Sentencia 1995-11307 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199511307-01 (28116)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luis Alfonso Sánchez Ocampo y otros

Demandado: Hospital de Occidente de Kennedy

Asunto: reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las súplicas de la demanda, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, pues la demanda se presentó el 29 de agosto de 1995(15) y la pretensión mayor se estimó en $ 48.000.000(16), suma correspondiente al monto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido en el año 1995 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 9.610.000(17).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez ocurrida el 27 de enero de 1994 y comoquiera que la demanda se interpuso el 29 de agosto de 1995, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

3. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Esta Sala, en sentencia de 19 de abril de 2012(18), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación; por ello, se concluyó en la mencionada sentencia:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(19).

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, es importante recordar que de tiempo atrás la jurisprudencia del Consejo de Estado abandonó la teoría de la falla presunta para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo de causalidad entre esta y aquel(20), sin perjuicio de que para la demostración de este último elemento las partes puedan valerse de todos los medios de prueba legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria(21).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el ejercicio de la medicina no puede asimilarse a una operación matemática y que a los médicos no se les puede imponer el deber de acertar en el diagnóstico(22), la responsabilidad de la administración no resulta comprometida solo porque se demuestre que el demandante sufrió un daño como consecuencia de un diagnóstico equivocado, pues es posible que pese a todos los esfuerzos del personal médico y al empleo de los recursos técnicos a su alcance, no logre establecerse la causa del mal, bien porque se trata de un caso científicamente dudoso o poco documentado, porque los síntomas no son específicos de una determinada patología o, por el contrario, son indicativos de varias afecciones.

En relación con la responsabilidad civil por error en el diagnóstico, la doctrina extranjera ha señalado que:

Puede afirmarse que el diagnóstico es uno de los principales momentos de la actividad médica, pues a partir de sus resultados se elabora toda la actividad posterior conocida como tratamiento propiamente dicho. De allí que el diagnóstico se termina convirtiendo en un elemento determinante del acto médico, ya que del mismo depende el correcto tratamiento o terapéutica.

Cronológicamente el diagnóstico es el primer acto que debe realizar el profesional, para con posterioridad emprender el tratamiento adecuado. Por ello bien podría afirmarse que la actividad médica curativa comprende dos etapas. La primera constituida por el diagnóstico y la segunda por el tratamiento.

(...).

El diagnóstico, por su parte, puede descomponerse en dos tipos de actuaciones, distinción que tiene vital importancia al momento de analizar la culpa del profesional.

En una primera etapa, o fase previa, se realiza la exploración del paciente, esto es, el examen o reconocimiento del presunto enfermo. Aquí entran todo el conjunto de tareas que realiza el profesional y que comienzan con un simple interrogatorio, tanto del paciente como de quienes lo acompañan y que van hasta las pruebas y análisis más sofisticados, tales como palpación, auscultación, tomografía, radiografías, olfatación, etc. Aquí el profesional debe agotar en la medida de lo posible el conjunto de pruebas que lo lleven a un diagnóstico acertado. Tomar esta actividad a la ligera, olvidando prácticas elementales, es lo que en más de una oportunidad ha llevado a una condena por daños y perjuicios.

En una segunda etapa, una vez recolectados todos los datos obtenidos en el proceso anterior, corresponde el análisis de los mismos y su interpretación, “coordinándolos y relacionándolos entre sí, siendo también precisa su comparación y contraste con los diversos cuadros patológicos y conocidos por la ciencia médica; es decir, se trata en suma, una vez efectuadas las correspondientes valoraciones, de emitir un juicio”(23).

Esta operación valorativa de todos los antecedentes es la que presenta los mayores inconvenientes al momento de juzgar la conducta médica, pues como en definitiva se trata de un juicio incierto, la culpa profesional debe valorarse con sumo cuidado, y siempre teniendo en cuenta que no estamos frente a una operación matemática(24).

Con fundamento en lo anterior, puede sostenerse que en los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados de un error de valoración, la parte actora tiene la carga de demostrar que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque, por ejemplo, el profesional de la salud omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo aquejaban; no sometió al enfermo a una valoración física completa y seria(25); omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico(26); dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, incurrió en un error inexcusable para un profesional de su especialidad(27).

Por su parte, el juez deberá hacer un análisis riguroso y completo de los medios a su alcance para establecer si hubo o no falla. En especial, deberá examinar la información consignada en la historia clínica con el fin de establecer qué acciones se llevaron a cabo para orientar el diagnóstico de la enfermedad. También deberá apelar, en la medida de lo posible, al concepto de peritos o expertos para aclarar aspectos de carácter científico que escapan a su conocimiento. No obstante, dada la complejidad de los factores que inciden en la exactitud del juicio, el juez tendrá que ser en extremo cuidadoso al momento de valorar esta prueba pues resulta relativamente fácil juzgar la conducta médica ex post. Por ello, la doctrina ha señalado que “el juez y los peritos deben ubicarse en la situación en que se encontraba el médico al momento de realizar dicho diagnóstico”(28).

En similar sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en jurisprudencia que ahora se reitera, ha señalado que lo decisivo en estos casos no es establecer si el médico se equivocó, sino si realizó los procedimientos adecuados para llegar a un diagnóstico acertado:

(...) no olvida la Sala la advertencia hecha anteriormente sobre lo relativamente fácil que puede resultar el juzgamiento ex post de la conducta de los médicos, quienes se encuentran siempre, al efectuar el diagnóstico, ante un panorama incierto. Se impone, entonces, concluir que al médico no le es cuestionable el error en sí mismo, sino el comportamiento inexcusable que lo llevó a cometerlo.

Al respecto, autores como Ataz López y Lorenzetti, citados por Vázquez Ferreyra, han expresado, refiriéndose a la responsabilidad civil de los médicos, que el error que exime de responsabilidad no ha de ser una anomalía en la conducta, sino una equivocación en el juicio, por lo que se hace necesario investigar si el galeno adoptó todas las previsiones aconsejadas por la ciencia para elaborar el diagnóstico(29). Y dadas las limitaciones de la medicina, debe aceptarse que, en muchos casos, habiendo claridad sobre la imputabilidad del daño a la acción u omisión de los profesionales que tuvieron a su cargo la atención del paciente, este puede resultar obligado a soportarlo(30).

