entra a hacer las recomendaciones en el manejo nutricional de cultivo, o sea, en este caso hay que analizar qué recomendaciones se les dio y el otro qué hizo… Con base a mi experiencia en los cultivos intensivos para cubierta con el uso de la tecnología hidropónica, los principales problemas son de tipo administrativo, puesto que estos cultivos exigen mucha puntualidad en todas las labores de cultivo, esto para decir que dentro de la experiencia con el uso de esta tecnología, cuando se presentan irregularidades son en su mayor parte de tipo operativo”.

Ese informe y los testimonios recibidos en la investigación disciplinaria sirvieron de soporte al funcionario investigador, para recomendar el archivo de las diligencias. Valga aclarar que en esa investigación se concluyó que no existía mérito para aplicarle una sanción al investigado y en consecuencia, se ordenó el archivo del expediente, según la certificación expedida por el secretario regional de Boyacá del SENA (fl. 131 anexo 1), pero no obra en el expediente esa decisión. El investigador fundamentó así su criterio:

“De las declaraciones recibidas a los señores Alberto Durán, Miguel Espitia D., Álvaro Castro Silva, de los testimonios verbales dados por los señores Luis Ernesto Cely y Jairo Ortega, quienes han sido alumnos del señor Ramírez Fajardo en esta clase de cursos hidropónicos, así como del estudio de la hoja de vida del instructor se concluye que la capacidad técnica del ingeniero agrónomo Jesús María Ramírez Fajardo y su desempeño como instructor del SENA regional Boyacá no presenta ni ha presentado queja alguna por parte de la entidad, ni por los usuarios de sus servicios, antes por el contrario, el ingeniero Ramírez goza de un buen prestigio, tanto profesional como docente.

“Igualmente, de las mismas declaraciones y testimonios recepcionados no existen pruebas lo suficientemente concretas, contundentes, que demuestren lo contrario a lo anteriormente expuesto sobre el instructor Ramírez Fajardo y más bien por el contrario el proceder del señor García frente al cultivo de tomate inicialmente sembrado y luego con el de fresa mediante el sistema de hidroponía, dejan duda sobre si acogía las indicaciones del instructor o si por el contrario, sobreponía su empirismo a las enseñanzas del docente.

“En cuanto a los valores que recibió el señor Ramírez Fajardo hacen referencia al costo de los insumos y materias primas indispensables en esta clase de acciones, siendo el papel del instructor el de servir de intermediario entre los alumnos y los proveedores, para de esta manera disminuir los costos del cultivo por compras al por mayor. No existe evidencia alguna sobre la veracidad de lo expuesto en las declaraciones de los esposos García Cortés sobre el cobro que supuestamente hacía el instructor Ramírez por las visitas de asesoría técnica.

“Si aceptamos que el cultivo de fresa se sembró el 7 de marzo, como lo manifiestan tanto el señor García, como su esposa y lo declarado por ella en el sentido de ‘… de esas matas sembradas en marzo, 1.500 se las compramos al instructor a $ 110, de esas sacamos 1.200 estolones hijos, más o menos a los cinco o seis meses, las matas madre empezaron a producir, estuvieron produciendo unos veinte días, viendo esto volvimos a hablar con Chucho y le comentamos la idea de completar 550 tabulares, lo cual él aprobó…’, tendríamos entonces que por lo menos hasta el mes de septiembre el cultivo no presentaba enfermedad alguna, lo cual parece que no coincide con el concepto dado por escrito el día 4 de noviembre de 1994 a solicitud del señor García, por el profesional Javier Molina A., propietario de la biogranja Asesor ABA, cuando en el mismo se lee: ‘… la visita se efectuó los días 5, 6 y 7 de agosto de 1994, b) la totalidad de las plantas mostraron hojas cuarteadas, decoloración amarillo verdosa, desde el centro de cada cacolla hacia el exterior de la misma, con hojas en sus bordes perimetrales con fuertes quemaduras y necrosis en la zona radicalor (sic) de color negruzco y tejido merismático ausente…’.

“Estos hechos, aunados al viaje que durante los meses de octubre-diciembre hiciera a Israel el instructor Ramírez Fajardo hacen que no se le pueda imputar responsabilidad sobre lo acaecido al cultivo que nos ocupa”.

