Sentencia 76-01 de mayo 30 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 23001-31-03-002-1996-00076-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 30 de agosto de 2002, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario promovido por Finzenu Limitada Vigilancia Privada frente a Skanska Aktiebolag y Construcciones Civiles S.A. “Conciviles S.A.”.

I. Antecedentes

1. Solicitó la demandante declarar que entre ella y las demandadas, como socios del consorcio Skanska-Conciviles, existió un contrato de prestación de servicios de vigilancia privada, según la orden 001 de 17 de diciembre de 1993, y que estas incumplieron ese negocio jurídico “al darlo por terminado unilateralmente y sin justa causa,... mediante comunicaciones de 16 de marzo de 1995 y 15 de abril de 1996”; así mismo, pidió condenarlas a indemnizarle los perjuicios en cuantía superior a mil millones de pesos.

2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian:

a) Representado por Jorge Barreto el aludido consorcio contactó a la actora para que cotizara la prestación del servicio de vigilancia en las condiciones por él definidas.

b) La fase precontractual se ejecutó mediante la orden de servicios arriba identificada, en que la parte demandada, tras señalar “los frentes de labores de vigilancia”, dijo que “las ampliaciones y escoltas se harían de acuerdo a solicitud previa”, determinando que la vigilancia debía prestarse en sus oficinas de la calle 30 número 6-13, en la bodega de la Avenida Circunvalar número 6-50, en la calle 68 número 5-05 y en la carrera 4 número 69-11, lo que así se cumplió; posteriormente iniciaron labores en Puerto Pacheco, donde estaban localizadas las obras de la represa de Urrá.

c) Como en la cotización entregada no se incluyó lo tocante con el alojamiento ni el transporte, en orden a prestar el servicio en Puerto Pacheco el consorcio destinó el campamento “Santa Ana” y la actora al comienzo utilizó aproximadamente 10 vigilantes, para luego llegar a un número cercano a los 88. A partir del 1º de febrero de 1994 el consorcio en forma unilateral suspendió aquel alojamiento, “incumpliendo desde este instante el acuerdo previo” con la demandante, lo que a esta le generó unos sobrecostos que no le fueron reconocidos, consistentes en el arrendamiento de “una vivienda en el barrio 19 de marzo de Tierralta” a Gertrudis Flórez Arrieta y el transporte del personal de vigilancia de allí a Puerto Pacheco. Para reducir este mayor costo, previa comunicación al jefe de seguridad del consorcio, la actora construyó un campamento en predios de Narciso Padilla, el cual hoy está deteriorado por su abandono.

d) Para transportar a los vigilantes dentro de la obra e iluminar aquel campamento, la demandante adquirió el vehículo de placas MTA-065 y una planta eléctrica, los cuales, por la terminación unilateral aludida y la irresponsabilidad del consorcio, vendió por un precio menor.

e) Terminado y acondicionado, con el visto bueno de la trabajadora social y del jefe de seguridad del consorcio, el susodicho campamento comenzó a operar en abril de 1995 hasta el 15 de abril de 1996, cuando en forma unilateral las demandadas dieron por terminado el contrato. Como esta determinación fue inesperada, a la actora le ocasionó “perjuicios materiales, económicos, morales y la pérdida en parte de la buena imagen, construida a través de 14 años”. Fue así como dejó de cumplir sus obligaciones de todo orden, al tiempo que las condiciones de vida de los socios desmejoraron, pues no han podido cancelar las demandas civiles y laborales ni las tutelas formuladas en su contra.

f) Los sobrecostos durante la ejecución del contrato fueron de $ 28''800.000 y $ 19''500.000, por concepto del bus y del camión usados en el servicio de transporte, $ 2''400.000 por el arrendamiento en el período de 1994 a 1996, y $ 12''000.000 por el campamento y su dotación; dentro de las cuentas por pagar se encuentran el convenio con Comfacor por $ 1''000.000 cada mes, el convenio con “S.S.” por $ 1''000.000 mensuales, el crédito con Cupocrédito con cuota cada mes de $ 4''500.000, las prestaciones sociales que ascendían a $ 100''000.000, el convenio con el SENA por $ 7''000.000, con los proveedores varios por $ 50''000.000 y las demandas por cancelar en cuantía de $ 50''000.000.

g) El hecho de que la actora hubiera incumplido aquellas obligaciones deterioró su imagen e implicó “la pérdida de algunos contratos y la disminución de la facturación en Córdoba en más de un 80%”. Además, aquel acuerdo de vigilancia privada con el consorcio, dado el tiempo en que terminaría la construcción de la Hidroeléctrica Urrá, prevista para el año 2000, tenía “un valor aproximado de 2.140''416.453 tomando como base el promedio de los últimos cuatro meses y un incremento anual por inflación del 20%”.

3. La demandada Skanska Aktiebolag contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió los que hacían relación a la cotización presentada por la actora, a la extensión de la orden de servicio número 001 y a la suspensión del alojamiento, aspecto este en torno del cual aclaró que el consorcio no se obligó a proporcionarlo; negó los que se referían a la forma de la prestación del servicio en Puerto Pacheco, al incremento del número de vigilantes y los atinentes al sobrecosto; indicó que era una consideración personal aquello de que la terminación en forma inesperada le causó perjuicios a la demandante; y dijo no constarle los restantes.

Propuso como excepciones las que denominó “carencia de derecho o causa en la pretensión” y “enriquecimiento sin causa”, fundadas, la primera, en la inexistencia de plazo en el contrato verbal que celebró con la actora y en que con un mes de antelación dio aviso de la terminación de dicho acuerdo, además que esta en su momento no presentó la cotización para la prestación de servicios en 1996; y, la segunda, en que como aquella le cobraba a los vigilantes el alojamiento, transporte y alimentación que les proporcionaba, ella no podía aspirar a que se condenara a la contraparte por esos mismos conceptos, pues de hacerse implicaría un doble cobro.

Por su parte, el curador ad litem que se designó a Construcciones Civiles S.A. dijo, en cuanto a las súplicas, atenerse a lo que resultara probado y, respecto de los hechos, que como le eran ajenos, no tenía conocimiento sobre su ocurrencia. La citada demandada posteriormente compareció al proceso.

