Sentencia 1995-15449 de mayo 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 15001-23-31-000-1995-15449-01 (25699)

Consejero ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Leonor Camacho de Sánchez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes —situación que le permite decidir sin limitación alguna—, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

8. El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. No obstante, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta Corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

8.1. En el caso objeto de examen, la parte actora solicitó expresamente el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional, en contra del agente Víctor Raúl Caicedo Bautista, por los hechos del 14 de agosto de 1993. Si bien la parte demandada no adhirió a la solicitud de traslado, dicho material probatorio será valorado pues se entiende que las pruebas recaudadas dentro del informativo disciplinario, se han surtido con audiencia de la entidad demandada debido a que ella misma intervino en su práctica —y al momento de remitirlas a plenario dio fe de su autenticidad—, de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento(3).

8.2. En cuanto a los testimonios rendidos en dicho informativo disciplinario, por los agentes de la Policía Nacional Ramiro Correa Herrera y Daniel Sepúlveda Angarita, se advierte que aunque pesa sobre ellos una causal para ser tenidos como sospechosos a la luz del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(4), en virtud de su interés directo en el resultado de ese proceso, porque el objeto de debate estaba constituido por la conducta desplegada por sus compañeros el 14 de agosto de 1993, también es claro que ese solo hecho no lleva a descartar sus versiones, sino que su valoración depende de la credibilidad que éstas puedan revelar(5).

8.3. En cuanto al álbum fotográfico que reposa en dicho informativo, elaborado con ocasión de la diligencia de inspección ocular con presencia de peritos, adelantada por el oficial instructor al vehículo de placas JO 0637, este será valorado toda vez que respecto de las fotografías que contiene, se tiene certeza de su origen, lugar y época de elaboración, por lo tanto las mismas serán valoradas.

III. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. Para el mes de agosto de 1993, el señor Campo Hernando Sánchez se desempeñaba como agente de la Policía Nacional, asignado a la Sijín como miembro del grupo de escoltas del gobernador de Boyacá (en original: certificación 228 del 25 de junio de 2000, suscrita por el jefe grupo financiero del Departamento de Policía de Boyacá —fl. 3 cdno. pruebas 2—).

9.2. El 14 de agosto de 1993, el entonces gobernador del departamento de Boyacá, Alfonso José Salamanca Llach, arribó a las 11:00 a.m. a la ciudad de Tunja, proveniente de la ciudad de Bogotá, en compañía del grupo de escoltas a él asignado por la Policía Nacional. En la “glorieta norte” de esa ciudad, “por ser paso obligado hacia la ciudad de Duitama”, se llevó a cabo el relevo del personal que conformaba la escolta y, a partir de ese momento, quedaron en servicio: el agente conductor Luis Felipe Sánchez Vargas y los agentes Víctor Raúl Caicedo Bautista, Daniel Sepúlveda Angarita, Campo Hernando Sánchez y Ramiro Correa Herrera. En esos momentos, el gobernador le ordenó al agente conductor Sánchez Vargas, que se quedara en la ciudad de Tunja, pendiente de un vehículo de la gobernación que se encontraba en reparación, y le solicitó al agente Caicedo Bautista que condujera el vehículo camioneta marca Nissan, color blanco, número interno 08-561, placas JO 0637, que la Policía Nacional había asignado a su personal de escolta, hasta la ciudad de Duitama pues él tenía licencia de conducción (copia auténtica de: informe de novedad de 14 de agosto de 1993, suscrito por el teniente Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, oficial de enlace de la gobernación; extracto de las hojas de vida de los agentes Víctor Raúl Caicedo Bautista y Luis Felipe Sánchez Vargas, donde consta que para la época de los hechos se encontraban en servicio activo; certificación juramentada rendida por el entonces gobernador de Boyacá; testimonios rendidos por los agentes Ramiro Correa Herrera y Daniel Sepúlveda Angarita; acta de inventario individual de vehículos de la sección de transportes del Departamento de Policía de Boyacá, donde consta que el vehículo Nissan con sigla interna 08-561 se encontraba asignado a la “Sijín-Escolta gobernación” y tarjeta de refrendación de la licencia de conducción correspondiente al agente Caicedo Bautista, del 29 de julio de 1993, con vigencia de 60 días y, en original, certificación 228 del 25 de junio de 2000, suscrita por el jefe grupo financiero del Departamento de Policía de Boyacá, sobre la asignación del vehículo de la Policía Nacional de siglas internas 08-561 —fls. 1-2, 16-22, 34-36, 41, 46-48, 83 cdno. pruebas 1 y 3 cdno. pruebas 2—).

