Sentencia 1996-00237 de abril 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Proceso: 05001-23-31-000-1996-00237-01(20145)

Consejera ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Ramona María Angulo Arrieta y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida en primera instancia, que negó las pretensiones.

Efectivamente, para la fecha de presentación de la demanda(2) la cuantía exigida para que las acciones de reparación directa tuvieran vocación de doble instancia era la suma de $ 13.460.000 (CCA, art. 131, subrogado D. 597/88) y la pretensión mayor asciende a $ 64.341.000, por concepto de perjuicios materiales.

2. Asunto que la Sala debe resolver.

El problema jurídico que la demanda formula se contrae a la imputación en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, por la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, en hechos ocurridos el 26 de junio de 1994. Según la actora —asunto que habrá de esclarecerse— efectivos del Ejército Nacional dispararon contra las víctimas en estado de indefensión, obligadas a vestir prendas de uso privativo de las fuerzas militares por un informante y colaborador del Ejército.

Corresponde a la Sala resolver si la prueba testimonial allegada a los autos merece credibilidad y resulta suficiente, porque mientras el tribunal los descarta para el actor resultan responsivos y suficientes para demostrar con claridad los hechos y por ende la responsabilidad de la entidad pública accionada.

3. Legitimación en la causa por activa.

Se entiende la legitimación activa como la relación sustancial del actor respecto de las pretensiones, cuya ausencia conlleva fatalmente a su negación, pues, en los juicios de responsabilidad no es otra cosa que la ostentación del actor de la condición de acreedor de la prestación de reparación o restablecimiento.

Para acreditar la legitimación en la causa por activa, en el presente caso se allegaron los siguientes documentos:

A) Por el grupo familiar de Leonardo Bertel Navaja:

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Leonardo, el día 21 de septiembre de 1966, hijo de Cristina Isabel Navaja Hernández y Félix Ramón Bertel Pestaña (fl. 27, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Adalberto Luis, el día 26 de diciembre de 1967, hijo de Cristina Isabel Navaja Hernández y Félix Ramón Bertel Pestaña (fl. 35, cdno. 1).

— Registro civil que da cuenta del nacimiento de Teresita de Jesús, el día 5 de marzo de 1969, hija de Cristina Isabel Navaja Hernández y Félix Ramón Bertel Pestaña(3) (fl. 37, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Juan Carlos y Denices María, el día 14 de marzo de 1979, hijos de Cristina Isabel Navaja Hernández y Gabriel Arturo Méndis Sermeño (fls. 39 y 41, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Claudia Patricia, el día 9 de agosto de 1985, hija de Cristina Isabel Navaja Hernández y Andrés Remberto Angulo Angulo (fl. 43, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Yobanis Andrés, el día 19 de marzo de 1989, hijo de Ramona María Angulo Arrieta –según la demanda hija de Leonardo Bertel Navaja- (fl. 31, cdno. 1).

— Registro civil que da cuenta del nacimiento de José Eduardo, el día 2 de diciembre de 1990, hijo de Cristina Isabel Navaja Hernández y Andrés Remberto Angulo Angulo (fl. 45, cdno. 1).

-. Registro civil de nacimiento de Sindi Vanessa, el día 7 de agosto de 1993, hija de Ramona María Angulo Arrieta —según la demanda hija de Leonardo Bertel Navaja— (fl. 33, cdno. 1).

B) Por el grupo familiar de Edwin Manuel Madera Mármol:

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Juana Francisca, el día 17 de marzo de 1946, hija de Raúl Jacob Mármol Rodríguez y Sandiego Urieta (fl. 50, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Carlos Felipe, el día 16 de octubre de 1963, hijo de Juana Francisca Mármol y Felipe Santiago Tovar (fl. 56, cdno. 1).

— Registro civil que da cuenta del nacimiento de Jaime del Cristo, el día 25 de diciembre de 1967, hijo de Juana Francisca Mármol y Felipe Santiago Tovar (fl. 58, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Silfredo, el día 29 de enero de 1969, hijo de Juana Francisca Mármol y Felipe Santiago Tovar (fl. 60, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Martha Cecilia, el día 4 de julio de 1970, hija de Juana Francisca Mármol y Felipe Santiago Tovar (fl. 62, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Edwin Manuel, el día 23 de abril de 1976, hijo de Juana Francisca Mármol y Luis Santana Madera Rodelo (fl. 47, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Marelbis, el día 12 de mayo de 1978, hija de Juana Francisca Mármol y Luis Santana Madera Rodelo (fl. 54, cdno. 1).

