SENTENCIA 1995-14960/31536 DE DICIEMBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 1995-14960/31536 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 15001233100019951496001 (31536)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Teófilo Niño Ramírez y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(3), seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 14 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, en aras de establecer si existe responsabilidad de las demandadas, por los daños ocasionados a los actores como consecuencia de “las torturas, tentativa de homicidio y detención arbitraria” de que fue objeto el señor Teófilo Niño Ramírez, el día 2 de marzo de 1993.

3.2.1. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales(4), que acreditan los siguientes hechos(5):

1. El 23 de febrero de 1993, el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez compareció ante la unidad antiextorsión y secuestro grupo Únase de la primera brigada ubicada en ciudad de Sogamoso e interpuso denuncia por el delito de extorsión. Específicamente, relató haber recibido varias llamadas telefónicas de personas (hombres y mujeres) que se identificaban como miembros de las FARC y que le solicitaron la suma de cincuenta millones de pesos (fls. 5-6; 38-39, cdno. 2 anexo 1).

El mismo día, el grupo Únase, unidad investigativa de orden público de la primera brigada suscribió acta de iniciación de indagación preliminar (fls. 7; 40, cdno. 2 anexo 1).

2. El 2 de marzo de 1993, a las 07:30 pm la fiscalía cuarta unidad previa permanente del distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo, ubicada en la ciudad de Duitama hizo constar (fl. 1, cdno. 2 anexo 1):

“(...) se dispone a decretar la práctica de la diligencia de inspección del cadáver, de acuerdo con la información recibida en este despacho por el señor Mayor Herman Hackspiel Olano, comandante grupo Únase de la ciudad de Sogamoso, sobre que en la vía que de Duitama conduce a Bucaramanga, vía o carretera de Torres, hubo al parecer un enfrentamiento con un extorsionista que se hacía pasar como del 38 frente de las FARC, de nombre Salvador y que por lo tanto tenía varias grabaciones en las que pedía dinero, por lo que la fiscalía en turno de disponibilidad se traslada al sitio de los hechos a fin de practicar dicha diligencia.

Asesórese del personal respectivo del cuerpo técnico de investigación de esta ciudad, como fotógrafo y topógrafo (...)”.

En un documento que corresponde al acta de inspección a cadáver sin número, fechado del mismo día, la fiscalía en mención hizo constar (fl. 2, cdno. 2; 2, cdno. 10 anexo 1):

“(...) siendo las siete y cuarenta y cinco de la noche, se tuvo conocimiento por parte de esta fiscalía, estando en turno de disponibilidad, que sobre la carretera de Torres que de Duitama conduce a Bucaramanga a unos cinco minutos de la ciudad había un muerto, esta información fupe (sic) suministrada por la técnico en criminalística Dioselina González Camacho. Trasladados al sitio de los hechos se constató por parte de la fiscalía que se trataba de un paraje solitario, a unos veinticinco metros aproximadamente de la carretera y con una pendiente de unos ochenta grados de pendiente (sic), en medio de unos árboles de eucaliptus, en un sitio que al parecer se trataba como donde funcionaba un horno para cocer ladrillo se encontraba una persona boca arriba, estirada completamente. Procediendo el suscrito fiscal a practicar la diligencia, se constató que esta persona se encontraba viva aún, que estaba eso sí herido por cuanto del pecho, lado derecho cerca a la tetilla tenía una herida al parecer de arma de fuego y sangraba profusamente también de las piernas, por cuanto se encontraba manchadas sus ropas, camisa y pantalón, y cerca a (sic) la mano derecha como a unos cinco centímetros a la parte de arriba ya que este miembro se encontraba estirado, se hallaba un revólver calibre 22 y que luego de examinado se constató que es marca Amadeo Rossi, Nº 515488, brasilero y dentro del tambor habían tres cartuchos disparados y cuatro sin disparar, lo que dio pie para ordenar de inmediato la prueba de absorción atómica por el técnico de criminalística del cuerpo técnico de investigación. Luego de esto se procedió a trasladar al herido hacia el Hospital Regional de la ciudad de Duitama, colaborando con esto en su bajada del sitio de los hechos hasta la carretera los mismos agentes del grupo Únase y personal del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y en uno de los carros del grupo Únase se trasladó hasta el hospital regional donde se le practicaron los primeros auxilios. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y irma (sic) como aparece por los que en ella intervinieron”.

En la misma fecha, el señor Teófilo Niño Ramírez ingresó al servicio de urgencias del Hospital Regional de Duitama “a las 8:20 p.m. (...) con cuadro de cinco horas al recibir herida por arma de fuego en región torácica derecha y miembro inferior izquierdo, en urgencias se realiza toracostomía cerrada y se traslada a piso. El día 10 de marzo a las 8:30 se realiza toracostomía de limpieza en salas de cirugía”. Se le diagnosticó “Hemotorax” y se registró fecha de egreso el 17 de marzo de 1993, lo anterior con fundamento en la respuesta emanada el 4 de octubre de 1993 por el estadístico y el coordinador técnico del hospital al abogado visitador de la procuraduría delegada para los derechos humanos (fl. 351, cdno. 1) y en la historia clínica adjunta (fls. 338-350; 352-375, cdno. 1; 170-225, cdno. 3 anexo 1).

En esa oportunidad se le tomó declaración al señor Teófilo Niño Ramírez a las nueve y diez minutos de la noche en la que señaló (fl. 3, cdno. 2; 3, cdno. 10 anexo 1):

“(...) Preguntado: Qué fue lo que sucedió hace poco y por el que está herido (sic)? Contestó: Yo salía de la planta de Aceros Boyacá, porque trabajo allí y el ingeniero Hernando Cadena me dijo que el doctor Luis Vargas necesitaba hablar conmigo (es dificultosa la recepción de lo que el lesionado dice, casi no se nota lo que dice), yo esperé y hablé con él y me preguntó que por qué no había ido ayer y le dije que porque como estudiaba de noche y me dijo que lo esperara, el ingeniero Hernando Cadena, que él me traía para Duitama y lo esperé hasta las diez (se hace un poco dificultosa la recepción de la exposición, casi no se entiende lo que dice, aunque al iniciar el diálogo es notorio lo dicho) me encontré con dos señores que estaban en un Renault rojo y me dijeron que me daban quinientos mil pesos por recoger un paquete y que mañana ellos me lo recibían en Paipa, por eso estaba yo allá, los del carro eran dos y la placa es AV 38-19. Yo no disparé, no estaba armado, los policías creyeron que estaba muerto y me pusieron el revólver, ellos mismos dispararon porque yo no hice tiros y me pusieron el revólver (en este estado de la diligencia se hace muy dificultosa la recepción de declaración alguna con el paciente debido a su estado de salud, a veces se hace no entendible lo que dice y hace esfuerzos para responder, para hablar). Debido al estado de salud del paciente la fiscalía ordena dar por terminada la recepción de esta exposición y teniendo en cuenta que no puede movilizar la mano para la firma por el suero y estado de salud en sí, la da por terminada y no se firma por el lesionado por incapacidad física”.

3. El 3 de marzo de 1993, el Mayor Hermann Hackspiel Olano comandante del grupo Únase de Sogamoso suscribió informe que presentó ante el fiscal cuarto unidad previa y permanente de Duitama, con el siguiente contenido (fls. 11-12, cdno. 2; 11-12, cdno. 10 anexo 1):

“Por medio del presente, informó (sic) a ese despacho los hechos ocurridos el día 02-Marzo-93 a las 18:30 horas, en el municipio de Duitama en la vía que conduce de esta localidad a Charalá, en donde en operativo antiextorsión fue herido y capturado el sujeto alias “Salvador”, quien responde al nombre de Teófilo Niño Ramírez (...) al parecer perteneciente al XXXVIII frente de las FARC, quien se encontraba extorsionando al señor Luis Antonio Vargas, dueño de la empresa Aceros Boyacá, de la ciudad de Paipa. Al citado sujeto se le incautó arma de fuego revólver calibre 22 de trinquete modelo viejo con cuatro cartuchos y tres vainillas, además por informaciones obtenidas en el lugar de los hechos conoció (sic) que es trabajador de la empresa Aceros Boyacá.

Este caso se inició en base (sic) a la denuncia presentada ante la unidad investigativa de orden público Únase, por el señor Luis Antonio Vargas, mediante entrega de un casete en donde se le exigía al denunciante la suma de $ 50.000.000.oo de pesos (sic), manifestando que pertenece al grupo subversivo de las FARC frente XXXVIII, es así que a partir del día 23 de febrero, se inició operación de rastreo de llamadas y vigilancia sobre la residencia y empresa del afectado.

El día 27 de febrero se recibe una llamada en donde se establecen negociaciones y la cual fue rastreada desde la central telefónica de Duitama y esta llamada se produjo desde el centro comunitario de San Pedro, el día 2 de marzo en las horas de la mañana fue recibida la llamada al teléfono 850399 de la gerencia de Aceros Boyacá en donde el extorsionista efectúa los preparativos finales de la entrega del dinero y posteriormente realiza llamada a las 15:15 al teléfono 850009 perteneciente a la casa habitación finca El Barranco de propiedad del señor Luis Antonio Vargas, donde colocó el sitio de entrega del dinero en Duitama, 200 metros después terminado el pavimento por la vía que conduce de Duitama a Charalá en la primera curva pronunciada a la altura de los árboles de eucaliptus.

El dispositivo fue colocado en tiempo récord ya que se debía movilizar en el carro de propiedad del señor Luis Vargas, el dinero colocado antes de las 17:00 en el lugar dispuesto por el bandido. Unidades Cóndor y Buitre localizados en el sitio de entrega procedieron a iniciar el dispositivo y a las 18:20 un sujeto que venía por la carretera trepó hasta el sitio y procedió a recoger el paquete, al verse descubierto corrió hacia la parte alta, se atrincheró en un chircal y procedió a disparar contra los funcionarios, siendo alcanzados por el intercambio de los disparos.

(Párrafo ilegible)

“Se anexa al presente informe paquete que simula la suma de $ 10 millones de pesos, tres cassettes con grabaciones de la extorsión. Y revólver calibre 22 de trinquete que reposa en la unidad investigativa de Santa Rosa para estudio de balística”.

4. El 4 de marzo de 1993, el señor Teófilo Niño Ramírez rindió indagatoria ante la unidad de fiscalía previa y permanente del distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la cual manifestó (fls. 19-25, cdno. 2 anexo 1):

“(...) Guillermo Benítez me llevó a trabajar a Aceros Boyacá y ahí estaba trabajando, allí gano noventa mil pesos básicos mensuales, en promedio gano mensualmente con horas y primas ciento treinta mil pesos y aún estaba trabajando en Aceros Boyacá como obligaciones patrimoniales tengo mi mamá y mis hermanas y mensualmente por ejemplo en el Fondo de Empleados de Aceros Boyacá tengo como doscientos treinta mil pesos y en la Caja Social de Ahorros de acá de Duitama tengo unos veinte o treinta mil pesos, otros ahorros eran unas cadenas que tenía y gafas finas que tenía también (...). Preguntado: sírvase manifestarle a la fiscalía donde se encontraba usted el día dos de marzo del año en curso en compañía de quien, más o menos entre las cuatro de la tarde y las siete de la noche? Contestó: pues yo salía a las nueve de la mañana del día dos de marzo de este año y el ingeniero Hernando Cadena me dijo que me traía, el ingeniero Luis Vargas me dijo que lo esperara que me tenía que hablar. El ingeniero Gernando Cadena (sic) me dijo que lo esperara que me traía a Duitama y lo esperé hasta las 10 de la mañana y me dijo que él ya no venía acá a Duitama. Crucé de la autopista y me abordó un carro como a las diez y quince de la mañana un Renault 6 rojo de placas a AV 38-16 y venían dos tipos en el carro, nunca los había visto antes y me dijeron que si yo trabajaba en la empresa y les dije que sí que iba a cumplir tres años de trabajar en la empresa me dijeron que si me quería ganar una plata y yo les dije que qué había que hacer y me dijeron que me daban quinientos mil pesos por ir a recoger un paquete y me dijeron que a las cinco de la tarde yendo para la estación Moreno, por el lado de la estación Becerra y que en una curva, de la carretera arriba del barrio Boyacá, en un tronco y una piedra roja y que dentro de la alcantarilla había un paquete, no me dijeron que paquete y que cogiera el paquete y que hoy de nueve a doce me buscaban en Paipa para que yo les entregará el paquete yo yo (sic) me bajé del Renault ese y me fui para los seguros porque tenía cita odontológica y me atendió el doctor Germán Gutiérrez después fui y mandé unos papeles del Fondo de Empleados de Aceros Boyacá para Paipa y después de salir de eso me fui para la plaza de los transportes y me subí en un bus hasta el barrio Boyacá, luego subí a pie hasta que encontré la piedra y el tronco rojo, luego subí a una especie de loma y habían unos palos y me hice ahí, y luego llegaron unos carros, una Chevrolet LUV oscura toda cabinada y un camión Mazda de color blanco, de turbo, carpado y una moto color amarillo con varios hombres armados, cuando los vi yo alcé las manos y me fui hacia ellos y me dijeron que yo que hacía por ahí y les dije que dos tipos de un Renault rojo me habían madado (sic) por un paquete y entonces me cogieron y me empezaron a pegar y varias veces me metieron una pistola entre la boca y me decían que cantara que les dijera quiénes me habían mandado por el paquete y les dije como era el carro y las placas del arro (sic) y les describí más o menos a los tipos del carro, después me pusieron unas esposas y me echaron en la camioneta LUV, llegaron varios campesinos y les dijeron que se fueran, los del DAS decían que ya no los podemos matar que los campesinos son testigos y ya lo vieron, luego me bajaron en una o mejor como cinco minutos en un carro y colocaron unas bolsas negras en la boca para ahogarme y yo las rompía con los dientes, después me preguntaban si sabía que era lo del paquete y yo les dije que no, porque yo nunca llegué a cogerlo, entonces me bajaron de ese carro y me subieron al camión Mazda blanco y ahí uno del DAS que llevaba bolsas me ponía las bolsas acá, muestra la boca y que cantara y que cómo me llamaba yo, yo le respondía que como era todo, de las placas del carro y todo lo que me preguntaban luego como diez minutos de trayecto en el camión mejor dicho de donde yo me entregué como a cinco minutos de donde recogía el paquete y me bajaron como cinco minutos y luego me volvieron a subir en el camión como otros cinco minutos, no sé para dónde me llevaban porque me pegaron en la cabeza y en el camión uno de los soldados le dijo a uno de los que iban conmigo le dijo que esperara un triz (sic) que ya habían encontrado el sitio donde me iban a matar, luego esperamos como unos diez minutos y me bajaron y me pusieron a subir una loma y me botaron como a una especie de hueco y me botaron y me pegaron un tiro en la pierna y me decían que cantara o que me acaban de matar yo les decía que ya les había dicho todo lo que sabía, que no sabía nada más y luego me dispararon al pecho y otro dijo que me rematarán en la cabeza, yo me agaché y coloqué está mano (muestra la mano izquierda la que se encuentra vendada en los dedos) luego se acercó otro y le dijo que yo estaba muerto y me hice el muerto, me quedé quieto, entonces me pusieron un revolver (sic) en esta mano, (muestra la mano derecha) lo sacaron de entre ellos mismos, y el uno le decía al uno coloque el suyo y el otro decía no traje la pistola y como yo estaba con los ojos abiertos y uno de los del DAS me colocó un revolver (sic) en la mano hicieron un tiro al aire y con este dedo (muestra el dedo pulgar de su mano derecha) metieron mi dedo dentro del gatillo y con mi mano dispararon ellos con miedo y luego se fueron como unos cinco minutos de allí y colocaron un paquete negro al pie de mí y dijeron que ya habían llamado al juez para hacer el levantamiento y en esas bajó un campesino por ahí y los del DAS le preguntaron el nombre, dijo que se llamaba Luis, no sé el apellido, y el campesino se fue, iba bajando, luego me pegaban a ver si yo estaba vivo y yo me quedé quieto y siempre con los ojos abiertos y cuando ellos dijeron que ya habían llamado al juez y yo mismo me decía que tenía que aguantar y no morirme y esperé como una hora y ahí herido y cuando llegó el juez, iba con una señora con una sudadera y yo levanté la cabeza y le dije al juez que cuidado que estaba vivo y yo le decía al juez que los del DAS me querían matar y me dijo que tranquilo y me comenzaron a bajar por la loma a un carro, antes le decían que cuidado porque tenía un revólver, me echaron al carro y me trajeron acá al hospital yo le decía pues que los del DAS me iban a matar y él decía que tranquilo que él me ponía vigilancia, cuando me estaban atendiendo los médicos el juez me preguntaba y yo le dije lo que sabía, o sea sobre el Renault seis rojo nada más. Preguntado: Sírvase manifestarle a la fiscalía cuál es el nombre de las dos personas que le dijeron que fuera recoger el paquete? Contestó: No sé porque nunca los había visto. Preguntado: Dígale a la fiscalía en presencia de quién le dijeron a usted que fuera recoger el paquete? Contestó: Pues dentro del mismo carro Renault rojo. Preguntado: Dígale a la fiscalía, quién conducía el Renault de Paipa a acá cuando le insinuaron de recoger el paquete? Contestó: Un tipo de cabello largo, por el espejo retrovisor del carro vi que era de cara ancha llevaba chaqueta negra de cuero, la placa del carro es AT 38-19. Preguntado: Dígale a la fiscalía, cómo explica usted el hecho de que por recoger un paquete lo ofrezcan a usted quinientos mil pesos? Contestó: Se me hizo fácil que me dieran los quinientos mil pesos y me dijeron que a las cinco de la tarde pasará por el paquete. Preguntado: Dígale a la fiscalía si usted utilizó los servicios de teléfono o hizo llamadas telefónicas el día dos de marzo del año en curso, en caso afirmativo, desde dónde a dónde y de qué teléfono? Contestó: No, el dos no, el lunes del barrio a la empresa y hablé con la secretaria Gladys, sobre los papeles del Fondo de Empleados de Aceros Boyacá porque yo estaba encargado de eso ya que llevo las cuentas de todos los fondos de empleados. Preguntado: Diga a la fiscalía, si conoce al señor Luis Vargas Gutiérrez, caso afirmativo cuánto hace y en dónde lo conoció? Cuál es la relación que ha tenido con el mismo? Contestó: El doctor Luis Vargas es socio y dueño de la empresa donde yo trabajo y él me recibió a trabajar porque Guillermo Benítez me ayudó a entrar allá y es hermano o mejor primo hermano de mi mamá y Guillermo es cadado (sic) con una hermana de Luis Vargas. Preguntado: diga si sabe el número telefónico de la casa del señor Luis Vargas así como de la empresa Aceros Boyacá? Contestó: Sí cómo no, de la casa es 850009 y de la empresa también lo sé es 85365 y no sé si en Bogotá tenga o no casa. Preguntado: diga a la fiscalía si usted conoce a un tal Salvador, en caso afirmativo en dónde lo conoció y cuáles han sido sus relaciones con dicho señor? Contestó: nunca lo he escuchado ese nombre. El teléfono de la casa de don Luis me lo dio hace como unos siete meses, porque me pidió el favor que lo llamara a la casa si yo sabía algo o le averiguaba algo sobre Bernardo Vaizus que trabajaba en Aceros Boyacá porque le estaba robando materiales. Preguntado: El indagado prosigue. Luego del doctor Vargas lo echó porque comprobó de que el muchacho Bernardo sí le estaba robando materiales. Preguntado: Dígale a la fiscalía se(sic) sabe quién sería la persona que mediante llamadas telefónicas hechas al señor Luis Antonio Vargas le exigían a este la suma de cincuenta millones de pesos? Contestó: No sé, no puedo decir nada de eso, no sé. Preguntado: Diga si el día dos de marzo del presente año usted estuvo en el barrio San Pedro de esta ciudad en caso afirmativo a qué horas? Contestó: Sí estuve porque ahí queda mi casa en el barrio San Pedro, esto como a las doce del día, para bajar los papeles del fondo que estaban en mi casa para mandarlos a la empresa y fue cuando los bajé, únicamente esa hora. Preguntado: Diga a la fiscalía si en el barrio San Pedro hay teléfono público. Contestó: El único teléfono que hay es uno comunitario que queda al pie de mi casa. Preguntado: diga la fiscalía si usted sabe a quién pertenece el teléfono 850-0389, así como el 8500009 y el 215-8508? Contestó: Nunca los he escuchado. En este estado de la diligencia se le pone de presente el revolver (sic) que fue encontrado en el lugar de los hechos y se (sic). Preguntado: sabe a quién pertenece el revolver (sic) que se le pone de presente? Contestó: ese fue que me pusieron (sic) ese día ahí donde estaba yo tirado. Preguntado: A qué horas fue que estuvo usted donde el odontólogo el día dos de los corrientes. Contestó: Estuve yo como a la una de la tarde y hasta las tres y diez que me atendieron el odontólogo como no había agua en el seguro y me dijo que la cita era para el viernes no me atendieron ese día yo salí de allí como a las tres y diez de la tarde. Preguntado: Qué hizo usted después de que salió de donde el odontólogo? Contestó: me fui para el lado del parqueadero de los taxis de Paipa y cogí el paquete de los papeles del fondo para que los dejara en portería porque yo le había dicho al vigilante que estuviera pendiente para yo no tener que ir hasta allá, esos papeles los mandé con un señor taxista de bigote que tiene ruta a Paipa y me cobró lo del pasaje o sea trescientos pesos. Preguntado: El indagado sigue, luego cogí el bus hasta el barrio Boyacá, luego seguí a pie hasta que encontré la piedra y el tronco rojo que me habían dicho los tipos del carro. Preguntado: Manifiéstele a la fiscalía a qué hora llegó usted al sitio en donde se encontraban la piedra y el tronco rojos? Contestó: Como a las cinco y cuarto o cinco y veinte más o menos. Preguntado: Qué hizo luego de identificar eso? Contestó: Miré a la alcantarilla a ver si estaba el paquete, claro que a mí no me dijeron que clase de paquete únicamente que un paquete que estaba en la alcantarilla, yo miré desde arriba de la carretera y yo miré porque es honda y miré y no había nada. Preguntado: El indagado sigue, me fui como a una lomita que había allá como unos cuatro o cinco metros y me quedé ahí como unos cinco minutos y fue cuando vi a varios tipos armados y me fui hacia ellos y me dijeron que hacía por ahí y les dije que los tipos del Renault rojo me habían mandado por un paquete y lo que dije antes. Preguntado: Diga a la fiscalía qué distancia hay más o menos de la alcantarilla, al sitio donde fue usted herido y que cayó y se hizo el muerto? Contestó: pues aproximadamente unos 3 km más o menos. Preguntado: Qué fue a hacer usted a esa distancia de donde estaba la alcantarilla a ese lado? Contestó: Pues aclaro que yo me hice de la alcantarilla unos seis metros más o menos, pero fue cuando los DAS (sic) me cogieron y me llevaron para donde me dispararon como a unos tres km abajo de la alcantarilla. Preguntado: Diga a la fiscalía si tiene algo más que agregar a la presente diligencia. Contestó: pues que los del DAS me quitaron la cadena y los dijes, las gafas deportivas y plata que llevaba, llevaba unos dieciocho mil pesos y luego cuando llegamos acá me las botaron y esas las tiene la señora que iba cuando llegaron al levantamiento, era morenita de cabello recogido atrás de sudadera y con chompa. Preguntado: Como supe (sic) usted que los que estaban por esos lados y que lo hirieron eran del DAS? Contestó: pnr (sic) que cuando ya llegamos acá, dijeron que eran del DAS de Sogamoso”.