9.3. Ese día, alrededor de las 11:40 a.m., en la vía que de Tunja conduce a Duitama, a la altura del “K. 15 + 500”, se presentó una colisión entre el vehículo de propiedad de la Policía Nacional, de placas JO 0637, conducido por el agente Víctor Raúl Caicedo Bautista y, el bus de servicio público marca Chevrolet, de placas XIB 781, afiliado a la empresa Rápido Duitama, conducido por el señor Luis Miguel Rosas Rodríguez (copia auténtica del informe de accidente de tránsito y el croquis en él contenido, elaborado el 14 de agosto de 1993 por el agente Siervo de Jesús Santos Daza —fls. 23-24 cdno. pruebas 1—).

9.4. La vía Tunja-Duitama a la altura del kilómetro 15 más 500 metros, tramo donde se produjo el accidente, es una vía rural, de una sola calzada, con dos carriles, de doble sentido, en línea recta “que lleva una semipendiente(sic) para dar entrada a una semicurva(sic)”, en asfalto, con bermas, en buen estado general y con buena visibilidad en sentido norte y sur, aunque se encontraba humedecida porque estaba lloviendo; así mismo, estaba demarcada con una línea discontinua central y con una línea de borde (copia auténtica de: el informe de accidente de tránsito y el croquis en él consignado —ya referenciados— y el acta de la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver, donde se describe el lugar de los hechos, llevada a cabo el 14 de agosto de 1993, por la Fiscalía Sexta Unidad Previa y Permanente de Tunja —fls. 74-78 cdno. pruebas 1—).

9.5. En cuanto a las circunstancias en las que se presentó la colisión, se tiene que el vehículo oficial de placas JO 0637, que se movilizaba en el sentido Tunja-Duitama, invadió el carril izquierdo con el propósito de adelantar a un automotor, que acababa de ser rebasado por el automotor en el que se transportaba el gobernador de Tunja, al que le iba prestando seguridad; en esos precisos momentos en el sentido Duitama-Tunja, saliendo de una curva, se desplazaba por su derecha, el bus de servicio público, de placas XIB 781, que se encontró de frente con el primero y en consecuencia, los dos vehículos colisionaron (croquis contenido en el informe de accidente de tránsito elaborado por el Intra; acta de la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver, donde se describe el lugar de los hechos; álbum fotográfico elaborado con ocasión de la diligencia de inspección ocular con presencia de peritos, adelantada al vehículo oficial implicado y la prueba testimonial trasladada del informativo disciplinario):

9.5.1. En efecto, en el croquis contenido en el informe de accidente de tránsito se observa la ubicación en la que quedaron los vehículos tras el impacto, así: el vehículo 1 —Nissan de placas JO 0637— por fuera de la vía, sobre una zanja al lado del carril izquierdo en relación con el sentido que llevaba y, el vehículo 2 —bus de placas XIB 781— que iba en el sentido contrario, con su lado derecho sobre la berma derecha —también en relación con el sentido que llevaba— y el lado izquierdo sobre la calzada. Así mismo se identificó el lugar del impacto de cada vehículo, respecto del 1 —Nissan—, toda la extensión de su costado izquierdo y en relación con el 2 —bus— la parte frontal derecha (copia auténtica —fl. 24 cdno. pruebas 1—).

9.5.2. En la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver, practicada en el lugar de los hechos, la escena fue descrita de la siguiente manera (fls. 74-78 cdno. pruebas 1—):

…al lado derecho de la vía en dirección Paipa Tunja [corresponde a aquella que llevaba el bus de placas XIB 781] se encontraron los vehículos accidentados, una la camioneta Nissan Patrol completamente fuera de la vía y en una zanja totalmente destruida (…), y a una distancia de 113.1 m sobre el mismo carril, la Gacela accidentada (…) en el carril del lado derecho de la vía dirección Paipa Tunja se observa una huella de frenada de llanta doble que tiene de largo 65.90 m (…).

9.5.3. En el acta de la diligencia de inspección ocular con presencia de peritos al vehículo oficial involucrado, la cual contiene el álbum fotográfico elaborado en dicha ocasión, se observa que el punto de impacto de cada del automotor fue su costado izquierdo y se precisó que “se encuentra inservible en todas sus partes ya que éstas quedaron completamente destruidas” (copia auténtica del acta de la diligencia de inspección ocular a los vehículos implicados, llevada a cabo el 11 de noviembre de 1993, dentro del informativo disciplinario adelantado por la Policía Nacional y del álbum fotográfico elaborado en dicha ocasión —fls. 65-68 cdno. pruebas 1—).

