Sentencia 1995-08058 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Proceso: 410012331000199508058 01

Interno Nº 22.063

Consejero ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Octavio García de Greiff y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención(2).

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen o se configuran “relaciones especiales de sujeción”(3).

Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así por ejemplo, mediante Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:

“Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”(4) entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación(5) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial(6) (controles disciplinarios(7) y administrativos(8) especiales y posibilidad de limitar(9) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado(10) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad(11) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(12) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser(13) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar(14) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo(15) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo(16) en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias(17) que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización(18) de los reclusos.

En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho(19)”. (20) .

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, señaló:

“(...) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(21). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

“Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

“(...).

“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal sea personal penitenciario o de otra naturaleza (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(22). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(23). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado(24) (se ha subrayado y resaltado).

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

“(...).

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”(25) (negrillas adicionales).

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Así, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado”(26) (negrillas adicionales).

Con fundamento en lo anterior, puede concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringirles, limitarles o modularles algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización de los internos y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales de los reclusos como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben serles respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, la seguridad de los internos depende de la administración pública.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, la Sala ha manifestado que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política; sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala declare, si hay lugar a ello, la configuración de una falla, en el caso de encontrarla probada, luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso y, siempre que no se configure como eximente de responsabilidad una causa extraña, siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la Administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio(27)y no el régimen objetivo.

Asimismo, debe precisarse que en materia de daños causados a detenidos y/o reclusos, la causa extraña tiene plena operancia en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica respecto de los daños ocasionados a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(28)— a la administración pública(29).

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por la muerte de José Alexander García González.

2.2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación(30).

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen un conjunto de eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida”(31).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”(32), toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”(33), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(34) y la ,jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(35). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...)

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(36).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, su reparación estará rebajada en proporción a la participación de la víctima(37).

2.3. Las pruebas recaudadas en el expediente.

Las pruebas allegadas al plenario, para fundamentar los hechos y pretensiones formuladas, son las siguientes:

egistro civil de defunción del señor José Alexander García González, el cual indica que su muerte se produjo el 12 de noviembre de 1994, en la ciudad de Neiva, a causa de “[p]aro cardiorespiratorio, ahorcamiento” (fl. 25, cdno. 1).

— A folio 197 del cuaderno 1 obra copia auténtica del protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor José Alexander García González, el día 12 de noviembre de 1994, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esa localidad, en el cual se dejó constancia que la muerte del señor José Alexander García González se produjo como consecuencia de “Paro cardiorespiratorio debido a ahorcamiento”.

Así pues, una vez establecida la existencia del hecho dañoso, concretado en la muerte del interno José Alexander García González, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el presente caso dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si esta se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan o si, por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de la propia víctima.

Para establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se reunieron los siguientes medios de prueba:

— A folio 52 del cuaderno 58 obra certificación expedida el 23 de noviembre de 1994 por el subdirector de la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva, en el cual se hizo constar que el señor José Alexander García González ingresó a dicho establecimiento el día 28 de enero de 1994 y que fue ubicado en el patio 3.

— A folio 69 del cuaderno 1, se encuentra copia auténtica del informe de los hechos rendido el 12 de noviembre de 1994, por el comandante del patio 3 de la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva, en el cual se manifestó:

“... El día 12 del presente mes encontrándome de servicio en las horas comprendidas de las doce de la noche a siete y media de la mañana del mismo día, a eso de las cuatro (4) de la mañana me encontraba en el escritorio del dormitorio 3, cuando el interno de nombre Farid Oyola apresuradamente me dijo “Comandante hay un muerto en los baños”, inmediatamente le dije donde?, me contestó en los baños, fue así como me dirigí a traer las llaves para abrir el pasillo que da al fondo del dormitorio, se encontraba un poco oscuro, al lado de los baños, pude observar a un interno que estaba colgado de un trapo, de inmediato salí, cerré nuevamente e informé al señor comandante de guardia de turno Lemus Guillermo, igualmente al señor comandante de la compañía cabo Pérez Bernardo, inmediatamente ellos acudieron al sitio a constatar lo sucedido, fue así como me ordenaron que no sacara al personal de los internos hasta tanto no llegara la Fiscalía a practicar el levantamiento del cadáver y así lo hice. Aproximadamente a las seis y treinta de la mañana se hizo presente la Fiscalía e hizo la investigación de rigor y yo rendí mi declaración como pabellonero que me correspondía. Fue así como me pude dar cuenta que el interno fallecido correspondía al nombre de José Alexander García González, dejo en estos términos rendido mi informe para lo que estime pertinente”.

