Sentencia 1995-08447 de octubre 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 410012331000199508447 – 01 (25.876)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Demandante: Luz Betty García Rojas

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, proferida el 30 de abril de 2003, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2003, por el Tribunal Administrativo del Huila, comoquiera que la demanda se presentó el 14 de diciembre de 1995 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $46’000.000 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $9’610.000.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria Nº 200-0048069, correspondiente al bien inmueble ubicado en la calle 5ª Nº 23-51 en el que aparece como propietaria la señora Luz Betty García Rojas(18).

— Copia auténtica de la escritura pública Nº 499 del 17 de febrero de 1990, elevada ante el notario segundo del Círculo Notarial de Neiva, mediante la cual se perfeccionó la venta de un bien inmueble ubicado en la calle 5ª Nº 23-51 de la ciudad de Neiva entre los señores Miguel Ángel Córdoba Uribe (vendedor) y Luz Betty García Rojas y María Eugenia García Villarraga (compradoras)(19).

— Copia auténtica del oficio Nº CPS-000037 del 11 de enero de 1994(20), emitido por la Caja de Previsión Social del Banco de la República, que se envió a la dirección correspondiente al predio objeto de la litis, mediante el cual se le informó al señor Miguel Ángel Córdoba Uribe:

“Nos permitimos comunicarle que de acuerdo con el numeral XIII del reglamento para préstamos de vivienda vigente, el saldo de su obligación hipotecaria a favor de esta entidad deberá ser cubierto dentro de los 180 días siguientes a su retiro del servicio del banco, esto es no más allá del 18 de junio de 1994.

El saldo a diciembre 30/93 asciende a la suma de $1.500.000 por concepto de capital y de $96.504 por intereses.

La tasa de interés pasa a ser del 24% lo cual implica que la cuota mensual que usted venía cubriendo se eleva a $36.194, pago que deberá efectuarse directamente en la Caja de Previsión Social o por intermedio del Banco de la República, sucursal Neiva, en los primeros diez (10) días de cada mes. Así mismo, las cuotas correspondientes a los seguros de vida e incendio que genera este préstamo, deberán ser canceladas conjuntamente en la cuota de vivienda de acuerdo a la información que se le suministrará en la sucursal”.

— Copia auténtica del oficio Nº 293 del 15 de junio de 1994, mediante el cual el Banco de la República le informó a la señora Luz Betty García que “a solicitud de la Caja de Previsión del Banco de la República atentamente nos permitimos recordarle que el plazo de vencimiento para el pago de la obligación hipotecaria vigente, del señor Miguel Ángel Córdoba Uribe, con dicha entidad, se vence el próximo 18 de junio de 1994. Por tal motivo, le solicitamos su cancelación lo antes posible”(21).

— Copia auténtica de los recibos de consignación emitidos entre el 21 de febrero y el 10 de mayo de 1994, por un valor total de $95.627, a nombre de la señora Luz Betty García Rojas por concepto de pago de las cuotas correspondientes al crédito hipotecario tomado por el señor Miguel Ángel Córdoba Uribe(22).

— Copia auténtica de la providencia del 12 de julio de 1995(23), proferida por la Fiscalía Décima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, mediante la cual se calificó el mérito de las investigaciones previas adelantadas contra el señor Miguel Ángel Córdoba Uribe, por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y el patrimonio económico; en la mencionada providencia se indicó:

“(...).

Que efectuada la correspondiente investigación administrativa se concluyó que durante los años 1991, 1992 y 1993, el señor Córdoba Uribe ‘con el propósito de obtener la liquidación parcial de sus cesantías’ presentó al banco dentro de la documentación exigida certificados de libertad adulterados, pues no aparecía en ellos registrada la venta del inmueble efectuada desde el 17 de febrero de 1990 a las personas antes citadas, además de los actos que con posterioridad recayeron sobre el mismo inmueble y que aparecen en el certificado expedido por el Banco de la República (fls. 7 y 8, cdno. original), tratando de demostrar de esta manera una supuesta propiedad donde realizaría las reparaciones locativas con el auxilio solicitado.

