Sentencia 1995-09004 de febrero 21 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 19.498

Rad.: 17001233100019950900401

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Rodrigo Murillo Marín y otros

Demandado: Municipio de Manizales y otros.

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: IV. Consideraciones:

Previo a decidir el recurso de apelación, se observa que como la condena proferida por el a quo no supera el valor de los 300 salarios mínimos ($78.030.000(1)) a la fecha en la que fue proferida, no opera el grado jurisdiccional de consulta, y toda vez que el monto total de los perjuicios asciende a $6'098.555,25, sólo se conocerá del recurso de apelación.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 4 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

1. Debe precisarse que se trata de apelante único, quien limitó su inconformidad a la indemnización de perjuicios, de allí que solo frente a este aspecto es competente la Sala para pronunciarse, sin que sea viable estudiar ningún otro tópico, especialmente lo que se refiere a la declaratoria parcial de la fuerza mayor, toda vez que el numeral tercero de la sentencia no fue impugnado.

Y ello es así en virtud del principio de la no reformatio in pejus, o no reforma en peor, frente al cual la Sala ha expresado:

“La no reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en sentencia C-583 de 1997 en los siguientes términos: “Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum' (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional”. La prohibición de empeorar la situación del apelante único se circunscribe entonces al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia sólo puede modificarla si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones. De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio(2)”.

2. El Tribunal Administrativo de Caldas, negó el reconocimiento respecto a la destrucción de los inmuebles, por la imposibilidad de establecer su valor, al considerar que los testimonios no eran suficientes para acreditar este aspecto, dado que unas viviendas sufrieron daños parciales y otras totales, adicionalmente consideró:

“Pero no es este aspecto el único relevante en tal sentido, sino que de otra parte, aparece que tales personas fueron indemnizadas en distintas formas, como fue con la reposición en calidad de devolución de los lotes, el otorgamiento de subsidios para la reconstrucción de sus viviendas, condonación de las obligaciones y entrega de donaciones hechas por la ciudadanía de Manizales (fls. 670 a 739, cdno. 3), ellas mismas en algunos casos, lo admitieron en interrogatorios de parte absueltos ante este despacho (fls. 72 a 105, cdno. 3), luego se hace imposible la determinación del valor exacto al cual debería ascender la indemnización reclamada, se desconoce en cada caso que parte del daño se encuentra sin indemnizar” (fl. 830 cdno. ppal.).

El recurrente indicó que se debían reconocer los daños materiales ocasionados con la destrucción de las viviendas según el porcentaje del perjuicio sufrido; frente a esto encuentra la Sala que si bien en el proceso obran diversos testimonios que dan cuenta de la destrucción, total o parcial, de las viviendas de los demandantes, ninguna actuación se desplegó para demostrar la cuantificación de esos daños, ya que a los testigos no les consta el valor de la construcción que se encontraba en cada lote afectado.

Si bien, la parte actora, en su demanda solicitó la práctica de una prueba pericial con el fin de avaluar los bienes muebles e inmuebles con anterioridad a los hechos, la misma fue negada por el tribunal de instancia, providencia contra la cual se interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado por improcedente.

Así las cosas, se concluye que los demandantes no cumplieron con la carga de probar lo que alegaban de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que por ese preciso aspecto, no se ordenará condena alguna.

Es importante resaltar que cuando las víctimas de daños, reciben auxilios para mitigarlo u otro tipo de ayudas que se deba a su 'propio esfuerzo, ello no exime a las entidades causantes del perjuicio de su deber de repararlo, ya que las causas tienen un origen diferente y por lo tanto no es correcto descontar tales beneficios, porque no constituyen pago expreso del daño causado; de otro lado, en el caso sub examine no se probó que a todos los demandantes efectivamente se les hayan concedido tales ayudas, ni el monto de las mismas.

3. De otra parte, el a quo indicó que conforme a los testimonios recepcionados, se encontraba probado que con la avalancha, los demandantes perdieron los bienes muebles y enseres con los que tenían dotada sus viviendas, y para establecer el monto de los perjuicios, decretó como prueba de oficio un dictamen pericial que determinara el valor promedio de los bienes que una familia de estrato y clase social de las viviendas afectadas podía poseer, con fundamento en esa prueba concluyó que:

“se hará condena al pago de la suma de dinero en el porcentaje indicado, partiendo de la base del monto asignado por los señores peritos al menaje doméstico de una familia del estrato de las damnificadas en La Carolita de Manizales, es decir el cinco por ciento (5%) de ocho millones ciento treinta y un mil cuatrocientos pesos (8.131.407), o sea cuatrocientos seis mil quinientos setenta pesos con treinta y cinco centavos ($406.570,35) a cada uno suma que deberá ser cancelada por Corpocaldas, según lo inicialmente discurrido (...)” (fl. 829 cdno. ppal.)

El impugnante señaló que se debía modificar el porcentaje por el cual fue condenado Corpocaldas.

En el trámite del proceso dos de las entidades demandadas (Caja de Vivienda Popular y el municipio de Manizales) conciliaron las pretensiones de la parte actora, por lo que el a quo, condenó únicamente a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas.