— A folio 180 del cuaderno 1, obra copia auténtica del informe juramentado, suscrito el 15 de noviembre de 1994, por el investigador judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo contenido se señaló:

“Por llamada telefónica recibida a las 05:30 horas del día 12 de noviembre de los corrientes, procedente de la Cárcel Judicial de Neiva, por medio de la cual se nos informaba al turno de levantamiento sobre la presencia de un interno muerto por ahorcamiento.

“Fue así como nos trasladamos el turno de levantamiento a la cárcel judicial de Neiva; una vez allí con la presencia del fiscal coordinador previo y permanente, se efectuaron las diligencias de rigor para estos casos.

“Efectivamente en los alojamientos del patio tres (3), más exactamente en el sector de los baños colgado de un tubo de PVC, con un pedazo de sábana se encontraba colgado en posición de ahorcamiento el recluso José Alexander García González, de aproximadamente 23 a 24 años de edad, de 1,80 m. de estatura y quien se encontraba recluido en la Cárcel Judicial de Neiva por orden del fiscal regional de Neiva.

Se conoció que los reclusos Farid Oyola y Henry Cortés alias “cepillo”, vieron a José Alexander momentos antes de tomar la fatal decisión y posteriormente dieron aviso a los guardianes del penal cuando este había logrado su propósito. Su compañero de camarote Carlos Cárdenas dijo que José Alexander cuando se enteró de una notificación hecha por la Fiscalía regional de Neiva, por medio de la cual se ordenaba la reapertura de la investigación con nuevos cargos, fue tal su decepción que entró en etapa depresiva incluso se había intentado romper las venas con una máquina talladora que existe en la zona de talleres y que efectivamente el occiso mostraba dicha lesión en la mano izquierda” (se resalta).

— A folios 93 a 94 del cuaderno 1 obra la declaración rendida ante el tribunal a quo por la trabajadora social, señora Martha Lucía Monje Mahecha, quien respecto de las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor José Alexander García González, informó:

“El era interno de la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva y se encontraba recluido en el patio número tres, cuando llegamos a trabajar nos enteramos que él se había suicidado ahorcado, atado con una soga no recuerdo si era con una soga o una sábana en el sitio de reclusión de él. PREGUNTADO: Días anteriores a la muerte del señor José Alexander García González cómo era el comportamiento de él en el establecimiento carcelario. CONTESTÓ: La verdad es que yo al interno no es que lo tenga muy presente, pues no recuerdo haberlo atendido en la oficina, conocí por el psicólogo de ese momento que vivía con estados anímicos depresivos. PREGUNTADO: Se afirma en los hechos de la demanda que por gestiones suyas como trabajadora social al señor José Alexander García González se le trasladó al patio número uno pero como en dicho lugar se presentaron algunos hurtos y entre los reclusos lo señalaron a él como uno de los actores sin haber investigado ni probado nada al respecto, se le trasladó nuevamente al patio número tres. Que nos puede decir al respecto. CONTESTÓ: Yo participaba en los consejos de disciplina que se realizan en la cárcel y allá era donde también se hacía como un consejo de patios, un comité de patios, este comité de patios no debía llevarse simultáneamente con el consejo de disciplina porque eran o son dos instancias diferentes dentro de la cárcel; sin embargo así se proceda dentro de la dirección, es posible que nosotros cuando había alguna solicitud de cambio de patio se estudiaba dentro del consejo y si se consideraba pertinente se hacía el cambio respectivo, por ese aspecto fue que creo que se logró el traslado del interno, respecto a la condición de ellos la investiga es el subdirector donde se lleva un proceso disciplinario con base en los informes que la guardia suministra, por eso no conozco qué pasó con el cambio que le hicieron nuevamente al patio tres al interno y que considero debe haber como una resolución en el cual después de ese proceso lo sancionan porque el cambio de patio es como una sanción. PREGUNTADO: Se afirma en los hechos de la demanda que en el patio número tres al señor José Alexander García González le quitaron sus pertenencias que le quedaban. Qué nos puede decir al respecto. CONTESTÓ: Ese patio era el considerado como el más terrible de la cárcel en el que tenía la fama de que toda persona que se encontraban allí era despojada de sus pertenencias, en ese patio se encontraban personas que tenían varias entradas, muchas de ellas por hurto, además se caracterizaban porque muchos de los internos consumían sustancias adictivas, básicamente, marihuana y bazuco, por lo que se atribuía que esa gente robaba para conseguir esas sustancias, en esas condiciones es posible que al señor García González le hubieran quitado sus pertenencias. PREGUNTADO: Igualmente se dice en la demanda que estando en el mencionado patio tres el señor García González empeoró su estado anímico y la depresión se hizo más notoria ante lo cual usted y el médico psicólogo Fredy Germán Delgado Roa, intervinieron para ayudarlo y le solicitaron al señor Ramiro Lasso Horta como director de la cárcel, que lo cambiara de patio pero él no atendió la solicitud de ustedes y el recluso continuó empeorando en su estado de salud. Que nos dice al respecto. CONTESTÓ: No recuerdo el caso específico porque nosotros atendíamos las solicitudes de diferentes internos, pienso que la mejor forma de corroborar esta información es en las actas del consejo de disciplina de la cárcel” (negrillas adicionales).