(...).

El despacho, al compartir en su integridad las valiosas apreciaciones que sobre la tipicidad de la conducta de Córdoba Uribe, hizo en su escrito el señor apoderado que representa los intereses del Banco de la República, señala como cargos para efectos de la acusación, los siguientes:

Falsedad material de empleado oficial en documento público, sustentada de acuerdo con el material probatorio allegado, en cuanto a la efectiva participación de un empleado oficial perteneciente a la oficina de registro de instrumentos públicos con sede en Neiva, materializándose el acto falsario en la exclusión de las anotaciones pertinentes a los actos jurídicos que se realizaron frente al inmueble a partir de febrero de 1990, en que se registra la venta que efectuó a las señoras García, con la pretensión de engañar al banco donde prestaba sus servicios y obtener el pago de sus cesantías parciales durante tres años sucesivos, constatándose por la fiscalía los vestigios de las maniobras utilizadas para tal fin, concretamente la colocación de papel adhesivo sobre las anotaciones que fueron excluidas sobre los certificados, documentos que no obstante su manipulación, conservaron su actitud probatoria. La equiparación de determinador Córdoba Uribe en el rango de autor, es de acuerdo con el artículo 23 del Código Penal para efectos punitivos, la que ciertamente está concebida conforme el análisis de la carta manuscrita presentada a la gerencia del banco el día 7 de diciembre de 1993, de la que se desprende un convenio o medio idóneo materializado en dinero, factor de influencia hacia el empleado oficial que materialmente se encargó de la adulteración de los certificados”.

— Copia auténtica de la providencia del 30 de agosto de 1996, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Neiva(24), contra el señor Miguel Ángel Córdoba Uribe por la comisión de los delitos falsedad en documento público, uso de documento público falso, falsedad material en documento privado en concurso heterogéneo con el delito de Estafa; en la mencionada sentencia se indicó:

“(...).

Entonces la responsabilidad de Miguel Ángel Córdoba Uribe en la comisión de este hecho punible, se entiende que fue en calidad de determinador, como acertadamente lo ha considerado la fiscalía en su calificatorio, lo cual se deduce de la aceptación que él mismo hizo en la carta manuscrita que envió a la gerente del Banco de la República de fecha 7 de diciembre de 1993, allegada a folios 9 a 11 a través de la cual reconoce que ‘una persona se ofreció a ayudarme a conseguir un certificado de registro sin que apareciera la venta y que voluntariamente le diera algo en pago de mis cesantías (...) en el año de 1992 recurrí a la misma persona para obtener el certificado (...)’.

Es que aun cuando el abogado defensor del procesado alegue que no está probado que su defendido fue quien indujo al autor material para la falsificación del documento, que porque no puede suponerse que como era él quien se beneficiaba y que fue él quien lo usó, se deduce entonces que él determinó la falsedad y pinta algunas posibilidades que pueden haberse dado, como que otras personas pueden haber influido en la mente y voluntad del empleado de la oficina de registro.

Pero resulta que aunque es un hecho cierto que la manifestación manuscrita de Córdoba Uribe no puede considerarse como confesión judicial, por no haber sido hecha con las formalidades legales exigidas, se considera entonces que estamos ante una confesión extrajudicial que se podría tener como un simple indicio de responsabilidad pero al llenar otros requisitos como el de la autenticidad, puede tenerse como plena prueba (...).

Con respecto al delito de estafa, que tipifica el artículo 356 del Código Penal, el factor objetivo o materialidad de esta infracción se ha establecido que la comprobación del engaño de que fueron víctimas las señoras García Rojas, ya que logró el acusado Córdoba Uribe ocultarles la existencia del gravamen que tenía vigente con la Caja de Previsión Social del Banco de la República, lo cual se desprende en primer lugar del contenido de la escritura Nº 499, por medio de la cual les transfirió en venta el inmueble objeto de la misma, puesto que en dicho instrumento público solamente se relacionó el gravamen hipotecario de la Corporación Granahorrar por la suma de $770.000.

