Sentencia 1995-09005 de marzo 23 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 19001233100019950900501 (18016)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Miguel Sebastián Ordóñez Girón - Sociedad Ximor Ltda.

Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora

Naturaleza: Acción contractual

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Arauca el 3 de noviembre de 1999, pues el monto de la pretensión mayor, para la época en que fue presentada la demanda, supera el entonces exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia(13).

2. Caso concreto.

Corresponde a la Sala resolver sobre la pretensión de rescisión por lesión enorme del contrato de compraventa, suscrito entre la sociedad Ximor Limitada y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, sobre el inmueble rural denominado La Florida o Hacienda Calaguala Segundo Globo, en los términos de la escritura pública 788 del 14 de agosto de 1993 de la Notaria Única de Piendamó - Cauca y, de ser necesario pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria de reparación pecuniaria, comoquiera que la demandante aduce que el Incora pagó menos del 50 % del valor real del bien.

3. Hechos probados.

De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

1. El 21 de marzo de 1989 la sociedad Mixi Limitada ofreció en venta el fundo La Florida o Hacienda Calaguala al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora en la suma de $ 378.400.000(14).

2. El 2 de marzo de 1990, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora ordenó una visita técnica al predio La Florida, ubicado en el municipio de Puracé - Cauca de propiedad de la sociedad Mixi Limitada, con fines de adquisición para el programa de reforma agraria a favor de las comunidades indígenas de la región(15).

3. El 13 de julio de 1992, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi avaluó el predio mencionado en la suma de $ 242.210.000(16). El Incora solicitó revisión del mencionado avalúo, reconsiderado por el IGAG en la suma de $ 218.811.556(17), que las partes acordaron como precio del inmueble en los términos de la promesa de compraventa suscrita el 5 de agosto de 1993, entre el representante legal de la sociedad Mixi Limitada y el director de la entidad demandada(18).

4. Con antelación a la firma de la promesa relacionada, el Incora ofreció a la sociedad Mixi Limitada comprar el inmueble en la suma de $ 218.811.556(19) y la sociedad aceptó la oferta sin condiciones(20).

5. Mediante escritura pública 788 de 14 de agosto de 1993(21), la sociedad Mixi Ltda. vendió al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora la finca rural denominada La Florida o Hacienda Calaguala - Segundo Globo, ubicada en la zona rural del municipio de Puracé, departamento del Cauca, cuyos linderos aparecen identificados en el título de venta, registrado el 17 de agosto de 1993, en el folio de matrícula inmobiliaria 120-000446 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Popayán(22).

6. El Incora pagó por la tierra $ 147.318.463, (num. 4°) y por las mejoras, construcciones y anexos la suma de $ 71.493.093 (num. 4b), para un total de $ 218.811.556, en bonos agrarios a cinco años, en cuatro contados, uno con a la firma de la escritura de compraventa y, el saldo a tres años con un interés regresivo(23).

7. La sociedad Mixi Ltda. se transformó en la sociedad Ximor Limitada mediante escritura pública 0073 del 28 de abril de 1994 de la Notaría 3ª de Popayán, inscrita en la cámara de comercio del lugar, asumiendo los derechos y obligaciones de Mixi Ltda.(24)

8. Mediante escritura pública 853 de 1989, de la Notaría Única de Timbio (Cauca) el Incora adquirió dos lotes vecinos de 119 hectárea cada uno, denominados “El Retiro 1 y El Retiro 2”, a un precio promedio por hectárea de $ 251.306 para el primer lote y de $ 268.468 para el segundo lote(25).

9. La presión indígena de que fue objeto y a la presencia del grupo guerrillero indigenista autodenominado “Quintín Lame” condujeron a la celebración del contrato(26).

10. Para el mes de enero de 1997, el predio rural La Florida o Hacienda Calaguala - Segundo Globo, ubicada en la zona rural del municipio de Puracé, departamento del Cauca, fue avaluado en la suma de $ 685.557.820 m/cte(27).

5.(sic) Legitimación por activa.

La Sociedad demandante acreditó el interés jurídico que le asiste en las resultas de este proceso. En efecto, los certificados expedidos por la Cámara de Comercio del Cauca de las sociedades Mixi Limitada y Ximor Ltda., permiten inferir por un lado la existencia y representación de esta última y de otro, que sustituyó a la primera en su objeto social y asumió los correspondientes derechos y obligaciones radicados anteriormente en cabeza de la sociedad Mixi Limitada.

