Sentencia 1995-21483 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76 001 23 31 000 1995 21483 01 (27241)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Francisco Javier Cajiao Pizarro y otros.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca.

Referencia: Acción de reparación directa (sentencia).

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

25. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de 19 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró patrimonialmente responsable al departamento del Valle del Cauca y se condenó al pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de la víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro, su compañera permanente e hijos, así como por concepto de perjuicios fisiológicos a favor del lesionado.

26. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante(9), excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988.

27. Antes de analizar la impugnación, la Sala debe estudiar ciertos aspectos procesales.

2. Aspectos procesales previos.

28. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones procesales respecto de las cuales procede pronunciarse: 1) el valor probatorio de la copia simple; 2) el valor probatorio de la prueba trasladada; y, 3) la ocurrencia de una sucesión procesal por muerte de uno de los demandantes y sus efectos respecto de la cesión de derechos litigiosos.

2.1. Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

29. Ahora bien, la entidad demandada allegó con la contestación de la demanda una serie de documentos en copia simple: i) Oficio NR-104-94, elaborado por la abogada Nubia Rengifo Patiño [fls. 44 a 46, cdno. 1]; ii) declaración de indagatoria rendida por José Ángel Niño Contreras [fls. 47 a 50, cdno. 1 ambas caras]; iii) Informe de accidente automovilístico rendido por José Ángel Niño Contreras, Práctico Agrícola de la Secretaría de Agricultura [fls. 51 a 53, cdno. 1]; iv) providencia de la Fiscalía 29 Seccional por medio de la cual se ordenó la práctica de unas pruebas y diligencias [fl. 55, cdno. 1]; v) Oficio 259/DEVAL-ESBUG, de 28 de mayo de 1994, del comandante [encargado] de la estación de Bugalagrande del Departamento de Policía del Valle del Cauca, dirigido a la Fiscalía 28 Seccional, [fls. 56 y 57, cdno. 1]; vi) informe de tránsito 93-0089836 [fl. 58, cdno. 1]; vii) inventario del vehículo Trooper de placas OYL 340 [fl. 59, cdno. 1]; viii) inventario 652, del vehículo Trooper de placas OYL 340 de propiedad de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle del Cauca [fl. 60, cdno. 1]; ix) despacho comisorio 29-2501-088, de 3 de junio de 1994, de la Secretaría Común de la Unidad de Fiscalías de Tuluá, dirigido al Juez Promiscuo Municipal de Bugalagrande, solicitándose la práctica de la declaración del lesionado Francisco Cajiao [fl. 61, cdno. 1]; x) croquis del accidente, en cuya versión el causante manifestó: “yo me quedé dormido cuando me vi fué [sic] encima de la caseta” [fls. 62 y 63, cdno. 1, resaltado fuera de texto]; xi) acta que recoge la declaración rendida por Herminia Rodríguez Rodríguez, ante la Unidad de Fiscalías de Tuluá [Valle, fls. 65 y 66, cdno. 1]; xii) Oficio DMS-470-94, de 22 de junio de 1994, de la jefe de división de muebles y seguros de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca [dirigido a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura], por medio de la cual se informó [fl. 67, cdno. 1]; xiii) Oficio, de 15 de junio de 1994, de la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca, dirigido a José Ángel Niño Contreras, práctico agrícola, [fls. 69 y 70, cdno. 1]; xiv) Oficio SP-400, de 16 de junio de 1994, de la jefe de sección de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento del Valle del Cauca, dirigida a la junta directiva central del Sindicato de Trabajadores Oficiales del departamento [fl. 71, cdno. 1]; xv) Comunicación, de 17 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras, por medio de la cual presentó sus descargos ante la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento [fls. 72 y 73, cdno. 1]; xvi) Oficio, de 26 de mayo de 1994, de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a José Ángel Niño Contreras [fl. 74, cdno. 1]; xvii) Circular 12, de 10 de mayo de 1994, de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a los jefes de unidad, jefes de distrito y motoristas [fl. 75, cdno. 1]; xviii) Comunicación, de 8 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras, dirigida a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con la que anexó “incapacidad transcrita por Comfandi y copia del informe del accidente automovilístico entregado a la oficina de servicios administrativos” [fls. 76 y 77, cdno. 1]; y, xix) Acta de conciliación, de 17 de junio de 1994, a la que acudió José Ángel Niño Contreras [fls. 78 a 81, cdno. 1]. La Sala advierte que los anteriores medios probatorios documentales fueron allegados por la entidad demandada como anexos del Oficio DS_918-95, de 23 de agosto de 1995, del Secretario de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle [fl. 43, cdno. 1], los cuales hicieron parte del proceso disciplinario adelantado contra José Ángel Niño Contreras.

30. Como premisa inicial, la Sala tiene en cuenta que por la naturaleza del asunto, esto es, por haber serio compromiso en la vulneración de ciertos derechos humanos y del derecho internacional humanitario, su valoración de los elementos probatorios no puede agotarse sólo en la comprensión de las normas del ordenamiento jurídico interno, sino que debe propender por garantizar aquellas que convencionalmente son exigibles, especialmente las relaciones con la plenitud del acceso a la administración de justicia y las garantías judiciales para todos los extremos de la litis.

30.1. Si bien, la Sección Tercera(10) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente; en el presente caso, la entidad demandada en la contestación de la demanda no se opuso a tener como prueba los aportados por los demandantes y, estos, por su parte, además de tener en cuenta los documentos obrantes en el expediente para la defensa de sus pretensiones, no manifestaron oposición alguna a los aportados en copia simple por parte del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Por lo tanto, las partes no desconocieron los documentos, ni los tacharon de falsos, sino que conscientemente manifestaron su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

30.2 Sin embargo, con respecto al asunto que ahora nos ocupa también vale la pena precisar que la discusión respecto de la posibilidad de valorar las pruebas aportadas en copia simple, fue finalmente zanjada en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera [expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero], la cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso:

“Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011.

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

[…].

No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo Código General del Proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, CPACA.

[…].

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada.

[…].

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

[…].

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

[…].

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

[…].

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— […]”.

30.3. Por lo tanto, en consideración a lo anterior y atendiendo a que la normatividad aplicable sigue siendo la consignada en el Código de Procedimiento Civil —por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo— y, aun cuando no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por las partes en copia simple.

30.4. Es oportuno precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fuesen apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no sólo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(11), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(12).

30.5. Estudiado lo anterior, aborda la Sala lo relacionado con el valor probatorio de la prueba trasladada.

2.2. Valor probatorio de la prueba trasladada.

31. Como la sentencia de primera instancia sólo fue apelada por la parte actora, al haberse declarado desierto el recurso presentado por la entidad demandada, la Sala se pronuncia respecto de aquella prueba que trasladada puede ser útil, pertinente y conducente para dilucidar los extremos del objeto de la apelación relacionados con el reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios.

31.1. Del proceso penal cursado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, con el Oficio 312, de 25 de marzo de 1998, del Secretario del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca [fl. 142, cdno. 2], se allegó el primer reconocimiento médico legal realizado a Francisco Javier Cajiao Pizarro en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande [fl. 167, cdno. 2].

31.2. Ahora bien, con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera de 9 de mayo de 2012 [expediente 20334], que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos [se toman sólo aquellos que se ajustan a la caso]: a) los normativos del artículo 185(13) del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el [los] proceso [s] del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(14), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo consagrado por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(15) [vigente para la época de entrada para fallo del proceso]; b) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada(16); c) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(17); d) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(18).

31.3. En cuanto a la prueba documental allegada se cumple con tres de los presupuestos para su valoración: la prueba fue solicitada por las dos partes en el proceso [tanto en la demanda, como la contestación coincidieron en solicitar que se oficiara a la Fiscalía 29 de Tuluá para que allegara copia auténtica del expediente contentivo de la investigación por los delitos de homicidio y las lesiones personales, adelantada contra José Ángel Niño Contreras]; la prueba documental estuvo a disposición de las partes una vez allegada durante el período probatorio, con lo que hubo lugar a la contradicción de la misma [cumpliendo con ello los mandatos constitucionales y convencionales]; y, se trata de medios probatorios que puede ser conducentes, pertinentes y útiles para establecer la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en las condiciones en las que acaecieron los hechos.

32. Con fundamento en lo anterior, la Sala tendrá, valorara y apreciara el medio probatorio [documento] trasladado de la investigación penal ordinaria, con las limitaciones y en las condiciones señaladas.

33. Finalmente, la Sala estudia la ocurrencia de una sucesión procesal por muerte de uno de los demandantes y sus efectos respecto de la cesión de derechos litigiosos.

3. La ocurrencia de una sucesión procesal por muerte de uno de los demandantes y sus efectos respecto de la cesión de derechos litigiosos.

34. Durante el trámite del proceso en segunda instancia, el apoderado de la parte actora informó de la cesión de derechos litigiosos que se celebró entre los demandantes y aquél, concretada por escritura pública 1086 de 23 de abril de 2004 [levantada ante la Notaría Segunda del círculo de Popayán]. Según dicha escritura, la cesión de los derechos litigiosos a favor del apoderado comprendía aquellos que fueran reconocidos en la decisión judicial de segunda instancia y que favoreciera a Francisco Javier Cajiao Pizarro, quien actuaba en nombre propio y en representación de su hijo menor Francisco Javier Cajiao Escobar, Lina María Dueñez Giraldo, Claudia Lorena Cajiao Escobar, María del Pilar Cajiao Pizarro, Adriana Cajiao de Bronstein y Marco Aurelio Cajiao Pizarro.

34.1. Dicha cesión de derechos litigiosos fue aceptada por auto de 2 de julio de 2010 [fls. 295 a 298, cp] pero sólo respecto de Francisco Javier Cajiao Pizarro, quien actuaba en nombre propio y de su hijo menor Francisco Javier Cajiao Escobar, Lina María Dueñez Giraldo, Claudia Lorena Cajiao Escobar, María del Pilar Cajiao Pizarro, Adriana Cajiao de Bronstein y el apoderado Olid Larrarte Rodríguez. Y se afirma que sólo respecto de ellos, porque con relación a Marco Aurelio Cajiao Pizarro el mencionada providencia requirió a la parte actora para que allegara la prueba del registro civil de defunción, al haberse informado de su fallecimiento [fl. 298, cp].

34.2. Teniendo en cuenta los anteriores extremos, debe la Sala examinar dos cuestiones, primero la sucesión procesal que se presenta como consecuencia de haberse informado el fallecimiento de Marco Aurelio Cajiao Pizarro; y, en segundo lugar qué efectos surte el que se cumpla o no con las condiciones exigidas por la sucesión procesal para que quede comprendido esto dentro de la cesión de derechos litigiosos.

34.3. En cuanto a la sucesión procesal, se tiene que el apoderado de la parte actora informó, mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2010, que “ha sido imposible dar cumplimiento a la orden de allegar el registro civil de defunción” de Marco Aurelio Cajiao Pizarro, ya que sus familiares salieron del país, prometiendo allegarlo [fl. 300 cp]. Por tal razón, en el auto de 2 de julio de 2010 se requirió al apoderado de la parte actora para que allegara el registro de defunción de la mencionada persona, ya que se encontraba que frente a ella se había producido la sucesión procesal, con base en los siguientes argumentos:

“[…] Sobre el particular, el despacho advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, tal solicitud resulta procedente y, por tanto, se aceptará. 2. Por otro lado se observa que en el aparte transcrito de dicha escritura pública se manifestó que igualmente cedían todos los derechos que les correspondan o puedan corresponder dentro de la sucesión intestada del señor Marco Aurelio Cajiao Pizarro. El despacho encuentra que, en principio, se está en presencia de una sucesión procesal toda vez que al parecer el señor Luis Aurelio Martínez Varela [se desconoce qué tiene que ver esta persona con el proceso] habría fallecido, sin embargo no existe prueba alguna en el expediente que acredite tal circunstancia. En materia de sucesión procesal, el artículo 60 del estatuto procesal civil establece que, fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador […] En el caso concreto, el abogado Larrarte Rodríguez pretende que se le tenga como cesionario del señor Marco Aurelio Cajiao Pizarro, sin embargo tal razonamiento no tendría lugar dado que la parte demandante —a quien corresponde la carga de la prueba— no ha acreditado en debida forma la muerte del señor Marco Aurelio Cajiao Pizarro […] Así entonces, la prueba idónea para acreditar el fallecimiento de una persona la constituye el registro civil de defunción, expedido por el respectivo notario del lugar donde se haya registrado la muerte de aquel. Por lo anterior, el despacho estima conveniente precisar, como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado, que quien asume la calidad de parte principal en el juicio la conserva hasta su terminación, pero puede dejar de serlo por determinadas circunstancias, como por ejemplo, cuando sobreviene la muerte, caso en el cual es procedente la aplicación de la sucesión procesal, siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley, esto es que se acredite realmente y mediante los medios probatorios idóneos el acaecimiento de tal hecho, así como la condición de herederos o sucesores del fallecido. En consecuencia, se requerirá a la parte actora para que allegue la prueba idónea que acredite el fallecimiento del señor Marco Aurelio Cajiao Pizarro […]” [fls. 296 y 297, cp].

34.3.1. Examinado el expediente por la Sala, cabe afirmar que Marco Aurelio Cajiao Pizarro se presentó con poder debidamente otorgado [fls. 3 y 4, cdno. 1], en la demanda con la calidad de la hermano de la víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro, y solicitando el reconocimiento y liquidación a su favor de los perjuicios morales por un valor equivalente a mil gramos de oro [1.000 grs]. Así mismo, que no obra prueba alguna de su fallecimiento, ya que a pesar de haber sido requerido en segunda instancia, cuando se aceptó la cesión de derechos litigiosos, el registro civil de defunción no fue nunca allegado por el apoderado de la parte actora.

34.3.2. En relación con la sucesión procesal prevista en el artículo 60(19) del Código de Procedimiento Civil, se establece que al fallecimiento de un litigante [o al declararse ausente o en interdicción] el proceso podrá continuar con cónyuge, albacea con tenencia de bienes, herederos o curador(20). En dicho evento, cuando fallece el litigante [que como en nuestro caso ocurrió con Marco Aurelio Cajiao Pizarro], como lo señala la jurisprudencia de la Sección Tercera:

“[…] la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. De acuerdo con la doctrina, esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte. En casos como éste, el fallecimiento de la parte actora no produce la suspensión o interrupción del proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado o el curador, porque de conformidad con el inciso 5º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial. En cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes si constituye causal de interrupción, lo cual no ocurrió en este caso. Es el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la norma destinada a tipificar la figura, la cual se estructura de manera diversa según se trate de personas naturales o jurídicas las sustituidas y si la causa la origina un acto entre vivos o sucesión por muerte de la persona natural. En relación con las personas naturales —que es la que nos interesa—, dispone el inciso primero que fallecido un litigante, y por tal se comprende tanto a quien integra una parte como al que actúa con cualquiera de las calidades de un tercero, o declarado ausente o en interdicción “el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”, aún (sic) cuando debe advertirse que en algunos procesos el deceso de la persona implica la terminación del mismo por cuanto no puede operar la figura, tal como sucede en los procesos de divorcio, separación de bienes, de cuerpos o de nulidad de matrimonio donde la muerte de una de las partes implica culminación inmediata de la actuación por sustracción de materia y en atención a la índole personalísima de las relaciones jurídicas en debate. Otro sector de la doctrina, ha dicho que la sucesión procesal se presenta cuando cualquiera de las partes es sustituida por otra o se aumenta o reduce el número de personas que la integran. Se define, conforme al sencillo concepto de Ramos Méndez, como “la sustitución de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal”. Esta especie de crisis —como lo denomina Azula Camacho—, consiste exclusivamente en el cambio de personas que integran cualquiera de las partes y, por tanto, es factible que afecte al demandante o al demandado o, incluso, a un tercero interviniente. El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continua igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado.

[…].