4. Por sentencia de 19 de diciembre de 2001 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería culminó la primera instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, el tribunal, mediante fallo de 30 de agosto de 2002, revocó el de primera y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

II. La sentencia del tribunal

1. Después de descartar la presencia de vicios que pudieran generar nulidades en el proceso, encontrar satisfechos los presupuestos procesales, señalar que conforme al libelo la pretensión indemnizatoria tenía como fundamento la ruptura unilateral por parte del Consorcio Skanska Aktiebolag-Construcciones Civil S.A. del contrato de prestación de servicios de vigilancia privada, en orden a lo cual debía establecerse la existencia del susodicho negocio jurídico y deducirse si se produjo su incumplimiento, señaló el ad quem que de la orden de servicio 001 impartida por las demandadas, en que indicaron los lugares donde se iniciarían las labores de vigilancia, de las comunicaciones que la actora dirigió a aquellas, referentes a la presentación de los vigilantes que prestarían el servicio, y de la prueba testimonial se desprendía que entre las partes, en forma verbal, se había celebrado un negocio jurídico, respecto del cual aseguró que como dentro del proceso no existía documento que pusiera al descubierto sus cláusulas debía acudir a lo que arrojara el acervo probatorio.

2. Tras esa precisión dijo disentir del “cambio de rotulación” que al contrato le dio la parte demandada en la sustentación del recurso de apelación, al asimilarlo al de suministro mercantil, ya que la naturaleza de la prestación pactada constituía un escollo para que a sus celebrantes se les pudiera tener como proveedor y consumidor, a lo que añadió que el debate planteado en este asunto tampoco podía encuadrarse en el campo laboral ya que una relación de ese carácter requería que el trabajador fuera una persona natural, y ocurría que dicho acuerdo de voluntades se ajustó entre personas morales.

3. Excluidas las anteriores probabilidades, dijo el juez de segundo grado que por “deducción residual” arribaba a la conclusión en el sentido de que el convenio en cuestión, pese a que con arreglo al artículo 21 del Código de Comercio era de “naturaleza mercantil por haberse llevado a cabo entre comerciantes”, carecía de tipicidad jurídica en dicho estatuto legal; anotó entonces, no sin antes acudir al artículo 2º del citado código, que el aludido acto bilateral se enmarcaba dentro de aquellos a que se refería el artículo 2064 del Código Civil, que instituía una “modalidad genérica de contrato de prestación de servicios”, en relación con el cual precisó que la enumeración allí contenida tenía “un carácter simplemente ilustrativo” y que por razón de la época de la promulgación de ese código era de esperarse que no se incluyera una actividad como la vigilancia privada.

4. Agregó seguidamente el juzgador que si se atenía al texto de la demanda y a la respuesta que en la contestación le dio el demandado al hecho doce del libelo, así como al contenido del Decreto 2974 de 1997, reglamentario de los servicios de vigilancia y seguridad privada, encontraba que estaba en presencia de un “contrato de prestación de servicios, o en el peor de los casos ante uno innominado cuyos caracteres se aproximan a aquel”, lo que forzosamente conducía “a la aplicación del régimen descrito en los artículos del Código Civil que vienen citados”.

Con esa orientación sostuvo que como lo que aquí se le reprochaba a la parte demandada era haber terminado en forma unilateral dicho negocio jurídico, para que tal proceder fuera constitutivo de incumplimiento era necesario que en el proceso militara la prueba que demostrara que los contratantes habían pactado “una cláusula de duración por tiempo definido de tal nexo contractual”, pero resultaba que la misma en este asunto brillaba por su ausencia. Juzgó entonces el sentenciador que por lo expuesto no podía calificar como antijurídica la conducta asumida por la parte demandada al ponerle fin a dicha especie negocial, con mayor razón si se tenía en cuenta que con “prudente anticipación” le había avisado a la actora tal novedad.

Manifestó, además, no compartir la posición del a quo sobre el abuso del derecho, pues, aunque ese instituto jurídico operaba “como mecanismo de equidad para los casos en los que so pretexto del ejercicio de un derecho se infiere daño a otro sin beneficio para el agente del mismo o con uno de magnitud ostensiblemente inferior al perjuicio causado”, el juez de primera instancia guardó silencio “en lo atinente al dolo o culpa que indudablemente” debía “establecerse a plenitud en el sujeto activo del abuso, sin que esta carga probatoria se vea relevada en atención a la cuantía del negocio”; remató diciendo “que la falta de prueba de este ingrediente subjetivo” también frustraba “la acción incoada”.

5. Luego de resaltar que el silencio de las partes sobre algún extremo del contrato podía ser suplido por la ley, hizo ver el ad quem cómo el artículo 2066 del Código Civil indica que cualquiera de las partes, en el momento en que lo siquiera(sic) “o con el desahucio que se hubiere estipulado”, podía ponerle fin al servicio, y que si la retribución consistía “en pensiones periódicas”, cualquiera de ellas debía dar noticia a la otra de su intención de ponerle fin al contrato, a lo que agrega que en este evento, aunque no lo hubieran estipulado, el desahucio debía producirse con una anticipación “de medio período a lo menos”; a partir de esta premisa insistió el tribunal en que en este asunto no había constancia sobre la estipulación de un término de duración del aludido acto bilateral y menos que las partes hubieran pactado desahucio alguno, con mayor razón siendo que se había establecido que la parte opositora debía retribuirle a la actora una pensión dineraria quincenal, como lo advertía de las constancias de pago obrantes a folios 101 y siguientes.

La situación acabada de describir, prosiguió, imponía la aplicación a este asunto de lo previsto en el inciso segundo del citado precepto legal, lo cual indicaba que la parte que decidió ponerle fin a la relación contractual, debía desahuciar a la otra con una anticipación de medio período, lo que en el caso presente equivalía a menos de un mes, y sucedió que a folio 100 del cuaderno 1 aparecía que las demandadas verificaron ese desahucio el 11 de marzo de 1996 con efectos a partir del 15 de abril de ese año, esto es, con una anticipación que sobrepasó los treinta días y superó, por ende, el término exigido por la ley.

Estimó entonces el juez de segundo grado que aquella decisión de la parte demandada se había ajustado a las normas que regían el contrato de que aquí se trataba, de donde descartó que ese comportamiento fuera ilícito y fuente de la obligación de resarcir perjuicios, con mayor razón siendo que no se cumplían “los presupuestos indispensables para el buen suceso de la acción de responsabilidad civil contractual”.

III. La demanda de casación

Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil la recurrente divide en dos partes el ataque que hace a la sentencia; la primera, compuesta por un cargo, por violación indirecta y, la segunda, conformada por tres acusaciones, por quebranto directo de la ley sustancial. La Corte los estudiará de manera conjunta, dada su íntima relación y porque razones comunes servirán a su despacho.

