Sentencia 1995-10750 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: 250002326000199510750-01 (26450)

Actor: Jorge Humberto Bejarano Bejarano

Demandado: Inravisión

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada, en contra de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Debe la Sala considerar el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, contra la sentencia de 5 de noviembre de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a establecer si el daño alegado por los actores, esto es las lesiones sufridas por el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano, causadas al ser atropellado por un funcionario de la entidad con un vehículo oficial, resulta imputable a la demandada, pues, de ser ello así, la sentencia deberá ser confirmada.

Cabe anotar, además, que la entidad pública demandada es apelante único, razón por la cual la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar los argumentos de la impugnación, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad que la parte actora endilga a la administración accionada y al reconocimiento de los perjuicios reconocidos en la sentencia, respecto de los cuales el recurrente manifiesta su inconformidad.

2.2.1. Hechos probados(3).

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. El 18 de marzo de 1993, resultó lesionado el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano en un accidente de tránsito. De ello da cuenta, el resumen de la historia clínica del actor, proveniente del hospital San Rafael de esta ciudad, en la que figuran las siguientes anotaciones:

Paciente quien ingresa el 13 (sic) de marzo de 1993, sufre politraumatismo, presentando fractura de tibia izquierda, diafisiaría IVR. Manejada inicialmente con tutor externo y luego bota de yeso que evolucionó con retardo de consolidación por lo cual el 2 de junio de 1993 se realizó osteosíntesis con placa más injertos de su fractura de tibia. Asiste a controles y a tratamientos por fisioterapia. Presenta cicatriz anteromedial en rodilla izquierda. No hay movilidad o eritema en foco de fractura, radiografías muestran fractura consolidada en tibia izquierda. Por lo cual en julio de 1994 ingresa para retiro de material de osteosíntesis procedimiento sin complicaciones (fl. 179 cdno. 2).

El mismo centro asistencial, en otra epicrisis, hace constar lo siguiente:

Paciente quien ingresa por el servicio de urgencias el día 18 de marzo de 1993, por politraumatismo presentando fractura abierta GIII a tibia y peroné izquierdo, al ser atropellado por vehículo automotor (...). Se realiza reducción fractura con fijación tutor externo. En el postoperatorio presenta deterioro del estado de conciencia en 12 horas con palidez mucotánea, superficial con palimentos de descerebración. TAC cerebral muestra edema cerebral difuso. Radiografías de columna cervical son normales. Radiografías de tórax muestran edema pulmonar. Se realiza intubación orotraqueal por síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto secundario a embolismo graso.

Durante la evolución presenta necrosis de la herida pretibial realizándose colgajo fasciocutáneo e injertos de espesor parcial el día 30 de abril de 1993.

En la unidad de cuidados intensivos presenta evolución satisfactoria del cuadro neurológico con recuperación del estado de conciencia y pulmonarmente mejora síndrome de dificultas (sic) respiratoria agudo pero persiste absceso pulmonar. Sale de la UCI el 12 de abril de 1993.

En pisos hay evolución satisfactoria de cuadro pulmonar con la medicación recibida. Ortopédicamente se encuentra en buena evolución el día 7 de mayo se retira el tutor externo, se coloca bota de yeso largo y se considera que se puede dar de (sic) salida con control por consulta externa con valoración por neurología (fls. 6-7 cdno. 4).

Así mismo, obra en la actuación la valoración médica realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a cuyo tenor se lee:

Examinado hoy [18 de marzo] a las 18:10 horas, examinado en UCI de Clínica San Rafael presenta ventilación mecánica con tubo crotraqueal (sic) e inmovilización de pierna izquierda. HC. Nº 05347 informa que ingresó el 18.III.93 a las 18:43 horas, por haber sufrido politrauma en accidente de tránsito, presenta fractura abierta de tibia y peroné izquierdos, edema cerebral difuso y edema pulmonar. Lesiones por elemento contundente. Incapacidad provisional de sesenta (60) días (fls. 168-169 cdno. 2).

El 27 de abril de 1993, el Centro Radiológico del Sur encontró disfunción del hemisferio derecho, con “ldentificación que aparece en forma ocasional” (fl. 185 cdno. 2).

En los anexos de la epicrisis se observan dos órdenes médicas de 15 de junio de 1993, para control y tratamiento de la osteosíntesis y diez sesiones de fisioterapia (fls. 182-183 cdno. 2).

El 4 de agosto del año en mención, la Clínica Barraquer certificó haber practicado exámenes visuales al señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano; así:

Electro-retinograma

ERG que muestra al estimular con luz blanca una respuesta muy tenue, tanto en la fase tópica como escotópica no se encuentra ninguna respuesta.

Juicio crítico: ERG no registrable.

Electro-oculograma

El EOG muestra una relación oscuridad-luz de 109% OD y 113% OI, en el coeficiente de Arden.

Juicio crítico: EOG subnormal compatible con retinitia pigmentaria (fl. 174 cdno. 2).

La epicrisis del Hospital San Rafael dio cuenta de haber atendido al señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano el 14 y 29 de enero de 1997, esto es después de los hechos de que da cuenta el sub lite, por ambliopía, retinitis pigmentaria y catarata en ojo izquierdo (fls. 178-179 cdno. 2).

En la actuación obra el dictamen pericial ordenado por el a quo, con el objeto de que dos peritos avaluadores “(...) determinen el monto de los perjuicios materiales presentes y proyectados hacia el futuro desde el día 18 de marzo de 1993, hasta el límite de vida probable del actor, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad laboral sufrida por mi mandante, según certificación de medicina laboral y los ingresos mensuales del mismos que aparecen demostrados en el proceso” (fls. 8-9 y 31 cdno. 1).

El 3 de febrero de 1997, los peritos avaluadores, designados en el proceso, determinaron que, de conformidad con los “diagnósticos presentados por los médicos que intervinieron quirúrgicamente al lesionado” y “de acuerdo al Código Laboral en su artículo 209”, determinaron, en relación con la afectación de la vista, lo siguiente:

(...) en lo que corresponde a la parte ojos, lo hemos enmarcado en la disminución de nueve décimas de la capacidad visual del ojo izquierdo y disminución de ocho décimas de la capacidad visual del ojo derecho, lo que nos arroja una pérdida porcentual entre un 30 y un 35% del ojo izquierdo y un 24 y un 29% de pérdida de capacidad visual del ojo derecho y que al tenor de la tabla laboral sobre indemnizaciones, nos da un total de siete meses de indemnización para el ojo izquierdo y seis meses para el ojo derecho, es decir un gran total de trece meses de indemnización.