En lo relacionado con la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños morales ha sido punto discutido entre quienes sostienen que tratándose de un derecho personalísimo —inherente a la personalidad—, es intransmisible e incesible (sic), por la consideración de que esa clase o categoría de derechos se encuentra íntimamente ligada a la existencia de su titular y sobreviniendo la muerte, no pueden transmitirse a los herederos; también se sostiene, en apoyo de esta postura, que los perjuicios morales dada su naturaleza intrínseca que se fundamenta en el dolor, el padecimiento, la congoja o la tristeza padecidos por la víctima, no pueden ser susceptibles de transmisión como que el único legitimado para reclamarlos es la propia víctima o el directamente afectado ya que resultaría “inmoral” aceptar la transmisión de este perjuicio, como que el dolor no puede ser susceptible de actos dispositivos que comporten la transmisibilidad del mismo. Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado que no existe en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo que permita afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial, que desde luego puede ser ejercido bien directamente por el afectado o por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento. Finalmente, si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió, como equivocadamente lo advirtió el a quo, pues lo se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y por ende legitimada para demandar. En conclusión, como la señora Guzmán de Orjuela sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión”(21).

A lo que se agrega, siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera que:

“[…] como la acción de reparación directa tiene un contenido puramente patrimonial y, aún la indemnización por daños morales, hace parte del derecho a la reparación que es de contenido económico, es evidente que procede ordenar el pago de la condena a la sucesión”(22).

Reiterándose en la misma jurisprudencia de la Sección Tercera:

“Normalmente, cuando el actor fallece, el apoderado debe dar noticia de este hecho al juez y el proceso, como reza el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador, es decir, que se surte una sucesión procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto que las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no se modifican ni afectan por su deceso. Por su parte, el artículo 62 del mismo código, establece que los sucesores, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención”(23).

34.3.3. Observa la Sala que en el caso concreto la noticia del fallecimiento de Marco Aurelio Cajiao Pizarro se dio por el apoderado de los actores cuando el proceso se encontraba al despacho y estaba por decidirse lo relativo a la aceptación de la cesión de derechos litigiosos, razón que llevó a no aceptarse la misma cesión con relación a este demandante. No obstante, como no se acreditó el fallecimiento del mismo por medio del registro civil de defunción requerido, como tampoco que se hubiese iniciado la sucesión de Marco Aurelio Cajiao Pizarro, y teniendo en cuenta que la cesión de derechos litigiosos(24) se produjo cuando Marco Aurelio se encontraba en vida, habrá lugar a reconocer incorporada en mencionada cesión a favor del apoderado de los demandantes la indemnización que se reconozca en la presente providencia. Y, como la cesión de derechos litigiosos no fue aceptada por el cedido, la mencionada cesión lleva a que el adquirente, en este acaso el apoderado de este demandante, como tampoco se acreditó con el registro civil de defunción la muerte de Marco Aurelio Cajiao Pizarro, se entiende que el apoderado de los demandantes como cesionario de los derechos litigiosos “pueda intervenir como litisconsorte del cesionario”(25).

35. Después de estudiar, analizar y valorar los anteriores aspectos procesales, la Sala procede a delimitar el análisis de la impugnación presentada por la parte actora.

3. Análisis de la impugnación.

36. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte actora en el recurso de apelación, específicamente relacionadas con la indemnización de perjuicios en los siguientes aspectos: a) incluir como beneficiarios de los perjuicios morales a los hermanos de la víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro, y reconocerles cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes [50 smlmv]; b) reconocer cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes [400 smlmv] por daño a la vida de relación a favor de la víctima; y, c) reconocer y liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la víctima, el cual estimó para el momento de presentación del recurso de apelación la suma de $ 386.873.458,20.

37. Advierte la Sala, que como la parte actora es la única apelante, para decidir el recurso se centrará en los argumentos expuestos en el recurso, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación jurisprudencial de 9 de febrero de 2012 [exp. 21060(26)].

4. Los medios probatorios.

38. Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes elementos:

38.1. Certificación del Notario Primero del Círculo de Manizales del registro civil de matrimonio de Marco Antonio Cajiao y Afra Pizarro “celebrado en la Parroquia de La Inmaculada de esta ciudad de Manizales el día 4 del mes de JUNIO [sic] de mil novecientos 55” [fl. 9, cdno. 1].

38.2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Francisco Javier Cajiao Pizarro, nacido el 12 de octubre de 1963, e hijo de Alfra Pizarro y de Marco Antonio Cajiao [fl. 10, cdno. 1].

38.3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Marco Aurelio Cajiao Pizarro, nacido el 10 de abril de 1956, e hijo de Marco Antonio Cajiao y Afra Pizarro [fl. 11, cdno. 1].

38.4. Certificado del Notario Primero del Círculo de Manizales del registro civil de nacimiento de Adriana Cajiao Pizarro, nacida el 6 de junio de 1960 e hija de Marco A. Cajiao y Afra Pizarro [fl. 12, cdno. 1].

38.5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de María del Pilar Cajiao Pizarro, nacida el 13 de octubre de 1957, e hija de Marco A. Cajiao y de Afra Pizarro [fl. 13, cdno. 1].

38.6. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Francisco Javier Cajiao Escobar, nacido el 29 de agosto de 1987 e hijo de María Claudia Escobar Quira y de Francisco Javier Cajiao Pizarro [fl. 14, cdno. 1].

38.7. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Claudia Lorena Cajiao Escobar, nacida el 12 de enero de 1985, e hija de María Claudia Escobar Quira y de Francisco Javier Cajiao Pizarro [fl. 15, cdno. 1].

38.8. Copias autenticadas de las siguientes piezas de la historia clínica de Francisco Cajiao, recogida por el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca:

38.8.1. Hoja de evolución, en la que se afirmó que el paciente el 9 de junio de 1994 perdió el conocimiento [fl. 16, cdno. 1].

38.8.2. Hoja de atención de urgencias de 28 de mayo de 1994 del paciente Francisco Javier Cajiao Pizarro, en el que se consignó como motivo de la consulta que hace 4 horas recibió traumas por accidente de tránsito al haber sido arrollado [fl. 17 ambas caras, cdno. 1].

38.8.3. Hoja de órdenes médicas del paciente Francisco Cajiao, de 28 de mayo de 1994 [fl. 18, cdno. 1].

38.8.4. Hoja de evolución del paciente Francisco Cajiao P., en la que se consignó que “presenta heridas suturadas en cara: 1) frontal de mas [sic] 8 cm 2) ceja der [sic] con escalón 0.5 - 1 cm 3) pómulo der [sic] de 3 cms suturado 4) equimosis […]” [fl. 19 ambas caras, cdno. 1].

38.8.5. Hoja de referencia de pacientes de Francisco Javier Cajiao Pizarro, de 28 de mayo de 1994, en la que se consignó [fl. 20, cdno. 1]: “[…] Paciente de 30 años de edad quien hace +- [sic] 2 horas sufre accidente de transito [sic] presentando (pos) [sic] hondo profundo en supra frontal […]” [fl. 20 ambas caras, cdno. 1].

38.8.6. Hoja de evolución, de 1 de junio de 1994, del paciente Francisco Cajiao [fl. 21, cdno. 1].

38.8.7. Hoja de órdenes médicas, de 30 de mayo de 1994, de Francisco Pizarro [fl. 22 ambas caras, cdno. 1].

38.8.8. Hoja de órdenes médicas [sobre escrito “Notas de Enfermería”], de 28 de mayo de 1994, del paciente Francisco Cajiao Pizarro [fl. 23 ambas caras, cdno. 1], según el la cual: “[…] Ingreso al servicio de urgencias remitido de B/grande [sic], pte [sic] politraumatizado presenta heridas en la cara y golpe en MII […]” [fl. 23 ambas caras, cdno. 1].

38.8.9. Recorte de prensa del diario “El Tablón”, de 4 de junio de 1994, titulado “Tragedia en el peaje”(27) [fl. 24, cdno. 1].

38.9. Oficio DS_918-95, de 23 de agosto de 1995, del Secretario de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle [fl. 43, cdno. 1], según el cual se informó “que esta secretaría adelantó proceso disciplinario al señor Jose Ángel Niño Contreras, copia que anexo al presente. En cuanto a la investigación penal. En la Fiscalía 29 de la ciudad de Tuluá cursa proceso contra el señor Niño, práctico agrícola dependiente del Distrito 1 Cali, quién [sic] se identifica con la cédula de ciudadanía 13.446.849 de Cucutá [sic]” [fl. 43, cdno. 1].

38.9.1 Copia simple del Oficio NR-104-94, elaborado por la abogada Nubia Rengifo Patiño [fls. 44 a 46, cdno. 1], según el cual:

“[…] El día 14 de Junio [sic] de 1994 viaje [sic] a la Ciudad [sic] de Tulua [sic] para asistir en Indagatoria [sic] al señor José Ángel Niño, sindicado dentro del proceso de la referencia [exp. 2501-378 Fiscalía 29 Tuluá].

En la mencionada diligencia, el señor Niño refirió lo siguiente:

El día 26 de Mayo [sic], sali [sic] de mi residencia a las 6 AM para atender una comisión de trabajo en el Municipio [sic] del Águila, recogí a mi compañero de trabajo Ingeniero Luis Eduardo Córdoba, llegamos a Cartago el ingeniero Escrucería, llegamos al Águila aproximadamente a las doce del día, después de hacerle una breve espera al Alcalde, nos atendió y le informamos el objetivo de la visita salimos de su despacho como a las 1.15 de la tarde, salimos aproximadamente a las 2.30 PM. del Municipio [sic] y llegamos a las oficinas de la C.V.C en Ansermanuevo, llegamos al Distrito de Cartago aproximadamente a las 6 PM para recoger unos documentos. Procedimos a llevar al ingeniero Escrucería a su apartamento salimos de Cartago aproximadamente a las 7 PM con destino a Roldanillo … a la altura de obando [sic] el carro empieza a molestar por carburación … llegamos a Roldanillo aproximadamente entre las 9 y 9.30 PM., sali [sic] de Roldanillo a las 10.30 PM aproximadamente, saliendo de Zarzal el carro empieza a molestar se me apaga …. lo orillo [sic] al mergén [sic] derecho de la carretera, permanecí alli [sic] aproximadamente dos horas y media o tres horas …. un señor de un campero me auxilio […] …. llego a la altura del peaje de la Uribe un carro frena delante [sic] de mi bruscamente, yo acciono el freno y giro un poco hacia la derecha para no colisionar, pierdo el control de vehículo y me estrello contra la caseta que esta [sic] al frente del peaje al lado derecho, yo inmediatamente me baje [sic] por la puerta derecha ya que la izquierda no abrió, mire [sic] hacia la parte de adelante, veo la persona tendida y ensangrentada alli [sic] en el piso, me llevo las manos a la cabeza y me asusté mucho, sali [sic] co-corriendo [sic], me meti [sic] por unos cañaduzales, es decir por una finca y empece [sic] a caminar sin dirección, llegó [sic] aproximadamente a las 5 de la mañana al Corregimiento [sic] de Paila Arriba en donde estaban los agentes de turno, me entregue [sic] y les conte [sic] el accidente …. llegaron [sic] por mí los Agentes [sic] de la Inspección de Bugalagrande como a eso de las 6 AM me llevaron a la inspección … el sr. [sic] Agente [sic] me preguntaba cual [sic] había sido la causa del accidente …. me pregunto [sic] que si yo estaba embriagado, …. que si me había quedado dormido …. le dije que posiblemente podía haber sido una causa.

[…] La Fiscal 32 quien era la que estaba de turno a quien le correspondió mi caso, me dio un oficio para que me trasladara al Hospital de Tulua [sic] para realizar la prueba de alcoholemia al igual que la revisión de mi rodilla izquierda ... espere [sic] en el Hospital [sic] el médico legista aproximadamente hasta las 4 PM y en vista del dolor intenso de la rodilla y de no encontrarme detenido, procedí a irme para Cali, por ello no me hicieron ningún examén [sic].

En informe de accidente, el colaborador del tránsito anoto [sic] en Causas [sic] Probables [sic] según versión del sr. [sic] Niño violación de los articulos [sic] 114 y 116 del Código Nacional de Tránsito.

Herminia Rodríguez en declaración refirió lo siguiente:

Eso fué [sic] el 27 de Mayo [sic] yo entre [sic] al turno de 6.30 P.M., todo transcurrió normal hasta la 1.30 PM más o menos, cuando en esas vi que venía un carro como de la Paila para Tulùa [sic], el carro venía a alta velocidad y para mi parecer iba a pasar por el carril dos pero se encontraba cerrado por trabajos que estaban haciendo y en esas trato [sic] de girar al carril uno donde yo me encontraba, no fué [sic] capaz de controlar el carro y se fué [sic] hacia la caseta, en ese momento me tape [sic] la cara y grite [sic], sonó ese estruendo impresionante y alli [sic] vi que el carro se encontraba dentro de la oficina toda derrumbada, en ese momento me asuste [sic] mucho y el conductor del carro se fué [sic] pero dejo [sic] el carro incrustado dentro de la oficina, no vi en que [sic] momento salió.

Agrega más adelante: No había ningún obstaculo [sic], únicamente que iba a evadir el pago del peaje y por esto se produjo el accidente” [fls. 44 y 45, cdno. 1].

38.9.2. Copia simple de la declaración de indagatoria rendida por José Ángel Niño Contreras [fls. 47 a 50, cdno. 1 ambas caras].

38.9.3. Copia simple del Informe de accidente automovilístico rendido por José Ángel Niño Contreras, Práctico Agrícola de la Secretaría de Agricultura [fls. 51 a 53, cdno. 1], en el que señaló:

“[…] El día 27 de Mayo [sic], salí de mi residencia a las 6 a.m. para cumplir una comisión de trabajo en el municipio del Águila. Dicha comisión fué [sic] autorizada por la Secretaría de Agricultura. Recogí a mi compañero de trabajo Ingeniero Luis Eduardo Córdoba para realizar dicha diligencia.

Llegamos al Distrito #9 Cartago de la Secretaría de Agricultura para recoger unos documentos y al Ingeniero Antonio Escrucería jefe de zona. El objetivo de la comisión era diligenciar con el señor Alcalde su compromiso con un proyecto de la comunidad. Llegamos a las 12 del día al municipio. Luego de hacer una breve espera el Alcalde nos recibió; Se [sic] le informó del objetivo de la visita y él firmó nuevamente el compromiso con el proyecto. Salimos del despacho del señor alcalde […]

[…].

Salimos a tanquear el vehículo a la bomba Terpel de Cartago a eso de las 6:30 p.m. y fuimos a llevar al Ingeniero Escrucería a su apartamento. Salimos de Cartago apróximadamente [sic] a las 7 p.m. Mi compañero y yó [sic] nos dirigimos al municipio de Roldanillo donde él se debía quedar para atender asuntos personales. Llegando al municipio de Obando el carro empezó a molestar por carburación intentando apagarse en más de una oportunidad pero volvía a normalizarse. Viajamos despacio y llegamos al municipio de Roldanilo [sic] casi a las 9 p.m.

El ingeniero Córdoba me invitó a comer en su casa y de allí salí como a las 10:30 p.m. Más adelante del municipio de Zarzal el carro empezó a molestarme y se me apagó. Trate [sic] de encenderlo nuevamente y el carro no prendió al punto que le agoté la batería. Coloqué las luces de parqueo y me bajé a tratar de solicitar ayudad. Estaba lloviendo y nadie me paró. Debí esperar apróximadamente [sic] dos horas dentro del carro, hasta otro campero me auxilió con batería […] reinicié mi viaje rumbo a Cali. Llegando al peaje de la Uribe cuando intempestivamente un vehículo frenó, accioné el freno y traté de virar hacia la derecha perdiendo el control del auto y estrellándome contra la caseta auxiliar del peaje, ocurriendo el infortunado accidente.

Me bajé por la puerta derecha del vehículo y al ver a esa persona tendida y ensangrentada, me impresioné tanto que empecé a correr como loco internándome en unos cañaduzales.

Caminé desesperadamente casi 3 horas hasta llegar a la Inspección de policía [sic] del corregimiento de Paila Arriba, Municipio [sic] de Sevilla, donde me entregué.

Les reporté el hecho, ellos se comunicaron con la central y [sic] inmediatamente me retuvieron. Apróximadamente [sic] llegaron por mí a eso de las 5:30 a 6:00 am y me trasladaron al municipio de Bugalagrande. Me tomaron algunos datos, me permitieron llamar a mi esposa y a la oficina; También [sic] fuí [sic] a urgencias para que me revisaran la rodilla. Permanecí ahí hasta casi las 12 del día cuando me informaron que me trasladarían a la estación de policía de Tuluá [sic] para entregar informe a la fiscal de turno.

