Sentencia 1995-08327 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 410012331000199508327 01

Interno: 30129

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: María del Carmen Montenegro Castillo y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Huila, el día 23 de septiembre de 2004, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La Sala observa que el fallecimiento del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro acaeció el día 19 de diciembre de 1994(1) y, dado que la demanda de reparación directa se presentó el día 15 de septiembre de 1995, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

2. El caudal probatorio obrante en el expediente.

Con el fin de establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica del registro civil de defunción del joven Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, del cual se extrae que la causa de su deceso obedeció a “heridas con proyectil de arma de fuego” (fl. 15, cdno. 1).

— Declaración del señor Julián Andrés Salazar Rojas quien respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales acaecieron los hechos por los cuales se demanda, narró:

“Yo conocí a Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, yo lo conocía porque mi papá Henry Salazar tenía un billar y él iba a jugar y ahí nos hicimos amigos, eso hace mucho tiempo, yo iba a acompañarlo a Milthon Jeffrey cuando él empezó a trabajar en la fotografía y yo empecé a trabajar en fotografía con él, nosotros trabajamos en el parque de ahí de Pitalito. Una noche estábamos jugando billar en la tercera en el Café Real y él o sea Milthon le ganó un poco de plata a un policía de apellido Bolaños y de ahí el policía Bolaños se ofendió con Milthon y lo amenazó, el policía le pegó a Milthon esa misma noche, le pegó puños y de ahí en adelante se lo encontraba y el policía lo amenazaba, le decía lo voy a matar hijueputa y lo mismo le decían los otros policías Cartagena y Núñez, nosotros manteníamos harto en Cálamo y ellos nos miraban por allá por la noche y ellos nos hacían correr y nos hacían tiros, ya después, la noche que lo cogieron a él o sea a Milthon, a él lo cogieron el sábado por la noche y el domingo mi familia tenía un paseo en los árboles entonces nos fuimos todos eso era tipo 1 o 2 de la tarde, yo no estuve presente cuando cogieron a Milthon, cuando yo me vine a la orilla de la carretera a cortar unas guaduas cuando miré que venía Bolaños, las guaduas las cortaba para hacer una balsita, él pasó en la moto y atrás venía un carro rojo y atrás venía la camioneta azul de la Sijin no me di cuenta quién conducía, pero del carro rojo se bajó Cartagena y Núñez, vi que bajaron un costal y lo tiraron a la quebrada, ellos no me vieron yo me escondí porque me tenían amenazado también; entonces ellos siguieron y cuando dieron la vuelta más arriba y cuando pasaron yo salí del guadual entonces fue cuando me encontré con el otro muchacho con Luis Eduardo Gómez entonces él me dijo “uy tiraron un bulto ahí” entonces él me dijo bajemos a ver quién es y sí nosotros bajamos y él lo destapó y apenas lo destapó salió la cabeza y me di cuenta que era Milthon, yo me asusté y no me devolví para donde estaba mi familia sino que me encerré y no volví a salir, por la noche fue que la familia de Milthon fueron a mi casa a decir que habían matado a Milthon pero yo ya sabía sino que no había querido decir (...). Preguntado: Cómo se enteró usted que Milthon Jeffrey Delgado Montenegro fue retenido por la policía un sábado en la noche. Contestó: Porque otro compañero de Milthon, un amigo, no recuerdo el nombre, le dijo pilas Milthon que por ahí lo anda buscando Bolaños y está diciendo que lo va a matar y anda con una ruana y sombrero, entonces Milthon se asustó y le dijo al muchacho que lo acompañara hasta la esquina porque de ahí para allá estaba muy oscuro, entonces Milthon le dijo que esperara ahí en la esquina mientras él entraba a la casa, entonces a la mitad de la cuadra él vio que le salieron dos manes a Milthon, lo pusieron contra la pared, lo requisaron, lo tiraron al suelo, lo cogieron y le tapaban la boca con un trapo porque Milthon empezó a gritar “auxilio” estos hijueputas me van a matar, la Sijin me va a matar y que él vio cuando lo echaron a la camioneta azul marca LUV es de la Sijin de aquí (...). Preguntado: Usted por qué se fue de Pitalito. Contestó: Porque me amenazaron Bolaños, Cartagena y Núñez y me dijeron que me iban a matar, una noche en la discoteca Darwin intentaron sacarme pero no pudieron porque el dueño de la discoteca salió y habló con ellos entonces me dejaron ir y me dijeron que no les fuera a dar el “papayazo” porque me mataban porque yo andaba mucho con Milthon (...)” (fls. 138-139, cdno. 1) (resaltados fuera del texto original).

— Declaración del señor Ramiro Sánchez Joaqui quien relató:

“(...).

Ese día fue un viernes a la madrugada amanecer sábado, ese día entre las dos, dos y media y tres de la mañana, yo venía del barrio Libertador, venía por la calle 5ª cuando eso escuché una discusión, venían unas personas discutiendo, venían cuatro personas, una decía no por favor no me pegue, no me vayan a matar, otro le decía cállese hijueputa o lo matamos aquí, entonces una de esas personas sacó una bayetilla, algo rojo, y se lo puso en la cabeza al finado Milthon Jeffrey, yo lo conocí por la voz y lo alcancé a ver porque la distancia era como de media cuadra y había luz de las bombillas de la calle, y de ahí no pudo gritar más, le taparon la boca y se lo llevaron, a la cuadra siguiente saliendo a la cuarta había una camioneta color azul hasta ahí lo llevaron y lo subieron y desde ese día no volví a saber más de él, sino hasta el otro día, de ahí no supe más sino hasta que llegó una amistad de nombre Julián a decirme que lo habían matado eso fue a los dos días. Distinguí a tres de los que lo llevaban eran Bolaños, Núñez y Cartagena ellos eran tres de la Sijin el otro no lo conocí porque iba con chaqueta, tapada (sic) el cuello con una bufanda. Después no lo volví a ver. Preguntado: Sírvase decirle al juzgado si días, semanas o meses antes de morir Milthon Jeffrey Delgado este les comentó que sentía temor por su vida o si se enteraron por terceras personas que temía que lo asesinaran, en caso afirmativo, narrar todo cuanto sepa. Contestó: Sí porque eso fue más de una vez [que] me los encontré y ese día iban Núñez y Cartagena y yo iba con el finado cuando pasamos, se corrige íbamos por un andén y ellos pasaron en la moto y ellos se arrimaron y le dijeron Milthon si usted no se va de aquí lo vamos a salir es matando, entonces él me decía uy hermano yo que hago con esos manes que me viven amenazando de muerte cada vez que los encuentro y yo les decía que les pusiera un denuncio (...)” (fls. 141-142, cdno. 1) (se resalta).