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si en el sub lite concurren, o no, los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los hechos narrados en la demanda.

4. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, únicamente, los siguientes elementos de convicción:

— Mediante oficio 035517 del 3 de octubre de 1996, el gerente del Hospital Occidente de Kennedy, remitió copia auténtica de la historia clínica de urgencias de la atención médica brindada a la menor Andrea Maritza Sánchez, en la cual se encuentra la siguiente información(31) (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

Atención de urgencias(32)

A) Identificación.

Sánchez Andrea Maritza

“(...)

B. Llegada del paciente

8 enero 1994

“(...)

D. Anamnesis, examen físico y evolución

19:25 cuadro de 2 días de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico intenso en epigastrio y mesogastrio, no irradiado, acompañado de fiebre no cuantificada, de vomito alimenticio en = 10v/día”.

Ordenes médicas(33)

8/01/94

23:00 paciente tranquila, colaboradora, presenta cuadro de dolor abdominal persistente con predominio en epigastrio, dolor a la palpación profunda generalizada.

P: SS valoración por cirujano

23:30 PH con leucocitosis neufrofilia

Descartar abdomen qx

9/01/94

00+50 Paciente valorada con Dr. Gómez, se considera no abdomen quirúrgico en el momento.

Se hidrata y toman CH

9:30 dolor abdominal en estudio

S: refiere persistencia dolor abdominal

Fiebre 38.5º no vomito. No deposiciones desde ayer

I: Persiste dolor abdominal

Cuadro podría interrogarse pielonefritis

P: esperar CH control hoy

Igual manejo.

10/01/94

9+45 Qx general. Se comentó con el Dr. Kadawari quien al ver las placas de Rx de tórax considera que hay un foco neumónico basal izquierdo motivo por el cual se le dará manejo y se observara evolución.

Pediatra

10/01/94

8:45 P#1 neumodo basal izquierdo

#2 dolor abdominal en observación

Continúa presentando fiebre

Regular condiciones - consiente - alerta - colaboradora

Respiración superficial por dolor abdominal profundo

Abd. blando, dolor difuso a la palpación, mayor en hipocondrio.

Ronda nocturna

S: Presentando picos febriles en la tarde y en la noche (T 40ºc). Ha tenido polipnea.

OS: Bien.

Cuello - bien.

Cardiopulmo. Disminución ruidos pulmonares a nivel de la base pulmonar izquierda.

Abdomen - dolor a la palpación del mesogastrio, epigastrio y fosa iliaca izquierda

I: cuadro abdominal estable.

Parece un cuadro séptico a partir de su foco neumónico izquierdo.

22:00 se revisó con el residente de cirugía y está de acuerdo en que no es un cuadro quirúrgico, se continuara igual manejo.

11/01/94

Pediatría

10+10 IDx 1. Neumonía basal izquierda

2. Dolor abdominal en estudio.

Descartar absceso hepático

11/01/94

Cirugía Dr. Vásquez Pallares

Dolor difuso abdominal generalizado, no hay ruidos intestinales

Sonda n.f = liquido de retención biliar

Rx abdominal

CH = leucocitosis severa

ID = 1) Peritonitis

2) Cetoacidosis

Plan = se llevara a cirugía

12/01/94

Evolución

3+20 Pte que ingresa a UCI con IDx de apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada

Procedimiento: laparotomía apendicetomía + lavado peritoneal.

Comportamiento intraoperatorio

Presentó dos caídas tensionales

Rs Rs: murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares

5+5 La paciente a su ingreso presentó sintomatología interpretada como una neumonía y dolor abdominal en estudio; no hubo claridad en el cuadro abdominal por lo cual se enfocó el dx hacia una bronconeumonía basal izquierda con íleo reflejo.

La paciente presentó ictericia por probable componente séptico

Finalmente se interpretó hiperglicemia - Cetoacidosis diabética manejada con insulina - leucocitosis persistente

Se interpreta el cuadro actual como una sepsis intrabdominal por peritonitis y apendicitis perforada.

“(...).

13/01/94

8+20 1) 2 DPOP apendicectomia + lavado peritoneal

2) Sepsis intra-abdominal

3) 1 DPOP peritonitis residual - relaparotomia exploratoria

PTE consiente orientada hidratada hemodinamicamente inestable con soporte inotropico alto, taquicárdica, dopamina 10cc/hora sin ventilador.

14/01/94

Cirugía Dr. Farallones

13:45 se observa secreción amarillenta a través de la bolsa de laparotomía.

Plan - lavado quirúrgico hoy.

15/01/94

9+15 Revisión de laparotomía + 1) PDPOP lavado cavidad abdominal

2) Sepsis intrabdominal 3) 2 DPOP peritonitis residual relaparatomia exploratoria.

Vota operatoria

17:35 bajo anestesia general se realiza lavado cavidad con SSN encontrando colección seropurulenta subdiafragmática derecha de la que se toma muestra para cultivo.

No complicaciones.

16/01/94

10+45 A: persiste sepsis abdominal la cual se encuentra controlada, mejoría leve

C: Igual manejo lavado qx de acuerdo a disponibilidad de bolo

17/01/94

Cirugía pediátrica

Paciente en POP (6 días) de laparotomía por peritonitis generalizada secundaria a apendicitis perforada.

Paciente en regulares condiciones consiente, hidratada, sin signos de dificultades respiratorias

18/01/94 UCI

7+30 Idx 1) 4DPOP revisión de laparotomía y lavado de cavidad abdominal

2) sepsis intrabdominal 2ria a apendicitis perforada 3) SDPOP peritonitis residual relaparatomia exploratoria 4) 3DPOP lavado cavidad abdominal 5) lavado cavidad abdominal.