Al tiempo, los peritos encontraron:

De acuerdo al estudio de traumatología y neumología, hubo una afección crónica del aparato pulmonar a consecuencia de una lesión traumática, grado bajo, lo que arroja como resultado acorde con el artículo en mención del Código Laboral en porcentaje del 10 al 20% de pérdida de su capacidad pulmonar y que para esta escala la tabla da una indemnización igual a cinco meses.

Y, sobre los miembros inferiores:

Fractura miembro inferior izquierdo en la parte de tibia y peroné, lo que produjo una pérdida en la capacidad de locomoción y según la tabla, corresponde a un porcentaje entre el 40 y el 50%, por lo tanto esto daría una indemnización de doce meses.

Con fundamento en lo anterior, los peritos liquidaron los perjuicios materiales entre la ocurrencia de los hechos y el término de vida probable de la víctima, arrojando una suma total de $38 854 000 (fls. 170-173 cdno. 2).

La compañía de seguros La Previsora S.A. objetó por error grave el dictamen rendido en el proceso, fundada en que los expertos se extralimitaron “en el ejercicio de las funciones a ellos encomendadas, entiéndase que se les designó como peritos avaluadores”. Adujo que se “(...) fundamentaron en documentos técnicos-científicos obrantes en el proceso y sin mediar ningún tipo de valoración médica que califique el grado de incapacidad del señor Bejarano, entran a desplazar al médico laboralista o a la junta calificadora de invalidez”. Así mismo, alegó falta de soportes para liquidar los perjuicios como lo hicieron (fls. 85-86 cdno. 1).

El 29 de abril de 1998, el Hospital Clínica San Rafael valoró nuevamente al actor y, determinó:

Paciente con secuela de FX abierta GHI sufrida en accidente de tránsito.

Luego de múltiples intervenciones: tutor externo, injertos óseos, placas osteosíntesis, se observó consolidación de la fractura.

El paciente actualmente está reintegrado a sus actividades laborales, sociales y familiares, pero tiene restricciones para actividad física extenuante y deportiva, por las secuelas de la fractura que le ocasiona molestias y cojera ocasional y leve disminución de arcos del movimiento del tobillo (fl. 201 cdno. 2).

Por último, el 24 de agosto de 1999, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social rindió concepto médico en los siguientes términos:

En relación con la vista:

De acuerdo con la historia clínica aportada, el paciente sufrió accidente de tránsito el 18 de marzo de 1993 que cursó con trauma craneoencefálico con pérdida de la conciencia 24 horas después del trauma y durante 20 días (encefalopatía hipóxica secundaria a embolismo graso) (TAC mostró edema cerebral difuso), además de fractura abierta de tibia y peroné (grado III A). El primer informe de la Dirección Científica del Hospital Clínica San Rafael (jun. 3/93), anota que recuperaba la conciencia, el paciente comenzó a notar mala agudeza visual por ojo derecho; también se anota que el paciente fue operado por masa orbitaria de ojo izquierdo cuando tenía unos días de nacido y utilizaba lentes desde hacía cuatro años. El examen de agudeza visual de esa consulta, anota cuenta dedos para ojo izquierdo y de 0.5 (sin y con corrección) para ojo derecho; además, se escrime (sic) leucoma corneal y catarata punteada de ojo derecho. El día 4 de junio de 1993 se procede a fondo de ojo con dilatación que muestra cataratas, ambliopatía y retinitis pigmentaria (...). El último concepto del médico oftalmólogo del 12 de agosto de 1999 y aportado por el paciente refiere que la retinosis pigmentaria es una enfermedad genética de carácter progresivo.

Y, en cuanto a la pierna izquierda:

El examen físico actual muestra también una cicatriz lineal de 30 centímetros en cara anterior de pierna izquierda. Los arcos de movimiento del cuello de pie izquierdo muestran limitación en los últimos grados. El examen neurológico es negativo con excepción de las alteraciones visuales descritas.

De lo anterior, los médicos laborales concluyeron:

Actualmente las únicas secuelas aparentes, producto del accidente ocurrido el 18 de marzo de 1993, corresponden a la cicatriz lineal en la piel de pierna izquierda y ligera disminución de los arcos de movimiento del cuello de pie izquierdo. El estudio del defecto visual del paciente corresponde a retinosis pigmentaria, la cual es una enfermedad hereditaria, no es posible asociar su causa al accidente de tránsito.

La secuela descrita arriba, producto del accidente de tránsito no produce incapacidad ni amerita indemnización. De acuerdo con el Código Laboral en su artículo 209, numeral 26, el paciente presenta una invalidez del 75% (negrillas fuera de texto, fls. 197-199 cdno. 2).

2.2.1.2. En relación con la forma como ocurrieron los hechos, la Sala cuenta con las declaraciones de los policías bachilleres y agentes de tránsito que hicieron presencia en el lugar y en la clínica en donde se encontraba el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano, las cuales refieren a la ocurrencia de un accidente de tránsito entre un vehículo oficial de propiedad de Inravisión, conducido por un funcionario de la entidad y una motocicleta en la que se desplazaba la víctima.

Cabe anotar que en la actuación no reposa informe, comparendo o croquis de los hechos que datan del 18 de marzo de 1993, en los que resultara involucrado el vehículo de placas OBA-606, pues, no obstante haber sido solicitado, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá informó que el mismo no se encuentra en sus archivos. (fls. 146-153 cdno. 2).

La señora Mary Luz Ayala Noguera, agente de tránsito de Bogotá dio cuenta de lo ocurrido el día 18 de marzo de 1993. Sostuvo haber acudido al centro asistencial en donde se encontraba hospitalizado el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano, con el objeto de adelantar el proceso respectivo, sin éxito, comoquiera que el afectado no lo permitió, justamente para que no se inmovilizara la motocicleta de su propiedad. Sobre el particular, la testigo expresó:

Lo que me acuerdo es que yo llegué a la clínica San Rafael en Santafé de Bogotá, porque nos enviaron de la central de la secretaría de tránsito a un caso. Llegamos a ver al lesionado que es Jorge Humberto y hablamos con él, yo iba con Robinson Trujillo, que trabajó conmigo como agente de tránsito (...). Hablamos con el lesionado y quiso que no conociéramos el caso, ya había hablado con dos compañeros más de tránsito, nosotros le dijimos que primera estaba la salud de él, que una moto se conseguía después con el trabajo, que no le conocieran el caso, pero yo creo que alguien le había dicho que hiciera eso. Que no conocieran el caso es que no se levante el croquis o que se haga el procedimiento, y la mamá de él decía que no se hiciera reconocimiento del caso. Yo fui al sitio, no vi la moto, el carro si pero no me acuerdo como era, el carro a que se refiere es el del choque en el que fue una moto conducida por el señor lesionado y un carro (testimonio recibido en primera instancia, fls. 348-349 cdno. 4).