La señora fiscal llegó [...] no dice que está embriagado y no llenaron los derechos del capturado […] lo correcto debió ser practicarle el exámen [sic] de Alcoholemia [sic] […] La fiscal me dió [sic] una orden para que me practicaran el exámen de Alcoholemia [sic] en el hospital.

Me dejó en libertad y en compañía del asesor judicial nos dirigimos al hospital para realizar dicho exámen [sic]. El médico legista no se encontraba y nadie en el hospital quiso firmar la orden […] Esperé el médico legista hasta las 4 pm y no llegó […]

No soy motorista de la Secretaría, pero estaba autorizado para realizar dicha comisión” [fls. 51 y 52, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.4. Copia simple de la providencia de la Fiscalía 29 Seccional por medio de la cual se ordenó la práctica de unas pruebas y diligencias [fl. 55, cdno. 1].

38.9.5. Copia simple del Oficio 259/DEVAL-ESBUG, de 28 de mayo de 1994, del comandante [encargado] de la estación de Bugalagrande del Departamento de Policía del Valle del Cauca, dirigido a la Fiscalía 28 Seccional, [fls. 56 y 57, cdno. 1], por el que se dejó a disposición a “una persona sindicada de Homicidio [sic] y lesiones Personales [sic] en Accidente [sic] de Tránsito [sic]”, esto es, a José Ángel Niño Contreras, señalándose los siguientes hechos:

“[…] El antes mencionado en el día [sic] hoy 28 de los corrientes, cuando conducia [sic] vehículo campero marca Chevrolet Trooper, modelo 1990, color rojo carpado, placas OYL-340, servicio Oficial [sic], propiedad Gobernación del Valle. En el sitio donde funciona el Peaje [sic] del corregimiento de Uribe cuando cubría ruta Norte Sur [sic], colisionó contra la caseta donde funcionan las oficinas del Peaje [sic], arrollando las siguientes personas, señora SORANGEL [sic] RIVERA […] Señor [sic] Francisco Cajiao […] Jefe Peaje […] quien presenta herida frontal y golpes en diferentes partes del cuerpo. Herido fué [sic] atendido hospital San Bernabé de esta localidad […]

El antes mencionado huyó del lugar de los hechos presentandose [sic] posteriormente en la Estación de Policía del corregimiento de Paila-Arriba, jurisdicción de este Municipio [sic], lugar de donde fué [sic] traido [sic] hasta estas instalaciones Policiales [sic] para los efectos correspondientes.

Se informa al despacho que el vehículo en mención queda a su disposición en los patios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta localidad, mediante el inventario 0652.

El anterior caso fué [sic] conocido por los señores DG. Ochoa Toro José Iván y AG. T/T. Tejada Muñoz Javier Antonio, pertenecientes a esta Unidad Policial [fls. 56 y 57, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.6. Copia simple del informe de tránsito 93-0089836, del accidente ocurrido en la “carretera central peaje la Uribe”, en el que estuvo comprometido José Ángel Niño Contreras, identificado con cédula de ciudadanía 13.446.849, quien conducía el vehículo “campero” de placas “OYL 340” asignado al departamento del Valle del Cauca, y que fue inmovilizado en “Cuerpo de Bomberos Voluntarios” de Bugalagrande [fl. 58, cdno. 1].

38.9.7. Copia simple del inventario del vehículo Trooper de placas OYL 340 [fl. 59, cdno. 1].

38.9.8. Copia simple del inventario 0652, del vehículo Trooper de placas OYL 340 de propiedad de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle del Cauca [fl. 60, cdno. 1].

38.9.9. Copia simple del despacho comisorio 29-2501-088, de 3 de junio de 1994, de la Secretaría Común de la Unidad de Fiscalías de Tuluá, dirigido al Juez Promiscuo Municipal de Bugalagrande, solicitándose la práctica de la declaración del lesionado Francisco Cajiao [fl. 61, cdno. 1].

38.9.10. Copia simple del croquis del accidente, en cuya versión el causante manifestó: “yo me quedé dormido cuando me vi fué [sic] encima de la caseta” [fls. 62 y 63, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.11. Copia simple del acta que recoge la declaración rendida por Herminia Rodríguez Rodríguez, ante la Unidad de Fiscalías de Tuluá [Valle, fls. 65 y 66, cdno. 1].

38.9.12. Oficio DMS-470-94, de 22 de junio de 1994, de la jefe de división de muebles y seguros de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca [dirigido a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura], por medio de la cual se informó [fl. 67, cdno. 1]:

“[…] que esta división ha realizado las siguientes gestiones relativas al accidente del vehículo de placas OYL-340 conducido por el señor José Ángel Niño Contreras:

1. Se reportó el siniestro a la Compañía de Seguros con Oficio DMS-436 de Junio [sic] 1º de 1994, teniendo como base el informe del señor Niño, declaración del evento suscrita [sic] por el mismo funcionario y documentos requeridos por la Compañía en estos casos […]

2. En el momento el vehículo se encuentra en los Bomberos de Bugalagrande y no se ha realizado inspección del mismo. Esta inspección se efectúa con un Técnico [sic] de la Previsora y está programada para el 23 de Junio [sic] de 1994.

3. De acuerdo al informe del señor Niño parece ser que tuvo un golpe en la rodilla pero no conozco dictamen de médico legista.

Le remito el informe presentado por la doctora Nubia Rengifo, abogada encargada de la Asistencia [sic] Jurídica [sic], amparo con que cuentan los vehículos del departamento en la Póliza [sic] de Automóviles [sic] 30561” [fls. 67 y 68, cdno. 1].

38.9.13. Oficio, de 15 de junio de 1994, de la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca, dirigido a José Ángel Niño Contreras, práctico agrícola, [fls. 69 y 70, cdno. 1]:

“[…] me permito citarlo para que comparezca a descargos ante el comité de conciliación de conformidad con el Artículo [sic] 17 de la actual convención colectiva, por la falta originada en los hechos que reporta el comandante de la Estación de Policía de Bugalagrande Carlos A. López, y que Usted [sic] coadyuva con el informe que rinde ante el Despacho [sic] de la Doctora [sic] María Teresa Nieto […] jefe de la unidad de bienes, seguros e inventarios de la Secretaría de Servicios Administrativos el día 30 de Mayo [sic] de 1994.

PRIMERO: El día 28 de Mayo [sic] de 1994 aproximadamente a las 2:00 a.m., Usted [sic] en el vehículo Trooper OYL 340 (Campero) atropelló y dió [sic] muerte a una ciudadana y lesionó a otra, destruyó bienes ajenos al colisionar dicho automotor contra el peaje ubicado en inmediaciones del Municipio [sic] de Bugalagrande.

SEGUNDO: Usted no utilizó el vehículo de conformidad a la reglamentación existente en el Departamento Decreto 0061 de Enero [sic] 22 de 1991 por el cual se reglamenta el uso de vehículos oficiales a la administración departamental.

TERCERO: En el momento del choque usted abandonó el vehículo del departamento y a las personas lesionadas sin justificación alguna.

CUARTO: No se presentó a laborar los días subsiguientes Mayo [sic] 30, 31, y los días 1, 2 y 3 de Junio [sic] presentando incapacidad posterior hasta el día 2 de Junio [sic] sin que hasta la fecha se clarifique porque no laboró el 3 de Junio [sic] de los corrientes.

QUINTA: Violación grave de obligaciones y prohibiciones consignadas en los Artículos [sic] 28 y 29 del Decreto 2127 de 1945.

CARGOS:

Con base en los anteriores hechos Usted [sic] ha incurrido en:

[…]

CUARTO: No haberse preocupado con la debida diligencia al cuidado del bien asignado (Campero Trooper OYL 340 del departamento) cuando ocurrieron los hechos (D. 2127/45, art. 28, num. 8º).

QUINTO: Haber ejecutado un acto que hizo perder la vida a un tercero y originó lesiones personales a otra, además de averiar bienes ajenos y de la entidad, estas últimas encomendadas a su cuidado y menejo [sic].

[…]

SÉPTIMA: Haber utilizado el vehículo por fuera de la jornada laboral a pesar de la reglamentación existente en cuanto a que los vehículos deben de entregarse en cumplimiento al Decreto Departamental 61 de Enero [sic] 22/91, artículo 29 numeral 10 del Decreto 2127 de 1945 […]” [fls. 69 y 70, cdno. 1].

38.9.14. Oficio SP-400, de 16 de junio de 1994, del jefe de sección de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento del Valle del Cauca, dirigida a la junta directiva central del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Departamento [fl. 71, cdno. 1].

38.9.15. Comunicación, de 17 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras, por medio de la cual presentó sus descargos ante el jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento [fls. 72 y 73, cdno. 1], en los siguientes términos:

“[…] 2. DESCARGO. Artículo 28, numeral 2º, Decreto 2127 de 1945 […]

R/ Obedeciendo una orden de comisión de trabajo era lo que estaba realizando; atendiendo y obedeciendo las instrucciones de mi superior […]” [fl. 72, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.16. Oficio, de 26 de mayo de 1994, de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a José Ángel Niño Contreras [fl. 74, cdno. 1], según el cual:

“[…] El fondo DRI ha aprobado $ 60’000.000 para un Proyecto [sic] de Generación [sic] de Empleo [sic] en el Municipio [sic] de El Águila, falta sustentar $ 6’000.000 los cuales se adjudicaron inicialmente a la cooperativa pero no fueron aprobados.

Le solicito a Usted [sic] preparar el Proyecto [sic], para lo cual debe cumplir comisión el día 27 de mayo de 1994” [fl. 74, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.17. Circular 12, de 10 de mayo de 1994, de la Secretaria de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a los jefes de unidad, jefes de distrito y motoristas [fl. 75, cdno. 1], por medio de la cual:

“[…] Me permito comunicarles que ante la imposibilidad de pagar Horas [sic] Extras [sic] a los Motoristas [sic], y debido a que la secretaría debe cumplir con sus labores operativas los fines de semana (sábado-domingo), todos los viernes los vehículos deberán ser entregados a cada uno de los jefes debidamente inventariados.

El no cumplimiento de la presente circular, los hará merecedores de la respectiva sanción disciplinaria” [fl. 75, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.9.18. Comunicación, de 8 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras, dirigida a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con la que anexó “incapacidad transcrita por Comfandi y copia del informe del accidente automovilístico entregado a la oficina de servicios administrativos” [fls. 76 y 77, cdno. 1].

38.9.19. Acta del comité de conciliación, de 17 de junio de 1994, a la que acudió José Ángel Niño Contreras [fls. 78 a 81, cdno. 1]:

“[…] PREGUNTADO: “Sírvase manifestar que [sic] cargo tiene usted dentro de la Secretaría de Agricultura?” CONTESTO: El cargo de práctico agrícola, de planilla […] PREGUNTADO: Sírvase decir mediante que [sic] escrito oficial le fue asignado el vehículo Campero Trooper OYL-340? CONTESTO: No hubo escrito oficial de asignación del vehículo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar a nombre de quién está a cargo ese automotor? CONTESTO: Tengo entendido que del señor Motorista [sic] Harold Díaz […] PREGUNTADO: Sírvase manifestarnos el día y en qué condiciones de funcionamiento mecánico recibió usted el vehículo y de quién lo recibió? CONTESTO: Recibí el vehículo el día 26 de Mayo [sic] a las 7:30 de la noche, de manos del jefe de la unidad técnica, doctor Reynaldo García y en condiciones normales de funcionamiento. PREGUNTADO: Sírvase manifestarnos, si dentro de sus funciones está la de conductor del automotor y si se considera con la suficiente pericia para operar ese vehículo? CONTESTO: No tengo funciones de Motorista [sic], pero sé [sic] manejar. PREGUNTADO: Sírvase manifgestarnos [sic] qué diligencia se realizaba y en qué sitio se realizó la misma? CONTESTO: la orden de comisión entregada por la Secretaría de Agricultura explica el tipo de comisión y el lugar donde se debía cumplir […] la comisión estaba autorizada por el día 27 de Mayo [sic] y por manifestación verbal de la Secretaría de Agricultura en caso de no poder encontrar a las partes de convenio el señor alcalde, el presidente de la cooperativa Coomiagro y representantes de la comunidad, podríamos pernoctar hasta el día siguiente, la comisión se terminó el 27 de Mayo [sic] a las 7 de la noche, las causas del retardo están explicadas en el informe interno. PREGUNTADO: Sírvase precisar la hora en que sucedió el accidente de tránsito. CONTESTO: Aproximadamente de una y media a dos de la mañana […] PREGUNTADO: Sírvase manifestarnos, en el momento del accidente que [sic] cargo tenía y quien [sic] era su jefe inmediato, asimismo [sic] aporte al informativo el documento que lo acredita en ese cargo y las funciones del mismo? CONTESTO: En el momento del accidente tenía el cargo de coordinador de la zona norte, cuyas funciones son: Coordinar todos los programas que se desarrollen por parte de la secretaría en esa jurisdicción. Ese cargo fue dado por la Secretaría de la Agricultura mediante una circular, siendo coordinador, mi jefe inmediato era la doctora Claudia María Peláez, Secretaria de Agricultura y Fomento […]” [fls. 78 a 81, cdno. 1, resaltado fuera de texto].

38.10. Copia autenticada del certificado de la Cámara de Comercio de Cali de “La Previsora S.A. Compañía de Seguros” [fls. 93 a 97, cdno. 1].

38.11. Copia autenticada del certificado de la Cámara de Comercio de Cali de “La Previsora S.A. Compañía de Seguros” [fls. 113 a 121, cdno. 1].

38.12. Constancia del jefe del departamento de producción seguros generales y automóviles de “La Previsora S.A.” compañía de seguros [fl. 122, cdno. 1], según la cual:

“[…] que el campero Chevrolet Trooper, modelo 1990 motor 727160, placa OYL-340, servicio oficial, de propiedad del departamento del Valle, se encontraba asegurado con nuestra póliza 7-30581-16, y certificado de renovación 16854 con una vigencia comprendida desde el 01-02-94 hasta el 31-01-95 […]” [fl. 122, cdno. 1].

38.13. Oficio D.SS.A 001029, de 14 de julio de 1997, de la secretaría de servicios administrativos del departamento del Valle del Cauca [fl. 2, cdno. 2], con la que se anexaron: “1. Oficio suscrito por el supervisor de la división de muebles y seguros de esta secretaría. 2 y 3. Oficio UA-309 del doctor José Horacio Reyes Ruiz, jefe unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Fomento” [fl. 2, cdno. 2].

38.13.1. Oficio, de 10 de julio de 1997, del supervisor de la división de muebles y seguros de la Secretaría de Servicios Administrativos, dirigido a la Secretaria de Servicios Administrativos, por medio del cual se informó “que el Campero [sic] Chevrolet Trooper distinguido con las placas OYL 340 es de Propiedad [sic] del departamento del Valle del Cauca, asignado a la Secretaría de Agricultura y Fomento del Departamento; [sic] para la fecha del 28 de mayo de 1994 estaba adscrito al despacho. El señor José Ángel Niño, identificado con cédula de ciudadanía 13.446.849 de Cúcuta N.S [sic], quien se desempeñaba como empleado de esa secretaría de profesión tecnólogo Agropecuario [sic] era el conductor del mencionado vehículo” [fl. 3, cdno. 2].

38.13.2. Oficio UA-309, de 11 de julio de 1997, del jefe de la unidad administrativa, dirigido a la Secretaría de Servicios Administrativos, con el que se informó que en “la fecha 28 de mayo de 1994, el señor José Ángel Niño Contreras, se encontraba vinculado a la Gobernación del Valle del Cauca, en la Secretaría de Agricultura y Fomento; para dicha fecha se le había encomendado comisión por parte de la Secretaria de Agricultura de esa fecha doctora Claudia María Peláez Narváez; MEDIANTE OFICIO DE MAYO 26 DE [sic] 1994, SOBRE [sic] Proyecto de Generación de Empleo en el Municipio [sic] de El Águila, anexo copia del oficio en mención”. Así mismo, se informó que el “Señor [sic] Jose Ángel Niño Contreras, fue nombrado mediante Decreto 658 del 21 de mayo de 1991, para lo cual tomó posesión el 31 de mayo de 1991, en el cargo de práctico agrícola, adscrito al Distrito 1 Cali. Anexo copias del acta de posesión 789 y Decreto 658 del 21 de mayo de 1991” [fl. 4, cdno. 2].