Parte primera

Cargo único

Dice que el fallo acusado, por desconocer los artículos 6º, 37, numeral 4º, 174, 175, 176, 177, 179, 183, 187, 194, 195, 198, 200, 203, 213, 219, 220, 251, 254, numeral 3º, 258, 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil, violó en forma indirecta los artículos 28, 1501, 1551, inciso 2º, 1602, 1603, 1610, 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1757, 1973, 2009, 2056, 2064 a 2068, 2144 y 2343, inciso 1º, del Código Civil, 1º, 2º, 10, 13, numeral 14, 20, numerales 14 y 19, 21, 23, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 864, 870, 871, 968 a 980 del Código de Comercio, 18 y 38 de la Ley 153 de 1887, 21 de la Ley 50 de 1936, 2º, 4º, 6º, 8º, 39, 47, 74 y 90, numeral 18, del Decreto 356 de 1994, 1º, 12, parágrafo primero del literal f) del numeral 2º, 20 y “transitorio primero” del Decreto 2974 de 1997, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar las pruebas.

1. Apoyada en los artículos 174, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil empieza la recurrente por recordar el deber de las partes de probar el supuesto de hecho en que fundan sus pretensiones o excepciones y el correlativo del juez de apreciar la totalidad de los medios de convicción obrantes en el proceso.

2. A vuelta de destacar que el incumplimiento por parte del funcionario judicial de esa imposición legal es grave, que tal comportamiento adquiere mayor trascendencia “cuando el objeto del litigio se centra en probar un solo hecho”, como “la existencia de un daño, el acaecimiento de un perjuicio por el incumplimiento del otro a sus obligaciones contractuales” y que “la mejor clase de prueba para demostrar la existencia real de actos patrimoniales lesivos” es la documental, acompañada de la pericial y “soportada por la versión que los testigos suministran”, señala la acusadora que el tribunal pretermitió valorar los contratos que obran a folios 37 a 48 del cuaderno 3, celebrados entre las demandadas y la sociedad Vipers Limitada, los cuales acreditaban “no solo el hecho en sí del incumplimiento por parte del consorcio” sino otra circunstancia, como las causas reales que lo condujeron “a incumplir, el tiempo convenido como duración del contrato, la época del incumplimiento, la forma de pago y las oportunidades en que este debía ser cubierto”; agrega que en relación con las señaladas pruebas en la sentencia no se hizo el menor comentario, pese a que ese caudal probatoria era “amplio en contenido, fecundo en demostraciones” y despejaba toda duda que existiera.

Fija su atención en los referidos negocios jurídicos y, fundada en los artículos 20, numeral 14, 24 y 968 del Código de Comercio, la censora relieva el carácter comercial de los mismos por razón de que su objeto fue el suministro del servicio de vigilancia y, sobre la base de que el contrato involucrado en este asunto era “prácticamente igual a los dos preteridos porque tiene el mismo objeto, la misma finalidad y debía desarrollarse en el mismo lugar de aquellos dos”, colige que de ese modo “debe ser reputado mercantil” y que “no hay razón válida para no aceptar que este” también estaba regulado por el artículo 968 del Código de Comercio.

En ese orden de ideas le reprocha al ad quem que, luego de deducir la naturaleza mercantil, le haya aplicado al convenio verbal celebrado entre las partes las normas civiles relativas al contrato de prestación de servicios, lo que significa que para aquel la naturaleza real del aludido acto bilateral no era comercial sino civil, y que no “hubiese examinado aquel par de contratos”, puesto que de haberlo hecho habría advertido que siendo ellos “de naturaleza comercial lo mismo que el contrato celebrado” entre las partes del proceso “y que si a aquellos cabía aplicar las normas mercantiles, al otro también”, pero como no quiso “valorar aquel par de contratos, pues los excluyó totalmente de su análisis probatorio, no pudo comparar y establecer que lo reglamentado en ellos era lo mismo que reglamentaba el otro”; añade que si esos otros negocios jurídicos encuadraban dentro del ordenamiento mercantil, el aquí enjuiciado también y que si tales convenios “se regían por el Código de Comercio y no por el Código Civil, este otro también”(fl. 32).

3. Seguidamente la impugnadora le endilga al juez de segundo grado haber omitido ponderar los testimonios de Yesid Ramírez Pinzón, Eira Esther López Garcés, Naúl Gabriel Garcés Méndez, Danuil Alonso Vergel Manzano y Sergio Salcedo Benavides, en relación con los cuales señala, luego de transcribir algunos de sus pasajes, que daban “razón acerca no solo del real acaecer de haber sido contratada la citada empresa de vigilancia Vipers en reemplazo de la empresa de vigilancia Finzenu, sino de las circunstancias íntimas que generaron esa intempestiva sustitución de suministradores del servicio de vigilancia”.

Puntualiza la casacionista, por un lado, que “el hecho de no haber examinado esa probanza” genera, en sí mismo, el yerro de facto “que aquí se acusa”; por el otro, que el simple recuento “en el fallo acerca de las pruebas que fueron practicadas, alusión dentro de la que se incluyó escuetamente el nombre de estos cinco testigos” no constituye la “valoración probatoria que las normas” le imponen al sentenciador; y, adicionalmente, que este, al desconocer la prueba testimonial, no se percató que ella daba fe “sobre la existencia de aquellos dos contratos” ni de la conexidad absoluta “que entre uno y otro medio de prueba” existía y que conducía a establecer que el contrato de vigilancia, siendo mercantil, “imponía que el tratamiento de la causa petendi o “solución del entuerto fuera gobernada por las normas mercantiles”, lo que no sucedió, precisamente porque “por esa falta de análisis de la prueba allegada”, el juez de segundo grado “aplicó las normas civiles, generándose así un error”.

4. A lo anterior la acusadora agrega que el interrogatorio de parte absuelto por José Jorge Barreto Jaraba, representante legal del consorcio, “también fue pasado por alto en la tarea de valoración probatoria”, especialmente la respuesta que le dio a la pregunta octava, cuando confesó “que la terminación del contrato” que se había celebrado con la actora “fue más por quejas sobre esta que para favorecer” a Vipers Limitada, manifestación de la que deduce, en primer término, que la nombrada sociedad fue contratada por el consorcio para atender labores de vigilancia, en orden a lo cual “actuó suministrando dicho servicio” y, en segundo lugar, que su presencia se dio por razón de los dos contratos pretermitidos; comenta que de tal respuesta también de desprendía que las aparentes quejas sobre la demandante no eran por causa del servicio de vigilancia que venía prestando sino por el no pago de algunas acreencias que tenía frente a terceras personas. La terminación unilateral del contrato de suministro del servicio de vigilancia con Finzenu no fue por incumplimiento a sus obligaciones como suministradora, al punto que en el oficio de preaviso, antes que aducirse como causa un incumplimiento, se le agradeció por sus servicios, donde además se anotó “que el consorcio quería mantener una sola empresa de vigilancia”.