El señor José Leopoldo Cuartas Orozco rindió declaración ante la Veeduría de la oficina de tránsito. Afirmó que el 18 de marzo de 1993, aproximadamente a las 6:30 p.m., colisionó con una motocicleta, en momentos en que conducía un vehículo oficial de propiedad de Inravisión, en el que resultó herido el actor. Aseguró que no se levantó croquis, por el estado en que se encontraba el lesionado. Así mismo, sostuvo que llegó a un acuerdo con la víctima y los familiares, en relación con los gastos médicos y el arreglo de la motocicleta, al tiempo que sostuvo que los agentes de tránsito hicieron presencia en el centro asistencial pero no levantaron ningún informe, debido al acuerdo al que llegaron las partes (fls. 25-28 cdno. 2).

En similares términos el señor Cuartas Orozco expuso ante el Juzgado 30 Penal Municipal de Bogotá, que i) el día de los hechos en el lugar del accidente “acababa de hacer el pare” “lleva[ba] unos 10 o 15 kilómetros por hora”, “cuando arranqué fue que apareció el motociclista” y ii) se dirigía al Ministerio de Comunicaciones, “(...) en misión oficial me desplazaba por la calle 11, en sentido oriente a occidente y al llegar a la carrera 6ª hice el pare y miré y no vi a nadie e inmediatamente arranque, no había alcanzado a pasar la carrera 6ª, cuando apareció un motociclista que colisionó conmigo, en el guardabarro delantero derecho en la punta del mismo, presumo que venía a muy buena velocidad porque salió despedido por encima del carro, cayendo al lado izquierdo del carro, como a unos cinco metros del vehículo, yo iba en compañía de un escolta del director de Inravisión” (fls. 107-113 cdno. 4).

El señor Fabián R. Mauricio Higuera Salazar, policía bachiller, afirmó ante la Veeduría de Tránsito, que el 18 de marzo de 1993 se encontraba de servicio cuando observó un “(...) vehículo que bajaba por la calle 11 atropelló a un motociclista que iba por la carrera 6ª llevando la vía, inmediatamente fui a recoger al herido y lo transportamos en compañía de mi compañero Beltrán Daza Luis Gonzalo a la clínica San Rafael en el mismo vehículo que lo atropelló”. Aseguró que el conductor que conducía el automotor de Inravisión “tenía todos los documentos al día” (fls. 46-48 cdno. 2).

Y, en similares términos, en el proceso penal puso de presente que i) “(...) observó al herido tirado en el andén, estaba bocarriba, y cuando me le acerqué se estaba quejando de una pierna y de la cabeza y se iba a quitar el casco, pero nosotros no dejamos que se lo quitara, y los curiosos se habían aglutinado en ese sitio, y nosotros procedimos a quitarnos y a cargar al herido hasta el vehículo que lo atropelló para conducirlo a la clínica, lo llevamos a San Rafael, porque el herido decía que allí tenía una hermana que era enfermera”; ii) el conductor del automotor “era el que manejaba el carro del director de Inravisión”, acompañado por “un agente de la policía más exactamente un escolta y el lesionado era un mensajero, todos tenían sus papeles al día, lo mismo que los papeles de los vehículos” y iii) él y su compañero Beltrán Daza se “llevaron al herido a la clínica, no vi a ningún agente de tránsito, sin embargo me enteré luego que ellos o sea Parra Cardozo y Sánchez se habían quedado cuidando la moto, eso me lo comentaron ellos”.

Preguntado por el “informe o croquis de los hechos”, el testigo respondió: “yo no vi croquis ni informe por ningún lado, lo que pasa es que los agentes de tránsito que estaba en la clínica nos pidieron el favor de que a mi compañero Daza y a mí, de que les indicáramos el sitio exacto donde ocurrió el suceso, eran dos agentes de tránsito, un hombre y una mujer”.

El deponente dio cuenta de que el herido “tenía la pierna rota, me parece que era la izquierda, eso la tenía prácticamente desprendida, en la cabeza no le observé nada, y de resto no tenía nada más”. Aseguró que en el accidente ocurrió en un cruce de vías, en donde “existe un pare por la calle pues la carrera es la que lleva la vía, o sea que la motocicleta llevaba la vía” (fls. 103-106 cdno. 4).

El agente de tránsito Robinson José Trujillo Pulgarín, por su parte, afirmó, ante la Veeduría de la oficina de tránsito, que hizo presencia en la clínica en donde se encontraba el actor, junto con su compañera Mary Luz Ayala, para constatar lo sucedido y levantar el correspondiente informe, el que no se hizo por petición del actor, para evitar que se inmovilizara la motocicleta, pues era su medio de trabajo. Al respecto, sostuvo:

Me mandaron por medio de la central de radio a la Clínica San Rafael, llegué y estaba el señor lesionado y estaba el vehículo y el conductor de este en el mismo sitio, fui a averiguar por el lesionado y el conductor, al encontrarlos les expliqué el procedimiento que tenía que llevar a cabo, les informé las causas que este conllevaba, hablé con el lesionado manifestándome él, de que (sic) porque se llevaban la moto a los patios, ya que de eso vivía él y mantenía el hogar, el muchacho lesionado manifestó que no quería que la moto la llevaran para el patio y le informé que eso se debía al procedimiento, y el señor junto con el conductor dijeron que llegaban a un común acuerdo, más yo explicándoles que no era autoridad competente para hacer dicho arreglo y el lesionado dijo que él no quería ninguna intervención de las autoridades de tránsito y el señor conductor delante de la señora madre, dijo que se hacía cargo de los cargos (sic) médicos, el familiar del lesionado no quiso mostrar documentación de la moto, por lo cual hablé con el lesionado y le rogué que me mostrara los documentos y volvió a negarlos, que porque él no iba a dejar que se llevaran su moto y volvió a repetirme que de eso vivía, y yo volví a recalcarle que era por procedimiento y que primero estaba la salud que el valor material; entonces el muchacho me pidió que no hiciera ningún procedimiento porque él ya sabía o tenía información de que las motos, cuando entran en patio las desvalijan, por eso tampoco quería que se le conociera el caso. Yo le advertí de que si no dejaba conocer el caso, era a riesgo y responsabilidad de él, porque yo como agente de tránsito mi obligación es conocer el caso, pero no puedo obligar al lesionado sabiendo aún que él está en el papel de víctima, y no quiso dejar conocer el caso, quedando de testigos la señora madre (fls. 54-55 cdno. 2).

El testigo declaró en similares términos ante el Juzgado Treinta Penal Municipal de Bogotá. Del contenido de la declaración se destaca:

El caso lo mandó la central de radio, por lo cual acudimos [refiriéndose a su compañera Mary Luz Ayala] no al sitio del accidente sino a la clínica, posteriormente nos dirigimos al lugar de los hechos, después nos regresamos al hospital y hablamos con el señor conductor de la moto o lesionado, se le explicó el procedimiento de tránsito por el cual el señor lesionado junto con la señora madre no pedían la intervención de las autoridades de tránsito (fls. 78-79 cdno. 4).

