Sentencia 1995-11197/36751 de julio 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 680012315000199511197 01 (36751)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Alfredo Villamizar Acuña y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa y otro

Asunto: Acción de reparación directa

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al encontrar probado que el daño antijurídica es imputable a la parte demandada /Restrictor: Legitimación en la causa - Caducidad de la acción - Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual de Estado - Imputación de responsabilidad al Estado por daños causados a particulares con ocasión del ejercicio electoral en el marco del Estado social de derecho

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil dieciocho.

Decide la Subsección C el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar el 30 de noviembre de 2004, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda y pretensiones.

El día 16 de noviembre de 1995(1), los señores Luis Alfredo Villamizar Acuña, Ana Dolores Navas de Villamizar y Fernando Villamizar Navas, presentaron demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa, Registraduría Nacional del Estado Civil y Congreso Nacional, por intermedio de apoderado en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, en la cual reclama le sean pagados los perjuicios causados por la destrucción parcial de unos inmuebles y muebles de su propiedad, como consecuencia de un atentado el cual iba dirigido a la sede política del Partido Conservador en el municipio de Girón-Santander.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó le fuera reconocido por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de cincuenta y tres millones de pesos ($ 53.000.000), correspondiente al valor de la recuperación de los bienes mueble e inmuebles afectados con el atentado referido.

De igual manera, solicitó le fuera reconocido por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000), correspondientes a los cánones dejados de percibir por el inmueble de propiedad de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar, así como los salarios dejados de recibir por parte del señor Fernando Villamizar Navas como profesor de música.

Finalmente, requirió a las demandadas a pagar a favor de los actores la suma de tres mil (3.000) gramos oro fino, equivalentes en dinero a treinta y siete millones ciento sesenta mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 37.160.460) por concepto de daño moral, ocasionados “por el terrible impacto emocional que sufrió a consecuencia de la pavorosa explosión de que trata esta demanda”.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, los demandantes expusieron los siguientes hechos:

El día 6 de febrero de 1994, en el municipio de Girón-Santander se registró una explosión dirigida a la sede del Partido Conservador que la destruyó parcialmente así como otro inmueble que colindaba con este, cuyos propietarios eran los señores Ana Dolores Navas de Villamizar y Luis Alfredo Villamizar Acuña, respectivamente.

De igual manera, como consecuencia de la anterior explosión se produjo la destrucción total de una academia de música dirigida por el señor Fernando Villamizar Navas, la cual operaba en uno de los inmuebles referidos.

Con base en lo anterior, solicitó que las demandadas fueran condenadas al pago de diferentes sumas de dinero por concepto de perjuicios de orden material e inmaterial.

3. Actuación procesal en primera instancia.

Mediante auto del 19 de diciembre de 1995(2), el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda, la cual fue notificada personalmente a los demandados(3) y se fijó en lista.

Mediante escrito del 23 de abril de 1996(4), la apoderada de la Nación-Ministerio del Interior presentó contestación a la demanda, en el que frente a los hechos y pretensiones manifestó que se oponía a todas y cada una de ellas, alegando como causal eximente de responsabilidad del Estado, el hecho exclusivo de un tercero y propuso como excepción la que denominó “inepta demanda”.

Por otro lado, el 24 de abril de 1996(5), la apoderada de la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil dio contestación a la demanda, donde frente a los hechos y pretensiones manifestó que se oponía a todas y cada una de ellas, y propuso como excepción la que denominó “falta de personería por activa”, dado que el poder fue otorgado únicamente para demandar a la Nación-Ministerio de Defensa.

Finalmente, a través de memorial de la misma fecha(6), la apoderada de la demandada Nación-Ministerio de Defensa contestó la demanda, en el que frente a los hechos y pretensiones se opuso totalmente a cada una de ellas.

El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 27 de junio de 1996(7), dispuso abrir a pruebas el presente proceso.

Por auto de fecha 16 de enero de 2004(8), se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia.

En escrito del 23 de julio de 2010(9), el apoderado de la parte demandante alegó de conclusión reiterando lo dicho en la demanda y agregó que con el acervo probatorio allegado al plenario se acreditó un daño antijurídico, al haberse demostrado la destrucción parcial por causa de un explosivo de la sede del Partido Conservador en el municipio de Girón-Santander, y que el mismo le es imputable al Estado.

El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia del tribunal.

La Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar mediante sentencia del 30 de noviembre de 2004(10), negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño alegado en la demanda no es imputable a las demandadas, dado que la parte demandante con las pruebas aportadas al proceso no demostró que haya habido una falla en el servicio por parte de estas, frente a los hechos ocurridos el 6 de febrero de 1994.

Al respecto, afirmó que “las expectativas de un eventual ataque son genéricas, no son concretas, son abstractas en el tiempo y en el espacio y por ello mismo no hay modo de saberlo para evitarlo, dónde y cuándo se presente el evento dañino, correspondiendo por tanto al actor la carga de la prueba de su diligencia, cuidado y requerimiento a la autoridad. Y en el caso presente pretende el actor con su afirmación de una amenaza permanente y suficiente, deshacerse de la carga de la prueba e invertir el orden lógico procesal (...)”.

Por lo anterior, el colegiado de primera instancia decidió negar las pretensiones de la demanda.

6. El recurso de apelación y actuación en segunda instancia.

Contra lo así decidido se alzó la parte demandante mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2005(11), los motivos de su inconformidad fueron sustentados así:

El recurrente afirmó que si bien en el fallo atacado no se encontró demostrada la falla en el servicio por parte de las demandadas, eso no quería decir que el daño padecido por los actores no fuera imputable al Estado, pues “el permitir que funcione en la casa de uno una sede política desde la cual un partido o movimiento político legal librará la lucha por llegar al Congreso Nacional” deberá estudiarse bajo la teoría del riesgo excepcional o del rompimiento del equilibrio en la distribución de las cargas públicas, en la medida que la celebración de dichos comicios electorales es fundamental para la existencia de nuestro Estado democrático social de derecho.

En ese sentido, dedicó en parte de su escrito de impugnación a transcribir apartes de la doctrina del grupo subversivo del ELN, para finalmente concluir que con los ataques perpetrados sobre los inmuebles de los hoy demandantes, la subversión “no simplemente está generando terror en la población (...) sino que está atacando al Estado, en este caso atacándolo en uno de los pilares fundamentales que lo sustentan, el de la democracia, como quedó expuesto atrás”.

Por otro lado, discrepó del fallo de primera instancia en lo referente a la afirmación realizada por el colegiado cuando indicó que la Policía Nacional realizaba patrullajes espontáneos en el municipio de Girón al momento de los hechos, afirmación frente a la cual advirtió no encontrarse acreditada con los elementos probatorios traídos al expediente.

Así las cosas, solicitó la revocatoria total del fallo proferido por la Sala de Descongestión de los tribunales de Santander, Norte de Santander y Cesar, y que en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.

El 27 de febrero de 2009(12), el tribunal concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en cumplimiento a lo dispuesto por esta corporación en auto dictado en segunda instancia el 3 de septiembre de 2008(13).

Posteriormente, esta corporación por medio de auto del 13 de mayo de 2009(14) admitió el recurso de apelación impetrado por el accionante.

Mediante auto del 10 de junio de 2009(15), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

La parte demandada Nación-Ministerio de Defensa a través de escrito del 29 de julio de 2009(16) presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos expuestos en su contestación de la demanda, en el que insistió que en el “presente caso no existe responsabilidad alguna que pueda atribuirse al Estado, por cuanto los perjuicios que sufrió el demandante como consecuencia del ataque guerrillero terrorista donde resultó afectado el bien mencionado en la demanda, fueron producto del hecho exclusivo y determinante de un tercero y no es imputable al ente público”(17).

