Sentencia 1995-15229 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA — SUBSECCIÓN B

Rad.: 15001-23-31-000-1995-15229-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 26547

Actor: Eccehomo Miguel Forero Páez y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Las excepciones propuestas.

8. Se formularon las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Mery Guzmán Forero, comoquiera que no se habría precisado la calidad o interés que le asistía para concurrir al proceso —excepción acogida y declarada por el a quo— ; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva del colegio municipal El Sol de Ráquira, por cuanto dicha entidad habría nacido a la vida jurídica el 20 de agosto de 1994, momento en el cual el antiguo colegio cooperativo El Sol fue municipalizado; por la persona jurídica que debió ser demandada ya no existe y el colegio municipal El Sol de Ráquira no puede responder por las posibles obligaciones adquiridas antes de su existencia por una persona jurídica ya extinguida —excepción que no prosperó—, y (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Boyacá, toda vez que no tendría a su cargo la vigilancia o supervisión del colegio donde ocurrieron los hechos por ser este del orden municipal —excepción declarada por el Tribunal—. A su vez, el a quo de oficio declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa, por no tener relación alguna con los hechos del sub lite.

8.1. Ha señalado la Sala que la legitimación en la causa “por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho”(2). La legitimación es, por lo tanto, presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al actor. En consecuencia, si aparece acreditado en el proceso que la entidad que ha sido demandada, conforme a la ley sustancial no es la llamada a responder eventualmente por el daño cuya indemnización se reclama, habrán de negarse las pretensiones de la demanda. Así mismo, si quien demanda, pese a tener vocación jurídica para reclamar el derecho que alega conculcado, no acredita tal padecimiento, no logrará una sentencia favorable a sus pretensiones.

8.2. Acerca de la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Mery Guzmán Forero, declarada por el a quo en atención a que aquella no habría acreditado relación de parentesco o vínculos afectivos con las víctimas, precisa la Sala que tal circunstancia no configura una ausencia de legitimación para actuar, sino que, de verificarse tal deficiencia de medios probatorios que permitan tenerla como damnificada por la muerte del señor Forero Morales, lo que se presentaría es una denegatoria de las pretensiones por ella formuladas, situación que se verificará posteriormente —ver infra párr. 36—, motivo por el cual la excepción no está llamada a prosperar.

8.3. En cuanto a la comparecencia al proceso en calidad de demandado del colegio municipal El Sol de Ráquira, observa la Sala que las imputaciones en su contra se fundamentan en que los hechos en los que perdió la vida el señor Forero Morales ocurrieron en sus instalaciones, cuando se celebraba un bazar para recoger fondos para dicho plantel educativo y con un arma de fuego de su propiedad.

8.3.1. Al respecto, se observa que el colegio municipal El Sol de Ráquira es un establecimiento público creado el 20 de agosto de 1994, mediante el Acuerdo 6 de ese mismo año, proferido por el concejo municipal de Ráquira (copia auténtica del acuerdo y certificación original suscrita por el director de núcleo educativo de la alcaldía municipal de Ráquira —fls. 98, 100-101 cdn. ppl.—).

8.3.2. Dicha decisión obedeció a que en el municipio de Ráquira funcionaba el colegio cooperativo El Sol, establecimiento educativo de carácter privado, cuya fundación fue autorizada mediante la Resolución 766 del 25 de agosto de 1976, emanada de la secretaría de educación de Boyacá, de propiedad de la persona jurídica de derecho privado Cooperativa Multiactiva de Ráquira Ltda. (certificación original expedida por la secretaría de educación de Boyacá y copia auténtica de los diferentes actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Educación y la secretaría de educación del departamento de Boyacá aprobaron los planes de estudios del colegio cooperativo El Sol, para los años 1978 a 1991 — fl. 62 cdn. ppl. y 237-248 cdn. pruebas 1—), y que para ese momento se encontraba en una deficiente situación económica, por lo cual y, a efectos de asegurar la continuidad en la prestación del servicio de educación, se resolvió su municipalización, en los siguientes términos:

ACUERDO 6 DE 1994 

(Agosto 20)

“Por el cual se munipaliza (sic) un colegio”.

El concejo municipal de Ráquira

en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

a. Que viene funcionando un colegio cooperativo en predio del municipio desde hace 17 años sin que la cooperativa aporte profesores para el funcionamiento.

b. Que el municipio ha aportado dineros para la construcción de salones, baños y campo deportivo y paga varios profesores.

c. Que el mencionado plantel carece de salones e instalaciones administrativas, dotación, así como de material didáctico para poder prestar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.

d. Que el Colegio "El Sol" por ser de carácter privado no puede el municipio aportarle dineros.

e. (…).

f. Que el Consejo preocupado por prestar un mejor servicio, rebajar el costo de las pensiones y terminar la construcción de las instalaciones,

ACUERDA:

ART. 1º—Municipalizar el colegio cooperativo "EL SOL" que funciona en el centro de la población en predios de propiedad del municipio.

ART. 2º—Su razón social a partir de la fecha será “Colegio Municipal El Sol de Ráquira”, para todos los efectos legales (…) (copia auténtica del Acuerdo 6 de 1994 —fls. 100-101 cdn. ppl.—).

8.3.3. Ahora bien, se aprecia que en el acto administrativo de creación del colegio municipal El Sol de Ráquira, no se previó que el nuevo establecimiento educativo de carácter oficial asumiría los pasivos y obligaciones del colegio cooperativo El Sol. Por el contrario, según la Certificación RB -3839 de diciembre 28 de 1995 suscrita por el director regional del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, la cooperativa Multiactiva de Ráquira Ltda., propietaria del colegio cooperativo El Sol, entró en proceso de disolución y liquidación mediante Acta 1 del 24 de febrero de 1994, es decir, con anterioridad a la creación del colegio municipal El Sol de Ráquira (en original —fl. 41 cdn. pruebas 1—).

8.3.4. De lo anterior se concluye que el establecimiento público colegio municipal El Sol de Ráquira carecía de vocación jurídica para ser demandado en el presente proceso, comoquiera que no consta en el expediente que este establecimiento público hubiese sucedido en sus obligaciones y pasivos al extinto colegio cooperativo El Sol, cuya propietaria, la cooperativa Multiactiva de Ráquira Ltda., entró en proceso de liquidación de manera previa a la presentación de la demanda. En consecuencia, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el mencionado colegio municipal está llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

8.4. Respecto de la participación en el proceso del departamento de Boyacá en calidad de demandado, se advierte que las imputaciones jurídicas en su contra se cimentan en que dicho ente territorial era el encargado de vigilar y dirigir el servicio de educación en su jurisdicción, obligación que habría sido defectuosa dando lugar a los hechos en los que perdió la vida el joven Morales Forero.

8.4.1. En este punto precisa la Sala que los hechos narrados en la demanda no guardan relación con el servicio público de educación propiamente dicho, sino con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un agente de la administración, comoquiera que, según lo afirmó la parte actora, Carlos Miguel Forero Morales no era alumno del plantel educativo donde ocurrieron los hechos, ni mucho menos se encontraba participando de una actividad de esa índole, sino que era un particular que en circunstancias que serán analizadas a posteriori —ver infra párr. 11.3 a 11.7—, padeció un daño presuntamente causado por un agente estatal. En consecuencia, se tiene por configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Boyacá.

8.5. Acerca de la excepción declarada de oficio por el a quo, en cuanto a que la Nación-Ministerio de Defensa no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, toda vez que no tendría relación alguna con los hechos del sub lite, la Sala se aparta de dicho razonamiento, comoquiera que las imputaciones en contra de este demandado se contraen a cuestionar un presunto “deficiente control en el uso de armas de fuego por particulares”, circunstancia que hace parte de los hechos de la demanda y que deberá ser objeto de prueba, por lo que —como ya se advirtió— de no encontrarse acreditada tal falencia, o de establecerse que la misma no fue la causa del daño que alega haber sufrido la parte actora, no habrá lugar a declarar una ausencia de legitimación, sino a denegar cualquier atribución de responsabilidad en contra de este demandado y, en consecuencia, ninguna condena le podrá ser impuesta.

9. Por otra parte, y aunque no se formuló excepción alguna respecto de la participación en calidad de demandado del señor José Antonio Jerez Ruiz, se considera pertinente aclarar que su vinculación al proceso no obedece al fuero de atracción —como se señaló en la sentencia impugnada—, sino a la potestad que el artículo 78 del C.C.A., le otorga al perjudicado de formular sus pretensiones en contra de la entidad pública que estima causante del daño, del agente estatal o de los dos. Señala dicha norma:

ART. 78.—Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.