— Registro de matrimonio de Luis Santana Madera Rodelo y Juana Francisca Mármol abierto el 5 de agosto de 1995 (fl. 52, cdno. 1).

C) Por el grupo familiar de Miguel Enrique Arriola:

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Manuel Francisco, el día 16 de marzo de 1945, hijo de María Isabel Arriola y Teófilo Madera (fl. 67, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Sol María, el día 11 de marzo de 1953, hija de María Isabel Arriola y Teófilo Madera (fl. 69, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Jaime, el día 9 de abril de 1955, hijo de María Isabel Arriola y Teófilo Madera (fl. 71, cdno. 1).

— Registro civil que da cuenta del nacimiento de Marco Tulio, el día 5 de julio de 1957, hijo de María Isabel Arriola y Teófilo Madera (fl. 73, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Rosalba Isabel, el día 20 de febrero de 1963, hija de María Isabel Arriola y Teófilo Madera (fl. 75, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Orlando Manuel, el día 20 de julio de 1965, hijo de María Isabel Arriola (fl. 77, cdno. 1).

— Registro civil de nacimiento de Miguel Enrique, el día 31 de agosto de 1968, hijo de María Isabel Arriola (fl. 64, cdno. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que Yobanis Andrés y Sindi Vanessa Angulo Arrieta no acreditan vínculo de consanguinidad con Leonardo Bertel Navaja. Sin embargo, la prueba testimonial da cuenta que el señor Bertel trataba a “Cindy Vanessa y Yobanys” como hijos y con ellos convivía en compañía de su madre Ramona María Angulo Arrieta, en su condición de compañera permanente de aquel (fls. 120-122, 152, vto. y 154, vto. cdno. 1). Por lo tanto, la legitimación de los menores para invocar la reparación del daño por la muerte del señor Bertel Navaja se encuentra acreditada y sus pretensiones tendrán que resolverse de fondo.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad, familiaridad y convivencia entre las víctimas y los demandantes, con la previsiones antes hechas, la Sala concluye que los demandantes acreditan la condición con la que actúan en el proceso y por ende gozan de legitimación en la causa por activa, razón por lo cual se declara no fundada la excepción propuesta por la parte accionada.

4. Hechos probados.

Sostiene la parte actora que la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, fue perpetrada por miembros del Ejército Nacional, para hacer aparecer a las víctimas como asaltantes, previo el pago a un sujeto amigo de estas, encargado de conducirlas a un lugar solitario previamente convenido, en hechos ocurridos el 26 de junio de 1994 en la vereda el Naranjal del municipio de Zaragoza, Antioquia. Y las pruebas anexas a la actuación así lo demuestran:

4.1. Prueba testimonial.

Félix Ramón Pestaña, quien logró escapar de la emboscada y por ende es testigo presencial de los hechos, relató al juez de primer grado:

“(...) Nosotros trabajamos para Huamoco (sic), o sea FELIZ (sic), Leonardo, Edwin, Miguel, nosotros trabajábamos allá, ganábamos mucha plata, miniando (sic) barequiando(4). Nosotros llegábamos a la casa de Cristina Isabel, y entonces le dábamos la plata a ella, que es mi mamá, nos llevábamos un resto de plata y nos ivamos (sic) a vever (sic) ron por ahí. Entonces, se oyó decir por ahí que éramos unos atracadores, pero no era así, porque nosotros varequiabamos (sic) ganábamos plata. Entonces quince días antes, llegó el Ejército a la casa y nos tomaron la foto y huellas y rebuscaron toda la casa y no encontraron nada, entonces don Salvador, como era amigo de nosotros, nos invitó a una mina a varequiar (sic). Entonces cuando nos invitó a la mina, nosotros dijimos, hombre don Salvador, eso es imposible que nos dejen varequiar (sic) ahí porque hay mucha gente resguardando la mina. Eso fue el 26 de junio del año de 1994, que nos invitó para ir a la mina. Cuando el jhonso (sic), nos dejó en la orilla de la carretera, de ahí caminamos 20 metros para adentro, cuando él nos obligó con revólver en la mano que nos pusiéramos unos camuflados del ejército y nos hecho (sic) a caminar adelante y él dijo que cuidado alguno iva (sic) a correr. Bueno si alguno corría lo mataba. Llegó la hora en que él tosio (sic), cuando de ahí salió candela de todas partes o sea disparos. Bueno, yo me logré salvar porque corrí como cien metros y me metí a un pozo de agua. Duré una hora ahí metido, cuando oí que pasó un carro, el carro lo detuvieron ahí y entonces alcance cuando dijeron que uno iva (sic) herido y que ese se podía morir. Entonces alcanse (sic) oí decir que Salvador le decía al cabo, lo dejó ir, que se iva (sic) a ganar un problema. Bueno cuando llegué oscuro a una casa, pedí una pozada (sic), de ahí esperé que amaneciera al día siguiente, llegue a la casa a Paralizada (sic)”.