II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(18), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante los señores Luis Alfredo Villamizar Acuña y Ana Dolores Navas de Villamizar, en su condición de propietarios de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 300-73478(19) y 300-74154(20), afectados por la explosión ocurrida el 6 de febrero de 1994, quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

De igual manera, y bajo la misma calidad comparece el señor Fernando Villamizar Navas en su condición de damnificado por la destrucción de sus muebles y enseres domésticos y de sus implementos de trabajo como profesor de música, quien en la condición aducida se encuentra legitimado en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida en contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, quien de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 1512 de 2000 tiene el deber legal de definir, desarrollar y ejecutar las políticas de defensa y seguridad nacionales, “para garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. En consecuencia, y atendiendo la naturaleza de los hechos que aquí se estudian, dicha entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

Ahora bien, en lo que respecta a la Registraduría Nacional del Estado Civil encuentra la Sala que, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 1010 de 2000, son funciones de la entidad “dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales”, por lo tanto, atendiendo la naturaleza de los hechos que aquí se estudian, dicha entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

Finalmente, con relación a la Nación-Congreso Nacional, encuentra la Sala que comoquiera que los hechos que refiere la demanda no guardan relación con las funciones asignadas a dicha entidad por la Constitución y la ley, esta Sala deberá declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de las mismas.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).

En el caso concreto, la Sala observa que los hechos que desencadenaron las pretensiones de la demanda, tuvieron su génesis en la explosión ocurrida en los inmuebles de propiedad de los demandantes el día 6 de febrero de 1994, y por tanto, es desde el día siguiente a esta fecha, que la Sala tomará para contar el término de la caducidad de la acción.

Así las cosas, como la demanda de reparación directa tuvo lugar el 16 de noviembre de 1995(24), para esta corporación está acreditado entonces, que la acción fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acervo probatorio(25). 

Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan las siguientes pruebas:

2.1. Documentales.

1. Copia de acta de inspección del lugar de los hechos realizada por el jefe de la unidad investigativa de policía judicial de fecha 7 de febrero de 1994(26), en el que se describe lo sucedido con el atentado perpetrado sobre los inmuebles de propiedad de los demandantes.

2. Copia de denuncia formulada por el señor Luis Alfredo Villamizar por la explosión perpetrada sobre los inmuebles de su propiedad, de fecha 7 de febrero de 1994(27), en el que afirmó que no tiene sospecha de quien haya producido dicho hecho, y que frente a la pregunta de qué pudo haberlo motivado, respondió que supone que fue por la sede política que allí funcionaba.

3. Copia de oficio 5 de fecha 12 de febrero de 1994(28) suscrita por el técnico de explosivos de la unidad investigativa de la policía judicial, en la que informó que en el lugar del atentado funcionaba una sede política del movimiento denominado “Fuerza de Integración Gironés”, así como también funcionaba la “Casa de centro de artes las nieves”, ubicadas en la calle 28 Nº 26-83, de igual manera en dicho documento se señaló la cantidad aproximada de explosivo utilizado y las víctimas que sufrieron lesiones como causa del mismo.

4. Copia de ampliación de la denuncia del señor Luis Alfredo Villamizar de fecha 28 de febrero de 1994(29), en la que afirmó que la sede política venía funcionando aproximadamente hace dos (2) meses en su inmueble, sin que ni siquiera se hubiera realizado o firmado el contrato de arrendamiento.

5. Copia de declaración recibida el día 4 de marzo de 1994(30) al señor Gerardo Villamizar Durán residente en la carrera 27 Nº 28-18, en la que, además de relatar detalles del momento de la explosión, indicó que la supuesta sede política llevaba funcionando hacía mes y medio.

6. Copia de declaratoria rendida por la señora Clara Isabel Ordoñez Castillo, de fecha 7 de marzo de 1994(31), quien en calidad de residente de una de las casas averiadas por la explosión, indicó los posibles motivos del ataque perpetrado en contra de los inmuebles, con relación a las sedes políticas que allí funcionaban.

7. Copia de la diligencia de testimonio del señor Juan de Dios Quezada de fecha 9 de marzo de 1994(32), en la que frente a la pregunta de si sospechaba de quién pudo haber perpetrado en atentado, dijo que no sabía nada.

8. Copia de la diligencia de testimonio practicada a la señora María Claret Siza Garcés de fecha 10 de marzo de 1994(33), en la que afirmó no tener idea de quién fue el autor de dicha explosión.

9. Copia de la diligencia de testimonio practicada al señor Cesar Augusto Reyes Mantilla de fecha 22 de marzo de 1994(34), en la que afirmó no tener idea de quien fue el autor de la explosión que afectó los inmuebles de propiedad del hoy demandante.

10. Copia de la diligencia de testimonio practicada al señor Rubén Mantilla García de fecha 24 de marzo de 1994(35), en la que afirmó no tener idea de quien fue el autor de dicha explosión, indicando además qué era lo que funcionaba en dichos inmuebles.

11. Copia de la diligencia de testimonio rendida por el señor Fernando Villamizar Navas de fecha 6 de mayo de 1994(36), en el que señaló que el inmueble había sido arrendado al señor Jesús Ángel Carrizosa como sede política, pero que no sabía de amenazas previas ni a ellos, ni al inquilino.

12. Copia de oficio 287 de fecha 9 de agosto de 1994(37), por medio del cual la unidad de inteligencia del departamento de Policía Nacional de Bucaramanga se refirió acerca de la explosión de cuatro (4) artefactos explosivos en esa ciudad y en otros municipios aledaños.

13. Copia de diligencia de ampliación de denuncia tomada al señor Luis Alfredo Villamizar Acuña de fecha 23 de febrero de 1995(38), por medio de la cual el hoy accionante afirmó en su momento que le había advertido al arrendatario, sobre los riesgos que corría la sede política, a lo que este contestó que no había problema, porque ellos eran mediadores entre el gobierno y la guerrilla.

14. Copia de ampliación de la declaratoria rendida por la señora Clara Isabel Ordóñez Castillo, de fecha 23 de febrero de 1995(39), quien en calidad de residente de una de las casas averiadas por la explosión, agregó respecto a su primera declaración, que la bomba la habían puesto por el funcionamiento de una sede política.

15. Copia de oficio 73 de fecha 25 de febrero de 1995(40) por medio del cual el jefe de unidad de inteligencia de la Sijin rindió un informe al jefe de la unidad investigativa de esa entidad en la ciudad de Bucaramanga.

16. Copia de declaratoria rendida por el señor Jorge Arturo González González, de fecha 8 de marzo de 1995(41), quien en calidad de residente del municipio de Girón, recalcó que la sede no había recibido amenazas por parte ningún grupo armado.

17. Copia de declaratoria rendida por el señor Jesús Ángel Carrizosa Franco, de fecha 17 de marzo de 1995(42), quien en calidad de candidato a la Cámara de Representantes en la época, señaló las diferente circunstancias que rodearon el arriendo del inmueble de propiedad del señor Villamizar Acuña, así como de la explosión perpetrada en contra de este.

18. Oficio 1843 de fecha 3 de septiembre de 1996(43), por medio del cual el departamento de policía de Santander, estación del municipio de Girón, envió el folio 159 el cual trata de la explosión de un petardo de dinamita en “la calle 28 Nº 26-65 (sic) de Girón”.