9.5.4. El señor José Mauricio Herrera, dentro del informativo disciplinario adelantado por la Policía Nacional, afirmó que el día de los hechos se desplazaba en el bus de placas XIB 781, como ayudante del conductor y, en relación a la forma cómo se presentaron los hechos relató (copia auténtica —fls. 14-15 cdno. pruebas 1—):

…ese día salimos a las once de la mañana de Sogamoso en el bus de número interno 08 de la empresa Rápido Duitama, con destino hacia Bogotá y el conductor que era el señor Luis Rosas y como ayudante venía yo, llegamos a Duitama y ahí nos demoramos 20 minutos, recogimos varios pasajeros y continuamos el viaje (…), y aproximadamente como a los 20 minutos fue el accidente entre El Barne y La Playa y en ese momento venía un Nissan de color blanco adelantando una renoleta(sic) 18, en ese momento el bus venía a una velocidad entre 40 a 60 kilómetros por hora, cuando el nissan se fue encima de nosotros, el cual venía a una velocidad espantosa y nos quitó la derecha porque al bus le pegó y salió por el lado derecho hacia el potrero (…). PREGUNTADO: Infórmele al despacho cuál era la visibilidad en el lugar donde ocurrió el accidente, cuál era el estado de la vía (…). CONTESTÓ: El accidente ocurrió saliendo de una curva y se tenía visibilidad de unos 50 metros aproximadamente y la vía estaba húmeda ya que estaba lloviendo…

9.5.5. Un relato análogo fue rendido por el señor Luis Miguel Rosas Rodríguez, quien afirmó que el día de los hechos conducía el bus de placas XIB 781 (copia auténtica —fls. 53-54 cdno. pruebas 1—); relató el testigo:

…yo arranqué de Sogamoso hacia Bogotá el 14 de agosto, conduciendo un bus de Rápido Duitama 8, y el accidente se produjo entre las once y media a once y cuarenta de la mañana en los límites de Sotaquirá y Tuta, cuando se me asomó una camioneta (…) sobrepasando un carro, quitándome la derecha y hubo impacto con el bus (…), al impacto me estalló una rueda delantera tratando de perder yo el control, quedando hacia mi derecha (…). PREGUNTADO: Infórmele al despacho cuál era el estado de la vía y la visibilidad en el lugar del accidente. CONTESTÓ: La vía estaba húmeda porque estaba lloviendo y la visibilidad era buena…

9.5.6. El entonces gobernador de Boyacá Alfonso José Salamanca Llach, mediante certificación juramentada refirió en cuanto a los hechos del 14 de agosto de 1993 (copia auténtica —fls. 20-22 cdno. pruebas 1—):

…el vehículo nissan de siglas 08-561 efectivamente escoltaba al suscrito desde la ciudad de Bogotá y hasta la ciudad de Duitama; a la altura del sitio conocido como El Barne, el vehículo en el que me transportaba adelantó a otro y, como era lógico el vehículo de la escolta trató de realizar la misma maniobra pero al observar que en sentido contrario venía un bus afiliado a la empresa Rápido Duitama frenó para retomar su carril pero por la humedad del piso y lo liso del mismo el vehículo se deslizó quedando atravesado colisionando con el automotor que venía en sentido contrario (…) de lo anterior me pude dar cuenta por el espejo retrovisor que posee el vehículo en su parte interna…

9.5.7. El señor Carlos Fidel Pacheco Ochoa, quien era la persona que conducía el carro en el que se movilizaba el gobernador de Boyacá, narró los hechos del 14 de agosto de 1993, así (copia auténtica —fls. 37-39 cdno. pruebas 1—):

…seguimos con el agente escolta Correa, quien recibió turno y quien se fue conmigo en el automóvil, en compañía del hijo del señor gobernador y el señor gobernador (…), en el carro de escoltas iba el agente Caicedo, quien pasó a manejar por sugerencia del señor gobernador (…) y los otros dos escoltas que iban en el carro de escoltas eran el agente Sepúlveda y el agente Sánchez (…), seguimos hacia la ciudad de Duitama, siendo las diez y media a once de la mañana, a la altura pasando El Barne, como a un kilómetro adelanté un vehículo que iba en el mismo sentido, la camioneta de escoltas trató de hacer lo mismo, pero parece que se resbaló el vehículo perdiendo la estabilidad, en sentido contrario venía una gacela a gran velocidad la cual colisionó con la camioneta de escoltas…

9.5.8. El agente de la Policía Nacional Daniel Sepúlveda Angarita, quien el día de los hechos iba como pasajero en el puesto delantero del vehículo de placas JO 0637, narró los hechos de la siguiente manera (copia auténtica —fls. 46-48 cdno. pruebas 1—):

…continuamos el viaje hacia Duitama y un kilómetro después de El Barne aproximadamente, el carro donde iba el gobernador adelantó a un vehículo, posteriormente haciéndolo la camioneta nissan donde íbamos, pero en el momento de estar pasándolo asomó una gacela y se nos vino encima, colisionando con la nissan…

9.6. El agente Campo Hernando Sánchez, quien se movilizaba en el vehículo de placas JO 0637 en el puesto trasero, resultó muerto en el lugar de los hechos. Según el informe de necropsia 177, la causa del deceso fue un “…politraumatismo con trauma craneoencefálico severo, que le ocasiona múltiples fracturas de huesos de la base del cráneo y aplastamiento del cerebelo y tronco cerebral…” (copia auténtica de: registro civil de defunción —fl. 10 cdno. ppal.—; acta 041 de la diligencia de inspección y levantamiento del cadáver, practicada por la fiscalía Sexta Unidad Preventiva y Permanente en el lugar de los hechos e informe de necropsia 177 —fls. 74-81 cdno. pruebas 1—).