5. El 11 de marzo de 1993, el mayor Hermann Hackspiel Olano, jefe de la unidad Únase, Sogamoso, persona que conoció la denuncia interpuesta por el señor Luis Antonio Vargas por el delito de extorsión, declaró ante la fiscalía regional unidad Boyacá y Casanare. En su exposición detallada de los hechos sostuvo (fls. 41-45, cdno. 2; 41-45, cdno. 10 anexo 1):

“(...) Conocida la denuncia del señor Luis Antonio Vargas dueño de la empresa Aceros Boyacá sobre llamadas de un individuo que decía pertenecer a las FARC y el cual le exigía una colaboración de 50 millones de pesos, se inició la investigación para los días 25 del mes de febrero de este año, yo conocí por casualidad el hecho referido dos o tres días antes ya que me encontraba en el comando de la brigada en Tunja, y el señor Luis Antonio Vargas y su socio de nombre Dufrey los cuales iban hablar con el general para referir este caso de extorsión y solicitar ayuda, yo los atendí me enteré de los pormenores y al otro día le colocamos al teléfono de la empresa exactamente al teléfono 850399 una grabadora PK 100 para si (sic) empezar a corroborar sobre lo denunciado. El día 27 se recibió una llamada en el cual le exigían al señor el dinero y entraba el sujeto en conversación para la entrega del dinero, nosotros asesoramos al señor Luis Vargas para que llevara a cabo las negociaciones de una manera que los bandidos creyeran y se sintieran confiados de que este encontraba psicológicamente listo para entregar el dinero, posteriormente le colocamos seguridad física al señor Luis Antonio Vargas lo mismo que a su empresa mediante ficticios compradores que visitaban la empresa tratando de efectuar inteligencia a cubierta nosotros los militares hablamos de a cubierta cuando se trata de algo secreto en una investigación, posteriormente dentro de las diligencias de investigación que se siguieron se solicitó a la empresa de teléfonos de Paipa con la autorización del señor Luis Antonio Vargas, de un rastreo telefónico de llamadas, me explico que el rastreo de las llamadas telefónicas las hacemos por escrito, se corrige las hace el usuario a Telecom por insinuación de nosotros para averiguar qué llamadas y de qué teléfono estás llamando, siguiendo con el orden de ideas procedimos a esperar hasta cuando se efectuó la llamada de negociación final en las horas de la mañana del día 2 de marzo en donde después de negociaciones los bandidos aceptaron que se entregara una primera cuota entre ocho y diez millones de pesos y que posteriormente 15 días después de acuerdo a la grabación debían entregar otro tanto. Estas negociaciones hechas por el señor Luis Antonio Vargas bajaron el precio inicial de 50 millones a una negociación de veinte en dos cuotas ya que en las llamadas anteriores las cuales no fueron grabadas el señor Luis Antonio Vargas mediante mi conversación logró bajar el precio de la demanda inicial quedando en esta llamada de colocar el sitio y la hora posteriormente para la entrega, así que fuimos llamados por el señor Luis Antonio Vargas viajamos de Sogamoso a Paipa llegando aproximadamente a las 2:15 de la tarde del día 2 de marzo, con las unidades Cóndor y Buitre a la espera de la llamada final, yo llegué directamente a la casa del barranco nombre de la finca del señor Luis Antonio Vargas con el agente Calixto Parra y el agente del DAS apodado el calvo adscritos al Únase y a la vez pertenecientes al DAS, para esperar junto con el señor Vargas la llamada final, a eso de las tres pasadas diez o quince se recibió la llamada la cual fue contestada por el señor Vargas en donde colocaban las condiciones de entrega del dinero las cuales eran de llevar el dinero en una bolsa plástica negra en el Trooper de propiedad del señor Vargas la cual debía ser personalmente pero luego mediante diálogo se cambió que fuera el chofer de apellido Barón empleado de Aceros Boyacá, a un sitio cuyas especificaciones eran, por la vía Duitama Charalá 200 m de terminado el pavimento sobre la primera curva pronunciada en U al lado de los árboles de eucalipto. Una vez terminada la llamada y conocido el sitio por boca del señor Luis Antonio Vargas procedí a dar la orden por radio a las unidades para la búsqueda del sitio y colocación del dispositivo en tiempo récord ya que eran como las tres cuarenta exactamente y la entrega debía ser a las cinco de la tarde, las unidades arrancaron me puse con el señor Vargas y doña Carmenza la esposa del señor Vargas a hacer el paquete chileno que simulaba los diez millones de pesos, el señor Vargas posteriormente llamó a la fábrica para que mandaran al conductor señor Barón para que fuera él quien entregara el paquete mientras tanto terminamos de hacer el paquete chileno, como diez minutos después llegó el conductor Barón. Como él no sabía de qué se trataba tocó brevemente explicarle convencerlo de que hiciera la entrega el cual aceptó voluntariamente debido al peligro que representaba se le dio las instrucciones de lo que iba hacer y del sitio donde debía colocar el dinero (paquete chileno) esperamos un rato como eso de las 4:40 las unidades reportaron que habían encontrado el sitio que era de fácil ubicación y que se encontraban tomando el dispositivo, ahí fue cuando yo ordené ya la salida del vehículo en el cual iba el agente Francisco Herrera en la parte trasera escondido con la misión de proteger al conductor en caso de que fuera interceptado o de pronto algo peor, en sí era la seguridad del conductor para la entrega del paquete. Una vez salió le di una ventaja como de tres minutos y junto con el agente Calixto Parra salí en la camioneta azul a la persecución y seguimiento del vehículo dejando en la casa del señor Vargas y a su esposa cuidados por el agente de sobrenombre el calvo cuyo nombre en este momento no me acuerdo, el vehículo se dirigió de Paipa a Duitama entramos por la principal avenida las Américas y nos dirigimos hacia la salida de la carretera que conduce a Charalá íbamos prudencialmente a unos ciento cincuenta metros mirando que no se nos perdiera de vista el vehículo, sobrepasado el sitio de la entrega el carro del señor Barón dio la vuelta, yo seguí derecho como unos dos o tres kilómetros también di media vuelta, por radio en ese momento me informaron que ya se encontraba listo el paquete en el sitio, yo paré en ese sitio como unos cuarenta minutos esperando cualquier acción, posteriormente arrancamos, pasamos por el frente del sitio fuimos hasta Duitama por toda la principal dimos vuelta al rompoy (sic) volvimos a subir hasta unos trescientos a cuatrocientos metros aproximadamente del sitio, ahí esperamos ya era aproximadamente las seis de la tarde, a las seis y cuarto llamaron las estaciones para informar que habían recogido el paquete inmediatamente salí en el vehículo, me gastaría unos diez segundos llegamos frente al sitio me baje del carro y cubriéndome empecé a subir la cuesta porque ya había iniciado el tiroteo el cual duró aproximadamente unos treinta o cuarenta segundos del cual yo participé sitiendo (sic) al individuo sobre un chircal que queda en la parte alta como unos sesenta o setenta metros de la carretera el citado individuo se encontraba dentro del chircal boca arriba y sin signos de vida, en ese sitio estuve aproximadamente quince minutos porque todo el personal se encontraba en el registro a ver si había alguien más, encontramos en la parte de arriba una casa cerrada con candado y un sitio que se estaba preparando para la construcción con unos ladrillos, reportadas las novedades dejé al mando al señor teniente Juan González en el lugar de los hechos con estrictas órdenes de no mover nada y procedí a irme para la policía de Duitama para buscar que se me fuera a enviar a la policía técnica y judicial para el levantamiento del cadáver ya que este no presentaba signos de vida y es que yo lo vi personalmente, para mí se trataba de un muerto, llegamos a la técnica y esperamos ahí en la carretera como unos quince minutos a que llegara el señor fiscal cuarto, procedimos todos juntos a subir hasta el lugar de los hechos ya en el sitio de los hechos y ya con una linterna, la policía técnica empezó a efectuar su trabajo como a los tres minutos de estar efectuando su trabajo una niña dijo está todavía vivo, los agentes de la técnica cuando el individuo levantó el brazo dijeron cuidado con el arma, le retiraron el arma y el individuo empezó a decir doctora no deje que me maten, me robaron mis cadenas todos sacudimos (sic) a tratar de sacarlo del sitio donde se encontraba y procedimos a bajarlo hasta una de las camionetas y llevarlo al hospital de Duitama donde lo intervinieron y hasta ahí sé yo. Preguntado: Reconoce el paquete que se le pone de presente el cual fue puesto a disposición de esta fiscalía como elemento de delito (el paquete contiene un revólver en el que se lee made in Brasil —ind— Brs ND dentro de un redondel (sic) la palabra Rossy marca registrada, el cañón al lado derecho 22L.R y en la parte inferior de la cacha el número 515488, cuatro cassette y un paquete envuelto en papel amarillo grueso que contiene fajos de papel periódico simulando billetes o moneda legal y dos cadenitas presuntamente de oro, una más delgada que la otra) que puede decir respecto a este paquete? Contestó: Reconozco de lo mostrado o refiriéndome al paquete a que se refiere la pregunta es el mismo que yo hice junto con el señor Vargas y la señora, me refiero al extorsionado y su esposa, el cual contiene papel periódico envuelto en fajos y asegurados con cinta pegante simulando dinero en cantidad aproximada de diez millones, reconozco también tres cassette por cuanto yo mismo los marqué con la palabra Únase, el revólver también lo reconozco porque lo vi por primera vez al lado del cuerpo del sujeto capturado y posteriormente en la clínica cuando lo descargó una asesora técnica del cuerpo judicial en presencia del fiscal cuarto en donde presentaba tres vainillas disparadas y cuatro sin disparar las mismas que estoy observando (se olvidó en la pregunta mencionar esta munición), las cadenas no las reconozco pero tuve conocimiento en la clínica de su existencia. Preguntado: El paquete a que se ha referido en respuesta anterior en qué sitio fue encontrado en el momento o cuál la razón de haberse adjuntado como elemento de delito a la presente investigación? Contestó: Como yo ya dije el paquete fue elaborado momentos antes de salir a la entrega del dinero, (me refiero a lo relacionado con el simulacro de billetes) hecho en la casa del barranco y en compañía de los esposos Vargas, yo estuve en la elaboración de ese paquete, luego el paquete fue entregado al conductor Barón quien lo llevó al lugar dispuesto por los extorsionistas para el propósito de engaño a los bandidos. El paquete es decir, este a que me refiero, posteriormente del operativo fue hallado al lado del capturado y al que me refiero que presuntamente lo vi muerto. Preguntado: El sindicado Teófilo en su indagatoria manifiesta que el paquete al que nos hemos referido nunca lo tuvo en sus manos. Cómo explica esta situación? Contestó: Él está en su derecho de decir todo lo que él quiera en favor de su defensa. Preguntado: Que más tiene que agregar o aclarar o aportar para el buen logro de esta investigación? Contestó: Durante el trayecto de seguimiento se anotaron las siguientes placas de vehículos que siguieron una vez entramos a Duitama al Trooper del señor Vargas. Son las placas: un carro o taxi amarillo XIB-92 y Renault 4 azul GC-6408, investigada las placas de este último el carro pertenece al señor Wilson Niño familiar del detenido, también se investigó en Duitama el rastreo telefónico y una de las llamadas fue hecha desde el teléfono comunal del barrio San Pedro cuya telefonista es la señora Magdalena Cabra, eso es todo”.

6. El 15 de marzo de 1993, el señor Plutarco Alberto Reina Camargo, detective del DAS que participó en el operativo declaró (fls. 48-49, cdno. 2; 48-49, cdno. 10 anexo 1):

“Yo estoy adscrito al grupo Únase de la ciudad de Sogamoso y el día 2 de marzo del presente año en horas de la mañana fuimos notificados por el comandante de dicho grupo que debíamos estar disponibles para un operativo del delito de extorsión en la ciudad de Paipa, fue así como en horas de la tarde nos desplazamos en compañía de otros cuatro compañeros en una camioneta Luv perteneciente al grupo Únase, a la ciudad de Paipa, ubicándonos en cercanías de la casa del señor Luis Antonio Vargas, precautelativamente con el fin de observar algún movimiento sospechoso, fue así como a la hora de estar ubicados ahí a eso de las tres de la tarde se acercó un individuo en un Renault cuatro color azul y estuvo maleando por el sitio donde nosotros estábamos ubicados y al rato emigró sin que hubiera notado la presencia de nosotros. A eso de las tres y media o cuatro de la tarde recibimos una llamada por radio del señor comandante donde nos ordenaba que nos ubicáramos por la vía de Duitama Charalá donde hay dos árboles grandes en la primera curva, como a 300 m donde se acaba el pavimento, que ya los extorsionistas habían hecho la llamada y la entrega del dinero se hacía de las cinco de la tarde en adelante. Fue así como inmediatamente nos dirigimos al sitio que nos indicaban tomando ubicación en la parte alta. Al cabo de una hora a hora y media vimos subir un individuo vestido con ropa sport, tenis, quien agarró el paquete que había dejado el conductor de don Luis Vargas, observó para todos los lados, cuando el cogió el paquete le dijimos o gritamos que éramos del grupo Únase que se estuviera quieto y él subió corriendo hacia la parte alta y empezó a dispararnos, de igual forma contestamos con fuego cruzado, siendo alcanzados en el intercambio de disparos, luego nos acercamos y vimos que el tipo estaba como muerto, inmediatamente el mayor de la Únase se dirigió a la ciudad de Duitama y llegó con los del cuerpo técnico y el fiscal y al acercarse al levantamiento observaron que el sujeto se encontraba con vida, inmediatamente lo condujeron al hospital de vista a practicar los primeros auxilios. Preguntado: Usted vio si Teófilo Niño Ramírez recibió el paquete que simulaba billetes y en este caso de quién lo recibió o si ese paquete lo habían colocado en determinado sitio y cuál fue la aptitud (sic) de él? Contestó: Vi cuando el chofer del vehículo del señor Vargas y de apellido Barón se bajó del vehículo en el sitio donde le habían indicado y colocó el paquete, luego subió, dio la vuelta y se devolvió, luego esperamos como hasta las seis y media nosotros teníamos radio boquitoqui(sic), nos avisó por radio no sé si fue el señor Martínez o el mayor que alguien se estaba acercando hacia el paquete que estuviéramos atentos fue así como observamos que en sujeto como dije anteriormente subía con el paquete en la mano, inmediatamente salimos de detrás de los pinos donde nos encontrábamos (estaba más oscuro que claro) le gritamos al tipo que quieto que de parte del Únase, inmediatamente el sujeto abrió fuego contra nosotros y nosotros también abrimos fuego al sujeto, yo saqué mi arma de dotación e hice un solo disparo y desconozco si yo hice blanco con ese disparo porque todos disparamos más o menos a una distancia de quince a veinte metros y observamos que el tipo cayó al suelo como en un hueco y esperamos como cinco minutos a medida de seguridad a ver qué reacción tomaba, entonces nos fuimos donde estaba el Mayor Hackspiel y observamos que el tipo estaba como muerto, yo lo vi que estaba como muerto, inmediatamente nos vinimos hacia la carretera y el mayor se vino para la policía judicial a que hicieran el levantamiento pensando que estaba muerto y cuando subieron a hacer el levantamiento se dieron cuenta que el tipo estaba vivo y lo llevaron al hospital. Preguntado: Cuántos hombres componían el operativo por todos? Contestó: Del grupo de asalto éramos cuatro y del grupo de apoyo eran dos conductores de los carros, dos que estaban en Telecom, uno que estaba en una moto y creo que cuatro más que estaban en las camionetas de apoyo. Preguntado: Sírvase manifestar cuáles son las características de su arma de dotación (marca, calibre, etc.) Contestó: El arma de dotación que yo llevé al operativo que ya mencioné es una postula (sic) Prieto Bereta, calibre 9 mm dotación del DAS”.