5. Afirma la recurrente que si el juzgador hubiese apreciado esos medios demostrativos en conjunto, otro habría sido el sentido del fallo, pues “al examinar la prueba testimonial y confesional, habría tenido que dirigirse a determinar si hubo o no contratación efectiva con Vipers, lo que lo habría llevado a buscar entre la prueba documental si existía o no tal contrato y al encontrarlo... se habría percatado que se trataba de una contratación comercial”, sujeta a la ley de esa especialidad “y que debía ser idéntica” al acto bilateral celebrado con la actora por cuanto se trataba del mismo asunto; al ser “ambas contrataciones idénticas, la solución al conflicto que se suscitó jamás podría quedar sujeta” al artículo 2064 del Código Civil, que regula el arrendamiento de servicios inmateriales, como tampoco a los artículos 2009 y 2066 de esa codificación. Al margen que “esos 5 testimonios junto con el interrogatorio de parte” aludieran a la vinculación de Vipers a través de los contratos cuya valoración omitió, el sentenciador estaba obligado a detectar la presencia de tales actos, aun con independencia de la correspondencia que “existiera entre ellos y las pruebas confesional y testimonial”.

Como esos medios demostrativos fueron pretermitidos, se generó error de hecho, pues “por esa falta de análisis de la prueba” el ad quem no llegó a la conclusión hacia la que apuntaba; todo ello dio lugar a que a la actora se le conculcaran sus legítimos derechos a raíz de que no se aplicaron las normas sustantivas que debieron hacerse actuar, al tiempo “que se violaron las que fueron mal aplicadas” (fl. 34).

6. Expone la acusadora que como de lo que se trataba era de determinar la naturaleza jurídica del convenio, las demás pruebas obrantes en el proceso no brindaban el soporte necesario para afirmar que tal contrato era civil o comercial. En esa dirección anota que los otros testimonios estaban dirigidos a acreditar, un grupo, que hubo incumplimiento por parte del consorcio y, el otro, que no lo hubo, de donde concluye que “ni uno ni el otro grupo” servía para determinar dicha naturaleza, como tampoco para precisar si el término del preaviso fue dado en forma oportuna, aspecto este último que califica como “el quid del entuerto”, por razón de que “si fue dado irrespetando el término del mismo, habría incumplimiento”, pero que no se produciría “si con él se respetó el término”, y adiciona que para establecer ese plazo resultaba necesario fijar de manera previa la mentada naturaleza, pues si se decía que era civil, uno era el término del preaviso, mientras que otro lo sería si se le concedía un carácter comercial.

Expresa que la prueba documental, la cual igualmente detalla, tampoco era “útil al propósito indicado”, pues particularmente la comunicación librada por las demandadas a la actora el 11 de marzo de 1996, mediante la cual notificaron su decisión unilateral de dar por terminado el contrato, no brindaba “ningún elemento para establecer la naturaleza jurídica” del contrato de vigilancia privada que ató a las partes ni para inferir cuál era el término para hacer el preaviso; por lo anterior, asegura, el plazo aludido en esa misiva fue “arbitrariamente fijado por el consorcio”, ya que carecía de correspondencia tanto con las normas civiles como con las mercantiles. A similar conclusión llega en cuanto hace a las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales, pues ninguna de esas probanzas ilustraba sobre la naturaleza del citado acuerdo.

Señala que de la manera dicha se demostraba que el resto del material probatorio no podía mantener en pie la decisión combatida y que la única prueba que servía para determinar tan cuestionada naturaleza y “el tipo de ley bajo cuyo imperio se resolverían las diferencias” que tenían las partes había sido pretermitida por el sentenciador, la cual “demostraba que el contrato no era de naturaleza civil sino comercial”; con base en ello se habría llegado a la conclusión de que la solución debía manejarse no al amparo de las normas civiles sino de las mercantiles.

7. Para establecer la trascendencia de los yerros denunciados señala la censora que el tribunal, por haber pretermitido examinar aquellos medios probatorios concluyó en que el contrato era de naturaleza civil, y por esa errada consideración aplicó los artículos 2009 y 2064 a 2068 del Código Civil, cuando debió hacer actuar los artículos 968 a 980 del Código de Comercio; además, como aplicó en forma indebida las formas civiles, de manera equivocada estimó que para ponerle fin a la relación contractual bastaba preavisar “a la otra con una anticipación de medio período”, lo que en este caso equivalía a menos de un mes, situación que lo condujo a creer que para el preaviso era suficiente un término de siete días y medio, cuando en realidad debía darse con una anticipación que la impugnadora estima “debía ser de tres (3) meses”, acorde con la naturaleza del contrato, según el artículo 977 del estatuto mercantil.

8. Bajo el subtítulo de “medio nuevo admisible”, a vuelta de explicar que pretendía simplemente “reforzar la argumentación sin cambiar el punto de vista de lo discutido”, esto es, “sin alterar los extremos de la relación procesal y sin modificar las pretensiones de la demanda inicial, sino tratando de alcanzar el mismo resultado buscado”, en el propósito de “que los temas de casación” quedaran esclarecidos, la impugnadora repite los hechos de la demanda pero calificando el contrato celebrado entre las partes como de “suministro del servicio de vigilancia privada”; adicionalmente analiza la prueba que, en su concepto, acreditaba los perjuicios por ella padecidos; y, por último, aduce “razones de derecho”, fincadas en la transcripción y comentario que hace del artículo 90 del Decreto 356 de 1994.

Argumenta que aunque en el contrato nada se dijo acerca de que la beneficiaria del servicio debía suministrar los medios locativos para que los vigilantes desarrollaran su labor en condiciones idóneas, el consorcio facilitó esos recursos hasta el 1º de febrero de 1994, pues a partir de esa fecha dejó de hacerlo y exigió el retiro del personal de sus instalaciones. Con base en lo anterior y en citado artículo 90 era carga del consorcio, dice la impugnadota, ofrecerles a tales empleados de la actora los recursos locativos para el cumplimiento de las labores, lo que no hizo ya que “impuso arbitrariamente la supresión” de los mismos, lo cual demostraba una actitud que iba en contravía de lo debido e implicaba un desacato a las normas sustantivas. Ese proceder le generó un perjuicio patrimonial a la actora por cuanto ante la negativa del consorcio de cumplir sus deberes, ella tuvo que valerse de su propio patrimonio para suplir los recurso locativos que la demandada negó. Por imperio de la ley la carga de facilitar dichos medios se entendía incorporada al negocio celebrado entre las partes, de manera que en cumplimiento del contrato a la demandada le resultaba ilícito sustraerse de cumplir esa obligación.