Los auxiliares de policía bachiller Paulo Emilio Sánchez Suárez y Juan Carlos Parra Cardozo afirmaron que hicieron presencia en el lugar del accidente y que luego llegó un agente de tránsito que “levantó el croquis”, recogieron al herido y lo trasladaron al hospital San Rafael (fls. 92-98 cdno. 4).

2.2.1.3.El 4 de enero de 1995, el Juzgado Treinta Penal Municipal de Santafé de Bogotá condenó al señor Cuartas Orozco por el delito de lesiones personales, cometidas en la persona del señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano. Para el efecto, el juez consideró que el sindicado incurrió en una conducta culposa, en la medida en que no atendió la señal de pare antes de cruzar por la vía en la que transitaba la víctima, quien tenía prelación de paso. Del contenido de la decisión se destacan los siguientes apartes:

La acción que se atribuye a Cuartas Orozco consiste en haber lesionado a una persona, sin intención de hacerlo, pero con culpa, es decir sin previsión del resultado previsible o previéndolo pero confiando en poder evitarlo. Doctrinariamente se ha aceptado que un comportamiento culposo se desencadena por imprudencia, impericia, imprevisión o por violación de reglamentos, denotándose precisamente que el acusado se lanzó temerariamente a realizar un cruce de una vía sin hacer el PARE reglamentario a que estaba obligado, con lo cual desconoció las disposiciones del Código Nacional de Tránsito. Como lo precisamos en la resolución de acusación, si en verdad el señor Cuartas Orozco hubiera obedecido la señal, con toda seguridad hubiera advertido la presencia o cercanía de la motocicleta, pues precisamente este tipo de señal lo que busca es que el conductor detenga la marcha, se cerciore de que otros vehículos no transiten por la vía que tiene prelación, de tal manera que cuando se reanude la marcha es porque se está seguro de poder cruzar sin obstáculos (fls. 151-157 cdno. 4).

El funcionario fue condenado a seis meses de prisión, al pago de dos mil pesos de multa y a una indemnización por los daños causados, tasados en el equivalente a 100 gramos oro, “sin perjuicio de que el ISS repita contra el obligado por los gastos que asumió”.

El señor José Leopoldo Cuartas Orozco consignó a nombre del juzgado la suma de $1 168 665 (fl. 162 cdno. 4).

La decisión quedó ejecutoriada el 23 de enero siguiente (fl. 73 cdno. 4).

2.2.1.4. El jefe de servicios generales del Instituto Nacional de Radio y Televisión dio cuenta de que el señor José Leopoldo Cuartas Orozco se vinculó a la entidad el 14 de noviembre de 1986, en el cargo de mecánico clase I grado 10 de la Sección de Cinematografía y, para el día de los hechos, entre las 6:00 y 6:30 p.m., cumplió funciones de conductor, por órdenes de la Dirección Ejecutiva del instituto. Así mismo, certificó que el vehículo de placas OBA-606 marca Chevrolet Monza, en el que el funcionario se desplazaba, se encontraba asignado a la Dirección Ejecutiva de la entidad (fls. 20 cuaderno 2, 4 y 285 cdno. 4).

La compañía de seguros La Previsora S.A. allegó a la actuación copia del certificado de renovación 30314 de la póliza de automóviles 7-5602, en la que figura Inravisión como tomador, beneficiario y asegurado, con vigencia entre el 1º de enero de 1993 al 31 de marzo del mismo año, esto es para la fecha de los hechos, que ampara el vehículo Chevrolet Monza de placas OBA-606, por un valor asegurado en el amparo de responsabilidad civil extracontractual de $5.000.000, por muerte o lesiones a una persona y por muerte o lesiones causadas a dos o más personas de $10.000.000, con un deducible del 10% (fls. 4-8 cuaderno 3).

2.2.1.5. El señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano es propietario de la motocicleta marca Suzuki de placas WBF-50, según da cuenta la tarjeta 003585. El vehículo se encontraba amparado por una póliza de daños corporales causados en accidentes de tránsito, de la compañía de seguros La Previsora S.A., con vigencia entre el 18 de junio de 1992 y el mismo día y mes del siguiente año (fl. 2 cdno. 4).

2.2.1.6. La empresa Colprevi S.A. dio cuenta al a quo de que, para la fecha de los hechos, el señor Bejarano Bejarano laboraba como mensajero, devengando un salario mensual de $85 000. De igual forma, hizo constar que “al revisar la carpeta personal se encuentran los certificados de incapacidad por el ISS, desde marzo 19 de 1993 hasta octubre 9 de 1993, equivalentes a 206 días de incapacidad continúa” y, más adelante, entre el 13 y el 22 de enero —10 días—, el 11 al 30 de julio —20 días— y el 1º al 10 de agosto de 1994 —10 días—, esto es cuarenta (40) días (fls. 58-59 cdno. 4).

2.2.2. Juicio de responsabilidad.

Las pruebas aportadas por las partes y las allegadas durante las oportunidades legales al proceso, permiten concluir que el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano fue arrollado por un vehículo oficial de propiedad del Instituto Nacional de Radio y Televisión, conducido por un trabajador de la entidad.

En efecto, se encuentra probado que el 18 de marzo de 1993, cuando el actor se desplazaba en una motocicleta, fue atropellado por el vehículo Chevrolet de placas oficiales OBA-606, de propiedad de la demandada, conducido por el señor José Leopoldo Cuartas Orozco, empleado de la misma. Se conoce que este último no atendió la señal de pare en la carrera 6ª con calle 11, en el centro de esta ciudad, dando lugar al accidente en que el actor resultó lesionado. De ello dan cuenta las pruebas testimoniales y documentales que reposan en la actuación.

Sobre el particular, cabe anotar que, si bien dos de los policías bachilleres que acudieron al sitio de los hechos hacen referencia al levantamiento de un croquis, no reposa en los archivos de la entidad, de donde es dable colegir que, como lo pusieron de presente los agentes de tránsito que se hicieron cargo del caso e hicieron presencia en la clínica donde se encontraba la víctima, el mentado croquis no se levantó (fls. 146-153 cdno. 2).

No obstante, el artículo 238 del Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el artículo 92 de la Ley 33 de 1986, impone a las autoridades que conocen de una contravención al Código Nacional de Transporte Terrestre, ordenar la detención de la marcha y, previa amonestación al conductor, anotar lo ocurrido en una orden de comparendo, para que el infractor se presente ante las autoridades competentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que se disponga la inmovilización del automotor, cuando la infracción cometida contemple la aplicación de la medida y hasta cuando se subsane o cese la causal que le dio origen. A menos que esta sea subsanable en el sitio donde se detecte la infracción (D. 2591/90, art. 24).