El mismo día rindió declaración ante la fiscalía regional unidad Boyacá-Casanare el señor Julián Herrera Flórez, detective del DAS adscrito al grupo Únase rural Sogamoso y señaló (fl. 50, cdno. 2 anexo 1):

“(...) el día dos de marzo en horas de la mañana fui nombrado asignado como conductor de la camioneta azul del grupo Únase para un operativo que se iba a realizar al parecer en Duitama donde el mayor me dio la orden de ubicarme en el sitio denominado las almojábanas y arriba quedaba la casa del señor Vargas quien era el extorsionado, en horas de la tarde, a eso de las tres y media a cuatro de la tarde me dieron la orden por medio de radio de comunicación boquitoqui(sic) que me trasladara, al sitio del barrio Boyacá terminando la pavimentada vía a Bucaramanga a doscientos metros aproximadamente a mano izquierda hay una curva pronunciada que dejara la gente ahí y efectivamente eso hice subiendo aproximadamente como a cien metros más o menos, a eso de las seis y media de la tarde entre ese tipo hubo una serie de disparos y me enteré que habían herido a un sujeto, a mí no me consta porque yo estaba arriba y los hechos fueron en otro lugar o sea más abajo por eso es la razón de no haber observado nada, escuché la balacera y bajé y fue cuando miré el carro, ahí fue cuando llamaron al cuerpo técnico para que realizaran la diligencia de levantamiento, yo fui al lugar de los hechos como al cuarto de hora de haber pasado la balacera (...)”.

Así mismo, el 15 de marzo de 1993, declaró el señor Luis Antonio Vargas, gerente y propietario de la empresa Aceros Boyacá, quien manifestó que desde el mes de febrero del mismo año venía siendo objeto de llamadas telefónicas por parte del señor Salvador Acosta en las que le solicitaba la entrega de una cuantiosa suma de dinero. Específicamente sostuvo (fls. 51-53, cdno. 2 anexo 1):

“(...) Siguiendo en este proceso y en el conocimiento de que nos seguían llamando continuamente, adquirimos unas pautas para la posible negociación con el señor Salvador Acosta que era el nombre que me daba cuando me llamaba, en estas conversaciones logré que el monto de cincuenta millones que exigía se bajara a veinte millones. En el transcurso de estas llamadas logramos que esta suma se dividiera en dos contados, uno de ocho millones y el otro de doce millones que lo daría a los quince días de haber entregado el primer dinero, fue así como el 2 de marzo después de haber hecho varias llamadas logramos definir la primera entrega o sea de los 8 millones y para el caso actuamos así: dentro de los quince días de haber entregado el primer contado tenía que entregar los doce millones. Esta entrega se haría en horas de la tarde previa llamada telefónica, quiero manifestar que en todo momento estuve asesorado por los oficiales del grupo Únase que me dieron el apoyo necesario para llegar a esta negociación, estando en mi residencia más o menos a las tres y veinte, recibí la llamada del señor Salvador Acosta dándome las siguientes instrucciones, este señor era el nombre ficticio o se hacía pasar por Salvador, pero yo no lo conozco, haga el paquete de los ocho millones de pesos con los respectivos fajos de billetes, métalo dentro de una bolsa plástica allí después de tener este paquete me trasladaría a la carretera que sale de Duitama a Virolín y doscientos metros después de que acabe el asfalto a mano izquierda donde hay unos eucaliptos grandes votaría el paquete a partir de las cinco de la tarde más o menos, esto me lo indicó que hiciera a las cinco de la tarde del día martes 2 de marzo del presente año, en este momento se encontraba en mi casa en mi residencia el mayor Hackspiel junto con dos o tres escoltas quien nos ayudó junto con mi señora y mi hija a elaborar y confeccionar a base de pedazos de papel periódico el paquete que sería dejado en el sitio antes previsto. Al terminar la conversación le manifesté al señor Salvador Acosta que yo no iría a llevar ese paquete, pues mi estado de salud no me lo permitía, una vez hecho el paquete bajó mi señora a la planta Aceros Boyacá y trajo a nuestro contratista Gilberto Barón para que nos hiciera este servicio de llevar el paquete al sitio indicado por la persona que llamaba. Una vez en mi casa el señor Barón y sin tener conocimiento absolutamente de nada, le pedimos el favor de que nos llevara este paquete y él inmediatamente accedió, como medida de protección el mayor Hackspiel le ordenó a un escolta que se fuera con el señor Barón siendo aproximadamente las cinco de la tarde salieron de mi casa con dicho rumbo y el mayor Hackspiel en su camioneta salió de inmediato, como medida de protección nos dejó un escolta en nuestra casa habitación. El señor Barón regreso más o menos seis y treinta a siete de la noche, no me acuerdo, habiendo hecho dicha diligencia. Posteriormente ya a eso de las diez de la noche nos informaron que el señor que había recogido el paquete era Teófilo Niño, cuál sería la sorpresa nuestra haber considerado este señor de toda confianza recomendado por una hermana mía y su esposo y actual trabajador de mi empresa y gerente del fondo empleados, en esos días personalmente le estaba ayudando para la contabilidad y fue así como delante de él llame al señor Luis Fernando Sierra gerente de comisiones para pedir el favor al contabilista que era empleado de este hotel a fin de que entregara las cuentas lo antes posible. Al hacer un análisis somero y al haber hablado con él o sea con Teófilo en las horas de la mañana de ese día le dimos tiempo suficiente para conseguir todos los recibos a fin de que aclarara las cuentas ya que no se sabe si hay faltantes de capital del fondo, él manifestó o sea Teófilo, a una de las secretarias que neni (sic) necesitaba urgentemente sus vacaciones porque salía para Barranquilla, quiero manifestar que en todo momento hemos sido asesorados por el grupo Únase de Sogamoso (...).

De igual manera, rindió declaración el señor Gilberto Barón Sierra, trabajador de la empresa Aceros Boyacá, quien sostuvo (fls. 54-55, cdno. 2 anexo 1):

“(...) me encontraba ese día 2 de marzo del presente año en la planta de Aceros Boyacá de propiedad de los señores Luis Vargas Gutiérrez y Durfai Garzón, más o menos 10 minutos antes de las cinco de la tarde me llamaron a la planta una de las secretarias que me necesitaba la señora del doctor Vargas para que fuera hasta la casa de él o sea a la finca el barranco para que le hiciera un favor personal al doctor Vargas me trasladé allá a la citada finca en el carro de propiedad del doctor Luis Vargas y en compañía de la señora de él de nombre Carmenza y de la hija de ellos cuyo nombre no sé, al llegar a la casa el doctor Vargas salió y nos saludamos y me dijo necesito que me haga un favor, dame un momentico ya salgo, transcurrieron unos cinco minutos él me hizo seguir a la sala y me presentó tres personas que estaban con él los cuales me manifestaron que ellos eran del grupo Únase y que si quería o hacía el favor de llevar un paquete envuelto en plástico color negro a doscientos metros arriba de donde termina el pavimento vía a Charalá o Bucaramanga y me explicaron en un papel exactamente la ruta que debía seguir, para mi protección ellos enviaban conmigo a uno de los señores ahí presentes, tomé el paquete y luego de revisar el carro que estuviera en perfectas condiciones lo encendí, di vuelta y salí de la finca el barranco vía a Duitama tomé la avenida las Américas y subí vía a Charalá o vía Bucaramanga y doscientos metros arriba donde termina el pavimento según las señas que me habían dado anteriormente donde debía dejar el paquete, a mano izquierda en una curva bastante pronunciada cerca a (sic) dos eucaliptos que hay grandes que era el sitio donde debía dejar el paquete, identifiqué perfectamente el lugar o sitio pero subí aproximadamente unos 50 m más arriba donde me quedara fácil darle vuelta al carro, di la vuelta y regresé, estacioné el carro en el sitio exacto que me habían dicho, coloqué el freno de seguridad y me bajé dejando el carro encendido como se me había indicado y subí aproximadamente unos 10 pasos y bote el paquete que debía dejar en el sitio, luego subí nuevamente al carro lo puse en marcha y unos cien metros abajo, el acompañante que llevaba me dijo téngalo refiriéndose al carro téngalo un momento, él se bajó del carro y subió por una ladera hacia el sitio donde yo había dejado el paquete y antesitos (sic) de esto me dijo váyase para la finca el barranco y nos vemos más tarde, inmediatamente me trasladé a la finca el barranco de propiedad del señor Luis Vargas y llegando allá entregué el carro en perfectas condiciones y el doctor Vargas me dijo gracias y yo le expliqué que había dejado el paquete donde me habían dicho, a mí no me consta nada más (...) Al otro día miércoles por la mañana me comunicaron que la persona que había recogido el paquete era del señor Teófilo Niño trabajador de la empresa Aceros Boyacá, no más”.

También se recepcionó la declaración del señor Víctor William Chamorro Clavijo, agente del DAS que participó en el operativo quien manifestó (fls. 231-232, cdno. 2 anexo 1):

“(...) según fui informado que el señor Luis Antonio Vargas empresario de Paipa y residenciado en ese municipio a quien le exigían la suma de cincuenta millones de pesos que los extorsionistas eran del grupo guerrillero ya que en las llamadas que le hacían al extorsionado mencionaban ser de la guerrilla, conociendo de esto para el día dos de marzo, se organizó un operativo tendiente a capturar a los responsables del ilícito, siendo así como a las cuatro la tarde nos dirigimos de Paipa a Duitama ya que en la carretera que conduce a Charalá o Bucaramanga se iba hacer la entrega del dinero exigido, a mí me tocó ubicarme a la entrada de dicha carretera como punto de observación, vigilancia y apoyo en caso de que se pretendiera alguna huida por parte de los delincuentes que iban a recoger el dinero. Como a eso de las seis y veinte de la tarde pasadas, escuché varias detonaciones, entonces yo tomé posesión para cubrir mi objetivo, ya cerca a las siete de la noche cuando se dirigían hacia el centro el Mayor Hackspiel, me comunicó que me desplazara hacia la casa del señor Vargas para servir de apoyo a un compañero que se encontraba en la residencia del señor Vargas, mi compañero se llama de apellido Paredes, esto fue toda mi actuación (...)”.

En similar sentido se pronunció el agente del DAS Calixto Parra Parra, pues, no le consta la manera cómo ocurrieron los hechos en que resultó lesionado el señor Teófilo Niño Ramírez, por encontrarse distante del lugar donde ocurrieron (fl. 234, cdno. 2 anexo 1). El agente Juan Francisco Herrera Flórez sostuvo que, aunque no vio cuando el señor Niño Ramírez tomó el paquete, sí lo vio cuando corría con él en la mano y que luego de identificársele como miembros del grupo Únase, el antes mencionado “desenfundó el arma y nos hizo varios tiros (...) en ese momento nos cubrimos y disparamos, al rato nos acercamos y ya no se movía y me bajé de ahí, el Mayor Hackspiel procedió a llamar al cuerpo técnico para el levantamiento del cadáver y cuando llegaron a hacer el levantamiento el tipo estaba vivo (...) y procedieron a llevarlo al hospital” (fls. 234-236, cdno. 2 anexo 1). Así mismo, el agente Julio Roberto Llanes Ramírez también sostuvo que no vio cuando el señor Niño Ramírez recogió el paquete, porque le avisaron por radio y que cuando se identificaron como miembros del grupo Únase el señor Teófilo les disparó y agregó “yo hice un disparo al aire para cubrir a un compañero para que avanzara, lo hice con una pistola (...), fue el único disparo que yo hice y lo hice al aire. Después de ese procedimiento nos acercamos al sujeto y este estaba sin vida, estaba muerto, ya estaba el día oscuro y el Mayor Hackspiel acudió a Duitama a avisarle al cuerpo técnico para el levantamiento del cadáver, pero cuando llegaron los del cuerpo técnico estaba con vida y acudimos a llevarlo al hospital de Duitama” (fls. 279-280, cdno. 2 anexo 1).

7. El 5 de marzo de 1993, la fiscalía cuarta unidad previa permanente de Duitama informó al comandante de distrito de la policía que el señor Teófilo Niño Ramírez, quien se encontraba hospitalizado quedaba a disposición de la fiscalía regional de Sogamoso (fl. 61, cdno. 2 anexo 1). En varias oportunidades el comandante de distrito de la policía solicitó a la fiscalía que se resolviera, en el menor tiempo posible, la situación jurídica del señor Niño Ramírez (fls. 62-64, cdno. 2 anexo 1).

8. El 24 de marzo de 1993, la fiscalía regional de Bogotá decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Teófilo Niño Ramírez “como autor responsable del delito de extorsión en grado de tentativa y porte ilegal de armas de defensa personal”. En la misma providencia compulsó copias ante la procuraduría delegada, “a fin de que se investigue la conducta en que pudieron incurrir los agentes adscritos al Únase rural de Sogamoso” (fls. 72-77, cdno. 2 anexo 1). En providencia del 29 de diciembre de 1993 la dirección regional de fiscalías confirmó la decisión (fls. 19-21, cdno. 3 anexo 1; 72-77, cdno. 1 anexo 3).

9. El 6 de abril de 1993, la fiscalía regional, unidad Boyacá-Casanare, en compañía de un agente de la Policía Nacional, practicó inspección judicial a un revólver. En el acta se hizo constar (fl. 129, cdno. 2 anexo 1):

“(...) se trata de un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 22 largo niquelado, tiene un tambor con capacidad de siete alvéolos para alojar cartuchos calibre 22 largo, en la parte de la culata presenta el siguiente número externo 515488 y número interno 8857, con cachas de pasta color café, al efectuarse un disparo en seco se comprueba que está en perfectas condiciones de funcionamiento, no es de uso privativo de las FF. MM. se le encontraron cuatro cartuchos no disparados del mismo revólver, lo mismo tres. Se corrige: los cuatro cartuchos que acompañan el revólver corresponden al mismo y las tres vainillas lo mismo” (fls. 129, cdno. 2 anexo 1).

10. El 27 de mayo de 1993, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió concepto del análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica o absorción atómica practicada al señor Teófilo Niño Ramírez con el siguiente contenido (fl. 188, cdno. 2 anexo 1).

“Fecha y hora de los hechos: 2 de marzo de 1993

Fecha y hora de la toma de la muestra: 2 de marzo de 1993 hora: 10:30 p.m.

(...).

Resultados

La determinación para los residuos de disparo representada por los elementos plomo, antimonio, bario y cobre en las muestras tomadas en los dorsos de las manos dio el siguiente resultado:

Mano derecha: negativo (-)

Mano izquierda: negativo (-)

11. El 22 de junio de 1993, el señor Teófilo Niño Ramírez, amplió su indagatoria en los siguientes términos (fls. 195-196, cdno. 2 anexo 1):

“(...) las características físicas de los que me recogieron en la empresa Aceros Boyacá el día 2 de marzo a las 10 a.m. el conductor era del cabello largo, era moreno de frente amplia, nariz recta en labios gruesos, el otro tipo era de cabello largo también y tan solo le vi las espaldas (sic) (...). La ampliación de las características que ya dije son porque en el auto que me resolvió situación jurídica se dice de unas placas que nos corresponden al carro que me recogió en la citada empresa y a la hora citada y además las características físicas del chofer que me recogió o sea en el Renault que ya dije corresponder al mismo individuo que se encontraba en el operativo cuando me cogieron capturado y este mismo fue el que me amenazó obligándome a que yo fuera al lugar del operativo donde me cogieron, es decir, aquí a la salida para Charalá o Bucaramanga. Quiero decir que el señor cuyas características ya dije o sea el chofer que me recogió, ese día del operativo, es el mismo que estaba en dicho operativo cuando me cogieron y en el trayecto de Aceros Boyacá aquí a Duitama, en reiteradas ocasiones me amenazó colocando de media mi familia que les haría daño si yo no me presentaba en un punto de la vía a Charalá a las cinco de la tarde en el cual yo me presenté por miedo de que le hicieran algo a mi familia o a mí sin pensar en ningún momento que fuera hacer algo ilegal. En cuanto mis labores diarias antes de estar detenido consistían en mi trabajo en Aceros Boyacá estudiaba en el Colegio Superior La Salle de esta ciudad por la noche y en los ratos libres me la pasaba en la casa y donde mi novia (...) yo en ningún momento disparé ninguna arma en el momento del operativo cuando me capturaron ni tampoco ninguna clase de arma. El sitio en donde me dispararon fue diferente a donde me capturaron y con la misma arma que me dispararon fue la que me colocaron cuando me hice el muerto y en el auto que me resolvió la situación jurídica se dice que se trata de un revólver calibre 22, pero ese revólver yo nunca lo tuve, yo no cogí ni vi en ningún momento algún paquete, hasta cuando me dicen el muerto colocaron uno al pie mío, cuando yo me estaba haciendo el muerto, en el momento del operativo, una gente mono (sic), de cabello largo churco, con la yema de mi dedo índice derecho sobre el gatillo del revólver y le hizo presión a mi dedo y lo disparó y dejaron el revólver ahí conmigo hasta que llegaron los del cuerpo técnico (Ilegible) me esposaron, me subieron a una camioneta Luv azul caminada(sic) yo vi en esa camioneta al chofer del Renault seis rojo o sea el mismo que me recogió en Aceros Boyacá a las 10 a.m. es decir el día de los hechos y quien me amenazó en reiteradas ocasiones, yo no sé el nombre de ese tipo, pero me da la impresión que era del grupo Únase porque él estaba con los demás que me capturaron, en esa camioneta me trajeron 2 km abajo, es decir hacia Duitama y cuando pararon un tipo flaco, no sé el nombre era blanco, bote y flaco, yo la orden que me subieron a un camión y el camión era un Mazda blanco turbo donde me subieron, me siguieron torturando y me bajaron 1 km o kilómetro y medio aproximadamente donde pararon y me dijeron que me iban a matar ahí, en ese sitio estaba un señor de gafas ya de edad, medio barrigón, canoso, el cual les dio la orden a quienes me llevaban que me subieran por esa loma y que me mataran, me subieron por la loma unos 300 m aproximadamente, me quitaron las esposas, me sobaron las muñecas de las manos, me botaron al piso y en la gente mono (sic) a quien ya mencioné anteriormente, me comenzó a disparar como a 2 m de distancia y de frente, es(sic) me disparó con el mismo revolver que me colocaron cuando me hice el muerto. Yo responsabilizo al grupo Únase si en algún momento mi familia o yo somos agredidos físicamente, directa o indirectamente pues no tengo ninguna otra clase de enemigo con mi familia”.