En segundo lugar, ellas Luz Betty García Rojas y María Eugenia García de Villarraga han sido enfáticas al sostener que cuando hicieron el negocio de la casa solo existía una hipoteca y así quedó consignado en la escritura Nº 499 del 17 de febrero de 1990; que siempre confiaron en la buena fe de Córdoba Uribe; que se enteraron de dicha hipoteca de la Caja de Previsión del Banco en el mes de febrero de 1994 por una carta que el banco le envió a la casa dirigida al señor Córdoba a través de la cual le comunicaron la obligación por $1.500.000 más los intereses.

(...).

En estas condiciones, también ha sido hallado Córdoba Uribe responsable del hecho punible de estafa, porque como acertadamente lo ha considerado el apoderado de la parte civil con la comisión de los delitos de falsedad y uso de los documentos públicos y privados, conductas autónomas, estaban dirigidos a obtener un provecho ilícito, por un lado para recibir el auxilio de cesantía y por otra defraudar a las compradoras al ocultarles la existencia del gravamen vigente con la Caja de Previsión Social del Banco de la República, o sea que el interés jurídico tutelado por la norma se lesionó sin justa causa por parte de Córdoba Uribe al incumplir el deber legal de abstenerse de engañar a las compradoras de buena fe, obteniendo como ya lo anotamos un provecho, obrando en forma dolosa, pues tenía capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de autodeterminarse, queriendo libremente la realización de la conducta estafadora.

(...).

Indemnización de perjuicios.

(...).

Para la señora Luz Betty García Rojas:

Por concepto de perjuicios materiales, tomando el despacho la tasación realizada por el perito y actualizándola a la época actual con la información suministrada por el DANE y teniendo en cuenta además el saldo actual de la deuda con respecto al crédito que le hizo la Caja de Previsión Social del Banco de la República al señor Córdoba Uribe cuyo gravamen ocultó este acusado a la compradora, y por ello le ha tocado cancelar algunas sumas de dinero y a la vez se le ha iniciado juicio ejecutivo hipotecario, estando por lo tanto en peligro de perder el inmueble, y por consiguiente se perfila un perjuicio futuro indemnizable, como bien lo considera el señor perito, conceptos éstos de difícil valoración pecuniaria, como también lo es el lucro cesante, recurre el despacho a lo previsto en el artículo 107 del Código Penal, y entonces señala el monto de estos perjuicios en el valor equivalente que en moneda nacional tengan a la ejecutoria de este fallo, un mil (1000) gramos oro.

Ahora por concepto de perjuicios morales que igualmente debe indemnizar el procesado a favor de la perjudicada García Rojas, por todas las angustias vividas a partir del momento en que se enteró del engaño de que había sido víctima por parte de Miguel Ángel, la preocupación y desvelo, pensando que se encontraba en riesgo de perder no solo sus ahorros que había invertido en la compra de la vivienda para sus hijos, considerándose que uno de los anhelos más grandes que puede tener una madre de familia y que además carece de otra vivienda son razones suficientes para que el despacho estime el monto de estos perjuicios en el valor equivalente en moneda nacional que tenga a la ejecutoria de este fallo quinientos (500) gramos oro (art. 106, C.P.)”.

— Copia auténtica del proceso ejecutivo hipotecario que adelantó el Juzgado Quinto Civil del Circuito contra los señores Miguel Ángel Córdoba Uribe y Luz Betty García Rojas por el incumplimiento en el pago de la obligación crediticia asumida por aquel ante la Caja de Previsión Social del Banco de la República(25).

3. Los hechos probados y lo que se debate.

En el expediente se encuentra plenamente acreditado que con maniobras fraudulentas el señor Córdoba Uribe le vendió a las señoras Luz Betty García Rojas —hoy demandante— y María Eugenia García Villarraga un predio ubicado en la ciudad de Neiva en el mes de febrero de 1990. En el año de 1991, la demandante le compró a la señora García Villarraga su parte del predio y se hizo enteramente a la propiedad.