Así mismo, mediante la escritura pública de compraventa 788 de 11 de agosto de 1993, el representante legal de la sociedad Mixi Limitada transfirió a favor del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora el predio rural denominado Hacienda Calaguala Segundo Globo, ubicado en jurisdicción del municipio de Puracé, departamento del Cauca, el cual aparece debidamente identificado por sus linderos en el respectivo contrato de compraventa.

El certificado que contiene la matrícula inmobiliaria 120 - 000446, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Popayán prueba que el inmueble se transfirió a la entidad demandada, según la anotación 11 del 18 de agosto de 1993, correspondiente a la escritura pública 778 de 14 de agosto del mismo año, referida en el punto anterior.

Además, la anotación 8 de 4 de diciembre de 1978 del folio de matrícula inmobiliaria, demuestra que los derechos inscritos de los señores Miguel Sebastián y Victoria Ximena Ordónez(sic) Girón fueron aportados a la sociedad demandante por escritura pública 2073 de 29 de noviembre de 1978.

En consecuencia, la sociedad Mixi Limitada hoy Ximor Limitada al haber transferido el inmueble denominado Hacienda Calaguala Segundo Globo, mediante escritura pública 788 de 11 de agosto de 1993, acreditó su interés en el ejercicio de la acción contractual que se resuelve fundado en la lesión enorme, dado que el precio fijado al inmueble afectó su situación patrimonial.

6. La acción de rescisión por lesión enorme.

El artículo 1947 del Código Civil define la lesión enorme así:

“El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

El justo precio se refiere al tiempo del contrato”.

El Consejo de Estado ha sostenido que la lesión enorme tiene como fundamento el principio constitucional de equidad, el cual constituye un vicio objetivo de uno de los elementos esenciales del contrato, el precio, no un vicio que afecte la voluntad imputable a una de las partes, porque se configura con independencia de las causas o motivos que dieron origen al contrato.

Para declarar la lesión, el juicio de valor recae sobre el desequilibrio económico, objetivamente considerado con referencia al precio del contrato, frente al valor real del bien. De modo que las circunstancias alegadas por la parte actora, consistentes en la eventual presión por las razones de orden público de la zona, motivadas por la comunidad indígena Paletará y por integrantes del movimiento insurgente “Quintín Lame”, no constituyen el basamento para rescindir el contrato por lesión enorme.

Ahora bien, cumplidos los presupuestos de la lesión enorme, contenidos en el artículo 1947 del Código Civil, el comprador o el vendedor contra quien se pronuncia la rescisión podrá optar por una de las siguientes alternativas: la terminación del mismo contrato o el reajuste del precio recibido o pagado, hasta su justo valor. En el primer caso, las cosas volverán al estado inicial y en el segundo evento, el vendedor obtendrá el incremento del precio en los términos previstos por la ley:

“ART. 1948.—El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte.

No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato”.

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la procedencia de la lesión enorme, respecto de contratos de compraventa celebrados por sujetos de derecho público, así:

“Desde el punto de vista de la persona del comprador o de la del vendedor, no existe ninguna limitación para que quien haya sufrido la lesión enorme pueda alegarla, sin que esté limitado como en el derecho romano inicial al menor de 25 años que tenía la calidad de vendedor. En Colombia el lesionado accionante puede ser quien compra o quien vende, persona natural o jurídica, menor o mayor. Desde este ángulo no existe, pues, excepción, todo el que haya padecido una lesión enorme puede demandar la rescisión del contrato de compraventa de inmueble, pues la ley ha querido que una injusticia, como la que entraña recibir un precio que es inferior a la mitad del justo o pagar uno que es mayor del doble de este, debe ser corregida así sea indispensable atentar contra los principios de la libertad contractual, de la autonomía de la voluntad y la seguridad de las transacciones.

(...).

Y en cuanto a que la lesión debe aparecer de comparar el precio pagado o recibido con el justo precio de la cosa al momento de celebrarse el contrato, de tal manera que aquel sea, respectivamente, más del doble de este o menos de la mitad, la ley no ha hecho tampoco diferencia según sean las partes personas naturales o personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Demostrada la lesión de ultra dimidium, debe decretarse la rescisión”(28).