Paciente con soporte inotrópico mínimo persistente, hipertensa, taquicardia.

22:00 nota operatoria

Bajo anestesia general se realiza lavado peritoneal encontrando mejoría leve, no colecciones, liquido de reacción peritoneal citrino - sanguinolento

Se lava con 200 cc SSN No complicaciones.

19/01/94 Cx

7:00 Idx 1) sepsis intrabdominal secundaria a apendicitis perforada 2) 5DPOP revisión de laparotomía y lavado de cavidad abdominal 3) 6DPOP Peritonitis residual relaparatomia exploratoria 4) 4DPOP lavado cavidad abdominal 5) 2DPOP lavado cavidad abdominal 6) 1DPOP lavado cavidad abdominal.

Paciente quien permanece hermodinámicamente estable, con iguales dosis de dopa y adrenalina, ayer un solo pico febril de 38 ºC.

20/01/94

Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación, con membrana amarilla, bolsa viaflex integra, se evidencian secreciones de color amarillo, no fétidas

Plan: inicio de sales hidratantes, se suspende SSH

Resto igual

SS gases Rx tórax laboratorios

Paciente lavado quirúrgico hoy.

21/01/94

1:40 nota operatoria

Bajo anestesia general se realiza lavado peritoneal CON 4000 cc SSN y cambio bolsa laparotomía. Se encuentra colección purulenta de + o - 200 cc en espacio subfrénico derecho.

Sangrado mínimo. No complicaciones.

22/01/94

9+15 Qx general

Idx 1) 10º día POP apendicectomia + lavado peritoneal 2) Sepsis intrabdominal secundaria a apendicitis perforada 3) 8 día OPO revisión laparotomía y lavado cavidad abdominal 4) 9 día POP peritonitis residual relaparatomia exploradora 5) - 5º día colección sufrénica izquierda 6) 3 día lavado colección subf derecha

Paciente con soporte ventilatorio SINV pac (18)

SV: con tendencia a la hipertensión.

Regulares condiciones.

23/01/94 ilegible

24/01/94

Dx: ídem

Afebril hoy 37 ºC

Hemodinámicamente estable TA 140/05 FC: 97 PVC: 10 con dopamina a 7 mg

Abdominales secreciones por tubo OT

Rx: persiste infiltrada alveolo interintestinal en ambos hemitórax.

25/01/94

9:30 Qx general: paciente permanece hemodinámicamente estable, taquicardia, con febrículas con soporte

Con hipoxemia, acidosis leve metabólica compensada

Resto normal

TAC - hoy para definir conducta quirúrgica

15:00 no se hizo TAC por mal funcionamiento del equipo

Se suspende sin iniciar.

26/01/94 nota operatoria

13+30 Abd abierto - sepsis abd persistente

Hallazgos: plastrón intestinal integro sin fistulas; colecciones purulentas en 1. Gotera parietocolida derecha 2. Gotera parietocotica izq, 3 meso colón transverso de los cuales se muestran muestras para cultivo.

Procedimiento: laparotomía exploratoria, drenaje abscesos, lavado con 5.000 cc SSN, cambio bolsa laparotomía

Sangrado moderado - escaso

No complicaciones

15:00 Dx: 1) sepsis intrabdominal. 2) 14 día POP apendicetomía + lavado peritoneal 3) POP lavado abdominal 12º, 13º, 9º, 7º, 5º día 4) POP inmediato. Liberación plastrón intestinal, drenaje de 3 abscesos y cambio de bolsa laparotomía.

Sangrado escaso

Plan: inicio de Tienam

Transfusión de plaquetas plasma - sangres fresca total

Resto igual

27/01/94

1+15 presenta bradicardia nodal

Ausencia de TA, no se auscultan ruidos cardiacos, se aplica manejo externo sin conseguir cambios, se interpreta como disociación electro mecánica, se aplican dos ampollas de atropina y 4 de adrenalina, goteos de adrenalina y dopamina, masaje cardiaco externo continuo hasta por 30 minutos y desfibrilación con 200-300-300-300-300 sin obtener respuesta

Se suspende maniobras

Fallece 1:15 (se destaca).

— En el resumen(34) de la historia clínica de la referida paciente remitida por el Hospital de Occidente Kennedy., se estableció (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Epicrisis

Iniciación 8/1/94 Finalización 27/1/94

Diagnósticos definitivos

1) 14º día POP apendicetomía + lavado peritoneal + peritonitis fecal. 2) sepsis intrabdominal persistente - laparostomía. 3) SDRA. 4) Disfunción de multiorganos.

Procedimientos quirúrgicos y obstétricos 1) Laparotomía apendicetomía lavado cavidad abdominal. 2) laparotomía + lavado abdominal. 3) toracotomía izq.

Ordenamiento

Al ingreso por urgencias cuadro interpretado como neumonía y dolor abdominal en estudio sin claridad en el cuadro abdominal por lo cual se enfocó el Dx hacia B/N basal izquierdo con ileo reflojo integrándose Dx de dolor abdominal 2rio período menstrual, absceso hepático amebiano, hepatitis. Finalmente hipoglicemia hiperglicemia citoacidosis se interpreta como citoacidosis manejada con insulina leucocitosis persistente Eco abdominal no descartable patología intrabdominal se interpreta como peritonitis x apendicitis perforada se lleva a cirugía el 12/1/94 encontrando peritonitis generalizada por apendicitis perforada se reinterviene el 13 por peritonitis residual y se deja laparotomía para lavado diario persistiendo focos intrabdominales de diferente localización leucocitosis persistente, balance positivo de líquidos, soporte no trópico, soporte ventilatorio.

Disfunción de muliorganos, SDA, desnutrición, leucocitosis, hipoproteinemia, cultivos de líquido peritoneal.

Presenta bradicardia con ritmo nodal no responde al uso de atropina 2mg, se agrega adrenalina goteo rápido así como goteo rápido de dopamina sin obtener respuesta por ausencia de ruidos cardiacos, no respuesta al masaje cardiaco externo persistiendo disociación electromecánica.