Interrogado sobre si tuvo conocimiento de que el señor Salvador Suárez era informante del Ejército o de algún grupo subversivo de la región, el testigo contestó:

“No sabía que él era informante del Ejército, como tampoco sabía que pertenecía a algún grupo subversivo. Supe después que él era informante del ejército (sic) y él se ganó dos millones de pesos para hacer eso (...) él mismo se puso a decir por ahí que se había ganado dos millones de pesos y se los pagó el ejército (sic) (...) él cogió y nos hecho (sic) por delante a caminar, a una distancia de diez metros. El en ese momento nos dijo que era un atraco, lo que ivamos (sic) hacer. Entonces nosotros le dijimos que por qué hacía eso con nosotros, que ahí había gente armada y nos podían matar. Entonces él tosio (sic), de ahí nos levantaron a candela, una vez nos levantaron a candela ahí calleron (sic) tres de nosotros, o sea muertos. Salvador Suárez, hasta donde yo tengo entendido no le pasó nada, porque de donde yo estaba resguardado, lo escuchaba hablar con las personas que nos atacaron y que resultaron ser del ejército. Ahí entendí que era una trampa que nos habían tendido”.

Frente a la pregunta si “para ponerse los camuflados se quitaron las ropas que llevaron” el declarante contestó: “no, los camuflados nos los pusimos por encima de la ropa”. En igual sentido, agregó:

“(...) ivamos (sic) en tenis, o sea dos llevaban tenis y dos llevaban bota común y corriente”.

Por último, el señor Pestaña Navaja señaló que ni él ni sus acompañantes portaban armas y que el señor Salvador Suárez “(...) nos convidó a varequiar (sic). Cuando estábamos allá, o sea en la mina fue cuando nos dijo que ivamos (sic) a hacer un atraco y con revólver en mano, nos obligó a ponernos los camuflados” (fls. 118-120, cdno. 1).

Por su parte, el señor Hermes Segundo Hernández Cogollo, inspector departamental de policía del lugar para la época de los hechos, manifestó lo siguiente:

“(...) El 26 de junio de 1994, yo era inspector departamental de policía del corregimiento de Puerto Triana Caucasia, que linda con el municipio de Bagre Antioquia y Zaragoza. Ese día por cierto era domingo, me encontraba en el Municipio del Bagre coordinando unos asuntos de inspección con mi otro colega Inspector de Buenos Aires Palizana (sic) (...) a eso de las 5 p.m., aproximadamente, cogí un chivero, con destino a Zaragoza, cuando a eso de las 5:30 p.m. a la altura de la vía para Naranjal, el conductor y yo vimos tres cadáveres y el ejército, tirado en el suelo, por curiosidad nos vajamos (sic) y al ver los cadáveres, enseguí (sic), yo me impresioné, porque a esos muchachos yo los conocía, pero abtuve (sic) de dar cualquier información en el momento, porque me daba miedo, que me fueran a dar y me dejaran ahí tirado con esos tres. Estaba un señor de civil, alegando ahí, diciéndole al teniente o al cabo del ejército, que están jodidos, dejaron escapar a uno. Entonces le dije al compañero o mejor dicho al conductor de nombre Macheco, vámonos, ohí (sic) diciendo que lo había matado por colaboración de la guerrilla. Miramos los cadáveres y yo vi que había dos cadáveres completamente uniformados con vestidos que utiliza el ejército y por debajo de éstos tenían ropas de civil, el otro cadáver estaba solamente con camisa del ejército. Uno de los cadáveres tenía bota de cuero y los otros dos tenían tenis. Nosotros seguimos con nuestro camino (...) a esos muchachos oí diciendo que eran unos guerrilleros y que por eso le habían dado de baja. Quiero anotar que allá donde estaban los tres cadáveres tirados, no vi o mejor no les vi ninguna clase de arma. A ese civil que vimos allá, acompañado de los soldados, donde se encontraban los cadáveres, yo lo había visto en otro retén, con anterioridad de los que habitualmente hacía el ejército para esa época en mi jurisdicción”.