Posteriormente, en enero de 1994 la demandante recibió en su dirección una comunicación que le envió la Caja de Previsión Social del Banco de la República en el que se le informaba al señor Córdoba Uribe —vendedor original— de la mora en el pago de un crédito hipotecario sobre la vivienda que previamente había sido enajenada, anunciándole además la posibilidad de que se iniciara un cobro judicial de dicha deuda.

En el plenario se acreditó, igualmente, que el señor Córdoba Uribe incurrió en el delito de estafa en la venta que le realizó a las señoras García Rojas y García Villarraga, puesto que, mediante la adulteración del certificado de libertad y tradición del predio en venta, engañó a las compradoras al hacerles pensar que solo existía una hipoteca que gravaba el bien a favor de la Corporación Granahorrar, a pesar de que existía otra obligación similar —pero en segundo grado— a favor de la Caja de la Caja de Previsión Social del Banco de la República; así lo reconoció el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Neiva en sentencia del 30 de agosto de 1996, en la que además se le condenó por la comisión de diversos delitos contra la fe pública y el patrimonio económico cometidos contra el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro, así como al pago de los perjuicios materiales y morales causados a la parte civil.

En criterio de la parte actora, se comprometió la responsabilidad administrativa de las entidades públicas en la medida en que: i) la estafa de que la fue sujeto pasivo se configuró a partir de la presunta participación de un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro, encargado de adulterar el referido certificado de libertad y tradición; y, ii) tanto el Banco de la República como la Caja de Previsión Social de dicha entidad omitieron la realización de los controles pertinentes para evitar el desembolso parcial de las cesantías que el señor Córdoba Uribe cotizó como empleado del Banco de la República.

4. La caducidad de la acción incoada.

Tal y como se viene de reseñar, la parte actora fincó sus pretensiones en el hecho de que, por la comisión de una conducta fraudulenta de un funcionario indeterminado de la Superintendencia de Notariado y Registro, el señor Córdoba Uribe la estafó al encubrir la existencia de una hipoteca de segundo grado que gravaba el bien que adquirió mediante la escritura pública Nº 499 del 17 de febrero de 1990; según sus propias afirmaciones, la demandante tuvo conocimiento de la existencia de ese crédito 4 años después de dicho negocio jurídico, esto es en febrero de 1994 al recibir una comunicación de la Caja de Previsión Social del Banco de la República que le informaba al señor Córdoba Uribe de la mora en el pago de las obligaciones previamente adquiridas con dicha entidad amparadas con una garantía real sobre el predio que adquirió de buena fe la señora García Rojas.

La jurisprudencia constante de la Sala(26) ha señalado que la interpretación de la regla consagrada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según la cual la caducidad de la acción de reparación opera al cabo de transcurridos “dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, se debe entender en el sentido de la concurrencia de dos situaciones: el acaecimiento del hecho y el conocimiento por parte de la persona que considera afectados sus derechos por el hecho, omisión u operación administrativa. En caso de que ambas situaciones se presenten de manera concomitante, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia, en caso contrario se deberá tener en cuenta la fecha en que la presunta víctima tuvo conocimiento del hecho, omisión u operación administrativa.

En esta misma línea argumentativa, la Sala ha afirmado:

“(...) debido a la complejidad de las relaciones sociales, no siempre se puede determinar con precisión la fecha del hecho dañoso, o si fue uno solo el causante del mismo, o si, por el contrario, obedeció a una multiplicidad de causas. Así las cosas, se ha sostenido que en algunos eventos el término de caducidad debe ser contabilizado a partir de la fecha en la que los actores tuvieron conocimiento del suceso que produjo el daño. Así ocurre en los casos en los que no se puede determinar con exactitud la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, en los que el término de caducidad debe ser computado a partir del momento en que se tenga pleno conocimiento de la lesión a un bien o interés jurídico y, principalmente, desde cuando se tiene certeza de la entidad del mismo, toda vez que en estos eventos, si bien se conoce el hecho que produjo el daño, al no tener certeza sobre la lesión misma, se imposibilita hacer conciencia de la relación entre ambos y, a su vez, el interesado no tiene los elementos fácticos necesarios para establecer una conexión entre el daño y su causa. En ese orden de ideas, al tratarse de casos relacionados con daños que solo se conocen de forma certera y concreta con el paso del tiempo y con posterioridad al hecho generador, en aras de la justicia, se impone contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño”(27).