— Testimonio rendido ante el tribunal a quo, por el psicólogo de la institución para la época de los hechos, señor Fredy Renán Delgado Roa, quien respecto de la atención profesional brindada al señor Alexander García González, manifestó:

“PREGUNTADO: Se afirma en los hechos de la demanda que por gestiones de la trabajadora social al señor José Alexander García González se le trasladó al patio uno, pero como en dicho lugar se presentaron algunos hurtos y entre los reclusos lo señalaron a él como uno de los actores sin haberse investigado nada al respecto, se le trasladó nuevamente al patio tres. Qué nos puede decir al respecto. CONTESTÓ: Aunque entre las funciones que nosotros teníamos la trabajadora social y el psicólogo no estaba contemplado hacer sugerencias o emitir conceptos para cambios de patio, lo hacíamos a veces en las reuniones. Respecto de Alexander sí recuerdo que en algún consejo de disciplina se trató el caso, sin embargo quien tomaba las decisiones para ese momento era el Director y sí se efectuaron esos cambios pero no sé basados en qué elementos. PREGUNTADO: recuerda usted cómo era el comportamiento y el estado anímico del señor José Alexander García González días anteriores a su muerte. CONTESTÓ: Alexander había salido desde el patio hasta la oficina mía en dos ocasiones, lo recuerdo bien porque fue un caso que me impactó, la primera vez salió, vino con un compañero que se llama Yesid García, este último me refería que Alexander estaba muy alterado que necesitaba ayuda y que sería bueno que participara de las terapias de psicología. En este primer momento si se notó a Alexander angustiado, estaba callado, permaneció callado todo el tiempo en la sesión de atención de grupo, al final creo que hablamos, pasamos unas palabras y pues él solicitó que lo volviéramos a invitar a estas reuniones grupales, en eso acordamos, ese fue el primer encuentro. La segunda vez que lo vi ya había ocurrido lo del cambio de patio y sí se mostró en ese momento bastante alterado y en ese momento yo hablé también de lo que se puede recordar por la situación del proceso de él y de algunas injusticias que se habían cometido en el momento de su captura, injusticias legales, injusticias según él, posterior a eso creo que hubo una tercera oportunidad pero no había asistido a la terapia completa, sino solo al final, llegó cuando ya estábamos acabando y fue cuando me solicitó que le ayudara con el director para que lo cambiara de patio porque estaba desesperado. PREGUNTADO: En los hechos de la demanda se manifiesta que usted y la trabajadora social le solicitaron al señor Ramiro Lasso Orta como director de la cárcel que ante la situación del señor Alexander García lo cambiara del patio tres, pero que el director no atendió la solicitud de ustedes. CONTESTÓ: Sí es cierta esta afirmación, se le hizo verbalmente la solicitud al señor Ramiro Lasso pero él respondió diciéndonos que no, una de las razones era que él consumía droga. PREGUNTADO: Era un hecho cierto el consumo de droga de acuerdo a la experiencia suya como psicólogo de la cárcel. CONTESTÓ: Para 1994, el sistema penitenciario que se llevaba en la cárcel a quien se sospechara que consumía droga o a quien se le probara el consumo se lo enviaba al patio 3; sin embargo el hecho de consumir droga también se presentaba en otros patios, parece que en el patio tres se reunía a los que estaban por hurto, bajo nivel escolar y [a] algunas personas que querían castigar se los enviaba a ese patio. Referido a los comportamientos de Alexander que puede apreciar a primera vista yo considero que no era un consumidor ni un abusador de drogas, mi impresión fue esa. PREGUNTADO: En su criterio profesional José Alexander García González padecía alguna enfermedad mental para el mes de noviembre de 1994, en caso afirmativo cuál era. CONTESTÓ: la impresión que tomé de las pocas veces que traté con Alexander era que no padecía ninguna enfermedad o desorden mental. PREGUNTADO: Las alteraciones a que usted ha hecho referencia en respuestas anteriores que presentaba el señor José Alexander García cómo se calificarían y si es posible podría usted explicarnos las causas de las mismas. CONTESTÓ: Las alteraciones que describí antes eran referidas a comportamientos tales como inquietud, trastornos propios como la falta de apetito, sentimiento de minusvalía, preocupación por el futuro que lo veía negro, la depresión se caracteriza por ver el futuro en forma negativa y no presentaba síntomas como desorganización del lenguaje o sea que el lenguaje se vuelve no lógico, pérdida de la orientación témporo espacial, a mi juicio lo que presentaba era un problema de adaptación al medio y por eso solicitamos el cambio de patio. PREGUNTADO: Diga si las circunstancias específicas de reclusión de Alexander García González y muy especialmente en el patio tres hubiesen creado un trauma tan severo en su psiquis que lo indujo a autoeliminarse. CONTESTÓ: El ambiente físico del patio número tres por si mismo no causa el hecho de que una persona se suicide, prueba de ello es que hay otros internos y no se han suicidado, sin embargo el hecho de reunir a una persona como Alexander con los internos que normalmente son asignados al patio numero tres sí produce un estrés tan grande que pudieron llevarlo a tomar esa salida. PREGUNTADO: Diga si el interno a que nos hemos referido le manifestó a usted haber sido víctima de asalto a sus pertenencias en el patio número tres. CONTESTÓ: No, no me hizo ninguna referencia a eso” (se resalta).

