Sentencia 1995-08503 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 41001 23 31 000 1995 08503 01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Interno: 25880

Ref.: Acción de reparación directa

Actor: Ciro Jaime Luna Losada

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Transporte - Municipio de Pitalito

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

I. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia(10).

II. Asunto previo - Impedimento

Comoquiera que, mediante auto de 28 de octubre de 2011 (fls. 283 a 285, cdno. ppal.), se aceptó el impedimento manifestado por el doctor Mauricio Fajardo Gómez para conocer del proceso de la referencia, se deja constancia de que no participa ni interviene en la decisión que se adopta en la presente providencia.

III. Análisis de la Sala

En el presente asunto, el actor atribuye una falla por omisión en la prestación del servicio imputable a la parte demandada, fundamentalmente al municipio de Pitalito, por haber matriculado con documentos falsos un vehículo que había sido hurtado en Bogotá y que fue objeto de regrabación o remarcación de chasis por terceras personas, circunstancia que, afirma, le produjo una serie de perjuicios cuando la Sijín de la Policía Nacional le retuvo el automotor.

Con fundamento en las pruebas obrantes dentro del proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos(11):

1. El 8 de febrero de 1988, el señor Miguel Antonio Buriticá Izaza solicitó al Inspector de Tránsito y Transportes del Municipio de Pitalito el registro de la matricula inicial de un vehículo de las siguientes características (fl. 10, cdno. 1):

“Clase: volqueta

Marca: Chevrolet

Modelo: 1987

Color: Azul bruma

Tipo: Carga

Capacidad: Cinco (5) metros cúbicos

Servicio: Particular

Motor: M703921L86

Chasis: CM703921

Registro de importación: 26551 de junio 29/87”.

Dicho vehículo fue inscrito en el registro nacional automotor el 8 de febrero de 1988 y le fue asignada la placa JZ 5608, tal como consta en el formulario para matrícula inicial 0054002 y en la tarjeta de datos y revisión 1113665, obrantes a folios 15 y 19 del cuaderno 1; para el efecto, el señor Buriticá Izaza presentó, ante el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito —Intra—, la factura de venta 4123 de 13 de enero de 1988, expedida por la compañía Automotora Continautos S.A.(12) (factura que fue confirmada por esta última mediante oficio de 19 de enero de 1988, obrante a fl. 12, cdno. 1).

2. El 16 de diciembre de 1992, el señor Ciro Jaime Luna Lozada —actor en este proceso— adquirió el derecho de dominio del vehículo descrito anteriormente, tradición que le realizó el señor Héctor Díaz Urquina (no hay prueba en el expediente que permita establecer cómo adquirió este último la propiedad del vehículo), la cual fue registrada mediante el formulario único nacional 1162550, presentado ante la Oficina de Transporte y Tránsito de Pitalito (fl. 29, cdno. 1), oficina que expidió la respectiva licencia de tránsito a su nombre (fls. 41 y 42, cdno. 1).

3. El vehículo fue inmovilizado en el municipio de Pitalito por la unidad de automotores de la Sijín del Departamento de Policía de Neiva, pues dicho automotor había sido hurtado en la ciudad de Bogotá y rematriculado con el chasis regrabado y con documentación falsa, hecho que se desprende del Oficio 1213, del 28 de diciembre de 1994, suscrito por el jefe grupo automotores Sijín - Deuil, en el cual se consignó:

“En cuanto a su petición ... de devolver el automotor a su propietario, le informo que hasta la fecha no es factible su devolución ya que en los archivos que reposan en la sección de automotores de la Sijín en Santafé de Bogotá, D.C., aparece el denuncio 5061 del 24-Dic-87 en la unidad judicial de la calle 40, por el delito de hurto cuando portaba las placas FD-1586 siendo denunciante Juvenal Ortiz Oviedo, se está en la espera de conocer que (sic) fiscalía le correspondió el caso mencionado, para lo cual se envió el poligrama 1126 del 28-11-94 y ya se había enviado el poligrama 0866 del 20-sep-94, de los cuales se espera respuesta.