En consecuencia, dicha figura no es exclusiva de los contratos que gobiernan las relaciones privadas y en ese sentido siempre que en los contratos estatales se den los presupuestos previstos en el ordenamiento y por razones de equidad habrá lugar a declarar su existencia y ordenar el incremento del precio o la devolución de lo pagado en exceso.

Así mismo, el análisis deberá recaer sobre el precio pagado o recibido como elemento esencial del contrato, sin ninguna consideración adicional.

En sentencia de 10 de noviembre de 1995 el Consejo de Estado(29) discurrió sobre la improcedencia de la resolución de los contratos de compraventa celebrados por el Incora para fines de reforma agraria, previstos en la Ley 135 de 1961, dados los intereses comprometidos y los fines de utilidad pública perseguidos, sin perjuicio del derecho del afectado a acceder al justo precio, por razones de equidad. En decisiones posteriores(30), esta Sala consideró que la rescisión por lesión enorme no atenta contra el interés público comprometido en los contratos de adquisición de inmuebles rurales, dirigidos a solucionar programas de reforma agraria, salvo los derechos de terceros adquirentes de buena fe, porque el artículo 1951 del Código Civil estableció una prohibición en cuanto no hay rescisión del contrato cuando el comprador hubiese enajenado la cosa a favor de terceros.

Sin contravenir dicha orientación, cobra particular importancia la destinación de los inmuebles adquiridos para fines de reforma agraria, pues, la promoción y democratización de la propiedad constituye uno de los fines esenciales del Estado de derecho y, en ese sentido en cumplimiento del artículo 60 de la Constitución Política, le corresponde al Estado promover el acceso a la propiedad con sujeción a la ley.

Siendo así es dable considerar que la adquisición de predios por las entidades públicas con fines específicos de reforma agraria dirigidos a solucionar situaciones concretas de tenencia de tierras, siempre habrá de considerarse las expectativas legítimas de los terceros poseedores de buena fe, con fines de acceso a la propiedad de un inmueble, privilegiando en todo caso el interés general que comporta un programa social de esta naturaleza.

7. El caso concreto.

La parte actora impugna la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca, al considerar que existen suficientes elementos de juicio que permiten inferir que la sociedad Mixi Limitada hoy Ximor Limitada sufrió lesión enorme al vender el inmueble rural denominado La Florida o Hacienda Calaguala Segundo Globo al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante escritura pública 788 del 14 de agosto de 1993; pues, comparado el valor de $ 1,452.432.410 m/cte, arrojado en el dictamen pericial practicado en el plenario debidamente actualizado, con el precio de $ 218.811.556 m/cte, este último no supera el 50% del valor del bien.

Por su parte, el Incora en sus intervenciones finales alega que la acción de rescisión por lesión enorme en los contratos de compraventa de bienes inmuebles para fines agrarios es improcedente, en consideración a los intereses que involucra, porque dicha entidad está obligada a pagar únicamente el precio que determina el IGAC y, dado que la sociedad actora concurrió libre y voluntariamente al negocio tampoco opera la lesión enorme.

La Sala responderá los cargos expuestos por ambas partes de la siguiente manera:

• En cuanto a la improcedencia de la acción, dicho cargo está analizado en el punto anterior, a lo cual se agrega que no existe impedimento legal para el ejercicio de la acción contractual ante esta jurisdicción, para declarar configurada la lesión enorme con el fin principal de restablecer el justo precio, por razones de equidad y en ese sentido la Sala reitera lo expuesto en oportunidades anteriores.

• En cuanto a la obligación al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora de pagar el avalúo fijado por el IGAG, se observa:

Aunque en principio, el Incora debe acatar el precio fijado por el IGAC, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 135 de 1961, que prevé el avalúo de tierras y mejoras efectuado por expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sobre el valor comercial del inmueble, dicha previsión no supone la exclusión de la figura de la lesión enorme, porque la noción del justo precio debe existir en todos los contratos conmutativos y la ley no establece al respecto ninguna excepción(31). A lo anterior, se agrega que el dictamen proferido por el IGAG deberá obedecer a criterios objetivos, esto es a valores del mercado, condiciones del terreno, infraestructura, productividad y en general todas las variables posibles que permiten valorar los bienes en términos reales.