38.13.2.1. Decreto 658 del 21 de mayo de 1991 [fls. 5 y 6, cdno. 2].

38.13.2.2. Acta de posesión 789 de 31 de mayo de 1991 [fl. 7, cdno. 2].

38.14. Oficio 1078, de 18 de julio de 1997, de la Secretaría de Servicios Administrativos, con el que se remitió el “Oficio SP-321 suscrito por el doctor José Horacio Reyes Ruiz, jefe unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con el cual se anexa en 56 folios del procedimiento establecido para los Trabajadores Oficiales [sic] que adelantó esa oficina en el caso de José Ángel Niño Contreras” [fl. 9, cdno. 2].

38.14.1. Oficio SP-321, de 18 de julio de 1997, del jefe de la unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle del Cauca, con el que se informó que se “inició el procedimiento establecido para los Trabajadores Oficiales [sic], ya que el responsable de ese accidente era un práctico agrícola” [fl. 10, cdno. 2]

38.14.1.1. Comunicación, de 15 de junio de 1994, de la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento del Valle del Cauca, dirigida a José Ángel Niño Contreras por la que se le citó a comparecer a descargos ante el comité de conciliación “por la falta originada en los hechos que reporta el comandante de la Estación de Policía de Bugalagrande” [fls. 12 y 13, cdno. 2].

38.14.1.2. Oficio SP-400, de 16 de junio de 1994, de la jefe de sección de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento del Valle del Cauca, con el que se solicitó a la junta del sindicato designar representante en el comité de conciliación que debía conformarse para escuchar en descargos a José Ángel Niño Contreras [fl. 14, cdno. 2].

38.14.1.3. Comunicación, de 8 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras dirigida a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con la que dio respuesta la solicitud verbal, y anexó “la incapacidad transcrita por Comfandi y copia del informe del accidente automovilístico entregado a la oficina de servicios administrativos” [fl. 15, cdno. 2].

38.14.1.3.1. Certificado de incapacidad [fl. 16, cdno. 2].

38.14.1.3.2. Informe de accidente automovilístico rendido por José Ángel Niño Contreras [fls. 17 a 19, cdno. 2].

38.14.1.4. Constancia, de 10 de junio de 1994, de la jefe de sección de personal y relaciones laborales de la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento del Valle del Cauca, según la cual no se realizó el comité de conciliación convocado “dado que se están allegando pruebas que se requieren para iniciar el proceso administrativo y posteriormente formular los cargos pertinentes” [fl. 20, cdno. 2].

38.14.1.5. Comunicación, de 17 de junio de 1994, de José Ángel Niño Contreras, dirigida a la jefe de personal de la Secretaría de Agricultura y Fomento, por medio de la cual se rindieron los descargos [fls. 21 a 23, cdno. 2].

38.14.1.6. Inventario 652, de 28 de mayo de 1994, del vehículo de placas OYL 340 tipo Jeep Trooper, expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande [fl. 24, cdno. 2].

38.14.1.7. Comunicación, de 26 de mayo de 1994, de la Secretaria de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a José Ángel Niño Contreras, por el que se le ordenó cumplir “comisión el día 27 de mayo de 1994” [fl. 25, cdno. 2].

38.14.1.8 Inventario, de 26 de mayo de 1994, del vehículo Trooper de placas OYL 340 [fl. 26, cdno. 2].

38.1.9. Acta del comité de conciliación celebrado el 17 de junio de 1994 [fls. 27 a 30, cdno. 2].

38.14.1.10. Oficio DMS-470-94, de 22 de junio de 1994, del jefe de la división de muebles y seguros del departamento del Valle del Cauca [fl. 31, cdno. 2].

38.14.1.11. Una hoja de declaración rendida, el 11 de julio de 1994, por José Ángel Niño Contreras, dentro de la investigación administrativa iniciada por el accidente sufrido por el vehículo Trooper OYL 340 adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento, y conducido por José Ángel Niño Contreras [fl. 32, cdno. 2].

38.14.1.12. Una hoja de providencia proferida el 30 de mayo de 1994 por la Fiscalía Veintinueve [29] Seccional, por la que se avocó conocimiento y se ordenó la práctica de pruebas [fl. 33, cdno. 2].

38.14.1.13. Indagatoria rendida por José Ángel Niño Contreras ante la Fiscalía Veintinueve [29] Seccional [fls. 34 y 35, cdno. 2]

38.14.1.14. Auto, de 31 de julio de 1995, del jefe de la división de investigaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por el que se ordenó cerrar “la etapa de Investigación [sic] Fiscal [sic] del expediente DI-391”, y se ordenó la remisión del mismo “a la división de juicios fiscales”, adelantado contra José Ángel Niño Contreras [fls. 37 a 41, cdno. 2].

38.14.1.15. Declaración juramentada de Claudia María Peláez Narváez rendida ante el funcionario de la división de investigaciones fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de la investigación DI-391 adelantada contra José Ángel Niño Contreras [fls. 42 y 43, cdno. 2].

38.14.1.16. Declaración rendida por José Ángel Niño Contreras, ante el funcionario de la división de investigaciones fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de la investigación DI-391 adelantada contra José Ángel Niño Contreras [fls. 44 a 46, cdno. 2].

38.14.1.17. Auto de apertura de juicio fiscal 041, de 10 de agosto de 1995, proferido por la jefatura de juicios fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contra Claudia María Peláez, Reynaldo García Burgos y José Ángel Niño Contreras [fls. 47 a 49, cdno. 2].

38.14.1.18. Concepto de 15 de julio de 1994, del visitador fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de las diligencias preliminares adelantadas con ocasión del “accidente de transito [sic] ocurrido en la Uribe Valle, en carro oficial adscrito a la secretaría de agricultura” [fls. 50 a 54, cdno. 2].

38.14.1.19. Comunicación, de 11 de julio de 1994, del visitador fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por medio de la cual solicitó a la jefe de la división de muebles y seguros de la Secretaría se Servicios Administrativos el “—croquis del estado en el cual quedaron los vehículos accidentados—. Diligencia de daños y avalúos que sufrió el vehículo oficial” [fl. 55, cdno. 2].

38.14.1.20. Declaración rendida por Reynaldo García Burgos ante el funcionario de la división de investigaciones fiscales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de la investigación DI-391 adelantada contra José Ángel Niño Contreras [fl. 56, cdno. 2].

38.14.1.21. Declaración rendida por José Ángel Niño Contreras ante el Visitador Fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el 8 de julio de 1994 [fls. 57 a 61, cdno. 2].

38.15. Testimonio rendido por Claudia Patricia Ossa Linares [fl. 70 ambas caras, cdno. 2].

38.16. Oficio DS-372, de 12 de septiembre de 1997, del jefe de la unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle del Cauca, según la cual revisada la hoja de visa y los archivos de esta oficina se encontró: “Copia de oficio del 26 de mayo de 1994, enviada por la doctora Claudia María Pelaez [sic] Narvaez [sic], secretaria de despacho; donde autoriza comisión al Águila el día 27 de mayo de 1994”; que el “vehículo Chevrolet Trooper de placas OYL 340 estaba asignado mediante inventario de la división de muebles seguros e inventarios al señor Harold Arnulfo Diaz [sic], motorista de agricultura motorista [sic] hizo entrega del vehículo al doctor Reynaldo García Burgos, jefe de la unidad técnica”; y, que el “cargo y funciones para el cual fue nombrado el señor José Ángel Niño Contreras, fué [sic] el de Práctico Agrícola en el Distrito 1 Cali” [fls. 71 y 72, cdno. 2]. Con este oficio se anexó:

38.16.1. Comunicación, de 26 de mayo de 1994, de la Secretaria de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle, dirigida a José Ángel Niño Contreras, por el que se le ordenó cumplir “comisión el día 27 de mayo de 1994” [fl. 72, cdno. 2].

38.16.2. Inventario, de 26 de mayo de 1994, del vehículo Trooper de placas OYL 340 [fl. 73, cdno. 2].

38.16.3. Reporte de novedades 6657, de 4 de mayo de 1994 [fls. 74 y 75, cdno. 2].

38.16.4. Acta de posesión 789 de 31 de mayo de 1991 [fl. 76, cdno. 2].

38.16.5. Decreto 658 del 21 de mayo de 1991 [fls. 77 a 83, cdno. 2].

38.16.6. Circular 6, de 28 de marzo de 1994, de la Secretaria de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle del Cauca [fls. 84 y 85, cdno. 2].

38.17. Oficio RMJ-RMJ-3420, de 25 de agosto de 1997, de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Santiago de Cali, por el que informó que no podía remitirse “Certificado de tradición, del vehículo de placas: OYL340, porque: - El vehículo no está registrado en esta entidad” [fl. 113, cdno. 2].

38.18. Oficio DSG 97 -268, de 1 de agosto de 1997, del técnico auxiliar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Buga, según el cual “revisado el archivo correspondiente a los reconocimientos Médico Legales [sic] practicados a partir del 28 de mayo de 1994 y hasta la fecha, se pudo constatar que en nuestra oficina no se presentó el Señor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro, para ser evaluado y así dictaminar las lesiones sufridas por dicho señor en un accidente de tránsito” [fl. 114, cdno. 2].

38.19. Oficio DSG 97-268, de 1º de agosto de 1997, del técnico auxiliar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Buga, según el cual “hasta la fecha no se ha presentado en ésta oficina el Señor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro, para que fuere practicada valoración Médico Legal [sic], y así dictaminar las lesiones sufridas por dicho paciente en un accidente de tránsito ocurrido el 28 de mayo de 1994” [fl. 115, cdno. 2].

38.20. Comunicación, de 26 de agosto de 1997, del gerente administrativo de Peajes Valle [fl. 116, cdno. 2], con la que se informó:

“[…] Empleado: Francisco Javier Cajiao Pizarro

C.C.: 16’546.446

Salario promedio: $ 720.110 año 1994

Fecha de retiro: 16 septiembre de 1994

Tiempo laborado: 203 días

Motivo del retiro: sin justa causa” [fl. 116, cdno. 2].

38.21. Comunicación, de 21 de agosto de 1997, del gerente de la sucursal Cali de Wackenhut de Colombia S.A. [fl. 133, cdno. 2], por medio de la cual se remitieron:

Liquidación de contrato de trabajo de Francisco Javier Cajiao Pizarro, expedido el 38.21.1 de septiembre de 1994 por Wackenhut de Colombia S.A. [fl. 118, cdno. 2], en el que se discriminó la siguiente información: a) que el último cargo fue como “Jefe de peajes”; b) del que se retiró el 16 de septiembre de 1994; y, c) el salario total de liquidación era de “720.110.53” [fl. 118, cdno. 2].

38.21.2. Reporte de información del departamento de personal de Wackenhut de Colombia S.A., para la liquidación de las prestaciones sociales a favor de Francisco Javier Cajiao Pizarro [fl. 119, cdno. 2].

38.21.3. Hoja de inscripción como trabajador de Francisco Javier Cajiao Pizarro ante el Instituto de los Seguros Sociales, por parte de Wackenhut de Colombia S.A. [fl. 120, cdno. 2].

38.21.4. Comunicación del gerente operativo de Wackenhut de Colombia S.A., dirigida a Francisco Javier Cajiao Pizarro, según la cual la cancelación de su contrato de trabajo surtía efectos a partir del 16 de septiembre de 1994 [fl. 121, cdno. 2].

38.21.5. Certificado de incapacidad 212886, de 2 de junio de 1994, a nombre de Francisco Cajiao Pizarro [fl. 122, cdno. 2].

38.21.6. Certificado de incapacidad 175102, de 9 de junio de 1994, a nombre de Francisco Cajiao Pizarro [fl. 123, cdno. 2].

38.21.7. Contrato individual de trabajo suscrito entre el representante de Wackenhut de Colombia S.A., y Francisco Javier Cajiao Pizarro, firmado el 24 de febrero de 1994, y en el que afirmó ser soltero [fl. 127 ambas caras, cdno. 2].

38.21.8. Reporte de la base de datos de Wackenhut de Colombia S.A., según el cual Francisco Javier Cajiao Pizarro trabajaba como Jefe de Peajes de la Uribe, y en la que señaló que era soltero [fl. 128, cdno. 2].

38.21.9. Copias simples de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar de Francisco Javier Cajiao Pizarro [fl. 128, cdno. 2].

38.21.10. Hoja de vida de Francisco Javier Cajiao Pizarro, en la que señaló como personas que dependía económicamente a Francisco Javier y a Claudia Lorena Cajiao Escobar [fls. 129 y 130 ambas caras, cdno. 2].

38.22. Oficio 296, de 28 de julio de 1997, de la secretaría común de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, por medio del cual se informó que “en esta Unidad se adelantó investigación por el delito de Homicidio [sic] y Lesiones Personales [sic] en Accidente [sic] de Tránsito [sic] siendo occisa la señora Sor Ángel Rivera y lesionado Francisco Cajiao, la que fue enviada al Juzgado Penal del Circuito por competencia, el día seis (6) de mayo del presente, en virtud a resolución de acusación que contra el señor José Ángel Niño Contreras profiriera la Fiscalía Treinta (30) de esta unidad” [fls. 135 y 136, cdno. 2].

38.23. Oficio 312, de 25 de marzo de 1998, del secretario del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca [fl. 142, cdno. 2], con el que se remitió “copias de las pruebas que se consideraron más importantes y de la sentencia respectiva tomadas del proceso radicado en este juzgado bajo el Nº 3721, y que se tramita en contra de José Ángel Niño Contreras por los delitos de Homicidio [sic] culposo y lesiones personales, donde fueron víctimas Sorangel Rivera y Francisco Cajiao”.

38.23.1. Copia del Oficio 259/DEVAL-ESBUG, de 28 de mayo de 1994, del comandante [e] de la estación de la Policía Nacional en Bugalagrande, con el que se dejó a disposición de la Fiscalía Veintiocho Seccional a José Ángel Niño Contreras, sindicado de homicidio y lesiones personales en accidente de tránsito [fls. 143 y 144, cdno. 2].

38.23.2. Copia del inventario 652, de 28 de mayo de 1994, del vehículo de placas OYL 340 tipo Jeep Trooper, expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande [fl. 145, cdno. 2].

38.23.3. Copia del informe de accidente de tránsito y croquis 93 00898, levantado el 28 de mayo de 1994 [fls. 146 y 147, cdno. 2].

38.23.4. Copia de la providencia, de 30 de mayo de 1994, de la Fiscalía Veintinueve [29] Seccional de Tuluá [Valle del Cauca], que avocó conocimiento y ordenó la práctica de pruebas dentro de la investigación penal adelantada contra José Ángel Niño Contreras [fl. 148, cdno. 2].

36.23.5. Declaración rendida por Herminia Rodríguez Rodríguez [fls. 160 y 161, cdno. 2].

38.23.6. Indagatoria rendida por José Ángel Niño Contreras [fls. 162 a 164, cdno. 2].

38.23.7. Declaración instructiva rendida por Francisco Javier Cajiao Pizarro [fls. 165 y 166, cdno. 2].

38.23.8. Primer reconocimiento médico legal realizado a Francisco Javier Cajiao Pizarro en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande [fl. 167, cdno. 2], de acuerdo con el cual [fl. 167, cdno. 2, resaltado fuera de texto].

38.23.9. Declaración rendida por Harold Arnulfo Díaz Núñez [fl. 168, cdno. 2].

38.23.10. Declaración rendida por María Enith Unas [fl. 169, cdno. 2].

38.23.11. Ampliación de la declaración rendida por Víctor Julio Patiño [fl. 170, cdno. 2].

38.23.12. Copia de la sentencia de 11 de febrero de 1998 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá [Valle del Cauca] [fls. 171 a 188, cdno. 2], en la que se pronunció respecto a los perjuicios con base en los siguientes argumentos:

“[…] 11. De los perjuicios

[…] los perjuicios materiales derivados de la lesión a Francisco Javier Cajiao, conforme reconocimiento médico, el perito designado los tasó en moneda colombiana en el equivalente a un lucro cesante de 63.133.35 […] Los perjuicios morales denominados también puros y subjetivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del C. [sic] Penal, setasan [sic] en cien (100) gramos de oro como indemnización […]” [fls. 186 y 187, cdno. 2].