Segunda parte

Cargo primero

Acusa a la sentencia de infringir, de manera directa, los artículos 28, 1501, 1551, inciso 2º, 1602, 1603, 1610, 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1757, 1973, 2009, 2056, 2064 a 2068, 2144 y 2343, inciso 1º, del Código Civil, 1º, 12, parágrafo primero del literal f) del numeral 2º, 20 y “transitorio primero” del Decreto 2974 de 1997, por aplicación indebida; y 1º, 2º, 10, 13, numeral 14, 20, numerales 14 y 19, 21, 23, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 864, 870, 871, 968 a 980 del Código de Comercio, 18 y 38 de la Ley 153 de 1887, 21 de la Ley 50 de 1936, 2º, 4º, 6º, 8º, 39, 47, 74, numeral 18, y 90 del Decreto 356 de 1994, por falta de aplicación.

1. No sin antes hacer ver que se trata de establecer la susodicha naturaleza jurídica del contrato, asegurar que para esos propósitos no servía de guía la denominación que le hubieran dado las partes y sostener que en ese camino debía excluirse el “ámbito laboral”, por cuanto en el expediente nada apuntaba a situar esa relación jurídica en el terreno del derecho del trabajo, manifiesta la recurrente que el señalado negocio jurídico correspondía al de suministro de servicios no solo por el carácter de comerciantes de sus contratantes, lo que aparecía acreditado con los certificados de la Cámara de Comercio que demostraban su existencia y representación legal, sino por la aplicación obligada que, por tanto, debía hacerse del artículo 1º del Código de Comercio, así como en la previsión del numeral 14 del artículo 20 de esa codificación, conforme el cual son mercantiles para todos los efectos legales “las empresas editoriales, litográficas... y las demás... destinadas a la prestación de servicios”.

2. Afirma la impugnadora que si la actora se obligó con las demandadas, “a cambio del precio acordado, a cumplir continuadamente dentro de un preciso período de tiempo con el servicio de vigilancia privada en los sitios” que estas le indicaban, “conforme a unas circunstancias de modo y tiempo” que ellas convinieron”, la conclusión que surgía era la de que el acto bilateral así ajustado fue “de suministro de servicios”, regulado por el estatuto de los comerciantes, como lo admitieron las demandadas en la segunda instancia. De allí que las normas aplicables son las del aludido código, concretamente los artículos 968 a 980, aunque sin perder de vista que como esa especie negocial guarda afinidad “con otros contratos”, al mismo le son aplicables, en forma subsidiaria, “las disposiciones que rigen los contratos a que se refieren las prestaciones individualmente consideradas”, conforme lo consagra el precitado artículo 980.

3. Tras pregonar que la actividad de vigilancia privada está regulada, en el “servicio general”, por el Decreto 356 de 1994 y, en lo atinente al “servicio especial”, por el Decreto 2974 de 1997, recalcar que de tales ordenamientos a este asunto sería aplicable únicamente el primero porque el segundo no venía al caso, asegurar que con el nutriente que emanaba de aquel decreto el contrato de suministro del servicio de vigilancia privada, examinado a la luz del artículo 1501 del Código Civil, bajo la preceptiva de los artículos 968 a 980 citados, mostraba los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales que allí relaciona, resalta la acusadora que no era admisible la consideración del juzgador, según la cual “la naturaleza de la prestación pactada” en este caso constituía “un elemental escollo” para que a sus contratantes se les tuviera “como proveedor y consumidor”, por cuanto el significado de estos términos era amplio, como así se tenía entendido, por lo que a nadie “debe sorprender, ni es un escollo a la prestación pactada en un contrato de suministro del servicio de vigilancia, el empleo de los términos ‘proveedor’ y ‘consumidor’ para denominar a las partes”, en orden a lo cual cita el artículo 28 del Código Civil.

4. Sostiene la impugnadora que los contratos de suministro del servicio de vigilancia privada y de arrendamiento del servicio inmaterial de vigilancia privada son diferentes, pues, mientras el primero puede cumplirse por interpuestas personas, como los operarios o empleados, es de claro sentido mercantil, soporta la aplicación de normas de ese linaje, no le reconoce importancia al grado de profesionalización de quien presta el servicio, en él la remuneración, que se llama “precio”, la recibe el proveedor mas no quien realiza las labores de vigilancia, y el otro extremo contractual se denomina “consumidor”, el segundo, en cambio, debe cumplirse directamente por el obligado al servicio, es de tinte eminentemente civil y ese mismo carácter ostentan las normas que lo disciplinan, en él el sujeto prestador del servicio debe contar con conocimientos específicos que lo hagan profesional en la correspondiente actividad o experto en el arte u oficio que ella implique, su remuneración, que se denomina “honorario”, la percibe quien efectúa la labor, sus partes se llaman “arrendador de servicios” y “arrendatario de servicios”.

5. Menciona la censura que al quedar despejado que el contrato ajustado entre las partes fue de suministro del servicio de vigilancia y no de arrendamiento de servicios inmateriales, aflora evidente la aplicación indebida que el tribunal hizo de las normas civiles, y contradictoria con el reconocimiento del carácter mercantil que, en principio, le había atribuido al contrato; yerro que también cometió al aplicar a dicha convención el Decreto 2974 de 1997, no solo porque este trata de materia diferente sino por razón de que su vigencia tuvo lugar 20 meses después de haberse extinguido el susodicho acuerdo.

Cargo segundo

Ataca al fallo de violar, en forma directa, los artículos 1º, 2º, 10, 13, numeral 14, 20, numerales 14 y 19, 21, 23, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 864, 870, 871, 968 a 980 del Código de Comercio, 18 y 38 de la Ley 153 de 1887, 21 de la Ley 50 de 1936, 2º, 4º, 6º, 8º, 39, 47, 74, numeral 18, y 90 del Decreto 356 de 1994, por falta de aplicación; y 28, 1501, 1551, inciso 2º, 1602, 1603, 1610, 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1757, 1973, 2009, 2056, 2064 a 2068, 2144 y 2343, inciso 1º, del Código Civil, 1º, 12, parágrafo primero del literal f) del numeral 2º, 20 y “transitorio primero” del Decreto 2974 de 1997, por aplicación indebida.