— Oficio Bo. 370/DPH.JIPEM de marzo 6 de 2001, elaborado por el Juzgado Ciento Ochenta de Instrucción Penal Militar a través del cual remitió copia auténtica del proceso penal 891 “que se adelantó al Ag. Guillermo Bolaños Peña y otros por el delito de homicidio”.

Dentro del referido encuadernamiento obran los siguientes medios de acreditación:

a. Acta de inspección de cadáver del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, en el cual se describieron las heridas y lesiones sufridas por el citado ciudadano, así:

“Presenta herida región auricular derecha, profunda alargada de aproximadamente un centímetro, nítida. Dos heridas circulares, región parietal izquierda al parecer arma de fuego. Escoriaciones frontales, laceración y hematoma alrededor del cuello” (fls. 12-14 cdno. 4).

b. Protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, en el cual se concluyó lo siguiente:

“Hombre adolescente quien muere por heridas con proyectil de arma de fuego. Mecanismo: Laceración cerebral con compromiso de centros nerviosos vitales que le producen paro cardiorrespiratorio. Probable manera de muerte: Homicidio” (fls. 22-25, cdno. 4).

c. Informe 50 elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el 8 de febrero de 1995, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Dando cumplimiento a la misión de trabajo 14 de fecha enero 5/95, expedida por el señor jefe del puesto en base a la misión de trabajo 95 dic. 27/94 procedente de la fiscalía seccional veintidós de esta ciudad, donde solicita la investigación de homicidio de quien en vida respondiera al nombre de Milton Efren (sic) Delgado Montenegro, hechos que acaecieron el dieciocho (18) de diciembre del año inmediatamente anterior.

Hechos

El día dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) detrás del Hogar Juvenil Campesino vía Honda-Porvenir fue encontrado muerto el señor Milton Efren Delgado (sic) con dos impactos de arma de fuego en la cabeza aproximadamente a las 13:30 horas, de acuerdo a lo manifestado por el señor Álvaro Hugo Delgado padre del occiso (...)” (fls. 62-63, cdno. 4) (se resalta).

d. Decisión dictada dentro del proceso disciplinario por la dirección general del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el 31 de octubre de 1995 en el cual se resolvió en segunda instancia lo siguiente:

“Al despacho en consulta se encuentran las diligencias disciplinarias 7 R-1311, adelantadas en el Comando del Departamento de Policía Huila, contra los agentes Bolaños Peña Guillermo, Cartagena García Luis Albeiro y Núñez Alarcón Bladimir Antonio Amed, decididas en primera instancia mediante proveído de fecha 230895.

Hechos

Se conoce en autos que el día 181294 en horas de la madrugada el señor Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro fue retenido en el perímetro urbano de la localidad de Pitalito, cerca de su residencia por los agentes Bolaños Peña Guillermo, Cartagena García Luis Alberto y Núñez Alarcón Bladimir Antonio Amed adscritos a la Sijin y en horas de la tarde del mismo día fue hallado el cadáver del citado ciudadano en la quebrada los árboles “maniatado” dentro de un costal, con señales de tortura y con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

(...).

4. Fallo de primera instancia.

En ejercicio de la competencia conferida en el litera b) numeral 5º, artículo 5º del Decreto 575 de 1995, el Comandante del Departamento de Policía Huila falló la presente investigación solicitando a la Dirección General de la Policía Nacional la destitución de los agentes Bolaños Peña Guillermo, Cartagena García Luis Alberto (sic) y Alarcón Bladimir Antonio Amed, por incurrir en falta contra el ejercicio de la profesión descrito en el Decreto 2584 de 1993, artículo 39 numerales 1º, 12, 14, en concordancia con los artículos 40 y 89 de la misma obra.

(...).

D. Consideraciones del despacho.

(...).

Del estudio del acervo probatorio obrante en el expediente, se estableció que el hecho endilgado a los inculpados es cierto, además existen indicios que comprometen a los inculpados con la muerte del señor Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro, que en su momento la autoridad penal competente determinará el grado de responsabilidad de cada uno de ellos; en cuanto a la falta disciplinaria se halla plenamente probada, pues Alfredo Romero Quiroga asegura haber conocido a los policiales Bolaños, Cartagena y Núñez quienes en horas de la madrugada retuvieron a Milton Efren (sic) se dirigía para su casa y mediante amenazas con arma de fuego le ordenaron subir a una camioneta color azul o verde y se desplazaron con rumbo desconocido. De otra parte Ramiro Sánchez Joaquín en su jurada afirma que ese día a eso de las cuatro de la mañana observó a tres o cuatro personas conduciendo a Milton (sic) a quien le tapaban la boca y lo llevaban para echarlo en una camioneta, agrega que tres de ellos eran Bolaños, Cartagena y Núñez, igualmente Julián Andrés Salazar Rojas y Luis Eduardo Gómez declaran en similares términos y reconociendo a los mismos policiales cuando se dirigían en un carro de la Policía, otro al parecer un campero y una moto en la que iba Bolaños; Cartagena y Núñez en carro, fue cuando observó que botaron un bulto a la quebrada.

El despacho hace claridad que no dará aplicación al artículo 40 citado por el a quo quién califica la acción policial como homicidio, por cuanto es a la autoridad jurisdiccional a quien compete esta tipificación y que en efecto en la actualidad adelanta la correspondiente acción penal.

Es menester por tanto, endilgarle responsabilidad a los consabidos policiales por no colocar a disposición de los superiores Milton Jefren Delgado Montenegro, siguiendo los procedimientos legales que para tal efecto se aplica, lo que dio lugar a quejas ciudadanas por malos tratos y poner en práctica hechos no acordes con los reglamentos de la institución, actitud anómala que coloca en tela de juicio el buen nombre de la Policía Nacional.

Así las cosas, esta superioridad confirmará el fallo de primera instancia por hallarlo acorde a la realidad procesal y a la gravedad de la falta.

(...).

RESUELVE:

“ART. 1º—Confirmar el fallo de primera instancia y destituir de la Policía Nacional al AG. Bolaños Peña Guillermo (...) por incurrir en faltas contra el ejercicio de la profesión descrita en el Decreto 2584 de 1993, artículo 39 numerales 1º, 13 y 15 literal b), al demostrarse a través de la investigación que el inculpado en compañía de dos policiales más retuvieron al particular Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro y no lo colocaron a disposición de la autoridad competente, quien posteriormente resultó muerto dentro de un costal en una quebrada cercana a la población, hechos sucedidos en Pitalito (Huila) el 181294.