En rigor, porque la lesión de una de las partes contratantes, deberá corregirse por equidad y restablecerse el equilibrio quebrantado.

• Respecto de la prueba de la lesión enorme:

En cumplimiento del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte actora en el curso de la actuación contenciosa probar el desequilibrio contractual, porque la lesión enorme constituye el objeto central de la controversia.

En este panorama, la sociedad Ximor Limitada tenía la carga de probar el precio real y comercial del inmueble La Florida o Hacienda Calaguala Segundo Globo a la fecha del contrato y que difería en un 50% del precio pactado, resultando lesivo a sus intereses y que, en consecuencia la demandada tenía que completar el justo precio, con deducción de una décima parte, tal y como lo prevé el artículo 1947 del Código Civil, sin consideración a razones de índole subjetiva.

No obstante lo anterior, la parte actora no hizo un uso razonable de los medios probatorios previstos en la ley para lograr su cometido, ni allegó con la demanda elementos de juicio que conduzca a tal fin. Esto porque la única prueba solicitada por la actora y practicado en primera instancia, adolece de falta de precisión y de la contundencia requerida.

Efectivamente, obra en el plenario el dictamen pericial que analiza las condiciones técnicas del terreno, el tipo de explotación agrícola y forestal, los métodos de implementación de potreros, la explotación ganadera, la infraestructura existente, la topografía y toma tres variables principales para valorar el inmueble, como son las construcciones complementarias, el avalúo de las vías de acceso y el valor de suelos y su inversión; y así concluye en el valor de $ 685.557.820, discriminados así:

“Avalúo de las construcciones complementarias:
$ 105.007.820,
Avalúo de las vías de acceso:
$ 61.200.000,
Valor de suelos y su inversión:
$ 519.350.000
Total
$ 685.557.820

 

Valor total del avalúo realizado a enero de 1997, es de seiscientos ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte pesos m/cte”.

Empero, a la fecha de su presentación, la experticia guardó silencio respecto de las fuentes de su dicho y sobre los parámetros tomados como referencia. Tampoco tuvo en cuenta los valores del mercado inmobiliario de la zona geográfica, ni consideró aspectos fundamentales como la aptitud del terreno comparada con predios de similares características y su valor comercial.

En consecuencia, si se lee detenidamente el documento principal, el valor final del dictamen “a enero de 1997”, ascendió a la suma de seiscientos ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte pesos m/cte”.

No obstante, en atención a la aclaración y complementación de la experticia, solicitada por la parte actora sobre el marco temporal del dictamen, procedió a indexar sin más la suma previamente establecida, así:

“Como para agosto de 1993 nuestro avalúo de la finca en mención fue de $ 685.557.820; con los índices anteriores indexamos este valor a agosto de 1997 y nos da $ 1.452.432.410. Este valor corresponde a tres factores, o sea a) Construcciones complementarias, b) Vías de acceso y c) Suelos e inversiones agrícolas”.

Llama la atención entonces que el monto arrojado en el trabajo de aclaraciones y complementaciones por los mencionados peritos el 15 de octubre de 1997, asciende sin más a la suma $ 1.452.432.410, actualizado con base en los índices de precios al consumidor, sin explicación del porqué se actualizaron las cifras de una experticia ya indexada, incrementando ostensiblemente los valores finales.

Los peritos no brindaron una explicación razonable sobre las fechas que tomaron como referencia para la elaboración de la experticia, ni en el dictamen inicial ni en el trabajo de aclaraciones y complementaciones, lo cual impide su valoración probatoria por no brindar certeza sobre la existencia de la lesión enorme.

En consecuencia, la Sala se aparta del dictamen pericial y concluye que la actora no demostró la lesión patrimonial que dice haber sufrido.

Por último, sin que resulte del caso pronunciarse sobre las razones de orden público que al decir de la actora la conminaron a contratar, porque como se dijo los elementos de conocimiento y convicción que impulsan a las partes no se consideran cuando de establecer la lesión enorme se trata, el título de venta aportado al proceso, contenido en la escritura pública 853 de 6 de diciembre de 1989, mediante el cual las señoras Myriam Velásquez de Olaya y Stella Velásquez López transfirieron a favor del Incora los lotes El Retiro 1 y El Retiro 2, ubicados en el municipio de Puracé, son indicativos de la improcedencia de la lesión enorme, pues sus valores están por debajo del precio pactado entre los extremos de la presente litis.