9.1. Al respecto, la jurisprudencia de la corporación(3) ha sido constante en señalar que el sentido de la norma citada en precedencia consiste en que el perjudicado podrá demandar el resarcimiento de perjuicios a la entidad, al funcionario o a ambos, solo que el agente estatal incurrirá en responsabilidad en el evento de que prospere la demanda contra la entidad o contra ambos. En estos últimos casos, la sentencia declarará tanto la responsabilidad de la entidad pública por el daño antijurídico irrogado a la víctima, como la responsabilidad del funcionario por su conducta dolosa o gravemente culposa que ocasionó el daño, pero dispondrá que los perjuicios sean pagados por aquélla y no por este, contra quien la entidad deberá repetir lo efectivamente pagado, en la proporción ordenada en la sentencia. En palabras de la jurisprudencia:

Si bien es cierto por expreso mandato legal (art. 78 del C.C.A.) se puede en este tipo de acción demandar a la entidad pública o al funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa comprometió la responsabilidad del ente al cual está adscrito o a ambos (como sucedió aquí), no es menos cierto que en esta última eventualidad no puede hablarse de solidaridad entre la persona pública y su servidor, porque, en el fondo, este último es la administración misma; en otros términos, porque la persona pública y su funcionario son una sola persona, ya que aquélla actúa a través de éste y para que exista la solidaridad debe darse, por activa, o por pasiva la pluralidad de sujetos.

No obstante lo dicho la antecitada norma permite demandar al funcionario cuando éste con su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones, cause perjuicios que deban resarcirse.

Es esa la razón que les permite a los perjudicados demandar, ante esta jurisdicción, a la entidad pública, al funcionario o ambos como pasa a explicarse:

a) Si se demanda sólo a la entidad y no se hace llamamiento en garantía, la condena será contra ésta. Si dentro del proceso se infiere que la responsabilidad del ente se debió a la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, podrá la administración demandar en acción de repetición a dicho funcionario.

b) Si se demanda solo a la entidad, esta podrá llamar en garantía al funcionario que la comprometió con su conducta dolosa o gravemente culposa. Aquí la condena, frente al demandante se entiende, será solo contra la entidad. Pero, si además se comprobó dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario, la sentencia deberá disponer que la entidad repita contra dicho funcionario por lo que le corresponde.

c) Si se demanda a la entidad y al funcionario y se considera que este debe responder, en todo o en parte, se impondrá la condena contra aquella, debiendo esta repetir contra el funcionario por lo que le correspondiera, una vez efectuado el pago.

Lo precedente permite afirmar que en tales eventos por voluntad de la ley, no se le da entrada a la solidaridad por pasiva entre la administración y el funcionario que haya actuado con dolo o culpa grave(4).

9.2. Se advierte que el artículo 78 del C.C.A., aunque anterior al artículo 90 de la Constitución, continúa vigente porque no solo no riñe con este, sino porque se ajusta a su mandato, el cual inequívocamente contempla la acción de repetición, en defensa del patrimonio estatal, como sanción para el agente estatal que con su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones hubiere causado perjuicios. Así lo entendió la Corte Constitucional en la Sentencia C-430 de 2000(5), en la que revisó la constitucionalidad de la norma:

3.5. Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, solo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición.

Ahora, cabría preguntarse, si por el hecho de que el art. 78 autorice que la demanda pueda promoverse contra la entidad comprometida en el daño, o contra esta y el funcionario, (sic) se desbordan los límites de la regulación constitucional?

Desde luego que no, porque la referida norma debe ser entendida bajo la idea de que solo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando esta puede repetir contra el funcionario. De manera que con la demanda simultánea de la entidad y del agente no se vulnera la mencionada norma constitucional, sino que se atiende a la economía procesal, porque en un mismo proceso se deduce la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde.

Según lo anterior, la norma debe interpretarse en el sentido de que únicamente puede perseguirse al funcionario por la vía de la acción de repetición, solo después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado por el daño antijurídico por el cual debe responder. La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado.

Conforme a las consideraciones precedentes la Corte concluye lo siguiente:

a) La norma cuestionada habilita al perjudicado para promover la acción resarcitoria frente a la entidad, el funcionario o contra ambos. Sin embargo, debe entenderse que la responsabilidad del agente se ve comprometida siempre que prospere la demanda contra la entidad, o contra ambos.

b) Cuando prospera la demanda contra ambos, la sentencia declara la responsabilidad de la entidad pública, así como la responsabilidad del funcionario por haber incurrido en la conducta dolosa o gravemente culposa que contribuyó a la ocurrencia del daño. Pero la obligación de resarcir los perjuicios se impone a la entidad y no al funcionario; pero a la entidad se le reconoce el derecho de repetir lo pagado contra el funcionario. Ello es así, porque la responsabilidad por el daño antijurídico es del Estado y no propiamente de su agente; lo que sucede es que la conducta de este gravemente culposa o dolosa, determinante del daño, tiene como consecuencia el que la entidad pueda repetir lo pagado.

c) Entiende la Corte, además, que así no se demande al funcionario o agente, el juez administrativo está facultado para llamarlo en garantía de oficio o a solicitud de la entidad demandada o del ministerio público. En este evento, la situación procesal es exactamente igual a la que ocurre cuando se vincula directamente a aquel como demandado en el proceso. Y si no ocurre ni lo uno ni lo otro, la solución se encuentra en el inciso segundo del art. 86 del C.C.A. en la forma como fue modificado por el art. 31 de la Ley 446/98, que en relación con la reparación directa dispone:

“Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resultan perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.

En síntesis, el funcionario puede ser condenado a repetir siempre que haya sido demandado en un proceso conjuntamente con la entidad pública, o cuando es llamado en garantía en este, o cuando se le impone la obligación de restituir a la entidad pública lo pagado en proceso separado, según la norma antes transcrita.

9.3. En el sub lite se acreditó que para la época de los hechos, el señor José Antonio Jerez Ruiz se encontraba vinculado mediante un contrato de prestación de servicios con el municipio de Ráquira, cuyo objeto era la prestación del servicio de celaduría de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., al colegio cooperativo El Sol, que —como ya se señaló— funcionaba en un predio que dicho ente territorial le había entregado para tales propósitos a esa institución educativa (en original certificación de agosto 10 de 1997, suscrita por el alcalde municipal de Ráquira —fl. 258 cdn. pruebas 1—).

9.4. En consecuencia, resulta palmario que el señor Jerez Ruiz no puede ser tratado como un particular co-causante del daño, con vocación para responder in solidum con la administración por los perjuicios que se alegan como causados a la parte actora, sino como el agente estatal autor material del daño que se le atribuye a la administración, por lo cual y al tenor del citado artículo 78 del C.C.A., en caso de establecerse que ese daño sí le resulta imputable al Estado, se deberá estudiar —de forma conexa— la responsabilidad que a su agente le cupiere, en el evento en que se acredite que este actuó con dolo o culpa grave.

9.5. Precisa la Sala que si bien el señor José Antonio Jerez Ruiz no era propiamente un “funcionario” del municipio de Ráquira, sí era —en virtud del vínculo contractual— un agente suyo y, tal como lo señala el artículo 90 de la Constitución en su inciso segundo, el Estado deberá repetir contra el “agente” —genéricamente entendido—, que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere causado el daño por el cual la administración resulta condenada y es, justamente, al tenor de esta disposición constitucional que debe entenderse la norma consagrada en el artículo 78 del C.C.A., que posibilita al perjudicado a demandar a la entidad, al “funcionario” o a ambos.

III. Validez de los medios de prueba.

10. El artículo 185 del C.P.C., aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del C.C.A., establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. No obstante, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(6).

10.1. En el caso objeto de examen, la parte actora solicitó expresamente el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado contra el señor Antonio Jerez Ruiz, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Estas pruebas serán valoradas(7)en su totalidad respecto de la parte actora —quien solicitó su traslado—, del municipio de Ráquira y del señor Antonio Jerez Ruiz, quienes de forma expresa adhirieron a tal solicitud y además, este último, fue parte en el mismo en calidad de sindicado, de manera que en ningún caso se podrá alegar su desconocimiento. No obstante lo anterior, los testimonios allí recepcionados no podrán ser valorados en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, dado que no fueron ratificados en este proceso y su traslado no fue solicitado por éste sujeto procesal (artículo 229 C.P.C.); en cambio, la prueba documental trasladada del mismo procedimiento se valorará incluso en contra de aquel, toda vez que estuvo en el expediente a su disposición y en consecuencia tuvo la oportunidad de controvertirla(8), sin que le hubiere merecido réplica alguna.