“ART. 2º—Confirmar el fallo de primera instancia y destituir de la Policía Nacional al AG. Cartagena García Luis Alberto (...) por incurrir en faltas contra el ejercicio de la profesión descrita en el Decreto 2584 de 1993, artículo 39 numerales 1º, 13 y 15 literal b), al demostrarse a través de la investigación que el inculpado en compañía de dos policiales más retuvieron al particular Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro y no lo colocaron a disposición de la autoridad competente, quien posteriormente resultó muerto dentro de un costal en una quebrada cercana a la población, hechos sucedidos en Pitalito (Huila) el 181294.

“ART. 3º—Confirmar el fallo de primera instancia y destituir de la Policía Nacional al AG. Muñoz Alarcón Bladimir Antonio (...) por incurrir en faltas contra el ejercicio de la profesión descrita en el Decreto 2584 de 1993, artículo 39 numerales 1º, 13 y 15 literal b), al demostrarse a través de la investigación que el inculpado en compañía de dos policiales más retuvieron al particular Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro y no lo colocaron a disposición de la autoridad competente, quien posteriormente resultó muerto dentro de un costal en una quebrada cercana a la población, hechos sucedidos en Pitalito (Huila) el 181294.

(...)” (fls. 207-215, cdno. 2) (resaltados adicionales).

e. Decisión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 25 de mayo de 1995, en cuya virtud dirimió un conflicto de negativo de jurisdicción entre la Fiscalía 22 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pitalito y el Comando del Departamento de Policía del Huila - Juzgado de primera instancia, con motivo del proceso penal seguido en contra de los mencionados agentes de la Policía Bolaños, Cartagena y Núñez.

En dicha providencia se resolvió que la competente para conocer del mencionado proceso penal era la Jurisdicción Penal Militar (fls. 109-115, cdno. 4).

f. Auto dictado por el Juzgado Sesenta y Seis de Instrucción Penal Militar, el 28 de julio de 1995, a través del cual se dictó medida de aseguramiento en contra de los agentes Luis Albeiro Cartagena García, Guillermo Bolaños Peña y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, por la supuesta comisión del delito de homicidio del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro (fls. 150-166, cdno. 4).

g. Providencia dictada por la presidencia del consejo verbal de guerra del Departamento de Policía del Huila, el 9 de mayo de 1996, en la cual se resolvió lo siguiente:

“RESUELVE:

PRIMERO: Declarar contraevidentes los veredictos negativos de responsabilidad (...), emitidos por unanimidad de votos en favor del agente (r) Guillermo Bolaños (...), agentes (r) ausentes Luis Albeiro Cartagena (...) y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón (...), juzgados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas, en proceso acumulado por hechos ocurridos en Pitalito (Huila) el 20 de junio y 18 de diciembre de 1994, tal como se expresó en la parte motiva del presente auto, en las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el plenario.

SEGUNDO: El detenido agente (r) Guillermo Bolaños Peña, privado de la libertad en el centro de reclusión policial con sede en Facatativá, Cundinamarca, queda a disposición del Honorable Tribunal Superior Militar. Declarando que los agentes (r) ausentes Luis Albeiro Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, tienen orden de captura vigentes (...), en caso de captura quedarán a disposición del tribunal.

TERCERO: Declarar que la contraevidencia está dentro del término previsto en el artículo 639 numeral 9º conforme el artículo 434 numeral 4º y 680 del Código Penal Militar consultar la decisión con el Honorable Tribunal Superior Militar (...)” (fls. 534-551, cdno. 2).

En la citada providencia se efectuaron las siguientes consideraciones:

“Vistos

Procede la presidencia del consejo verbal de guerra con intervención de vocales, a declarar contraevidente todos los veredictos absolutorios por unanimidad de votos emitidos a favor del agente (t) Guillermo Bolaños Peña, agentes (r) ausentes Luis Alberto Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, enjuiciados por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas.

Hechos

En procesos acumulados, se narra: En Pitalito (Huila) el día 21 de junio de 1994, agentes de la Sijin capturaron a Alfredo Romero Quiroga y a Nelson Ortiz Sánchez, imputándose a los agentes Luis Albeiro Cartagena García, Guillermo Bolaños Peña y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón de privación ilegal de la libertad y torturas. El 18 de diciembre de 1994, sobre la quebrada “Los Árboles” carretera Honda-Porvenir en las afueras de la municipalidad de Pitalito se encontró el cuerpo sin vida de quien en vida se llamó Milthon Jefren (sic) Delgado Montenegro; al ser examinado su cadáver, el legista certificó en protocolo de necropsia 115-94NC, que el cuerpo presentaba numerosas lesiones causadas con arma de fuego las que provocaron su muerte por laceración cerebral con compromiso de centros nerviosos vitales, las que le originaron para respiratorio, acontecimiento causa de este proceso.

Resultados y considerandos

1. Mediante Resolución 17 del 221295 el Comandante del Departamento de Policía Huila en su calidad de juez de primera instancia convocó a consejo verbal de guerra con intervención de vocales, contra los expoliciales citados y por los delitos mencionados; en acuerdo con el artículo 657 del Código Penal Militar delegó la facultad de juzgamiento para este caso específico en el presidente del consejo verbal de guerra, (...). También convocó consejo de guerra sin intervención de vocales Resolución 1 del 300196 folio 435, del segundo cuaderno. Fue acumulado los procesos folio 547, primer cuaderno.

(...).

4. El artículo 680 del Código Penal Militar faculta al presidente del consejo verbal de guerra a declarar contraevidente el veredicto si es contrario a la evidencia de los hechos procesales, situación que ocurre en el presente asunto, por los siguientes motivos:

a. Bien dice el Ministerio Público, aunque no obra en el plenario quién lo mató, obran indicios graves de responsabilidad, los hechos indicadores no han sido desvirtuados, siguen vigentes y ellos permiten decir que los enjuiciados tienen la responsabilidad. Si hubiera duda, acepta el Ministerio Público que sería el primero en manifestarlo. Pero en su convicción no existe duda que los hechos ocurrieron en la madrugada del 181294, cometido por Bolaños, Cartagena y Núñez, solicitando la condena por homicidio agravado. También por privación ilegal de la libertad en Romero y Ortiz; por torturas en Romero, solicitando la absolución por torturas en Ortiz, ante la falta de dictamen médico.