En este orden de ideas, en relación con la causa de la pérdida de los cultivos de los demandantes, se cuenta en el expediente con: (i) el testimonio de personas no especializadas, quienes aseguraron haber observado que los cultivos empezaron a degradarse desde el momento en el que se modificó la composición química del agua, atendiendo la recomendación del instructor del SENA; (ii) el concepto técnico suscrito por el señor Javier Alonso Molina Arévalo, que fue presentado con la demanda y ratificado testimonialmente en el proceso y (iii) el informe técnico presentado por los peritos designados por la misma entidad demandada en la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del instructor Jesús Ramírez Fajardo, que, se insiste, fue traído al expediente a solicitud de la parte demandante.

En relación con los conceptos técnicos se advierte que sus conclusiones son contradictorias: en el primero, se afirma que la causa de la pérdida de los cultivos fue consecuencia del ácido cítrico que se agregó al agua para bajarle el PH, según la recomendación del instructor del SENA y en el segundo, se concluyó que la pérdida de los cultivos obedeció a la salinidad del agua, pero también a la falta de manejo fitosanitarios y a las deficiencias en el manejo de “labores culturales”.

Advierte la Sala que para determinar el valor probatorio de esos conceptos técnicos, debe tenerse en cuenta que el primero fue aportado con la demanda el 19 de diciembre de 1995, esto es, antes de que entrara en vigencia el artículo 10 de la Ley 446 de 1998(5), conforme al cual cualquiera de las partes en las oportunidades procesales, pueden aportar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. Pero, la carencia de una regla probatoria semejante al momento de aducirse esa prueba no impide su valoración en el caso concreto, porque ese concepto fue ratificado por el perito, que rindió declaración cualificada en el proceso, es decir, que dio cuenta de un hecho que percibió: el estado de cultivo al momento de la visita y que explicó sus percepciones, basado en los conocimiento técnicos que afirmó poseer. Por lo tanto, serán apreciadas sus afirmaciones como las de un testigo técnico, que la parte demandada tuvo la oportunidad de controvertir.

En cuanto al informe técnico trasladado de la investigación disciplinaria, debe tenerse en cuenta que si bien proviene de una institución especializada en el tema, como lo es el SENA, en asuntos relacionados con la instrucción e implementación de proyectos productivos en comunidades, también lo es que el concepto fue rendido por la misma entidad demandada y, por lo tanto, carece de la objetividad que pueda predicarse del informe técnico rendido por una entidad ajena al conflicto. No obstante, la parte demandada solicitó su traslado a este proceso, dicha prueba fue decretada por el a quo y estuvo a disposición de la parte demandante, quien por lo tanto, tuvo oportunidad para controvertirla y por eso, también habrá de valorarse.

Al analizar esas pruebas, considera la Sala que ninguna de ellas confiere certeza sobre la causa del deterioro de los cultivos hidropónicos de propiedad del demandante, hecho sin el cual no es posible imputar el daño a la entidad demandada.

En efecto, se aprecia que hay coincidencia entre el testimonio del señor Javier Alonso Molina Arévalo y el informe rendido por los funcionarios del SENA, en cuanto a que la causa de la pérdida de los cultivos, en todo o en parte estaba asociada a las condiciones del agua. Pero, ambos expertos llegaron a esa conclusión a partir de datos ajenos al análisis químico del agua. En efecto, el primero afirmó que obtuvo la convicción de que la composición del agua había sido alterada desfavorablemente al agregarle ácido cítrico, al leer “la bitácora del cultivo”, que según su propia afirmación eran “unas notas en un cuaderno en las que estaba formulada la nutrición para el sistema de cultivo y además contenía una formulación en la cual indicaba qué debía aplicar si aparecían plagas, entre los cuales había un producto para controlar la araña roja y treeps denominado Vertinex” y el señor Álvaro Castro Silva, uno de los peritos designados por la entidad declaró en el proceso disciplinario que la salinidad del agua era un dato que habían obtenido “con base en la experiencia como técnico, las características fenotípicas de la planta presentaban claramente de manera visual las características de exceso de salinidad”.

Sin embargo, obra en el expediente, trasladado del proceso disciplinario, el resultado del examen físicoquímico que fue practicado por el laboratorio Prodycon Ltda., a solicitud del señor Francisco García, sobre una muestra de agua, tomada del aljibe que este poseía en el municipio de Tibasosa, que fue recibida en el laboratorio el 29 de diciembre de 1993 y en la cual se concluyó: “la muestra analizada es apta para uso agrícola” (fl. 115 anexo 1)(6).