En consecuencia, se negarán las súplicas de la demanda por no resultar palmaria la lesión alegada por la sociedad demandante.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 23 de noviembre de 1999, en cuanto negó las súplicas de la demanda.

SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) Para la fecha en que fue presentada 17 de julio de 1995 la demanda, la pretensión mayor ascendió a la suma de 500.000.000 y la cuantía exigida en esa fecha, para que un proceso tuviera vocación de doble instancia de conformidad con el Decreto 597 de 1988, era de $ 9.610.000.

(14) Copia auténtica del formado de “oferta de venta” presentado por la sociedad Mixi Limitada al Incora el 21 de marzo de 1989 del predio rural La Florida o Hacienda Calaguala Segundo Globo, por valor de $ 378.400.000, visible a folio 385 del cuaderno de pruebas número dos.

(15) Copia auténtica del auto de 2 de marzo de 1990, proferido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante el cual ordenó la visita técnica al predio La Florida en el municipio de Puracé - Cauca de propiedad de la sociedad Mixi Limitada y los estudios necesarios para continuar con los programas de reforma agraria dirigidos a las comunidades indígenas de la región, visible a folio 396 del cuaderno de pruebas número dos.

(16) Copia auténtica del dictamen de 18 de julio de 1992, proferido por los peritos Luis E. Ortega P. - Gabriel Sarmiento A. del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dando cumplimiento al requerimiento suscrito por el subgerente de adquisición y dotación de tierras del Incora del cual se destaca: “Avalúo comercial del predio La Florida Calaguala 2 Globo de propiedad de Mixi Ltda., de conformidad con la Ley 135/61, artículo 58, numeral 4º $ 242.810.000. Se deja constancia que tanto los elementos de juicio (investigaciones económicas, suelos, etc.), como el informe memoria del presente avalúo, se encuentran consignados en la ficha predial y reposan en el archivo de la sección del cuerpo especial de peritos para la reforma agraria”, visible a folio 435 del cuaderno de pruebas número dos.

(17) Copia auténtica del dictamen de 17 de julio de 1992 elaborado los peritos Daniel A. Cárdenas Cárdenas y Milber U. García Castillo, fijando como valor del terreno la suma de $ 147.318.463 y mejoras la suma de $ 71.493.093 para un total de $ 218,811.556, revisando de este modo el dictamen anterior, visible a folio 495 del cuaderno de pruebas número dos.

(18) Copia auténtica del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes el 5 de agosto de 1993 del cual se destaca la siguiente cláusula: Tercero. Precio y forma de pago: el precio de venta del (los) inmueble (s) denominado (s) Hacienda Calaguala - Segundo Globo, objeto de este contrato, es la suma de doscientos dieciocho millones ochocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos M/L. ($ 218’811.556,00) moneda corriente - conforme con el monto del avalúo practicado por los peritos especiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, contenido en el Oficio ---5900 del 13 del mes de julio de 1992, contentivo en la oferta de compra formulada por el Incora, suscrita por el gerente regional del Incora, aceptada por el (los) propietario (s) - en escrito fechado el 19 del mes de julio de 1993, visible a folio 470 del cuaderno de pruebas número dos.

(19) Copia auténtica de la oferta de compra del predio Hacienda Calaguala - Segundo Globo enviada, por el gerente regional del Cauca del Incora a la sociedad demandante el julio 16 de 1993 de la cual se destaca lo pertinente “Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 135 de 1961 y el monto del avalúo comercial practicado por peritos especiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi el cual anexamos para su información, el precio del inmueble se fija en la suma de doscientos dieciocho millones ochocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda legal colombiana ($ 218.811.556)”, visible a folio 456 del cuaderno de pruebas número dos.

(20) Copia auténtica de la aceptación suscrita por la apoderada de la entidad demandada, de la cual se destaca: “Actuando como mandataria del señor Miguel S. Ordoñez Girón, representante legal de la sociedad de la referencia, me permito manifestar a usted que acepto la oferta de compra en todas las partes contenidas en el Oficio 2012 del 16 de julio de 1993. Igualmente manifiesto que renuncio al derecho de exclusión y estoy dispuesta a firmar la respectiva promesa, compra, escritura y hacer entrega material del inmueble en la fecha que así lo disponga”, visible a folio 460 del cuaderno de pruebas número dos.