1. Después de precisar que a través de este cargo busca hacer ver que el tribunal ha debido aplicar unas precisas normas que no hizo actuar, advertir que se remitía a los argumentos centrales de los cargos anteriores, los que aquí debían tenerse “como apropiadamente incorporados” para no tener que volverlos a transcribir, y asegurar que aquel no aplicó una sola norma del Código de Comercio para “resolver el entuerto”, comenta la recurrente que la invocación que el fallador hizo de los artículos 2º y 21 del citado estatuto fue “para señalar que siendo el contrato de naturaleza mercantil, para resolverlo no eran de recibo las disposiciones” de esa codificación, porque las pertinentes para solucionar la controversia eran las del Código Civil, en especial el artículo 2064.

2. Luego de reiterar que el contrato celebrado entre las partes fue de suministro del servicio de vigilancia privada, que su naturaleza era eminentemente comercial, que el juzgador sabía que la convenida era precisamente aquella especie negocial, cuyo supuesto fáctico tenía acople en los artículos 968 a 980 del Código de Comercio, afirma la impugnadora que por ese proceder aquel dejó de aplicar los artículos 1º, 2º, 10, 13, numeral 14, 20, numerales 14 y 19, 21, 23, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 864, 870, 871, 968 a 980 del estatuto mercantil, así como el Decreto 356 de 1994, del que transcribe los artículos 2º, 4º, 6º, 8º, 47 y 74, en relación con los cuales sostiene que “enmarcaban con toda propiedad no solo la actuación” de la actora sino el “régimen para el cumplimiento del contrato que celebró” con el consorcio; añade que de tales preceptos emana “apoyo suficiente” para la solución del conflicto tomando en cuenta “tanto los hechos constitutivos de causa petendi, como el... conflicto generado por el documento” de 11 de marzo de 1996.

3. Advierte también que el sentenciador ignoró los artículos 18 y 38 de la Ley 153 de 1887, cuyo texto reproduce, ya que si los hubiese hecho actuar, habría aplicado el Decreto 356 de 1994, lo que tampoco hizo, pues, “en lugar de aplicar esta normatividad”, puso en movimiento el Decreto 2974 de 1997 “que nada tenía que ver con el caso de autos” y que no existía “para cuando la contratación celebrada... nació a la vida jurídica” ni en el momento en que la misma dejó de existir.

Cargo tercero

Le atribuye a la sentencia haber infringido, de manera directa, los artículos 1º, 2º, 10, 13, numeral 14, 20, numerales 14 y 19, 21, 23, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 864, 870, 871, 968 a 980 del Código de Comercio, 18 y 38 de la Ley 153 de 1887, 21 de la Ley 50 de 1936, 2º, 4º, 6º, 8º, 39, 47 y 74, numeral 18, del Decreto 356 de 1994, por falta de aplicación; y 28, 1501, 1551, inciso 2º, 1602, 1603, 1610, 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1757, 1973, 2009, 2056, 2064 a 2068, 2144 y 2343, inciso 1º, del Código Civil, 1º, 12, parágrafo primero del literal f) del numeral 2º, 20 y “transitorio primero” del Decreto 2974 de 1997, por aplicación indebida.

1. Empieza la acusadora el desarrollo de la crítica ubicando el embate alrededor del abuso del derecho, respecto del cual cita la definición que de ella hacen legislaciones foráneas, comenta que en el derecho patrio el artículo 21 de la Ley 50 de 1936 aludió a la misma, que fue la jurisprudencia la que le dio “carta de ciudadanía” y que posteriormente se institucionalizó como tal por el artículo 830 del Código de Comercio. Con esa base, le reprocha entonces al juzgador haber repudiado la aplicación del precepto últimamente citado con el argumento de que no se había demostrado la culpa, no obstante que lo atinente al estudio de ese elemento, en aras de determinar si el agente actuó o no con abuso de su derecho, no es un requisito exigido por la norma, de manera que aquel no podía pedir que se realizara un examen que la norma no prevé, como tampoco que se agotara la “tarea probatoria para demostrar la supuesta culpa de quien abusa”, ya que ese precepto no exige probarla.

A “título de conclusión” añade que es evidente que el tribunal “incurrió en error al no aplicar al caso una norma que debía ser aplicada”, yerro que se hacía más grave “si se recuerda que de tajo desestimó lo que al punto había sentado” el a quo.

2. Recalca que ese dislate condujo al juzgador a la violación del citado artículo 830 y, por contera, a negar el pago indemnizatorio, puesto que al no haber entendido que el contrato de suministro del servicio de vigilancia era mercantil, lo tuvo como uno civil de “arrendamiento de servicios inmateriales”. En medio de ese error no quiso reconocer que el consorcio, valiéndose de la condición dominante, sobrepasó los “límites normales del ejercicio de su derecho —con daño para Finzenu— porque aunque si bien es cierto que podía unilateralmente dar por terminado el contrato en mención, no es menos cierto que en ejercicio de su derecho no podía señalar caprichosa y/o arbitrariamente un término de preaviso y menos por fuera de los parámetros de tiempo mínimos que sean acordes con la naturaleza del contrato en cuestión; por manera que al hacerlo” le causó un perjuicio a la actora, por cuanto, por una parte, “se alejó de la finalidad socioeconómica que de suyo tiene todo preaviso o desahucio, concebido para que dada la noticia sobre el ánimo de poner fin al negocio jurídico, exista un margen razonable de maniobrabilidad para culminarlo ordenadamente y sin traumatismos sociales o económicos de ninguna índole”; y, por la otra, porque “le impidió a Finzenu producir los mecanismos adecuados en orden a evitar pérdidas patrimoniales, dado el poquísimo tiempo que ‘le otorgó’ para dar por terminado el contrato”(fl. 72).