Se practica disociación con desfibrilador 200-300-300-300 sin respuesta 02 100% fallece después de 30 minutos de reanimación 1:15 am 27/1/94 (se destaca).

— A folios 170 a 171 del cuaderno principal obra copia autenticada del dictamen pericial rendido a petición del a quo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - dirección regional Bogotá, D.C., en relación con el caso de la menor Andrea Maritza Sánchez. Dada la importancia de esta prueba se transcribe completamente, para lo cual debe tenerse en cuenta que este concepto se rindió con fundamento en la información de la historia clínica, cuyas copias les fueron remitidas (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Se trata de una paciente de 11 años de edad quien consulta al Hospital de Kennedy el día 8 de enero de 1994 por cuadro clínico de 2 días de evolución de dolor abdominal, fiebre y vomito. Al examen físico de ingreso se encuentra con deshidratación I, taquicárdica, ruidos intestinales negativos, defensa abdominal generalizada y dolor a la palpación. Se realiza impresión diagnostica de dolor abdominal a estudio y se interroga apendicitis, colitis e infección de vías urinarias, se solicitan exámenes de laboratorio y valoración por cirugía, la cual se realiza a las 19:30 horas y encuentra en abdomen ruidos intestinales positivos, defensa voluntaria, dolor a la palpación en todo el abdomen con predominio en epigastrio. Realizan impresión diagnostica de dolor abdominal a estudio y solicitan laboratorios, dejan sin vía oral.

Cuadro hemático informa leucocitosis con neutrofilia y velocidad de sedimentación globular aumentada. Solicitan rayos x de abdomen. En nota de 1/9/94 00+50 horas cirugía general descarta abdomen quirúrgico. Se inicia hidratación endovenosa. Evoluciona con persistencia de dolor abdominal y fiebre.

Cuadro hemático de control con cayademia, parcial de orina no compatible con proceso infeccioso de vías urinarias. Rayos X de tórax: Infiltrados bronco neumónicos basales izquierdos. Inician antibiótico terapia con penicilina cristalina.

El 10 de enero persiste dolor abdominal de predominio hipocondrio derecho y flanco derecho, se realiza impresión diagnóstico de absceso hepático y/o hepatitis. A las 18:50 horas inician aminoglucocido e interrogan sepsis. Solicitan nueva valoración por cirugía. El día 11 de enero persiste febril, polipneica con dolor abdominal leve, deshidratada. Se adiciona clindaminicina al manejo, solicitan hemocultivo. Ecografía abdominal que informa “ileo relleno, no es posible descartar patología abdominal”.

Encuentran amígdalas hipertróficas purulentas interrogan diabetes solicitan nueva valoración urgente por cirugía. Encuentran persistencia de dolor abdominal y deposiciones diarreicas.

A las 19 horas descartan diabetes por laboratorio. Cambian penicilina cristalina por Cefuroxime. 12-Enero 8:30 horas: cirugía pediátrica hace diagnóstico de peritonitis y llevan a cirugía. Realizan laparotomía encuentran apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada. Es trasladada a la Unidad de Cuidados intensivos, inician inotrópico, requiere soporte ventilatorio y nuevo lavado quirúrgico. Deterioro respiratorio con derrame pleural que requiere tubo de tórax, día 16 de enero.

Persiste séptica, manejo antibiótico triconjugado, varios lavados peritoneales en cirugía y laparosnaje permanente. Enero 18 cirugía pediátrica realiza nuevo lavado. Enero 19 inician fortum ante la posibilidad pseudomona. Permanece en anasarca, febril, tubo de tórax no muestra oscilación. Persiste séptica no muestra mejoría clínica a pesar de manejo completo recibido en Unidad de Cuidados Intensivos. El día 27 de enero la paciente fallece.

Teniendo en cuenta el anterior resumen de la historia clínica, vemos que la paciente consulta por cuadro clínico que requiere manejo quirúrgico el cual se realiza cuatro (4) días posteriores al ingreso, al parecer por haberse encontrado infección pulmonar que desvió el diagnóstico inicial de apendicitis y atribuyó a la bronconeumonía toda la sintomatología. Al ser valorada por cirugía pediátrica, se aclara el origen abdominal del estado ya avanzado de infección, el cual no es posible detener a pesar del manejo quirúrgico y toda la atención recibida en Unidad de Cuidados Intensivos durante 15 días (se destaca).

— Obra también en el expediente, a folios 3 a 7 del cuaderno 4, copia del dictamen pericial rendido a solicitud del tribunal a quo por el médico especialista en medicina interna pediátrica y cirugía pediátrica Hernando Forero Caballero, del cual resulta importante citar algunos apartes (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“(...).

“Interpretación

Niña de 11 años se hospitaliza en hospital general por sintomatología digestiva aguda y fiebre, a quien no se le hizo un diagnostico inmediato por presentar otras manifestaciones del tracto respiratorio, dolor generalizado abdominal y las ayudas diagnosticas de radiología y ecografía con resultados imprecisos.

Posiblemente ya tenía peritonitis y translocación de la infección al pulmón.

En las dos consultas a cirugía general confundieron el diagnóstico y por tanto no intervinieron a tiempo.

La consulta con cirugía pediátrica diagnosticó un cuadro de peritonitis al cuarto día de la hospitalización.

En la operación se encontró apendicitis perforada y gangrenosa y peritonitis generalizada secundaria, con posible propagación a los órganos vecinos, es decir, sepsis abdominal.

Se practicó lo indicado: apendicectomía y lavado de la cavidad abdominal.

Se les practicaron varios lavados abdominales hasta liberarla de los abscesos intraperitoneales.

Se le aplicaron los líquidos endovenosos indispensables y los antibióticos indicados según el cultivo de las secreciones.