b. El Despacho comparte las apreciaciones del Ministerio Público, excepto en lo referente a la absolución por torturas en Nelson Ortiz Sánchez porque hace falta el dictamen médico. Para la materialización o cuerpo del delito de torturas no es indispensable la pericia médico-legal, porque el resto tiene que ver con atormentar, proferir malos tratos, atropellos físicos, causar dolor y molestia corporal y ello necesariamente solo se prueba con el dictamen, sino también con la prueba testimonial, como en este caso, porque su naturaleza es distinta de las lesiones personales que sí exige la pericia médica-legal, esta [es] la razón para sostener que sí es susceptible de contraevidencia el veredicto de no responsabilidad por torturas en Nelson Ortiz.

c. En acuerdo con el Ministerio Público, con el instructor cuando resolvió situación jurídica, con el juzgado de primera instancia cuando convocó a consejo de guerra. Por el contrario a lo dicho por la bancada de la defensa, que no existe prueba para atribuir responsabilidad, que existe duda, insuficiencia probatoria, que no hay certeza de responsabilidad, que se impone la presunción de inocencia, que las pruebas fueron contradichas y son contradictorias, producto de la capacidad fantaseadora del padre del occiso Álvaro Hugo, que todo es producto de la capacidad de delincuentes para crear incriminaciones contra los agentes, que la contradicción quiere convencer a la justicia, cuando unos testigos falsos generan indicios y cada indicio tiene su contra indicio, solo quedan contradicciones de falsos testigos. No, para la presidencia verdaderamente existen una serie de indicios concatenados, graves todos ellos que comprometen seriamente la responsabilidad de los acusados en los cargos. No se puede sostener que contra los policiales existen meras sospechas relacionadas con el homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas; existen indicios concordantes en contra de los enjuiciados, que obligaron al Ministerio Público a solicitar condena. Los argumentos expuestos por la defensa no rompen la certeza fundada en los autos. La prueba testimonial coincide en detalles y no obedece a invención, a pesar de la condición de las personas, narran desprevenidamente lo que vieron (...). Si bien, no hay prueba testimonial del momento mismo en que ocurrió el homicidio, las declaraciones nos lleva paso a paso a la inferencia lógica de quiénes son los responsables, porque los relatos se hacen narrando circunstancias, antecedentes, concomitantes y subsiguientes. De ahí la solicitud de condena del Ministerio Público, aspecto que comparte la presidencia y da origen a la contraevidencia, armonizado con las pruebas, con lo dicho por el instructor, el juez de primera instancia cuando convocó a consejo de guerra, con la razón y convicción que da el proceso, lo cual no ha sido desvirtuado por la defensa.

— Así las cosas, existen indicios graves de mala justificación, de presencia, de oportunidad; que implican conocimiento y participación en los hechos (...).

d. La presidencia es respetuosa de las decisiones de los señores vocales o jueces de conciencia, sin embargo en esta oportunidad en justicia y equidad acoge los planteamientos del representante del Ministerio Público, por cuanto la prueba allegada al plenario es evidente[mente] contraria a la decisión tomada por el Juri (sic). Porque como lo dijo el instructor, motivación que aún tiene vigencia y lo comparte la presidencia: la prueba testimonial traída al plenario compromete de manera amplia la responsabilidad del indagado Bolaños, así como también la de los agentes Luis Alberto Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón. En efecto los familiares y allegados al occiso son unánimes al testimoniar sobre los malos tratos y persecuciones frecuentes de que era objeto Milton Jefren (sic) por los policiales antes mencionados, quienes prevalidos de su autoridad le perseguían por tratarse de persona con una hoja de vida no muy limpia, dadas sus andanzas delictivas y su marcada adicción a los fármacos. Las versiones juramentadas sobre las circunstancias que antecedieron a la muerte y hallazgo del cuerpo de Delgado coinciden, no solamente en el señalamiento de quienes lo interceptaron en forma brutal sino también en las personas que fueron vistas merodeando en forma sospechosa cerca a la quebrada lanzando luego el envoltorio que contenía el cuerpo sin vida y aunque los testigos eran allegados a la víctima y al parecer pertenecientes al mismo grupo de drogadictos no por ello se pueden descartar sus atestaciones, máxime cuando tales aseveraciones como ya se dijo, son unánimes en cuanto a la identificación que hacen de las personas, en las diferentes etapas del hecho, no dejan dudas de que son los agentes Bolaños, Cartagena y Núñez; personas estas quienes desde tiempo atrás habían manifestado su animadversión hacia Delgado Montenegro. El relato que hacen aquellos sobre las circunstancias que antecedieron a la muerte y hallazgo del cadáver plantean de manera contundente y eficaz su participación y más concretamente en la del agente Bolaños Peña quien ha adoptado una postura de total inocencia frente a tales hechos graves que contribuyen a deteriorar aún más las imagen institucional (...).

Las atestaciones a las que hacemos referencia reflejan la trayectoria del delito, comenzando por las amenazas y hostigamientos que desde tiempo atrás los encartados le hacían a la víctima, hasta el momento mismo como lo aprehendieron y luego lo lanzaron desde un puente después de que le dieron muerte en forma atroz. Quienes declaran, en su mayor parte, con alguna trayectoria delincuencial pero no por ese hecho ineficaces sus relatos, son acorde en señalar a los ahora incriminados como los autores de la aprehensión, los mismos que fueron vistos cuando sin escrúpulo alguno votaron el cuerpo del occiso. Sus actuaciones coinciden además en las apreciaciones que sobre los sindicados hacen los fiscales de Pitalito, más concretamente sobre los agentes Cartagena y Núñez quienes se refieren como personas involucradas en actuaciones de “limpieza social” conforme el rumor insistente que circulaba, situación que coincidía con el hallazgo de cadáveres en la región. Tales circunstancias dan base para concluir que existe abundante material que concluye en la demostración de que los implicados Luis Albeiro Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, están seriamente comprometidos en la muerte del ciudadano Milton Jefren (sic) Delgado (...)” (resaltados fuera del texto original).

h. Providencia dictada por el Tribunal Superior Militar el 28 de junio de 1996, a través de la cual se tramitó la vía jurisdiccional consulta del proveído proferido el 9 de mayo de la misma anualidad.