19. Oficio 1889 de fecha 10 de septiembre de 1996(44), por medio del cual el departamento de policía de Santander, estación del municipio de Girón, dio respuesta al oficio del Tribunal Administrativo de Santander Nº 3389 del 6 de septiembre del mismo año, de la siguiente manera:

“(...) En referencia al oficio del asunto, me permito informarle al señor Teniente, que revisados los archivos de la unidad, solo se halló en el libro de población que se llevaba para la fecha en el folio 159 una anotación que a la letra dice: A esta hora (22:45 del día 060294), en la Calle 28 Nº 26-65 (sic) explotó petardo de dinamita por desconocidos; causando daños a casas vecinas por un total de 32.000.000 millones aproximadamente, resultaron con heridas leves los señores que pasaban por ese lugar en momentos de la explosión (...) ningún grupo subversivo se atribuyó al (sic) hecho.

Con respecto al segundo punto, no existen antecedentes sobre informaciones por parte de personas o autoridades que alertaran a la policía sobre amenazas lanzadas contra el directorio político, sus representantes, vecinos o residentes del sector.

Referente al tercer punto, revisados los archivos no se hallaron documentos en los cuales se halla pedido protección para los afectados o víctimas del hecho.

Referente al cuarto punto, para el mes de febrero del año 1994 se encontraba como comandante de la estación de policía Girón, el señor Mayor Barajas Nova José Fernando; por lo que solicito que el despacho cite al mencionado para que exponga cuál fue el plano operacional puesto en ejecución, para la época ya que en el archivo no reposan antecedentes sobre el particular (...)”.

20. Oficio 3494 de fecha 14 de septiembre de 1996, por medio del cual el departamento de policía de Santander dio contestación al oficio del tribunal de primera instancia 3705 de la siguiente manera(45):

“(...) Al numeral 1º. Adjunto me permito enviar fotocopia del folio 159 del libro de población llevado en la estación Girón y donde aparece la anotación sobre la novedad ocurrida el día 060294, cuando explotó un petardo en la residencia ubicada en la calle 28 Nº 26-65.

A los numerales 2º y 3º. Según lo manifestado por el señor comandante de la estación de policía Girón no se halló ningún antecedente sobre informaciones que alertaran a la policía de amenazas lanzadas contra el directorio político ubicado en la mencionada dirección. Igualmente no se hallaron antecedentes sobre petición de protección por parte de los afectados ante la Policía Nacional. Por último, el comandante de la estación de policía Girón manifiesta que en el archivo de esa unidad no reposan antecedentes sobre las medidas tomadas por la Policía Nacional, en cabeza del comandante de estación, una vez ocurrido el hecho (...)”.

21. Oficio 2496 de fecha 23 de septiembre de 1996(46), por medio del cual la fiscalía delegada ante los juzgados regionales de Cúcuta, remitió copia de la preliminar radicada bajo el número 9420, relacionadas con los actos terroristas de que fueron objeto los inmuebles ubicados en la carrera 27 Nº 28-02/08 o calle 28 Nº 26-83 del municipio de Girón.

2.2. Testimoniales.

1. Diligencia de ratificación de testimonio del señor Antonio María Serrano Serrano de fecha 1º de septiembre de 1999(47), llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Girón-Santander, quien, en su calidad de residente del inmueble que fue destruido parcialmente con un explosivo, indicó como causa del mismo razones políticas, al respecto se rescata lo siguiente:

“(...) Preguntado: Qué daños ocasionaron al inmueble y que otra oficina funcionaba ahí? Contestó: La puerta, la ante puerta, las ventanas del frente todas, techo, venció las paredes y ahí estaban unos políticos en un local donde pusieron la bomba, estaban en campaña política, pero no me acuerdo cual político era (...). Preguntado: Diga si tiene conocimiento, quiénes fueron los autores del hecho, y por qué motivo atentaron contra ese inmueble y sus moradores. Contestó: No tengo conocimiento quiénes fueron y supongo que fue por causa de la política, por otra cosa no, ni era contra alguno de los que vivíamos ahí, yo creo que la política fue la causa (...). Preguntado: Díganos si usted sabe qué grupo se atribuyó el atentado con esa bomba explosiva? Contestó: Ninguno, no sé, se oían tantas versiones pero ya no recuerdo qué (...)”.

2. Diligencia de recepción de testimonio del señor Ricardo Martínez Estupiñán de fecha 2 de septiembre de 1999(48), llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Girón-Santander, quien en su calidad de residente del inmueble afectado por el estallido, describió todo lo que rodeó dicho atentado, así:

“(...) Preguntado: Sírvase hacer un relato claro y preciso de todo cuanto ocurrió en el sector de Las Nieves cuando fue colocada una bomba explosiva que causó daños en la vivienda de la familia Villamizar? Contestó: En ese entonces, me parece que fue el ocho de febrero del noventa y cuatro, me parece, era para unas elecciones, yo vivía en la casa de los señores Villamizar, y la bomba la colocaron fue en una sede política que había ahí, le habían arrendado a una sede política pero ya no recuerdo cual era, faltando como diez o cinco para las once de la noche explotó la bomba (...) y como a los cinco minutos llegó la policía. Preguntado: Sírvase informar en qué lugar fue colocado el artefacto explosivo? Contestó: En la entrada principal de la casa ubicada en toda la esquina de la plaza de Las Nieves, por la calle 28 con carrera 27. Preguntado: Díganos qué daños causó la explosión? Contestó: Dañó puertas, ventanas, daños en cuatro piezas, la parte donde colocaron la bomba se derribó el techo, acabó todo lo que había en la sede política (...). Preguntado: Diga si ustedes habían recibido alguna amenaza sobre la bomba que iban a colocar? Contestó: No, creo que Fernando sí sabía, el hijo del señor Villamizar. Preguntado: Díganos, si usted sabe quién o quiénes son los autores de ese hecho? Contestó: No, nada. Preguntado: Díganos si usted sabe qué grupo se atribuyó el atentado. Contestó: Cuando ese tiempo (sic) la guerrilla tenía amenazadas las sedes políticas y ahí fue cuando comenzaron a colocar bombas por todos lados, esa noche estallaron tres en Bucaramanga y Girón. Preguntado: Tiene usted conocimiento, qué persona o personas vieron a los autores del hecho que se investigó? Contestó: No, nadie vio nada (...)”.

3. Diligencia de recepción de testimonio del señor Jorge Arturo González González de fecha 26 de marzo de 1999(49), llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Girón-Santander, quien en su calidad de secretario de la “sede política” del movimiento “Fuerza de Integración Gironés”, describió lo que ocurrió al momento del atentado, de la siguiente manera:

“(...) Preguntado: Sírvase decir, si sabe o presume cuál es el motivo por el cual ha sido llamado a declarar en este juzgado? Contestó: Sí, por el proceso de la residencia del señor Luis Alfredo Villamizar. Como dice tener conocimiento sírvase hacer un relato detallado de los hechos ocurridos el día 6 de febrero del año 1994, en la sede política “Fuerza de Integración Gironés”, donde hizo explosión un artefacto, causando daños materiales y lesiones en algunas personas? Contestó: Eso sucedió ese domingo tipo diez y media a once de la noche, lo cual hubo una explosión donde salió perjudicada la sede de Jesús Ángel Carrizosa Franco y viviendas vecinas, en el cual también salieron algunos transeúntes y moradores de las casas (...) yo era secretario de la sede política, iba ya a descansar en mi casa cuando oí el petardo, yo vivo como a cinco cuadras de donde estaba la sede y al salir a la puerta vi pasar a un joven y le pregunté qué había pasado y me dijo que era una bomba que habían colocado cerca al parque de Las Nieves, yo no me pude comunicar por teléfono porque las líneas estaban bloqueadas (...). Preguntado: Díganos, si usted sospecha o tiene conocimiento, quién fue la persona que colocó el mencionado artefacto? Contestó: Yo fui secretario de la sede pero en ningún momento me llamaron o me enviaron cartas, sé que esa noche ocurrió eso, saliendo perjudicadas todas las personas”.