9.7. La muerte del agente Campo Hernando Sánchez fue calificada por la policía Nacional como ocurrida “en servicio y por causa y razón del mismo” (copia auténtica del concepto de diciembre 13 de 1993, rendido por el subcomandante del Departamento de Policía de Boyacá —fls. 152-157 cdno. ppal.—):

…para el día 14 de agosto de 1993, el DG Sánchez Campo Hernando, se encontraba prestado sus servicios como Escolta del Gobernador de Boyacá, servicio que recibió a eso de las 10:30 horas en el sector de la Glorieta Norte, salida hacia Duitama, donde abordó el vehículo nissan de siglas 08-561 de propiedad de la Policía Nacional, el cual era conducido por el agente Caicedo Bautista Víctor Raúl y en el mismo vehículo también se desplazaba el agente Sepúlveda Angarita Daniel, quienes también cumplían funciones de escolta del Gobernador, personaje que se desplazaba en un vehículo Renault 21, el cual era conducido por el conductor Pacheco Ochoa Carlos Fidel y donde también se movilizaba un hijo del gobernador y el escolta agente Correa Herrera Ramiro, que cuando transitaban por el sector del Barne, el vehículo en el que se desplazaba el Gobernador adelantó a otro automotor que transitaba en el mismo sentido y que posteriormente trató de hacer lo mismo el vehículo nissan que era conducido por el agente Caicedo, pero en ese momento asomó una gacela de la empresa Rápido Duitama que transitaba en sentido contrario, la cual colisionó con el vehículo nissan de la Policía, resultando muerto el DG Sánchez Campo Hernando y heridos los agentes Caicedo Bautista Víctor Raúl y Sepúlveda Angarita Daniel, a causa de dicho accidente (…).

Concepto

Que la muerte del DG Sánchez Campo Hernando (…), se produjo en servicio y por causa y razón del mismo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 31, literal b del Decreto 1022 de fecha 17-06-92, en concordancia con el artículo 122 del Decreto 1213 del 08-06-90.

9.8. Mediante providencia de febrero 7 de 1995, proferida en consulta por el comando del Departamento de Policía de Boyacá, dentro del informativo disciplinario adelantado en contra del agente Víctor Raúl Caicedo Bautista, por los hechos del 14 de agosto de 1993, se lo declaró “…administrativamente responsable (…) de los daños del vehículo Nissan de siglas 08-561 de propiedad de la Policía Nacional, según hechos sucedidos el día 14 de agosto de 1993 en la vía Tunja-Duitama, cuando por imprudencia en la conducción de dicho automotor causó el accidente con el bus de placas XIB 781 de la empresa Rápido Duitama, resultando muerto el DG. Campo Hernando Sánchez y heridos los agentes Daniel Sepúlveda Angarita y Víctor Raúl Caicedo Bautista…” (copia auténtica —fls. 142-145 cdno. pruebas 1—).

9.9. Los señores Campo Hernando Sánchez (fallecido) y Leonor Camacho de Sánchez eran cónyuges entre sí y padres de los menores Ferley Hernando, Hildebrando, Cleida Sulay y Fredy Orlando Sánchez Camacho; el señor Campo Hernando Sánchez también era hijo de la señora Julia del Carmen Sánchez de Torres y hermano de los señores Blanca Adela, Marco Tulio, Samuel, Margarita y Olga Marina Torres Sánchez y María Raquel Sánchez Martínez (copia auténtica del registro civil del matrimonio de los dos primeros y de los registros civiles de nacimiento de las demás personas mencionadas —fls. 9-21 cdno. ppal.—).

IV. Problema jurídico

10. Procede la Sala a determinar si la muerte del agente de la Policía Nacional Campo Hernando Sánchez es imputable a la entidad demandada, por haberse producido como consecuencia de una falla del servicio, o de una actividad peligrosa, o si, por el contrario, la misma obedeció a uno de los riesgos que la víctima asumió de manera voluntaria al vincularse a los servicios de seguridad del Estado. En caso de confirmarse la responsabilidad de la entidad demandada, tal como la declaró el Tribunal a quo, se procederá a revisar la liquidación de perjuicios efectuada en el fallo impugnado.