(21) Copia auténtica de la escritura pública de compraventa 788 de 11 de agosto de 1993, suscrita entre las partes, mediante la cual se perfeccionó el contrato de compraventa del inmueble: “Primero: el vendedor, transfiere a título de compraventa al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el derecho de dominio y la posesión material que tiene sobre el predio rural Hacienda Calaguala Segundo Globo, ubicado en jurisdicción del municipio de Puracé, departamento del Cauca , lo mismo que todas sus mejoras, como edificaciones, plantaciones cercas, acequias , caminos y demás obras y labores útiles existentes ... Tercero: Tradición: los vendedores adquirieron el derecho de dominio del predio que se transfiere por a)Victoria Ximena Ordónez(sic) Girón le compró parte del predio a Victoria Girón Idrobo por E:P: Nº 1542 del 19 de septiembre de la Notaría Primera de Popayán (1/4) parte y la misma Victoria Ordónez compró la mitad del predio a Miguel A. Ordónez(sic) por E.P. Nº 675 de 2 de junio de 1979 en compañía de Victoria Girón Idrobo y b) Miguel Sebastián Ordónez compró a Victoria Girón por permuta parte de las acciones y derechos que le quedaban en el predio por E.P. Nº 1542 de 19 de septiembre de 1978 de la Notaría Primera de Popayán... Cuarto: Precio. el precio de venta del inmueble es de doscientos dieciocho millones ochocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($ 218.811.556) El precio de negociación se determinó por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la Ley 135 de 1961, artículo 58, numeral 4º y 5º, subrogado por el artículo 24 de la Ley 30 de 1988 discriminado de la siguiente manera: valor de la tierra. ciento cuarenta y siete millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos moneda legal colombiana (($ 147.318.463). Valor de las mejoras. setenta y un millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y tres pesos moneda legal ($ 71.493.093), equivalente al monto del avalúo practicado por los peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, visible a folio 23 del cuaderno principal.

(22) Obra el certificado de matrícula inmobiliaria Nº Matrícula: 120 - 000446, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Popayán en el cual obran las siguientes anotaciones: “Nombre: Hacienda de Calaguala - Segundo Globo, Predio: Rural, Municipio: Puracé. Anotaciones: Registro 08, fecha: 4 de diciembre de 1978, número de radicación 6877, escritura 2073 de 29 de noviembre de 1978, Notaría Primera de Popayán, Naturaleza del acto: aporte a sociedad ($ 942.500 cada uno) De: Ordoñez Girón Miguel Sebastián (2/4 partes) y Ordoñez Girón Victoria Ximena (2/4 partes) A: sociedad Mixi Limitada (...) Registro 11, fecha: 18 de agosto de 1993, escritura: 778 - fecha 14 - 08 – 93, Notaria de Piendamó, naturaleza del acto: compraventa, valor: 218.811.556, de: sociedad Mixi Ltda. Al: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora”, visible a folio 42 del cuaderno principal.

(23) Contenido en el título de venta, visible a folio 42 del cuaderno principal.

(24) Certificado de existencia y representación de la sociedad Mixi Limitada, expedido por la Cámara de Comercio del Cauca, visible a folio 21 del cuaderno principal, en el cual se certifica sobre la transformación y fusión “impropia” en la sociedad Ximor Limitada, inscrita el 7 de junio de 1994, según se advierte en el certificado expedido por la misma entidad, visible a folios 15 y 21 del cuaderno principal.

(25) Copia de la escritura de venta 853 de 6 de diciembre de 1989, mediante la cual las señora Myriam Velásquez de Olaya y Stella Velásquez López transfieren el derecho de dominio a favor del Incora de dos lotes, identificado El Retiro 1 y El Retiro 2, ubicados en el municipio de Puracé, departamento del Cauca, en las sumas de $ 29.915.529 y $ 30.568.524 respectivamente. Visible a folios 227 del cuaderno de pruebas 1.