De otra parte le informo, que al reactivar la numeración del chasis de la citada volqueta, dio la numeración 104312 la cual concuerda con la plaqueta de seguridad, siendo estas las numeraciones originales del vehículo; lo anterior significa que el vehículo fué (sic) rematriculado con el chasis regrabado CM703921 y con documentación falsa”(13).

4. Como consecuencia de la inmovilización del vehículo, el jefe de tránsito y transportes del municipio de Pitalito solicitó, al grupo de automotores del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, “información sobre el manifiesto de aduana 57860, con registro de importación 26551, de fecha junio 29 de 1987, factura 4123, del 13-01-88 del Almacén Vendedor Continautos” y expresó que solicitaba tal información con el fin de establecer la “veracidad respecto de la procedencia del citado vehículo que actualmente se encuentra retenido y a órdenes de la Sijín” (fl. 189, cdno. 1).

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra acreditado el daño que sufrió el señor Ciro Jaime Luna Lozada, toda vez que perdió su vehículo, al ser decomisado por el grupo de automotores de la Sijín, por tratarse de un automotor hurtado y rematriculado con documentación falsa.

Constatada la existencia de dicho daño, la Sala abordará el análisis de los demás elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, dirigido a establecer si el mismo deviene imputable o no al extremo demandado.

El procedimiento para la expedición de las licencias de tránsito y el traspaso de vehículos, para la época de los hechos, se encontraba regulado en el Decreto-Ley 1344 de 1970(14) (antiguo Código Nacional de Tránsito), modificado por el Decreto 1809 de 1990 y el Acuerdo 51 de 1993, proferido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Tránsito —Intra—.

El artículo 2º del citado decreto-ley (modificado por D. 1809/90, art. 1º) definía la licencia de tránsito como un “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

Por su parte, el artículo 87 de la misma codificación (modificado por D. 1809/90, art. 1º, num. 75) establecía los datos que debía contener la licencia de tránsito, así:

“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual (sic) fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente”.

En vigencia del anterior Código de Tránsito, la licencia de tránsito —valga el pleonasmo— debía ser solicitada por el propietario del vehículo, según la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito —Intra— (D.L. 1344/70, art. 92; modificado D. 1809/90, art. 1º); por la misma razón, el artículo 73 del Acuerdo 51 de 1993, proferido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Tránsito, que regulaba todos los trámites ante los organismos de tránsito del país, estableció en su inciso primero que el “registro inicial de un vehículo automotor se efectuará ante el organismo de tránsito competente, por el comprador o por quien importe directamente el vehículo (...)”.

Conviene precisar que, respecto del trámite para registrar el traspaso de dominio, el artículo 84 del Acuerdo 51 de 1993 contemplaba que la solicitud debía estar suscrita tanto por el vendedor como por el comprador, con las improntas adheridas y protegidas con lámina transparente autoadhesiva. Decía la norma:

“Para inscribir el cambio de propietario en el registro terrestre automotor, se observará el siguiente trámite:

Presentar la solicitud respectiva en el formulario único nacional ante el organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo, suscrita por vendedor y comprador, con reconocimiento en cuanto al contenido y firma, con improntas adheridas y protegidas con lámina transparente autoadhesiva acompañada de los documentos que a continuación se relacionan:

a) Original de la licencia de tránsito o denuncia por pérdida.

b) Paz y salvo por todo concepto de tránsito.

c) Recibo de pago por concepto de retención en la fuente por parte del vendedor cuando este es una persona natural.

d) Cuando el vendedor o comprador es una persona jurídica, deberá presentar certificado de existencia y representación legal.

e) El pago de los derechos causados a favor del Intra y tránsito.

f) Si el vehículo tiene limitación o gravamen alguno a la propiedad, se debe adjuntar el documento reconocido y autenticado en el que conste su levantamiento o la autorización otorgada por el beneficiario del gravamen o limitación, en el sentido de aceptar la continuación de este con el nuevo propietario.

g) Cuando es de servicio público, paz y salvo de la empresa donde se encuentra vinculado o afiliado ...” (resalta la Sala).