— A folio 67 del cuaderno 1, obra copia auténtica de la declaración rendida ante la dirección de la Cárcel Judicial del Distrito de Neiva, por el psicólogo Fredy Renán Delgado Roa, quien respecto a la atención profesional al hoy occiso, señaló:

“PREGUNTADO: Sírvase informar si en su calidad de psicólogo atendió al señor José Alexander García González y si es cierto cuál fue el motivo. CONTESTÓ: Si lo atendí en varias ocasiones, más o menos en tres oportunidades y el motivo de consulta fueron varios, entre ellos problemas de pareja, porque no lo visitaban, estaba aburrido en el patio 3, y realmente se sentía molesto porque estaba probando vicio —bazuco—, inicialmente fue una entrevista inicial, en la cual se determinó, estado de ansiedad alto, también se determinó que tenía problemas de ingesta de fármaco dependencia adicción al bazuco, las acciones a seguir por parte mi fueron citarlo a una nueva entrevista y solicitar a la dirección el cambio de patio y remitirlo para la terapia de grupo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si el interno citado estuviera anteriormente en otro patio y el motivo por el cual se cambió. CONTESTÓ: Sí estaba en otro patio en el patio número uno, según me comentó el mismo interno por un informe que habían pasado los del comité de patios acusándolo de robo de algunas pertenencias y tráfico de estupefacientes (cosa que nunca se probó), entonces lo pasaron al patio número tres que es el peor patio de la institución. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si sabe cuáles fueron las causas y motivos que tuvo el interno José Alexander García González para quitarse la vida. CONTESTÓ: Digamos que son opiniones mías que se forman a partir de la información que tuve cuando fue paciente mío. Tenía problemas de pareja ya que la esposa no lo visitaba, hacía como unos dos meses, se sentía muy mal por el aspecto físico que tenía y que lo viesen así sus familiares, se sentía mal en el patio 3, porque allí le robaban todo o tenía que vender lo que tenía a su disposición, también comentó que le había llegado una notificación de la autoridad que lo tenía a su disposición en el cual le decían que lo iban a condenar de (8) a (16) años, también conozco de un escrito de “Despedida”, que lo dejó a un compañero del patio No. 4, donde decía que lo perdonara por lo que iba a hacer, el compañero se llama Yesid García, del patio 4. PREGUNTADO: Desea agregar o corregir a la presente diligencia. RESPONDIÓ: Sí, aunque hice una petición a la dirección del cambio de patio del interno en mención, esta fue en forma verbal y no tengo ninguna forma de demostrarlo” (negrillas de la Sala).