Pues bien, teniendo en cuenta que la parte actora centró sus pretensiones resarcitorias en el hecho de que debido a la conducta delictiva del señor Córdoba Uribe, quien con la ayuda al parecer de un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro, adulteró el certificado de libertad y tradición del inmueble objeto de la compraventa en la que la señora García Rojas actuó como compradora y que, por tal razón, le fue imposible conocer la existencia de la hipoteca de segundo grado constituida a favor de la Caja de Previsión Social del Banco de la República, de lo cual se derivaron unos perjuicios materiales y morales, al verse compelida a pagar el referido crédito hipotecario e incurrir en gastos judiciales, para la Sala resulta pertinente iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa a partir del momento en que la demandante tuvo o debió tener conocimiento de la irregularidad en la venta, es decir desde que se percató o debió percatarse de la existencia del gravamen hipotecario encubierto.

A primera vista, se podría afirmar, tal y como lo hizo el tribunal a quo, que dicho conocimiento se dio en el momento en que la demandante recibió la misiva que envió la Caja de Previsión Social del Banco de la República en el que se indicó tanto la existencia de la obligación pecuniaria como su exigibilidad; sin embargo, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que, según consta en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien objeto de la litis(28), el 20 de septiembre de 1991, se inscribió la escritura pública Nº 989, del 7 de septiembre de ese año, mediante la cual se perfeccionó la venta del 50% del predio en cuestión por parte de la señora María Eugenia García Villarraga a favor de la señora Luz Betty García Rojas.

En otras palabras, si bien es cierto que al momento de la compraventa que celebró el señor Córdoba Uribe resultaba imposible conocer la existencia de la tantas veces mencionada hipoteca de segundo grado sobre el bien inmueble en cuestión, puesto que justamente en ello consistió la conducta delictiva del vendedor, no lo es menos que en septiembre de 1991, al momento en que la demandante adquirió el 50% restante del predio, ella tuvo la oportunidad de conocer la existencia del referido gravamen, en la medida en que en dicho negocio jurídico o en su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria —es lo que se puede colegir de los medios de prueba allegados al expediente— no intervino en manera alguna el señor Córdoba Uribe, como tampoco pudo haber desplegado su conducta dolosa para evitar dicho conocimiento.

En criterio de la Sala el ordenamiento jurídico exige un mínimo de diligencia de la parte de las personas que intervienen en el tráfico jurídico con miras a adquirir o enajenar sus bienes, en virtud de la cual se le imponen a los particulares unas cargas concretas, entre las cuales se encuentra, sin lugar a dudas el conocimiento, en condiciones de normalidad y siempre respetando la presunción de buena fe que rige las relaciones entre particulares y el Estado, de la situación jurídica del bien que se va adquirir o enajenar, según el caso, carga que a su vez se encuentra sustentada en el principio general del derecho según el cual nadie puede alegar su propia culpa(29).

En este sentido, y sin que ello implique el análisis de fondo de la demanda impetrada, resulta pertinente traer a colación lo que la Sala ha afirmado al analizar la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos ocasionados con ocasión de la actividad registral, en el sentido de que para que prosperen las pretensiones resarcitorias “el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha debido observar con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos ‘mediante una prudente constatación del estado jurídico’(30) del inmueble que pretendió adquirir, hipotecar, embargar, etc., de modo que exista certeza de que el daño surgió, precisamente, de la información errónea proporcionada al usuario a través de los certificados que sobre los bienes raíces expide la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos” y ha concluido que “para que se configure la responsabilidad del Estado no es suficiente con acreditar la falla en la prestación del servicio público registral, sino que es necesario, además, demostrar que el daño alegado tuvo origen en una conducta —activa o de omisión— de la administración; en otras palabras, ‘la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios’ y, ‘por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración’” (negritas por fuera del texto)(31).