Dicho lo anterior, la Sala considera que no es posible derivar responsabilidad alguna de la parte demandada, toda vez que no se observa ninguna irregularidad en el procedimiento de matrícula —inscripción— y traspaso del derecho de domino que recaía sobre el vehículo de placas “JZ 5608”, propiedad del actor, como pasa a verse:

El procedimiento dispuesto por la ley, para la matrícula inicial de automotores y el traspaso del derecho de dominio —evento último que sucedió con el señor Ciro Jaime Luna Lozada—, no llevaba a exigir de la parte demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló; en efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación vigente al momento de los hechos contemplaba el deber de hacerlo (no determinaba, por ejemplo, como obligatorio, requerir a otras autoridades la remisión de los antecedentes legales del vehículo).

Así, pues, no era obligatorio para las autoridades de tránsito, en aquel momento, cuando se realizó el traspaso al señor Luna Lozada, establecer si el automotor tenía antecedentes legales(15) o si la numeración del chasis se encontraba alterada, entre otras razones, porque debe tenerse en cuenta que, en todas las gestiones que se adelantaran ante las autoridades de tránsito, debía presumirse la buena fe de las personas interesadas en dichos trámites, como lo establecía el artículo 2º del Acuerdo 51 ejusdem que, en su tenor literal, preveía:

“Con fundamento en los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que se adelanten ante los organismos de tránsito y ante el Intra, el presente acuerdo, va encaminado a suprimir los requisitos y procedimientos innecesarios, buscando con ello celeridad, eficacia, aprovechamiento del recurso humano y lo que es más importante beneficio al usuario” (resalta la Sala).

De esta manera, la obligación de la entidad demandada no tenía porqué ir más allá de recibir los documentos que allegó la persona interesada, en matricular inicialmente el vehículo, y de tramitar los traspasos, siempre y cuando se observara el cumplimiento del artículo 84 del Acuerdo 51 de 1993 —citado anteriormente—, de suerte que no estaba dentro de su ámbito establecer si los documentos aportados para ello eran falsos o no, pues no estaba contemplada dicha posibilidad dentro de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de tránsito.

Por otro lado, cabe señalar que, según lo preveía el artículo 84 ejusdem, las improntas tomadas sobre los datos de identificación del vehículo debían ser adheridas por el interesado en el formulario único nacional; luego, al no corresponder a las autoridades de tránsito el levantamiento de las improntas, mal se haría en exigirles a estas la constatación sobre la originalidad y autenticidad de los datos allí consignados. Por la misma razón, téngase en cuenta, el artículo 3º del referido Acuerdo 51 consagró que la responsabilidad de los trámites que se llevaran a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra estaba en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor o poseedor del vehículo, entre otros(16).

Así las cosas, se tiene que las autoridades de tránsito debían partir, en aplicación del principio de la buena fe, del supuesto de que los datos de identificación del vehículo, según las improntas acompañadas a la solicitud de matrícula inicial o de traspaso de la propiedad, eran originales; por consiguiente, la autoridad de tránsito no estaba en el deber de establecer la autenticidad de los documentos que amparaban la importación, la nacionalización ni, en modo alguno, los antecedentes judiciales de los vehículos objeto de traspasos; su labor se limitaba, por tanto, a la evaluación meramente formal de los documentos sujetos a inscripción.

En esta línea, no hay duda de que las entidades demandadas actuaron dentro de los parámetros que les imponía el ordenamiento legal para la época y cumplieron con la obligación de registrar, amparados en la buena fe, los documentos que les fueron allegados por las personas interesadas en los traspasos del automotor. Así, pues, si bien dicha situación produjo confianza en el demandante, en el sentido de que este creyó que el automotor se encontraba debidamente matriculado, lo cierto es que el daño alegado se produjo por terceras personas que engañaron al demandante y a las autoridades de tránsito.