En la referida providencia se resolvió convocar a segundo consejo verbal de guerra contra los agentes Guillermo Bolaños Peña, Luis Albeiro Cartagena y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, como presuntos autores de la muerte del señor Milthon Jefren Delgado Montenegro, de conformidad con las siguientes consideraciones:

“Calificación jurídica provisional

Así las cosas, se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 654, demostración de los delitos, declaraciones que ofrecen serios motivos de credibilidad e indicios graves de responsabilidad, para convocar consejo verbal de guerra artículo 683 numerales 5º, 8º. Calificando provisionalmente las conductas, en el Código Penal Militar (...), según hechos ocurridos el 18 de diciembre de 1994 en la quebrada “Los Árboles” carretera Honda-Porvenir en las afueras de la municipalidad de Pitalito (...)” (fls. 557-571, cdno. 2).

i. Decisión adoptada por el Tribunal Superior Militar el 28 de junio de 1996, mediante el cual se confirmó la providencia del 9 de mayo del año en curso (fls. 55-62 cdno. 1).

j. Providencia dictada por la presidencia del consejo verbal de guerra, el 1º de noviembre de 1996, a través de la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Por imperativo legal artículo 680 del Código Penal Militar, acoger el segundo veredicto absolutorio que por mayoría de votos, emitieron los señores oficiales vocales a favor del agente (r) Guillermo Bolaños Peña, agentes (r) ausentes Luis Alberto Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, enjuiciados por los delitos homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas.

SEGUNDO: Absolver al agente (r) Guillermo Bolaños Peña (...), agentes (r) ausentes Luis Alberto Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón (...), enjuiciados por los delitos de homicidio agravado artículo 259, 260, privación ilegal de la libertad artículo 251 y torturas artículo 256 del Código Penal Militar, tal como se expresó en la parte motiva del presente proveído, por hechos ocurridos el 21 de junio de 1994 y 18 de diciembre de 1994 en Pitalito (H), en las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el plenario.

TERCERO: Como consecuencia de la absolución, disponer la libertad inmediata del AG. (r) Guillermo Bolaños Peña (...). Igualmente cancelar las órdenes de captura en contra de Cartagena García y Núñez Alarcón, mencionados en la parte motiva.

CUARTO: Conforme el artículo 434, numeral 1º del Código Penal Militar consultar la presente decisión con el Honorable Tribunal Superior Militar y si es confirmada llévese el proceso al archivo definitivo, previa cancelación de su radicación”.

La decisión antes transcrita tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

“Considerandos

1. Se juzgó a Guillermo Bolaños Peña, Luis Albeiro Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, por los delitos de homicidio agravado (...); en la persona de Milton Jefren (sic) Delgado Montenegro; por privación ilegal de la libertad (...) y torturas (...), en las personas de Alfredo Romero Quiroga y Nelson Ortiz Sánchez. Por causa de contraevidencia de un primer veredicto absolutorio, en segundo consejo fueron nuevamente declarados no responsables.

2. Ante la segunda declaración de no responsabilidad ab initio debe el despacho remitirse al inciso tercero del artículo 680 del Código Penal Militar, que impone al despacho que “El veredicto del segundo consejo es definitivo”, situación en la que nos encontramos. Entonces, siendo que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley artículo 230 de la Constitución y el código determina que este segundo veredicto es definitivo, por mandato legal para el despacho es imperativo que la decisión de los vocales no puede ser motivo de cuestionamiento y se impone acogerla. Por eso no es menester volver a relacionar los hechos materia de juzgamiento. Porque los veredictos resultan de forzosa aceptación para el juez de derecho, cuando la ley le impone acogerlos y en consecuencia absolver a los sindicados.

3. Importa hacer constar, para el despacho la decisión del juri (sic) es preocupante, ante las pruebas causa perplejidad, porque desconoce abiertamente la lógica jurídica; la decisión choca con la prueba de cargo, que en acuerdo con el Ministerio Público da plena certeza sobre la responsabilidad de los acusados. Esta clase de decisiones hace perder cualquier esfuerzo del juez de derecho, frente a la pronta y cumplida justicia. Por eso es que el despacho hace constar esta situación, haciendo notar que comparte el planteamiento del Ministerio Público cuando pidió la responsabilidad, responsabilidad sustentada en la motivación que tuvo el juez de instrucción para dictar medida de aseguramiento de detención preventiva, el análisis del Ministerio Público en las dos audiencia, el auto de contraevidencia (...), el concepto del Ministerio Público en el tribunal (...) y la confirmación del tribunal de la contraevidencia (...), motivaciones que tienen soporte en la prueba allegada al proceso.

4. Como al terminar el consejo no debe quedar sin resolver ninguna situación (...), certificar que los revólveres Smith & Wesson calibre 38 largo ABE-3135-63324 y ABE-5425-6237X (...), el instructor dispuso que el almacén de armamento Deull los enviara al Distrito de Policía Pitalito a donde pertenece (...). Igualmente cancelar las órdenes de captura para Luis Albeiro Cartagena García, (...). Para Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, (...).

5. Por imperativo legal se acoge el veredicto, que implica Absolver, luego en virtud del artículo 302 del Código Penal Militar, sobre el principio de integración, se da aplicación al artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, que por la absolución se dispone la libertad inmediata de Guillermo Bolaños Peña, oficiar a la Sijin Deuil que ejerce la vigilancia y seguridad, para efectos de la libertad inmediata” (fls. 642-651, cdno. 2) (resaltados adicionales).

k. Providencia dictada por el Tribunal Superior Militar el 20 de febrero de 1997, a través de la cual se confirmó la sentencia dictada por un consejo verbal de guerra, el 1º de noviembre de 1996.

En la citada sentencia se señaló que:

“(...).

Para el caso sub examine duda (sic) se planteaba respecto de la muerte del particular de marras a falta de prueba directa que el policial acusado hubiera sido el autor y respecto de los otros dos punibles si hubiera sido el fallo en derecho se hubiera podido corregir dentro de la facultad de la “reformatio in pejus”; pero cuando intervienen los jueces legos, queda en el ambiente la idea de un falso compañerismo de fuerza o que se actuó bajo sentimiento espurio, al azar y por qué no con una institución que obedece a sentimientos y no a una justicia fría y analítica, que puede crear impunidad.

En este orden de ideas habrá de aceptarse la sentencia tal como viene, porque dura es la ley pero es la ley, no requiriéndose de nuevas lucubraciones jurídicas por lo antes expresado como premisa mayor, disponiéndose que la libertad que ahora gozan sea sin limitación por los casos sub examine” (fls. 654-656, cdno.1) (se resalta).

l. Encuadernamiento dentro del cual obra el proceso penal militar adelantado en contra de los agentes de policía aludidos por la muerte del señor Nelson Ortiz Sánchez (cdno. pbas. 1).

m. Diligencia de inspección judicial practicada por los juzgados penales del Circuito de Pitalito al libro de minuta de guardia de la estación de policía del referido municipio; en la citada diligencia se dejó constancia de que los referidos uniformados no tuvieron a su cargo diligencia alguna relacionada con el servicio (fls. 148-149, cdno. 4).

n. Examen de balística elaborador por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo objetivo consistía en establecer “con qué clase de arma fue disparado [el señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro], su calibre y demás características generales”; el citado estudio arrojó el siguiente resultado:

“Características generales del proyectil

Constitución:Plomo
Forma:Cilindro deformado
Peso:9.54 gramos
Calibre:38 Especial
Estriado:Presenta rayado macroscópico parcial de dos (2) estrías y dos (2) macizos con sentido de rotación derecho.
Deformaciones:Destrucción de la nariz, aplanamiento longitudinal y rayaduras generalizadas.
Posible arma que lo disparó:Revólver” (fl. 144, cdno. 4).

o. Examen practicado por el laboratorio central de criminalística, cuyo objeto de estudio es el siguiente: “Se remiten dos revólveres junto con una ojiva a fin de que se sirvan determinar si la misma pudo haber sido accionada por alguna de las armas que se remiten”.