12. El 26 de julio de 1993, el Mayor Hermann Hackspiel Olano, en ampliación de su declaración, entre otros aspectos, señaló (fls. 219-222, cdno. 2 anexo 1):

“(...) Preguntado: Sírvase manifestar cuántos agentes intervinieron y cuál era la posición exacta que tenía al momento del operativo para capturar al extorsionista. Contestó: En el operativo participaron si no estoy mal doce agentes, más otro personal que estaba cubriendo puntos críticos que eran como unos seis los sitios: Uno con la familia en la casa del Barranco, una pareja con la escolta de vehículos, el grupo de apoyo que eran cuatro agentes, el grupo de asalto que eran seis agentes como posiciones (sic) en forma de herradura alrededor del paquete y el grupo de apoyo a los extremos como en la parte arriba del sitio como en la parte de abajo (...). Preguntado: Diga si dicho sujeto ofreció algún tipo de resistencia en contra de los agentes del Únase, si disparó y si es así en cuantas oportunidades lo hizo y hacia qué dirección apuntaban los disparos contestó: en el momento en que yo llegué sólo se escuchaban disparos de todas partes con respecto a la pregunta de que si ofreció resistencia puedo decir que si ya. Que en el sitio de los hechos donde fue herido le fue encontrado un arma la cual en su revisión tenía disparados tres cartuchos, el fuego fue intenso por lo que no puedo definir con seguridad la dirección de los disparos efectuados por el sujeto Salvador (...) preguntado sírvase manifestar si los agentes del Únase repelieron el ataque de dicho sujeto y diga cuántos agentes accionaron sus armas y si usted también lo hizo. Contestó: No todos los agentes dispararon sus armas, aunque este dato no lo puedo precisar bien, pero los que estaban en el grupo de asalto todos intervinieron e inclusive yo disparé mi arma contra el sitio donde se parapetaba el sujeto en dos oportunidades. Mi arma es un revólver calibre 38 (...) Preguntado: Diga si dicho sujeto alcanzó a entablar algún tipo de conversación con los agentes del Únase. Contestó: No, todo fue una secuencia de combate continuada desde el sitio donde se colocó el paquete hasta el sitio donde se parapetó el sujeto Salvador no oí sino voces de ríndase, entréguese, allá va. Preguntado: Sírvase manifestar si dicho sujeto alcanzó a recoger la talega plástica que simulaba una suma de dinero que era exigida por el extorsionista. Contestó: Pues creo que sí porque la talega fue encontrada por los del cuerpo técnico al lado de su cuerpo en donde ya hacía (sic) herido y esta es la misma bolsa que organizamos con el señor Vargas la cual contenía papel periódico cortado simulando billetes y fue entregada a la fiscalía. Preguntado: Manifieste a la fiscalía si usted reconoció al sujeto que había sido presuntamente dado de baja como trabajador de Aceros Boyacá en el momento del operativo. Contestó: No, yo nunca en mi vida había visto al sujeto, él fue identificado por los del cuerpo técnico cuando lo llevábamos hacia la camioneta en donde dijo claramente cómo se llamaba y donde trabajaba (...)”.

12.(sic) El 27 de octubre de octubre de 1993, la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos de Bogotá formuló pliego de cargos contra los señores Hermann Hackspiel Olano, Plutarco Alberto Reina Camargo, Juan Francisco Herrera Flórez, Julián Herrera Flórez, Roberto Llanes Ramírez, Víctor William Chamorro Clavijo, Juan Manuel González Luque, Luis Chacón Quevedo, Roger Vásquez Díaz, Germán Armando Martínez Roa, Luis Gustavo Tonguido Mirama por tortura física y psicológica en contra del señor Teófilo Niño Ramírez (fls. 82-130, cdno. 1, 185-228, cdno. 5 anexo 1).

13. El 18 de abril de 1994, rindió declaración la señora Dioselina Camacho técnico judicial del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía en la que sostuvo que luego de recibir una llamada telefónica, a eso de las siete a ocho de la noche del 2 de marzo de 1993, del cuarto distrito de policía, en la que se reportó un muerto en el barrio Boyacá se trasladó en compañía de otros integrantes de la unidad especial 3 al lugar de los hechos. Así mismo, afirmó (fls. 135-137, cdno. 3 anexo 1):

“Cuando yo llegué, el fiscal y otros compañeros ya estaban ahí, uno de los compañeros, Luis Fernando Manrique, le había tomado dos o tres fotos al supuesto cadáver. Cuando yo estaba ahí, escuché que alguien, no recuerdo quién comentó que estaba vivo, que se estaba moviendo, yo recuerdo que el presunto muerto tenía un revolver (sic) a un lado de la mano derecha, era un revolver (sic) pequeñito, creo que era un calibre 22 de la U. Al lado de arriba, como a unos dos metros, creo yo, había una bolsa negra, que decían que era el tal famoso paquete chileno, aunque yo no sé si eso era cierto o no, porque nunca miré el contenido del paquete. El fiscal ordenó que se trasladara de inmediato el herido al hospital, para que le prestaran los primeros auxilios a ver si se podía salvar. Allá en ese lugar estaba otras personas y después me enteré que eran del grupo Únase. De allá lo bajamos a la carretera y lo trasladamos al hospital. Al llegar al hospital, cuando lo iban a bajar del vehículo, él sacó de debajo de la camisa unas cadenas y me las entregó y me dijo que se las guardara, él comentó que los del grupo le habían quitado previamente las cadenas, pero que se las habían puesto otra vez, o que se las habían metido ahí. Yo recibí las cadenas, luego lo llevaron a cirugía, encontramos con el Dr. Galvis, él ordenó que se le tomara la prueba de absorción atómica para establecer si él había disparado y en efecto, yo procedí y le tomé una prueba. Yo rendí luego mi informe y no volví a saber nada de eso, entregué las cadenas a la fiscalía (...). Preguntado: Sírvase manifestar si usted escuchó algunas palabras que hubiese dicho el lesionado en el momento de la diligencia o con posterioridad. Contestó: Dijo en el momento de la diligencia, cogiéndome la mano, que no lo dejara, que lo querían matar, y él nunca me soltó la mano hasta que llegamos al hospital, me dijo que no lo dejara morir (...)”.

El mismo día declaró el fiscal cuarto de la unidad previa y permanente de Duitama quien intervino en la diligencia que se trataba de levantamiento, donde se encontró herido al señor Teófilo Niño Ramírez el 2 de marzo de 1993 y manifestó (fls. 138-139, cdno. 3 anexo 1):

“(...) llegamos al sitio de la carretera, cerca del lugar de los hechos y allí estaban unos miembros del Únase, un Mayor Hackspiel, algo así me dijeron dónde estaba el muerto, que estaba como a unos doscientos metros de la carretera. Eran como las ocho y media y nueve (sic) de la noche. Procedí a dar comienzo a la diligencia de levantamiento, le ordené a Dioselina que tomara unas fotos donde estaba el muerto, que estaba boca arriba. En el momento que sacó la foto y con flash, a mí me dio la impresión que parpadió los ojos, dije que nos acercáramos más a tomar otras fotos ya más cerca y desde otro ángulo, no recuerdo si se tomaran (sic) más fotos, porque estábamos alumbrando con una linterna pequeña, cuando lo vi que empezó a mover la mano derecha y junto a la mano derecha, como a unos quince centímetros estaba un revolver (sic) y yo grité está vivo, le ordené a los del CTI y a los señores del Únase que estaban en la diligencia que lo bajáramos a la carretera y lo lleváramos al hospital. Así se hizo (...)”.

14. El 20 de junio de 1994, la unidad delegada para secuestro y extorsión de la dirección regional de fiscalía de Bogotá, profirió resolución de acusación en contra del señor Teófilo Niño Ramírez como presunto responsable del delito de extorsión en grado de tentativa, como coautor. En la misma providencia precluyó la instrucción en favor del señor Niño Ramírez en lo que respecta al delito de porte ilegal de armas de defensa personal (fls. 327-344, cdno. 2; 327-344, cdno. 3; 129-146, cdno. 5; 133-146, cdno. 6 anexo 1; 129-146, cdno. 2 anexo 2; 321-338, cdno. 3 anexo 3).

15. El 13 de diciembre de 1994, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional concedió libertad provisional al señor Teófilo Niño Ramírez, previa suscripción de diligencia de compromiso, con fundamento en que “el término que lleva en detención preventiva o privación efectiva de su libertad —21 meses y 11 días— aunado al quantum a que tiene derecho por su labor en el centro carcelario (...) nos arroja con creces el tiempo exigido por la precitada disposición para ser merecedor a la libertad provisional” (fls. 152-155, cdno. 5; 154-155, cdno. 6; 24-27, cdno. 7; 24-27, cdno. 9 anexo 1; 152-155, cdno. 2 anexo 2; 24-27, cdno. 6 anexo 3).

16. El 11 de enero de 1995, ante el Notario Primero del Círculo de Duitama, comparecieron los señores Luis José Rubiano Sáenz y Nancy Julieta Ortiz Sandoval y manifestaron acerca del parentesco y la ayuda económica del señor Teófilo Niño Ramírez con la señora María del Carmen Ramírez Mateus. De la misma manera sostuvieron conocer que los señores Moisés y Wilson Niño Ramírez son hijos de la última de las nombradas y que también le colaboran económicamente (fls. 14-16, cdno. 1). El 16 de enero del mismo año, ante el mismo círculo notarial compareció la señora Dora Consuelo Castro Zapata y sostuvo que Néstor Cruz Ramírez depende económicamente de los hermanos, también es hijo de la señora María del Carmen. En similar sentido se pronunció la señora Nancy Julieta Sandoval Sandoval (fl. 17, cdno. 1).

17. El 29 de enero de 1996, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la resolución de acusación proferida en contra del señor Niño Ramírez. En la providencia se advirtió (fls. 156-167, cdno. 5, 152-167, cdno. 6; 55-66, cdno. 7; 55-66, cdno. 9 anexo 1; 147-151, cdno. 2 anexo 2; 55-66, cdno. 6 anexo 3):

“En este momento es preciso advertir que, si bien el operativo adelantado por los integrantes del grupo Únase el día de los hechos fue llevado a cabo al parecer en forma irregular, el funcionario instructor en primigenia oportunidad compulsó copias con destino a la procuraduría con el fin de que se adelantara la correspondiente investigación.

Ahora, no resulta incompresible que se pretenda desnaturalizar el ilícito en que fuera sorprendido el encartado Niño Ramírez tal como lo intentan haber creer los impugnantes, toda vez que tanto la conducta del proceso en los hechos materia de investigación como el proceder inadecuado de los integrantes del grupo Únase que participaron en el operativo deben ser analizados de manera conjunta pero investigado en forma separada.

El punible a enrostrar al encartado Niño Ramírez —tentativa de extorsión— aparece de manera clara demostrado en los paginarios al igual que la responsabilidad del mismo en los hechos; aunque de paso sea dicho, se hay pretendido —por parte del sindicado y de su apoderado— dirigir la atención de la misma únicamente alrededor del comportamiento anormal en que incurrieron los integrantes del Únase en el operativo.

Ahora en tratándose de la responsabilidad del encartado, no puede en manera alguna pasar por alto sus atestaciones en torno a la aceptación del encargo y la consecuente promesa remuneratoria, pues desde su declaración inicial y luego en su indagatoria manifestó —sin dubitación alguna— que aceptó dirigirse hasta el sitio en que recogería el paquete, pues le resultaba fácil la consecución de ese dinero; afirmaciones estas que se convierten en elementos de juicio demostrativos de su participación en el ilícito, aunque con posterioridad —en sus ampliaciones— hubiese pretendido eximirse de culpa alguna aportando una versión diferente y apuntando como responsable del punible a los integrantes del Únase debido al rumbo que estaba tomando la investigación.

Hasta aquí se aprecia claramente que el encartado trata de favorecerse a toda costa, pero las mismas circunstancias en que se desarrollaron los hechos lo incriminan más. Observemos como resulta diciente la circunstancia misma de que ese preciso día en que haría la entrega del dinero producto de la extorsión a su patrón, Teófilo Niño Ramírez solicita un permiso con el fin de tratar de conseguir la documentación necesaria que soportara el faltante en el fondo de empleados que él manejaba; el mismo día que coincide con el que se finiquitara la entrega del dinero, como lo refiere el sujeto de marras, fue abordado por unos sujetos que dice no conocer y quienes le proponen un “encargo” al cual asiente sin vacilación alguna y por el que recibiría un dinero y más aún los “desconocidos” quedan de pasar por el “paquete” en las horas de la noche en Paipa como si aquello se hubiese pactado con anterioridad.

(...).

Ahora bien, si en gracia de discusión aceptáramos el hecho de que Teófilo Niño Ramírez se vio obligado a participar en el hecho delictivo bajo amenazas de muerte ¿Por qué coadyuvó a la realización de la empresa criminal?, ¿Por qué accedió a dirigirse hasta el lugar donde recogería el “paquete” a sabiendas que dicha acción podría presentar un peligro inminente para él o para su familia?, ¿Por qué no dio pronto aviso a las autoridades o algún miembro de su familia de aquel encuentro furtivo si tuvo el tiempo suficiente para ello? No debe olvidarse que este señor estaba haciendo uso de un permiso concedido por la empresa y no tuvo ningún contratiempo para realizar sus otras labores en ese día específico para luego dirigirse hasta el lugar acordado para la entrega del “paquete”.

Por lo anterior esta delegada encuentra establecidos los presupuestos procesales necesarios para la confirmación de la resolución de acusación proferida en contra de Teófilo Niño Ramírez.

Finalmente y en lo que respecta a la preclusión de la investigación con que fuera favorecido Teófilo Niño Ramírez en relación el porte ilegal de armas de defensa personal, considera esta delegada que de acuerdo a las pruebas que obran dentro de la foliatura en torno a este aspecto, se deberá confirmar la preclusión aludida, toda vez que emerge duda alrededor de este punto específico que deberá favorecer al sindicado, teniendo en cuenta que no puede desconocerse la forma misma como se adelantó el procedimiento de captura del encartado por parte de los integrantes del Únase”.

18. El 15 de mayo de 1997, el juzgado regional de Santafé de Bogotá, condenó al señor Teófilo Niño Ramírez a la pena privativa de la libertad de cuarenta (40) meses de prisión, como autor responsable del delito de tentativa de extorsión agravada por la cuantía, en el grado de tentativa. En la misma providencia se dispuso no condenarlo al pago de daños materiales, pero sí al pago de 50 gramos oro por concepto de daños morales, al tiempo que se le revocó la libertad provisional (fls. 86-123, cdno. 8; 89-126, cdno. 11 anexo 3).

19. El 8 de agosto de 1997 el Tribunal Nacional confirmó la decisión anterior en lo relacionado con la responsabilidad y la condena. En la misma providencia aclaró el numeral sexto para precisar la revocatoria de la libertad provisional del señor Niño Ramírez (fls. 5-32, cdno. 7 anexo 3).

20. El 24 de noviembre de 1997, la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos resolvió “Cesar todo procedimiento iniciado con ocasión de la queja instaurada por el señor Teófilo Niño Ramírez por cuanto las conductas asumidas por los investigados no son constitutivas de falta disciplinaria, deviniendo por lo tanto que el proceso no puede proseguirse” (fls. 9-57, cdno. 1; 8-55, cdno. 8 anexo 1; 1-49, cdno. 1 anexo 2; 950-998, cdno. 16 anexo 3; 27-77, cdno. 1 anexo 4).

21. El 16 de agosto de 1998, el Procurador General de la Nación resolvió “desvincular del cargo de secretario de la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos, grado 13 (...), al señor Walter Oswaldo Montoya Blanco, por haberse demostrado que infringió manifiestamente los artículos 6º, 123 y 209 de la Constitución, así como los artículos 218 y 219 del Código Penal” al tiempo que le impuso la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de cinco años y la exclusión de la carrera (fls. 146-169, cdno. 1 anexo 4).

22. En los meses de febrero y marzo de 1999, rindieron declaración varias personas residentes en el sector donde ocurrieron los hechos. El señor Héctor Gabriel Castro sostuvo que el dos de marzo de 1993, se encontraba trabajando en su finca, ubicada sobre la carretera que de Duitama conduce a Charalá, pero que como a las cuatro y media de la tarde se dirigió hacia su casa en la ciudad de Duitama y que solo le consta haber visto un señor desconocido que estaba parado arriba de la loma, lo demás que sabe es porque le contaron (fls. 307-308, cdno. 5 anexo 1). El señor Luis Eduardo Pamplona Palacios quien se encontraba ese día trabajando en la finca del señor Gabriel Castro dijo que tampoco le constaban los hechos, sino por lo que había escuchado de los demás residentes de la vereda (fls. 314-315, cdno. 5 anexo 1). Por su parte el señor Luis Alejandro López Valderrama, residente en el kilómetro dos de la vía a Charalá, vereda Quebrada de Becerras sostuvo (fls. 309-310, cdno. 5 anexo 1):

“(...) Yo ese día estaba como a las cuatro o cinco de la tarde y yo me encontraba arreglando una motosierra y entonces oí silbar una bala que pasó cerca de mí por el pie que venía como del lado de la carretera que va para Charalá, no vi más ese día, después vi unos carros cuadrados donde la señora Margarita Becerra, pero no sé qué estarían haciendo, no sé qué más sucedería ese día (...)”.