Es preciso recordar que cuando el daño se genera por la actuación u omisión de diferentes entidades o personas, la obligación se torna solidaria, evento en el cual se habilita y legitima para reclamar de cualquiera de ellas la indemnización integral del daño, y el cumplimiento de uno de ellos extingue la obligación respecto de las demás según lo dispone el artículo 2344 del Código Civil(3), al respecto esta corporación ha manifestado lo siguiente:

“Al respecto cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime señalan que cuando existe el concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, que provengan de personas diferentes a la víctima directa, se configura una obligación solidaria. Esto significa que el afectado puede exigir la indemnización de cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño de conformidad con lo establecido en el artículo 2344 del Código Civil(4).

En el sub lite, se encuentra que según lo concluido por el tribunal de instancia, el municipio de Manizales, la Caja de Vivienda Popular y la Corporación Regional de Caldas, Corpocaldas, con su acción y omisión contribuyeron en la producción del daño, por lo que existe solidaridad entre ellas.

Si bien, en el trámite del proceso el municipio de Manizales y la Caja de Vivienda Popular, conciliaron con los demandantes por un valor de $120'000.000, no se dejó en claro, sobre qué aspecto del daño se concilió, motivo por el que de la condena que se profiera en contra de Corpocaldas, no será posible deducir valor alguno.

Lo mismo pasa respecto del porcentaje que el Tribunal Administrativo de Caldas señaló para cada una de las entidades condenadas, la Sala considera que ese aspecto hace parte de las relaciones internas del municipio de Manizales, la Caja de Vivienda Popular y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, motivo por el cual no resulta pertinente hacer pronunciamiento alguno sobre ello, en este proceso.

Según el dictamen pericial, acogido por el a quo, el valor promedio del menaje por cada inmueble es la suma de $8.131.407, de este monto se debe tener en cuenta el 50%, en virtud de la reducción decretada por la causa extraña (fuerza mayor), esto es, la suma de $4'065.703,5, valor que se deberá cancelar a favor de cada uno de los demandantes frente a los cuales prosperaron las pretensiones de la demanda, sin que haya lugar a realizar descuento alguno en virtud del acuerdo conciliatorio al que llegaron la Caja de Vivienda Popular y el municipio de Manizales con la parte actora, toda vez que no es posible determinar el concepto al que corresponde el valor conciliado, como se indicó anteriormente.

Dicho valor deberá ser actualizado a la fecha de esta sentencia, de conformidad con la siguiente fórmula:

 

S19498 FORMULA A.JPG
 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales cuarto y quinto de la sentencia del 4 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en su lugar se dispone:

4. Declárase administrativamente responsable a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, por los daños ocasionados a los demandantes que se relacionan en el siguiente numeral, por los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 1993 en el barrio La Carolita del municipio de Manizales.

5. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, a pagar a cada una de la siguientes personas: James rabarquino Barreneche, Rubén Darío Vargas Corrales, Jesús Aníbal Álvarez Ruiz, Álvaro López Vallejo, Dolores Atehortúa de López, Esther Mejía de Pinilla, Edgar Orozco Osorio, Rodrigo Murillo, Edilia del Socorro Salazar de Giraldo, Jorge Alberto Ortiz Vivas, José Alberto Gallego Salazar, Barlahan de Jesús Duque Ospina, Diana Patricia Castrillón Vanegas, María Cristina Ríos Pérez y Luís Alberto Moreno Arcila; la suma de siete millones treinta mil cuatrocientos tres pesos ($7'030.403) a título de indemnización.

2. Sin costas.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) El salario mínimo para el año 2000, fue establecido en la suma de $260.100 por el Decreto 2647 de 1999.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 18 de julio de 2002, expediente 85001-23-31-000-2000-0266-01 (19700), actor: Unión Temporal Inconal S.A.

(3) En este tema la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: "Finalmente, procede advertir que el estatuto de responsabilidad a que se viene refiriendo la Corte, no excluye en modo alguno Id que se ha denominado, sin mayor exactitud por cierto, la coautoría en la conducta generadora del daño, expresión esta última empleada de ordinario, como es bien sabido, para referirse a aquellos eventos de variada estirpe en que concurren varios sujetos' a los cuales la ley, atendiendo a causas jurídicas eficientes plenamente separables entre sí, les atribuye de manera múltiple la obligación de reparar. Así pues, si por la fuerza de los hechos esa —atribución recae en dos o más personas naturales o jurídicas, el deber indemnizatorio ha de catalogarse como concurrente y, por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios responsables que a ella le son extraños y respecto de los cuales cuenta con una verdadera opción que le permite demandarlos a todos o a aquél de entre ellos que, de acuerdo con sus intereses, juzgue más conveniente. Esos distintos responsables, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado este consagrado por el artículo 2344 del Código Civil que hace parte de un sistema normativo el cual, en sus lineamientos fundamentales, la Corte tiene definido en los siguientes términos: “...Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden redamar de uno cualquiera de los responsables“, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguientes (...) siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos...” (G.J. Tomos CLV, primera parte, pág. 150, y CLXV, pág. 267)” (resalta la Sala).

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de abril de 2002, expediente 76001-23-31- 000-1994-0080-01(13763), actor: Henry Carmona Salgado.