El citado dictamen arrojó la siguiente conclusión: “Debido a las deformaciones que presenta el proyectil no es posible establecer el arma que lo disparó” (fls. 240-242, cdno. 4).

p. Extractos de hoja de vida de los agentes Guillermo Bolaños Peña, Luis Albeiro Cartagena García y Vladimir Antonio Núñez Alarcón (fls. 69-78, cdno. 4).

3. Valoración probatoria y caso concreto.

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso causado a los demandantes, esto es el lamentable fallecimiento del joven Milthon Jeffrey Delgado Montenegro el día 19 de diciembre de 1994; de conformidad con lo indicado en el registro civil de defunción, se tiene que la causa del deceso se debió a “heridas con proyectil de arma de fuego”.

En efecto, del material probatorio obrante en el expediente se acreditó i) que en la noche del 17 de diciembre de 1994, en el municipio de Pitalito, el joven Milthon Jeffrey Delgado Montenegro fue detenido, de manera violenta, por tres agentes de la Sijin identificados como “Bolaños, Cartagena y Núñez”, quienes le taparon la boca y, posteriormente, lo subieron a una camioneta marca LUV, de color azul; ii) que el día 18 de los mismos mes y años, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, se encontró el cadáver del señor Delgado Montenegro dentro de un costal, detrás del Hogar Juvenil Campesino, en la vía Honda-Porvenir; iii) que la víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza; iv) que no se pudo establecer de qué arma provenían los referidos disparos.

A su turno, los testimonios de los señores Julián Andrés Salazar Rojas y Ramiro Sánchez Joaqui(sic) dan cuenta de que la víctima directa recibía constantes amenazas de muerte por parte de los citados uniformados, puesto que en una ocasión el señor Delgado Montenegro le ganó una apuesta a uno de los agentes de la Sijin.

También se acreditó que los agentes de la Policía Nacional fueron destituidos de sus cargos, comoquiera que habían incurrido en faltas contra el ejercicio de la profesión, por cuanto en aquel procedimiento disciplinario se acreditó que los citados funcionarios “en horas de la madrugada retuvieron a Milthon Efren (sic) [quien] se dirigía para su casa y mediante amenazas con arma de fuego le ordenaron subir a una camioneta color azul o verde y se desplazaron con rumbo desconocido”.

A su turno, dentro del encuadernamiento obra el proceso penal militar seguido en contra de los agentes Guillermo Bolaños Peña, Luis Albeiro Cartagena García y Bladimir Antonio Amed Núñez Alarcón por la muerte del señor Delgado Montenegro, quienes si bien fueron absueltos de los cargos que se les imputaban, ello porque el presidente del segundo consejo verbal de guerra se vio en la obligación legal de acoger los veredictos absolutorios emitidos por los respectivos vocales en la audiencia correspondiente, lo cierto es que dentro de dicha providencia se dejó constancia de que “es preocupante ante las pruebas, porque desconoce abiertamente la lógica jurídica, la decisión choca con la prueba de cargo, que da plena certeza sobre la responsabilidad de los acusados”(2).

En efecto, del caudal probatorio se desprende que la noche del día 17 de diciembre de 1994 los agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor Milthon Delgado Montenegro, cuestión que indica que a partir de ese preciso momento dicha institución se colocaba en posición de garante respecto del citado ciudadano, por ende tenía a su cargo el deber de seguridad y protección del señor Delgado Montenegro, obligación que fue incumplida por parte de la entidad demandada, comoquiera que al día siguiente fue encontrado el cadáver del mencionado ciudadano dentro de un costal, en la parte trasera del Hogar Juvenil Campesino, en la vía Honda-Porvenir.

Ahora bien, conviene traer a colación un caso similar(3) al que ahora ocupa la atención de la Sala, en el cual se precisó lo siguiente:

“Así las cosas, resulta claro entonces que la responsabilidad de la policía se ve comprometida por cuanto los anteriores medios probatorios recaudados en el proceso señalan que la muerte de los señores Francisco Ortiz Jiménez, Elizabeth Hoyos, María del Carmen Leguizamón Bolaños, Tarcilio Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero, y las lesiones de Daniel Vidal Vargas y del menor Euliber Lasso Abanis, se produjeron mientras estos estaban en estado de indefensión, bajo la custodia de un Agente de la Policía —el cual fue plenamente identificado—, en asocio con otros individuos quienes también se identificaron como tales, quienes habrían detenido a las víctimas bajo el argumento de que los conducirían a una estación de policía para verificar antecedentes penales.

Las circunstancias y los móviles de la muerte de las cinco personas y de las dos que lograron sobrevivir, resulta desde cualquier punto de vista arbitrario y antijurídico, por decir lo menos, comoquiera que se ultimó sin fórmula de juicio a unos inermes ciudadanos que si bien podrían —llegado el caso—, ofrecer peligro para la comunidad, dado su consumo de alucinógenos, no por ello merecían que se les impusiera la pena de muerte ni cualquier otro castigo que atentara contra su existencia y/o dignidad, menos aún cuando a la ejecución de tales hechos se procedió de manera extrajudicial y con total desconocimiento del derecho fundamental del debido proceso, por cuanto corresponde al juez competente después de examinar la conducta del sindicado, decidir si hay lugar, o no, a imponer alguna pena y en modo alguno a la fuerza pública, pues no debe olvidarse que los detenidos gozan de derechos consagrados no solamente en la Carta Política y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado colombiano hace parte, sino también en los propios reglamentos establecidos en la institución policiva. En efecto, en el artículo 141 de la Resolución 9960 de 13 de noviembre de 1992, se establecen los preceptos relacionados con la conducta que deben asumir los agentes del orden con los retenidos:

“1. No hacer uso de la fuerza o de las armas innecesariamente o en forma imprudente.