De lo anterior se colige que las personas interesadas en la matrícula y en el traspaso de un vehículo deben tomar las precauciones del caso para verificar, incluso con la ayuda de peritos, si es necesario, la autenticidad u originalidad de los datos de identificación del automotor que pretenden adquirir, precaución que, por supuesto, no tuvo en cuenta el actor en este proceso.

Al respecto, esta corporación sostuvo, en un caso similar al de la referencia, lo siguiente(17):

“Es de anotar que el ordenamiento legal vigente para la época de los hechos no exigía a los organismos de tránsito la obligación de cotejar firmas, huellas, improntas o los documentos de importación o manifiesto que fueran allegados dentro de los trámites correspondientes, limitándose su actuación a la evaluación formal de los documentos sometidos a inscripción.

Las personas interesadas en la matrícula y en el traspaso de un vehículo están en la obligación de tomar las precauciones necesarias para verificar, si es del caso con la ayuda de expertos en la materia, la autenticidad u originalidad de los guarismos de identificación del automotor que pretende adquirirse y a pesar de que el demandante afirma que sometió el vehículo a las experticias técnicas para constatar la autenticidad de los mecanismos de identificación del vehículo, sin embargo, su dicho solo fue ratificado por el testigo Mario Rafael Montalvo Hurtado, quien para la fecha de la inmovilización del vehículo ostentaba la condición de empleado de la sociedad demandante y a quien el señor Támara Rosa, había encomendado la tarea de verificar la documentación del vehículo y la legalidad de la importación.

(...).

En las anteriores circunstancias, mal podría aducirse que hubo una actuación irregular a cargo de la entidad demandada, y por ende una falla en la prestación del servicio, pues resulta evidente que en este caso el daño producido al demandante se debió a la actuación delictiva de un tercero, que en forma fraudulenta logró la inscripción inicial y el traspaso del vehículo en el registro terrestre automotor con apariencia de legalidad” (resaltado del texto).

Por lo tanto, no puede predicarse omisión o falta de diligencia alguna imputables a las demandadas, habida cuenta que, como se anotó, estas no estaban obligadas a establecer la autenticidad de los documentos ni los antecedentes judiciales del vehículo y menos teniendo en cuenta que debía presumirse la buena fe de los interesados en todas las actuaciones adelantadas ante las autoridades de tránsito; en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Finalmente, la Sala se abstendrá de condenar en costas al demandante, por cuanto la conducta procesal no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 14 de julio de 2003.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Cuando se presentó la demanda, la cuantía para que el proceso accediera a la segunda instancia era de $13.460.000 (CCA, arts. 129 y 132, modificados por D. 597/88, art. 2º); en este sentido, comoquiera que la pretensión mayor de la demanda se estimó en la suma de $34.000.000, por concepto de lucro cesante, se concluye que el proceso tiene vocación de doble instancia.

(11) Los documentos obran en copia auténtica dentro del expediente.

(12) Folio 11 del cuaderno 1.

(13) Con dicho documento se anexó fotografía de la regrabación del chasis (fl. 44, cdno. 1).

(14) El Decreto-Ley 1344 de 1970 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias fueron derogadas por la Ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito.

(15) Del cual tuvo conocimiento el 16 de septiembre de 1994, tal y como consta a folio 189 del cuaderno 1.

(16) La norma en comento, establecía: “La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra, estará en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor, poseedor del vehículo; médicos en el evento de la práctica de los exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprendan” (resalta la sala).

(17) Sentencia de 11 de agosto de 2011, Radicado: 70001-23-31-000-1997-6170-01, Referencia Interna: 18.346, actor: Raúl Támara Rosa y otro, consejera ponente (e): Gladys Agudelo Ordóñez.