No obstante la infección generalizada persistió con fiebre, taquicardia, leucocitosis y compromiso en general de rodo el organismo. Posiblemente la sepsis se propagó a los órganos vecinos, pulmón, hígado, páncreas y riñones, con falla orgánica múltiple y trastornos metabólicos.

En resumen existió una consulta tardía de un abdomen agudo, en una niña con deficiencia de defensas, pues desde un principio hizo una peritonitis generalizada que confundió el diagnóstico.

Posiblemente existió incapacidad de cirugía genera para hacer un diagnóstico oportuno por confusión de íleo reflejo, por infección en otros órganos y falta en las ayudas técnicas de diagnóstico: radiografía y ecografía.

La intervención quirúrgica fue efectuada cuando ya había sepsis abdominal. El manejo quirúrgico y el postoperatorio fueron adecuados, abdomen abierto con lavados de la cavidad abdominal de acuerdo con las circunstancias de la peritonitis que yo consideró terciaria.

Hay que reconocer la lucha admirable de los pediatras, los cirujanos y el personal de cuidados intensivos para tratar de vencer la infección y sostener el equilibrio metabólico.

Lamentablemente este tipo de apendicitis gangrenosa, peritonitis terciaria y sepsis abdominal con infección multiorgánica producen una alta mortalidad entre el 60% AL 75%, en los hospitales más adelantados.

5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Establecida la existencia del daño antijurídico por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el presente asunto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si es deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser confirmada o revocada.

De conformidad con el acervo probatorio antes relacionado, es claro que en el caso concreto la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez se produjo a consecuencia de una bradicardia, causada por apendicitis aguda perforada gangrenosa - peritonitis, sin duda, debido a la falta de tratamiento oportuno de la patología presentada, lo que, a su vez, tuvo por causa el no esclarecimiento a tiempo del diagnóstico. Así las cosas, es necesario, como se dijo, establecer si de este hecho es responsable las entidad demandada, esto es, si el daño causado resulta imputable a ella y tiene carácter antijurídico.

Está probado, igualmente, que el diagnóstico no pudo establecerse sino luego de practicarse la citada cirugía (laparotomía - 12 de enero de 1994), en el Hospital de Occidente Kennedy, esto de acuerdo con el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 4 días después de su ingreso a la institución, circunstancia que confirma que varios de los exámenes necesarios y ayudas técnicas para aclarar el diagnóstico de la paciente no fueron practicados.

Se debe anotar que el diagnóstico inicial realizado en el hospital de Occidente Kennedy fue de dolor abdominal generalizado agudo, y que se solicitaron los siguientes exámenes(35): “sangre, hematología, orina, acteriologia - micología. Como se puede observar, en el presente caso no utilizaron todas las ayudas técnicas de diagnóstico como una ecografía o una radiografía, que hubiesen llevado a un diagnóstico acertado, dada la rápida intervención que requiere un cuadro sintomatológico de un dolor abdominal agudo. Al respecto es pertinente citar algunas afirmaciones hechas por un reconocido doctrinante de la medicina:

“El cuadro clínico generalmente denominado abdomen agudo plantea muchos problemas. El dolor abdominal agudo requiere rápida investigación y muchas veces crea dificultades diagnósticas al médico. En la mayor parte de pacientes puede lograrse un buen diagnóstico mediante la historia clínica y el examen físico completado con unas pocas pruebas de laboratorio.

El objetivo del médico ante un paciente abdominal agudo es alcanzar un diagnóstico temprano y preciso de manera que pueda establecer rápidamente el tratamiento. A veces unos minutos pueden tener valor crítico...

(...).

Puede lograrse el diagnóstico en la mayor parte de pacientes con problemas abdominales agudos después de tomar la historia clínica, proceder al examen físico y efectuar recuento de sangre y análisis de orina...”(36) (se resalta) (sic).

Por otra parte, el doctor Ricardo Ferrada manifiesta:

“... todo médico, especialista o no, debe estar en capacidad de diagnosticar un abdomen agudo. En su defecto, debe ser capaz de definir si el paciente requiere tratamiento quirúrgico o no, aun cuando no pueda determinar el tipo de lesión o el órgano comprometido”(37).

La apendicitis constituye un tipo específico de enfermedad abdominal aguda(38) que, como lo advierte el doctor John M. Beal, en el texto transcrito, debe ser diagnosticada rápidamente, ya que sus complicaciones pueden poner en grave riesgo la vida del paciente. En el mismo sentido, el doctor Ricardo Ferrada expresa que “El diagnóstico diferencial en apendicitis aguda reviste gran importancia para cualquier médico, por tratarse de una entidad frecuente y porque el error implica complicaciones con morbilidad y mortalidad altas”(39).

El doctor Robert Condon, por su parte, advierte:

“La apendicitis aguda siempre deberá sospecharse en los pacientes que se quejan de dolor abdominal o que manifiestan síntomas mínimos que sugieren irritación peritoneal... La única forma de disminuir la morbilidad y prevenir la mortalidad es ejecutar apendicectomía antes de que hayan ocurrido perforación o gangrena”(40).

Una sospecha de apendicitis, entonces, debe conducir a un seguimiento inmediato y permanente del paciente, con base en nuevos exámenes físicos y la práctica de exámenes de laboratorio.

En el texto citado, el doctor Ferrada expresa:

“El apéndice retrocecal tiende a localizarse y a formar un absceso en ese sitio. Este absceso, si se forma, da origen a un signo de Psoas y/o del obturador. En la historia se va a encontrar antecedentes como para pensar en apendicitis; y en el examen físico signos de absceso del Psoas, además de los propios de una apendicitis aguda”(41).

Sobre estos signos, explica el mismo autor:

“Signo del Psoas... Los procesos inflamatorios que comprometen este músculo dan por resultado dolor al ponerlo en acción. Para buscar este signo, se flexiona el miembro inferior y se suelta. La extensión es dolorosa cuando hay irritación del músculo psoas. Ejemplo:... apendicitis de localización retrocecal.