El señor Inocencio Acero González, también reside en la vereda Quebrada de Becerras de Duitama y así narró lo que le consta de lo ocurrido el día dos de marzo de 1993 (fls. 311-313, cdno. 5 anexo 1):

“(...) ese día estaba trabajando con Víctor Sanabria a eso de las cinco y cuarto a cinco a cinco y media de la tarde, yo bajaba solo había un carro al lado de debajo de la alcantarilla orillado hacia el barranco debajo de la alcantarilla y del carro se bajaron tres hombres, el carro es de color como gris claro o gris oscuro una casa (sic) así, los tres hombres se dirigieron hacia la alcantarilla por la parte de arriba, miraron hacia abajo y luego se regresaron a la parte de abajo de la alcantarilla, de los tres se bajó uno hacia abajo (sic) y sacó algo de la alcantarilla y lo metió debajo como de la chaqueta de cuerina, y salieron los dos tipos y se fueron así el carro, luego el otro quedó parado ahí en la alcantarilla, el que estaba parado en la alcantarilla le pregunto a dos pelados hijos de doña Margarita Becerra, no le recuerdo los nombres, ellos ya son adultos, en esa época eran menores, el tipo les preguntó a los muchachos quién es ese viejo que viene allá arriba y los pelados le contestaron ese es don INO, porqué a mí me dicen así, luego les pregunto que de quién era una casa que había al frente vieja porque la tumbaron y la renovaron y los pelados le dijeron que esa era de don Israel González y ahí el tipo se metió entre el carro y entonces yo ya llegué a donde estaba frente a ellos y lo saludé a los señores(sic), ellos me dijeron qué hubo sumercé cómo le va, entonces me dijeron que si por aquí hay mucha gente desconocida, yo les contesté yo no he visto gente desconocida solamente los vecinos de siempre, en ese momento salió una moto amarilla grande y en la moto iban dos hombres, la moto cogió hacia el lado de Ciratá por la callejuela que hay ahí y como a dos minutos sonaron dos tiros, hacia donde había embocado en la moto, uno de los que estaban entre el carro dijo por allá va estar la vaina y el que estaba al lado mío conversando ahí sacó una pistola y me la puso en las orejas y me dijo “Tiéndase gran hijo de puta (sic) que usted es uno de esos” y me hizo tender al piso y me requisó ya en después (sic) el tipo prendió el carro y me dijo que esa carretera para dónde va, yo le contesté esa carretera va hacia si grata (sic) y baja a Duitama, cuando yo bajé a donde Margarita Becerra ya bien hay unos carros, un Nissan blanco y un Trooper negro y ya no recuerdo cuántos carros habían ahí ese día desde temprano andaba un carro chato carpado grande para arriba y para abajo esos carros estuvieron ahí desde el mediodía, los carros que vi desde el mediodía fueron en el carro es chato carpado, el carro negro y el Nissan blanco que estuvieron hasta arriba como hasta el kilómetro seis, ahí donde Margarita yo vi que el Nissan blanco tenía los vidrios rotos y no me di cuenta de nada más ese día (...) Preguntado: Diga al despacho si usted ese día oyó más detonaciones aparte de las dos que ya narró en esta diligencia. Contestó: no señor, no oí nada más (...). Preguntado: Diga al despacho si usted recuerda que alguien más haya sacado algo de la alcantarilla. Contestó: No señor no vi, solamente el hombre ese de los tres que estaban dentro del carro que ya relaté, no recuerdo cual de esos tres se bajó a sacar eso de la alcantarilla. Preguntado: Diga al despacho si tiene algo más que agregar. Contestó: Pues yo vine a echar el agua a donde el señor Heraclio Díaz ahí arribita de Las Delicias y vi como un rastro por donde hubieran arrastrado una persona porque yo vi el reguero de sangre por donde lo habían bajado, nada más”.

23. El 7 de febrero de 2000, rindió declaración la señora Claudia Lucía Sanabria Sanabria, también residente en la vereda donde ocurrieron los hechos manifestó (fls. 319-320, cdno. 5 anexo 1):

“(...) ese día eran como las cinco o cinco y treinta de la tarde, yo estaba en la finca en una lomita, me di cuenta que subieron cuatro carros, un camión chato color rojo, dos Trooper uno color blanco y el otro color café o negro y otro era como un Renault cuatro, no me acuerdo el color, el camión y los dos Trooper siguieron como 1 km más arriba, el carro Renault llegó como a los cinco minutos al sitio donde se produjeron los disparos y paró ahí, al rato bajó el camión y los dos Trooper y siguieron de largo no pararon donde estaba el Renault, del Renault vi que se bajaron como dos o tres tipos abrieron el baúl del carro y sacaron a un joven, lo botaron al suelo, lo cogieron a patadas, estando el joven en el suelo escuché que los que le estaban pegando hicieron dos tiros que no me di cuenta si fueron para el joven o al piso de todas maneras los disparos vi que fueron para el piso porque levantaron polvo, escuché que decían no me pegue más, después de que escuche los tiros se calló todo, al tipo que le estaban pegando en el suelo y que pronto le dispararon lo cogieron de pies y manos y no echaron al baúl del carro y se lo llevaron otra vez para abajo y se calló todo no supe más qué pasó, me parece que esa noche llovió. Preguntado: Diga al despacho si usted pudo ver cómo era el físico de los sujetos que iban en el Renault cuatro y que hicieron los disparos. Contestó: Yo no les vi la cara ya que desde donde yo estaba hasta ellos dispararon (sic) hay como tres cuadras y también ya estaba empezando a oscurecer (...) diga al despacho si usted escuchó hablar de un paquete, si este paquete lo tenía alguno de los sujetos que se bajaron del Renault y qué hizo con él. Contestó: No vi nada de eso ni escuché nada sobre eso. Preguntado: Dígale al despacho cuántos tiros escuchó en total en ese lugar o en el sitio a esas horas. Contestó: Solamente dos tiros no más y me fui para adentro de la casa (...). Preguntado: Diga al despacho si usted vio quiénes efectuaron los disparos y si hay una persona herida. Contestó: Los disparos los hicieron los tipos que bajaron al joven del baúl del carro pero no puedo decir si se los hirieron (sic) al joven, lo que sí es que los disparos los hicieron al piso donde le estaban pegando al muchacho que bajaron. Preguntado: Diga al despacho si usted vio cuándo y dónde cogieron a la persona que bajaron del Renault. Contestó: No supe dónde lo cogieron solamente me di cuenta cuando llegaron al cruce lo bajaron del baúl y lo botaron al piso (...).

El mismo día declaró la señora Martha Eugenia Sanabria Sanabria quien sostuvo (fls. 321-322, cdno. 5 anexo 1):

“(...) ese día estaba en la casa y me di cuenta que subieron tres carros hasta el kilómetro cinco y ahí se devolvieron, bajaron al kilómetro cuatro y cogieron por la vía Siratá, ahí en el cruce pararon los carros y se oían gritos y yo sentí en ese lugar que dispararon tres tiros, al suelo, también escuché dos tiros más pero al aire, estos eran como de metralleta y pasaban por encima de la casa, nosotros nos asustamos y nos entramos, cuando sentimos que los carros arrancaron salimos nuevamente y vi que iban de vuelta para abajo, no escuché qué decían porque de mi casa donde estaban los carros hay como dos cuadras, cuando salí en la casa escuché que frente a la casa de doña Margarita un totaso (sic) como si fuera (sic) se hubiera roto el vidrio de un carro (...). Preguntado: Diga al despacho si usted vio quiénes efectuaron los disparos y si ahí resultó alguna persona herida. Contestó: Los que afectaron los disparos fueron los que iban en los carros, con exactitud no me di cuenta quién los hizo, no me di cuenta si alguien salió herido, en el lugar donde se efectuaron los tiros no quedó sangre, solamente se notaba como si hubieran revolcado una persona. Preguntado: Diga el despacho si usted escuchó hablar de un paquete o si vio que alguien de los que estaban en los carros lo tuvieran la mano. Contestó: No porque yo no vi la gente, solamente escuché fue los disparos. Preguntado: Diga al despacho si usted supo qué estaban haciendo estos señores que estaban en los carros, si escucho que hubieran capturado una persona y qué pasó con el capturado. Contestó: No supe nada de eso. Preguntado: Diga al despacho si usted vio alguien conocido y residente de la vereda cerca lugar donde se produjeron los disparos. Contestó: La persona que bajó antes de los tiros fue don Inocencio Acero. Preguntado: Diga al despacho qué comentario hicieron los vecinos de la vereda días después de que se hicieron los disparos. Contestó: No escuché nada ya que yo me fui para Bogotá (...)”.

24. El 5 de octubre de 2000, la veeduría de la Procuraduría General de la Nación, sancionó principalmente con destitución del cargo de secretario grado 13 de la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos al señor Walter Oswaldo Montoya Blanco, por haberse demostrado que era responsable disciplinariamente de las conductas endilgadas relacionadas con la omisión de anexar al expediente 008138720 el escrito de apelación presentado por el señor Teófilo Niño Ramírez en contra de la decisión mediante la cual se ordenó el cese de procedimiento de la investigación y en consecuencia su archivo. Igualmente, porque “no obstante haberse comunicado por parte del señor Walter Montoya, la decisión del 24 de noviembre de 1997 a los inculpados y a sus superiores, mediante oficios del 1 de diciembre de 1997; al señor Teófilo Niño, tan solo se le puso en conocimiento el 11 de febrero de 1998”, todo para “favorecer a los inculpados”. En dicho asunto se investigaba la conducta de varios miembros del grupo Únase de la ciudad de Sogamoso (Boyacá). Como sanción accesoria se le inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por cinco años y se dispuso la exclusión de carrera administrativa (fls. 6-11, cdno. 1).

La sanción principal de destitución y la accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos fue confirmada por el viceprocurador general de la Nación mediante sentencia del 19 de diciembre de 2000. En la misma providencia se revocó la sanción de exclusión de la carrera administrativa (fls. 638-654, cdno. 1).

25. El 4 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida el 8 de agosto de 1997 por el Tribunal Nacional en la que confirmó la condena de 40 meses de prisión impuesta al señor Teófilo Niño Ramírez por un juzgado regional de Bogotá, pues, ninguno de los cargos relacionados con el decreto de pruebas y su valoración prosperó y por aspectos relacionados con la cuantía establecida en la imputación (fls. 152-192, cdno. 5 anexo 3). Uno de los magistrados que integró la Sala salvó parcialmente el voto con fundamento en que no estaba definida la imputación por la cuantía (para efectos del agravante) razón por la que “no procedía la condena teniendo en cuenta la misma, lo que comporta que no haya coincidencia entre el pliego acusatorio y el fallo” (fls. 196-197, cdno. 5 anexo 3). Así mismo, el magistrado Carlos Mejía Escobar precisó que la sentencia se debía casar por la causal segunda en tanto que también considera que “la manera escueta en que la fiscalía precisó jurídicamente el cargo, dejaba por fuera la posibilidad de precaver que se imputaba la agravante por la cuantía. Por eso tanto el juez como el tribunal, al deducirla para afectar la imputación agravadamente, incurrieron en incongruencia. Y al asunto se suma otra particularidad: Se trataba de un juicio de aquellos que carecían de audiencia pública y por lo tanto el fiscal no expresó, como suele ocurrir dentro del debate público, el ámbito explícito dentro del cual operaba el cargo, abriendo la posibilidad de discutirlo a la parte que resultó vencida” (fls. 200-201, cdno. 5 anexo 3).

26. El 6 de junio de 2003, el señor Teófilo Niño Ramírez, a través de apoderado, se constituyó en parte civil dentro del proceso penal adelantado a los señores Plutarco Alberto Reina Camargo, Julián Herrera Flórez, Juan Francisco Herrera, Julio Roberto Llanes Ramírez, Víctor William Chaparro Clavijo, Roger Vásquez Díaz, Calixto Parra Parra, Luis Augusto Tunguito, Germán Armando Martínez y Juan Francisco Reina. En el escrito de demanda, en el acápite de perjuicios materiales y morales precisó que “se ha reservado el derecho de perseguir tal reparación a través de la jurisdicción contenciosa administrativa o, en su defecto, ante una instancia de carácter internacional” y que “dentro del proceso penal lo que interesa a la parte civil es la búsqueda de la verdad y la justicia. Así se repara en parte el daño infringido a la sociedad” (fls. 1-8, cdno. 1 anexo 1).

27. El 11 de agosto de 2003, la fiscalía octava de la unidad delegada ante los jueces penales del circuito de Santa Rosa de Viterbo resolvió “admitir la demanda de parte civil (...) en contra de los presuntos responsables de los eventuales delitos de tentativa de homicidio y/o hurto de los que fue víctima Teófilo Niño Ramírez”. Así mismo, resolvió “Negar la reapertura de la presente investigación previa, por no darse los requisitos legales esenciales para ello” (fls. 67-73, cdno. 1 anexo 1).

28. Se recepcionó declaración a varias personas: La señora Nubia Esperanza Díaz Apolinar, quien se desempeñaba como profesional universitario grado diecisiete adscrita a la procuraduría provincial de Santa Rosa de Viterbo. Indagada sobre los hechos relacionados con el proceso disciplinario 008-138720 en el que es quejoso el señor Teófilo Niño Ramírez, manifestó no recordar nada del asunto, puntualmente de lo relacionado con las técnicas de reconocimiento de fotografías y la razón por la cual la delegada para los derechos humanos tuvo que repetir la prueba (fls. 320-322, cdno. 1).

La señora Martha Cecilia Galán Niño sostuvo conocer a los actores y los lazos familiares los une, así como la afectación moral y económica derivada de las afectaciones padecidas por el señor Teófilo Niño Ramírez, narró así lo ocurrido el 2 de marzo de 1993 (fls. 503-505, cdno. 1):

“(...) pues a mí me contaron él trabajaba en eros (sic) Boyacá, a mí me informaron que él estaba en el hospital porque le dispararon a mí me comentaron que a él lo cogieron frente a la empresa donde él trabajaba, lo llevaron a un sitio que creo que queda arriba del barrio Boyacá y el dijeron que entregara un paquete y él fue a entregar ese paquete y ahí fue donde le dispararon eso fue lo que a mí me contó Teófilo porque yo lo fui a visitar al hospital, él estaba bien enfermo, como lo vi tenía oxígeno, tenía una bala creo que le cortó el pulmón, en la pierna también le cruzó un bala”.

El señor Marco Leonardo Salcedo González también se pronunció sobre el vínculo familiar y afectación de los actores por los hechos en que resultó afectado el señor Teófilo y sobre su ayuda económica “a la casa”. Así mismo, manifestó (fls. 506-510, cdno. 1):

“A Teófilo Niño Ramírez lo conozco hace 10 años (...) me enteré por medio del periódico entérese, que lo habían acusado por extorsión (...), por rumores de otros amigos se escuchaba testimonios de lo que había pasado, que lo habían recogido en un Renault 4 a la salida del trabajo y lo habían llevado hacia una parte alta de la ciudad, arriba de cerropino y le habían disparado unos sujetos, él duró desangrándose un tiempo, hasta que llegó la fiscal supuestamente a hacer el levantamiento del cadáver, cuando la fiscal llegó Teófilo Niño le pidió ayuda manifestándole que los señores que la acompañaban lo iban a matar, inclusive que alguno de ellos se habían quedado con cosas personales de él, ya después la gravedad (sic) de las heridas lo tuvieron en el hospital, tuvo un tiro grave cerca al pulmón, otro en un dedo, no recuerdo más. Preguntado por el juzgado: Sírvase informar al juzgado, si sabe usted por qué lo sindicaban a Teófilo Niño Ramírez, por extorsión. Contestó: Por el periódico entérese manifestaban en el artículo que estaba extorsionando a un comerciante, pero es por el periódico, porque de resto no sé”.

29. La empresa Aceros de Boyacá y Procesos S.A. en respuesta al tribunal sostuvo que “en razón del tiempo transcurrido, 7 años, en nuestro poder no reposa archivo de hoja de vida ni otro documento para diligenciar el certificado requerido ya que esta empresa tiene como política destruir los archivos laborales después de cinco (5) años de que el trabajador se ha retirado” (fl. 413, cdno. 1). La solicitud del tribunal estaba encaminada a que se expidiera certificación de ingresos por concepto de salarios del señor Teófilo Niño Ramírez (fl. 279, cdno. 1). En el expediente correspondiente al proceso penal adelantado en contra del señor Teófilo Niño Ramírez se pueden apreciar cuatro desprendibles de pago de la empresa Aceros Boyacá al señor Teófilo Niño Ramírez correspondientes a la primera quincena de diciembre de 1992, las dos de enero y la primera febrero de 1993, en las que consta pagos netos por valor de $ 47.637, $ 43.356, $ 60.881 y $ 90.589, respectivamente (fls. 101-102, cdno. 2 anexo 1). Así mismo, obra la constancia de liquidación de prestaciones sociales por terminación del contrato que duró entre el 4 de agosto de 1990 y el 3 de febrero de 1992, por la suma de $ 156.888 (fl. 106, cdno. 2 anexo 1).

30. El grupo de acción unificada por la libertad personal “Gaula” rural de Boyacá del Ejército Nacional le contestó al tribunal que “verificados los archivos existentes en esta unidad no se encontró registro alguno sobre los hechos a los que hace referencia ese despacho, al parecer ocurridos el día 2 de marzo de 1993 en jurisdicción del municipio de Duitama” (fls. 6-11, cdno. 1).

31. El señor Teófilo Niño Ramírez es hijo de la señora María del Carmen Ramírez Mateus y hermano de Doris Alejandra y Néstor Cruz Ramírez y de Wilson y Moisés Niño Ramírez, conforme lo acreditan los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 6-11; 40-45, cdno. 14 anexo 3 cdno. 1).

3.2.4. Juicio de responsabilidad.

Como lo relatan los antecedentes, se pretende la declaratoria de responsabilidad la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, grupo Únase de Boyacá seccional Tundama y Sugamuxi, en razón de los perjuicios sufridos como consecuencia de “las torturas, tentativa de homicidio y detención arbitraria” del primero de los nombrados, el día 2 de marzo de 1993, en inmediaciones del municipio de Duitama.

El a quo negó las pretensiones, porque en relación con el daño derivado de las heridas con arma de fuego no se demostró que fueron los agentes estatales quienes dispararon aunado a que la procuraduría delegada para los derechos humanos los absolvió y porque el daño con ocasión de la privación de la libertad del señor Teófilo Niño Ramírez “obedeció exclusivamente a la conducta punible por él desplegada, razón por la cual los perjuicios derivados de la misma, en este caso la pérdida del empleo y la suspensión temporal de los estudios, solo son imputables al propio Teófilo Niño Ramírez, quien debe asumir las consecuencias dañinas derivadas de su conducta”.