38.24. Testimonio rendido por Magnolia Hernández Duque [fls. 154 a 156, cdno. 2].

38.25. Testimonio rendido por María Patricia Kimmel Muñoz [fls. 157 a 159, cdno. 2].

38.26. Oficio 2.427 M.L., de 13 de noviembre de 1997, del médico laboral de la dirección regional del Valle del Cauca, división empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(28), según el cual se examinó “al señor Francisco Javier Cajiao […] profesion [sic] entrenador de Baloncesto [sic], estado vicil [sic] Union Libre [sic] […] Y [sic] estudiado el certificao [sic] medico [sic] puedo certificar que presenta:

Secuelas de trauma craneoencefalico. Consistente [sic] en Trantorno [sic] Sicologico [sic] y Cicatrices [sic] en Cara [sic].

Lo anterior le produce:

Deficiencia 30%

Discapacidad 2%

Minusvalia [sic] 10%

Total invalidez 42%

De acuerdo al Decreto 692 de 1995” [fl. 190, cdno. 2].

38.27. Testimonio rendido por José Alfonso López González [fls. 204 y 205, cdno. 2].

38.28. Testimonio rendido por Claudia Patricia Ossa Linares [fl. 205 ambas caras, cdno. 2].

38.29. Testimonio rendido por Matilde escobar Taguado [fls. 205 a 207 ambas caras, cdno. 2].

38.30. Oficio 5685, de 5 de agosto de 1997, del subgerente regional de Indemnizaciones de la compañía de seguros “La Previsora S.A.” [fl. 1, cdno. 3], con la que se anexó la certificación según la cual: “Hacemos constar que el campero chevrolet trooper, de placas OYL-340 motor 727160, de propiedad del departamento del Valle del Cauca, se encontraba asegurado en la póliza de autos 7-30581-16 para la vigencia comprendida entre el 01/02/93 hasta el 31/01/95, con los siguientes amparos y valores asegurados:

Amparos............................. Valor asegurado

Responsabilidad civil........ 5’000.000/5’000.000/10’000.000 […]” [fl. 2, cdno. 3].

38.31. Oficio D.SS.A 001030, de 14 de julio de 1997, de la secretaria de servicios administrativos del departamento del Valle del Cauca, con el que se remitió “fotocopia de la investigación administrativa adelantada por los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1994 en el peaje de La Uribe, accidente de tránsito vehículo OYL-340, conducido por el señor José Ángel Niño”, así como se anexó “fotocopia de los 1658 del 13 de octubre de 1995, 37 del 15 de enero de 1996 por los cuales se concede una licencia no remunerada y 202 del 8 de febrero de 1996, por el cual se acepta la renuncia presentada por el señor José Ángel Niño Contreras” [fls. 1 a 10, cdno. 4].

5. Problemasjurídico.

39. Se puede plantear como problemas jurídicos: a) ¿cabe reconocer los perjuicios morales a los hermanos de la víctima y en la cuantía solicitada?; b) ¿cabe incrementar, mantener o no reconocer los perjuicios por daño a la vida de relación en la cuantía solicitada; y, c) ¿cabe reconocer y liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en las condiciones solicitadas?

6. Perjuicios.

6.1. Perjuicios inmateriales.

6.1.1. Perjuicios morales.

40. Dentro de los perjuicios inmateriales, concepto que comprende los morales, el daño a la salud y los bienes constitucionales, la Sala encuentra que la parte actora solicitó por perjuicios morales a cada uno de los demandantes “por el dolor sufrido por las graves lesiones personales de que fuera víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro”, en una cuantía equivalente a en moneda nacional a mil gramos de oro [1.000 grs]. Se tiene como demandantes [debidamente otorgado el poder e incorporados en la demanda] a María del Pilar Cajiao Pizarro, Marco Aurelio Cajiao Pizarro y Adriana Cajiao Pizarro, de quienes se afirmó su calidad de hermanos de la víctima.

40.1. En la sentencia de 19 de diciembre de 2003 el a quo no reconoció, ni liquidó los perjuicios morales a favor de los que afirmaron ser hermanos de la víctima: María del Pilar Cajiao Pizarro, Marco Aurelio Cajiao Pizarro y Adriana Cajiao Pizarro.

40.2. Con relación a la calidad de hermanos de la víctima, y a su parentesco, al proceso fueron allegados: i) certificación del Notario Primero del Círculo de Manizales del registro civil de matrimonio de Marco Antonio Cajiao y Afra Pizarro “celebrado en la Parroquia de La Inmaculada de esta ciudad de Manizales el día 4 del mes de junio de mil novecientos 55” [fl. 9, cdno. 1]; ii) copia auténtica del registro civil de nacimiento de Francisco Javier Cajiao Pizarro, nacido el 12 de octubre de 1963, e hijo de Afra Pizarro y de Marco Antonio Cajiao [fl. 10, cdno. 1]; iii) copia auténtica del registro civil de nacimiento de Marco Aurelio Cajiao Pizarro, nacido el 10 de abril de 1956, e hijo de Marco Antonio Cajiao y Afra Pizarro [fl. 11, cdno. 1]; iv) certificado del Notario Primero del Círculo de Manizales del registro civil de nacimiento de Adriana Cajiao Pizarro, nacida el 6 de junio de 1960 e hija de Marco A. Cajiao y Afra Pizarro [fl. 12, cdno. 1]; y, v) copia auténtica del registro civil de nacimiento de María del Pilar Cajiao Pizarro, nacida el 13 de octubre de 1957, e hija de Marco A. Cajiao y de Afra Pizarro [fl. 13, cdno. 1].

40.3. Sobre el tema, vale decir que el registro del estado civil, el cual comprende, entre otros, los nacimientos, matrimonios y defunciones, como función del Estado, se estableció en 1883, con la expedición del Código Civil. Posteriormente, con la expedición la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, en el artículo 22, se estableció tener y admitir como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.

40.4. A partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que solo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada fecha, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas. Finalmente con el Decreto-Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.

40.5. Así las cosas, dependiendo de la fecha de nacimiento de las personas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda.

40.6. En este sentido la jurisprudencia de la Sala ha sostenido:

“En vigencia del artículo 347 del Código Civil, y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”(29).

40.7. En tanto que en la reciente jurisprudencia la Sala argumentó:

“Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “Pruebas del estado civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina: “ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”. Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106: “ART. 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”. Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló: “Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”. Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(30).

40.8. Revisadas las pretensiones de la demanda, y tratándose de las lesiones padecidas por Francisco Javier Cajiao Pizarro, se encuentra acreditado el parentesco con los registros civiles y de matrimonio de sus padres, Marco Antonio Cajiao y Afra Pizarro, y en la medida de su valoración y apreciación, lo que lleva a la Sala a tener por demostrado el perjuicio moral en cabeza de los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por la víctima con ocasión de los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1994, lo que aplicando las reglas de la experiencia, y en las circunstancias en las que ocurrieron, hace presumir que los parientes cercanos (que conforman su núcleo familiar), como los hermanos, debieron afrontar un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Tercera indica:

“Las reglas de la experiencia, y la práctica científica(31) han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992(32) donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo.

“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes” (resaltado fuera de texto).

“La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del Código Civil, que es del siguiente tenor:

“En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:

“1. Los descendientes legítimos;

“2. Los ascendientes legítimos;

“3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos;

“4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1, 2 y 3;

“5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1, 2 y 4;

“6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores;

“7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados.

“Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”.

“También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza:

“La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución”.

“La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio.

“Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

“Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”(33) (resaltado de la Sala)”(34).

41. Al respecto, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(35) señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que (sic) demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso”. En la misma providencia se agrega que “la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan”.

41.1. Debe, además, como parte de la motivación, examinarse si se acreditó el parentesco debida y legalmente, con los registros civiles, para reconocer los perjuicios morales en cabeza de la víctima y de sus familiares, para lo que procede la aplicación de las reglas de la experiencia, según las cuales se infiere que la muerte, lesión, etc., afecta a la víctima y a sus familiares más cercanos (esto es, los que conforman su núcleo familiar), y se expresa en un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia(36) como espacio básico de toda sociedad(37) [el segundo criterio con el que ya cuenta el juez en el momento de reconocer los perjuicios morales tiene que ver con el concepto de familia, que será importante para determinar la tasación y liquidación de los mismos perjuicios, ya que puede apreciarse [de la prueba testimonial]: — ¿cómo estaba conformada la familia?; — ¿qué rol desempeñaba la víctima al interior de su familia?; — ¿cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los demás miembros de la familia?; — ¿se trataba de una familia que convivía o no en un mismo espacio?; — ¿se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia fruto de diferentes relaciones de los padres —hermanastros, hermanos de crianza, por ejemplo—?], y de reconocer su existencia bien sea como un derecho prestacional o fundamental(38).

41.2. Ahora bien, la reciente sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(39), sostiene claramente que el “Juez contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso” [citando la C. Const., Sent. T-212/2012].

41.3. A lo que se agregó, en la misma sentencia una serie de criterios o motivaciones razonadas que debían tenerse en cuenta para tasar el perjuicio moral, partiendo de afirmar que “teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimiento que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta corporación que es posible presumirlos para la caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso”.

41.4. Y se concluyó, en la citada sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de agosto de 2012, que “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitriumjudicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la (sic) características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez”.

41.5. Así las cosas, en el caso la Sala encuentra que además de la presunción de aflicción que opera al estar acreditadas las relaciones de parentesco que frente a la víctima adujeron los demandantes, y obra prueba testimonial que pasa a examinarse.

41.5.1. Testimonio rendido por Magnolia Hernández Duque [fls. 154 a 156, cdno. 2], según el cual:

“[…] PREGUNTADO. Sirvase [sic] informar si conoce al senor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro. En caso afirmativo la razón y el tiempo de ese conocimiento. CONTESTO: Si lo conozco desde hace mas [sic] o menos unos diecinueve a veinte años, y esto es por amistad. PREGUNTADO. Sirvase [sic] informar, como [sic] esta [sic] conformada la familia del senor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro, suministrando sus nombres. CONTESTO: Su esposa Lina María, no recuerdo bien el apellido, Francisco Cajiao Escobar, hijo, y Lorena Cajiao Escobar, hija, Y [sic] ahora acabaron de tener otro bebe [sic] de nombre Natalia, hija de la segunda esposa de nombre Lina y los anteriores son de la primera esposa es decir de Claudia. Está Maria del Pilar Cajiao que es hermana, Adriana, hermana y Marco Aurelio, hermano. PREGUNTADO. Informe al tribunal lo que le conste sobre como [sic] son las relaciones familiares y espirituales entre los miembros de la familia que acaba de mencionar. CONTESTO: Es una familia muy unida, son muy unidos todos ellos, una familia ejemplar” [resaltado fuera de texto].

41.5.2. Testimonio rendido por María Patricia Kimmel Muñoz [fls. 157 a 159, cdno. 2].

“[…] PREGUNTADO. Sírvase informar si conoce al señor Francisco Javier Cajiao Pizarro la razón y el tiempo? CONTESTO [sic]: Si [sic] lo conozco desde hace más de 20 años, estudie [sic] con la hermana en el Colegio [sic] “Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad. PREGUNTADO: SíRVASE [sic] informar cómo esta [sic] conformada la familia de Francisco Javier Cajiao Pizarro, suministrando sus nombres? CONTESTO: MARIA [sic] del Pilar, Adriana, Marco Aurelio, sus hermanos y sus Hijos [sic]:CLAUDIA [sic] LORENA Y [sic] Francisco Cajiao y su compañera o esposa LINA MARIIA [sic] Dueñez […] PREGUNTADO: Informe lo que le conste sobre cómo son las relaciones familiares y espirituales entre Francisco Javier Cajiao Pizarro y las personas antes mencionadas? CONTESTO; [sic] Ellos son una familia muy unida, a raiz [sic] de la muerte de su padre y Madre [sic] se han ayudado mutuamente siempre y desde el accidente todos le han colaborado a FRANCISCO JAVIER, en el mantenimiento de sus hijos y su esposa, y todos sufren por ver la situación en la que se encuentra actualmentePREGUNTADO [sic]: Informe lo que le conste sobre cuales [sic] son los perjuicios económicos y morales sufridos por Francisco Javier Cajiao y su familia con motivo del accidente […] CONTESTO: Los perjuicios económicos sufridos por FRANCISCO JAVIER son por motivo de las lesiones sufridas, dejo [sic] consecuencia [sic] emocionales en él y en su familia, ya que él no pudo volver a laborar normalmente y por eso toda su familia sufre de verlo en la inestabilidad que se encuentra” [subrayado fuera de texto].

41.6. De acuerdo con el anterior medio probatorio, se puede extraer con un mínimo de certeza que entre la víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro y sus hermanos María del Pilar, Marco Aurelio y Adriana Cajiao Pizarro existían relaciones de afecto, cercanía y solidaridad, y como se trata de lesiones la gravedad o intensidad de las mismas, determinada en un porcentaje de invalidez del 42%, será tenido en cuenta al momento de liquidar los perjuicios morales a favor de los hermanos de la víctima.

41.7. Consecuencia de lo anterior, la Sala reconocerá a favor de los hermanos de la víctima, a título de perjuicio moral, las siguientes sumas:

VíctimaIndemnización a reconocer en salarios mínimos legales mensuales vigentesEquivalente en pesos
María del Pilar Cajiao Pizarro [hermana]40$ 24.640.000
Adriana Cajiao Pizarro [hermana]40$ 24.640.000
Marco Aurelio Cajiao Pizarro [hermano]40$ 24.640.000

42. Con base en la anterior motivación, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar reconocerá y liquidará los perjuicios morales a favor de los hermanos de la víctima Francisco Javier Cajiao Pizarro, en los términos que ha quedado señalados.

43. Ahora debe examinar la Sala si procede o no incrementar la indemnización que por concepto de daño a la vida de relación se reclamó por la parte actora.

6.1.2. Daño a la salud.

44. Los demandantes solicitaron la indemnización del perjuicio por “concepto de la pérdida del goce fisiológico” ocasionado a Francisco Javier Cajiao Pizarro, como consecuencia del daño antijurídico imputado a la entidad demandada y fundado en las lesiones padecidas en los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1994, el cual tasaron en la suma de “Treinta millones de pesos mcte. ($ 30.000.000.00)”.

45. El a quo en la sentencia de primera instancia condenó a la entidad demandada por concepto de perjuicios fisiológicos a favor de la víctima de las lesiones Francisco Javier Cajiao Pizarro a la suma de “quince millones de pesos ($ 15.000.000)”, fundado en asimilarlo al “perjuicio a la vida de relación”, para cuya tasación y liquidación tuvo en cuenta el dictamen médico expedido por el médico laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Dirección Regional de Trabajo del Valle del Cauca, así como “el daño sufrido por el lesionado y sus consecuencias en su vida diaria”, y los “testimonio” en los que se afirma que la víctima Cajiao Pizarro “no pudo continuar con el ejercicio de su labor deportiva, entrenador de baloncesto”. Adicionalmente, el a quo consideró que “la prueba demuestra el daño sin que sea relevante el grado de invalidez porque de todas formas se ha probado la lesión sufrida la que le ha impedido seguir ejerciendo su actividad de entrenador de baloncesto”.

46. Conforme a lo anterior, se tiene que en la demanda se presentó pretensión indemnizatoria por concepto de perjuicio fisiológico, y no por daño a la vida de relación como lo sostuvo el a quo, el cual cabe encuadrar, siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, dentro del daño a la salud(40).

47. Al abordar el daño a la salud se exige, sin duda, examinar dos cuestiones: que se trate de atentados o lesiones a la personalidad física, o a la integridad del cuerpo humano. Dicho daño, en su configuración inicial en el derecho comparado (en el derecho francés e italiano), impone, además, que su fundamento se encuentra en principios constitucionales tales como la i) dignidad, ii) igualdad, iii) libertad y, iv) solidaridad, como daño no patrimonial.