(26) Declaración del señor Raúl Valencia López, quien para el época de los hechos se desempeñaba como administrador de la Finca La “Florida” o “Calaguala” de la cual se destaca “Preguntado: ¿Sírvase informar cuánto tiempo duró usted como administrador de la finca La Floresta(sic)? Contestó: trabajé aproximadamente doce años, pero hace cinco años me retire de allá, desde que invadieron la finca. Preguntado: ¿Sírvase informar al tribunal si sabe usted las razones por las cuales la firma Mixi Ltda. negoció y vendió el inmueble La Florida al Incora? Contestó: tuvo varios motivos: primero comenzaron con mucho robo de ganado, y comenzaron a invadirla y a picarla, a dañar los potreros... La invadieron todos los indígenas de por allí mismo... Preguntado: ¿Sabe usted si el representante legal de la firma Mixi Ltda. pidió protección de las autoridades ante la invasión de que era objeto la finca de su propiedad? Contestó: varias veces, ante las autoridades de Popayán y las de Coconuce. La Policía fue varias veces, pero cuando veían la Policía se iban y se perdían y cuando la Policía se iba, volvían y salían. Preguntado: ¿Indique más o menos el número de invasores? Contestó: más o menos unos 200 eran los que iban a picar”, visible a folio 367 del cuaderno de pruebas número dos. En términos similares obran las declaraciones de los señores Joselito Hoyos Urrea, y Laurentino SanchezJorge.

(27) El presente avalúo se hace teniendo en cuenta la calidad de la tierra, su ubicación, su facilidad de acceso al predio, su topografía y el estado de los potreros, limpios y con pastos mejorados, lo mismo que la infraestructura existente en el momento, tanto en casas como en bodegas, así mismo en las cercas de división de potreros, el alto nivel de fertilidad de los suelos y máximo rendimiento de producción de papa en la zona. Lo mismo sucede con el rendimiento ganadero de doble utilidad (cría y ceba). En la finca Calaguala se maneja especialmente el ganado Normando con buenos resultados (...).

Con el fin de presentar un informe pericial lo más acorde con los elementos que en la actualidad se tiene en el predio en referencia y así mismo las características específicas de la zona, que enmarcan como parámetros la Hacienda Calaguala, hemos seguido el siguiente procedimiento: - Visita al predio... - Explotación Agrícola... En el momento de la visita se constató la existencia de varios cultivos de papa de diferentes variedades... Explotación agrícola en pastos. El método de implementación de potreros se realiza rotando los pastos con cultivos de papa..., Explotación forestal. Hay protección forestal en la Hacienda Calaguala, Explotación ganadera. La hacienda tiene en el momento explotación ganadera. Consideraciones del avalúo. Teniendo en cuenta la infraestructura existente, lo cultivos de papa que se encuentran actualmente en diferente estado de desarrollo, existiendo diferentes clases de pasto, con potreros debidamente demarcados, la topografía de la hacienda es en general en un ochenta por ciento plana y un veinte por ciento quebrada... Avalúo de las construcciones complementarias: $ 105.007.820, Avalúo de las vías de acceso: $ 61.200.000, Valor de suelos y su inversión $ 519.350.000. Total $ 685.557.820. Valor total del avalúo realizado a enero de 1997, es de seiscientos ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte pesos m/cte. folio 127 del cuaderno principal. Contrario a lo señalado en el trabajo inicial, en el trabajo de aclaraciones y complementaciones presentado por los mencionados peritos el 15 de octubre de 1997, se dice que dichos valores son para el año 1993 destaca: “Como para agosto de 1993 nuestro avalúo de la finca en mención fue de $ 685.557.820; con los índices anteriores indexamos este valor a agosto de 1997 y nos da $ 1.452.432.410. Este valor corresponde a tres factores, o sea a) Construcciones complementarias, b) Vías de acceso y c) Suelos e inversiones agrícolas”.

(28) Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil el 20 de noviembre de 1980, reiterada en providencias proferidas por la misma Sala el 16 de junio de 1981 y el 9 de diciembre de 1999, expediente 5368.

(29) Sentencia de 10 de noviembre de 1995. Proceso 10039. Sección Tercera, Consejo de Estado, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(30) Sentencia de 15 de marzo de 2001. Proceso 14415. Sección Tercera, Consejo de Estado, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(31) Sentencia de 15 de marzo de 2001. Proceso 14415. Sección Tercera, Consejo de Estado, C.P. Ricardo Hoyos Duque.