En el recurso de apelación la parte demandante cuestiona la valoración probatoria realizada por el tribunal, especialmente porque está demostrado que en el lugar de los hechos se simuló un combate y porque la sentencia desconoce que el señor Niño Ramírez fue conducido por la fuerza al lugar de los hechos. Así mismo, expone que, con independencia de la participación en la extorsión ese aspecto aún está pendiente de resolver en el proceso penal.

Encuentra la Sala que la parte actora depreca la responsabilidad del Estado por tres daños derivados de i) la detención arbitraria ii) las torturas y iii) la tentativa de homicidio, no obstante, apreciado en su integridad el material probatorio la Sala advierte que el daño del cual pretende reparación el actor, proviene de una ejecución extrajudicial que no se concretó porque el señor Teófilo Niño Ramírez sobrevivió y de las lesiones personales producto de las heridas causadas con arma de fuego.

Previamente es importante precisar que el actor no puede pretender indemnización por el daño derivado de la detención, que además es calificada como arbitraria. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos preceptúa:

“Artículo 3º

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su personal.

Artículo 9º

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

A su vez, el Pacto internacional de derechos civiles establece:

“Artículo 9º

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

Así mismo, la Convención americana sobre derechos humanos precisa:

“Artículo 7º. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

En el sub lite se encuentra acreditado que el 3 de marzo de 1993, el Mayor Hermann Hackspiel Olano comandante del grupo Únase de Sogamoso, que adelantó el operativo, informó al fiscal cuarto unidad previa y permanente de Duitama, lo ocurrido el 2 de marzo de 1993, “en donde en operativo antiextorsión fue herido y capturado el sujeto alias “Salvador”, quien responde al nombre de Teófilo Niño Ramírez”. En dicho informe pone de presente que el asunto se originó en la “denuncia presentada ante la unidad investigativa de orden público Únase, por el señor Luis Antonio Vargas, mediante entrega de un casete en donde se le exigía al denunciante la suma de $ 50.000.000.oo”.

Así mismo, está probado que el 24 de marzo del mismo año, la fiscalía regional de Bogotá le decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva “como autor responsable del delito de extorsión en grado de tentativa y porte ilegal de armas de defensa personal”, providencia que fue confirmada el 29 de diciembre de 1993 por la dirección regional de fiscalías y que el 20 de junio del año siguiente, la unidad delegada para secuestro y extorsión de la dirección regional de fiscalía de Bogotá, le profirió resolución de acusación como presunto responsable del delito de extorsión en grado de tentativa, como coautor al tiempo que le precluyó la instrucción por el delito de porte ilegal de armas de defensa personal.

Acreditado también se encuentra que, el 13 de diciembre de 1994, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional le concedió libertad provisional por aspectos relacionados con el periodo de pena cumplido. De igual manera, existe certeza respecto de que el 15 de mayo de 1997, el juzgado regional de Santafé de Bogotá, al tiempo que le revocó la libertad provisional, lo encontró responsable como autor del delito de tentativa de extorsión, agravada por la cuantía y lo condenó a la pena privativa de la libertad de cuarenta (40) meses de prisión, con fundamento en que:

“(...) en el caso examinado, los actos efectivamente realizados, examinados objetivamente, son idóneos para intimidar y constreñir y estaban inequívocamente dirigidos a lograr que el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez realizara el comportamiento de él exigido, y así cometer una extorsión; que por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo del punible, no se pudo consumar, porque la víctima acudió en busca de ayuda a las autoridades respectivas, las que montaron el operativo que culminó con la captura del aquí procesado.

Por consiguiente, no existe la menor duda de que nos encontramos frente a una tentativa de extorsión; y de que se configura el agravante previsto en el artículo 372 numeral 1º del Código Penal, porque la cuantía del ilícito supera ampliamente los 18.83 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época en que se cometió el punible: marzo de 1993.

En este caso está plenamente probado que en los meses de febrero y marzo de 1993, el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez recibió varias llamadas telefónicas de supuestos miembros de las FARC, en las que exigía una colaboración de cincuenta millones de pesos bajo amenazas de que algo le sucedería a él y a su familia.

Igualmente está acreditado que, al recibir las aludidas llamadas, el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez acudió al Únase de Sogamoso, organismo que montó un operativo para dar con los responsables del hecho. Para lo cual, le pidieron el denunciante que atendiera las llamadas de sus interlocutores, que les hiciera creer ese día a sus exigencias, que negociar a la cantidad entregada, siguiera sus instrucciones y elaborar un paquete chileno que simulara la suma de diez millones de pesos (primer contado a cancelar cierre paréntesis, es que fue llevado por Gilberto Barón Sierra al sitio fijado por los delincuentes: 200 m adelante de la primera curva pronunciada de la carretera que de Duitama conduce a Charalá, en medio de unos árboles de eucalipto, pasadas las cinco de la tarde del 2 de marzo de 1993.

En efecto, el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez es claro, conteste y coherente al señalar que recibió las aludidas llamadas, no solo en su sitio de trabajo (Aceros Boyacá), sino también en su residencia y finca, de un sujeto que se identificó como Salvador Acosta y aseguró que las mismas provenían del 38 frente de las FARC.

Lo anterior aparece ampliamente corroborado por las declaraciones de la señorita Silvia Milena Pacheco y Gladys Corredor Jiménez personas que atendieron directamente algunas de las referidas llamadas y por el operativo y seguimiento telefónico que realizó el grupo Únase de Sogamoso.

Dentro del expediente también está plenamente demostrado que: los extorsionistas acordaron con el denunciante que la entrega del primer contado se realiza día el 2 de marzo de 1993, para lo cual le indicaron que esperara ese día una llamada en la que se le indicaría la hora y el sitio donde debía dejar el dinero.

Llamada que, efectivamente se realizó la tarde del 2 de marzo de 1993, en la que su interlocutor le manifestó al denunciante, que el dinero debía ser colocado dentro de una bolsa negra plástica y esta dejada, después de las cinco de la tarde, 200 m adelante de la primera curva pronunciada de la carretera que de Duitama conduce a Charalá en medio de unos árboles de eucalipto.

Sobre este particular, son contundentes las declaraciones de Luis Antonio Vargas Gutiérrez y el mayor Herman Hackspiel Olano, quienes uniformemente relatan cuáles fueron las instrucciones que recibió el primero de sus detractores sobre la forma en que debía producirse la entrega del dinero. Lo cual, aparece ampliamente corroborado por Gilberto Varón Sierra, persona que por solicitud del denunciante llevó el paquete y lo dejó en el sitio previamente acordado.

En consecuencia, no existe la menor duda de que el paquete contentivo del dinero fue llevado por el señor Gilberto Varón Sierra, y de que este lo dejo en la primera curva pronunciada de la carretera Duitama-Charalá, en medio de unos árboles de eucalipto, hecho que, conforme al relato de este testigo, se produjo después de las cinco de la tarde de ese día.

De la misma forma está acreditado que el 2 de marzo de 1993, después de las cinco de la tarde, se presentó al aludido lugar a recoger el paquete en mención: el señor Teófilo Niño Ramírez, quien fue capturado por miembros del grupo Únase Sogamoso.

Lo anterior, aparece ampliamente demostrado con las declaraciones de los miembros del grupo Únase de Sogamoso, y con el acta de la diligencia de levantamiento practicada por la fiscalía cuarta permanente de Duitama, en la cual se dejó expresa constancia del lugar donde fue encontrado herido el señor Teófilo Niño Ramírez.

No existe duda alguna de que el motivo por el que el señor Teófilo Niño Ramírez se encontraba en ese lugar: era precisamente recoger el paquete contentivo del dinero producto de la extorsión; pues, él mismo indicó en su indagatoria de que se trasladó a ese sitio con el fin, por solicitud de dos individuos (sic) que se transportaban en un Renault seis rojo, que le ofrecieron 500.000 pesos por hacerles el favor.

En consecuencia, está demostrado que el señor Teófilo Niño Ramírez, el 2 de marzo de 1993, en la tarde, se presentó al sitio señalado por los extorsionistas, a recoger el dinero producto de la extorsión.

De la misma forma, también está aprobado dentro del plenario, desde hacía aproximadamente dos años, el señor Teófilo Niño Ramírez trabajaba para el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez en la fábrica Aceros Boyacá, que era además tesorero del fondo de empleados y que tenía algunos problemas con el manejo de sus cuentas. Y, que coincidencialmente el día de su detención había solicitado permiso para ir a recoger algunos papeles de esa entidad para la elaboración de respectivo balance, pero que no regresó a llevarlos y los envió en un taxi; que había dicho que iba a solicitar sus vacaciones porque voy a viajar urgentemente a la costa; que una de las llamadas extorsivas se produjo desde un teléfono ubicado cerca su residencia; y que incurrió en reiteradas contradicciones sobre las actividades que realizó durante el curso de ese día y sobre la razón por la que accedió a recoger el aludido paquete.

En efecto, por recomendación de Guillermo Benítez, primo de su señora madre y esposo de una hermana de Luis Antonio Vargas, el señor Teófilo Niño Ramírez ingresó a laborar en Aceros Boyacá el 4 de agosto de 1990. Y, lo que implica, en su condición de empleado de la fábrica del denunciante tenía fácil acceso a la información que requerían los autores de la extorsión para llevar a cabo el ilícito, tal como: situación económica, números telefónicos, movimientos de las víctimas y sus familiares etc. constituyéndose este hecho en un indicio de oportunidad.

Además de ser empleado de la fábrica el señor Teófilo Niño Ramírez desempeñaba como tesorero del fondo empleados y precisamente para la época de la comisión del punible, se le estaban exigiendo cuentas de su gestión, por un faltante cercano a los 500.000 pesos (...) indicio de capacidad para delinquir.

Coincidencialmente el día que debía producirse la entrega del primer contado producto de la extorsión el señor Teófilo Niño Ramírez solicitó permiso para retirarse de su sitio de trabajo, alegando que iba recoger a su casa algunos documentos del Fondo de Empleados de Aceros Boyacá, el cual, le fue efectivamente concedido, pero en lugar de regresar con los mencionados papeles, los envío en un taxi y no fue nuevamente a laborar (...).

(...).

Nótese que el hecho que alega para justificar su presencia en el lugar donde debía ser recogido el dinero: en sí mismo resulta inverosímil y absurdo; pues, no se entiende como una persona que afirma ser abordada por dos sujetos que nunca antes había visto, accede ante el ofrecimiento de dinero, a ir a un paraje solitario a recoger un paquete del que desconoce por completo su contenido y que los autores del ilícito hayan confiado a un tercero por completo ajeno al delito la recepción del dinero producto del punible, la no despreciable cantidad de 10 millones de pesos bajo el supuesto de que al día siguiente ellos lo recogerían en Paipa. Obsérvese igualmente que, los números de las placas que dio ese vehículo (porque dio varios), aún no se encuentran registrados.

En este orden de ideas estando plenamente demostrado, mediante pruebas legalmente aducidas, que el encantado fue quien concurrió al sitio acordado por los extorsionistas a recoger el producto del ilícito; que existe en su contra indicios graves de oportunidad, capacidad, móvil y mala justificación; que incurre en contradicciones sobre aspectos esenciales acerca de las actividades que realizó el día señalado por los delincuentes para la entrega del dinero; y que dio una explicación inverosímil y absurda respecto del motivo por el que fue hasta ese lugar a recoger el dinero: el despacho encuentra que está plenamente demostrada la responsabilidad penal del señor Teófilo Niños Ramírez como coautor del delito de tentativa de extorsión agravada.

Decimos que, como coautor, porque resulta innegable que esta clase de delitos suele intervenir un número plural de personas, que previamente y con división de trabajo, contribuyen objetivamente a su realización”.

La anterior providencia fue confirmada el 8 de agosto de 1997 por el Tribunal Nacional en lo relacionado con la responsabilidad y la condena, en providencia en la que se sostuvo:

“(...) una crítica que ha venido realizando la defensa, tiene que ver con la existencia de torturas a Niño Ramírez instantes posteriores a su aprehensión cumplida cuando se disponía a recoger el paquete que simulaba el contenido de una suma de dinero aproximadamente 8 millones de pesos, actividad que según sus propias palabras le había sido encomendada por desconocidos en horas de la mañana del 2 de marzo de 1993.

De acuerdo con el recurrente esa debe ser la causa inmediata para que se desestimen los testimonios de los efectivos de Únase de Sogamoso en cuanto lanzan cargos en contra del acusado como uno de los responsables del delito objeto de investigación.

Sobre este punto se dirá que es cierto que la jurisdicción cuenta ahora con un concepto emitido por la procuraduría delegada para los derechos humanos en donde advirtió la existencia de medios de convicción que ponen de presente la posibilidad de que, al momento de la prevención del procesado que viene de referirse, se hubiera cumplido una actividad al margen de los procedimientos previamente establecidos en materia adjetiva penal.

Sin embargo, mírese que tales situaciones en el momento procesal por el que se atraviesa en modo alguno inciden en la legalidad de la acción penal adelantada, en tanto ninguna prueba aparece practicada por dichos servidores públicos. Lo único que aportan al conjunto de medios de convicción con los que ahora se cuenta, además de las referencias que permiten establecer la existencia de la extorsión, es el hecho de modo alguno indiscutido de la presencia del procesado en dicho lugar.

En efecto, recuérdese que además de esta última referencia, el a quo tuvo en cuenta el operativo de inteligencia lanzado por las autoridades, con posterioridad a que el ofendido pusiera en movimiento el aparato investigativo con miras a develar que personas eran las que venían afectando su derecho de autodeterminación con miras a violentar gravemente su patrimonio económico.

La Sala siendo del criterio también que tales situaciones se refieren a una etapa preprocesal que estando viciada solo pueden conducir al desconocimiento de pruebas que hacen parte de la investigación que las autoridades (...) realizan instantes después de ocurrido los hechos. Entre ellas se encuentran versiones rendidas por los aprendidos, pruebas técnicas, entre otras, ninguna de las cuales se vislumbra cumplida por dichas autoridades, pues si se recuerda con detenimiento, ni siquiera se logró la aprehensión material del sindicado, en tanto por causa del supuesto intercambio de disparos que tuvo con los responsables del operativo, estos se formaron la errada convicción de que le habían dado muerte.

Mírese, entonces, partir del momento en que formalmente se dio inicio a la etapa instructiva fueron rigurosamente respetada sus garantías fundamentales, y, se sigue de ello, que de forma alguna, la probable tortura que se le infligió, afecta la validez jurídica de la deducción de responsabilidad que se produjo el momento de la sentencia, pues las demás pruebas y actuaciones que con respeto de las formas propias del juicio fueron practicadas dentro de la instrucción y el juzgamiento por sí solas sustentan el fallo proferido por el señor juez de primera instancia.

(...).

Necesario resulta decir desde ahora, que la Sala no encuentra ninguna objeción de orden jurídico a las consideraciones realizadas por el a quo que le permitieron dar por sentada la existencia material del hecho punible y objeto de investigación y la antijuricidad tanto formal como material que se predica el comportamiento punible atribuido.

En efecto, de los medios de convicción que integran el proceso puede decirse, sin que se remita a duda, que la jurisdicción se encuentra frente a la realización del delito conocido con el nombre de extorsión, bajo la modalidad de la tentativa, comportamiento a través del cual de manera injustificada se pretendió vulnerar el patrimonio económico del señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez a través de la exigencia de una suma de dinero por valor de 50 millones de pesos, bajo coacción de que conocía sus actividades y los miembros de su familia y socios de la empresa Aceros Boyacá.

Su aparición en el mundo de los fenómenos aparece demostrada, entonces, primero con la denuncia instaurada por el propio ofendido señor Vargas Gutiérrez (...).

A ella, la acompañan las declaraciones del grupo adscrito a la unidad antiextorsión y secuestro de Sogamoso al mando del Mayor Hermann Hackspiel Olano que desde el mismo momento en que se puso en su conocimiento el hecho inició las averiguaciones tendientes a desenmascarar a los responsables de las llamadas extorsivas, entre los que se encuentra a Plutarco Alberto Reina Camargo, Julián Herrera Flórez Gonzalo Ortiz Quintero, Víctor William Chamorro Quintero, Calixto Parra Parra, Roger Miguel Vásquez Díaz y Julio Roberto Llanes Ramírez.

También las de los empleados al servicio de la compañía Aceros Boyacá, quien es por voces del propio ofendido tuvieron conocimiento de dicha situación. Son ellos Gilberto Barón Sierra, Luis Eduardo Galán Niños, Marco Antonio Palencia Zafra, Fernando Cadena Centeno, Pedro Justo González Herrera, Silvia Milena Pacheco Caballero y Gladys Corredor Jiménez (...).

Las anteriores declaraciones se complementan con el informe a partir del cual puede establecerse la presencia de una persona que con disposición a recoger el paquete que simulaba la cantidad de dinero exigida a la víctima se acercó al sitio previamente convenido hacia las seis de la tarde del 2 de marzo de 1993, en el que lo esperaba desde aproximadamente las cinco de la tarde un comando operativo del grupo Únase de Sogamoso y las declaraciones del personal al servicio de la administración de justicia que pretendió cumplir el levantamiento de un “cadáver” que correspondía supuestamente a uno de los extorsionistas.

La conclusión no es otra que la de señalar que resulta a todas luces típico el comportamiento cuya existencia se predica, amén de que con su realización ciertamente se pretendió, lógicamente sin éxito, vulnerar uno de los bienes jurídicamente tutelados por la ley, como es el patrimonio económico del señor Vargas Gutiérrez a través de la ilegal exigencia de dinero elevada por intermedio de diversas llamadas telefónicas donde se lo amenazaba para que se hiciera el mencionado desembolso.

La finalidad, como bien se ve, no era otra que la de obtener un provecho ilícito injusto con el consecuente desmedro de su patrimonio económico, sin que se vislumbre la existencia de alguna de las causales excluyentes de antijuricidad de aquellas previstas en el artículo 29 del Código Penal. Adviértase, además, como ya quedó precisado que el medio utilizado para los fines extorsivos fue el de colocarlo a través de las llamadas en un verdadero estado de zozobra, incertidumbre e inseguridad total, situación que sin duda trascendió a su núcleo familiar.

(...).

Ya en cuanto el a quo advierte que el comportamiento se encuentra agravado por razón de la cuantía de lo ilícitamente exigido, es de reconocer que ciertamente al momento de proferirse resolución acusatoria en contra de Niño Ramírez el fiscal de turno no hizo mención al numeral primero del artículo 372 del Código Penal que la contiene. No obstante lo anterior, la Sala ha venido acogiendo la tesis de que si de la misma se hace una imputación fáctica que corresponde a un hecho evidente o al menos protuberante, como cuando se dice que el delito fue cometido de noche, o sobre vehículo automotor (...) entre otras, es perfectamente viable su actualización porque definitivamente así no se hiciera mención a la normatividad que la establece sí quedó incluida el momento de advertirse al procesado en los hechos por los cuales se procede.