De modo que, en el sub lite los agentes de tránsito omitieron un deber legal, de imperativo cumplimiento, del cual no se exoneran con el consentimiento de los particulares.

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que, en el ejercicio de actividades peligrosas, como la conducción de vehículos, a la víctima le basta demostrar que sufrió un daño, en el marco de dicho ejercicio, para que surja la obligación de reparar, a menos que el guardián de la actividad, convocado a responder, logre demostrar una causa extraña, susceptible de romper el nexo causal.

No obstante, el análisis en conjunto del acervo probatorio que reposa en la actuación permite establecer que el señor Cuartas Orozco omitió la señal de pare reglamentario, dando lugar al accidente, pues la señal busca, precisamente, que el conductor detenga la marcha y antes de seguir, respete la prelación y, para hacerlo, se cerciore de que otros vehículos no transitan por la vía principal.

Siendo así y dado que el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano sufrió lesiones que ameritaron su reclusión en un centro asistencial y una incapacidad temporal, la sentencia impugnada, en cuanto declaró la responsabilidad, debe confirmarse.

Es que el actor no tiene que soportar el daño y la entidad deberá repararlo, porque fue causado por la acción de un agente de la demandada, al margen de la naturaleza peligrosa de la actividad.

Ahora, si bien en la actuación no obra un informe o croquis elaborado por la autoridad de tránsito, como era de esperarse, la prueba testimonial da cuenta de lo ocurrido y permite establecer que el actor fue arrollado por el vehículo oficial conducido por un servidor público, es decir por y a causa de la actividad estatal.

2.2.3. Perjuicios.

Teniendo en cuenta que la entidad pública demandada es apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus.

Precisado lo anterior la Sala procederá a resolver cada uno de los aspectos objeto de inconformidad del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión.

a) En el punto 1º de la apelación, la entidad pública sostuvo que “Las lesiones sufridas por Jorge Humberto Bejarano Bejarano no le causaron incapacidad permanente y la incapacidad provisional fue únicamente de 60 días, la cual jamás varió medicina legal” y, en el punto 10 del mismo escrito, adujo que “La sentencia objeto de apelación tiene graves incongruencias respecto de la cuantificación del daño al efectuar la liquidación: la cuantificación es irreal y no se ajusta a lo acreditado ni a los parámetros que señala el Consejo de Estado. Se liquidaron dos periodos, el histórico y el futuro sin tener ninguna base para ello, pues el demandante no falleció y el accidente no le causó invalidez permanente. Por este concepto la sentencia condenó a una suma exorbitante $107.348.973 que no se sabe de dónde sale, si tenemos en cuenta que el demandante apenas ganaba un salario mensual de $85.000 y su incapacidad para trabajar solo fue de 60 días”.

Al respecto, la Sala encuentra que, si bien según el dictamen de medicina legal rendido el 18 de marzo de 1993, es decir el día de los hechos, las lesiones padecidas por el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano daban lugar a una incapacidad de sesenta (60) días, por presentar “fractura abierta de tibia y peroné izquierdos, edema cerebral difuso y edema pulmonar” (fls. 168-169 cdno. 2), debe considerarse que lo diagnosticado fue provisional; que la empresa Colprevi S.A., donde laboraba la víctima, por su parte, hizo constar que “al revisar la carpeta personal se encuentran los certificados de incapacidad por el ISS, desde marzo 19 de 1993 hasta octubre 9 de 1993, equivalentes a 206 días de incapacidad continúa” y que a lo anterior debe sumarse cuarenta (40) días más (fls. 58-59 cdno. 4), demostradas en el plenario.

Lo anterior significa que la incapacidad determinada por medicina legal se encuentra comprendida entre las que reporta el empleador de la víctima, esto es doscientos seis (206) días en el año de 1993 y cuarenta (40) días más en el año 1994.

Ahora, la Sala comparte la decisión del a quo de apartarse del dictamen pericial practicado en el proceso, el 3 de febrero de 1997 (fls. 170-173 cdno. 2), en la medida en que los peritos designados efectivamente excedieron el límite de su competencia y no soportaron debidamente sus conclusiones.

Ello es así, porque los peritos, sin ser médicos, fijaron la incapacidad laboral con ocasión de las lesiones padecidas por el actor y, con base en ello, determinaron el monto de la indemnización, siendo que les correspondía, únicamente, como peritos avaluadores, determinar el monto de los perjuicios materiales causados, teniendo en cuenta los ingresos percibidos por la víctima al momento de los hechos y su expectativa de vida (fls. 8-9 y 31 cdno. 1).

De suerte que, como el dictamen tampoco se fundamentó, aunado a lo expuesto, la objeción tenía que prosperar, como ocurrió.

En lo atinente a la incapacidad laboral determinada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 24 de agosto de 1999, la Sala considera que le asiste razón al recurrente para solicitar que el juez se aparte de la valoración allí contenida, por contradicción en sus conclusiones, pues al tiempo que se pone de presente la recuperación de la víctima y la ausencia de secuelas, se estimó un porcentaje de “invalidez”.

En efecto, los médicos laborales determinaron que “las únicas secuelas aparentes, producto del accidente ocurrido el 18 de marzo de 1993, corresponden a la cicatriz lineal en la piel de pierna izquierda y ligera disminución de los arcos de movimiento del cuello de pie izquierdo”, aclarando, además que “el estudio del defecto visual del paciente corresponde a retinosis pigmentaria, la cual es una enfermedad hereditaria, no es posible asociar su causa al accidente de tránsito”. Concluyeron, por tanto, que la cicatriz de la lesión sufrida en la pierna izquierda“no produce incapacidad ni amerita indemnización”, no obstante y sin justificación alguna, establecen que “el paciente presenta una invalidez del 75%” (fls. 197-199 cdno. 2).

La evidente contradicción en el dictamen, impide que se tenga en cuenta el porcentaje de “invalidez” del 75% establecido, para efectos de liquidar los perjuicios materiales causados, en la modalidad de lucro cesante.