— A folio 58 del cuaderno 1, obra copia auténtica del Acta 5 de fecha 1º de agosto de 1994, suscrita por el comando de vigilancia de la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva, respecto al “Traslado de internos del patio 1 al patio 3 por mal comportamiento”; en dicho documento se consagró la siguiente información:

“1. mediante oficio de queja a la dirección del establecimiento presentado en la fecha por representantes del comité general de internos, dan cuenta de que los internos Harold Ramírez y Luis Eduardo Hernández denunciaron a los también internos Jair Guarnizo, Alexander García y Alcides Charry como responsables de los robos que se han presentado y siguen presentándose como el sucedido la noche anterior donde los quejosos denuncian la pérdida de un pantalón y una camisa (...).

2. En atención a lo anteriormente expuesto los aquí reunidos tomaron la decisión de trasladar a los internos en mención del patio primero al patio tercero provisionalmente mientras se legaliza la presente orden en el próximo consejo de disciplina.

Los internos a trasladar son los siguientes:

1. Jair Guarnizo.

2. Alexander García.

3. Alcides Charry.

4. Henry Rebolledo.

5. Raúl Aya Cardozo.

Los dos últimos de acuerdo a averiguaciones hechas por los suscritos vienen participando en estos ilícitos” (se resalta).

— A folio 203 del cuaderno 1 se encuentra copia auténtica de la resolución proferida el 17 de enero de 1995, por la Fiscalía Once Seccional de Neiva, mediante la cual se decidió “[p]roferir resolución inhibitoria dentro de las presentes diligencias, por inexistencia del delito”.

Como fundamento de dicha decisión, la instancia en comento expuso los siguientes argumentos:

Según la prueba recaudada, el recluso José Alexander García González al enterarse de una notificación hecha por la Fiscalía regional de Neiva, autoridad por cuenta de quien se encontraba, donde se ordenaba la reapertura de investigación con nuevos cargos en su contra, se decepcionó de tal forma que entró en etapa depresiva, al punto que anteriormente había intentado cortarse las venas con la maquina talladora que existe en el penal. Asimismo que el día de los hechos y momentos antes de su consumación fue visto por los reclusos Farid Olaya y Henry Cortés, quienes posteriormente dieron aviso a los guardianes sobre la existencia del cadáver, percatándose los internos que Alexander portaba en sus manos el pedazo de trapo con el cual se ahorcó.

Al encontrarse la existencia de sujeto activo del hecho investigado, y establecido como se encuentra que se trata de un suicidio, habrá de finiquitarse la presente investigación, profiriéndose resolución inhibitoria con base en lo ordenado por el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal” (negrillas de la Sala).

Las declaraciones rendidas dentro del proceso penal no serán tenidas en cuenta en este proceso, dado que las mismas no cumplen los requisitos previstos en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, para dicho efecto, amén de que tampoco fueron solicitadas por la parte demandada y/o de forma conjunta por las partes. Sobre el particular resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas reiteradamente por esta Sala, en el siguiente sentido:

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (...).

“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”(38).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

En cuanto a la falla en el servicio en la cual habría incurrido la entidad demandada, la cual habría generado y/o provocado el hecho dañoso demandado, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que esta se configuró porque el Inpec omitió brindarle un tratamiento psicológico adecuado al señor García González, el cual incluía su traslado a otro patio de la cárcel, advierte la Sala que las dificultades para la acreditación de tal imputación respecto del llamado en garantía resultan más que evidentes.

En efecto, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer: i) que el día 28 de enero de 1994, el señor José Alexander García González ingresó a la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva y fue destinado al patio número tres y que, posteriormente, fue trasladado al patio número uno, pero que debido a su “mal comportamiento”, a través de acta de 1º de agosto de 1994, se lo trasladó nuevamente al patio 3; ii) que en la madrugada del 12 de noviembre de 1994, en la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva, el referido recluso fue hallado muerto, como consecuencia de “paro cardiorespiratorio debido a ahorcamiento”; iii) que el señor García González había acudido ante el psicólogo de la institución carcelaria por presentar problemas de pareja, problemas de drogadicción (bazuco), aunado al hecho de que días anteriores a su muerte, este recibió una notificación de la Fiscalía General de la Nación en la cual se le daba a conocer acerca de la posibilidad de aumento de su condena de ocho a dieciséis años.

No obstante lo anterior, reitera y resalta la Sala que a partir de tales probanzas no se puede acreditar la falla del servicio endilgada a la entidad demandada, ni mucho menos que esa hubiese sido la causa determinante de la decisión de la víctima de autoeliminarse, puesto que si bien es cierto que tanto los testimonios de la trabajadora social del centro carcelario, como el del psicólogo de esa institución manifestaron que habían formulado una solicitud de cambio de patio para el interno García González y que la misma fue denegada por el director de la cárcel, no es menos cierto que según esos mismos testimonios “el ambiente físico del patio número tres por sí mismo no causa el hecho de que una persona se suicide, prueba de ello es que hay otros internos y no se han suicidado”, lo anterior sumado al hecho de que según el Acta 5 del comando de vigilancia de dicho centro carcelario, el señor García González fue señalado de haber participado en el hurto de pertenencias de otros reclusos y, además, como lo afirma el psicólogo, el aludido recluso tenía problemas de adicción a sustancias psicoactivas (bazuco), circunstancias que determinaron el cambio o traslado del patio uno al patio tres de la cárcel.