Es eso lo que ocurre en el presente evento cuando al momento de relacionar los hechos en la resolución que califica el mérito del sumario, hacer referencia a la cantidad de dinero inicialmente exigida la víctima del ilícito constreñimiento.

Extraño le parece a la Sala que el defensor afirme que no es posible actualizar en contra del procesado la circunstancia genérica que se viene haciendo referencia en la medida en que el delito por el que se procesó se verificó en el terreno de la tentativa. Lo anterior, porque el hecho de que se esté frente a una conducta criminal imperfecta de manera alguna descarta la obligación del fallador de incorporar al análisis todos aquellos elementos generadores de mayor o menor compromiso penal.

(...).

Debe referirse ahora la Sala al segundo de los requisitos de que trata el artículo dos 47 del Código de Procedimiento Penal. En orden a determinar si efectivamente puede predicarse que el proceso arroje la certeza acerca de la responsabilidad del acusado, conocida ella como “el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible”, y si de manera libre y voluntaria se determinó a fin de lograr los fines que la conducta desarrollada aparejaban, que no eran otros que los de causar menoscabo en el patrimonio económico de quien figura hoy como sujeto pasivo del hecho punible investigado, situación que llevaría implícita la posibilidad de atribuirle la realización del hecho bajo alguna de las formas de culpabilidad conocidas o, si por el contrario, siendo responsable, es jurídicamente aceptable pregonar que no pudo comprender los alcances de la ilicitud al momento de su realización y por tanto determinarse de acuerdo con esa comprensión.

Bien concienzudo es el análisis cumplido por el funcionario de primera instancia para concluir que el procesado si determinó su voluntad y encaminó su conducta a la consumación del hecho punible y por el que se lo acusa, de ahí que las consideraciones que en adelante se plasma vienen a construir el aval que imparte la Sala a la deducción que de su responsabilidad se hace en la sentencia objeto de revisión.

Como sustento de dicha afirmación, se tienen que del expediente saltan a la vista diversos medios de convicción tales como el hecho plenamente demostrado de su presencia en el lugar acordado para la entrega del dinero exigido, tanto así que es esa la razón (recoger el paquete) que aduce el procesado para dirigirse al sitio en donde posteriormente recibió heridas de suma gravedad.

Pero interesa particularmente, antes que volver sobre la demostración de tal hecho, que no ha sido discutido de forma alguna durante la actuación, adentrarse en el análisis de las circunstancias antecedentes al mismo que advierte Niño Ramírez, para decir primero que le fue ofrecido una cuantiosa suma de dinero por desconocidos para desplazarse hasta allí y luego para advertir que si acudió fue porque lo habían amenazado, resultando secundario el ofrecimiento de dinero o si, por el contrario, como lo advierte que el a quo en la sentencia, finalmente su aprehensión, que se derivó de su presencia en el lugar, ocurrió porque definitivamente era uno de los que pretendió la consumación del delito sub examine.

La Sala encuentra, tal como acertadamente acusa la sentencia, que está demostrada la última de las hipótesis planteadas durante todo el proceso.

Es que el indicio de mala justificación es el que viene a constituirse en uno de los argumentos centrales de la deducción de responsabilidad (sumado al de presencia que se advierte estructurado), pues de una parte bien contradictorios resulta el relato precedido por el procesado en relación con las actividades que dijo haber realizado el día 2 de marzo de 1993 y segundo en tanto según acopio de las reglas de la lógica y la experiencia no es permitido aceptar que su ingenuidad, pregonada al momento de la sustentación del recurso, será llevada a un extremo tal que conduzca a afirmar que aceptó recibir la suma de 500.000 pesos por una actividad tan sencilla como la de recoger un paquete en un paraje solitario cuyo contenido desconocía completamente. Esto último porque ya se ha dicho que bien inconsecuente resulta que todos extraños lo motivaran a fin de que recibieras para ellos un paquete que debía contener la suma de 8 millones de pesos.

Después amplía la cobertura de su exposición ya no dice que le hubiera ofrecido dinero sino que lo amenazaron a él y a su familia si no acudía a un punto en la carretera que de Duitama conduce a la población de Charalá. También que reconoció alguno de los que lo recogieron en la mañana, como el mismo que entre varios hacia las 6:30 de la tarde le infligió torturas. 10 meses más tarde recordó a este último, en una ampliación de indagatoria como uno de los que le habían refrendado el pasado judicial en el das en agosto de 1992.

Particular la apreciación, porque si tuvo la entereza necesaria para advertir desde el primer momento de su indagatoria la existencia de torturas, no tenía por qué esperar hasta sus posteriores ampliaciones de indagatoria, la segunda que sería aproximadamente cuatro meses después de su vinculación y la otra que se dio una vez transcurridos 10 meses desde esta, para involucrar a uno de los agentes como el responsable de que se dirigiera al sitio en donde se acordó la entrega de dinero con los extorsionistas. Tal denuncia debió necesariamente ocurrir desde su primera salida procesal, pues bajo las reglas del análisis del testimonio en sana crítica la Sala considera que en los anteriores términos aparece desprovista de todo contenido incriminatorio, resultando más una argucia utilizada para desviar el rumbo de la investigación.

Es que ni siquiera se pone de acuerdo en las placas del automotor que lo recogió porque inicialmente manifestó que eran AV3816 y luego como AT3819. Tampoco, como bien lo advierte el a quo, en el itinerario cumplido luego de que supuestamente se movió por terceros su voluntad para dirigirse al lugar en donde debía recibir el paquete.

Con todo resulta, en consecuencia, perfectamente bien de advertir su aprehensión bajo la evidencia de la flagrancia, que suma a los indicios de móvil y capacidad para delinquir a los que suficientemente hizo referencia el juez de primera instancia, no es otro el camino a elegir que el de proclamar con certeza la responsabilidad del procesado Niño Ramírez en el hecho investigado, por lo que la exigencia probatoria relacionada con la demostración del segundo de los elementos del hecho punible, contrario a los pregonado por la defensa técnica al momento de sustentar el recurso impetrado, puede predicarse con los atributos de suficiencia en cantidad y calidad que demanda el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. Para sostener, en esta instancia, la conclusión a la cual llegó el funcionario del conocimiento luego de un ponderado análisis del haz probatorio.

Fuerza es concluir también que el procesado, quien aparece como persona imputable para el derecho penal, encaminó su conducta de manera consciente y voluntaria a la realización del hecho, en este caso con culpabilidad dolosa, apareciendo ayuna de demostración cualquiera de las circunstancias que eliminen este elemento del delito”.

El proceso penal en contra del señor Teófilo Niño Ramírez culminó con providencia del 4 de diciembre de 2001, en la que la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida el 8 de agosto de 1997 por el Tribunal Nacional por medio de la cual se confirmó la condena de 40 meses de prisión impuesta al señor Teófilo Niño Ramírez por un juzgado regional de Bogotá, ante la falta de prosperidad de los cargos formulados.

Así las cosas, para la Sala, aunque se encuentra acreditado el daño derivado de la privación de la libertad sufrido por el señor Teófilo Niño Ramírez, es claro que el antes nombrado debe soportarlo en tanto la jurisdicción competente lo halló responsable de la conducta endilgada.

En efecto, se ha considerado que el Estado está llamado a responder por daños causados por la privación injusta de la libertad cuando se reúnen los requisitos de procedibilidad de dicha indemnización conforme a lo normado en el artículo 90 superior, en la Ley 270 de 1996, en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y en el artículo 14 del Pacto de derechos civiles y políticos, de los que se deriva que quien estuvo privado de la libertad no puede exigir reparación en todos los casos. Específicamente cuando se evidencie actuación dolosa o gravemente culposa. Con fundamento en el artículo 414 del Decreto 2700 le asiste al Estado el deber indemnizatorio por los casos de injusta privación de la libertad, cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente.

En resumen, cuando se encuentre acreditado que (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente o (iv) cuando la sentencia sea producto de la aplicación del principio in dubio pro reo el Estado debe responder por el daño causado, pues se entiende que la privación fue injusta. A lo anterior se debe sumar el análisis relacionado con la culpa grave o dolo de quien estuvo privado de la libertad, a efectos de determinar si su conducta resultó determinante en la producción del daño.

En el caso concreto, existe plena certeza de que el señor Teófilo Niño Ramírez fue hallado responsable del delito de extorsión en el grado de tentativa por el juez natural, desvirtuándose su presunción de inocencia, en proceso que se adelantó en cumplimiento de la normativa vigente y el juez administrativo no puede reemplazar al juez natural en el análisis de la comisión del hecho punible, en tanto la decisión adoptada en sede penal es cosa juzgada, inmutable y ha surtido efectos jurídicos para la parte interesada. Así mismo, a la luz del artículo 90 de la Constitución no se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad, pues el actor tenía que soportar el daño derivado de la privación.

Ahora bien, depreca el actor responsabilidad del Estado por tortura, no obstante, como ya se enunció, a juicio de la Sala el caso se enmarca dentro de la ejecución extrajudicial, que no se concretó única y exclusivamente porque el señor Niño Ramírez sobrevivió a los disparos propinados por agentes del grupo Únase.

La Corte Constitucional, en Sentencia T-535 de 2015 analizó el marco jurídico internacional y nacional de la ejecución extrajudicial como sigue(6):

3. “Marco normativo internacional sobre las ejecuciones extrajudiciales.

En protección de la vida el derecho internacional público prevé distintos escenarios de regulación del fenómeno de las denominadas ejecuciones extrajudiciales, los cuales conducen a diversos regímenes de responsabilidad. Si bien, este concepto no se encuentra definido en los instrumentos convencionales, ha adquirido sus rasgos definitorios a partir de la costumbre internacional.

3.1. En el derecho internacional de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales constituyen graves violaciones a los derechos humanos, que adicionalmente pueden llegar a constituir un crimen de lesa humanidad(7), cuyo comportamiento consiste en el homicidio deliberado de una persona protegida, por parte de agentes del Estado que se valen del poder estatal para justificar la comisión del hecho punible. Como ya se dijo, no tienen una tipificación expresa, pero el manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas aprobado en 1991, especifica los patrones de macro criminalidad que se deben concurrir para determinar si una conducta delictiva corresponde a una ejecución extrajudicial, a saber:

“a) identificar a la víctima;

b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;

c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;

d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y

e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. (...) es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”.

(...).

4.2. Por su parte, en el derecho humanitario el fenómeno delictivo de las ejecuciones extrajudiciales podría abordarse desde la perspectiva de un crimen de guerra, siempre y cuando existan unos vínculos materiales, geográficos y temporales entre la conducta delictiva y el conflicto armado. A la luz del principio de distinción, es considerada como persona protegida, toda aquella que se le concede estatus especial, bajo las condiciones establecidas en las convenciones de Ginebra.

Puntualmente, el artículo 4º de la Cuarta Convención relativa a la protección de civiles en tiempo de guerra de 1949, define el concepto “persona protegida”, en los siguientes términos:

“Artículo 4º - Definición de las personas protegidas.

El presente convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una parte en conflicto o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

No protege el convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los súbditos de un Estado neutral que estén en el territorio de un Estado beligerante y los súbditos de un Estado cobeligerante no serán considerados como personas protegidas, mientras que el Estado de que sean súbditos tenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder estén.

Sin embargo, las disposiciones del título II tienen un ámbito de aplicación más extenso, definido en el artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra(8) del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar o por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, no se considerará que son personas protegidas en el sentido del presente convenio”.

4.3. A la luz del derecho penal internacional (artículo 7º del Estatuto de Roma(9)), una ejecución extrajudicial podría llegar a ser considerada en términos de crímenes de lesa humanidad, si concurren los elementos materiales “actus reus” y psicológicos “mens rea”.

En complemento de esta normatividad del derecho internacional público, un repertorio de instrumentos internacionales dispone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, entre estos se resaltan los siguientes: (i) el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos(10), (ii) el artículo 6º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos(11) (incorporado al derecho interno mediante L. 74/68(12)), (iii) el artículo 4º de la Convención americana sobre derechos humanos(13) (incorporada al derecho interno mediante L. 16/72(14)), entre otros tratados internacionales de derechos humanos relativos a la materia.

4.4. Marco normativo nacional.

En la legislación nacional no se encuentran tipificadas como tal las ejecuciones extrajudiciales, motivo por el cual la adecuación de la conducta delictiva se realiza como homicidio en persona protegida o como homicidio agravado, según el caso.

El homicidio en persona protegida, fue incorporado a través del artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en el título II, correspondiente a los “Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, bajo la siguiente descripción típica:

“ART. 135.—Homicidio en persona protegida. Adicionado por el art. 27, L. 1257/2008. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

4. El personal sanitario o religioso.

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.

7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”.

Esta modalidad de crimen, ha sido comúnmente denominado en Colombia con la expresión “falsos positivos”, que alude a la ejecución extrajudicial de civiles para ser presentados como insurgentes pertenecientes a grupos armados al margen de la ley y que en el caso colombiano se han caracterizado por dos aspectos recurrentes. De una parte, que las víctimas son personas jóvenes pertenecientes a sectores sociales vulnerables y, de otra, la constante alteración de la escena del crimen con el propósito de dar visos de legalidad a las ejecuciones; por ejemplo, vistiendo con prendas militares los cadáveres de las víctimas o mediante la alteración de la escena del crimen ubicando armas de uso privativo de la fuerza pública. Es decir, que los llamados “falsos positivos” son una especie de las ejecuciones extrajudiciales.

Al respecto, es preciso recordar que en varias ocasiones Colombia ha sido juzgada y condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de la responsabilidad de sus agentes en la comisión de ejecuciones extrajudiciales contra civiles. Un caso paradigmático en esta específica materia, es la condena emitida por la masacre de Ituango en hechos ocurridos el 11 de junio de 1996, en el corregimiento de La Granja, municipio de Ituango (Antioquia), cuando un grupo paramilitar con el apoyo de miembros del Ejército Nacional asesinó a varios pobladores.

Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 1º de julio de 2006, se pronunció en los siguientes términos: “... la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado (...). Es necesario recordar que el presente caso comprende (...) ejecuciones extrajudiciales de 19 personas. En dichos casos la jurisprudencia de este tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” (subrayas fuera del texto).

(...).

En el caso de “la masacre de Ituango”, la Corte Interamericana concluyó que el Estado Colombiano fue partícipe en los hechos y, por tal razón, decretó su responsabilidad con fundamento en que la masacre, tortura y demás delitos no habrían podido ejecutarse sin el conocimiento, tolerancia y aquiescencia del Ejército Nacional en las zonas donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, en el caso Sánchez(15) vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 26 de noviembre de 2003 se pronunció en torno a las ejecuciones extrajudiciales, en el sentido de que el Estado dentro de los mecanismos de prevención debe establecer métodos y procedimientos que sean efectivos para investigar a profundidad los hechos que impliquen una clara violación a los derechos humanos:

“Al existir un patrón de ejecuciones extrajudiciales toleradas e impulsadas por el Estado, este generó un clima incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida (...). Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.

Ahora bien, en el plenario se encuentra acreditado que previa denuncia formulada por el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez ante la unidad antiextorsión y secuestro, grupo Únase de la primera brigada ubicada en la ciudad de Sogamoso por el delito de extorsión, el 2 de marzo de 1993, con la coordinación del grupo Únase, el denunciante aceptó telefónicamente una entrega parcial de dinero en la ciudad de Duitama “200 metros después terminado el pavimento por la vía que conduce de Duitama a Charalá en la primera curva pronunciada a la altura de los árboles de eucaliptus”, hecho frente al que se dispuso “movilizar en el carro de propiedad del señor Luis Vargas, el dinero colocado antes de las 17:00 en el lugar dispuesto”, con ayuda del señor Gilberto Barón Sierra, trabajador de la empresa Aceros Boyacá.

En tiempo record, como lo señala el comandante de la unidad antiextorsión y secuestro, “unidades Cóndor y Buitre localizados en el sitio de entrega procedieron a iniciar el dispositivo”. Pasadas las seis de la tarde, según el informe que presentó al día siguiente el comandante del grupo, “un sujeto que venía por la carretera trepó hasta el sitio y procedió a recoger el paquete, al verse descubierto corrió hacia la parte alta, se atrincheró en un chircal y procedió a disparar contra los funcionarios, siendo alcanzado por el intercambio de los disparos”.

Aproximadamente una hora después, la fiscalía cuarta unidad previa permanente del distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo, se dispuso a la práctica de la diligencia de inspección del cadáver, de acuerdo con la información recibida (...) por el comandante grupo Únase “sobre que en la vía que de Duitama conduce a Bucaramanga, vía o carretera de Torres, hubo al parecer un enfrentamiento con un extorsionista que se hacía pasar como del 38 frente de las FARC, de nombre Salvador y que por lo tanto tenía varias grabaciones en las que pedía dinero, por lo que la fiscalía en turno de disponibilidad se traslada al sitio de los hechos a fin de practicar dicha diligencia.

Una vez en el sitio, en el acta se hizo constar que “esta persona se encontraba viva aún, que estaba eso sí herido por cuanto del pecho, lado derecho cerca a la tetilla tenía una herida al parecer de arma de fuego y sangraba profusamente también de las piernas, por cuanto se encontraba manchadas sus ropas, camisa y pantalón, y cerca a (sic) la mano derecha como a unos cinco centímetros a la parte de arriba ya que este miembro se encontraba estirado, se hallaba un revólver calibre 22 y que luego de examinado se constató que es marca Amadeo Rossi, Nº 515488, brasilero y dentro del tambor habían tres cartuchos disparados y cuatro sin disparar, lo que dio pie para ordenar de inmediato la prueba de absorción atómica por el técnico de criminalística del cuerpo técnico de investigación. Luego de esto se procedió a trasladar al herido hacia el Hospital Regional de la ciudad de Duitama”.

El señor Teófilo Niño Ramírez ingresó al servicio de urgencias del Hospital Regional de Duitama “a las 8:20 p.m. (...) con cuadro de cinco horas al recibir herida por arma de fuego en región torácica derecha y miembro inferior izquierdo, en urgencias se realiza toracostomía cerrada y se traslada a piso. Se le diagnosticó “Hemotorax” y se registró fecha de egreso el 17 de marzo de 1993.

Así mismo, está acreditado que el revólver “Amadeo Rossi, calibre 22 largo niquelado, hallado en el lugar de los hechos se encontraba “en perfectas condiciones de funcionamiento (...) no es de uso privativo de las FF. MM.” y que “los cuatro cartuchos que acompañan el revólver corresponden al mismo y las tres vainillas lo mismo”. Sin embargo, también es claro que el análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica o absorción atómica practicada al señor Teófilo Niño Ramírez a las 10:30 p.m. del día de los hechos, arrojó negativo y que se le precluyó la investigación por porte ilegal de armas de defensa personal con fundamento en que:

“(...) en apoyo de la prueba circunstanciada que al parecer Teófilo Niño Ramírez, no solo fue capturado sin oponer resistencia, sino que además no portaba arma de fuego alguna y que se presentaron anomalías en el trámite del operativo, lo constituye el informe que aparece a folio 29 del primero cuaderno original, donde se resalta la entrega por parte del sindicado de dos cadenas de metal dorado con el seguro roto, al momento de encontrarse gravemente herido, entrega hecha al técnico judicial II Dioselina González Camacho y que esta corrobora además de sus declaraciones.