No obstante, la Sala encuentra causado el perjuicio, en razón de las incapacidades laborales debidamente acreditadas en el proceso, por lo que resulta del caso indemnizar los periodos de incapacidad, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente para esas fechas, esto es doscientos seis (206) días para el año 1993 y cuarenta (40) días para el año 1994. Por tanto, se actualizará el salario mínimo legal vigente para esos años, de conformidad con la siguiente fórmula:

 

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(4)

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(5)

Acto seguido se liquidará el lucro cesante causado, con fundamento en la fórmula de la indemnización vencida:

Por las incapacidades acreditadas en el año 1993:

 

10750 D.png
 

 

Donde:

S = suma que se busca al momento de la condena

Ra = renta actualizada (base de liquidación)

n = número de meses a indemnizar (206 días de incapacidad, correspondientes al año 1993, esto es 6,86 meses)

i = interés técnico legal mensual (0,004867)

 

 

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Por las incapacidades acreditadas en el año 1994:

 

10750 F.png
 

 

Donde:

S = suma que se busca al momento de la condena

Ra = renta actualizada (base de liquidación)

n = número de meses a indemnizar (40 días de incapacidad, correspondientes al año 1994, esto es 1,33 meses)

i = interés técnico legal mensual (0,004867)

 

10750 G.png
 

 

En consecuencia, la entidad pública demandada deberá pagar al señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano la suma de tres millones setecientos cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte. ($3.705.899), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

b) En el punto 2 de la alzada, el recurrente sostuvo que “[l]a providencia hace más condenas a la demandada que las solicitadas por el demandante. Es así como en las pretensiones no se piden perjuicios materiales ni fisiológicos y la sentencia condena al pago de éstas, nótese que únicamente se pidieron perjuicios morales”.

A juicio del recurrente, la sentencia de primera instancia es ‘extra petita’, pues el a quo asumió de oficio el estudio de dos pretensiones no sometidas a control jurisdiccional, esto es, fuera de la controversia que debía resolver.

Es de anotar que es principio fundamental que la sentencia se profiera “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda (...) y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” (CPC, art. 305).

Similar disposición se desprende del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo. Dispone la norma que la sentencia debe ser motivada, que los hechos en que se funda la controversia habrán de ser analizados, al igual que las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones formuladas. Se trata de resolver todo el contradictorio.

El principio de congruencia de la sentencia exige, de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma y, de otra, que la decisión corresponda a lo pedido y debatido, es decir, conforme la controversia marcada en el proceso.

Cuando la providencia no respeta el principio de congruencia, es porque se reconoce un mayor derecho que el invocado por el demandante —ultrapetita—; se va más allá de lo reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados —extrapetita— y “minuspetita” cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.

Se busca que la parte demandante obtenga la respuesta esperada; pero no solo eso, también salvaguardar el derecho de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.

De donde el desconocimiento del principio de congruencia comporta la violación del debido proceso, en la medida en que el ordenamiento jurídico consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la demanda, amén del acceso a la justicia. Por ello es contundente la exigencia consagrada en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que “[l]a demanda con que se promueva todo proceso deberá contener: ...5. lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.... 6. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones,... 7. Los fundamentos de derecho que se invoquen.... 10. La petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer”, entre otros requisitos.

No es menos importante esta exigencia en materia contenciosa, dado el objeto de la jurisdicción de juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, expresada en actos, hechos u operaciones administrativas.

Siendo así, es dable concluir que la falencia advertida por la demandada no se presenta, pues tanto los perjuicios materiales, como los que la parte actora denominó “fisiológicos”, integran el petitum de la demanda y, por lo mismo, fueron conocidos por la demandada, razón por la cual la sentencia impugnada guarda congruencia con lo pedido.

En efecto, inicialmente la parte actora impetra la declaración de responsabilidad, con ocasión de los perjuicios de “todo orden” causados al demandante Jorge Humberto Bejarano Bejarano, en un accidente de tránsito que data del 18 de marzo de 1993, en momentos en que es atropellado por un vehículo de propiedad de la demandada, automóvil Chevrolet de placas OBA-606, conducido por funcionario a su servicio, señor José Leopoldo Cuartas Orozco.

Así, solicita condenar a la accionada a pagar i) “El equivalente a dos mil gramos de oro fino por concepto de perjuicios morales”; ii) “La suma de veinte millones de pesos, por concepto de perjuicios morales (sic) derivados de la disminución de la capacidad laboral del demandante como consecuencia del hecho dañino”; iii) “Que sobre las condenas líquidas en dinero se aplique corrección monetaria teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor entre el día 18 de marzo de 1993 y la fecha de la condena” y iv) “Los gastos del proceso, incluyendo los honorarios de abogado y los intereses correspondientes...” (fls. 2-3 cdno. 1).

Y, una vez relacionados los hechos, cuantificó los perjuicios causados así:

a) Morales: El equivalente a 2.000 gramos de oro fino, teniendo en cuenta que el demandante sufrió a raíz del accidente, dificultades respiratorias severas, que le generaron padecimientos físicos y síquicos innarrables (sic); que sufrió deformación estética de su pierna izquierda, situación esta que le genera continuas depresiones, habida consideración de su edad, viéndose privado, además, de ejercitar actividades deportivas, sociales y recreativas, amén de padecimientos que habrán de indemnizarse.

b) Materiales: Estos se cuantifican en la suma de veinte millones de pesos, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad laboral definitiva que por causa del hecho dañino sufre mi mandante.

13. (sic) Mi representado, de su propio peculio erogó gastos médicos y farmacéuticos por valor aproximado de $800.000 (negrillas fuera de texto, fls. 4-5 cdno. 1).

Si bien la parte actora no solicitó expresamente el reconocimiento y pago de los perjuicios que denominó “fisiológicos”, una lectura integral de la demanda permite establecer que estos fueron incluidos en su pretensión indemnizatoria, comoquiera que en los hechos del libelo y en el acápite de pretensiones se alega que, como consecuencia del accidente, el señor Bejarano Bejarano sufrió una lesión en su pierna izquierda que trajo como consecuencia una deformidad estética, al tiempo que padeció dificultades respiratorias, “viéndose privado, además, de ejercitar actividades deportivas, sociales y recreativas” (fl. 6 cdno. 1).

Es de anotar que en sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readoptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(6).

El daño a la salud es aquél que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49), sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La Sala precisó que “(...) desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, se buscó una mayor precisión conceptual, es decir, referir el daño a la salud, a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminada a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, buscando una tasación más objetiva. Esto es, que determinado su alcance, la indemnización corresponda al perjuicio, en orden a una reparación integral.

De conformidad con lo expuesto, resulta infundado el argumento del recurrente, respecto a la incongruencia de la decisión, en la medida en que las reparaciones decretadas por el a quo fueron solicitadas y pudieron contradecirse.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la entidad pública demandada es apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, por lo que mantendrá el monto reconocido por el a quo.

c) En el punto 3 de la impugnación, Inravisión alegó que “Las condenas que se imponen son exageradas desde todo punto de vista, por cuanto de las lesiones dictaminó medicina legal que “actualmente las únicas secuelas aparentes, producto del accidente ocurrido el 18 de marzo de 1993, corresponden a la cicatriz lineal del pie izquierdo”. Es decir no existe relación entre la causa y su efecto. Es más, en el mismo diagnóstico efectuado por medicina legal se lee “La secuela descrita arriba producto del accidente de tránsito no produce incapacidad ni amerita indemnización”, entonces no se entiende por qué se liquidan los perjuicios de la manera como se hace en esta sentencia, teniendo en cuenta una invalidez del 75%”.