48. En segundo lugar, el daño a la salud se relaciona estrictamente con las manifestaciones de un bien jurídico reconocido constitucionalmente, aunque con alcance colectivo, como el de la “salud” (C.P., art. 49), y tiene en cuenta que el fin último de dicho bien es el respeto por la “correcta expresión de la persona en la comunidad en donde vive y se desarrolla”. En el fondo, es el principio de la dignidad humana la que da el sustento principal en la construcción de este tipo de daño, cuyo tratamiento lleva a que se hayan estudiado soluciones uniformes, independientes de la causa del daño y de los beneficios económicos y/o materiales que pueda alcanzar la persona. Esto lleva a una especie de socialización del daño y de los perjuicios, ya que permite la disminución de las desigualdades sociales.

49. Así mismo, el daño a la salud pone en crisis la idea de relacionar los perjuicios con las necesidades materiales de la víctima. Por lo tanto, se trata de un daño que se vincula al bien de la salud “en sí mismo”.

50. Dicho lo anterior, no cabe menos que reiterar que el daño a la salud como “daño integrador y único” se encuentra representado por la lesión en la función vital y relacional del sujeto, lo que permite: i) la expresión de los principios de dignidad, de igualdad(41) y solidaridad (afirmación de la “justicia distributiva”(42)), y; ii) afirmar, que a idéntica lesión, idéntico resarcimiento, sin perjuicio de ajuste personalizado.

51. De acuerdo con lo anterior y apoyados en la doctrina, se entiende al daño a la salud como “cualquier violación a la integridad psicofísica de la persona, susceptible de ser comprobada por parte del médico legal, que empeore el estado de bienestar de la persona lesionada, en cualquiera de las manifestaciones de su vida, y con independencia de su capacidad para producir réditos”(43).

52. Dicha definición exige considerar el alcance de la tutela del bien jurídico de la salud, que desde comienzos de los años noventa en el derecho comparado, especialmente, en el precedente jurisprudencial constitucional italiano se dijo que “el bien salud es tutelable [n]o sólo como interés de la comunidad, sino también y sobre todo como derecho fundamental del individuo… el menoscabo de la integridad psicofísica del sujeto lesionado constituye entonces un daño integralmente resarcible en sí mismo… La consideración de la salud como un bien y un valor persona, [i]mpone la necesidad de tomar en consideración el daño biológico, para los fines del resarcimiento, en relación con la totalidad de los reflejos perjudiciales respecto de todas las actividades, las situaciones y las relaciones por medio de las cuales la persona se explica a sí misma dentro de su propia vida”(44).

53. Debe la Sala reconocer que dentro del concepto de daño a la salud múltiples rubros indemnizatorios pueden encontrarse, lo que no puede considerarse como la afirmación de una potencial condena que permita la condena autónoma e independiente fundada en cada uno de tales rubros, sino que esta deberá reconocerse, tasarse y liquidarse de tal manera que tenga como límite la consideración como único el daño a la salud, y como condena la que se desprenda de lo que probatoriamente se acredite, sin perjuicio de singularizarlo en cada uno de los sub-perjuicios en los que puede hacerse consistir.

54. Ahora bien, para la tasación y reconocimiento del daño a la salud, la Sala en proveído reciente, puntualizó que “sí existe la forma de establecer criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma: “1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres(45), al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás de manera uniforme(46). “2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v.gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobbie” ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros. En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, no se podrá reconocer una suma superior a 400 SMMLV, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud(47). “Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima. “No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave(48). “En síntesis, la reparación del daño a la salud exige la concreción de un sistema que respete los principios constitucionales de igualdad y de dignidad humana, sin que sea viable trasladar a la víctima la consideración o la acreditación de que considere el derecho a la salud como un valor en sí mismo, puesto que esta posibilidad riñe con los principios del derecho de daños, ya que serían los propios demandantes quienes tendrían la opción de incrementar —sin justificación alguna o dependiendo la visión capitalista del mundo— el quantum de la indemnización”(49).

55. El daño a la salud se repara con base en dos componentes: Uno objetivo, determinado con base en la calificación integral de la invalidez, que constará en un dictamen emitido por la junta de calificación que deberá tener en cuenta componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos por el Decreto 617 de 1999, esto es, bajo los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía:

“a) Deficiencia: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.

b) Discapacidad: Se entiende por discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.

c) Minusvalía: Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.

55.1. Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje equivalente a 300 SMLMV, suma máxima que otorga esta corporación para reparar el criterio objetivo, discriminado así:

Criterios de calificación de la invalidezPorcentaje máximo de pérdida de capacidad laboralMonto máximo de salarios mínimos legales asignado por la corporación
Deficiencia50%150 SMLMV
Discapacidad20%60 SMLMV
Minusvalía30%90 SMLMV
Total pérdida de la capacidad laboral100%300 SMLMV

55.2. Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la junta de calificación, en el que se especifique los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de deficiencia, es decir, 150 SMLMV, en forma proporcional.

55.3. Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(50), será reconocido hasta el monto de 100 SMLMV.

55.4. En conclusión, se estima oportuno destacar que el daño a la salud, está compuesto de dos elementos, el primero de ellos (objetivo) con una valoración de 75% como máximo reconocible, esto es, hasta 300 salarios mínimos legales, de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes y el segundo (subjetivo o dinámico), correspondiente hasta el 25%, el cual se reconocerá cuando las pruebas den lugar a ello, ascendiendo al monto de 100 salarios mínimos.

55.5. Conforme a lo anterior, la Sala dispone que deberá estudiarse la vertiente objetiva y subjetiva del daño a la salud, en el caso concreto. El daño a la salud, concretado en el perjuicio fisiológico reclamado a favor Francisco Javier Cajiao Pizarro, será reconocido por la Sala en el caso concreto, ya que se encuentra demostrado el daño corporal y el déficit funcional padecido derivado de las lesiones que sufrió como consecuencia de los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1994. En efecto, de la valoración médico-legal quedó establecido que de acuerdo con el Oficio 2427 M.L., de 13 de noviembre de 1997, del médico laboral de la Dirección Regional del Valle del Cauca, división empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(51), y según el cual se examinó “al señor Francisco Javier Cajiao […] profesion [sic] entrenador de Baloncesto [sic], estado vicil [sic] Union Libre [sic] […] Y [sic] estudiado el certificao [sic] medico [sic] puedo certificar que presenta: secuelas de trauma craneoencefalico.Consistente [sic] en Trantorno [sic] Sicologico [sic] y Cicatrices [sic] en Cara [sic]”, se llegó a la conclusión que la víctima de las lesiones presentaba una invalidez total del 42%.

55.6. En ese orden, el estado de salud(52) de Francisco Javier Cajiao Pizarro resultó aminorado a causa del daño antijurídico, por cuanto las lesiones llevaron a producir en él una deficiencia del 30%, discapacidad del 2% y una minusvalía del 10%. Se trata de un daño corporal que afectó al demandante y le ocasionó un déficit funcional que por la invalidez determinada ha debido incidir en su vida familiar, personal y productiva.

55.7. Resta establecer si existe alguna prueba que permita valorar la ocurrencia de específicas situaciones particulares que permitan incrementar el monto que debería reconocerse por la pérdida de la capacidad laboral en el porcentaje citado.

55.8. Al respecto, la Sala pasa examinar los testimonios y la prueba documental que obran dentro del expediente, con el propósito de determinar si de éstos se pueden tener por acreditado una concreta afectación consistente en el déficit corporal y en la esfera psicofísica de la víctima.

55.8.1. En primer lugar, obra el primer reconocimiento médico legal realizado a Francisco Javier Cajiao Pizarro en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande [fl. 167, cdno. 2], de acuerdo con el cual:

“[…] Antecedentes:

Refiere que el día 28 de mayo de 1994, sufre accidente al ser arrojado por vehículo en movimiento.

Paciente fue hospitalizado en el Instituto de Seguro Social de Tuluá, por espacio de 8 días, se anexan fotocopias de Historia [sic] clínica.

Al examen físico presenta:

1. Presenta cicatriz a nivelde [sic] región frontal izquierda de más o menos 8 cms de longitud de bordes invertidos sin signos de infección.

2. Cicatriz a nivel de ceja derecha de 1 cm de longitud a nivel de parte mediacon [sic] escalon [sic] sin signos de infección.

3. Cicatriz a nivel de pomulo [sic] derecho de 3 cms de longitud sin signos de infección.

4. Disminución de la sensibilidad a nivel de región frontal derecha con disestesias a este nivel.

5. Cicatriz macular hiperpigentada a nivel de dorso de pie derecha [sic] 5x6 cms.

6. RX tomada en el Seguro Social de Tuluá, muestra fisura a nivel de hueso temporal derecha [sic] de más o menos 3 cms de longitud de bordes delimitados sin compromiso a masa encefalica [sic].

7. Cicatriz macular hiperpigmentada a nivel de pantorrilla iz. [sic] region [sic] lateral de +- 3x4 cms

Incapacidad médico legal definitiva: 25 días

Secuelas: Transitorias, deformidad física que afecta el rostro, pero que puede ser corregido por cirugía plástica” [fl. 167, cdno. 2].

55.8.2. Así mismo, con base en el testimonio rendido por Claudia Patricia Ossa Linares [fl. 70 ambas caras, cdno. 2]:

“[…] a él le fracturó el cráneo,las [sic] piernas; le colocaron platinos en las piernas; que quedó sufriendo de unos dolores de cabeza fuertes. Eso fué [sic] lo que Francisco Javier Cajiao Pizarro me comentó. Incluso debido a esos quebrantos de salud con que quedó tuvo qué [sic] retirarse del Instituto de Recreación y Deporte, según manifestó él mismo […]Pues sé [sic] que él Francisco, antes del accidente sufrido se recreaba y le há [sic] gustado el basquetbol , incluso me dijo que llegó a ser entrenador de la selección de baloncesto de Popayán,y [sic] fué [sic] jugador de allá también. Después del accidente pues laboró en el instituto del deporte de Bugalagrande, como entrenador de las selecciones de basquetbol de Bugalagrande. Ya él se fué [sic] y me dijo que nó [sic] podía seguir laborando para el instituto de Recreación y deporte [sic] de éste municipio, debido a los fuertes dolores de cabeza que padecía; y la verdad es que sí se le notaba su quebranto de salud en ése sentido […] Yo no sabría decirle si puede o nó [sic] jugar basquetbol en este momento […]” [fl. 70 ambas caras, cdno. 2, subrayado fuera de texto].

55.8.3. De acuerdo con el testimonio rendido por María Patricia Kimmel Muñoz [fls. 157 a 159, cdno. 2]:

“[…] Los perjuicios económicos sufridos por Francisco Javier son por motivo de las lesiones sufridas, dejo [sic] consecuencia [sic] emocionales en él y en su familia, ya que él no pudo volver a laborar normalmente y por eso toda su familia sufre de verlo en la inestabilidad que se encuentra, y me consta mucho lo que ha tenido que pasar o vivir su esposa Lina María al ver que él no puede trabajar normalmente. Y a veces al verlo enfermo con los dolores de cabeza que padece […] El [sic] era un gran deportista, le facinaba [sic] el Basqueboll [sic], deporte que realizaba constantemente y por el cual todo el mundo lo conocía aquí en Popayán. A raiz [sic] del accidente no lo ha podido volver a desempeñar normalmente, a raiz [sic] de las secuelas dejadas por el accidente” [fls. 157 y 158, cdno. 2, resaltado fuera de texto].

55.8.4 A su vez, obra el testimonio rendido por José Alfonso López González [fls. 204 y 205, cdno. 2], según el cual:

“[…] Lo primero un estado de mucha zozobra a nivel del vínculo familiar por estado de su salud,y [sic] de preocupación por la incertidumbre que generó dicho accidente […] En el año de 1995,siendo [sic] Yo [sic] srio [sic] ejecutivo de la junta mpal.[sic] de deportes de Bde [sic], y FRANCISCO como entrenador de baloncesto a nivel de los seleccionados del municipio, pude observar con bastante preocupación que él, FRANCISCO se quejaba continuamente de fuertes dolores de cabeza y de mareos, lo cual ocasionaba que los entrenamientos se suspendían y posteriormente se reanudaban, o que en otras ocasiones se suspendían totalmente los entrenos. Esto ocasionó traumatismos a su familia, como quiera [sic] que contínuamente [sic] su señora esposa LINA le tocaba salir con él a consultas médico=hospitalarias, en Bde [sic], Tuluá y Cali. […] El [sic] realizaba baloncesto, futbol [sic] y su principal hobby era lo culinario experto en la cocina. Posterior al accidente, todas sus capacidades mermaron; se volvió retraido [sic]; su deporte nó [sic] lo practica como anteriormente; abandonó el cargo de baloncesto y se fué [sic] de éste municipio. Se fué [sic] como hace unos dos años; nólo [sic] hé [sic] vuelto a ver, solo me lo encontré en un centro médico en Tuluá y conocí su nueva niña de él; lo que pude hablar con él, era que seguía sufriendo de dolor de cabeza […]” [fl. 204 ambas caras, cdno. 2, resaltado fuera de texto].

55.8.5. En tanto que del testimonio rendido por Claudia Patricia Ossa Linares [fl. 205 ambas caras, cdno. 2], se puede tener en cuenta:

“[…] Si conozco a Francisco desde el año 1995 acá en Bugalagrande, porque fué [sic] entrenador de la selección de baloncesto y el ente se llamaba “JUNTA MPAL [sic] DE DEPORTES” y Yo [sic] era la secretaria allí. […] Pues FRANCISCO quedó sufriendo de mucho dolor de cabeza, debido a esto tuvo qué [sic] renunciar al puesto de entrenador, eran dolores fuertes y constantes. En cuanto a su familia desconozco. […] en el año 1995, empezó FRANCISCO a trabajar como entrenador de baloncesto, pero empezó a padecer de fuertes dolores de cabeza, y tenía que estar yendo donde el médico, ya hasta que se fué [sic] y se radicó en Tuluá. No sabía [sic] decir qué limitación pueda presentar FRANCISCO. De él no sé [sic] en éste momento […]” [fl. 205 ambas caras, cdno. 2, resaltado fuera de texto].

55.8.6. Finalmente, según el testimonio rendido por Matilde escobar Taguado [fls. 205 a 207 ambas caras, cdno. 2]:

“[…] Sufrió golpes en la cabeza y sufría de fuerte dolores de cabeza; mareos. Eso le pude observar. Debido a eso nó [sic] pudo volver a trabajar, surgen problemas económicos en el hogar y eso origina problemas; colocó un puesto de venta de comidas rápidas y con la esposa se dedicaban a eso, luego se fué [sic]. Nó [sic] volvimos a saber de él; se fueron hacia Tuluá en el año 1996. […] Pues antes del accidente, practicaba mucho el basquetbol [sic]; después del accidente siguió con su basquetbol [sic] pero ya menos porque le quedó mucho dolor de cabeza y mareos. Esto lo sé [sic] porque como él iba a la casa, lo veíamos, y hasta se recostaba un rato debido a sus dolencias, las sufrió después del accidente. Como limitación solo le observamos cuando decía que le quedó [sic] fuertes dolores de cabeza […]” [fls. 205 y 206 ambas caras, cdno. 2, resaltado fuera de texto].

56. En ese orden la Sala considera que una tasación adecuada de los perjuicios fisiológicos reclamados a favor de Francisco Javier Cajiao Pizarro, con ocasión de las lesiones que padeció, será la suma equivalente en moneda legal colombiana a ciento veintiséis [126] salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se extraen siguiendo la tabla establecida, de la siguiente manera, 90 smlmv por concepto de deficiencia al tener un 30%; 6 smlmv por concepto de discapacidad al tener 2%; y, 30 smlmv por concepto minusvalía la tener un 10%, con lo que se establece el ámbito estático u objetivo. En tanto que con la prueba testimonial apreciada razonadamente la Sala encuentra que cabe acrecer en diez (10) salarios mínimos legales mensuales, ya que de los testimonios no hay elementos suficientes que permitan establecer toda la intensidad del perjuicio fisiológico para su vida personal, actividad laboral o cotidiana.

57. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en cuanto a este aspecto, y en su lugar reconocerá a favor del lesionado Francisco Javier Cajiao Pizarro por concepto de daño a la salud, en la modalidad de perjuicio fisiológico, la suma equivalente a ciento treinta y seis (136) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

58. Finalmente, la Sala analiza si procede el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reclamados por la parte actora, y que son objeto de la impugnación.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

59. La parte actora solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de la víctima lesionada Francisco Javier Cajiao Pizarro, haciéndolo consistir en lo que “ha dejado y dejará de producir en razón a la merma en su capacidad laboral por todo el resto de su vida probable, como consecuencia de las lesiones sufridas, habida cuenta de su edad al momento del insuceso (31 años) y de su expectativa de vida conforme a las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria, teniendo en cuenta la actividad [sic] económica que desarrollaba como jefe de peajes de la firma “Wackenhut de Colombia S.A.”.