Si se aprecian el resultado del examen fisicoquímico del agua y las afirmaciones del testigo técnico y de los peritos, la Sala no puede menos que restar toda credibilidad a estas últimas, porque se advierte su falta de fundamentación científica o técnica. Se trata de apreciaciones obtenidas por observación, “a ojo de buen cubero” y no el resultado de exámenes o experimentos.

En resumen, no se tiene certeza de que la causa de la pérdida de los cultivos hidropónicos de fresa que los demandantes habían implementado en el municipio de Tibasosa, luego de recibir instrucción teórico práctica del SENA hubiera sido la modificación de la composición química del agua, por haberle agregado ácido cítrico, atendiendo la recomendación del instructor.

Aún más, no se tiene certeza de que el instructor hubiera recomendado esa formulación, porque la misma carecería de razón, si se advierte que el resultado del análisis físicoquímico del agua practicado por un laboratorio, a solicitud del demandante, que mostraba que el agua era apta para su uso agrícola; mucho menos se tiene conocimiento de cuál fue exactamente esa formulación, en caso de haberse suministrado, ni si los demandantes acogieron estrictamente la recomendación del experto o consultaron a terceras personas, incluidos otros cultivadores experimentales, en ese asunto.

Resta a la Sala señalar en este punto que no puede construirse un indicio de responsabilidad en contra de la entidad demandada por la pérdida de los cultivos de los demandantes, a partir de la verificación del hecho de que aquella les brindó asistencia técnica para la instalación y manejo de los cultivos. Por el contrario, si se revisa la hoja de vida del instructor, se aprecia su idoneidad en el tema y en consecuencia, lo que podría construirse sería una prueba indirecta sobre la ausencia de esa responsabilidad.

En efecto, consta en la hoja de vida del señor Jesús Ramírez Fajardo (anexo 2), que el mismo se graduó el 6 de abril de 1990, como ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (fl. 256). Antes de su graduación había realizado investigaciones y labores relacionadas con cultivos hidropónicos. Así, el 21 de mayo de 1988, el administrador de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio certificó que el señor Ramírez Fajardo laboró “en el Hotel Lanceros en el programa de cultivos hidropónicos patrocinado por el SENA, durante siete meses y con el cual desarrolló su tesis de grado en la carrera de agronomía de la UPTC de Tunja”. De igual manera, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia certificó que el ingeniero agrónomo Ramírez Fajardo prestó sus servicios al Instituto de Educación Abierta y a Distancia, durante el tiempo comprendido entre el primer semestre académico de 1991 y el segundo semestre académico de 1993, como tutor de la asignatura técnicas agropecuarias (fl. 234).

Para el momento en el que los demandantes recibieron el curso y la asistencia para el cultivo hidropónico, el ingeniero agrónomo Jesús Ramírez contaba con suficiente experiencia, si se tiene en cuenta que fue nombrado en el SENA desde el 12 de agosto de 1988, como “Instructor T.P. grado 27 (hidropónicos)” (fl. 14); que asistió y dictó múltiples cursos sobre ese tipo de cultivos, en particular se destaca que el 4 de noviembre de 1993, el director regional de la entidad le concedió licencia no remunerada desde el 2 de noviembre al 3 de diciembre de 1993, para que pudiera participar en el curso sobre producción de hortaliza, en diferentes condiciones ambientales, en Israel (fls. 118-128) y que según la certificación expedida por la entidad demandada, el 7 de octubre de 1993, en su última evaluación de desempeñó el resultado fue de 100/100 (fl. 247).

No pasa por alto la Sala el hecho de que los demandantes acudieron a otros expertos para buscar asistencia para el cultivo. Ese hecho se infiere del testimonio rendido en el proceso por el señor Javier Alonso Molina Arévalo (fls. 55-59 c-2), quien aseguró que el cultivo de los demandantes contaba con un sistema de fumigación “ya que él hizo varias consultas con la Universidad Tecnológica de Tunja y fue orientado por la misma”.

En la declaración rendida en el proceso disciplinario (fls. 53-57 anexo 1), el señor Francisco José García aceptó que había contratado los servicios de otro experto durante cuatro meses, para la asistencia técnica del cultivo. El demandante afirmó: “En un viaje que hice a Bogotá, el señor Castro puso un aviso en el periódico y yo lo llamé y vino hasta acá y lo contacté y revisó el cultivo, fue aproximadamente unos cuatro meses… Ese mismo día del aviso del doctor Castro salió otro aviso en el que decía cursos hidropónicos y anoté los dos teléfonos, escogí al azar el primero, el doctor Castro, pero viendo que el ingeniero no me llamaba la atención y no sabía mucho, entonces decidí llamar al otro, al doctor Molina”.