IV. Hechos probados.

11. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

11.1. El 14 de mayo de 1993, el colegio cooperativo El Sol, ubicado en el municipio de Ráquira, celebró una sesión del consejo de administración de dicho plantel, con la presencia del rector del plantel José Antonio Niño Páez, quien era profesor del orden departamental desde 1976. En dicha sesión —entre otros temas—, se ultimaron los detalles de un bazar que se celebraría los días 22 y 23 de mayo de ese mismo año, tales como, solicitar presencia de agentes de la Policía Nacional para el desarrollo seguro de la actividad; así mismo, se tomó la decisión de adquirir una escopeta para que la utilizara el señor José Antonio Jerez Ruiz, quien a través de un contrato de prestación de servicios celebrado con el municipio de Ráquira, era la persona que de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., cuidaba las instalaciones donde funcionaba el colegio y que eran de propiedad de dicho ente territorial. El señor Jerez Ruiz carecía de salvoconducto para usar la escopeta que posteriormente se adquirió (en copia auténtica: Acta 4 del 14 de mayo de 1993, correspondiente a la sesión del consejo de administración del colegio cooperativo de El Sol y providencia de octubre 13 de 1993, proferida por la Fiscalía 28 de la unidad especializada de Chiquinquirá y, en original: certificación de agosto 10 de 1997, suscrita por el alcalde municipal de Ráquira y Certificación 15661/GSG-AG-702 de diciembre 28 de 1995, suscrita por el secretario general de Indumil y constancia de agosto 6 de 1997, suscrita por el coordinador del grupo de hojas de vida de la secretaría de educación departamental —f. 102-105 cdn. ppl., 94, 253, 258 y 271-282 cdn. pruebas 1—).

11.2. El 22 de mayo de 1993, en el aula múltiple del colegio cooperativo El Sol, se llevó a cabo el bazar, para cuyo desarrollo contó con la colaboración de la Policía Nacional representada por tres agentes, entre ellos el comandante de la sub-estación de Ráquira, con la finalidad de ayudar a los alumnos y profesores para que al lugar no ingresaran personas sin los correspondientes pases de entrada (testimonios rendidos ante el a quo por los agentes de la Policía Nacional Alirio Medina Lizarazo y Bernardo Ruiz Gaitán, así como por el señor José Antonio Niño Páez, rector del colegio cooperativo El Sol para la época de los hechos —f. 19-21 y 36-40 c. pruebas 2—). Relató el agente de la Policía Nacional Bernardo Ruiz Gaitán:

Ese día me encontraba laborando en ese municipio como agente de la Policía. En esa fecha se llevaba a cabo un baile en el colegio cooperativo El Sol de la población de Ráquira, se llevó a efecto en horas de la noche, por tal motivo solicitaron al comando de la Policía, que la Policía les prestara vigilancia para esa actividad, al encontrarme disponible me correspondió el servicio a mí para esa actividad, en compañía del comandante de la sub-estación de Ráquira señor dragoneante Díaz Roa Gilberto, y otro agente de la Policía a quien no le recuerdo el nombre. La misión nuestra era controlar que no se entrara personal al salón antes de exhibir una boleta que era vendida para recolectar fondos para el colegio (…)

11.3. Ese día, en horas de la noche, el joven Carlos Miguel Forero Morales, en compañía de otros amigos, acudió a las instalaciones del colegio cooperativo El Sol, con el fin de participar en el bazar (en copia auténtica: testimonio rendido el 25 de mayo de 1993 ante la Fiscalía Veinticinco de la unidad especializada de Chiquinquirá por el señor Luis Germán Ruiz Pérez —testigo presencial de los hechos— y, en original: los testimonios rendidos dentro del proceso contencioso administrativo por el mismo declarante, el 1º de febrero de 1993 y el 3 de octubre de 1996, los cuales guardan correspondencia entre sí —fls. 161-164, 212-215 y 261-264 cdn. pruebas 1—). Ante la fiscalía de conocimiento relató el señor Luis Germán Ruíz Pérez:

El sábado 22 del presente mes, salimos de Sutamarchán Carlos Forero Morales, Luis Germán Ruiz Pérez, salirnos en cicla con destino hacia Ráquira en compañía de Óscar Alvarado y Omar Alvarado, primos de la víctima, salimos como a las ocho y media de la noche, salimos por la carretera y estaba todo oscuro (…), llegando a Ráquira nos sentamos ahí en el parque después de haber dado unas vueltas, mirando a ver si había baile, como había sido anunciado en el pueblo por citófono y parecía que no había nada, enseguida salió el rector del colegio de Ráquira en un carro y le preguntamos que si iba a haber algo, entonces él no paró ni nada, pero apenas nos dijo “sí, sí” a la carrera y nosotros decidimos esperar un buen rato y después nos dirigimos al colegio (…) (similar versión fue rendida en dos oportunidades, por el mismo deponente, dentro del proceso contencioso administrativo).

11.4. Después de las 10:30 p.m., los alumnos del mencionado colegio y el rector requirieron a Carlos Miguel Forero Morales y a sus amigos la entrega de las boletas de acceso al bazar y, dado que estos no las habían adquirido, se les solicitó abandonar el lugar (de conformidad con los testimonios ya referidos):

(…) no cobraban la entrada al principio (…), después de haber pasado un buen tiempo bailando y tomando, llegó un grupo vallenato, pero tarde, por ahí como a las diez y media de la noche, entonces le dijeron a la gente que iban a pasar alumnos del colegio recogiendo las boletas, que se hicieran todos al lado derecho y dos alumnos se nos acercaron y nos preguntaron que si teníamos boletas, nosotros les contestamos que nos esperaran un ratico que no sabíamos si nos íbamos a quedar o si nos íbamos, después el mismo rector pasó recogiendo las boletas, quien nos pidió las boletas y nosotros le dijimos que ya le habíamos hecho el gasto que era probable que nos quedáramos y él nos contestó que no le mamáramos gallo y que si no que llamaba a la Policía para que nos sacara (…) (copia auténtica del ya referido testimonio rendido ante la Fiscalía Veinticinco de la unidad especializada de Chiquinquirá por el señor Luis Germán Ruiz Pérez).

11.5. Cuando el señor Forero Morales y sus compañeros se disponían a salir del colegio, notaron que la oficina de rectoría se encontraba abierta y con las luces encendidas, por lo que él y Luis Germán Ruíz Pérez ingresaron al recinto con el ánimo de buscar boletas que les permitieran permanecer en el bazar (ibídem). Informó el señor Ruíz Pérez, único testigo presencial de los hechos:

(…) nosotros cogimos las ciclas y nos desplazamos hacia Sutamarchán bajando por el lado de la entrada principal del colegio, cuando íbamos al frente de la rectoría nos dio curiosidad porque la luz estaba prendida y la puerta medio abierta, entonces yo golpié (sic) tres veces, empujamos la pueda y entramos (…). Preguntado: Dígale a la fiscalía por qué razón entraron ustedes a la oficina de la rectoría del colegio. Contestó: Nosotros vimos la luz prendida y nos dio curiosidad por ver la puerta abierta y entramos a mirar haber (sic) si había boletas para devolvernos al baile (…).

11.6. En esos momentos ingresó a la rectoría el señor Antonio Jerez Ruiz, celador del colegio, quien al percatarse de la presencia de dos individuos desconocidos, disparó una escopeta en contra del primero; a continuación, el señor Ruíz Pérez trató de quitarle el arma al celador pues temía que también le disparara. Tras un forcejeo la escopeta se partió en dos y Luis Germán Ruíz Pérez tomó la culata, golpeó al celador y huyó del escenario de los hechos. Posteriormente, puso en conocimiento de la inspección de policía de Sutamarchán —municipio donde Carlos Miguel Forero Morales y sus amigos habitaban— lo acontecido (copia auténtica del testimonio en cita y del Oficio 030/YDRAQ, mediante el cual se deja a disposición un retenido, una escopeta y se informan unos hechos, suscrito por el comandante de la estación de policía de Ráquira —fl. 260 cdn. pruebas 1—). Informó el testigo:

(…) después de haber mirado unas hojas que había ahí sobre un escritorio, no más de dos minutos duramos adentro, decidimos salir y se abrió la puerta de repente y el tipo le disparó a mi amigo, es decir a Carlos Miguel Forero, sin decir nada, le disparó cerca, no se escuchó mucho eco, después el tipo me agredió en la cabeza con la escopeta y volvió y me apuntó a mí y yo reaccioné y no sé cómo le quité la escopeta y empezamos a luchar, pero nadie soltaba la escopeta, después de haber luchado nos fuimos al piso, yo lo saqué hacia la parte afuera, entonces el tipo se cayó pero con la escopeta sostenida, yo le cogí con una mano la escopeta y con la otra le daba en la cara, pero sentía que yo le daba sin alientos, defendiéndome, después se levantó el tipo, volvimos y caímos y se partió la escopeta, en los instantes en que nosotros nos encontrábamos luchando con el tipo, yo le decía a Carlos que se fuera, el tipo quedó con el cañón en la mano, yo quedé tendido en el piso con la culata, entonces es donde yo me doy cuenta que el tipo estaba como borracho o como drogado porque tiraba a pegarme y no me daba, después yo me levanté y le mandé un cachazo y se lo pegué en la cara, entonces el tipo que estaba de pie se quejó y trató de irse, en ese momento emprendí la huida, cogí la bicicleta y ya estando montado voltié (sic) a mirar hacia atrás y venía otra vez el tipo con el cañón en la mano, en ese instante después de estar bajando los escalones en bicicleta, como a unos diez metros venían subiendo dos tipos y les grité que “pilas que ese man (sic) está loco” y ahí fue que me di cuenta que estaba sangrando y yo me vine hacia Sutamarchán asustado y del miedo que tenía que me vinieran siguiendo me salí a la carretera como tres veces (…), después de haber llegado a mi casa le conté a mi mami y mandamos a una hermana para que le avisara al inspector de Policía de Sutamarchán, y el inspector fue a buscar a un cuñado de la víctima y se regó el cuento en el pueblo y se fueron para Ráquira a mirar qué había pasado. Aclaro que en el momento de los hechos Omar y Óscar Alvarado primos de Carlos no estaban ahí presentes porque ellos bajaron por otro lado, es decir por la carretera que dirige hacia Candelaria. Ya cuando la gente regresó de Ráquira trajeron la noticia de que Carlos había muerto (…). Preguntado: Sírvase decimos si la persona que disparó en contra de Carlos Miguel Forero Morales les dijo algo antes de disparar y qué tiempo había transcurrido desde que ustedes entraron a la rectoría. Contestó: Nosotros no alcanzamos a durar dos minutos, cuando el tipo de repente llegó y sin decir nada disparó contra mi amigo, la puerta la habíamos dejado entreabierta. Preguntado: Sírvase decimos si alguna otra persona se dio cuenta de estos hechos, en caso afirmativo quién. Contestó: Únicamente estábamos los dos y el celador, yo creo que el tipo no se dio cuenta de quién estaba dentro, sino que disparó de una vez.

Se lee en el informe de policía:

El antes en mención (José Antonio Jerez Ruiz) fue retenido el día 23-05-93 a las 12:10 horas de la noche en las instalaciones del colegio cooperativo El Sol de Ráquira y misma (sic) forma se le incautó una escopeta de cartucho calibre 16 marca Wilchester Nº 2222222, en regular estado y una vainilla calibre 16, el antes en mención hirió al señor Carlos Miguel Forero Morales, 20 años, soltero, estudiante, C.C. Nº (...), natural y residente en Sutamarchán, quien falleció minutos después en el hospital de esta localidad y presentaba una herida debajo de la tetilla izquierda, dicho herido se encontraba dentro del salón de la rectoría de dicho Colegio, de donde se sacó para su traslado al hospital.

Igualmente el señor Antonio Jerez presentaba una herida en el cráneo y hematoma en la cara al lado izquierdo, quien nos informó que otro sujeto que venía con el herido se le (sic) había agarrado y le quitó la escopeta y con ella misma le había pegado, el cual posteriormente huyó, hechas averiguaciones por la Policía acantonada en esta localidad se pudo establecer que al parecer sujeto es de nombre Germán Ruiz, 18 años aproximadamente y residente en Sutamarchán sin más datos.

11.7. Carlos Miguel Forero Morales falleció el 23 de mayo de 1993 en el municipio de Ráquira, Boyacá, como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio por anemia aguda a causa de hemorragia intratoráxica e intraabdominal”, secundario a una herida por disparo de arma de fuego, representada en un “orificio de 3 cms. de diámetro a nivel del 6º espacio intercostal con línea medio-clavicular (…) se encontró esferas de 2 mm de diámetro” (en original el certificado del registro civil de defunción del señor Forero Morales y en copia auténtica la providencia de octubre 13 de 1993, proferida por la Fiscalía 28 de la unidad especializada de Chiquinquirá —fls. 10 cdn. ppl. y 271-282 cdn. pruebas 1—).

11.8. El 13 de octubre de 1993, la Fiscalía 28 de la unidad especializada de Chiquinquirá resolvió precluir la investigación que en dicho despacho cursaba en contra del señor José Antonio Jerez Ruiz, por el delito de homicidio simple, comoquiera que aquel habría actuado en legítima defensa (copia auténtica —fls. 271-282 cdn. pruebas 1—).

11.9. Carlos Miguel Forero Morales era: hijo de los señores Eccehomo Miguel Forero Páez y Emma Morales (en original el certificado del registro civil de nacimiento de Carlos Miguel Forero Morales —fl. 9 cdn. ppl.—); hermano de Cielo Piedad, Juan Ricardo, Emmanuel, Martha Isabel, Francisco Eccehomo, Claudia Consuelo y Amparo Cristina Forero Morales, Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán (en original los certificados de los registros civiles de nacimiento de los mencionados demandantes, donde se consignó que son hijos del señor Eccehomo Miguel Forero Páez —fls. 12-18 y 21-24 cdn. ppl.—) y nieto de Miguel Antonio Forero Ávila y Anafelina Páez Rivera (en original el certificado del registro civil de nacimiento de Eccehomo Miguel Forero Páez, en el que consta que es hijo de los mencionados señores —fl. 11 cdn. ppl.—).

11.10. Anafelina Páez Rivera, quien falleció el 5 de enero de 1995 (en original el certificado del registro civil de defunción de la señora Páez Rivera —fl. 15 cdn. ppl.—), era: cónyuge del señor Miguel Antonio Forero Ávila (en original el certificado de la partida del matrimonio eclesiástico(9) celebrado el 1º de febrero de 1930 entre los mencionados señores en la parroquia de Sutamarchán, diócesis de Chiquinquirá —fl. 20 cdn. ppl.—); madre de Eccehomo Miguel Forero Páez (según el ya mencionado certificado del registro civil de nacimiento de este último) y abuela de Carlos Miguel, Cielo Piedad, Juan Ricardo, Emmanuel, Martha Isabel, Francisco Eccehomo, Claudia Consuelo y Amparo Cristina Forero Morales, Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán (en original los ya referenciados certificados de los registros civiles de nacimiento de los mencionados demandantes).

11.11. Luz Mery Guzmán Forero es la madre de Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán (en original los ya referenciados certificados de los registros civiles de nacimiento de los mencionados demandantes).

V. Problema jurídico.

12. Procede la Sala a determinar: (i) si la muerte del señor Carlos Miguel Forero Morales y de la señora Anafelina Páez Rivera, resulta imputable a alguna de las entidades demandadas, a efectos de lo cual deberá verificarse (i. a.) si la primera se derivó —como se afirmó en la demandada— un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un agente estatal o si, por el contrario, este actuó en legítima defensa y, (i. b.) respecto de la segunda, deberá revisarse si tuvo como causa el deceso de su nieto, dos años atrás; (ii) en caso de que se considere que la parte demandada está llamada a responder patrimonialmente por el daño que se alega, se analizará si la condena que se imponga se derivó de una conducta dolosa o gravemente culposa del señor José Antonio Jerez Ruiz.

VI. Análisis de la Sala.

13. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor Carlos Miguel Forero Morales falleció en la madrugada del 23 de mayo de 1993, en el municipio de Ráquira, Boyacá, como consecuencia de un disparo en el tórax, que le propinó el señor José Antonio Jerez Ruiz, quien se desempeñaba como celador del colegio cooperativo El Sol, contratado para tales efectos por el municipio de Ráquira, cuando se encontraba en ejecución del objeto contractual. Así mismo, se demostró que la señora Anafelina Páez Rivera falleció el 5 de enero de 1995, sin embargo, se desconocen las causas del deceso.