Así pues, en el presente caso, del examen detallado de las pruebas allegadas al proceso es posible establecer que existen suficientes elementos de convicción para concluir que la muerte del recluso José Alexander García González fue ocasionada por causa de su propia y exclusiva culpa, toda vez que, por un lado, las autoridades penitenciarias no conocieron su intención suicida, pues con anterioridad al hecho luctuoso nunca hubo de su parte manifestación expresa en ese sentido; ni mucho menos que antes del fatal acontecimiento hubiera exteriorizado algún tipo de conducta que hiciera posible prever la ocurrencia de tal hecho; de otro lado, tampoco se encuentra acreditado que el referido recluso hubiera sufrido maltrato por parte de las autoridades penitenciarias o de sus demás compañeros de reclusión, en forma tal que ello hubiere podido incidir en la determinación del interno García González para autoeliminarse.

En relación con la identificación y previsibilidad de una persona potencialmente suicida, esta Sala, en providencia del 11 de abril del 2002(39), señaló:

“(...). En segundo lugar, no se puede afirmar que la enfermedad que padecía la paciente no implicaba un riesgo de suicidio, como tampoco se puede afirmar que este se encuentra asociado únicamente a un tipo de enfermedad específica, como la depresión. Lo cierto es que el suicidio se origina en múltiples condiciones que lo desencadenan, una de las cuales es la presencia de una enfermedad mental. Sobre el tema los expertos han señalado:

“Sobre la pregunta de sí el suicidio es una enfermedad o un síntoma, los expertos han llegado a un consenso generalizado: el suicidio es un síntoma y no una enfermedad. Esto significa que el suicidio puede ser el resultado de un importante número de condiciones psicológicas y físicas, y que los intentos de suicidio pueden situarse en un punto intermedio en cualquier número de circunstancias.

“Sin embargo, existen algunos síntomas o conductas que suelen aparecer en el historial de las personas que intentan suicidarse o se suicidan. La depresión es el síntoma mencionado con mayor frecuencia. No obstante, el que un individuo sufra una depresión no significa que esté a punto de quitarse la vida. Ni todas las personas deprimidas son suicidas, ni todos los suicidas están necesariamente deprimidos (Cantor, 1987ª).

“Aunque la depresión es el síntoma que se asocia con mayor frecuencia al suicidio, los factores significativos que sitúan a la persona en este riesgo están más relacionados con los cambios de conducta y cognitivos que con el diagnóstico de depresión.

“(...).

“¿Qué induce a la gente a suicidarse en la actualidad? Ya hemos dicho que el suicidio es un síntoma y no una enfermedad, y puede ser una consecuencia de enfermedades psiquiátricas, físicas o de desequilibrios bioquímicos...

“Es evidente que la enfermedad psiquiátrica predispone al suicidio, aunque no se trata de una variable necesaria. Además, no se ha podido determinar con exactitud cuáles son las enfermedades psiquiátricas que predisponen al suicidio (Cantor, 1989b; Shaffer, 1989).

“Las psicopatologías más documentadas en relación con el suicidio son los trastornos afectivos (en particular la depresión), los trastornos de conducta y el abuso de sustancias psicoactivas. También se citan los rasgos de personalidad, como la impulsividad y la agresión, así como los trastornos antisocial y límite de la personalidad. Por otra parte en un estudio reciente se aboga por los síntomas de ansiedad y angustia como los más claros indicadores de un potencial suicida (Weissman, Klerman, Markovitz y Ouellette, 1989).

“La literatura y el folclore nos inducen a pensar que el suicidio aparece en los individuos deprimidos. Sin embargo, los estudios actuales rechazan esta idea e indican otras áreas de riesgo, como la ansiedad, el abuso de sustancias psicoactivas, los trastornos bioquímicos y neuroquímicos, y factores psicosociales, como la falta de apoyo, el estrés, la enfermedad crónica y la oportunidad.