4. Diligencia de testimonio del señor César Augusto Reyes Mantilla de fecha 26 de marzo de 1999(50), llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Girón-Santander, quien en su calidad de residente del sector en el que ocurrió la explosión, indicó como causa del mismo razones políticas, al respecto se rescata lo siguiente:

“(...) Contestó: Yo no recuerdo la fecha exacta, como a las once de la noche aproximadamente sentimos una explosión de alto poder que destruyó las casas, las dos casas de la familia Villamizar Navas y averió la mía y la de la familia Mantilla Sanabria, yo me encontraba ya durmiendo como a treinta metros de la explosión, yo pensé que era un terremoto, yo no sé quién la puso, esas casas, es decir, donde pusieron la bomba quedó destruida en un ochenta por ciento, la otra del frente en un cincuenta por ciento de destrucción y la mía fueron daños más leves (...). Preguntado: Informe en qué sitio fue colocado el artefacto explosivo y qué daños causó este? Contestó: La carga explosivo (sic) creo que fue colocada en la puerta de la casa contigua a la mía, la de la esquina, no sé el número exacto. Allí funcionaba una sede política de Jesús Ángel Carrizosa Franco, Representante a la Cámara, también funcionaba una cosa de clases de música, danzas y arte (...). Preguntado: Díganos si se tenía conocimiento o alguna información sobre ese artefacto que se iba a colocar en ese sitio? Contestó: No, nada, lo único que se temía era porque era época preelectoral (sic) creo yo (...)”.

5. Diligencia de ratificación de testimonio del señor Juan de Dios Quezada Sierra de fecha 12 de abril de 1999(51), llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Girón-Santander, quien en su calidad de residente del municipio donde ocurrió la explosión, describió cómo se había producido la explosión.

2.3. Dictamen pericial.

1. Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 1996(52), los señores Jorge Esteban Manosalva Murillo y Rudecindo Gómez Otero, arquitecto e ingeniero civil, respectivamente, allegaron la experticia encomendada por el tribunal de primera instancia, en el que indicaron como valor actualizado del daño material, daño emergente y lucro cesante junto con sus intereses corrientes un valor total de ciento treinta y dos millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos seis pesos ($ 132.875.206), y del cual se destacó lo siguiente:

“(...) Fuentes de información.

Para dar respuesta a este peritazgo consultamos fuentes de información del Banco de la República, el banco de datos DANE y el expediente.

Desarrollo del experticio

A. Como es casi imposible evaluar por nosotros los daños ocasionados por el atentado en las viviendas de los demandantes; ya que el atentado se registró el 6 de febrero de 1994, y no existe hoy un retrato fiel de tales daños; así que entraríamos a suponer los valores sobre lo que nos informaran; lo cual no mostraría la realidad de los mismos. Por lo anterior tomamos como base los valores suministrados por el apoderado de los demandantes en la demanda y que corresponde a los estimativos que solicitan les sean reconocidos (...)”.

2. Dictamen pericial de fecha 6 de septiembre de 1999(53), presentado por el señor José Fernando Cepeda, arquitecto, en el que avaluó los daños materiales sufridos en las viviendas ubicadas en la calle 28 Nº 26-83 y carrera 27 Nº 28-02 o calle 28 Nº 26-84, del municipio de Girón de propiedad del señor Luis Alfredo Villamizar.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si el daño producido a los inmuebles y enseres de propiedad de los demandantes como consecuencia del estallido de un explosivo, es imputable a las entidades demandadas Nación-Ministerio de Defensa y Registraduría Nacional del Estado Civil.

4. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(54).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5. Imputación de responsabilidad al Estado por daños causados a particulares con ocasión del ejercicio electoral en el marco del Estado social de derecho.

Precisado el concepto de imputación de responsabilidad del Estado, pasa la Sala a referirse a aquellos casos en que en el marco de una actividad lícita, como lo son las elecciones populares, hay lugar a declarar la responsabilidad de la administración.

Colombia, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Lo que evidencia que una de las principales características del Estado colombiano es su régimen político democrático. Para la Corte Constitucional dicho rasgo implica, “por un lado, que los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones; de otro lado, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta”(55).

Entonces, una de las manifestaciones del sistema democrático son las elecciones populares, las cuales, al ser una de las formas de expresión del poder democrático, deben ser garantizadas y protegidas por las instituciones del Estado, como lo consagra que el artículo 40 constitucional, según el cual “el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que estos puedan ejercer sus derechos como tales”(56).

En el mismo sentido, el artículo 23 de la Convención americana de los derechos humanos consagra que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

Por otra parte, los ciudadanos tienen obligaciones en el ejercicio de ese poder político, pues el sistema democrático no puede existir “si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para los asociados”(57); es por esto que la Constitución Política, en el artículo 95 numeral 5º establece que uno de los deberes ciudadanos es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

Lo anterior significa que, al ser Colombia un Estado social de derecho debe asegurar que las elecciones sean desarrolladas conforme a los mandatos que establece la constitución, los cuales no solo disponen que todos y cada uno de los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos, sino que también implican que el certamen electoral y todas aquellas actividades que le sean conexas, como el funcionamiento de sedes políticas, se desenvuelvan en completa paz.

La falta de cumplimiento de dicho mandato, acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado, siempre y cuando se verifique la causación de un daño que, además, pueda ser catalogado como antijurídico y respecto del cual se hubieran derivado perjuicios a los particulares que directa o indirectamente hayan participado o facilitado el ejercicio de la actividad democrática, a través de los comicios electorales.

6. El caso en concreto.

En el presente asunto, la defensa de la parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia negatoria de primera instancia, al considerar que, si bien el daño alegado en la demanda no era imputable a las demandadas bajo el título de la falla del servicio, no quiere decir que no fuera imputable al Estado bajo otro título de imputación como el daño especial o el riesgo excepcional, pues al “permitir que funcione en la casa de uno una sede política desde la cual un partido o movimiento político legal librará la lucha por llegar al Congreso Nacional”, se está consintiendo que se desarrolle uno de los pilares fundamentales para la existencia de nuestro Estado social de derecho, como lo son los comicios electorales.

Así las cosas, una vez analizado el material probatorio aportado, la Sala encuentra demostrado que el día 6 de febrero de 1994 en el municipio de Girón-Santander, se produjo la detonación de un explosivo sobre el inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83, el cual produjo la afectación de otros inmuebles colindantes, entre los que se encuentra como el ubicado en la carrera 27 Nº 28-02/08, lo anterior conforme a lo señalado en el acta de inspección de fecha 7 de febrero de 1994(58), así como de los informes rendidos por el jefe de la unidad de inteligencia de la Sijin de fecha 12 de febrero de 1994(59) y 25 de febrero de 1995(60), y los diferentes testimonios recopilados tanto en el proceso penal como en el contencioso administrativo.

De lo anterior se puede concluir que el día 6 de febrero de 1994, se produjo un daño antijurídico, el cual fue cierto, concreto y determinable, con ocasión de la explosión ocurrida dentro del casco urbano del municipio de Girón-Santander, exactamente en la calle 28 Nº 26-83 y carrera 27 Nº 28-02/08 que afectó los inmuebles allí ubicados de propiedad de los hoy demandantes, señores Ana Dolores Navas de Villamizar y Luis Alfredo Villamizar Acuña, respectivamente, así como los muebles y enseres que en ellos se encontraban y que correspondían al señor Fernando Villamizar Navas, daño que, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, los accionantes no estaban en la obligación de soportar, por ende se encuentra configurado el primer elemento de responsabilidad extracontractual.

Ahora bien, la Sala pasará a analizar si este último es imputable a la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Registraduría Nacional, para lo cual esta Subsección entrará a determinar si la ocurrencia de la explosión en los bienes antes mencionados fue como consecuencia de la acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes, caso en el cual habrá lugar a imputarle responsabilidad a título de falla del servicio, o si ocurrió por la exposición de la parte demandante a una carga mayor a la impuesta a los demás ciudadanos, en el marco de una legítima actuación de la administración, como lo es la celebración de comicios electorales.