13. (sic) En tanto la demandada argumenta que el señor José Antonio Jerez Ruiz se vio compelido a usar el arma de la que había sido dotado para ejercer la actividad de celaduría del colegio cooperativo El Sol, en ejercicio de la legítima defensa propia y de los bienes de dicho plantel, comoquiera que el señor Forero Morales pretendía hurtar elementos de la rectoría, es necesario señalar que el tema de la manipulación de armas en situaciones en las que los agentes estatales se encuentran legitimados para tal efecto, ha sido tratado en reiterada jurisprudencia cuando quien usa el arma es un miembro de la fuerza pública. Sin embargo, los razonamientos efectuados en dichas ocasiones son pertinentes al presente caso, dada la necesaria proporcionalidad que se demanda entre la conducta desplegada por el supuesto agresor y aquella proveniente de la administración, que se afirma se encuadra en un evento de legítima defensa:

El examen de la proporcionalidad que debe existir entre la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en este tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada (…)(10).

Así mismo:

En consecuencia, si bien el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como el último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño a las personas, (…). Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas(11).

14. De lo anotado se desprende que indudablemente los miembros del Estado autorizados para portar armas de fuego, deben hacer uso de las mismas en el marco del respeto de la dignidad humana (C.P., art. 1º)(12) y de los derechos fundamentales, en especial la vida, por lo que solo pueden utilizar la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario, pues en un Estado Social de Derecho como el nuestro, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación (v. gr. legítima defensa o estado de necesidad), evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del agente estatal o de un tercero, debe revestir tal entidad que solo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico(13).

15. Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real —no hipotética— para que, solo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad, y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones, se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

16. En el sub lite está acreditado que Carlos Miguel Forero Morales, en compañía de Luis Germán Ruíz Pérez, ingresó a la rectoría del colegio cooperativo El Sol, con el propósito de buscar unas boletas para poder permanecer en el bazar del que los acababan de retirar, precisamente, por no haber adquirido los pases de entrada; en esos momentos, acudió al lugar el celador José Antonio Jerez Ruiz, quien de manera intempestiva disparó en contra del primero, con un arma que carecía de salvoconducto, circunstancia que en sí misma ya constituye una grave irregularidad.

17. De ello dan cuenta: el testimonio del señor Luis Germán Ruíz Pérez, único testigo presencial de los hechos —supra párr. 11.6—, quien era amigo de la víctima, circunstancia que en nada afecta su credibilidad, pues su relato luce coherente, espontáneo y concuerda entre sí en las tres oportunidades que informó sobre lo ocurrido la madrugada del 23 de mayo de 1993; así mismo, el informe de policía elaborado con ocasión de los hechos —ibídem—, el cual coincide con lo relatado por el mencionado testigo y que le ofrece certeza a la Sala, dada su inmediatez con los hechos sub lite.

18. Es así como el alegado hecho de la víctima, frente al cual el señor Jerez Ruiz se habría visto constreñido a disparar en legítima defensa, no se observa configurado como excluyente de responsabilidad, aunque sí como concausa del daño. En efecto, si bien es cierto que los mencionados jóvenes ingresaron a la rectoría de manera anómala, sin autorización previa, dicha circunstancia no justifica que fuera accionada en su contra un arma de fuego de una forma del todo irreflexiva y claramente desproporcionada en relación con la actividad realizada por aquellos; es decir, la entidad de la conducta desplegada por Carlos Miguel Forero Morales no tornaba imperativo el uso de la fuerza letal en su contra que implicara en esta oportunidad la exclusión de responsabilidad de la demandada, no obstante lo cual, no puede desconocerse que la misma sí intervino en el decurso causal de los hechos, como más adelante se verificará.

19. Cabe advertir que obran en el expediente dos declaraciones rendidas bajo juramento el 11 y el 24 de enero de 1996, dentro del proceso contencioso administrativo (en original fls. 18-21 cdn. pruebas 2), por el agente de la Policía Nacional Bernardo Ruiz Gaitán, quien por encontrarse en el lugar atendió los sucesos del 23 de mayo de 1993; y por el entonces rector del colegio cooperativo El Sol, señor José Antonio Niño Páez, quienes, con algunas imprecisiones entre sí, refieren que el señor José Antonio Jerez Ruiz actuó en reacción a la conducta asumida por la víctima, quien en compañía de otros sujetos pretendía hurtar elementos de la rectoría, que al verse descubiertos se habrían abalanzado contra el celador con el propósito de despojarlo del arma y que en el forcejeo se habría producido el disparo que hirió al señor Forero Morales; no obstante lo anterior, aquellos son coherentes en aclarar que obtuvieron dicha versión de cómo ocurrieron los hechos, por parte del mismo señor Jerez Ruiz.

19.1. En efecto, el agente Bernardo Ruiz Gaitán señaló que quien disparó con el fin de evitar ser despojado del arma fue el mismo celador:

No recuerdo la hora, estando allí sonó un disparo al lado de las aulas de la rectoría, el salón cultural, sitio donde nos encontrábamos queda a una cuadra del sitio de la rectoría, nos encontrábamos en el salón cultural y de allí no había ninguna visibilidad al salón de la rectoría, se escuchó un disparo, luego salimos hacia el lado donde se había escuchado la detonación, con el fin de verificar qué había sucedido, al llegar al sitio encontramos al vigilante del colegio a unos diez metros aproximadamente de la rectoría, y le preguntamos que qué había pasado, nos contestó que había sido atacado por tres sujetos desconocidos, quienes lo habían agredido, en momentos en que los había encontrado dentro del salón de la rectoría, y que él había hecho un disparo con el fin de no dejarse quitar la escopeta que poseía por parte de los tres desconocidos que habían llegado a saquear las cosas que había dentro de la rectoría (…) (fl. 19 cdn. pruebas 2).

19.2. Por su parte el entonces rector del colegio cooperativo El Sol, informó que el celador Jerez Ruiz le había contado que la escopeta se disparó durante el forcejeo:

(…) tiempo después narró (el señor Jerez Ruiz) la reyerta que hubo entre ellos, que un disparo que sonó y que se había desplomado el muchacho que se encontró herido dentro de la rectoría y la pelea que hubo fue entre el herido, otro muchacho que desarmó al celador y que le abrieron la cabeza y que seguro en el forcejeo se había descargado el arma con las consecuencias conocidas (…) (fl. 39 cdn. pruebas 2).

20. En contraste con las declaraciones trascritas, el señor Wilson Mauricio Pineda Cifuentes, quien el día de los hechos se encontraba participando en el bazar del colegio cooperativo El Sol, el 1º de octubre de 1996, ante el a quo y bajo juramento (en original fls. 220-222 cdn. pruebas 1), narró que tras escuchar un disparo vio salir de la rectoría al celador, quien aseveró que unos sujetos pretendían hurtar objetos de dicho lugar, sin embargo, aclaró que el escenario de los hechos no permitía advertir como cierta dicha información:

(…) escuchamos un disparo con el señor Uriel Martínez, cuando íbamos entrando a las escaleras, en ese momento salió un muchacho, no lo conozco, salió corriendo toda la escalera abajo, al llegar a eso de las oficinas de la rectoría y secretaría del colegio, el celador del colegio nos dijo que nosotros estábamos de testigos de que el muchacho estaba robando en las oficinas de la rectoría, pero sinceramente no vimos que estuviera robando porque no había nada en desorden ni nada violentado (…) (fl. 221 cdn. pruebas 1).

21. Esta última versión, en conjunto con las declaraciones del agente de la Policía Nacional Bernardo Ruiz Gaitán y del rector José Antonio Niño Páez —que, como ya se advirtió, provienen de lo que a cada uno de ellos les informó el celador Jerez Ruiz—, permiten a la Sala inferir que su contenido tiene un claro propósito exculpatorio, pues el mismo estuvo constituido por la versión del presunto autor de un hecho punible, la cual no cuenta con ningún elemento de prueba que la corrobore, por ejemplo, una prueba técnica que sobre la escopeta se hubiera surtido, con el propósito de verificar si las huellas de la víctima quedaron impresas o no en la misma.

22. En síntesis, las pruebas obrantes permiten acreditar que si bien la víctima había ingresado a las dependencias de la rectoría del colegio cooperativo El Sol, sin autorización para ello y al parecer con la finalidad de hurtar unas boletas para permanecer en el bazar, lo cierto es que no había razón alguna para que el celador del plantel disparara, pues no se observa una amenaza directa y probada contra la vida de este, que hubiere demandado el “necesario uso de un arma de fuego, respecto de la cual además, carecía del correspondiente salvoconducto —supra párr. 11.1—.

23. En otros términos, no se acreditó el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, ya que no se estableció una amenaza cierta basada en hechos particulares y manifiestos por parte de esta última a la vida de José Antonio Jerez Ruiz o de quienes en ese momento disfrutaban del bazar; más bien, indican que precipitadamente el señor Jerez Ruiz, en una evidente falla del servicio, hizo uso inconsulta y desproporcionadamente del arma que le había sido entregada —por demás de forma irregular— para la ejecución del contrato de prestación de servicios de celaduría.