... Signo del Obturador... Para poner en acción este músculo, se debe colocar el miembro inferior en flexión y a continuación se lo debe rotar lateralmente sobre la articulación de la cadera. El dolor al realizar esta maniobra se llama signo del obturador positivo y se le observa en los abscesos pélvicos”(42).

Conforme a lo anterior, se concluye que si bien la apendicitis puede ofrecer dificultades diagnósticas, su existencia no puede considerarse como una fatalidad insuperable que imposibilite absolutamente el diagnóstico, como lo pretenden las entidades demandadas, para dar fundamento a la fuerza mayor, como causal de exclusión de responsabilidad.

En relación con la responsabilidad civil por error en el diagnóstico, el abogado argentino Roberto Vázquez Ferreyra expresa:

“Puede afirmarse que el diagnóstico es uno de los principales momentos de la actividad médica, pues a partir de sus resultados se elabora toda la actividad posterior conocida como tratamiento propiamente dicho.

De allí que el diagnóstico se termina convirtiendo en un elemento determinante del acto médico, ya que del mismo depende el correcto tratamiento o terapéutica.

Cronológicamente el diagnóstico es el primer acto que debe realizar el profesional, para con posterioridad emprender el tratamiento adecuado. Por ello bien podría afirmarse que la actividad médica curativa comprende dos etapas. La primera constituida por el diagnóstico y la segunda por el tratamiento.

(...).

El diagnóstico, por su parte, puede descomponerse en dos tipos de actuaciones, distinción que tiene vital importancia al momento de analizar la culpa del profesional.

En una primera etapa, o fase previa, se realiza la exploración del paciente, esto es, el examen o reconocimiento del presunto enfermo. Aquí entran todo el conjunto de tareas que realiza el profesional y que comienzan con un simple interrogatorio, tanto del paciente como de quienes lo acompañan y que van hasta las pruebas y análisis más sofisticados, tales como palpación, auscultación, tomografía, radiografías, olfatación, etc. Aquí el profesional debe agotar en la medida de lo posible el conjunto de pruebas que lo lleven a un diagnóstico acertado. Tomar esta actividad a la ligera, olvidando prácticas elementales, es lo que en más de una oportunidad ha llevado a una condena por daños y perjuicios.

En una segunda etapa, una vez recolectados todos los datos..., corresponde el análisis de los mismos y su interpretación...; se trata, en suma, una vez efectuadas las correspondientes valoraciones, de emitir un juicio...”(43) (se resalta) (sic).

En realidad, puede decirse que resulta relativamente fácil juzgar la conducta médica ex post, ya que no es difícil encontrar, en la mayor parte de los casos, los signos que indicaban el diagnóstico correcto. Por esta razón, el fallador no debe perder de vista que, al momento de evaluar al paciente, el médico está ante un juicio incierto, ya que la actividad de la medicina no puede asimilarse a una operación matemática. Al respecto, el profesor Ataz López previene sobre la imposibilidad de imponer a los médicos el deber de acertar(44).

Así las cosas, lo que debe evaluarse, en cada caso, es si se utilizaron todos los recursos, esto es, si se practicaron los procedimientos adecuados para llegar a un diagnóstico acertado.

En este caso, está demostrado que, a pesar de la impresión diagnóstica hecha inicialmente de dolor abdominal, no se utilizaron todas las ayudas técnicas de diagnóstico, como la ecografía que, como se vio, es fundamental para lograr un diagnóstico acertado ante un cuadro complejo o dudoso. Por el contrario, se formularon medicamentos para tratar otra patología, esto es un cuadro de neumonía, lo que contribuyó al enmascaramiento de los síntomas(45). Esto resulta sorprendente, si se tiene en cuenta que, en el 80% de los casos, el apéndice se perfora antes de las 36 horas de iniciados los síntomas(46), lo que exige gran rapidez y acuciocidad en la práctica de los procedimientos necesarios para esclarecer el diagnóstico.

En relación con los cuadros de “abdomen agudo dudoso”, como lo era el de la menor Andrea Maritza Sánchez manifiesta el doctor Ferrada: “En este grupo se incluyen todos los pacientes que consultan por dolor abdominal y existe sospecha de irritación peritoneal”(47), y agrega:

“El tiempo de observación es de seis a doce horas, aunque por lo general es suficiente con 4 horas o menos. Durante ese tiempo se debe realizar los estudios complementarios que permitan definir el diagnóstico y la conducta definitiva”(48).

Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la responsabilidad del Hospital de Occidente Kennedy en el presente caso. En efecto, está demostrado que esta institución no utilizó debidamente todos los medios que estaban a su alcance para esclarecer el diagnóstico de la menor Andrea Maritza Sánchez, lo que, a su vez, impidió realizar oportunamente el tratamiento indicado, hecho que ocasionó su muerte.

Vale la pena anotar aquí, adicionalmente, lo expresado por el doctor Robert Condon, en la obra anteriormente referida:

“... Nunca se insistirá demasiado en el papel que el retraso en diagnóstico y tratamiento desempeña en la mortalidad y la morbilidad grave. El retraso en la ejecución de la apendicectomía se debe a menudo a incertidumbre en el diagnóstico... La observación hasta que aparezcan síntomas definidos es peligrosa, y no se aconseja. Es más seguro explorar para descubrir la causa de síntomas mínimos, incluso en los pacientes con mal pronóstico, que esperar”(49) (se resalta) (sic).

Finamente, si bien está probado que la menor Andrea Maritza Sánchez acudió al servicio médico del Hospital de Occidente Kennedy dos días después del inicio del dolor, es claro, de acuerdo con lo expresado por los peritos en el informe citado, que en el momento en que fue evaluado por primera vez en la institución, pudo haberse hecho un diagnóstico acertado y, por lo tanto, ordenarse oportunamente el tratamiento quirúrgico.