Teniendo en cuenta esto, observa la Sala que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, luego de la ocurrencia de la explosión, esto es, el 7 de febrero de 1994(61), el señor Luis Alfredo Villamizar Acuña formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el estallido de explosivos en los inmuebles antes referidos, en la que afirmó que no tenía sospecha de quienes habían sido los autores de dicho suceso, advirtiendo que posiblemente esto había ocurrido por el funcionamiento de la sede política del movimiento Fuerza de Integración Gironés.

Ese mismo día, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el lugar de los hechos por parte del jefe de la unidad investigativa de policía judicial(62), en la que se describió lo sucedido con el atentado perpetrado sobre los inmuebles de propiedad de los demandantes, así:

“(...) en asocio de su secretario y los señores técnicos de planimetría, fotografía y explosivos, procede a inspeccionar el lugar de los acontecimientos ocurridos el día 6 de febrero de 1994, a las 22:50 horas en la calle 28 Nº 26-63 (sic) de Girón; la presente diligencia con el fin que obre dentro de investigación que se adelantará. A) Descripción del lugar: Inmueble de propiedad privada, casa construida en tapia de barro pisada, teja de barro y madera, en la cual se hallaba la sede política de Jesús Ángel Carrizosa, la cual presenta destrucción en su extructura (sic) y enseres que se encontraban en su interior; igualmente se fueron afectadas las residencias vecinas al lugar, según se pudo observar la carga explosiva fue colocada en la base de la puerta de entrada a la sede política parte exterior (...)” (subrayado y resaltado fuera de texto).

Es así como, dentro de la investigación que adelantó el ente acusador, se allegó el oficio 5 de fecha 12 de febrero de 1994(63) suscrito por el técnico de explosivos de la unidad investigativa de la policía judicial, en la que informó que en el lugar del atentado funcionaba una sede política del movimiento denominado “Fuerza de Integración Gironés”, así como también funcionaba la “Casa de Centro de Artes Las Nieves”, las cuales se encontraban ubicadas en la calle 28 Nº 26-83 de igual manera en dicho documento se indicó la cantidad aproximada de explosivo utilizado y se señalaron las víctimas que sufrieron lesiones como causa de la detonación mismo, al respecto se destaca lo siguiente:

“Al hace una inspección ocular al sitio se pudo apreciar que el artefacto fue colocado en la puerta principal de la mencionada sede causando el derribamiento de la fechada, penetrando la onda explosiva y dañando además las estructuras internas, por ser esta en fabricación de barro pisado el cracter (sic) quedó tapado por los escombros siendo imposible la búsqueda de evidencias, pero se calcula fue colocado una carga aproximadamente 2 kilos de alto explosivo sin determinar clase”.

Posteriormente, el día 28 de febrero de 1994 el señor Villamizar Acuña amplió su denuncia(64) en donde afirmó que la sede política venía funcionando aproximadamente hacia dos (2) meses en su inmueble, y que no se había firmado contrato de arrendamiento.

Igualmente, los señores Gerardo Villamizar Durán, Clara Isabel Ordóñez Castillo, María Claret Siza Garcés, César Augusto Reyes Mantilla y Rubén Mantilla García, en sus declaraciones indicaron que al parecer el móvil del atentado había sido el funcionamiento de una sede política en el inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83, la cual había operado en ese lugar desde hacía un mes y medio aproximadamente, que desconocían los autores del hecho y de la existencia de amenazas.

Ahora, el 17 de marzo de 1995(65) el señor Jesús Ángel Carrizosa Franco, candidato a la Cámara de Representantes en la época de los hechos, se refirió al alquiler del inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83 al señor Villamizar Acuña, en los siguientes términos:

“(...) Preguntado: Sírvase hacer un relato claro y detallado de todo cuanto le consta respecto a los hechos ocurridos el 6 de febrero de 1994, en la sede política “Fuerza de Integración Gironés”, donde hizo explosión un artefacto, causando daños materiales y humanos, Contestó: La Fuerza de Integración Gironés fue un grupo político que se creó en apoyo a mi candidatura a la Cámara de Representantes, por tal razón tomaron en alquiler el inmueble de la referencia días anteriores y cuando estábamos en el plan de instalación comenzando a informar a la comunidad esa noche del 6 de febrero hubo una explosión ocasionada por carga de dinamita que destruyó la pieza que nos habían alquilado conjuntamente con gran parte de la casa, yo diría que un 90 por ciento. De la misma manera la onda explosiva afectó la casa aledaña y la casa del frente (...). Una vez informado del hecho me desplacé de mi residencia al lugar de los acontecimientos e iniciamos la (sic) gestiones para ayudar a estas familias y especialmente al propietario del inmueble que con justificada razón reclamaba la pérdida de su propiedad. Posteriormente a través de boletines, algún sector subversivo manifestó haber sido el autor de ese y otros atentados en sedes políticas de una manera indiscriminada. En verdad este movimiento llevaba muy poco, si mal no estoy, escasamente una semana y no encuentro ninguna justificación para este tipo de actos (...). Preguntado: Sírvase informar si usted había recibido en días anteriores a ese acontecimiento, alguna amenaza por parte de algún grupo delictivo, sobre el atentado que iban a perpetrar contra dicha sede política. Contestó: No, nunca recibí amenazas ni personales, ni para mi grupo político, ni mucho menos a una sede que aparentemente todo el mundo tenía que desconocer, porque como dije, se acababa de instalar una semana atrás (...)”.

En el mismo sentido rindió testimonio el señor Fernando Villamizar Navas, el 6 de mayo de 1994(66), en el que señaló que el inmueble había sido arrendado para usarlo como sede política, pero que no sabía de amenazas previas ni a ellos, ni al inquilino, así:

“(...) Preguntado: Como dice tener conocimiento del motivo de esta diligencia, haga un relato claro y detallado de todo cuanto le conste respecto a los hechos que se investigan, Contestó: Se arrendó una casa a una sede política de Jesús Ángel Carrizosa, la cual venía funcionando como desde de diciembre 28 del año pasado, lamentablemente fue víctima de violencia, a la cual le pusieron una bomba, siendo perjudicados nosotros (...)”.

Es decir, que en el inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83 para el día 6 de febrero de 1994, operaba una sede política perteneciente al movimiento denominado la “Fuerza de Integración Gironés”, que apoyaba la candidatura a la Cámara de Representantes del señor Jesús Ángel Carrizosa Franco, y que aparentemente fue esta circunstancia la que habría motivado a que personas, de las cuales no se conoce su identidad, decidieran atacarla indiscriminadamente.

Igualmente, se evidencia que la parte demandada Nación-Ministerio de Defensa Nacional desconocía lo que iba a suceder en la mencionada sede política, pues no contaba con ningún tipo de información previa que le hubiera llevado a desplegar actividades de protección a favor de esta, como se desprende del acervo probatorio estudiado y de los oficios 1889 de fecha 10 de septiembre de 1996(67), suscrito por el comandante (e) de la estación de policía de Girón, y 3494 de fecha 14 de septiembre de 1996, suscrito por el comandante (e) del departamento de policía de Santander.