24. Por el contrario, quedó establecido que no medió la necesaria proporcionalidad que debe haber entre el uso de la fuerza y la conducta desplegada por la víctima, siendo evidente que el señor Jerez Ruiz podría haber ejecutado una acción diferente frente a quienes habían ingresado las dependencias del plantel educativo sin autorización, como por ejemplo, dar aviso de ello a los agentes de la Policía Nacional que en esos momentos se encontraban en el aula múltiple colaborando con los organizadores del bazar —supra párr. 11.2—; en consecuencia, es evidente que el recurso al arma de fuego no era inevitable.

25. En este punto es preciso poner de presente que aunque en el proceso penal adelantado en contra del señor José Antonio Jerez Ruiz, se decidió precluir la investigación que por homicidio simple se adelantaba, con fundamento en que la muerte del señor Carlos Miguel Forero Morales ocurrió cómo consecuencia del ejercicio de la legítima defensa, situación que justificó el uso del arma de fuego que portaba para protegerse a sí mismo y a los bienes del plantel que custodiaba, lo cierto es que dicha decisión en nada altera la valoración que de las pruebas obrantes en este proceso se hizo en la presente providencia, la cual no se encaminó a verificar la responsabilidad penal del agente estatal, sino aquella imputable al Estado como guardián de la vida e integridad de los ciudadanos.

26. De conformidad con lo expuesto, resulta imperativo deducir la responsabilidad patrimonial del municipio de Ráquira por la muerte de Carlos Miguel Forero Morales, la cual le es imputable a título de falla del servicio por exceso de los límites razonables del uso de la fuerza por parte de su contratista, el señor José Antonio Jerez Ruiz, por lo que la Sala revocará la decisión y en su lugar condenará a la entidad accionada.

27. Advierte la Sala que no exime de responsabilidad al municipio de Ráquira el hecho comprobado en el proceso de que tanto el colegio cooperativo El Sol como la gobernación de Boyacá, tuvieron incidencia en la producción del daño, comoquiera que fue el consejo directivo del primero y su rector, quien era docente del orden departamental, quienes proporcionaron al señor Jerez Ruiz el arma de fuego que aquel finalmente accionó en contra de la víctima, en tanto que: (i) ha quedado claramente establecida la intervención de del (sic) municipio de Ráquira como causante del daño, lo cual impone que la participación de un tercero como concausa, genere la responsabilidad solidaria y (ii) la solidaridad entre quienes concurren a la producción del daño, da lugar a que la parte demandada responda en un todo por las reclamaciones indemnizatorias, sin perjuicio de la repetición que puede adelantar contra el otro u otros co-causantes del daño.

28. No ocurre igual respecto de la Nación-Ministerio de Defensa, comoquiera que no obra prueba en el expediente acerca de que los hechos del 23 de mayo de 1993 hubieren sido propiciados, tolerados o cohonestados en modo alguno por aquella y, si bien es cierto que tres agentes de la Policía Nacional se encontraban en las instalaciones donde funcionaba el colegio cooperativo El Sol, colaborando con la seguridad del bazar, lo cierto es que no tuvieron ni tenían cómo tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo en esos momentos en la oficina de la rectoría, pues como quedó establecido —supra párr. 11.3 a 11.6 y 19.1— esta se encontraba a una distancia considerable del aula múltiple y además, el celador no dio cuenta de la situación que se presentaba, sino después de que el joven Forero Morales resultara herido. De igual forma, el hecho de que el celador Jerez Ruiz portara un arma sin los debidos permisos tampoco le puede ser atribuido a esta demandada, pues no se demostró que tuviere conocimiento alguno respecto de tal situación, que le hubiera permitido adoptar los correspondientes correctivos.

29. No obstante lo expuesto, la Sala no puede desconocer que la conducta del joven Carlos Miguel Forero Morales, aunque en un grado mínimo, concurrió en la producción del daño, no como eximente de responsabilidad —como ya se explicó— sino como concausa del daño. En efecto, al entrar de manera irregular a un lugar al cual no tenía autorizado el ingreso, aquel se expuso a que se adoptaran en su contra medidas tendientes a conjurar la situación —lo que no justifica el accionar desplegado por el celador Jerez Ruiz— que podían comprometer en alguna medida su integridad física; en consecuencia, se considera que la participación de la víctima en la producción del daño corresponde a un 10% y así se declarará en la parte resolutiva.

30. Respecto de la muerte de la señora Anafelina Páez Rivera, abuela de Carlos Miguel Forero Morales, considera la Sala que la misma no puede serle atribuida en modo alguno a las demandadas, comoquiera que en el expediente no obra ninguna prueba que dé cuenta de que ese hecho dañoso hubiera tenido como causa adecuada el deceso de su nieto, ocurrido aproximadamente dos años atrás —como se sostuvo en la demanda—. En efecto, el material probatorio que refiere el fallecimiento de la mencionada señora, indica que era una persona de avanzada edad que, incluso antes de fallecer su nieto, se encontraba en muy mal estado de salud(14), por lo que frente a la ausencia de elementos que sustenten las afirmaciones de la demanda, es posible inferir que su deceso no estuvo determinado por el de su ser querido, ocurrido tiempo atrás y, en consecuencia, se impone negar una declaratoria de responsabilidad en este sentido.

VII. La responsabilidad del señor José Antonio Jerez Ruiz.

31. Como ya se puso de presente —supra párr. 11.8—, en el proceso penal adelantado por el delito de homicidio simple en la persona de Carlos Miguel Forero Morales, se dictó resolución de preclusión de la investigación a favor del señor José Antonio Jerez Ruiz, con fundamento en que este actuó en legítima defensa, por lo que se entrará a analizar si esa sentencia tiene efectos de cosa juzgada, frente a la responsabilidad patrimonial del agente estatal que en esta ocasión se revisa.

32. Al tenor del ya analizado artículo 78 del C.C.A. —supra párr. 9 y ss.—, una vez establecida la responsabilidad de la entidad pública demandada, debe determinarse si esta puede repetir contra el agente estatal causante del daño, en la medida en que aquel hubiere dado lugar a la condena con su conducta dolosa o gravemente culposa. En consecuencia, por tratarse la repetición de una acción civil, le son aplicables las normas y principios que regulan los efectos de la sentencia penal en materia civil.

33. En relación con el efecto de la sentencia penal que se profiera contra el agente estatal, respecto a la decisión que deba adoptarse frente al mismo en el proceso en el cual ha sido llamado en garantía o demandado en acción de repetición o, como en el presente caso, cuando ha sido demandado junto con la entidad pública, se debe tener en cuenta el artículo 57 del Decreto 2700 de 1991 —vigente para la época de los hechos—, según el cual:

Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que este obró en cumplimiento de un deber o en legítima defensa(15).

34. Para la aplicación del precepto con respecto a quien ha sido llamado en garantía o demandado en acción de repetición, el juez contencioso deberá verificar(16): (i) que la conducta por la que fue juzgado penalmente sea la misma por la cual se le llama en garantía o se le demanda en acción de repetición; (ii) que el juez penal hubiera concluido, por decisión en firme, que la conducta atribuida al sindicado no existió, o que este no la cometió o que obró en cumplimiento de un deber legal(17) o en legítima defensa y, que esa decisión “corresponda a un juicio razonado de las pruebas y no sea una decisión meramente formal”(18); (iii) que la decisión penal se fundamente única y exclusivamente en las causales señaladas en la ley penal, “sin que pueda hacerse extensivo a otras causales, como podrían serlo aquellos eventos en los cuales la absolución se produce por una causal diferente de falta de antijuridicidad de la conducta, como lo es el estado de necesidad, o por cualquiera causal de inculpabilidad, incluida la insuperable coacción ajena, en los términos en los que dichas causales fueron previstas en el Decreto 2700 de 1991 (…), ni mucho menos cuando la decisión tenga como fundamento la aplicación del principio in dubio pro reo(19). Ha considerado la corporación:

Es cierto que en la acción de repetición y en la acción penal difieren las partes y la causa; sin embargo, la acción de repetición, como lo define la ley, es de naturaleza civil y, por lo tanto, habrán de aplicarse a favor del llamado en garantía o demandado en acción de repetición, las normas que regulan los efectos civiles de las sentencias penales absolutorias.