Interrogado sobre si alguna otra persona sobrevivió, el señor Hernández Cogollo contestó:

“(...) lo cierto era que el civil, que se encontraba al lado de los cadáveres, tenía una discusión con el teniente o el cabo, diciéndole que estaban jodidos por haber dejado escapar uno, por lo que se desprende que debía ir alguna otra persona con ellos”.

Finalmente, el testigo afirmó que hasta la época en que se desempeñó como Inspector de Policía, no tuvo conocimiento de que las víctimas tuvieran antecedentes penales ni policivos (fls. 121-123, cdno. 1).

En relación con el plan de limpieza social organizado por el señor Salvador Suárez en el lugar de los hechos, el señor Marcos Fidel Suárez Carrascal afirmó:

“Yo soy conocedor del plan que estaba preparado para una limpieza de cinco ladrones en Palizada (sic), la limpieza la estaba organizando Salvador Suarez en buenos aires (sic)(...) luego cambió Salvador de planes porque los ladrones supieron la verdad y huyeron pero al tener compromisos con el ejército de llevarle los ladrones allá, recogió cuatro niños inocentes y los convidó a pescar, luego se fueron, al llegar allá al sitio la Solita, les apuntó con un revólver y les dijo que se pusieran esos vestidos camuflados y les dijo que eso era un atraco que iban a hacer a la mina de YAN CARLOS (sic), me enteré de esto porque me contó un sobreviviente (...) luego ya de ahí, fuimos allá porque ya supimos por el inspector, todo el pueblo cogió eso como mal hecho, repudió los crímenes de esos niños, porque eran niños trabajadores y no guerrilleros como los pusieron, es tan así que cada año le celebramos una misa en el cementerio acordándose uno de que esos inocentes murieron y también eran amadores del pueblo”.

En relación con la forma como estaban vestidas las víctimas, el testigo señaló:

“Yo ví los muertos y estaban camuflados, el primero Enrique Madera presentaba un tiro en la cien, uno en la rodilla izquierda, dentro del camuflado tenía pantalonetica verde viche (sic) con vivos blancos, un suéter negro sucio de barro; el otro, navaja, presentaba un tiro en la ciento (sic), un tiro en la rodilla, tenía por dentro el camuflado, un jean azul tipo de trabajo y una camiseta amarilla, corrijo roja; el otro, Edwin, tenía por dentro del camuflado un jean azul tipo trabajo y una camiseta amarilla, ya con eso y tenía los tiros en el pecho, me parece que eran dos y uno en la pierna. Esa vez Salvador se llevó cuatro muchachos y de esos se escapó uno. Luego que llegamos al sitio donde estaban los muertos el Inspector los levantó (...)”.

El señor Suárez Carrascal manifestó haber conocido que Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, no tenían antecedentes penales ni de policía.

Finalmente, al ser interrogado sobre su conocimiento de que el día de los hechos Salvador Suárez habría engañado a otros jóvenes de la población para que lo acompañaran, el declarante contestó:

“Si se iba a llevar a otros inocentes menores de edad, a los hijos de Mariano Parra, pero menores y por temor de los niños al papá, ellos se tiraron del johnso (sic) a la orilla y dijeron “yo no voy a pescar de noche porque ni papá me pega” (...) a mi concretamente Salvador me contó me voy a coger los ladrones y luego me comunicó que él no estaba solo. Le pregunté entonces ¿qué vas a hacer tú? Y me dijo “yo trabajo con el ejército””.