V. Análisis de la Sala

11. En el caso concreto, como ya se señaló, está demostrado el daño por el cual se reclama indemnización, esto es, la muerte del agente Campo Hernando Sánchez, ocurrida en un accidente de tránsito, en ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas.

12. En relación con la imputación del daño, la Sala considera que los hechos involucran dos situaciones que es necesario analizar para la solución del caso concreto: de una parte, que el daño se causó con ocasión del ejercicio de una actividad peligrosa, que no ejercía el occiso, en tanto se trató de un accidente ocurrido al estrellarse el automotor, en el cual viajaba aquél, pero que era conducido por otro servidor estatal; y de otra, que el daño se produjo durante el cumplimiento de sus funciones como escolta del gobernador de Boyacá, por lo cual habrá de definirse si este correspondió a la materialización de uno de los riesgos propios de la actividad que la víctima asumió de manera voluntaria, al vincularse a las fuerzas de seguridad del Estado.

13. En relación con el primer asunto, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(6). Es decir, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas deberán resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones, tanto jurídicas como fácticas, que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

14. En el sub lite, en el que se analiza la responsabilidad del Estado por un daño derivado del ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de automotores, conviene advertir que a efectos de establecer el criterio de imputación aplicable, la Sala ha diferenciado la situación de las víctimas que ejercen la actividad, de aquéllas que son ajenas a la misma, para concluir que frente a las primeras, para efectos de determinar la imputación del daño al Estado, deberá tenerse en cuenta que quien se vincula a ese tipo de actividades participa en la creación del riesgo que la misma entraña y, por lo tanto, tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad, para evitar la causación de daños a otros y a sí mismos.

15. Pero, tratándose de los terceros que no ejercen la actividad peligrosa sino que por alguna circunstancia están sometidos al riesgo que ella entraña, sean o no servidores del Estado, para deducir la responsabilidad de la entidad demandada, deberá analizarse si el daño constituyó la concreción del peligro, o si se produjo por una acción indebida, derivada del incumplimiento de las medidas de precaución que deban adoptarse para su ejercicio. Sobre el asunto en mención la Sala se ha pronunciado en oportunidades anteriores, en los siguientes términos:

Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

…si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor(7).

16. En conclusión, para definir la responsabilidad de la entidad estatal demandada, en los eventos en los cuales el daño se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, debe establecerse si la víctima de dicho daño desarrollaba tal actividad, o si era ajena a la misma, porque en relación con la primera deberá tenerse en cuenta que ésta asume los riesgos inherentes a la misma(8) y, en relación con la segunda la sola constatación de la concreción del riesgo conllevará la declaratoria de responsabilidad, a menos que se evidencie la presencia de una falla del servicio, evento en el cual la misma se deberá poner de presente.

17. Lo anterior se aplica, igualmente, en relación con los daños sufridos por los servidores estatales, vinculados a los servicios de protección y seguridad del Estado, evento en el cual el título de imputación aplicable dependerá de si en el marco de sus funciones estaba la de ejecutar la actividad peligrosa que produjo el daño, o si la víctima no desarrollaba dicha actividad.

18. Aplicando los criterios anteriores al caso concreto, se concluye que en relación con la muerte del agente Campo Hernando Sánchez, se impone declarar la responsabilidad de la administración, en la medida en que las pruebas analizadas dan cuenta de que el daño se produjo cuando el vehículo oficial en el que se movilizaba y que no era conducido por él, colisionó con otro automotor cuando el conductor del primero pretendió efectuar una maniobra de adelantamiento, sin advertir que en sentido contrario, justo después de una “semicurva”, se desplazaba el segundo.

19. Para la Sala, dicha conducta es constitutiva de una falla del servicio, pues resulta palmario que el agente Caicedo Bautista —quien conducía el vehículo oficial— con el propósito de no perder de vista el vehículo en el que viajaba el gobernador de Boyacá, a quien prestaba el servicio de escolta, ejecutó una maniobra sin prever los posibles riesgos de la misma, como por ejemplo, que de una “semicurva” emergiera un bus de servicio público, con el cual finalmente colisionó. En este punto advierte la Sala que —contrario a lo considerado por el a quo—, la falla del servicio no se configura por el hecho de que el agente Caicedo Bautista se encontrara o no autorizado por la Policía Nacional para conducir el vehículo de su propiedad, sino por la imprudencia manifestada en la ejecución de la actividad peligrosa de conducción de automotores. Incluso, esa fue la razón por la cual resultó sancionado disciplinariamente por la entidad ahora demandada, es decir, por la impericia por él demostrada el 14 de agosto de 1993.