Lo contrario implicaría que la víctima no pudiera pretender la indemnización de perjuicios en contra de quien fue sindicado del delito que dio origen al proceso penal, a través de la acción civil autónoma, pero que el Estado sí pudiera recuperar lo que hubiera pagado a la víctima como consecuencia de la condena en un proceso que hubiera tenido como fundamento fáctico, precisamente, la misma actuación del servidor público —sindicado en el proceso penal—, frente al cual, se insiste, la ley lo exoneró de responsabilidad civil, como consecuencia del fundamento de la absolución; es decir, que aunque por mandato legal el sindicado—servidor estatal— fue eximido de responsabilidad civil, acabará siendo condenado a pagar dicha indemnización al reintegrarle al Estado la suma que este hubiera pagado en razón de la conducta, por la cual ya fue absuelto(20).

35. En el caso concreto, la Fiscalía 28 de la unidad especializada de Chiquinquirá, mediante providencia de 13 de octubre de 1993, decidió precluir la investigación(21) que se adelantó en contra del señor José Antonio Jerez Ruiz, por el delito de homicidio simple en la persona de Carlos Miguel Forero Morales, por considerar que el daño se produjo “en ejercicio de una legítima defensa privilegiada” —supra párr. 11.8—. El fundamento de esa decisión fue el siguiente:

El inciso segundo del numeral 4 del artículo 29 de C.P. da cabida a la llamada doctrinaria y jurisprudencialmente legítima defensa privilegiada. Son presupuestos para que como tal nazca a la vida jurídica: —La presencia de un extraño; —Que la anterior se verifique en una habitación o dependencias inmediatas; —Que el extraño en mención intente penetrar o haya penetrado a la habitación; —Lo anterior da cabida a un rechazo por parte de quien se sienta ofendido con tal acción.

Como ya se ha enfatizado el joven estudiante Carlos Miguel Forero y su amigo Luis Germán Ruiz Pérez, eran extraños para el celador en ese momento, no los había visto nunca y viceversa; la oficina donde funciona la rectoría de plantel debe catalogarse como un recinto asimilable a habitación (…); los jóvenes no se quedaron en el solo intento que también lo prevé la norma, fueron más allá, penetraron a la habitación, (…), y todo lo anterior fue lo que rechazó Jerez Ruiz, porque tal como él mismo lo anota, sintió unos golpes, salió, se dirigió a la rectoría, abrió la puerta y sorprendió a los muchachos, quienes según su dicho se lanzaron en su contra, y es Ruiz Pérez quien dice que cuando hizo su arribo el sindicado, ellos ya salían, actitud que creó en la mente de Jerez Ruiz un ataque inminente que debía repeler, por lo cual disparó con los resultados conocidos, luego sobrevino la lucha con el sobreviviente.

En ese orden de ideas, hay que acogerse a los parámetros de orden legal a los cuales se ajusta la verdadera situación de facto (…), es decir, [están dados] los presupuestos para ajustar la acción de Jerez Ruiz en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 29 del C.P. y como consecuencia lógica disponer la preclusión de la investigación en lo que tiene que ver con el delito de homicidio.

36. De conformidad con lo previamente expuesto, la decisión penal en este caso sí tiene efectos de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos, porque el fundamento de la misma consistió en que la conducta causante del perjuicio fue desplegada en legítima defensa; es decir, que en la providencia penal se reconoció que el hecho existió (la muerte del señor Carlos Miguel Forero Morales derivada de una herida de arma de fuego); que el sindicado incurrió en la conducta descrita (el señor Jerez Ruiz fue quien disparó); pero a juicio del fiscal de conocimiento, el sindicado se vio compelido a disparar en legítima defensa. Por lo tanto, resulta improcedente en esta oportunidad la valoración de la conducta del señor José Antonio Jerez Ruiz para establecer si el mismo obró de manera dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

VIII. Liquidación de perjuicios.

VI11.1. Perjuicios morales.

37. A partir de la prueba del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre Carlos Miguel Forero Morales y los demandantes —ver supra párr. 11.9—: Eccehomo Miguel Forero Páez y Emma Morales (padres); Cielo Piedad, Juan Ricardo, Emmanuel, Martha Isabel, Francisco Eccehomo, Claudia Consuelo y Amparo Cristina Forero Morales, Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán (hermanos) y Miguel Antonio Forero Ávila (abuelo), se puede inferir que todos ellos sufrieron perjuicios morales con ocasión de su muerte, acaecida el 23 de mayo de 1993, inferencia que además encuentra respaldo en abundante prueba testimonial que da cuenta de las buenas relaciones que mantenían todos ellos y del consecuente sufrimiento experimentado por aquellos cuando pereció su ser querido(22), por lo tanto, se condenará al municipio de Ráquira a la correspondiente indemnización.

38. En cuanto a la señora Luz Mery Guzmán Forero, quien concurrió al proceso en calidad de madre de los hermanos menores de Carlos Miguel Forero Morales, circunstancia que se encuentra acreditada —supra párr. 11.11—, advierte la Sala que de ese solo hecho no es posible inferir que aquella padeció perjuicios Morales por el deceso del hermano de sus hijos y en virtud de que no se allegó ninguna prueba que acreditara un padecimiento en ese sentido, no hay lugar a efectuar condena alguna a su favor por este concepto.

39. Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13232 y 15646, en la que se fijó tal indemnización en salarios mínimos legales mensuales vigentes, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

40. En consecuencia, se reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de los demandantes, así: (i) a favor de Eccehomo Miguel Forero Páez y Emma Morales (padres), un monto de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos; (ii) para Cielo Piedad, Juan Ricardo, Emmanuel, Martha Isabel, Francisco Eccehomo, Claudia Consuelo y Amparo Cristina Forero Morales, Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán (hermanos), la suma equivalente a 50 SMMLV para cada uno de ellos y a favor de la sucesión de Miguel Antonio Forero Ávila (abuelo) 50 SMMLV; montos a los que se les descontará el 10%, correspondiente al grado de participación de la víctima en la causación del daño:

— Para Eccehomo Miguel Forero Páez y Emma Morales 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno;

— Para para Cielo Piedad, Juan Ricardo, Emmanuel, Martha Isabel, Francisco Eccehomo, Claudia Consuelo y Amparo Cristina Forero Morales, Mary Luz, Miguel Andrés, Juan Carlos y César Augusto Forero Guzmán, 45 SMMLV para cada uno de ellos y,

— A favor de la sucesión de Miguel Antonio Forero Ávila 45 SMMLV.

41. Se advierte que según el certificado del registro civil de defunción del señor Miguel Antonio Forero Ávila (fl. 208 cdn. ppl.), aquel falleció el 29 de mayo de 2000, es decir, durante el trámite del proceso contencioso administrativo y, en virtud de que en el expediente no está acreditado si la sucesión del señor Forero Ávila está totalmente integrada, pues no se tiene conocimiento de haberse iniciado un proceso ordinario de sucesión, en donde se hayan hecho parte todas las personas que tienen derecho a la masa herencial, los montos reconocidos en esta sentencia a favor dicho demandante, lo serán a favor de su sucesión(23).

VIII.2. Perjuicios materiales.

42. En la demanda se solicitó en forma genérica el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales que se acrediten en el transcurso del proceso, en consecuencia, se revisará si los demandantes padecieron algún tipo de perjuicio de esta índole, como consecuencia de la muerte de Carlos Miguel Forero Morales.

VIII.2.1. Daño emergente.

43. Se estableció que el 24 de mayo de 1993, señor (sic) Eccehomo Miguel Forero Páez canceló a la funeraria San Francisco de la ciudad de Tunja, la suma de $545.000 por concepto de los gastos funerarios de su hijo Carlos Miguel Forero Morales (constancia dirigida al a quo el 10 de mayo de 1995 —fl. 27 cdn. ppl.—), erogaciones que no se encontraba en la obligación jurídica de soportar; en consecuencia, se accederá al reconocimiento de daño emergente, constituido por el valor los mencionados gastos funerarios, el cual deberá ser actualizado a la fecha de la presente sentencia, así:

R_a_1995_15229.png
 

En donde:

Ra = renta actualizada.

R = renta histórica.

I. Final = Índice de precios al consumidor al momento de esta sentencia.

I. Inicial = Índice de precios al consumidor de la fecha en que se efectuó la erogación —mayo de 1993—.

R_a_1995_15229_v.png
 

Ra = $3.123.238

44. A la suma de $3.123.238 se le descontará el 10%, correspondiente al grado de participación de la víctima en la causación del daño: $2.810.914.

VIII.2.2. Lucro cesante.