Pasando a otro punto, es necesario tener en cuenta que, como se anotó anteriormente, en los cuadros de diagnóstico clínico, como lo es el de apendicitis, el seguimiento de la evolución del paciente es fundamental, para lo cual es imprescindible contar con una historia clínica clara y completa, sobre todo si, como ocurrió en este caso, la paciente es siempre valorada por un médico diferente al que la examinó anteriormente. Se observa, además, que varios apartes de la historia del hospital resultan prácticamente ilegibles. Se ha dicho al respecto que, en la medicina moderna, el carácter completo y permanente de la historia clínica es condición de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa(50).

Debe insistir la Sala, en este momento, en la importancia que tiene el esclarecimiento rápido del diagnóstico en un paciente que presenta los síntomas observados en la menor Andrea Maritza Sánchez, y concretamente dolor abdominal. Como se ha dicho, un período excesivo de observación conlleva, en la gran mayoría de los casos, consecuencias funestas para el paciente. Sorprende, por lo demás, que en el hospital no se hubiera pensado, en ningún momento, en un cuadro evolucionado a partir de una apendicitis no tratada, diagnóstico tentativo hecho a la menor Andrea Maritza Sánchez en el Centro Médico Clínico Ciudad Kennedy(51) donde consultó inicialmente y que nunca fue despejado.

Así las cosas, concluye la Sala que en el Hospital de Occidente Kennedy no se realizaron todos los procedimientos recomendados por la ciencia médica para diagnosticar, a tiempo, la enfermedad sufrida por la menor Andrea Maritza Sánchez, lo que sin dudas generó su muerte y por ende, la responsabilidad de la institución médica demandada. Por todo lo anterior, la Sala revocará la providencia recurrida, para, en su lugar, decretar la indemnización de perjuicios a que haya lugar de conformidad con el petitum de la demanda y de lo probado en el proceso.

6. Perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Para reclamar indemnización por la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez, comparecieron al proceso contencioso los señores Claudia Ivonne Sánchez Sanchetti, en su calidad de madre, Oscar Eduardo Ríos Sánchez, en calidad de hermano, Luis Alfonso Sánchez Ocampo y María Ivonne Sanchetti de Sánchez, en calidad de abuelos, condiciones debidamente acreditadas con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente(52).

Ahora bien, el señor Oscar Orlando Ríos(53), quien dijo acudir en calidad de “padrastro” de la menor Andrea Maritza Sánchez, pretendió demostrar ese hecho con la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor José Ignacio Acosta Lemos(54) quien aseguró que reconocía al señor Oscar Orlando Ríos y a la menor Andrea Maritza Sánchez como “padrastro e hijastra” y que además de que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años, aquel proveía lo necesario para la manutención de la menor. La Sala da crédito a este testimonio y, por lo tanto, tendrá a este demandante como damnificado para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales, de quien aseguró el deponente padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez.

Por concepto de daño moral se solicitó en la demanda una indemnización tasada en 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, pretensión frente a la cual la Sala se remitirá a los criterios establecidos en sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se determinó la necesidad de adecuar los montos indemnizatorios a salarios mínimos legales mensuales.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, la Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en favor de Claudia Ivonne Sánchez Sanchetti y Oscar Eduardo Ríos Sánchez, por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco de madre y hermano de la víctima, resulta procedente entender que frente a ellos se presume que se trata de un evento en el que la muerte de su ser querido, como es un hijo y un hermano, acarrea un sufrimiento en máxima intensidad.

Frente a Luis Alfonso Sánchez Ocampo y María Ivonne Sanchetti de Sánchez, la Sala encuentra que —dada su calidad de abuelos de la víctima que se encuentra acreditada— es procedente el reconocimiento solicitado, pero limitándolo a cincuenta (50) Salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos.

En lo que respecta al señor Oscar Orlando Ríos, comoquiera que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción por él sufrida en razón de la muerte de su “hijastra” Andrea Maritza Sánchez, es procedente el reconocimiento solicitado, en una suma equivalente a cien (100) Salarios mínimos mensuales legales vigentes.

6.2. Perjuicios materiales.

Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda una indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, correspondiente a la suma que resulte demostrada en el proceso.

En cuanto al lucro cesante deprecado por la madre de la menor Andrea Maritza Sánchez, debe señalarse, que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que no puede hacerse un reconocimiento por este concepto cuando la víctima era menor de 14 años, pues se ha considerado que se trata de la indemnización de un daño incierto. Efectivamente, en sentencia del 10 de agosto de 2001, la Sala expuso:

“La Sala ha dicho, en reiterada jurisprudencia, que para que un daño sea indemnizable debe ser cierto, es decir que no trate de meras posibilidades, o de una simple especulación:

“Ha sido criterio de la corporación, que el daño para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo”.

“En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio según el cual, el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual —sin dar derecho a indemnización—, o de cierto —con lo cual surge entonces la posibilidad de derecho a indemnización—, pero jamás puede recibir las dos calificaciones”.

“Así el daño sea futuro debe quedar establecida la certeza de su ocurrencia, no puede depender de la realización de otros acontecimientos. Cuando de la muerte de un niño se trata, la Corporación ha negado, tradicionalmente, la indemnización de un daño futuro, consistente en el reconocimiento de lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, por tener carácter de eventual. En efecto, en estos casos el daño futuro está sometido a una doble incertidumbre, por una parte que el menor llegara a obtener algún ingreso y, que de cumplirse la primera condición, este se destinaría al sostenimiento de sus padres y hermanos, y no, por ejemplo, que se dedique al sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar”(55).

En el presente caso, no se acreditó que la víctima, menor de edad desempeñará algún tipo de actividad laboral y que los ingresos de tal labor los destinara al mantenimiento de los miembros de su familia(56), motivo por el cual se negará.

Daño emergente

En cuanto a la indemnización de los prejuicios materiales en la modalidad de daño emergente deprecados por los demandantes como consecuencia de los gastos médicos, se tiene que no obra en el expediente prueba del perjuicio causado, motivo por el cual se negará.