En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que el ordenamiento jurídico impone una carga de diligencia a quien interviene en el tráfico jurídico para adquirir o enajenar bienes inmuebles, que establece una presunción de conocimiento de la situación jurídica del bien inmueble que se adquiere o enajena —la que, sin duda, puede ser desvirtuada si se acredita la ocurrencia de alguna situación que pueda enervar dicho conocimiento—; así las cosas, se reitera, si bien la conducta delictiva del señor Córdoba Uribe le impidió a la demandante conocer la situación jurídica del bien inmueble que adquirió junto con la señora García de Villarraga, dicho desconocimiento no es predicable del momento en que esta vendió a aquella el 50% del bien, momento en el cual —en septiembre de 1991— se hizo evidente para la actora la existencia de la hipoteca de segundo grado a favor de la Caja de Previsión Social del Banco de la República, circunstancia que permitió conocer de la existencia del daño y de los perjuicios cuyo reconocimiento se pretende en este proceso.

En conclusión, para la Sala en el sub lite se configuró el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa incoada, por cuanto su término de caducidad se debe computar a partir de la inscripción de la escritura pública Nº 989 del 7 de septiembre de 1991, esto es el 20 de los mismos mes y año, culminando en septiembre de 1993, fecha muy anterior a la de la presentación de la demanda el 15 de diciembre de 1995, razón por la cual la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar la configuración de la caducidad de la acción incoada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra pertinente resaltar que el resarcimiento de los perjuicios que la parte actora pretende obtener mediante la demanda de reparación directa que se decide en esta oportunidad ya fue reconocido por la jurisdicción penal en el juicio que se le siguió al señor Córdoba Uribe por los hechos que ahora se le endilgan a las entidades públicas demandadas, proceso penal en el que intervino como parte civil la señora Luz Betty García Rojas —hoy demandante— y en el que le fueron directamente reconocidos, por un lado, el equivalente a mil gramos oro por concepto de perjuicios materiales —rubro que incluyó expresamente “el saldo actual de la deuda con respecto al crédito que le hizo la Caja de Previsión Social del Banco de la República al señor Córdoba Uribe cuyo gravamen ocultó este acusado a la compradora, y por ello le ha tocado cancelar algunas sumas de dinero y a la vez se le ha iniciado juicio ejecutivo hipotecario, estando por lo tanto en peligro de perder el inmueble, y por consiguiente se perfila un perjuicio futuro indemnizable”(32)— y, por el otro, el equivalente a 500 gramos oro, a título de perjuicios morales.

4. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el día 30 de abril de 2003, la cual quedará así:

“1. Declárase probada la caducidad de la acción de reparación directa incoada.

2. Deniéganse las pretensiones de la demanda”.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) Fls. 174 a 175, cdno. 1.

(19) Fls. 11 a 15, cdno. 1.

(20) Fl. 16, cdno. 1.

(21) Fl. 19, cdno. 1. Dicha solicitud se reiteró en oficio del 22 de junio de 1994, informándole a la señora García Rojas de la inminencia de un cobro judicial (fl. 20, cdno. 1).

(22) Fls. 23 a 26, cdno. 1.

(23) Fls. 27 a 32, cdno. 1.

(24) Fls. 341 a 390, cdno. ppal. Allegada al expediente por la parte actora, en respuesta al auto del 12 de julio de 2013 (fls. 334 a 336, cdno. ppal.), en el que se le solicita que provea información acerca del proceso penal cuyas copias fueron solicitadas en esta instancia mediante auto del 29 de abril de 2013 (fls. 309 a 315, cdno. ppal.).

(25) C. 3 a 5.

(26) Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 2008, Exp. 16.922, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de julio de 2011, Exp. 41037, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 21906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de enero de 2014, Exp. 28980.

(28) Según consta en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, fls. 174 a 175, cdno. 1.

(29) De obligatoria aplicación según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, por cuya virtud: “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15704, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 18 de 2002, Exp. 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Cf. también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, Exp. 26829, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(32) Fls. 386 a 388, cdno. ppal.