3. Asevera que para el juez de segundo grado fueron suficientes los 34 días con los que en forma anticipada el consorcio dio por terminado de manera unilateral el contrato, no obstante que ese término en realidad “debía ser de al menos tres (3) meses”; es decir, la forma en que se produjo esa ruptura negocial para aquel no fue contraria a las normas mercantiles ni constituyó un abuso del derecho. Fue así como ese juzgador aseguró no solo que no cabía aplicar el artículo 830 del Código de Comercio “sino que no se había producido incumplimiento al contrato por parte del consorcio demandado y por ello negó el pago indemnizatorio reclamado”, lesionando los derechos subjetivos de la actora, al tiempo que afectó los de los ex celadores, quienes se quedaron sin trabajo, al igual que los de los otros acreedores que aquella tenía, al ver que el pago de sus acreencias no se realizaría.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Desde antiguo tiene dicho la corporación que la infracción de la ley sustancial, que como motivo de casación prevé la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, para que tenga la posibilidad de conducir al quiebre del fallo censurado, ha de ser trascendente; ello equivale a decir que la violación a las disposiciones de derecho material que se le endilgue al sentenciador, ya por vía directa ora por la indirecta, sea a tal punto influyente en las resultas del proceso que, de no haber incurrido en ella, otra muy distinta habría sido la decisión final; para expresarlo en otros términos, es necesario que el quebrantamiento influya decididamente en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto de no serlo resultaría inane y, por ende, ningún fin práctico tendría que el impugnador denunciara la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación de la ley, ni efecto trascendente alguno produciría su reconocimiento si, en tal hipótesis, la decisión final sería idéntica.

Sobre el particular la Corte ha señalado cómo “para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (Sent. 046, mayo 19/2004, exp. 7145).

2. Es precisamente la doctrina que se deja expuesta la que en esta ocasión impone, tras el estudio conjunto de los cargos planteados, colegir la improsperidad de los mismos, dada su manifiesta intrascendencia, puesto que así se quebrara el fallo combatido la Corte, al dictar el de reemplazo, estaría avocada a desestimar las súplicas de la demanda, como pasa a verse.

3. Como se registró en los antecedentes de esta providencia, en el acto introductorio se solicitó declarar que entre las partes existió un contrato de prestación de servicios de vigilancia privada, que el mismo fue incumplido por las demandadas “al darlo por terminado unilateralmente”, y que se las condenara a indemnizarle a la demandante los perjuicios causados, todo con respaldo en que como la extinción de ese negocio jurídico, dispuesta de la manera señalada, fue inesperada, a la actora se le ocasionó uno desmedro que debía ser reparado.

4. Justamente por el marco que así se le trazó el sentenciador señaló que como la pretensión se fundaba en que el consorcio había incumplido el contrato de prestación de servicios de vigilancia privada, por razón de que lo dio por terminado en forma unilateral, debía establecer la existencia del mentado negocio jurídico y si se produjo dicho incumplimiento; con esa precisión, no sin antes aseverar que estaba en presencia de un “contrato de prestación de servicios, o en el peor de los casos ante uno innominado cuyos caracteres se aproximan a aquel”, aseveró que para que tal proceder fuera constitutivo de incumplimiento debía obrar en el proceso la prueba que demostrara que las partes habían pactado “una cláusula de duración por tiempo definido de tal nexo contractual”, pero resultaba que en el litigio la misma brillaba por su ausencia. Juzgó entonces que no podía calificar como antijurídica la conducta asumida por las demandadas al ponerle fin a dicho contrato, menos siendo que con “prudente anticipación” le habían avisado a la actora de tal novedad, en orden a lo cual se apoyó en el artículo 2066 del Código Civil al estimar que pese a que con arreglo al artículo 21 del Código de Comercio era de “naturaleza mercantil por haberse llevado a cabo entre comerciantes”, el mismo carecía de tipicidad jurídica en dicho estatuto legal.

5. Frente a ese panorama la censura, en las tres acusaciones iniciales le enrostra al tribunal, en la primera, el quebranto indirecto y, en las dos siguientes, el directo de unas mismas disposiciones legales, al haber colegido que el convenio celebrado por las partes fue de arrendamiento del servicio inmaterial de vigilancia privada, procurando con ello que se reconozca que la mentada convención, en contraposición a lo dicho por aquel, fue de suministro del mentado servicio, que su naturaleza, por consiguiente, es eminentemente mercantil y, finalmente, que está gobernada exclusivamente por las normas del Código de Comercio que regula dicha especie negocial. En concreto la casacionista busca que al acto bilateral base de la acción se le apliquen los artículos 968 a 980 del Código de Comercio, particularmente el 977, tocante con la antelación de la comunicación sobre la terminación unilateral.

6. Conocida pues la argumentación fáctica y jurídica en que se apoya una y otra posición, resulta palmario que de aceptarse que el acuerdo de voluntades aquí involucrado correspondía a un contrato de suministro del servicio de vigilancia privada, y que, por tanto, no le eran aplicables las normas civiles del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, que fueron las que hizo actuar el ad quem, sino las mercantiles que se ocupan de regular el contrato de suministro, como con insistencia la pregona la censura, ello no sería suficiente para que la Corte pudiera afirmar que, por consiguiente, fue ilícito el comportamiento de las demandadas al dar por terminada de manera unilateral la señalada relación negocial, habiendo avisado esa decisión con algo más de un mes de antelación a la fecha en que, efectivamente, la tuvo por concluida.

En efecto, de aceptarse que el contrato base de la acción era de suministro y, por consiguiente, sujeto exclusivamente a las normas comerciales que consagran dicha especie negocial, tendría la Sala que concluir que el específico precepto atendible para saber si el preaviso ofrecido por las demandadas a la actora sobre la terminación del contrato fue o no oportuno sería el artículo 977 del Código de Comercio, según el cual “si no se hubiere estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro”.

Conforme a este precepto es palmario que en aquellos actos bilaterales en los que no se hubiere pactado la duración del suministro, cualquiera de los contratantes podría darlo por terminado, solo que tal determinación, para que resulte ajustada a la ley, tendría la parte interesada que comunicársela a la otra con la antelación que se ajuste a cualquiera de las tres alternativas que allí se estipulan, según como corresponda al convenio de que se trate, esto es, dando el preaviso con el término convenido, en caso de que ello efectivamente se hubiera acordado, y, en la hipótesis de que las partes hubiesen guardado silencio al respecto, en el plazo “establecido por la costumbre” o, en últimas, con una anticipación que fuere “acorde con la naturaleza del suministro”.

Significa lo expuesto que en circunstancias como las que plantean los cargos que se estudian, la casacionista tenía la carga de señalar la prueba de donde emanara una cualquiera de tales eventualidades, pues no le bastaba poner al descubierto que la notificación a través de la cual las demandadas le comunicaron a la demandante su decisión de dar por terminado en forma unilateral el contrato no se verificó con la anticipación pactada en dicho negocio, o en la forma establecida al efecto por la costumbre o, en su lugar, con una antelación acorde con la naturaleza del suministro.