“2. Entregar al detenido capturado a la autoridad competente.

“3. El detenido está bajo la exclusiva responsabilidad de quien tiene el encargo de su custodia o traslado.

“4. Registrar al individuo minuciosamente, el policía debe estar siempre en condiciones ventajosas para repeler cualquier agresión con seguridad y energía.

“(...).

“6. Si la persona no ofrece peligrosidad hacer el traslado, lo más discretamente posible.

“7. Si se trata de menores, mujeres, ancianos o enfermos, guardar todas las consideraciones que merecen, sin descuidar las medidas de seguridad.

“8. Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego solo pueden emplearse contra fugitivos cuando este las use para facilitar o proteger su fuga.

Ahora bien, dados los supuestos fácticos que rodean el asunto objeto de análisis, resulta pertinente precisar el contenido y alcance de los parámetros del deber de protección de las personas privadas de la libertad, respecto del derecho a la vida, por parte de las autoridades públicas.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, señaló:

“(...) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(4). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

“Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

(...).

“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(5). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(6). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”(7).

En relación con la protección del derecho a la vida por parte de las autoridades pertenecientes a los estados miembros de la Convención americana de derechos humanos(8), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

“La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4º, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención americana, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no solo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(9).

Ya esta Sala del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la sola conducta delictiva de una persona no le da derecho a los miembros de los cuerpos armados del Estado para quitarle la vida. Al respecto, en sentencia del 10 de abril de 1997 (Exp. 10.138) expresó:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: “El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo”. Y Federico Hegel resaltó: “El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo”.

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta.

“Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato”.

El anterior criterio jurisprudencial resulta congruente con lo dicho por la Sala respecto del fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

“(...).

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.

“Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, solo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero”(10).

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción, entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Al respecto, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado, salvo en los casos en que éste haya ocurrido por una causa extraña, cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(11).

En esa misma providencia se reafirmó, por parte de esta Sección, que la relaciones de especial sujeción respecto de las personas privadas de la libertad encuentran su ratio y fundamento, simple y llanamente, en la Constitución y la ley. Al respecto se puntualizó:

“Es esa la razón que justifica la existencia de las autoridades, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política, al señalar:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

“Debe anotarse que, tanto en las relaciones de especial sujeción respecto de reclusos, como en los deberes de seguridad y protección de las personas que dimanan de la Constitución y la ley, la Corte Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de Estado(12), han determinado que el Estado se encuentra en posición de garante”(13).

En este orden de ideas resulta forzoso concluir que en el caso que ahora se resuelve en segunda instancia se configuró una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, pues varios de sus integrantes participaron en la planeación y ejecución de la muerte del señor Milthon Delgado Montenegro en su condición de agentes, en servicio activo, de la demandada Policía Nacional, no obstante lo cual el hecho estuvo alejado del cumplimiento de sus deberes oficiales y de estarlo se produjo por una falla en el servicio, pues la víctima fue ejecutada en estado de indefensión y por lo tanto en forma arbitraria, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.

Aunado a ello, debe tenerse presente que el respeto a la vida y a la integridad personal, como derechos fundamentales de primer orden, son responsabilidad esencial del Estado, de suerte que la obligación primaria de las autoridades es la de proteger la vida y la integridad de todos los residentes en el país, sin hacer distinciones de ningún orden, derechos que encuentran protección no solo en el ámbito interno sino en el orden internacional a través de organismos como la Convención interamericana de derechos humanos, de la cual Colombia es parte integrante.

En efecto, la Sala, en recientes pronunciamientos, ha tenido la oportunidad de precisar que el Estado colombiano no puede ser ajeno y mucho menos sustraerse al compromiso ineludible contraído frente a la comunidad internacional, de velar por la protección de los derechos humanos. Así, en sentencia de 24 de julio de 2013, señaló:

“Así, cuando es el mismo Estado —entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza—, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano, se quebranta el principio basilar del Estado social de derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, ya que actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.

(...).

En consecuencia, nada resulta más perverso y oprobioso que el empleo de la fuerza pública y de los medios e instrumentos puestos a su servicio con fines ajenos a la protección de los derechos de los asociados, máxime cuando su objetivo constituye el desconocimiento y la supresión de las garantías fundamentales, específicamente el derecho a la vida y a la integridad personal.

En consecuencia, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que se parte del principio de excepcionalidad en su uso y, por ende, los agentes de los estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta Política y en la legislación especial que rige la materia, sin que puedan invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal, en aquellos eventos en que su conducta es constitutiva de crímenes o delitos de lesa humanidad, de guerra o, en general, de cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos, y en particular, contra la dignidad”(14).

Así las cosas, teniendo en cuenta que el joven Milthon Jeffrey Delgado Montenegro fue ejecutado en estado de indefensión y, mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Estado, esta Subsección revocará la sentencia apelada en cuanto denegó las pretensiones del libelo demandatorio.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

Dentro del acervo probatorio obran los respectivos registros civiles de nacimiento del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro (fallecido), en el cual se dejó constancia de que los padres del occiso eran los señores Álvaro Hugo Delgado Murcia y María del Carmen Montenegro Castillo; además los registros civiles de nacimiento de los señores Elizabeth Tatiana (hermana), Hermes (hermano), Isis Liseth Delgado García (hermano), Joffrey Homero (hermano), Hugo Milfred y Norma Yinneth Delgado Montenegro (hermano), Jazmín Delgado Cabrera (hermana), constituyen prueba suficiente para tener por acreditada la relación de parentesco y/o vínculos entre la mencionada fallecida y sus familiares.

A su turno, con la simple acreditación de la relación de parentesco, así como con los registros civiles de nacimiento, se presume que tanto los padres como los hermanos del occiso sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado del fallecimiento de su hijo y hermano. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(15) y de las reglas de la experiencia, será posible inferir que los actores han sufrido el perjuicio alegado.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Álvaro Hugo Delgado Murcia (Padre)100 SMLMV
María del Carmen Montenegro Castillo (Madre)100 SMMLV
Hugo Milffred Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV
Elizabeth Tatiana Delgado García (Hermana)50 SMMLV
Hermes Delgado García (Hermano)50 SMMLV
Isis Lizeth Delgado García (Hermana)50 SMMLV
Jofrey Homero Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV
Jazmín Delgado Cabrera (Hermana)50 SMMLV
Norma Yineth Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV

4.2. Perjuicios materiales.

4.2.1. Daño emergente.

En el libelo demandatorio se solicitó lo siguiente:

“... condenar a la Nación colombiana (Ministerio de la Defensa Nacional-Policía Nacional) a pagar a favor de los demandantes el valor de todos los perjuicios tanto materiales (daño emergente y lucro cesante) como morales, debidamente indexados así: para Álvaro Hugo Delgado Murcia y María del Carmen Montenegro Castillo, la suma de $ 73.808.306,18 m/cte. como perjuicios materiales consolidados que resultan de la aplicación de las fórmulas que nos proporciona la matemática financiera, y el equivalente a 3.000 gramos de oro puro de acuerdo al valor de venta que certifique el Banco de la República en el momento del pago, como perjuicios morales para cada uno de ellos en su condición de padres de Milthon Jeffrey Delgado Montenegro; para Hugo Milfred Delgado Montenegro, Elizabeth Tatiana Delgado García, Hermes Delgado García, Isis Liseth Delgado García, Jazmín Delgado Cabrera y Norma Yinneth Delgado Montenegro, el equivalente a 3.000 gramos de oro puro de acuerdo al valor de venta que certifique el Banco de la República en el momento del pago, como perjuicios morales para cada uno de ellos en su condición de hermanos de Milthon Jeffrey Delgado Montenegro (...)” (se resalta).

Por su parte, en el acápite de estimación razonada de la cuantía se indicó que dichos perjuicios ascendían a $ 36.036.935,97.

Pues bien, al examinar las pretensiones de la demanda esta Subsección observa que si bien solicitó indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, lo cierto es que en el libelo demandatorio no se especificaron los gastos o erogaciones en los cuales habría incurrido dicha parte por razón de los hechos materia de su demanda.

Ahora bien, en gracia de discusión dado el caso en que la parte actora hubiere especificado los gastos en que incurrió con ocasión del hecho dañoso, tampoco habría lugar a reconocer indemnización alguna por dicho concepto, comoquiera que dentro del caudal probatorio no existen elementos probatorios que acrediten la causación de dicho perjuicio.

4.2.2. Lucro cesante.

La Sala se ocupará de la solicitud de indemnización de los perjuicios correspondientes al rubro de lucro cesante a favor de los padres de la víctima directa del daño, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que las declaraciones de los señores Alba Luz Molina Valenzuela, Santiago Villareal Cuéllar y Luis Neftalí Hernández Cuéllar, quienes coincidieron en afirmar que el señor Delgado Montenegro se dedicaba al oficio de la fotografía y que parte de sus ingresos los destinaba a la manutención y/o sostenimiento de sus padres.

Al respecto, debe predicarse que, como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta corporación, frente al reconocimiento de este perjuicio se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco (25) años, en consideración “... al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(16).

En el caso concreto se demostró que el joven Milthon Jeffrey Delgado Montenegro falleció antes de cumplir la edad de 25 años(17) y además no tenía hijos ni vínculo marital alguno, razón por la cual habrá lugar a reconocer el lucro cesante en favor de los padres de la víctima, en partes iguales, por el período comprendido entre la fecha de la ocurrencia del hecho (dic. 19/94) y la época en la cual hubiere cumplido los 25 años de edad (feb. 18/2001), es decir por 74 meses.

Esta Subsección infiere que el señor Delgado Montenegro devengaba al menos un salario mínimo legal mensual vigente en el año de 1994 por la actividad de fotografía, esto es el monto de $ 98.700.

Actualización de la base:

F1S1995-08327
 

RA = $ 98.700 x 2.3201 = $ 228.993, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará el último de ellos para la liquidación, adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja un valor de ($ 770.000); a esta cifra se le descontará un 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($ 192.500). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima percibía unos ingresos mensuales por valor de $ 577.500.

Así las cosas, la liquidación se realizará con fundamento en los siguientes parámetros:

F2S1995-08327
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 577.500

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho dañoso (diciembre 19 de 1994) hasta la fecha en la cual habría cumplido los 25 años (feb. 18/2001), esto es 74 meses.

F3S1995-08327
 

S = $ 577.500 x 88.823520

S = $ 51.295.582

Total perjuicios materiales: $ 51.295.582, es decir la suma de $ 25.647.791, para cada padre de la víctima.

5. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Huila el 23 de septiembre de 2004, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por el fallecimiento del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, como consecuencia del fallecimiento del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro:

Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Álvaro Hugo Delgado Murcia (Padre)100 SMLMV
María del Carmen Montenegro Castillo (Madre)100 SMMLV
Hugo Milffred Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV
Elizabeth Tatiana Delgado García (Hermana)50 SMMLV
Hermes Delgado García (Hermano)50 SMMLV
Isis Liseth Delgado García (Hermana)50 SMMLV
Jofrey Homero Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV
Jazmín Delgado Cabrera (Hermana)50 SMMLV
Norma Yinneth Delgado Montenegro (Hermano)50 SMMLV

Por perjuicios materiales (lucro cesante): la suma de $ 25.647.791, para cada uno de los padres de la víctima.

2. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con lo indicado en el registro civil de defunción del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, se tiene que el fallecimiento del citado ciudadano acaeció el día 19 de diciembre de 1994.

(2) No sobra recordar que la sentencia absolutoria que profirió el referido presidente del segundo consejo verbal de guerra, fue confirmada por el Tribunal Superior Militar mediante providencia de 20 de febrero de 1997.

(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 29 de enero de 2009. Expediente 16.975.

(4) Sentencia T-590 de 1998.

(5) Sentencia T-265 de 1999.

(6) Ídem. En igual sentido T-208 de 1999.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.

(8) En ese mismo sentido, el comité de derechos humanos, creado por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, ha señalado:

“[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto internacional de derechos civiles y políticos] es de suprema importancia. El comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no solo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades” ([1] Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1).

(9) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la masacre de Pueblo Bello, caso del Penal Castro Castro, y caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, Expediente 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008. Expediente 16.996.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008. Expediente 16996, C.P. Enrique Gil Botero.

(12) En sentencia del cuatro de octubre de 2007, Expediente: 15.567, la Sala estableció: “... En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que aquel asumió posición de garante frente a la integridad del ciudadano”.

“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2008. Expediente 16.996, M.P. Enrique Gil Botero.

(14) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 24 de julio de 2013. Expediente 26.250.

(15) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(16) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, Expediente 5666, reiterada en sentencia de 23 de junio de 2010, Expediente 18.570, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada por la Subsección A en sentencia de febrero 9 de 2011, Expediente 19.615.

(17) Según la copia auténtica de su registro civil de nacimiento, la víctima nació el 18 de febrero de 1976 (fl. 14, cdno. 1), es decir que cumpliría los 25 años de edad el 18 de febrero de 2001.