No obstante, lo que se probó fue que la detonación obedeció a un ataque sorpresivo y sistemático en diferentes municipalidades cercanas a la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de perturbar el certamen electoral que se celebraría dentro de los próximos meses, tal y como se refleja en el oficio 287 de fecha 9 de agosto de 1994(68), suscrito por el jefe de la unidad de inteligencia del departamento de Policía Nacional de Bucaramanga, en el que se refirió a la explosión de cuatro (4) artefactos explosivos en dicha ciudad, así:

“En relación a la información solicitada mediante el oficio de la referencia (...) comedidamente me permito informar que en esta unidad reposa la siguiente información:

Para la fecha 060294 hicieron explosión en forma simultánea cuatro artefactos explosivos de regular poder en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Siendo aproximadamente las 22:45 horas en el parque de Las Nieves del municipio de Girón bandoleros urbanos del frente guerrillero Diego Cristóbal Uribe Escobar de la UC-ELN activaron una carga explosiva de aproximadamente cinco libras de dinamita a la sede política del movimiento Fuerza de Integración Gironés, casa conservadora de Jesús Ángel Carrizosa ubicada en la calle 28 Nº 26-63 (sic)”.

Bajo esa misma línea, el jefe de unidad de inteligencia de la Sijin rindió un informe al jefe de la unidad investigativa Sijin de Bucaramanga, a través del oficio 73 de fecha 25 de febrero de 1995(69), en el que señaló lo siguiente:

“(...) Es de anotar que el día 060294 en horas de la noche, se desarrolló una escalada terrorista con artefactos explosivos por parte de ese frente en contra de las sedes políticas del área metropolitana resultando afectadas: en Bucaramanga la sede de Aquiles Torres Bretón en Floridablanca y Piedecuesta la sede del movimiento Feisalista y en Girón la sede del Movimiento de Integración Gironés y la casa conservadora de Jesús Ángel Carrizosa (...)”.

En consecuencia, es evidente que las acciones desplegadas, presuntamente por grupos al margen de la ley, buscaban desestabilizar el sistema democrático pues con la explosión de los diferentes petardos en la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, se pretendía infundir miedo y confusión en los electores, para que muy seguramente cambiaran su escogencia o no participaran en la jornada electoral que se llevaría a cabo el día 13 de marzo de 1994.

De manera que, estima la Sala que la explosión de un petardo en un inmueble donde operaba una sede política fue configurativa de un desequilibrio de las cargas públicas, dado que el ataque perpetrado aunque solo ocasionó daños materiales, al realizar un análisis contextualizado de hechos y pruebas es posible inferir que este buscaba de manera indirecta ocasionar una afectación a los derechos políticos de los ciudadanos, pues no se puede perder de vista que la agresión no solo se dirigió amedrentar al candidato de la sede política sino y lo más importante era intimidar a la población en general mediante la utilización de mecanismos violentos tendientes a coartar su derecho a participar en los comicios electorales, lo cual ocasionaría una desestabilización en el pilar fundamental en que se erige el Estado.

Acontecimiento, que no puede ser avalado en el marco de un Estado social de derecho y por el contrario, amerita el reconocimiento de un desequilibrio de las cargas públicas para aquellas personas que de manera indirecta coadyuvan a garantizar el ejercicio del derecho político, que implica como en el presente caso se determine que se le causó un daño antijurídico a la propietaria del inmueble que fue arrendado para el funcionamiento de la sede política del movimiento denominado la “Fuerza de Integración Gironés” y a las demás personas que se encontraban a su alrededor.

Entonces, vale la pena destacar por parte de esta Subsección que teniendo en cuenta que el Estado colombiano se erige como un sistema democrático, implica necesariamente que se asegure la participación de todos los ciudadanos en las elecciones, sin que esto signifique que personas como los demandantes sean expuestas a una carga pública desproporcionada, como lo es sufrir daños a la propiedad privada por arrendar o colindar con un inmueble destinado al funcionamiento de una sede política.

Con otras palabras, concebida la práctica democrática dentro del marco jurídico de un Estado social y democrático de derecho resultan inadmisibles cualquier tipo de acciones dirigidas directa y/o indirectamente a coartar, cercenar o hacer silenciar aquellas voces que representan ciertos idearios y tendencias políticas de la comunidad, bien sea estas mayoritarias o minoritarias, pues respecto de cada ciudadano (y cada representante o líder político) es predicable y exigible el respeto por todos sus derechos mediante la garantía para hacer efectiva su participación en los procesos electorales.

Por consiguiente, la violencia dirigida a cercenar, amedrentar o impedir la participación de los ciudadanos en el sistema democrático no hace más que socavar las bases sustanciales de la cláusula democrática sobre la cual está fundada esta Nación.

Por lo tanto, el daño antijurídico causado a los actores le es imputable a la entidad demandada, Nación-Ministerio de Defensa, por cuanto hubo una ruptura en el principio de igualdad de las cargas públicas al imponerse a los demandantes una carga superior a la que le correspondería a cualquier ciudadano que en este asunto solo propendía porque se ejecutara libremente el derecho de elegir y ser elegido y lo que consiguió fue la perturbación a su derecho de propiedad que implica el uso y goce de los bienes.

Precisamente, el ataque perpetrado en el inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83 de Girón (Santander) en razón a que allí operaba una sede política, no puede ser leído de forma plana ni aislado, sino como un vil y bajo esfuerzo por parte detractores del sistema democrático colombiano de silenciar y evitar el pacífico desarrollo de las elecciones populares que se llevarían a cabo en el país infundiendo en los habitantes del territorio miedo y la zozobra, que desconoce abiertamente los principios y valores convencionales y constitucionales que orientan y dan sentido a Colombia como Estado social y democrático de derecho.

En conclusión, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa por los hechos ocurridos el día 6 de febrero de 1994 en el municipio de Girón (Santander).

Finalmente, no se imputará responsabilidad a la demandada Registraduría Nacional del Estado Civil, en la medida en que dentro de la naturaleza de sus deberes normativos no se encuentra el de velar por la seguridad y protección de los bienes de los actores directos e indirectos que concurren al proceso electoral.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1. Daño moral.

El apoderado de la parte accionante solicitó como pretensión de su demanda, el pago por concepto perjuicios morales la suma de mil (1.000) gramos oro a favor de cada uno de los demandantes, como consecuencia del “terrible impacto emocional” que sufrieron con ocasión de la “pavorosa explosión de que trata esta demanda”.

De esta manera, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente la Sala analizó la ratificación en las declaraciones de los señores Juan de Dios Quesada Sierra(70), César Augusto Reyes Mantilla(71), Antonio María Serrano(72), Ricardo Martínez Estupiñán(73) y Jorge Arturo González González(74), en las que narraron lo sucedido el día de los hechos, así como los daños materiales ocasionados por la explosión en el inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83 del municipio de Girón (Santander); sin embargo, dichas declaraciones no se refirieron al perjuicio moral sufrido por los accionante, y al no encontrarse otra prueba que así lo acredite, forzoso es para esta corporación no acceder a lo pretendido por la parte actora por concepto de dicho perjuicio.

7.2. Daño emergente.

Por otro lado, la parte accionante solicitó en demanda el pago por concepto de daño emergente la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) a favor de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar y el señor Luis Alfredo Villamizar Acuña, en su calidad de propietarios de los inmuebles ubicados en la calle 28 Nº 26-83 y en la carrera 27 Nº 28-02/08 del municipio de Girón (Santander), respectivamente, dado que ese era el valor necesario para la restauración de dichos inmuebles.

De igual manera, solicitó el pago por este mismo concepto en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) a favor del señor Fernando Villamizar Navas, debido a que al momento de la detonación del explosivo fueron destruidos varios enseres de su residencia e implementos de trabajo los cuales fueron determinados así: “bajo de la banda, instrumentos de persecución, instrumentos de cuerda, nevera, televisor, botellero, grabadora, calentador, envases de gaseosa, chifonier vajillas, ropa, coche de los niños, cuadros, silletería metálica plegable, pupitres, mesas de ping pong, y repertorio musical de la banda”.