7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el día 28 de abril de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR al Hospital de Occidente de Kennedy responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la muerte de la menor Andrea Maritza Sánchez acaecida el día 27 de enero de 1994 en dicha institución.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Hospital de Occidente de Kennedy a pagar por perjuicios morales, las siguientes sumas:

A favor de Claudia Ivonne Sánchez Sanchetti y Oscar Eduardo Ríos Sánchez, en su condición de madre y hermano de la víctima, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno.

A favor de Luis Alfonso Sánchez Ocampo y María Ivonne Sanchetti de Sánchez, en su condición de abuelos, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno.

A favor de Oscar Orlando Ríos, en su condición de padre de crianza, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo

6. Sin costas (L. 446/98, art. 55).

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

(15) Folio 9 visto del cuaderno principal.

(16) Folio 8 del cuaderno principal.

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente 21.515.

(19) Ídem.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, Expediente 15.772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 30 de julio de 2008, Expediente 15.726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, entre otras.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 31724, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, Expediente 11.878, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(23) [5] Fernández Costales, Responsabilidad civil médica y hospitalaria, p. 116.

(24) Roberto Vázquez Ferreyra, Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina, editorial Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, 2002, pp. 106-107.

(25) En la sentencia de 10 de febrero de 2000, la Sección Tercera del Consejo de Estado imputó responsabilidad a la Universidad Industrial de Santander por la muerte de un joven universitario, como consecuencia de un shock séptico causado por apendicitis aguda, tras encontrar demostrado que el paciente ingresó al servicio médico de la entidad, con un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad que constaba en la historia clínica, y que el médico de turno, no solo omitió ordenar los exámenes necesarios para confirmarlo o descartarlo, sino que realizó una impresión diagnóstica distinta, sin siquiera haber examinado físicamente al paciente. Expediente 11.878, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(26) En la sentencia de 27 de abril de 2011, la Sala imputó responsabilidad al ISS por el daño a la salud de un menor de edad, afectado por un shock séptico en la vesícula, en el hígado y en el peritoneo, luego de constatar que este ingresó a la unidad programática de la entidad con un fuerte dolor abdominal, y que los médicos le formularon un tratamiento desinflamatorio y analgésico, sin practicarle otros exámenes o pruebas adicionales, que confirmaran que la enfermedad que lo aquejaba en realidad no era de gravedad y que podía controlarse con tales medicamentos. Expediente 19.846, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Al respecto, la doctrina ha señalado que el error inexcusable no es cualquier error, sino aquel “objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase. En consecuencia, si el supuesto error es de apreciación subjetiva, por el carácter discutible del tema o materia, se juzgará que es excusable y, por tanto, no genera responsabilidad”. Alberto Bueres, citado por Vásquez Ferreyra, óp. cit., p. 121.

(28) Roberto Vázquez Ferreyra, óp. cit., p. 124.

(29) [33] Ver Vázquez Ferreyra, Roberto, óp. cit. pp. 96, 97.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, Expediente 11.878, C.P. Alier Eduardo Hernández. En similar sentido, véanse las sentencias de 27 de abril de 2011, Expediente 19.846, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de febrero de 2011, Expediente 19.040, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(31) Folios 127 a 201 del cuaderno 2.

(32) Folio 132 del cuaderno 2.

(33) Folios 168 visto a 133 del cuaderno 2.

(34) Folios 168 visto a 133 del cuaderno 2.

(35) Folios 133 a 143 del cuaderno 2.

(36) Beal, John M. Abdomen Agudo. En Sabisnston, David C. Tratado de patología quirúrgica de Davis - Christopher, tomo 1, Nueva editorial interamericana, SA de CV, 10ª edic., México, 1977, pp. 747, 751.

(37) Ferrada D., Ricardo. Urgencia Quirúrgica. Editores Echavarría, Ferrada y Kestenberg. Reimpresión corregida de la segunda edición, marzo de 1993, p. 49

(38) Ver Beal, John M., óp. cit., pp. 756 a 762.

(39) Ferrada D., Ricardo. Óp. cit., p. 63.

(40) Condon, Robert E. Apendicitis. En Sabinston, David C., óp. cit., p. 877.

(41) Óp. cit., p. 64.

(42) Óp. cit., pp. 57, 58.

(43) Vázquez Ferreyra, Roberto. Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina. Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición colombiana, Medellín, 1993, pp. 78, 79.

(44) Ataz López, Joaquín. Los médicos y la responsabilidad, Edit. Montecorvo, Madrid, 1985, pp. 307, 308. Citado por Vázquez Ferreyra, Roberto. Óp. cit., p. 94.

(45) Ver Ferrada D., Ricardo. Óp. cit., pp. 55, 63.

(46) Ibíd. p. 63.

(47) Óp. cit., p. 166.

(48) Óp. cit., p. 168.

(49) Óp. cit., p. 880.

(50) Ryckmans y Meert-van de Put. Le droits et les obligations des medicins, Bruselas, 1971, p. 175. Citado por Vázquez Ferreyra, Roberto. Óp. cit., p.p. 224, 225.

(51) Folio 5 del cuaderno 2

(52) A Folios 14 del cuaderno principal. Obra el registro civil de nacimiento de Oscar Eduardo Ríos Sánchez, que demuestra que era hermano de la menor Andrea Maritza Sánchez. A folio 203 del cuaderno 2, obra el registro civil de nacimiento de Claudia Ivonne Sánchez Sanchetti, que demuestra que es hija de los señores Luis Alfonso Sánchez Ocampo y María Ivonne Sanchetti de Sánchez. A folio 120 del cuaderno 2, obra el registro civil de nacimiento de la menor fallecida Andrea Maritza Sánchez.

(53) Oscar Orlando Ríos, quien acudió al proceso como padre de crianza de la menor Andrea Maritza Sánchez, es una persona diferente de Oscar Eduardo Ríos Sánchez, quien acudió al proceso el calidad de hermano de la menor Andrea Maritza Sánchez.

(54) Folios 208 a 210 del cuaderno 2.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, Expediente 12.555.

(56) Ver sentencia del 18 de marzo de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 17.492. M.P. Enrique Gil Botero.