Tampoco se descarta la posibilidad de que los demandantes hubieran consultado con otros cultivadores experimentales, tal como lo hizo con ellos el señor Hugo Motta Lozano, quien, aseguró que había usado ácido cítrico para bajar el PH del agua que utilizaba en sus cultivos, porque usó la formulación que según el señor Francisco García le habían recomendado en el SENA.

En efecto, el señor Hugo Motta Lozano (fls. 23-26 c-2), manifestó que a finales de diciembre de 1993 arrendó un invernadero hidropónico en Firavitoba y sembró arvejas; que en julio de 1994 obtuvo la primera cosecha, de muy buenas condiciones; pero que en agosto de ese año tuvo problemas con el cultivo y por eso le consultó al señor Francisco García sobre el producto que le hubieran recomendado en el SENA para bajar el PH del agua y que este le comentó que el ingeniero Ramírez le había recomendado el uso de ácido cítrico; que en esa ocasión, el señor García Ramírez le había comentado que las matas tenían un problema de crecimiento; que él también utilizó el ácido cítrico y advirtió que las matas no crecían; que también le comentó que había mandado a hacer un análisis del sustrato en la universidad de Tunja, aunque el ingeniero le había dicho que ese era un problema de ácaros, pero que en la universidad le habían dicho que el sustrato estaba salinizado; que a finales de 1994 los visitó un biólogo, de Bogotá y diagnosticó que el cultivo se había perdido por el uso del ácido cítrico, porque este era tóxico para los cultivos hidropónicos.

Estos hechos indican que el demandante no solo recibió asistencia técnica del instructor del SENA Jesús Ramírez, sino también de terceras personas y por lo tanto, aún suponiendo que la causa del daño de sus cultivos estuviera relacionada con la modificación fisicoquímica del agua, no resulta posible en el caso concreto tener certeza sobre cuál fue el técnico que hizo esas recomendaciones.

De lo que sí existe certeza en el expediente es que los demandantes tuvieron problemas de suministro de agua para sus cultivos, al punto que abandonaron el proyecto de cultivo de tomate después de obtener una cosecha; que el proyecto para el cultivo de fresas lo iniciaron poco menos de dos meses después de haber sembrado los estolones tomate; que los problemas de suministro de agua continuaron, por lo que la entidad, para ayudarles, les prestó una electrobomba y que a pesar de esos problemas, modificaron su proyecto inicial que era el de instalar 50 estolones para ampliarla a un cultivo de 500 estolones. Esos hechos aparecen referidos tanto en la demanda como en la declaración que rindió el señor Francisco José García en el proceso disciplinario:

“… se inició la hechura del invernadero para el cultivo de tomate y el montaje de la estructura para la fresa, el 7 de marzo de 1993 se sembraron los primeros 1.500 estolones de fresa madre, de ahí salieron aproximadamente unos 2.800 estolones, en el mes de agosto de 1993... Inicialmente el tomate, los primeros meses marcharon muy bien, pero después hubo un racionamiento de agua en Tibasosa y se alcanzó (sic) a sacar aproximadamente 40 kilos de tomate, pero ya con muchos problemas por el agua… En una de las visitas que hizo el ingeniero Ramírez al cultivo y viendo que el agua del acueducto no bajaba con presión, él la llevó [la electrobomba de propiedad de la entidad] para instalársela a una manguera y poder sacar agua con más presión y dando resultados positivos él la dejó allá…”.

En síntesis, no se acreditó en el expediente cuál fue la causa de la pérdida de los cultivos de los demandantes. En las pruebas y alegaciones se especuló sobre tales causas y se señaló que las mismas podían estar asociada a factores relacionados con la formulación de los nutrientes, errores en la modificación de la composición química del agua, el uso de ácido cítrico para bajar el PH de la misma, el exceso de salinidad en ésta, la falta de manejo fitosanitario, deficiencias en el manejo de “labores culturales”, y en problemas en el abastecimiento de agua, hecho que aparece confirmado, porque, como ya se señaló, el mismo señor Francisco José García manifestó que había cultivado simultáneamente tomate y fresa a principios del año 1993; que en los primeros meses esos cultivos marcharon muy bien, pero que “después hubo un racionamiento de agua en Tibasosa y se alcanzó a sacar aproximadamente unos 40 kilos de tomate, pero ya con muchos problemas por el agua” (fl. 55 anexo 1).