“Además, la vulnerabilidad actual de un individuo ante el suicidio puede fluctuar de un día para otro. Esto hace que nos preguntemos si el suicidio es con frecuencia la consecuencia de la enfermedad mental o de extravagancias y tensiones de la vida, sean hormonales, bioquímicas o circunstanciales...

“En resumen, los factores que pueden conducir al suicidio o al intento de suicidio son diversos y no específicos. La lista de características bioquímicas, de conducta, psicológicas y sociales ligadas al suicidio, incluye:

El alcohol y el abuso de sustancias psicoactivas;

La enfermedad mental, con una fuerte controversia sobre la determinación de la enfermedad más relacionada;

Las conductas impulsivas y antisociales;

El estrés severo, el sentimiento de culpabilidad o las pérdidas(40).

“(...).

“¿Cómo se puede reconocer el riesgo suicida? A pesar de que la investigación sobre suicidios ha mostrado múltiples factores de riesgo, para el terapeuta es extremadamente difícil valorar en qué medida el paciente presenta riesgo real de suicidio. Los factores expuestos en la tabla 18-1 se refieren a lo que incrementa el riesgo de suicidio. Cuando aparecen varios factores a la vez, es imprescindible prestar la máxima atención. Además, a lo largo de la terapia se debe comprobar de nuevo el riesgo de suicidio del paciente.

“Tabla 18-1. Factores que hay que valorar ante el riesgo de suicidio.

“— Indicios de suicidalidad en el comportamiento de la paciente:

“Avisos directos o indirectos de suicidio, como decir que ya no tiene ilusión por vivir o que solo es un carga para los demás.

“Intensa dedicación a rumiar el suicidio.

“Hacer planes de suicidio.

“Conocer a alguien o identificarse con alguien que ha consumado el suicidio.

“— Indicios de suicidalidad: (...).

“— Sospechas clínicas de suicidalidad:

“Enfermedad médica crónica.

“Trastornos de personalidad.

“Abuso de medicamentos, drogas o alcohol.

“Síntomas sicóticos

“Conducta agresiva y falta de control de los impulsos.

“Desesperanza, sentimientos de culpa o pesimismo muy marcados.

“Baja autoestima.

“— Condiciones interpersonales, ambientales y sociodemográficas de suicidalidad: (...)”(41).

Aplicado lo anterior al caso concreto, se puede deducir que la posibilidad de un suicidio no podía ser tan siquiera sospechada por sus compañeros reclusos ni por las autoridades penitenciarias porque el interno García González nunca reportó indicio alguno al respecto, por tanto no es viable afirmar que existía una sintomatología indicativa probable de suicidio.

Tampoco se encuentra acreditado que el interno hubiere recibido maltrato psicofísico alguno por parte de dichas autoridades carcelarias y/o de sus compañeros de reclusión, ni mucho menos se puede sostener que el hecho de atentar contra su vida se hubiera encontrado asociado a un tipo de enfermedad específica, como la depresión u otra afectación mental, puesto que si bien el señor García González acudió ante el psicólogo de la institución carcelaria por presentar problemas de pareja, de adicción a sustancias psicoactivas (bazuco) y la angustia que le produjo la notificación de la Fiscalía General respecto de la posibilidad de que le iban a aumentar la condena entre ocho y dieciséis años, lo cierto es que —según se dejó indicado—, dichas circunstancias no pueden evidenciar por sí mismas una intención suicida por parte de una persona, pues dadas las condiciones en las cuales se encuentra una persona privada de su libertad, resulta natural que experimente dichas sensaciones.

Así las cosas, se impone concluir que en el presente asunto, la decisión de suicidarse del recluso José Alexander García González fue libre de presiones o injerencias de cualquier índole, efectuada en pleno ejercicio de su propia autonomía; además, el suicidio del recluso no resultaba previsible para el grupo de guardianes que estaban cerca del lugar donde se encontraba este, dado que se trató de un evento súbito y repentino para dicho grupo de guardia, a quienes no resultaría jurídicamente admisible exigirles lo imposible, esto es anticiparse al designio, personal e intempestivo del occiso, por manera que no hay lugar a imputar tal hecho dañoso al ente público demandado.

Así pues, el asunto debe ser examinado con base en criterios de imputación y, por lo tanto, no fue la permanencia en el patio número tres de la cárcel la que explica el hecho, pues el recluso dadas sus afecciones psicológicas fácilmente hubiera podido suicidarse en cualesquier otro patio y/o lugar de la cárcel, pues debe recordarse que su cuerpo fue hallado en los baños del centro carcelario.