Al respecto, la Sala se remite a las consideraciones expuestas al resolver el primer punto de la apelación.

d) En el punto 4 de la alzada, la entidad pública afirmó que “En la liquidación de los perjuicios todas las operaciones se hacen con cifras actualizadas, pero no ocurre igual situación cuando de los $53.032.631 que suma el lucro cesante, se le descuenta el valor recibido por la víctima como indemnización decretada en el proceso penal...”; en el punto 5º del mismo escrito, la demandada sostuvo que “En el proceso penal el lesionado y actual demandante ya fue indemnizado en forma justa, como es lo correcto” y en el punto 6º alegó que “Al mantener una condena como la que es objeto de apelación se está propiciando un enriquecimiento sin justa causa”.

La Sala no comparte el argumento de la demandada en cuanto al enriquecimiento sin causa que generaría una condena en este proceso, por la indemnización ordenada en el proceso penal, ya que la Policía Nacional “(...) estaría cohonestando y contribuyendo a un enriquecimiento sin causa, a un pago de lo no debido y a un doble pago a favor de los demandantes”, pues tal y como lo ha sostenido la corporación(7), las fuentes y causas de las indemnizaciones de la responsabilidad extracontractual del Estado y penal, en principio son diferentes, lo cierto es que una vez que el agente responde civilmente, en el marco del proceso penal, se haría nugatoria la acción de repetición, en tanto el agente no puede ser compelido a pagar doble.

Cabe anotar, además, que si bien la prueba testimonial hace referencia a la existencia de un acuerdo económico entre la víctima y el funcionario público comprometido en los hechos, en la actuación no reposa copia del mismo y, aun en el evento de haberse incorporado a las diligencias, lo asumido por el agente sería a título personal, sin que los efectos del arreglo hubieran podido extenderse a la entidad pública accionada, en la medida en que esta no hizo parte de él y, por ende, no pudo contradecir.

Es de advertir que lo que se juzga no es la conducta personal del agente, sino la responsabilidad institucional de la administración.

En el presente asunto el hecho dañoso resulta imputable a la entidad demandada, pues un agente suyo en servicio y conduciendo un vehículo oficial causó un daño a quien no tenía el deber jurídico de soportarlo. Razón por la cual resulta procedente el reconocimiento y pago de los perjuicios causados al demandante.

Iguales consideraciones merece el punto 11 de la alzada.

e) En el punto 7 de la apelación, el recurrente sostuvo que “No se condenó a la llamada en garantía, siendo sujeto procesal y con responsabilidad solidaria por la póliza de seguros”.

Sobre el particular, la Sala considera que no le asiste razón al demandado, comoquiera que, la compañía de seguros La Previsora S.A., vinculada al proceso bajo la figura del llamamiento en garantía, fue condenada al pago de los perjuicios materiales causados al actor, teniendo en cuenta la cobertura del riesgo y el límite del valor asegurado.

En efecto, en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo, el a quo dispuso que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad en los hechos de que da cuenta la demanda, se condenara al Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, anotando que podía repetir contra la llamada en garantía, hasta concurrencia de la cobertura contratada en la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual allegada a la actuación.

Acreditada la responsabilidad del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, con las pruebas que reposan en el proceso, la Sala considera acertada la decisión del tribunal a quo al vincular y declarar responsable a la compañía de seguros La Previsora S.A., al existir un vínculo contractual vigente con la parte demandada, en virtud del contrato de seguro contenido en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 7-5602, modificada por el certificado de renovación 30314, que ampara el vehículo Chevrolet Monza de placas OBA-606, hasta por la suma de $5.000.000, contrato que ampara la contingencia por la cual se ha demandado.

En efecto, la compañía de seguros La Previsora S.A. allegó a la actuación copia del certificado de renovación 30314 de la póliza de automóviles 7-5602, en la que figura Inravisión como tomador, beneficiario y asegurado, con una vigencia entre el 1º de enero de 1993 al 31 de marzo del mismo año, esto es vigente para la fecha de los hechos-, por un total asegurado por muerte o lesiones a una persona de $5.000.000, en la que se pactó un deducible del 10% (fls. 4-8 cdno. 3).

En consecuencia, tal y como lo consideró el tribunal, la compañía de seguros La Previsora S.A. deberá responder por la condena impuesta en la sentencia impugnada, en los términos del contrato de seguro, esto es hasta $5.000.000 debidamente actualizados, conforme la siguiente fórmula:

 

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Lo anterior, sin perjuicio del deducible del 10% del valor del siniestro.

f) En el punto 8 de la impugnación, el Instituto Nacional de Radio y Televisión puso de presente que “La prueba trasladada es una cosa y controvertir la prueba es otra muy distinta. El hecho que ambas partes hayan solicitado como prueba trasladada las copias del proceso penal, para el presente caso no exime al juzgador de haber citado a los declarantes para que el demandado controvierta la prueba respecto del daño causado”.

En relación con el traslado de pruebas, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

En los términos de la norma, solo las pruebas que cumplan con los requisitos prescritos podrán ser valoradas sin más formalidades. En armonía con lo expuesto, ha sostenido la Sala que cuando el traslado de las pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes —como ocurre en el presente asunto—, podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando no hayan sido ratificadas, pues en este caso la contradicción se surtió y resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite allegar un elemento de convicción recaudado en un litigio en el que no hizo parte, empero se retracte si le llegare a resultar desfavorable a sus intereses, invocando formalidades legales inexistentes para su inadmisión(8). Además, la Ley 446 de 1998 no exige la ratificación, a menos que fuere solicitada por la contraparte.

En el sub lite, la parte actora solicitó oficiar i) al juzgado penal que conoció del proceso adelantado en contra del señor José Leopoldo Cuartas Orozco, por el delito de lesiones personales cometido en la persona de Jorge Humberto Bejarano Bejarano y ii) a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, para que se allegaran las diligencias administrativas adelantadas con ocasión de los hechos, particularmente las adelantadas en la Veeduría de dicha entidad (fls. 6-7 cdno. 1). La demandada, por su parte, se allanó a la primera petición (fl. 20 cdno. 1).

En consecuencia, podían ser valoradas, como se hizo, las pruebas aportadas en por las partes en las oportunidades legales y las trasladadas del proceso penal —testimoniales y documentales— por solicitud de la actora, coadyuvada por la entidad demandada, decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo.