20. Por otra parte, al revisar las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que no se encuentra demostrada situación alguna eximente de responsabilidad, pues si bien algunos de los testigos citados hacen referencia a la humedad de la vía como la causa del choque —en tanto el agente Caicedo al pretender volver a su carril habría perdido el control del automotor precisamente por encontrarse la vía mojada—, ello no pasa de ser una mera especulación o conclusión interna de los deponentes, pues si bien está demostrado que al momento de ocurrir los hechos estaba lloviendo, se echa de menos una prueba técnica que indique el grado de incidencia de esa circunstancia en el desarrollo de los acontecimientos; por el contrario, el encontrarse acreditada la mencionada condición climatológica, refuerza aún más la conclusión a la que ha arribado la Sala, pues tal situación demandaba un mayor cuidado por parte del conductor del vehículo oficial, pues era previsible que en esas condiciones de la vía, las maniobras que se ejecutaren con el automotor fueran aún más riesgosas de lo que en condiciones normales per sé lo son.

21. La anterior conclusión se aplica también a aquellas afirmaciones efectuadas por algunos de los deponentes, quienes insinúan que el bus se desplazaba a una alta velocidad, sin que ese dicho encuentre refuerzo alguno en una prueba técnica que permita tener certeza sobre la velocidad con la que se desplazaban los vehículos implicados y la incidencia de la misma en el devenir de los hechos.

22. Ahora bien, podría entenderse que en virtud de que la víctima, quien ejercía funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, debía soportar los daños que constituyeran la materialización de los riesgos inherentes a la misma actividad y que sólo habría lugar a su reparación integral si la causa de los mismos fuere constitutiva de falla del servicio(9), o cuando si se acreditó que fue sometido a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que debía afrontar sus demás compañeros, evento en el cual se aplicaría el régimen de responsabilidad objetivo. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicios con el hecho, tendrían derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(10).

23. De conformidad con lo que se acreditó en el proceso, la muerte del señor Campo Hernando Sánchez se presentó cuando el vehículo oficial en el cual se desplazaba, con el propósito de ejecutar la función de escolta del gobernador de Boyacá, colisionó con otro automotor, no habiéndose demostrado que el accidente ocurrió por causa directa de dicha actividad de escolta, sino, se insiste, como consecuencia de una falla del servicio configurada por la imprudencia del conductor del automotor en el que se movilizaba, por lo que se concluye que la muerte del agente Sánchez resulta ajena a los riesgos propios de la milicia y, por lo tanto, que aquél no estaba en el deber jurídico de soportar ese daño.

24. En síntesis, como la muerte del agente Campo Hernando Sánchez se derivó de una falla del servicio en la que incurrió la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se confirmará la declaratoria de responsabilidad y a continuación se procederá a revisar la liquidación de perjuicios efectuada por el a quo; previo a lo cual se aclara que, dado que no se logró la vinculación al proceso de quien fuera llamado en garantía por la demandada, no habrá lugar a pronunciamiento de fondo alguno respecto de su posible responsabilidad personal.

VI. Liquidación de perjuicios

VI.1. Perjuicios morales

25. A partir de la prueba del vínculo conyugal y del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes —ver supra párrafo 9.9.—, se puede inferir que todos ellos sufrieron perjuicios morales con ocasión de la muerte de su ser querido en el accidente de tránsito acaecido el 14 de agosto de 1993, por lo tanto, se confirmará la decisión de condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a la correspondiente indemnización, aunque por los siguientes valores(11):

26. A favor de la señora Leonor Camacho de Sánchez (cónyuge), de los menores Ferley Hernando, Hildebrando, Cleida Sulay y Fredy Orlando Sánchez Camacho (hijos) y de la señora Julia del Carmen Sánchez de Torres (madre), un valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y, a favor de los señores Blanca Adela, Marco Tulio, Samuel, Margarita, Olga Marina Torres Sánchez y María Raquel Sánchez Martínez (hermanos), un monto equivalente a cincuenta (50) smlmv, para cada uno de ellos.

VI.2. Lucro cesante

27. Por concepto de lucro cesante se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero: para Leonor Camacho de Sánchez $ 190 802 516,16, para Ferley Hernando Sánchez Camacho $ 5 643 123,66, para Hildebrando Sánchez Camacho $ 7 191 537,99, para Cleida Sulay Sánchez Camacho $ 9 847 728,24 y para Fredy Orlando Sánchez Camacho $ 13 520 255,76.