Lo anterior fue reiterado por los señores Fernando Enrique Hernández Méndez y Pedro José Miranda Ruíz, quienes, además, manifestaron que el señor Salvador Suárez pasaba mucho tiempo en la base del Ejército y que tenía muy buenas relaciones con los uniformados, que se les venía en muchas ocasiones juntos. Al preguntarles por qué no denunciaron los hechos, respondieron que por miedo a represalias. Por último, señalaron que había “(...) una pandillita de ladroncitos del pueblo y él como que quería acabar con ellos (...) según lo que comentan Salvador llevó a los muchachos allá por ganarse una plata pagada por el ejército” (fls. 153 vto. a 156, cdno. 1).

También el señor Félix Ramón Pestaña sostuvo que Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola murieron como consecuencia de una emboscada en la que participaron miembros del Ejército Nacional con la colaboración de un tercero llamado Salvador Suárez, manifestaciones estas que si bien por si solas no dan certeza, porque el autor no expuso la ciencia de su dicho, dan lugar, conjuntamente con las demás declaraciones y pruebas documentales que reposan en el plenario, a establecer que los hechos ocurrieron como se afirma en la demanda.

4.2. Prueba documental.

4.2.1. Obran en el plenario los registros de defunción de quienes en vida respondieron a los nombres de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola. En dichos documentos consta que los antes nombrados murieron el 26 de junio de 1994 en Zaragoza Antioquia a causa de un “Shock Neurogénico”(5) y los galenos encargados de practicar la necropsia determinaron que los señores Bertel y Madero(6) fallecieron por “choque cardiogénico resultado de herida de arma de fuego(7).

4.2.2. También en el expediente figuran las actas de levantamiento(8) de dos de los tres cadáveres, que dan cuenta de que los señores Bertel y Mármol vestían camuflados de las Fuerzas Militares y también ropa de civil. Corroborando lo dicho por los testigos Félix Ramón Pestaña, Hermes Segundo Hernández Cogollo y Marcos Fidel Suárez Carrascal, comoquiera que Pestaña sostiene que él y los fallecidos Bertel, Madera y Arriola, fueron obligados por Salvador Suárez “con revólver en la mano” a vestir “unos camuflados del ejército” y Hernández y Suárez, por su parte, afirmaron haber visto tres cadáveres, antes de su levantamiento, dos de los cuales lucían camuflado y ropa de civil y el tercero, del señor Miguel Enrique Arriola, con camisa de uso privativo de las fuerzas militares. Descripción prolija, coincidente entre sí, al igual que con las actas y la diligencia de necropsia.

Sin que se observe interés de los declarantes en falsear la verdad, porque, de haberlo intentando habrían incluido igual descripción para los tres cadáveres “—yo vi que habían (sic) dos cadáveres completamente uniformados con vestidos que utiliza el ejército y por debajo ellos tenían ropas de civil, el otro cadáver estaba solamente con camisa del ejército (...)”—.

Coinciden los testigos en que el señor Salvador Suárez —don Salvador, para Félix Ramón Pestaña y según lo afirma el mismo, quien lo convidó a él y a las víctimas al lugar de los hechos— compartía habitualmente con miembros del Ejército Nacional en la base militar del lugar y en sus alrededores —Fernando Enrique Hernández Méndez y Pedro José Miranda Ruiz—. Persona además conocida en el municipio por colaborar en labores de limpieza social, lo sostiene el testigo Suárez Carrascal —a mí concretamente Salvador me contó me voy a coger ladrones y luego me comunicó que él no estaba solo. Le pregunté entonces ¿qué vas a hacer tú? Y me dijo “yo trabajo con el ejército”—, al igual que los declarantes Hernández Méndez, Miranda Ruiz y —“(...) una pandillita de ladroncitos del pueblo y él como que quería acabar con ellos”—.

Se conoce que el Inspector Hernández Cogollo, quien transitaba por el lugar al observar los cadáveres se bajó del automóvil que lo conducía a Zaragoza y pudo establecer que los uniformados que custodiaban los cuerpos sin vida de tres hombres que el enseguida reconoció, compartían con “(...) un señor de civil (...) alegando ahí, diciéndole al teniente o al cabo del ejército, que están jodidos, dejaron escapar a uno”.