Entonces, de los elementos probatorios pertinentes para tasar este perjuicio, se tiene que, el tribunal de primera instancia a través de proveído de fecha 27 de junio de 1996(75) decretó la práctica de un dictamen pericial solicitado por la misma parte actora, con el propósito de determinar “los daños y perjuicios materiales sufridos por los demandantes”, y consecuencia designó como peritos a los señores Jorge Manosalva Murillo (arquitecto) y Rudecindo Gómez Otero (ingeniero).

De esta manera, a través de escrito de fecha 2 de octubre de 1996(76), los peritos designados allegaron el dictamen decretado por el a quo, en el que se indicó como valor para reconocer por concepto de daño emergente la suma de cincuenta y tres millones de pesos ($ 53.000.000).

Posteriormente, mediante proveído de fecha 21 de mayo de 1999(77), el Tribunal Administrativo de Santander luego de negar una solicitud de objeción del dictamen referido, el despacho dispuso de oficio la rendición de un nuevo dictamen pericial por otros auxiliares de la justicia, designando en consecuencia como peritos al arquitecto José Fernando Cepeda y al ingeniero Luis Rodríguez Mantilla, quien fue remplazado por el ingeniero Antonio Granados Parra, por cuanto que no fue posible notificarlo, tal y como lo evidenció el auto de fecha 6 de octubre de 1999(78).

Así las cosas, a través de escrito de fecha 24 de enero de 2000(79), los señores Cepeda y Granados presentaron dictamen pericial, en cuyo informe se señaló como valor de perjuicios en la modalidad de daño emergente la suma de veinticinco millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta centavos ($ 25.622.498,50) para la restauración del inmueble ubicado en la calle 28 Nº 26-83 de propiedad de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar y de tres millones trescientos trece mil doscientos cincuenta y tres con cincuenta y cinco centavos ($ 3.313.253,55) para la restauración del inmueble ubicado en la carrera 27 Nº 28-02/08 de propiedad del señor Luis Alfredo Villamizar Acuña, para un total de veintiocho millones novecientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos con cinco centavos ($ 28.935.752,05).

Ahora bien, la Sala entrará a determinar cuál de los dos medios probatorios reseñados le ofrecen la convicción y certeza necesarias para estimar el valor del perjuicio solicitado (daño emergente), y para ello, tendrá en cuenta las reglas básicas del dictamen pericial establecidas en los artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el cual debe ser claro, preciso y detallado, amén de explicar el fundamento de sus conclusiones y que no puede contener opiniones personales que en nada tienen que ver con los aspectos técnicos exigidos por parte del juez de la causa.

De manera que, al valorar el dictamen el juez debe contar con la firmeza, precisión y claridad suficientes para que pueda ser tenido en cuenta, así mismo, es necesario que sus fundamentos estén debidamente cimentados y que se acompasen con los demás elementos materiales probatorios que obran en el proceso, ya que si el operador jurídico acude a los auxiliares de la justicia es para contar con el concepto de la persona experta en determinada área, quien debe brindarle al juzgador la información técnica y científica requerida para solucionar el asunto que ha sido sometido a su consideración.

Entonces, el perito se convierte en un apoyo para el juez en la construcción de la convicción respecto a la verdad de los hechos, debiendo ser neutral en sus dictámenes y proporcionar toda la información especializada necesaria, que ofrezca certeza y se acompase íntegramente con los demás medios probatorios que obren en el expediente.

Así las cosas, una vez analizado el dictamen allegado por los peritos Manosalva y Gómez el día 2 de octubre de 1996(80), al hacer una valoración a la luz de los principios de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba, este no le ofrece a la Subsección los elementos técnicos y metodológicos suficientes que le permitan tener por acreditado el perjuicio alegado, esto es, el valor que se requiere para reconstruir los inmuebles afectados por la detonación de la explosión (daño emergente), pues tal y como se observó, la fuente de su información no fue otra que lo afirmado por el actor en su demanda sin utilizar ninguna prueba técnica, lo que no lo hace objetivo en su fundamento y por ende, sus conclusiones se encuentran alejadas de la realidad.

Por el contrario, la pericia rendida por los auxiliares de la justicia Fernando Cepeda y Antonio Granados de fecha 24 de enero de 2000(81), de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, cuenta con los elementos necesarios para que sea tenido en cuenta por este fallador, pues no solo cuenta con un análisis objetivo y directo del lugar de los hechos realizado a través de registro fotográfico y visita al lugar, sino que también justifica cada una de las fuentes metodológicas y técnicas con que finalmente liquida el valor del mismo.

Por lo anterior, será el dictamen pericial allegado por estos el que esta Sala apreciará para la tasación del perjuicio en la modalidad de daño emergente, respecto a los daños causados a los inmuebles de los señores Ana Dolores Navas de Villamizar y Luis Alfredo Villamizar Acuña.

Finalmente, en lo que respecta a la suma solicitada por este concepto a favor del señor Fernando Villamizar Navas en el dictamen pericial presentado por los señores Cepeda y Rodríguez, no se señaló un monto concerniente a dicho concepto, situación que fue avalada por la parte actora, al guardar silencio sin solicitar adición o aclaración respecto a dicho punto, y comoquiera que en el expediente no se evidencia prueba del daño y mucho menos que le acredite esta Sala el perjuicio solicitado, no se accederá a su reconocimiento.

En atención a lo anterior, se procederá a actualizar la suma de dinero referida, con aplicación de la fórmula acogida por la corporación, así:

1995-11197 FOR1
 

Daño emergente de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar

Rh: $ 25.622.498,50

IPC inicial: enero de 2000(82) = 57,73

IPC final: marzo de 2018 = 141,05

1995-11197 FOR2A
 

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar la suma de sesenta y dos millones seiscientos dos mil seiscientos noventa y dos pesos con siete centavos ($ 62.602.692,07).

Daño emergente del señor Luis Alfredo Villamizar Acuña

Rh: $ 3.313.253,55

IPC inicial: enero de 2000(83) = 57,73

IPC final: marzo de 2018 = 141,05

1995-11197 FOR3
 

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor del señor Luis Alfredo Villamizar Acuña la suma de ocho millones noventa y cinco mil ciento setenta y cuatro pesos con treinta y un centavos ($ 8.095.174,31).

7.3. Lucro cesante.

Finalmente, la parte actora solicitó por concepto de lucro cesante la suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000) a favor de la señora Ana Dolores Navas de Villamizar en razón de un millón de pesos ($ 1.000.000) mensuales por concepto de cánones de arrendamiento dejados de percibir por la destrucción parcial de su inmueble.

De igual manera solicitó por ese mismo concepto la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) a favor del señor Fernando Villamizar Navas en razón de quinientos mil pesos ($ 500.000) mensuales por concepto de ingresos dejados de percibir por su actividad como profesional de la música.

Respecto a los perjuicios solicitados, cabe señalar que dentro del acervo probatorio allegado al expediente se tiene el dictamen pericial realizado por los profesionales en arquitectura e ingeniería civil, José Fernando Cepeda y Antonio Granados Parra, respectivamente, quienes dentro de la labor encomendada por el a quo en auto del 21 de mayo de 1999, estaba el de “señalar el monto total de los perjuicios materiales sufridos por los demandantes a consecuencia de los hechos acaecidos el 6 de febrero de 1994 en el municipio de Girón”.

Sin embargo, una vez visto el dictamen allegado mediante escrito del 24 de enero de 2000(84), la Sala observa que nada dijo respecto al lucro cesante dejado de percibir por la señora Ana Dolores Navas de Villamizar y Fernando Villamizar Navas, y dado que las partes no se pronunciaron al respecto y no se probó de ninguna otra forma, no se podrá acceder al reconocimiento de este perjuicio.