60. El a quo negó esta pretensión indemnizatoria sustentado en que no se aportó “la prueba plena que así lo demuestre, no obra en el proceso los elementos suficientes que conduzcan a la Sala a la certeza de que las lesiones sufridas le han impedido el ejercicio de labores lucrativas por todo el resto de su vida probable”.

61. La Sala de acuerdo con el análisis conjunto y contrastado de la prueba recaudada, y en aplicación de las reglas de la san crítica, encuentra que el lucro cesante deprecado como perjuicio no está probado, ya que con la prueba testimonial, pero especialmente con la comunicación, de 21 de agosto de 1997, del gerente de la sucursal Cali de Wackenhut de Colombia S.A. [fl. 133, cdno. 2], por medio de la cual se remitieron: Liquidación de contrato de trabajo de Francisco Javier Cajiao Pizarro, expedido el 21.1 de septiembre de 1994 por Wackenhut de Colombia S.A. [fl. 118, cdno. 2], en el que se discriminó la siguiente información: a) que el último cargo fue como “Jefe de peajes”; b) del que se retiró el 16 de septiembre de 1994; y, c) el salario total de liquidación era de “720.110.53” [fl. 118, cdno. 2].

61.1. Así como con base en la comunicación del gerente operativo de Wackenhut de Colombia S.A., dirigida a Francisco Javier Cajiao Pizarro, según la cual la cancelación de su contrato de trabajo surtía efectos a partir del 16 de septiembre de 1994 [fl. 121, cdno. 2].

61.2. En tanto que Claudia Patricia Ossa Linares [fl. 205 ambas caras, cdno. 2] manifestó: Actualmente no sé [sic] en qué se desempeña, luego del accidente, en el año 1995, empezó FRANCISCO a trabajar como entrenador de baloncesto, pero empezó a padecer de fuertes dolores de cabeza, y tenía que estar yendo donde el médico, ya hasta que se fué [sic] y se radicó en Tuluá. No sabía [sic] decir qué limitación pueda presentar Francisco. De él no sé [sic] en éste momento […]”.

61.3. A su vez, Matilde Escobar Taguado [fls. 205 a 207 ambas caras, cdno. 2] en su testimonio expresó: “[…] Sufrió golpes en la cabeza y sufría de fuerte dolores de cabeza; mareos. Eso le pude observar. Debido a eso nó [sic] pudo volver a trabajar, surgen problemas económicos en el hogar y eso origina problemas; colocó un puesto de venta de comidas rápidas y con la esposa se dedicaban a eso, luego se fué [sic]. Nó [sic] volvimos a saber de él; se fueron hacia Tuluá en el año 1996”.

62. Con fundamento en las anteriores pruebas la Sala encuentra que no hay certeza que después del accidente padecido por Francisco Javier Cajiao Pizarro el 28 de mayo de 1994 haya dejado o dejara de percibir ingresos económicos por su merma en su capacidad laboral, ya que se evidencia: a) que en la empresa concesionaria de peajes trabajó hasta el 16 de septiembre de 1994, es decir, tres meses y dieciocho días después de ocurrido el accidente, de donde fue liquidado por la empresa Wackenhut de Colombia S.A.; b) Matilde Escobar Taguado afirmó que la víctima y su esposa pusieron tuvo un puesto de comidas rápidas; y, c) Claudia Patricia Ossa Linares, quien lo conoció trabajando en la alcaldía de Tuluá, afirmó que después del accidente laboró como entrenador de baloncesto. Luego de esto no existe prueba alguna que indique si tuvo o no actividades productivas, o si estuvo imposibilitado para realizar alguna de estas, teniendo en cuenta, además, que el propio apoderado de la parte actora afirmó en un escrito que la víctima lesionada Cajiao Pizarro y su familia salieron del país, al parecer con destino a España.

63. La Sala sustentada en los anteriores argumentos confirma la decisión de primera instancia que negó la pretensión indemnizatoria que por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante presentó la parte actora.

64. Por último, la Sala revoca la sentencia de primera instancia en cuanto a la orden dada a la llamada en garantía de “cancelar a los actores el valor asegurado”, para en su lugar ordenar que conforme Oficio 5685, de 5 de agosto de 1997, del subgerente regional de Indemnizaciones de la compañía de seguros “La Previsora S.A.” [fl. 1, cdno. 3], con la que se anexó la certificación según la cual: “Hacemos constar que el campero Chevrolet Trooper, de placas OYL-340 motor 727160, de propiedad del departamento del Valle del Cauca, se encontraba asegurado en la póliza de autos 7-30581-16 para la vigencia comprendida entre el 01/02/93 hasta el 31/01/95, con los siguientes amparos y valores asegurados: amparos valor asegurado responsabilidad civil 5’000.000/5’000.000/10’000.000 […]” [fl. 2, cdno. 3], se ordene a la llamada en garantía “La Previsora S.A.” para que con base en la misma reembolse el valor de lo indemnizado a lo que sea condenada la entidad demandada en la proporción legalmente establecida.

65. Como consecuencia de lo anterior la Sala confirmará los numerales 1º, 5º, 6º y 7º, modificará los numerales 2º y 3º, y revocará el numeral 4º de la sentencia de 19 de diciembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con base en la parte motiva de esta providencia.

7. Costas.

66. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 19 de diciembre de 2003, con base en la parte motiva de esta providencia, en los siguientes numerales:

“1. DECLÁRESE administrativamente responsable al departamento del Valle del Cauca, de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes.

5. Esta condena se cumplirá en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expídase copia para el cumplimiento de lo aquí resuelto, a la parte demandante.

7. No se accede a las demás pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO. MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 19 de diciembre de 2003, en cuanto a los numerales segundo y tercero, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese al departamento del Valle del Cauca, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Al señor Francisco Javier Cajiao, lesionado, el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

A la señora Lina María Dueñez, compañera permanente del lesionada [sic], el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

A Francisco Javier y Claudia Lorena Cajiao Escobar; [sic] hijos menores del lesionado, el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales.

A los hermanos de la víctima, las siguientes sumas:

VíctimaIndemnización a reconocer en salarios mínimos legales mensuales vigentesEquivalente en pesos
María del Pilar Cajiao Pizarro [hermana]40$ 24.640.000
Adriana Cajiao Pizarro [hermana]40$ 24.640.000
Marco Aurelio Cajiao Pizarro [hermano]40$ 24.640.000

3. Igualmente condénese la departamento del Valle del Cauca, a pagar por concepto a favor del lesionado Francisco Javier Cajiao Pizarro por concepto de daño a la salud, en la modalidad de perjuicio fisiológico, la suma equivalente a ciento treinta y seis (136) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

TERCERO. REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 19 de diciembre de 2003, en cuanto al numeral cuarto, el cual quedará de la siguiente manera:

“4. ORDENAR a la llamada en garantía “La Previsora S.A.” para que reembolse el valor de lo indemnizado en cabeza del departamento del Valle del Cauca como entidad demandada, en la proporción legalmente establecida”.

CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO. ABSTENERSE de condenar en costas a la demandada.

SEXTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen”.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

(9) En la demanda por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se estimó en $ 300.000.000, cuando para la fecha de presentación de la demanda, 6 de julio de 1995, la cuantía para que un proceso contencioso administrativo tuviera vocación de segunda instancia era de $ 9.610.000, por lo que se encuentra satisfecho este supuesto normativo.

(10) Sección Tercera, sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente 35062, entre otras.

(11) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente 12789; 26 de mayo de 2010, expediente 18078; 27 de octubre de 2011, expediente 20450.

(12) Posición reiterada en Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(13) “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(14) Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 19969.

(15) Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.

(16) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951.

(17) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.

(18) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(19) “ART. 60.—(Modificado D. 2282/89, art. 1º, num. 22). Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador. Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente. El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es apelable. Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán como incidentes”.

(20) Puede verse: Sección Tercera, Subsección C, sentencias de 7 de julio de 2011, expediente 19953; de 25 de julio de 2011, expediente 20132.

(21) Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 16346. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1998, expediente 12009.

(22) Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 14408.

(23) Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16180. Puede verse también las sentencias de 5 de diciembre de 2005, expediente 14.536; sentencia del 11 de mayo de 2006, expediente 15.626; sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 16.346.

(24) Puede verse: Sección Tercera, auto de 26 de marzo de 2007, expediente 30306: “De conformidad con lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil, la cesión de derechos litigiosos tiene por objeto “el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente”, cesión que puede ser celebrada por cualquiera de las partes del proceso, dado que cualquiera de ellos es titular del evento incierto de la litis, y la normatividad sustancial y procesal, sin distingo alguno, les permite negociar esa situación para que un tercero los sustituya en el proceso, con la única condición de que la cesión sea aceptada por la contraparte. La titularidad del derecho litigioso corresponde a las partes del proceso, que pueden disponer de ese derecho, a través de acto entre vivos, cediéndolo a un tercero en conformidad con lo autorizado por el artículo 1969 del Código Civil, que al definir el objeto de la cesión de derechos litigiosos, lo establece como “el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente”; y por su parte el inciso 3º del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, sólo reclama, para aceptar la intervención del cesionario en el proceso como sustituto del cedente, la aprobación de la contraparte. Es decir, la cesión del derecho litigioso por acto entre vivos debe provenir del titular de la relación procesal, porque la cesión está constituida por el evento incierto de la litis. La Corte Suprema de justicia para definir la solemnidad o la consensualidad del acto de cesión de derechos litigiosos, distinguiéndolo de la cesión de la cosa litigiosa, expresó: “En este orden de ideas, la cesión del derecho litigioso debe considerarse dentro de la órbita procesal señalada, como el acto por medio del cual una de las partes del proceso cede en favor de otra persona, total o parcialmente, la posición de sujeto de la relación jurídica procesal, y con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan con miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión. Desde luego que este acto está desprovisto de cualquier clase de solemnidad, no sólo por el examen independiente de la cosa litigiosa, sino porque ninguna norma legal exige algún tipo de formalidad. Por su lado, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se limita a reconocer el fenómeno, partiendo de la distinción entre cosa y derecho litigioso, al establecer la facultad que tiene el adquirente de intervenir como litisconsorte del anterior titular, o sustituirlo, dándose lugar a la llamada sucesión procesal, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente, pero sin indicar formalidad o solemnidad alguna, como la misma práctica judicial lo ha entendido. Otro tanto sucede en el marco del Código Civil, donde los artículos 1969 a 1972, regulan el tema sin que por parte alguna distinga entre el tipo de derecho litigioso (personal o real), o establezca solemnidades para la perfección del acto en consideración a la clase de bien comprometido con la demanda” [Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5647 de 4 de marzo de 2001]

(25) Sección Tercera, auto de 26 de marzo de 2007, expediente 30306: “[…]La independencia entre el contrato de cesión de derechos litigiosos y la sucesión procesal por causa del mismo fue precisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1045 del 10 de agosto de 2000, en la cual se declaró la exequibilidad del aparte “También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”, del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que esa exigencia no vulnera los derechos de las partes en el contrato, pero sí es necesaria para garantizar los derechos del contradictor, quien no fue parte en el mismo”. Puede verse también: Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2007, expediente 22043: “[…] Es un contrato aleatorio, a través del cual, una de las partes de un proceso judicial (cedente) cede a un tercero (cesionario), a título gratuito u oneroso, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes. Debe advertirse que el derecho o la cosa adquieren naturaleza litigiosa, con la notificación de la demanda, pues, con este acto procesal se traba la relación jurídico procesal que permite hablar de parte demandante y demandada. Según el inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, cuando se ceda un derecho o una cosa litigiosa, caso en el cual el cesionario (adquirente del derecho), intervendrá en calidad de litisconsorte del cedente (enajenante); empero, si la cesión de derechos litigiosos es aceptada, expresamente, por el cedido (contraparte procesal), el negocio jurídico de la cesión formaliza una sustitución procesal, en tanto que el cedente deja de ser sujeto procesal. Como se aprecia, la cesión de derechos litigiosos no implica per se, el hecho de que opere el fenómeno de la sustitución procesal, por ende, ante el silencio de la parte cedida en la relación jurídico procesal, es perfectamente posible afirmar que el negocio jurídico mantiene sus condiciones de eficacia y validez, sólo que cedente y cedido permanecen vinculados al proceso; contrario sensu, cuando el cedido acepta expresamente la cesión opera el fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual el cedente es reemplazado integralmente por el cesionario, quien ocupará la posición del primero. La intervención del cesionario se puede realizar de dos formas a saber: a. El cedente se dirige al juez con la prueba de la cesión del derecho ligitioso y, adicionalmente, solicita al juez que reconozca expresamente la cesión. b. El cesionario se dirige directamente al juez de la causa, para lo cual debe acompañar la prueba de la celebración de la cesión, con la expresa solicitud de que sea reconocido como parte procesal. En ambos escenarios, sólo habrá lugar a predicar el fenómeno de la sustitución procesal, si el cedido acepta expresamente la cesión realizada entre cedente y cesionario; de lo contrario, entre estos últimos se producirá una relación litisconsorcial”.

(26) De acuerdo con el precedente de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera: “Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia [sic] de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil […] Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia [sic] nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez [Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, expediente 26.261, M.P. Alier Hernández Enríquez] […] No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia. Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política […] Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final) [Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, exp. 16.925] […] Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos [Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, expediente 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, expediente 16.925] De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación. En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia [sic]— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’. Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” [resaltado fuera de texto].

(27) “[…] Despedazada contra los escombros de una caseta contigua a los módulos de recaudo en el peaje de Uribe, murió una de las empleadas de la firma Wackenhut, cuando el conductor de un campero oficial que trató de evadir el pago respectivo, chocó violentamente contra la construcción en cuyo interior se hallaba otro de los funcionarios, ahora hospitalizado con pronósticos poco alentadores sobre la recuperación total de las lesiones que sufrió en el accidente. El vehículo Trooper de placas OYL 340 adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento de la Gobernación del Valle del Cauca era conducido en la madrugada del sábado, hoy hace ocho días, por José Ángel Niño quien le imprimió mayor velocidad en su intento por birlar el pago de los mil doscientos pesos, que corresponden como tarifa única a las características del automotor. Para sorpresa del habilidoso motorista, el carril se hallaba taponado por trabajos de adecuación en su respectiva rampa y debió realizar la infortunada maniobra contra la caseta de supervisión en cuyo exterior se hallaba desprevenida enjuagando un trapero, Solangel Rivera de 34 años, madre de familia, oriunda y residente en el barrio Rubén Cruz de Tuluá, con sólo quince días de vinculación laboral a la firma contratista del peaje […] El causante de la tragedia, emprendió la fuga, internándose atemorizado por los predios del sector oriental en una desesperada y continua marcha, en medio de la oscuridad y sin orientación alguna, hasta llegar al sitio de Paila Arriba, donde tomó la decisión de presentarse a las autoridades que ya a esa hora, no pudieron precisar si éste se hallaba bajo influencias etílicas en el momento de ocasionar el accidente. Desde luego que además de la investigación judicial por parte de la fiscalía seccional, el gobierno departamental adelantará otra de carácter administrativo para conocer las razones por las que el vehículo se hallaba, en horas de la madrugada y en día no laborable, fuera de su habitual jurisdicción” [fl. 24, cdno. 1].