Lo expuesto fuerza concluir que se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, el cual resultó imprevisible e irresistible para la administración pública, circunstancia que impide estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la entidad pública demandada, elemento este indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 5 de octubre de 2001, en cuanto atribuyó un 30% de responsabilidad a la entidad pública demandada y, en consecuencia, denegará las súplicas de la demanda, por hallarse configurada la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la propia víctima.

2.5. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 5 de octubre de 2001, y, en su lugar, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

2. ABSTÍENESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de octubre del 2009, Expediente 16.990 y del 26 de mayo del 2010, Expediente 18.800.

(3) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Expediente 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Expediente 13760, ambas con ponencia del consejero Alier Hernández Enríquez.

(4) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

(5) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.

(6) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.

(7) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.

(8) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995.

(9) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

(10) En este sentido véase la Sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la Sentencia T-705 de 1996.

(11) Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la Sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la Sentencia T-714 de 1996.

(12) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la Sentencia T-596 de 1992.

(13) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000.

(14) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la Sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la Sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la Sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la Sentencia T-435 de 1997.

(15) Sobre el contenido de este deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998.

(16) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.

(17) Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

(18) La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en Sentencia T-153 de 1998.

(19) Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr., Sentencia T-881 de 2002.

(20) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596 de 1992, T-065 de 1995, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-1190 de 2003, T-490 de 2004, T-881de 2002 y T-134 de 2005.

(21) Sentencia T-590 de 1998.

(22) Sentencia T-265 de 1999.

(23) Idem. En igual sentido T-208 de 1999.

(24) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, Expediente 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008. Expediente 16.996.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 20.125, consejero ponente Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008. Expediente 16996. Consejero ponente Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Expediente 16975.

(27) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Expediente 8163 y del 16 de julio de 2008, Expediente 16423, entre muchas otras.

(28) Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquel; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma este. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, Bosch, Barcelona, 1981, pág. 852, apud Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., págs. 241-242.

Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo contencioso administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que este sea jurídicamente atribuible o imputable a aquella; pero, como señala Mir Puigpelat,

“... cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., págs. 242-244.

(29) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Expediente 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

(30) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 11 de febrero de 2009, Expediente 17.145.

(31) Nota original en la sentencia citada: Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, pág. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 19.

(32) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8.

(33) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(34) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(35) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, gaceta judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530.

(37) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte segunda. Ediciones jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, pags. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (2) de dos mil siete (2007); Expediente 190012331000199800031 01; Radicación: 24.972.

(38) Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 18 de septiembre de 1997 (Exp. 9.666) y del 29 de enero de 2009 (Exp. 16.975), entre muchas otras.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril del 2002, Expediente 13.122, M.P. Alier Hernández Enríquez; tesis reiterada en sentencias del 17 de marzo de 2010, Expediente 18.197 y del 28 de abril del 2010, Expediente 18.785, entre otras.

(40) Cita en el texto de la providencia parcialmente transcrita: “Pamela C. Cantor, Síntomas, prevención y tratamiento del intento de suicidio”, en Benjamín B. Wolman, Geroge Stricker, Trastornos depresivos, hechos, teorías y métodos de tratamiento, Barcelona, Ancora S.A., 1993, pag.197 y ss. En el mismo sentido se ha señalado lo siguiente: “El gran cuidado y temor que hay que tener con el síndrome depresivo son las ideas de suicidio que suelen llevar al individuo a las conductas suicidas, al intento de suicidio. Cualquier medida preventiva ante un paciente que ha cometido un intento de suicidio, es poca. Tanto el intento de suicidio como el suicidio mismo no son propiamente entidades diagnósticas, es un hecho existencial con profundas repercusiones personales y familiares. Las entidades o situaciones con que se asocia frecuentemente el suicidio son: depresión, adolescente en crisis, alcoholismo, demencias, crisis conyugales, intoxicación por drogas, psicosis esquizofrénicas y afectivas, violaciones sexuales, enfermedades graves y terminales. Es posible valorar el riesgo suicida en pacientes con ideas de autoagresión si se tiene en cuenta los siguientes parámetros: (...) Enfermedad psiquiátrica. Se incrementa en la psicosis y en las depresiones. En César E. Sánchez V, “Urgencias”, en Ricardo José Toro G, Luis Eduardo Yepes R., Fundamentos de Medicina - Psiquiatría, Medellín, Corporación para investigaciones biológicas, tercera edición, 1997, pág. 391”.

(41) “Elizabeth Schramm, Psicoterapia personal, de las depresiones y otros trastornos psíquicos, Barcelona, Editorial Masson S.A., 1998, pag. 247 y ss.” Ibidem.