La prueba de absorción atómica que le fuera practicada a la muestra tomada, el mismo día de la aprehensión, a Teófilo Niño, con resultados negativos para ambas manos, como todos sabemos no constituye plena prueba, pero para el caso que ocupa nuestra atención es un indicio reforzado con las demás pruebas permitiendo determinar, que la no presencia de sustancias químicas (residuos de disparo de armas de fuego) en los dorsos de las manos de Teófilo significa que en verdad este no disparó arma alguna, y la existencia de munición percutida en su interior concluyen el porte en una persona diferente, razón suficiente para proceder con la preclusión por el delito que le fuere endilgado al momento de definirle la situación jurídica”.

Sin embargo, varios de los agentes del grupo Únase, son contestes en sostener que una vez el sujeto recogió el paquete, ante la identificación de estos como miembros del grupo fueron recibidos con disparos, razón por la que respondieron accionando sus armas de dotación.

Conforme lo anterior, aunque el material probatorio pareciera contradictorio respecto de la forma como ocurrieron los hechos, pues los agentes que participaron en el operativo sostienen que una vez se identificaron como miembros del grupo fueron recibidos con disparos por parte del señor Niño Ramírez, lo cierto, es que no está acreditado que el antes mencionado siquiera haya disparado un arma, aunado a que se le precluyó la investigación por porte de armas, aspecto que permite a la Sala concluir que aunque el señor Teófilo Niño Ramírez estaba en curso de la comisión de una conducta punible (tal como quedó acreditado ante la jurisdicción competente) se pretendió darle muerte y no llevarlo al juicio conforme el procedimiento establecido para tal fin.

Lo anterior es así porque, está suficientemente probado que los miembros del grupo Únase, dieron por muerto al señor Niño Ramírez, no obstante, fueron quienes organizaron el operativo, acordando el lugar, fecha y hora de la entrega del dinero producto de la extorsión. Es decir, tenían el control absoluto de la manera como se presentarían los hechos, de suerte que la Sala no se explica porque antes que aprehender al actor de la conducta punible, dispararon al punto de considerarlo muerto. Aspecto que pone en tela de juicio el actuar de las autoridades en este caso, pues se apartaron de los mandatos constitucionales y legales.

Aunque es claro que se pretendía una ejecución extrajudicial y que el señor Teófilo Niño Ramírez sobrevivió, la Sala advierte que se le deben indemnizar las lesiones sufridas. En efecto, las mismas constan no solo en el acta de levantamiento suscrita por el fiscal cuarto de la unidad previa permanente del distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la que sostuvo que la persona se encontraba herida en el pecho y en las piernas, sino que se advierten en la historia clínica, en la que se registró el ingreso del señor Teófilo Niño Ramírez al servicio de urgencias del Hospital Regional de Duitama “con cuadro de cinco horas al recibir herida por arma de fuego en región torácica derecha y miembro inferior izquierdo, en urgencias se realiza toracostomía cerrada y se traslada a piso. El día 10 de marzo a las 8:30 se realiza toracostomía de limpieza en sala de cirugía”. Se le diagnosticó “Hemotorax” y se registró fecha de egreso el 17 de marzo de 1993.

Así las cosas, se encuentra demostrado que el señor Teófilo Niño Ramírez sufrió lesiones como consecuencia de los impactos por arma de fuego “en región torácica derecha y miembro inferior izquierdo”,

En resumen, se tiene que en desarrollo de un operativo en el que se pretendía contrarrestar el delito de extorsión, fue herido por arma de fuego el señor Teófilo Niño Ramírez, persona que se acercó al sitio en el que previamente se había ubicado un paquete que simulaba ser dinero, conforme lo acordado telefónicamente entre la víctima y el extorsionista y que fue considerado como muerto.

Respecto de la forma como ocurrieron los hechos, el actor sostiene que los miembros del grupo Únase lo querían matar, mientras que las declaraciones de las personas que participaron en el operativo dan cuenta de que ante la identificación como miembros del grupo Únase, el señor Niño Ramírez abrió fuego, razón por la que lo contrarrestaron admitiendo que en el supuesto intercambio de disparos resultó herido el actor, al punto de considerarlo como muerto. No obstante, hay prueba en contrario respecto de que no hubo ataque por parte del señor Niño Ramírez.

De igual manera, se encuentra demostrado que en el operativo participó un número significativo de miembros del grupo comandado por el Mayor Hackspiel, pues ante la pregunta respecto de cuántos agentes intervinieron, respondió que “en el operativo participaron si no estoy mal doce agentes, más otro personal que estaba cubriendo puntos críticos que eran como unos seis los sitios: Uno con la familia en la casa del Barranco, una pareja con la escolta de vehículos, el grupo de apoyo que eran cuatro agentes, el grupo de asalto que eran seis agentes como posiciones (sic) en forma de herradura alrededor del paquete y el grupo de apoyo a los extremos como en la parte arriba del sitio como en la parte de abajo” y en relación con quienes dispararon el arma señaló que “los que estaban en el grupo de asalto todos intervinieron e inclusive yo disparé mi arma contra el sitio donde se parapetaba el sujeto en dos oportunidades”.

Analizados en conjunto los elementos probatorios obrantes en el plenario, la Sala advierte irregularidades en desarrollo del procedimiento por medio del cual se pretendía contrarrestar la extorsión de la que venía siendo víctima el señor Luis Vargas, que comprometen la responsabilidad del Estado. Lo anterior, al margen de la responsabilidad penal declarada en contra del señor Teófilo Niño Ramírez por el delito de tentativa de extorsión, pues lo cierto es que las autoridades se extralimitaron en el ejercicio de su función en tanto de manera indiscriminada utilizaron sus armas de dotación oficial para atacar a la persona que se acercó a recoger el paquete que simulaba dinero, en lugar de haber procedido a su aprehensión.

En efecto, no se comprende como un grupo de agentes integrado por al menos doce personas, expertos todos en este tipo de eventualidades, no pudieron, sin el uso de las armas aprehender al único sujeto distinto de los miembros del grupo que arribó al sitio, sino que abrieron fuego en contra de su humanidad y lo hirieron en dos partes, al punto de considerarlo como muerto.

Es que, en efecto, conforme lo señala la Constitución, “las autoridades están establecidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia” de suerte que no es admisible, el proceder de quienes participaron en el operativo en tanto que le dispararon en repetidas ocasiones al señor Teófilo Niño impactándolo en dos oportunidades. Ahora bien, sostienen los agentes del DAS que los disparos buscaban repeler la agresión de que fueron objeto por parte del señor Teófilo Niño Ramírez, pues una vez se identificaron como miembros del grupo Únase, les empezó a disparar, no obstante, como ya se advirtió esto no está acreditado, al contrario, está demostrado el resultado negativo de la prueba de residuos tóxicos en sus dos manos y la investigación por porte de armas de fuego se precluyó en su favor.

Ahora bien, para efectos de la indemnización a que tiene derecho por los daños consistentes en la pretendida ejecución extrajudicial y en las lesiones, se conoce que el señor Teófilo Niño recibió dos disparos con arma de fuego “en región torácica derecha y miembro inferior izquierdo”, sin embargo, no se cuenta con los elementos probatorios para precisar el alcance de dichas heridas, esto es, no se conoce el grado de invalidez que las mismas le representan en su vida, razón por la que, por este daño habrá de condenarse en abstracto.

Para efectos de la reparación por la pretendida ejecución extrajudicial a la que sobrevivió el señor Niño Ramírez, la presente sentencia en su parte resolutiva deberá ser puesta a disposición de los miembros de las entidades demandadas por todos los canales de información (página web, redes sociales e instrumentos físicos), por un período de cinco meses (5) contados desde la fecha de su ejecutoria. Aunado a lo anterior se ordena al Estado aplicar todas las medidas que comprendan la garantía de no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos que se produjeron este caso, en especial hace énfasis la Sala en la afirmación del siguiente postulado: “En el Estado de derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él” (Carlos Lozano y Lozano). De igual manera de todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al despacho informes del cumplimiento dentro de los cuarenta y cinco días (45) siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Ahora, en lo relacionado con las lesiones, hay lugar al reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales. Dentro de los primeros se indemnizará el lucro cesante, que es el único que se encuentra acreditado. Para tal fin, en el incidente respectivo se tendrá en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad acreditado, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente para la época de los hechos debidamente actualizado, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. Si el monto resulta inferior al salario mínimo vigente al momento del incidente se tendrá en cuenta este y si acredita haber devengado un monto diferente se preferirá el acreditado. El periodo a indemnizar comprenderá desde el día en que recupere o recuperó la libertad hasta la vida probable.

La indemnización por concepto de lucro cesante se reconoce a favor de la víctima directa, pues, aunque las declaraciones ante notario dan cuenta de la ayuda que le brindaba a su señora madre, lo cierto es que está probado que tenía más hijos mayores de edad que también la podían socorrer.

En lo relacionado con el daño moral, se aplicarán los siguientes criterios, conforme sentencia de unificación(16):

“La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

Gráfico 2

Reparación del daño moral en caso de lesiones

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 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior al 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”.

Lo anterior, considerando que se encuentra acreditado que el señor Teófilo Niño Ramírez es hijo de la señora María del Carmen Ramírez Mateus y hermano de Doris Alejandra y Néstor Cruz Ramírez y de Wilson y Moisés Niño Ramírez, conforme los respectivos registros civiles de nacimiento y que los mismos sufrieron afectación por el daño padecido por el señor Teófilo.

No obstante, en el incidente de liquidación de perjuicios han de demostrar las demandadas el resultado de la constitución como parte civil dentro del proceso penal adelantado a los señores Plutarco Alberto Reina Camargo, Julián Herrera Flórez, Juan Francisco Herrera, Julio Roberto Llanes Ramírez, Víctor William Chaparro Clavijo, Roger Vásquez Díaz, Calixto Parra Parra, Luis Augusto Tunguito, Germán Armando Martínez y Juan Francisco Reina, que fue admitida el 11 de agosto de 2003, por la fiscalía octava de la unidad delegada ante los jueces penales del circuito de Santa Rosa de Viterbo, pues aunque en el escrito de demanda, en el acápite de perjuicios materiales y morales precisó que “se ha reservado el derecho de perseguir tal reparación a través de la jurisdicción contenciosa administrativa o, en su defecto, ante una instancia de carácter internacional” y que “dentro del proceso penal lo que interesa a la parte civil es la búsqueda de la verdad y la justicia. Así se repara en parte el daño infringido a la sociedad”, debe acreditarse cuál fue el resultado de dicha constitución, para que de ser necesario sea considerado, al momento de resolver el incidente.

Las condenas antes referidas serán asumidas por partes iguales por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sucedido procesalmente por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, estando legitimada la parte actora para reclamar el total de la condena a cualquiera de las demandadas, como integrantes del grupo Únase(17) que adelantó el operativo.

Ahora bien, en lo relacionado con el llamamiento en garantía formulado por el Ministerio Público para que se vinculara al asunto a los señores Hernán Hackspiel Olano, Juan Manuel González, Luis Chacón Quevedo, Plutarco Alberto Reina Camargo, Juan Francisco Herrera Flórez, Julián Herrera Flórez, Víctor William Chamorro Clavijo, Roberto Llanes Ramírez, Roger Vásquez Díaz, Luis Augusto Tonguino Mirama y Germán Armando Martínez Roa, todos debidamente notificados, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, vigente para época de los hechos señalaba:

ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

A su vez esta corporación ha puntualizado(18):

“El inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, por su parte, permite dilucidar dos relaciones jurídicas perfectamente claras, una es la surgida por el daño, entre el Estado y la víctima y otra la que, en razón de una condena, permite llamar a responder al agente estatal, ya no por el daño, sí por la condena. Esto es así porque la norma constitucional prevé que, “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños [antijurídicos], que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este” (negrillas fuera de texto).

(...).

En lo que tiene que ver con la conducta de los agentes, es menester señalar que corresponde al llamante en garantía probar que incurrieron en culpa grave o dolo, dando lugar a la condena; al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil norma que, siguiendo el principio generalmente aceptado en materia probatoria, dispone que incumbe a cada una de las partes probar los supuestos de hecho que alega”.

En efecto, si se considera que se pretendió una ejecución extrajudicial del señor Teófilo Niño Ramírez, la culpa de la que trata el artículo 63 del Código Civil, se encuentra plenamente estructurada, pues es cuestionable el proceder de los integrantes del grupo Únase que participaron en el operativo a mando del Mayor Hermann Hackspiel Olano. Lo anterior si se considera que ante la comisión de la conducta punible de extorsión por la que fue condenado penalmente el señor Niño Ramírez implicaba su aprehensión y la puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantarle el juicio correspondiente y no la utilización indiscriminada de sus armas de dotación oficial al punto de darlo por muerto.

Aunado a lo expuesto, los integrantes del grupo comandado por el Mayor Hackspiel Olano conocían de antemano la situación que se venía presentado, pues sabían de la denuncia formulada por el señor Luis Vargas por el delito de extorsión, acordaron con el extorsionista, el monto a entregar, el lugar, la fecha y la hora, organizaron el operativo y como expertos en la materia conocían que debían aprehenderlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, del material obrante en el plenario se encuentra acreditado que al mando del operativo se encontraba el Mayor Hermann Hackspiel Olano y que mientras avisó de lo ocurrido al CTI, dejó al mando al señor Juan González. Tres de los llamados en garantía (Julián Herrera, Víctor William Chamorro y Calixto Parra Parra) sostuvieron en sus declaraciones que, aunque participaron en el operativo no dispararon su arma mientras que otros tres (Juan Francisco Herrera, Julio Roberto Llanes y Plutarco Alberto Reina) admitieron haber accionado su arma. Finalmente, no se sabe nada de la participación en los hechos respecto de los llamados Germán Armando Martínez, Luis Chacón Quevedo, Roger Vásquez Díaz y Luis Tanguino Miranda, razón por la que estos últimos cuatro no podrán ser condenados, al igual que los que se conoce no accionaron su arma por no estar en el lugar exacto de los hechos.

Ahora, respecto de los demás llamados en garantía la Sala condenará el reintegro porcentual de la condena a las demandas al comandante del operativo Mayor Hermann Hackspiel Olano en un 60% y a los señores Juan Francisco Herrera, Julio Roberto Llanes y Plutarco Alberto Reina en partes iguales el 40% restante.

Finalmente, no se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida 14 de febrero de 2005 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y solidariamente responsable a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de los tratos crueles e inhumanos sufridos por el señor Teófilo Niño Ramírez en hechos ocurridos el día 2 de marzo de 1993 en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá.

2. CONDENAR a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado a pagar por concepto de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante con ocasión de las lesiones del señor Teófilo Niño Ramírez las sumas que resulten acreditadas en el incidente respectivo conforme la parte motiva de esta providencia y teniendo en cuenta que las demandadas deberán acreditar cuál fue el resultado de la constitución de parte civil en el proceso penal, para que sea considerado, al momento de resolver el incidente.

3. ORDÉNASE publicar la parte resolutiva de esta sentencia para que a disposición de los miembros de las entidades demandadas por todos los canales de información (página web, redes sociales e instrumentos físicos), por un período de cinco (5) meses contados desde la fecha de su ejecutoria. Aunado a lo anterior se ordena al Estado aplicar todas las medidas que comprendan la garantía de no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos que se produjeron este caso, en especial hace énfasis la Sala en la afirmación del siguiente postulado: “En el Estado de derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él” (Carlos Lozano y Lozano). De igual manera de todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al despacho informes del cumplimiento dentro de los cuarenta y cinco días (45) siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

4. CONDENAR al reintegro porcentual de la condena a las demandas al comandante del operativo Mayor Hermann Hackspiel Olano en un 60% y a los señores Juan Francisco Herrera, Julio Roberto Llanes y Plutarco Alberto Reina en partes iguales el 40% restante.

5. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

6. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) El 24 de febrero de 1995, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 9.610.000 conforme el Código Contencioso Administrativo y la mayor de las pretensiones fue establecida en la suma equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno de los actores por concepto de perjuicio moral. Conforme el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/precios-oro-plata-platino), ese día el valor del gramo oro ascendía a $ 9.999.05, es decir, la mayor de las pretensiones se fijó en $ 9.999.050.

(4) Además de las decretadas y practicadas en primera instancia, serán consideradas las decretadas por esta corporación y que corresponden a “las partes procesales que, para el momento de su práctica en primera instancia, no habían sido producidas tanto en la investigación penal como disciplinaria” (fls. 599-606, cdno. 1). No serán valoradas las declaraciones extrajuicio obrantes a folios 12 y 13 del cuaderno 1 en tanto provenientes de una de las partes (María del Carmen Ramírez Mateus).

(5) Hacen parte del acervo probatorio los expedientes relacionados con el proceso disciplinario adelantado a los funcionarios del DAS, el proceso penal en contra del señor Teófilo Niño Ramírez y el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Walter Oswaldo Montoya Blanco, funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

(6) Corte Constitucional. Sentencia del 20 de agosto de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.

(7) Para un estudio exhaustivo sobre las ejecuciones extrajudiciales es posible consultar el texto International Humanitarian Rights de los profesores Philip Alston y Ryan Goodman, editado por Oxford University Press, 2012.

(8) Aprobada mediante Ley 5ª de 1960, ratificada el 8 de noviembre de 1961.

(9) Artículo 7º.
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;
b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
3. A los efectos del presente estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.

(10) ART. 3º—Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

(11) Artículo 6º.
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países en que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

(12) Ratificado el 29 de octubre de 1969.

(13) Artículo 4º. Derecho a la vida
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

(14) Ratificada el 31 de julio de 1973.

(15) El señor Juan Humberto Sánchez fue detenido por las Fuerzas Armadas hondureñas por su presunta vinculación al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El 22 de junio de 1992 fue encontrado su cadáver cerca de un río.

(16) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de agosto de 2014. M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Exp. 31172.

(17) La Ley 40 de 1993 por medio de la cual se adoptó el estatuto nacional contra el secuestro, dispuso: Capítulo V: Labores de inteligencia y grupos Únase. ART. 27.—Coordinación de información sobre inteligencia contra secuestro y extorsión. El Ministro de Defensa Nacional conformará un comité integrado por los organismos de seguridad del Estado a fin de coordinar la recolección, análisis, evaluación y difusión de la información requerida por la Fiscalía General de la Nación y demás organismos encargados de investigar y reprimir los delitos de extorsión y secuestro.

(18) Consejo de Estado. Sentencia del 30 de julio de 2015, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Exp. 33925.