En este orden de ideas, si la Sala quebrara la sentencia combatida, de estimarse que el contrato ajustado entre las partes fue de suministro, como lo predica la censura, y no “de prestación de servicios” o “innominado cuyos caracteres” se le aproximaban, como lo señaló el tribunal, al entrar a dictar el correspondiente fallo sustitutivo no podría, con base en la simple aplicación del precepto citado, inferir que el término anticipado con el cual las opositores le comunicaron a la demandante su decisión de dar por terminado unilateralmente el negocio jurídico a partir del 15 de abril de 1996, mediante la misiva del 11 de marzo de ese año (fl. 42, cdno. 1), no cumplía las exigencias de la aludida disposición, sencillamente porque ese precepto normativo por sí solo no determina, en términos de horas, días, meses o años, el tiempo que necesariamente debía existir entre la fecha de la mentada notificación y la de la terminación; a lo anterior ha de añadirse que sobre este específico particular nada se dijo en las instancias ni en ninguno de los cargos que se estudian.

Es ostensible que la censora se quedó corta en su labor dialéctica tendiente a establecer la trascendencia de la indebida calificación que del contrato base de la acción le atribuye al tribunal, pues para que las acusaciones analizadas salieran adelante le era imperioso demostrar que el reseñado preaviso no fue dado “en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro”, según la previsión del citado artículo 977 del estatuto mercantil, lo que no hizo.

Desde luego que si no se estipuló la duración del suministro, y si tampoco se convino el margen de la antelación con la que una u otra parte podía dar por finiquitado el contrato, por un lado debía probarse, en los términos previstos en los artículos 3º y 6º del Código de Comercio y 189 y 190 del Código de Procedimiento Civil, que con arreglo a la costumbre mercantil esa determinación tenía que comunicarse con una anticipación de tal o cual plazo, o establecerse, por el otro, que esa notificación debía cumplirse con un específico término anticipado conforme a la naturaleza del suministro; mas acontece que al respecto las acusaciones que se analizan nada dicen, al punto que la única referencia que hace la impugnadora sobre el particular se circunscribe al cargo único de la primera parte y al tercero de la segunda, en los que simplemente lanza la conjetura consistente en que el término del preaviso en realidad tendría que darse con una anticipación que estima “debía ser de tres (3) meses”, como lo dice en aquel, o, cual lo señala en este, que “debía ser de al menos tres (3) meses”, vale decir, sin que allí se determinara el precepto normativo que impusiera tal plazo ni se señalara elemento demostrativo alguno a través del cual, con apego a la ley, se lo dedujera. Por lo demás, ello tampoco emerge del proceso, del cual no brota ninguna evidencia sobre tan específica temática.

En relación con este último aspecto ha de verse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial de la corporación, que las “simples hipótesis, conjeturas o alternativas de diversa naturaleza, sustentadas obviamente en la propia percepción o experiencia de la impugnadora”, no alcanzan, desde luego, “a derrumbar contundentemente los argumentos y raciocinios elaborados por el sentenciador, pues, como es bien sabido, ‘... la demostración de un cargo por la vía indirecta, ‘excluye toda argumentación que se funde en probabilidades y no en la certidumbre’...” (Sent. 264, oct. 20/2005, exp. 7749).

Deviene palmario que ante el aludido silencio, en el supuesto que se viene planteando la Corte no podría sostener que aquel plazo de 34 días, con el que anteladamente a la fecha de finalización la parte demandada le informó a Finzenu Ltda. su decisión unilateral de terminar el contrato, aun de concebírselo como de suministro, ciertamente no correspondía al término de la anticipación con la que, acorde con el mentado artículo 977 del estatuto mercantil, debía comunicarse esa decisión, ya al amparo de “la costumbre” allí aludida, ora atendida “la naturaleza del suministro”, que en últimas refiere.

7. Adicionalmente ha de verse, desde otra perspectiva, que el vacío de las tres primeras acusaciones sobre el aspecto que se viene analizando no desaparece con el aludido cargo tercero, y he aquí una razón adicional para que el examen de este se efectúe en forma aunada a aquellos, puesto que la argumentación allí aducida va encaminada a obtener prosperidad de la acción a la luz del abuso en que ahora se afirma incurrió el consorcio demandado al ejercer el derecho que le asistía de poner fin al contrato que tenía celebrado con la actora preavisando prudentemente su determinación, cuando, como en forma incuestionable se desprende del acto introductorio del proceso, las pretensiones en él elevadas están respaldadas en un supuesto fáctico totalmente distinto, e inalterable en casación, que no es otro que el incumplimiento de esa convención por las demandadas.

Al margen de lo anterior, vista la comunicación de 4 de mayo de 1995, así como el escrito de 5 de noviembre de ese año, surge forzoso concluir que el preaviso de 11 de marzo de 1996, en el que la parte demandada le informó a la promotora del proceso que “por reorganización del consorcio... tomó la determinación de utilizar una sola compañía de vigilancia privada para la seguridad de la obra”, y que, por tanto, los servicios de Finzenu Ltda. se suspenderían “a partir del 15-04-96”, acompasa de manera aceptable con el artículo 977 del Código de Comercio, puesto que el examen conjunto de esas pruebas permite aseverar que desde la primera de las fechas mencionadas la opositora le había anunciado la reducción del servicio de vigilancia, que cinco meses antes a la fecha de terminación del contrato le manifestó su voluntad de utilizar con ese fin un solo contratista y que, por ende, ninguna sorpresa podía causar en la actora la decisión final que la contraparte adoptó.

Ciertamente, en el primero de los mencionados documentos, al aludir a “la construcción de un campamento para la ubicación de 80 vigilantes” el consorcio le manifestó a la demandante que por razones de reorganización y debido a que “la construcción del proyecto” iba avanzando, se reducían cada vez “más los servicios de vigilancia”, en tanto que en el segundo, ellas le expresaron que era su deseo, para el año de 1996, “asignar el servicio a una sola compañía de vigilancia privada a fin de evitar discrepancias, malos entendidos y roces” que no beneficiaban a la empresa que prestaba el servicio como tampoco a la “que lo recibe” y, por ende, le solicitaron “presentar una propuesta a más tardar el 15 de enero de 1996, incluyendo el ajuste salarial” que decretara “el Gobierno Nacional para dicha vigencia, como también el apoyo” que debían “dar al servicio en número de radios de comunicación por puestos, vehículos para transporte y supervisión, y demás elementos del servicio”, como “uniformes, ponchos, botas, cascos, linternas, pitos, bastones, etc.”, todo “lo anterior con el fin de evitar disculpas posteriores a la adjudicación del contrato”.

8. Por tanto, los cargos no prosperan.

V. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de agosto de 2002 pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia.

Condénase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. Tásense.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jaime Alberto Arrubla Paucar—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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