28. Al respecto, se acreditó que el señor Campo Hernando Sánchez, hasta el momento de su muerte, se desempeñaba como agente de la Policía Nacional —supra párrafo 9.1—, y con lo que por ello devengaba sostenía económicamente a su esposa y a sus hijos (testimonios rendidos ante el a quo por los señores José Vicente Villamil y Álvaro Roncancio —fls. 8-9, 11-12 cdno. pruebas 3—). Por lo tanto, considera la Sala acertada la decisión de indemnizar a los mencionados demandantes por este perjuicio, sin embargo, respecto de los montos reconocidos, se estima necesario volver a liquidarlos, comoquiera que no se comparten algunos de los parámetros empleados a dichos efectos(12). En consecuencia, las bases de la liquidación serán las siguientes:

29. En cuanto a la suma de dinero que el señor Sánchez devengaba mensualmente, el jefe de la unidad de archivo general de la Policía Nacional certificó que éste correspondía a la suma de $ 242 497,50 (fl. 22 cdno. ppal.), monto que deberá actualizarse a la fecha del presente fallo con la siguiente formula:

Ra = R I. Final
 ——————
  I. Inicial

 

En donde:

Ra = renta actualizada.

R = renta histórica.

I Final = Índice de precios al consumidor al momento de esta sentencia.

I Inicial = Índice de precios al consumidor de la fecha del daño.

Ra = $ 242 497,50 x112.88
  ——————
  20,37

 

Ra = $ 1 343 796

30. La suma obtenida se incrementará en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un monto de $ 1 679 745. De ese valor se reduce el 25%, que se presume que la víctima dedicaba a su propia subsistencia ($ 419 936). Por lo tanto, la suma que se tendrá en cuenta para la liquidación será de $ 1 259 809, la cual se dividirá en dos partes iguales, una de ellas se tomará como renta base para la liquidación de los perjuicios a favor del cónyuge supérstite ($ 629 905) y la otra mitad se dividirá por igual entre los 4 hijos ($ 157 476).

31. La indemnización abarcará: Respecto de la señora Leonor Camacho de Sánchez, el lapso de tiempo comprendido entre la fecha del daño y el resto de la vida probable del señor Campo Hernando Sánchez (de 45 años a la fecha del daño —fl. 9 cdno. ppal.—), por ser la señora Leonor Camacho de Sánchez (de 36 años al momento del daño —fl. 14 cdno. ppal. —) menor que aquél, es decir 385,92 meses. Respecto de los menores, el lapso comprendido entre la fecha del daño y el día en el cual cada uno cumplirá 25 años de edad, esto es: i) para Ferley Hernando la indemnización será por 145,3 meses, que corresponden a 12 años, 1 mes y 9 días que le faltaban al momento de los hechos, para cumplir 25 años, dado que nació el 23 de septiembre de 1980; ii) para Hildebrando la indemnización será por 159,13 meses, que corresponden a 13 años, 3 meses y 4 días que le faltaban al momento de los hechos para cumplir 25 años, pues nació el 18 de noviembre de 1981; (iii) para Cleida Sulay la indemnización será por 181,43 meses, que corresponden a 15 años, 1 mes y 13 días que le faltaban al momento de los hechos para cumplir 25 años, pues nació el 27 de septiembre de 1983 y (iv) para Fredy Orlando la indemnización será por 206,3 meses, que corresponden a 17 años, 4 meses y 9 días que le faltaban al momento de los hechos para cumplir 25 años, pues nació el 23 de diciembre de 1985.

32. Se aplicarán las fórmulas de matemáticas financieras adoptadas por la Corporación.

Indemnización a favor de Leonor Camacho de Sánchez

Indemnización consolidada o histórica:

S = Ra (1 + i)n - 1
  ——————
  i

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 629 905.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 14 de agosto de 1993, hasta la fecha en la que se profiere esta sentencia, esto es, 236,6 meses.

S = $ 629 905 (1 + 0.004867)236,6 – 1
  —————————————————————
  0.004867

 

S = $ 278 806 146

Indemnización futura:

33. Que abarca el tiempo calculado para la indemnización total (385,92 meses), menos el tiempo reconocido por indemnización vencida (236,6 meses), lo que arroja un resultado de 149,32 meses.

S = Ra (1 + i)n - 1
  ————————
  i(1 + i)n

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 629 905.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 149,32 meses.

S = $ 629 905 (1+0.004867)149,32 - 1
  ————————————————
  0.004867 (1.004867)149,32

 

S = $ 66 739 205

34. Total lucro cesante a favor de Leonor Camacho de Sánchez: $ 278 806 146 + $ 66 739 205 = $ 345 545 351.

Indemnización a favor de Ferley Hernando Sánchez Camacho

Indemnización consolidada o histórica:

S =  Ra (1 + i)n – 1
  ————————————
  i

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 157 476.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 14 de agosto de 1993, hasta la fecha en la que Ferley Hernando cumplió 25 años de edad, esto es, 145,3 meses.

S = $ 157 476 (1 + 0.004867)145,3 - 1
  ————————————————
  0.004867

 

S = $ 33 157 560

Indemnización a favor de Hildebrando Sánchez Camacho

Indemnización consolidada o histórica:

S = Ra (1 + i)n – 1
  ——————————————
  i

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 157 476.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 14 de agosto de 1993, hasta la fecha en la que Hildebrando cumplió 25 años de edad, esto es, 159,13 meses.