(28) De dicho dictamen el a quo puso en conocimiento de las parte mediante el auto de 29 de abril de 1998 [fl. 191, cdno. 2]. Respecto del mismo la apoderada de la entidad demandada solicitó aclaración mediante escrito radicado el 7 de mayo de 1998, donde se solicitó: “[…] 1. Teniendo en cuenta el Decreto Reglamentario 692 de 1995 debe discriminar los criterios que fueron tenidos en cuenta para establecer la deficiencia, discapacidad y minusvalía. 2. Igualmente, se aclare en qué consiste: Deficiencia 30% y cuáles son sus efectos. Discapacidad 2% y cuales [sic] son sus efectos. Minusvalía 10% y cuales [sic] son sus efectos” [fls. 192 y 193, cdno. 2]. Dicha solicitud fue acogida por el a quo por auto de 19 de junio de 1998 [sin número de folio, cdno. 2]. El dictamen fue aclarado por el mismo médico laboral, quien presentó escrito el 28 de septiembre de 1998 en los siguientes términos: “[…] Deficiencia. Es toda perdida [sic] o anormalidad de una estructura o funcion [sic] psicologica [sic] o antomicaque [sic] pueden [sic] ser temporales o permanente [sic], por lo tanto se califico [sic] al paciente con una deficiencia del 30%, teniendo en cuenta el TRAUNA [sic] CRANEO ENCEFALICO, Herida [sic] en Region [sic] Frontal [sic] (8Cm): que ocasiona trastorno sicologico [sic] y alteracion [sic] de la presentacion [sic] fisico [sic] personal. Discapacidad: Estado restricciono [sic] ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, razon [sic] por lo [sic] cual se califico [sic] en 2% debido a que el trauma cráneo encefálico, le ocasiona insuficiencia en el desempeño y comportamiento de su actividad rutinaria normal. Minusvalia [sic] Es una situacion [sic] desventajosa para un individuo determinada consecuencia de una deficiencia, razon [sic] por la cual se califica en un 10%, ya que el trauma cráneo encefálico y cicatrices en cara impidio [sic] el desempeño de un rol que es normal en su caso en funcion [sic] de la edad, sexo y factores sociales y culturales” [fls. 214 y 215, cdno. 2]. La ampliación al dictamen fue puesta en conocimiento de las partes por el a quo por medio de auto de 9 de octubre de 1998 [fl. 216, cdno. 2]. El apoderado de la entidad demandada objetó por error el dictamen médico rendido, con base en los siguientes argumentos: “[…] Teniendo en cuenta los parámetros que estipula la Ley 100 de 1993 o Ley de Seguridad Social, una vez practicado el examen con su correspondiente valoración médica debe enviarse a la junta para la Calificación [sic] de Invalidez [sic]. La única Entidad [sic] competente para calificar la invalidez, es la Junta Regional para la Calificación de Invalidez, conforme lo establece la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1995 y el Decreto 1346 de junio 27 de 1994 […] Para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, acudimos obviamente al Decreto 692 de abril 26 de 1995 por el cual se considera inválido a quien hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral […] La aclaración al dictamen solicitada por el departamento del Valle, solamente se limitó el médico laboral a señalar el significado de tres palabras, más no a enunciar ni aportar constancia de los examenes [sic] practicados, ni en que [sic] consistía la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía del Señor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro, a fin [sic] de que posteriormente fuera la junta calificadora, quien con base en los examenes [sic] procediera a calificar la invalidez del actor o demandante” [fls. 218 a 220, cdno. 2].

(29) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16694.

(30) Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20750.

(31) Fernández Liria, B. Rodríguez Vega. Intervenciones sobre problemas relacionados con el duelo para profesionales de atención primaria: El proceso del duelo. Universidad Autónoma de Madrid. Http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/DUELO%201.pdf “Aunque es difícil establecer inequívocamente relaciones causa-efecto, numerosos estudios han relacionado las pérdidas de diverso tipo con alteraciones de la salud1. Hoy se acepta generalmente que en torno a un tercio de los pacientes que acuden a las consultas de atención primaria presentan problemas de salud mental que requerirían algún tipo de tratamiento y, aproximadamente una cuarta parte del total presenta problemas que podrían considerarse relacionados con algún tipo de pérdida1”.

(32) Radicado 6750, actor: Luis María Calderón Sánchez y otros. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández.

(33) Posición que ha sido reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 30 de marzo de 2004. S 736 Actor: Nelly Tejada. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade. “Del parentesco cercano con la víctima se infiere el padecimiento moral que su muerte inflige a los suyos. El parentesco es indicio vehemente del daño moral”. Y recientemente por la Sección Tercera, en sentencia de 30 de agosto de 2007, expediente 15.724, actor: Oswaldo Pérez Barrios. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(34) Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente 18586.

(35) Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

(36) “Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo. “Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes” (resaltado fuera de texto). “La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del Código Civil, que es del siguiente tenor: “En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: “1. Los descendientes legítimos; “2. Los ascendientes legítimos; “3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos; “4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1, 2 y 3; “5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1, 2, y 4; “6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores; “7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. “Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”. “También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza: “La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución”. “La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio. “Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. “Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”[1] (resaltado de la Sala)”. Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente 18586.

(37) “4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre”. Bajo esta concepción, la familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”. 4.3. En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el Gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial. 4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano. 4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral. 4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una u otra forma de constitución de la institución familiar. 4.7. Conforme con el alcance reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles de todos los matrimonios a través del divorcio. 4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado social de derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta corporación,[5] ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos”. Corte Constitucional, C-821 de 9 de agosto de 2005.

(38) “Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico. Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional. En efecto, si se entiende que “familia” es un derecho prestacional, entonces el Estado, según las condiciones económicas podrá establecer mayores o menores beneficios que proporcionen las condiciones para que las familias puedan lograr su unidad, encontrándose protegidas económica y socialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no regresión, pudiéndose, en algunos casos, excepcionarse. Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela para su protección. Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser protegida por el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casos una dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, se orientan por la lógica de implementación y protección propia de los derechos prestacionales. En suma, de la comprensión que se tenga del término “familia” dependerá el sentido y alcance de los mecanismos constitucionales de protección”. Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 26 de agosto de 2009.

(39) Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

(40) Ahora bien, en relación con el otrora denominado perjuicio fisiológico, redefinido en la actualidad como daño a la salud, la Sala Plena de la Sección Tercera en recientes providencias unificó su jurisprudencia para precisar, in extenso, lo siguiente: “(…) De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica (sic)— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos. “Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional. “Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad (“El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.). “En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud. “Es así como la doctrina, sobre el particular señala: “Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar. “Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...” (Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, Pág. 139). (Se destaca). “En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros) (“Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana Nº 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización) (Ver: Corte de Casación Italiana, sent. jun. 24/2008, publicada nov. 11/2008, Nº 26972). “Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro. “Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial (Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761/90, 1341/91, 11133/90, 9170/94, y 7262/91). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones. “En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica (este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar. Ob. cit., pág. 57). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista. “De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada. “Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización” (“En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210). “En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo. “Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso —: “i) los materiales de daño emergente y lucro cesante; “ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal (“Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño Corporal-Daño Biológico-Daño a la vida de relación”, pág. 10). “Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación. “Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. “Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia. “En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno. “No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible. “Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos. “Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material” (resaltado del original). Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222. De modo que, con las sentencias del 14 de septiembre de 2011, expedientes 38222 y 19031, se reconoció la relevancia de controlar la dispersión que se presentaba en la tipología del daño inmaterial en Colombia, para establecer un sistema de resarcimiento que atienda a la reparación de los derechos que se ven afectados con el daño antijurídico. En esa perspectiva, el daño a la salud sirve de contenedor para evitar la disgregación de varias nociones abiertas que hacían compleja la aplicación efectiva del principio de igualdad y de reparación integral (v.gr. daño a la vida de relación o la alteración a las condiciones de existencia (“(…) lo que no se puede tolerar es que el tratamiento diferenciado, que se deduce de la interpretación de las normas tradicionales de la responsabilidad, beneficie a aquellos que se encuentran en una situación de privilegio… Es evidente que la salud es uno de los aspectos de la condición humana en los que se revela como auspiciarle (sic) una igualdad entre los coasociados, y de ahí que el principio se revele como fundamental en la materia; una persona que sufra una lesión debe tener, en lo posible, la oportunidad de seguir desarrollando su vida en igualdad de condiciones que los demás, afirmación de la que se desprende un corolario lógico: todo aquél que sufra una lesión igual a la de otra persona deberá tener, también una reparación igual”. Cortés, Édgar. Ob. cit., págs. 15 y 84). Por consiguiente, se acogió en los referidos pronunciamientos una visión de la reparación que no atienda única y exclusivamente a restablecer las expresiones o valoraciones externas al sujeto, ya que esta óptica reflejaría una comprensión netamente capitalista y monetarista del ser humano (“Entre nosotros se ha sugerido que quizá sería más correcto identificar el daño corporal y el daño a la salud. Se trata este último, de un concepto bastante novedoso, cuya creación proviene de la doctrina italiana que por tal entiende, el perjuicio que deriva de la lesión de uno de los derechos de la personalidad —la integridad física— y es susceptible de valoración económica independiente. Lo más positivo de esta nueva creación es el haber superado la anterior práctica jurisprudencial por la que la incapacidad se apreciaba y valoraba, en tanto en cuanto afectara a la capacidad de producir ganancias o riqueza, valoración conocida como el “método tradicional”… De aquí se desprende la autonomía del daño a la salud a nivel constitucional, cuya forma de protección es la tutela aquiliana. Lo que quiere decir que es un daño reparable en sí mismo, con independencia de sus posibles consecuencias pecuniarias… La independencia de la categoría del “daño a la persona en sentido estricto”, es una categoría que se une a las más conocidas de “lesiones de bienes o de derechos primarios, en cuanto son inherentes a la persona humana (el derecho a la vida, a la integridad física, al honor)”.

(41) Lo que hace que se preserve como tendencia un modelo de derecho de daños que favorece a la víctima, que busca la reparación de los “sinsabores de la existencia humana”. Koteich, Milagros. “La indemnización del perjuicio extrapatrimonial (derivado del “daño corporal”) en el ordenamiento francés”, en Revista de derecho privado Nº 18, 2010. Como crítica puede verse Fabre-Magnan, M. Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi contrats. París, PUF, 2007, pág. 123.

(42) Koteich, Milagros. “La indemnización del perjuicio extrapatrimonial (derivado del “daño corporal”) en el ordenamiento francés”, ob. cit.

(43) Cortés, Edgar. Responsabilidad civil y daños a la persona. El daño a la salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina?, ob. cit., pág. 132.

(44) Italia. Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 1991.

(45) “Por lo anterior, y de conformidad con el acta de la junta médica laboral, en la que consta la amputación del brazo izquierdo a la altura del codo realizada a Sigifredo Salazar Ramírez, se hace evidente el daño a la salud, por el cual se le reconocerá por este concepto el valor de 264 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal, valor que resulta proporcional con la lesión sufrida, como quiera que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, como una incapacidad del 95 o 100% se ha concedido el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales vigentes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de febrero de 2012, M.P. Enrique Gil Botero.

(46) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de marzo de 2002, expediente 12.054, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, 13 de diciembre de 2004, expediente 14722, Germán Rodríguez Villamizar, 5 de junio de 1998, expediente 11545, M.P. Juan de Dios Montes, 6 de mayo de 1993, expediente 7428, M.P. Julio César Uribe Acosta, 19 de octubre de 2007, expediente 30871, M.P. Enrique Gil Botero, 8 de julio de 2009, expediente 17960, M.P. Enrique Gil Botero, 1º de octubre de 2008, expediente 27268, M.P. Enrique Gil Botero, sentencias del 14 de septiembre de 2011, expedientes 38222 y 19031, M.P. Enrique Gil Botero.

(47) Según las recomendaciones del grupo de Tréveris que elaboró la recomendación a la comisión, al Parlamento y al Consejo Europeo, nacido por iniciativa de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, “(…) toda persona que haya sufrido un atentado a la salud debe, en virtud de los principios fundamentales de dignidad de la persona humana y de tutela de la salud, recibir una reparación; esa reparación debe ser diferente de la que recibirá la víctima por las pérdidas económicas sufridas por los daños que sólo son susceptibles de una valoración subjetiva; el principio de igualdad, entonces impone un tratamiento igualitario para las víctimas, que se logra con la valoración de carácter objetivo del daño, es decir con las bases que ofrece la ciencia médico legal, que puede crear tablas o baremos con grados de invalidez, a los que cada Estado podrá fijar un valor determinado; de todas formas, dice el documento, se insta a los Estados para dejen al juez un campo de apreciación equitativo para ajustar la reparación a las circunstancias propias del caso”. Cortés, Édgar. Ob. cit., pág. 184.

(48) “Sin embargo, como sucede también en otras experiencias europeas, jurisprudencia y doctrina buscan identificar un criterio de liquidación que salvaguarde las exigencias de uniformidad de base, adecuación equitativa al caso concreto y previsibilidad. El uso del criterio de cálculo por puntos diferencial brinda una herramienta muy importante en este sentido. Luego, una tabla indicativa de sus valores, elaborada sobre la base de los precedentes liquidaciones judiciales ofrece una base de uniformidad indispensable para satisfacer el principio de paridad de tratamiento”. Koteich, Milagros La indemnización del perjuicio extrapatrimonial (derivado del “daño corporal”) en el ordenamiento francés” en: Revista de Derecho Privado Nº 10, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, pág. 178 y ss.

(49) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22163.

(50) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031.

(51) De dicho dictamen el a quo puso en conocimiento de las parte mediante el auto de 29 de abril de 1998 [fl. 191, cdno. 2]. Respecto del mismo la apoderada de la entidad demandada solicitó aclaración mediante escrito radicado el 7 de mayo de 1998, donde se solicitó: “[…] 1. Teniendo en cuenta el Decreto Reglamentario 692 de 1995 debe discriminar los criterios que fueron tenidos en cuenta para establecer la deficiencia, discapacidad y minusvalía. 2. Igualmente, se aclare en qué consiste: Deficiencia 30% y cuáles son sus efectos. Discapacidad 2% y cuales [sic] son sus efectos. Minusvalía 10% y cuales [sic] son sus efectos” [fls. 192 y 193, cdno. 2]. Dicha solicitud fue acogida por el a quo por auto de 19 de junio de 1998 [sin número de folio, cdno. 2]. El dictamen fue aclarado por el mismo médico laboral, quien presentó escrito el 28 de septiembre de 1998 en los siguientes términos: “[…] Deficiencia. Es toda perdida [sic] o anormalidad de una estructura o funcion [sic] psicologica [sic] o antomicaque [sic] pueden [sic] ser temporales o permanente [sic], por lo tanto se califico [sic] al paciente con una deficiencia del 30%, teniendo en cuenta el TRAUNA [sic] CRANEO ENCEFALICO, Herida [sic] en Region [sic] Frontal [sic] (8Cm): que ocasiona trastorno sicologico [sic] y alteracion [sic] de la presentacion [sic] fisico [sic] personal. Discapacidad: Estado restricciono [sic] ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, razon [sic] por lo [sic] cual se califico [sic] en 2% debido a que el trauma cráneo encefálico, le ocasiona insuficiencia en el desempeño y comportamiento de su actividad rutinaria normal. Minusvalia [sic] Es una situacion [sic] desventajosa para un individuo determinada consecuencia de una deficiencia, razon [sic] por la cual se califica en un 10%, ya que el trauma cráneo encefálico y cicatrices en cara impidio [sic] el desempeño de un rol que es normal en su caso en funcion [sic] de la edad, sexo y factores sociales y culturales” [fls. 214 y 215, cdno. 2]. La ampliación al dictamen fue puesta en conocimiento de las partes por el a quo por medio de auto de 9 de octubre de 1998 [fl. 216, cdno. 2]. El apoderado de la entidad demandada objetó por error el dictamen médico rendido, con base en los siguientes argumentos: “[…] Teniendo en cuenta los parámetros que estipula la Ley 100 de 1993 o ley de seguridad social, una vez practicado el examen con su correspondiente valoración médica debe enviarse a la junta para la Calificación [sic] de Invalidez [sic]. La única Entidad [sic] competente para calificar la invalidez, es la junta regional para la calificación de invalidez, conforme lo establece la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1995 y el Decreto 1346 de junio 27 de 1994 […] Para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, acudimos obviamente al Decreto 692 de abril 26 de 1995 por el cual se considera inválido a quien hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral […] La aclaración al dictamen solicitada por el departamento del Valle, solamente se limitó el médico laboral a señalar el significado de tres palabras, más no a enunciar ni aportar constancia de los examenes [sic] practicados, ni en que [sic] consistía la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía del Señor [sic] Francisco Javier Cajiao Pizarro, a fin [sic] de que posteriormente fuera la junta calificadora, quien con base en los examenes [sic] procediera a calificar la invalidez del actor o demandante” [fls. 218 a 220, cdno. 2].

(52) Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “el estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades”. www.who.int/en/