De igual manera, se procederá con la petición de reconocer los valores correspondientes al contrato de arrendamiento, ya que si bien se dice dentro del expediente que existía un contrato de arrendamiento entre la señora Ana Dolores Navas de Villamizar y el señor Arnulfo Meneses (miembro del movimiento político “Fuerza de Integración Gironés”), para la Sala no está acreditado ni el valor del canon ni el término del contrato, y comoquiera que no obra en el plenario otra prueba que dé cuenta de su causación, la Subsección no accederá a lo solicitado.

En ese mismo sentido, no se observa en el expediente prueba que acredite que el señor Villamizar Navas haya dejado de ejercer su actividad como profesional de la música a raíz de la detonación del artefacto explosivo, ni tampoco medio probatorio alguno que acredite su propiedad sobre los bienes muebles que perecieron el día de los hechos, ni los daños sufridos por estos, por lo tanto, no se efectuará reconocimiento alguno por este concepto.

8. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Descongestión de los tribunales de Santander, Norte de Santander y Cesar el 30 de noviembre de 2004, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de las demandadas Nación-Congreso de la República.

2. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por los hechos ocurridos en el municipio de Girón (Santander) el 6 de febrero de 1994, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa a pagar a la señora Ana Dolores Navas de Villamizar, por concepto de daño emergente, la suma de sesenta y dos millones seiscientos dos mil seiscientos noventa y dos pesos con siete centavos ($ 62.602.692,07).

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa a pagar al señor Luis Alfredo Villamizar Acuña, por concepto de daño emergente, la suma de ocho millones noventa y cinco mil ciento setenta y cuatro pesos con treinta y un centavos ($ 8.095.174,31).

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Guillermo Sánchez Luque, salvamento de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas.

SALVAMENTO DE VOTO

Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 5 de julio de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. A mi juicio, no se configuró un daño antijurídico, pues quien participa como candidato a un cargo de elección popular le asiste una expectativa de acceso al poder político, conforme al artículo 40.1 C.N., de la que no se deriva la consolidación un derecho subjetivo, como la remuneración por el ejercicio del cargo, que solo es exigible una vez el elegido ha tomado posesión, conforme a las normas que rigen la función pública.

Asimismo, como la normativa electoral y las funciones a cargo de la organización electoral están encaminadas primordialmente a la protección del sistema democrático y de los derechos de los electores (C.N., art. 258), la finalidad no es la protección de un pretendido derecho subjetivo. En una palabra, si no existe acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia electoral, la vía no es la de acudir a la reparación directa para intentar un restablecimiento de un derecho subjetivo inexistente.

2. En mi criterio, tal como se indicó en el numeral 2º de la aclaración de voto 18.860/17, los daños sufridos por los particulares, a raíz de un atentado terrorista, solo resultan imputables al Estado cuando se acredita una falla del servicio por la omisión en la toma de medidas preventivas derivadas de la información concreta, previamente obtenida, sobre la inminencia del ataque o por un comportamiento de las autoridades públicas que permita un reproche por el incumplimiento de los deberes de protección y seguridad. De allí que el ataque de un grupo ilegal a la sede de un partido o movimiento político no puede derivar en un daño especial imputable al Estado.

3. En relación con los presupuestos para la valoración de pruebas trasladadas, el carácter irrazonable del daño antijurídico y la constitucionalización del derecho de daños, me remito al numeral 7º del salvamento de voto 48.842/16 y a los numerales 2º y 3º de la aclaración de voto 35.796/16, respectivamente.

Guillermo Sánchez Luque.

(1) Fls. 3-34 del cdno. 1.

(2) Fls. 37-38 del cdno. 1.

(3) Es de advertir que el auto admisorio de fecha 19 de diciembre de 1995 ordenó notificar al Ministro del Interior (fls. 36-38, cdno. 1).

(4) Fls. 55-58 del cdno. 1.

(5) Fls. 46-49 del cdno. 1.

(6) Fls. 65-70 del cdno. 1.

(7) Fls. 76-79 del cdno. 1.

(8) Fl. 585 del cdno. 1.

(9) Fls. 59-62 del cdno. 1

(10) Fls. 73-76 del cdno. ppal.

(11) Fls. 628-646, cdno. ppal.

(12) Fl. 89 del cdno. ppal.

(13) Fls. 159-161 del cdno. 3.

(14) Fl. 672 del cdno. ppal.

(15) Fl. 674 del cdno. ppal.

(16) Fls. 675-682 del cdno. ppal.

(17) Fl. 681 del cdno. ppal.

(18) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(19) Fls. 775-776 del cdno. ppal.

(20) Fls. 777-778 del cdno. ppal.

(21) ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).

(22) Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

(23) Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

(24) Fl. 34 del cdno. 1.

(25) Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022.

(26) Fl. 118 del cdno. 1.

(27) Fl. 123 del cdno. 1.

(28) Fl. 122 del cdno. 1.

(29) Fl. 130 del cdno. 1.

(30) Fl. 32 del cdno. 1.

(31) Fl. 133 del cdno. 1.

(32) Fl. 135 del cdno. 1.

(33) Fl. 137 del cdno. 1.

(34) Fl. 146 del cdno. 1.

(35) Fl. 149 del cdno. 1.

(36) Fl. 158 del cdno. 1.

(37) Fl. 166 del cdno. 1.

(38) Fl. 186 del cdno. 1.

(39) Fl. 188 del cdno. 1.

(40) Fl. 194 del cdno. 1.

(41) Fls. 205-206 del cdno. 1.

(42) Fl. 208 del cdno. 1.

(43) Fls. 105-106 del cdno. 1.

(44) Fl. 107 del cdno. 1.

(45) Fl. 112 del cdno. 1.

(46) Fl. 116 del cdno. 1.

(47) Fls. 511-512 del cdno. 1.

(48) Fls. 513-514 del cdno. 1.

(49) Fl. 492 del cdno. 1.

(50) Fls. 492-493 del cdno. 1.

(51) Fls. 494-495 del cdno. 1.

(52) Fls. 216-220 del cdno. 1.

(53) Fls. 438-469 del cdno. 1.

(54) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(55) Corte Constitucional. Sentencia SU-747 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(56) Ibíd.

(57) Ibíd.

(58) Fls. 118-120 del cdno. 1.

(59) Fls. 122 -123 del cdno. 1.

(60) Fl. 194 del cdno. 1.

(61) Fl. 123 del cdno. 1.

(62) Fl. 118 del cdno. 1.

(63) Fl. 122 del cdno. 1.

(64) Fl. 130 del cdno. 1.

(65) Fl. 208 del cdno. 1.

(66) Fl. 158 del cdno. 1.

(67) Fl. 107 del cdno. 1.

(68) Fl. 166 del cdno. 1.

(69) Fl. 194 del cdno. 1.

(70) Fls. 494-495 del cdno. 1.

(71) Fls. 492-493 del cdno. 1.

(72) Fls. 511-512 del cdno. 1.

(73) Fls. 513-514 del cdno. 1.

(74) Fl. 492 del cdno. 1.

(75) Fls. 76-79 del cdno. 1.

(76) Fls. 216-220 del cdno. 1.

(77) Fls. 416-419 del cdno. 1.

(78) Fl. 517 del cdno. 1.

(79) Fls. 524-557 del cdno. 1.

(80) Fls. 216-220 del cdno. 1.

(81) Fls. 524-557 del cdno. 1.

(82) Se tomará dicha fecha para realizar la actualización, pues en el dictamen rendido por los peritos se indicó que los precios tomados para su experticia fueron tomados a la fecha de realización del mismo, esto es, enero de 2000.

(83) Se tomará dicha fecha para realizar la actualización, pues en el dictamen rendido por los peritos se indicó que los precios tomados para su experticia fueron tomados a la fecha de realización del mismo, esto es, enero de 2000.

(84) Fls. 524-557 del cdno. 1.