S = $ 157 476 (1 + 0.004867)159,13 – 1
  —————————————————
  0.004867

S = $ 37 707 666

Indemnización a favor de Cleida Sulay Sánchez Camacho

Indemnización consolidada o histórica:

S = Ra (1 + i)n - 1
  —————————
  i

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 157 476.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 14 de agosto de 1993, hasta la fecha en la que Cleida Sulay cumplió 25 años de edad, esto es, 181,43 meses.

S =  $ 157 476 (1 + 0.004867)181,43 – 1
  ——————————————————
  0.004867

 

S = $ 45 719 396

Indemnización a favor de Fredy Orlando Sánchez Camacho

Indemnización consolidada o histórica:

S = Ra (1 + i)n – 1
  —————————
  i

 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 157 476.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 14 de agosto de 1993, hasta la fecha en la que Fredy Orlando cumplió 25 años de edad, esto es, 206,3 meses.

S =  $ 157 476 (1 + 0.004867)206,3 - 1
  ————————————————
  0.004867

 

S = $ 55 739 205

35. Advierte la Sala que de los montos que se acaban de liquidar no es procedente efectuar deducción alguna, por concepto de las sumas de dinero que la demandada hubiere reconocido a la esposa e hijos del agente Sánchez, por concepto de la denominada indemnización a forfait, toda vez que se ha entendido que dichos pagos no son incompatibles con aquellos derivados de la responsabilidad estatal y, además, porque en el expediente no obra prueba alguna que acredite que los mencionados reconocimientos se llevaron a cabo.

VII. Costas

36. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión 2, el 7 de mayo de 2003, la que quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte del señor Campo Hernando Sánchez, en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de agosto de 1993, en la vía que de Tunja conduce a Duitama.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales:

Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: Leonor Camacho de Sánchez, Ferley Hernando Sánchez Camacho, Hildebrando Sánchez Camacho, Cleida Sulay Sánchez Camacho, Fredy Orlando Sánchez Camacho y Julia del Carmen Sánchez de Torres y,

Cincuenta (50) smmlv a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Blanca Adela Torres Sánchez, Marco Tulio Torres Sánchez, Samuel Torres Sánchez, Margarita Torres Sánchez, Olga Marina Torres Sánchez y María Raquel Sánchez Martínez.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Para la señora Leonor Camacho de Sánchez, trescientos cuarenta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos ($ 345 545 351).

Para Ferley Hernando Sánchez Camacho, treinta y tres millones ciento cincuenta y siete mil quinientos sesenta pesos ($ 33 157 560).

Para Hildebrando Sánchez Camacho, treinta y siete millones setecientos siete mil seiscientos sesenta y seis pesos ($ 37 707 666).

Para Cleida Sulay Sánchez Camacho, cuarenta y cinco millones setecientos diecinueve mil trescientos noventa y seis pesos ($ 45 719 396).

Para Fredy Orlando Sánchez Camacho, cincuenta y cinco millones setecientos treinta y nueve mil doscientos cinco pesos ($ 55 739 205).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) En la demanda incoada el 11 de agosto de 1995, la pretensión mayor por perjuicios morales se estimó en $ 11 918 870, para cada uno de los demandantes (1 000 gramos oro), monto que supera la cuantía exigida en el año 1995 —$ 9 610 000.— para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, expediente 12789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, expediente 12831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, expediente 25020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, expediente 15528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(3) Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 23 de 2010, expediente 17493, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez y de la Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2011, expediente 16934, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(4) Art. 217. Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

(5) Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “…el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que la sospecha no descalifica de antemano… sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, expediente 6424.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(7) Sentencia del 13 de febrero de 1997, expediente 9912, reiterada, entre otras, en sentencia de 7 de septiembre de 2000, expediente 13184, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 16689, C.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 23 de junio de 2010, expediente 17632, C.P. Ruth Stella Palacio.

(9) Sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19900, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Sentencias de 5 de diciembre de 2006, expediente 20621, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de agosto de 2005, expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(11) Para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes 13232 y 15646, C.P. Alier Hernández, en la que se fijó tal indemnización en salarios mínimos legales mensuales vigentes, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

(12) En la liquidación de perjuicios, en la modalidad de lucro cesante, el a quo omitió incrementar la renta base de liquidación en un 25% por concepto de prestaciones sociales y, respecto de los menores de edad, la cuantificación se llevó a cabo hasta el momento en el que éstos cumplirían 18 años de edad, cuando la Sala ha considerado que el límite debe ser el momento en el que cumplirían 25 años, en la medida en que se entiende que en ese momento los hijos se emancipan del hogar paterno y conforman el suyo propio.