45. Observa la Sala que no obra en el expediente prueba alguna que dé cuenta de que con ocasión de la muerte de Carlos Miguel Forero Morales los demandantes hubieren sufrido perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; por el contrario, se estableció que para la época de los hechos —mayo de 1993— el joven Forero Morales se encontraba matriculado en el colegio departamental Héctor Julio Gómez de Sutamarchán, Boyacá, donde cursaba el grado décimo (certificación suscrita por la rectora del el colegio departamental Héctor Julio Gómez, dirigida al a quo el 26 de enero de 1996 —fl. 124 cdn. pruebas 1—), circunstancia que le permite a la Sala inferir que aquel no se encontraba desempeñando uña labor económicamente productiva y que con el producto de la misma le colaborara a alguno de los demandantes; es más, la referida prueba testimonial da cuenta de que ocasionalmente le colaboraba a su padre en sus negocios personales e incluso, en vacaciones o en sus ratos libres buscaba trabajos ocasionales, lo que no es prueba de un lucro cesante en cabeza de la parte demandada, motivo por el cual no se efectuará reconocimiento alguno por este concepto.

IX. Costas.

46. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión IV, el 11 de diciembre de 2002, la que quedará así:

Primero: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del colegio municipal El Sol de Ráquira y del departamento de Boyacá.

Segundo: DECLARAR patrimonialmente responsable al municipio de Ráquira por la muerte del señor Carlos Miguel Forero Morales, ocurrida el 23 de mayo de 1993, en la ciudad de Ráquira, Boyacá, en concurrencia con el hecho de la propia víctima, el cual se establece en un 10%.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al municipio de Ráquira a pagar por concepto de perjuicios morales:

Noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los señores Eccehomo Miguel Forero Páez y Emma Morales.

Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los demandantes: Cielo Piedad Forero Morales, Juan Ricardo Forero Morales, Emmanuel Forero Morales, Martha Isabel Forero Morales, Francisco Eccehomo Forero Morales, Claudia Consuelo Forero Morales y Amparo Cristina Forero Morales y, Mary Luz Forero Guzmán, Miguel Andrés Forero Guzmán, Juan Carlos Forero Guzmán y César Augusto Forero Guzmán.

Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la sucesión de Miguel Antonio Forero Ávila.

Cuarto: CONDENAR al municipio de Ráquira a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del señor Eccehomo Miguel Forero Páez, la suma de dos millones ochocientos diez mil novecientos catorce pesos ($2.810.914).

Quinto: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Sin condena en costas.

Séptimo: EXONERAR de responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa y al señor José Antonio Jerez Ruiz.

Octavo: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Noveno: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Décimo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) En la demanda incoada el 19 de mayo de 1995, la pretensión mayor por perjuicios morales, se estimó en $45.245.440 (4.000 g oro). Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el num. 10 del art. 132 del C.C.A., y que dispone que la cuantía para que un proceso iniciado en 1995 fuera de doble instancia, debe ser superior a $9.610.000.

(2) Sentencia de febrero 13 de 1996, exp. 11213, C. P. Juan de Dios Montes; así mismo, en sentencia de enero 28 de 1994, exp. 7091, C. P. Daniel Suárez, la Sala añadió: “En todo proceso el juzgador, al enfrentarse al dictado de la sentencia, primeramente deberá analizar el aspecto relacionado con la legitimación para obrar, esto es, despejar si el demandante presenta la calidad con que dice obrar y si el demandando, conforme con la ley sustancial, es el llamado a enfrentar y responder eventualmente por lo que se le enrostra. En cuanto a lo primero, se habla de legitimación por activa y en cuanto a lo segundo, se denomina legitimación por pasiva”.

(3) Entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de diciembre 9 de 1993, exp. 7818, C. P. Daniel Suárez Hernández; auto de mayo 22 de 2003, exp. 23532, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de agosto 31 de 2003, exp. 17482, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de diciembre de 1993, exp. 1997-0736-00(S)IJ, C. P. Camilo Arciniegas Andrade.

(4) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de diciembre 9 de 1993, exp. 7818, C. P. Daniel Suárez Hernández.

(5) Sentencia de abril 12 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, exp. 12789, C. P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, exp. 12831, C. P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, exp. 25020, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, exp. 15528, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(7) Remitidas en copia auténtica por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá —anexo 1— y por la inspección municipal de Policía de Ráquira —fls. 259-325 cdn. pruebas 1—.

(8) Sobre este aspecto, entre otras, consultar la sentencia proferida por esta Subsección el 14 de octubre de 2011, exp. 21724, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) Documento válido para probar el vínculo conyugal, comoquiera que el matrimonio se celebró antes de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938; en efecto, el Decreto 1260 de 1970 art. 44 num. 4, dispone que deberán inscribirse en el registro civil de nacimiento todos los hecho' y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas y, el art. 105 ibídem, indica que los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos, si aquellos ocurrieron con posterioridad a la vigencia de la prenombrada ley.

(10) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2004, exp. 14902, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(11) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 14 de 2010, exp. 18692 y sentencia de agosto 23 de 2010, exp. 19127, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado colombiano como Social de Derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C. P., art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal”, en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sentencia de 17 de junio de 2004, exp. 15208, C. P. María Elena Giraldo Gómez.

(13) Ver: Consejo de Estado, S.S.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 11 de 2009, exp. 17318, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en sentencia de la Subsección de agosto 11 de 2011, exp. 19091, de la misma consejera ponente.

(14) El señor José Antonio Azael Forero Velandia, el 27 de febrero de 1996, afirmó bajo la gravedad de juramento ante el comisionado Juzgado Promiscuo Municipal de Sutamarchán que “(…) con respecto a sus abuelos que vivían a dos cuadras y media de la residencia de ellos, y en vista de que su abuela Anafelina se encontraba enferma, Carlos Miguel le colaboraba en las labores del aseo, la sacaba de su cama para que recibiera el sol y además la atendía sirviéndole los alimentos, esto de manera intermitente, no era permanente (…)” (en original fls. 181-185 cdn. pruebas 1).

(15) Cabe señalar que la disposición original traía un aparte que disponía que: “[e]n estos casos la acción civil podrá intentarse en proceso separado al igual que la responsabilidad del tercero civilmente responsable”, el cual fue suprimido por el artículo 8º de la Ley 81 de 1993, dado que dejaba sin efectos la norma.

(16) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de agosto 13 de 2008, exp. 16533, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Se advierte que al hablar del cumplimiento de un deber legal, la Corte Constitucional ha señalado que no se exonera quien atiende una orden cuyo cumplimiento implique la violación de derechos humanos. Ver: sentencias C-578 de diciembre 4 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-431 de mayo 6 de 2004, C. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(18) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de agosto 13 de 2008, exp. 16533, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) Ibídem.

(20) Ibídem.

(21) Los efectos de la preclusión son los mismos de la sentencia absolutoria. Así lo destacó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 23 de junio de 2005, exp. 0143, M. P. Edgardo Villamil Portilla: “(…) la providencia dictada por la Fiscalía General de la Nación tiene carácter definitivo, en tanto ese alcance se ha dado por la ley a la resolución de preclusión. En efecto el Decreto 2700 de 1991 estableció que ‘en cualquier momento de la investigación en que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el fiscal declarará extinguida la acción penal mediante providencia interlocutoria’. El carácter perentorio de la extinción de la acción penal y la fuerza de la providencia que así lo dispone, viene corroborado por el artículo 232 del mismo código que prevé acción de revisión contra la decisión que haya dispuesto una preclusión, lo cual indica de modo contundente que con tal resolución se agota la jurisdicción del Estado”.

(22) Testimonios rendidos por los señores: Manuel Antonio Guerrero Suárez, Siervo Tulio González, Pedro Humberto Sánchez Coca, Siervo Yesid González Saavedra, Leonor Wilches Rodríguez, José Gilberto González, Alirio Sinibaldo Rodríguez Velandia, Lázaro María Rodríguez Sepúlveda, Vicente Lemus Pérez, Edelmira Saavedra, José Demetrio Rodríguez, Gonzalo Rodríguez Martínez, Guillermo León Leal, Wilson Emiro Torres Casas, Antonio José Villamil, Samuel Sánchez, José Antonio Azael Forero Velandia, Bladimir González Saavedra, Juan Vicente Rodríguez Laitón, Flor Verena Suárez y Hércules Alonso Suárez (fls. 132-133, 146-160, 164-168, 173-179, 181-185, 200-204, 208-212 cdn. pruebas 1).

(23) Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de marzo 1º de 2006, exp. 14408, C. P. Alier Hernández y, sentencia de mayo 6 de 2006, exp. 15626, C. P. Ramiro Saavedra.