Además, cabe anotar que, también podían ser valoradas las declaraciones que fueron practicadas en la veeduría de la oficina de tránsito, en la medida en que también constituyen pruebas que, además, fueron recibidas por una entidad pública que goza de legitimidad para establecer su validez, las que, finalmente, estuvieron a disposición de la entidad pública en el transcurso del proceso.

Al respecto, cabe anotar que en los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, además de los medios de prueba que la norma relaciona y que el mismo estatuto regula “(...) sirven como pruebas (...) cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”, los que se practican con sujeción a las disposiciones que regulan mecanismos semejantes o siguiendo el prudente juicio del juzgador.

El derecho a probar se establece constitucionalmente en el artículo 29(9), como uno de los pilares del derecho de defensa y, por ende, del debido proceso, de ahí que el juzgador deberá ser particularmente cuidadoso en restringirlo.

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española “prueba” significa en sentido general “razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo...”y, jurídicamente, conforme a la misma fuente, es la “justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley (...)”(10).

La prueba testimonial es un medio en el que, a través de terceros, se obtiene información respecto de acontecimientos controvertidos en un proceso “(...) mediante declaraciones emitidas por personas físicas, distintas de las partes y del órgano judicial, acerca de sus percepciones o realizaciones de hechos pasados o de lo que han oído sobre estos”(11) y “ante el funcionario que corresponda y con las formalidades legales, por persona ajena al juicio”(12); en los términos del artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, “[t]oda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley”, siempre que haya presenciado algún acontecimiento o conozca del mismo y por ello esté en condiciones de declarar.

Ahora, debe plantearse la necesidad de considerar a la Nación como una sola unidad jurídica ante quien, a través de sus respectivos agentes, se surten los procesos judiciales y administrativos, integridad que justifica enrostrarle a cualquier entidad pública que la represente las pruebas recaudadas en los procesos judiciales que se llevan a cabo ante la persona jurídica antes señalada, sin que, para el efecto, cuente el centro de imputación, de trascendencia para efectos presupuestales. Perspectiva que permitiría valorar los testimonios rendidos contra cualquier autoridad nacional, sin requerir de ninguna formalidad.

La Constitución Política garantiza el acceso a la justicia(13) y la facultad de probar(14) como derechos fundamentales orientados a asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la primacía de los derechos inalienables de las personas(15), con prevalencia del derecho sustancial(16).

No es posible imponer que todo documento declarativo deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en la formación del medio de convicción, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción, lo que se cumplió en el presente asunto, pues la entidad pública tuvo a su disposición la prueba trasladada de la oficina de Tránsito y Transporte de Bogotá, en donde se recibieron las declaraciones.

g) Y, en el punto 9 de la alzada, la entidad alegó que “No se probaron los perjuicios morales...”.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001 —proceso acumulado 13232-15646—(17), la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizado con una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(18), de conformidad con los siguientes parámetros(19): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(20); (ii) el perjuicio se tasa con fundamento en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) se tiene en cuenta, cuando sea del caso, lo ordenado en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

En correspondencia con lo anterior y dado que, de conformidad con las reglas de la experiencia, quien padece una lesión física también sufre congoja y aflicción, por lo que habrá lugar a reconocer, a título de daño moral la suma de dinero establecida por el a quo en la sentencia, esto es en el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano.

La Sala, por otra parte, mantendrá las demás decisiones contenidas en la sentencia, por no haber sido objeto de impugnación, excepto la referida a los perjuicios materiales, como ya se expuso.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 5 de noviembre de 2003 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR administrativamente responsable al Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, por las lesiones sufridas por el señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano, causadas por un trabajador de la entidad que conducía un vehículo oficial, en hechos ocurridos el 18 de marzo de 1993.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, a pagar a favor del señor Jorge Humberto Bejarano Bejarano, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

3. CONDENAR al Instituto Nacional de Radio y Televisión –INRAVISIÓN- a pagar al señor Jorge Humberto Bejarano, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicio a la salud.

4. CONDENAR al Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, a pagar al señor Jorge Humberto Bejarano la suma de tres millones setecientos cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte. ($3.705.899), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

5. La compañía de seguros La Previsora S.A. responderá por las sumas que la entidad demandada efectivamente cancele a la parte demandante, hasta el máximo del valor asegurado debidamente actualizado, sujeto a los términos y condiciones de la póliza respectiva, tal y como se consideró y resolvió en la sentencia de primera instancia.

6. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El 17 de marzo de 1995, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $9’610.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 2 000 gramos oro, esto es la suma de $22’529.880, por concepto de perjuicios morales.

(3) En la demanda la parte actora solicitó oficiar i) al juzgado penal que conoció del proceso adelantado en contra del señor José Leopoldo Cuartas Orozco, por el delito de lesiones personales cometido en la persona de Jorge Humberto Bejarano Bejarano y ii) a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, para que se allegaran las diligencias administrativas adelantadas con ocasión de los hechos, particularmente las adelantadas en la veeduría de dicha entidad (fls. 6-7 cdno. 1). La demandada, por su parte, se allanó a la primera petición (fl. 20 cdno. 1).

(4) La Sala tomará como índice inicial la fecha de la última incapacidad reportada en el año de 1993, esto es la del mes de octubre de ese año.

(5) La Sala tomará como índice inicial la fecha de la última incapacidad reportada en el año de 1994, esto es la del mes de agosto de ese año.

(6) M.P. Enrique Gil Botero, exp. 19031. En este caso, se trató de la explosión de una mina antipersonal que dio lugar a la amputación de la pierna derecha de la víctima y una disminución de su capacidad laboral del 95%.

(7) Sentencias de 25 de julio de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 14001; de 19 de agosto de 2004, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, exp. 15791 y de 5 de abril de 2013, exp. 27162, con ponencia de quien proyecta la presente providencia.

(8) Al respecto ver sentencias de febrero 21 de 2002, expediente 12.789. M.P. Alier Hernández Enríquez; de 5 de junio de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 16398; de 25 de agosto de 2011, exp. 21065, con ponencia de quien proyecta el presente asunto, entre otras decisiones.

(9) “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

(10) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Madrid, Vigésima segunda edición, 2009-2010.

(11) Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, pág. 562.

(12) Cardoza Isaza, Jorge, Pruebas judiciales, pág. 215.

(13) Conforme al artículo 229 Constitucional, “[s]e garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

(14) El artículo 29 Constitucional garantiza a toda persona el derecho “...a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”.

(15) Así lo impone la Constitución Política —se destaca—: “[s]on fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” —art. 2º— y “[e]l Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona” —art. 5º—.

(16)Preceptúa el artículo 228 Constitucional, que “[l]a aadministración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” (se destaca).

(17) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(18) Sobre el particular se pueden consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, exp. 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Bermúdez, exp. 14726, entre otras.

(19) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 de septiembre de 2011, radicación 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

(20) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.