También señalaron los demandantes que la pérdida de los cultivos se derivó del incumplimiento de las obligaciones del instructor del SENA de brindarle asistencia técnica permanente. Se señaló en la demanda que el señor Jesús Ramírez visitaba el cultivo en pocas ocasiones; que se ausentó desde el mes de noviembre de 1993 y hasta finales de diciembre de ese mismo año, época en la cual accedió a visitar el cultivo, a pesar de los reiterados requerimientos que se le hicieron y del pago por honorarios que les cobraba a los demandantes por cada visita; hasta sustraerse totalmente de sus obligaciones de visitar el cultivo.

Como antes se señaló, la entidad demandada cumplió las obligaciones de instrucción teórico práctica que contrajo al ofrecer el curso de cultivos hidropónicos al cual asistieron los demandantes. Por lo tanto, no puede ser atribuida la pérdida de los cultivos a la omisión del señor Jesús Ramírez de brindarles asistencia, ni a errores en la instrucción teórico práctica, porque, se insiste, al no haber sido determinada la causa de la pérdida de los cultivos, no hay lugar a concluir que esa causa estuviera relacionada con las recomendaciones que éste les brindó.

En síntesis, como no está demostrado con los medios de prueba que obran en el expediente que en la instrucción teórico-práctica que brindó el SENA a los demandantes se hubiera incurrido en fallas del servicio que fueran la causa de la pérdida de los cultivos hidropónicos de fresa de estos, no hay lugar a imputar a la entidad demandada el daño que sufrieron como consecuencia de dicha pérdida. Por esa razón se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión Bogotá - Sala de Decisión - Sección Tercera, el 19 de diciembre de 2000.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1995 y cuya apelación se hubiera formulado en vigencia de la Ley 446 de 1998, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 9.610.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso ascendía a $ 102.960.000, que era la suma solicitada como indemnización reclamada por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

(2) www.sena.gov.co

(3) En términos generales, las funciones establecidas en la Ley 119 de 1994 son muy similares a las que se establecían en el artículo 3º del Decreto 2149 de 1992, por el cual se reestructuró la entidad y que fue derogado por la Ley 119 de 1994. Esas funciones eran: “1. Diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje cuyos principios y métodos se ajusten a las disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; 2. Velar porque el contenido de los programas de formación profesional integral permita la incorporación de los trabajadores al medio productivo, contribuyendo a elevar su nivel social y técnico y se fundamente en principios éticos, morales y culturales que tiendan a fortalecer los valores del hombre. 3. Propender porque los contenidos de los programas de formación profesional integral sean acordes con las necesidades del sector productivo que empleará a os trabajadores capacitados; 4. Dirigir, coordinar y fomentar el desarrollo de actividades de naturaleza tecnológica que enriquezcan las acciones de formación. 5. Previa aprobación de las autoridades competentes adelantar, de acuerdo con el Decreto 80 de 1980, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, programas de formación tecnológica y técnica profesional y ofrecer programas de educación media vocacional en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas; 6. Dirigir y coordinar un sistema de información para el empleo; 7. contratar las acciones de formación profesional integral y la prestación de servicios tecnológicos y de empleo que demanden la ejecución de los proyectos operativos de la entidad, con entes colaboradores, corporaciones y otras personas jurídicas especializadas; 8. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional integral que impartan los entes colaboradores y las personas jurídicas sin ánimo de lucro integrantes de las redes del SENA, se mantenga la unidad técnica o de orientación; 9. Conforme a programas previamente aprobados por el consejo directivo nacional, ejecutar, directamente o bien mediante celebración de convenios o contratos, acciones de política social”.

(4) Obra en el expediente certificación expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, conforme a la cual el señor Carlos Orlando Caro Sánchez instauró demanda en acción de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que fue radicado en esa corporación con el número 15.948 y que para el 5 de febrero de 1998 se hallaba en la etapa probatoria (fl. 16 c-4). De acuerdo con el sistema de información de la rama judicial (software de gestión judicial), ese tribunal dictó sentencia en el proceso, el 19 de octubre de 1996, la cual fue apelada y se halla a despacho de la consejera Ruth Stella Correa Palacio, para proferir fallo de segunda instancia, bajo el Radicado 150012331000199615948-01 (33.863).

(5) Señala el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 “Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente”.

(6) En ese análisis se midieron: temperatura, PH, turbidez, color, conductividad, TDS, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos, dureza total, alcalinidad total, acidez total, cloruros, fosfatos, sulfatos, hierro, calcio, magnesio, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, magneso, RAS.