Testimonio que ofrece credibilidad, en cuanto coincidente con el de Ramón Pestaña —“(...) oí decir que Salvador le decía al cabo, lo dejó ir , que se iva (sic) a ganar un problema (...)”— y dado que, de pretender Hernández Cogollo incriminar al nombrado Salvador y así mismo a la institución armada demandada, muy seguramente habría mentado el nombre del civil.

4.2.3. Por los hechos, la unidad seccional de Fiscalía de Zaragoza adelantó investigación previa con miras a la individualización de los autores del ilícito, empero transcurrido un término superior a 180 días, se abstuvo de proferir resolución de apertura. No se conoce los alcances de las diligencias preliminares, se sabe, porque así lo afirmaron algunos testigos, que los habitantes del lugar temían represalias(9) (fl. 145, cdno. 1).

4.2.4. El comandante de la Décima Brigada del Ejército, a los requerimientos del a quo sobre el envío de la documentación en poder de la brigada, adujo que “(...) verificados minuciosamente los archivos del Batallón Colombia en lo relacionado con las operaciones del día 26 de junio de 1994, cuando al parecer perdieron la vida Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Marmol y Miguel Enrique Arriola, no aparece ningún documento que se relacione con esos hechos”(10) .

No obstante lo acontecido fue ampliamente conocido en el lugar e integrantes del Ejército se encontraban en la vereda el Naranjal donde yacían los tres cadáveres, cuando arribó al lugar el inspector de policía Hernández Cogollo.

4.2.5. A lo anterior debe agregarse que lo sucedido el 26 de junio de 1994 en la vereda Naranjal del municipio de Zaragoza (Ant.) fue ampliamente divulgado en un medio de comunicación del departamento, de importancia nacional, referido a la labor realizada por las fuerzas del orden en contra de asaltantes del lugar.

Esto es así porque en el expediente reposa copia auténtica de la página 3 de la edición del 29 de junio de 1994, del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, allegada por la casa editorial, en la cual aparece la nota periodística titulada “mueren tres presuntos asaltantes”, la cual refiere(11):

“Unidades combinadas del Ejército y la policía enfrentaron y dieron muerte a tres presuntos asaltantes de minas, en zona rural del municipio de Zaragoza. El informe oficial indica que la Fuerza Pública interceptó en la Mina John Carlos de la Vereda Naranjal de esa población, a tres hombres que atracaban a los propietarios de la explotación aurífera. Durante un enfrentamiento perecieron los asaltantes identificados por la policía como Miguel Enrique Sánchez de 26 años de edad, Leonardo Bertel de 36 y Edwin Madera Mármol de 18 años. En el sitio las autoridades decomisaron una escopeta de doble cañón, un revólver y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia. El informe señala finalmente que los tres occisos fueron reconocidos como integrantes de una banda que desde hace varios meses opera en esa zona minera del departamento”(12).

Siendo así, no deja de producir extrañeza que en la sede de la brigada con jurisdicción en la zona no se tenga información sobre los hechos. Circunstancia que, aunada al fallido resultado de la investigación a cargo de la Fiscalía, permite a la Sala lamentar el ocultamiento de las evidencias, máxime cuando al Estado le asiste el deber de conocer los hechos delictivos y cada una de las autoridades la obligación de asumir el esclarecimiento de la verdad, con fines de justicia y reparación integral de las víctimas como un deber jurídico propio e irrenunciable(13).

4.3. Los hechos que ocupan la atención de la Sala coinciden con prácticas conocidas de las fuerzas del orden en Colombia, denunciadas interna y externamente, consistentes en conducir a las víctimas con el apoyo de civiles informantes, simular combates o atribuirle la comisión de delitos, para obtener privilegios económicos e institucionales por su muerte.

En marzo del año 2010, el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señor Philip Alston, informó al consejo de derechos humanos de la ONU en su 14 periodo de sesiones, sobre la misión adelantada al respecto en nuestro país:

“Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”(14).

Sobre la dinámica utilizada por las fuerzas del orden, en los distintos casos estudiados por el relator de las Naciones Unidas, en Colombia, el informe al que se hace mención, también señala:

“En algunos casos, un “reclutador” pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las víctimas también pueden ser escogidas por “informantes”, que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate”.

Respecto de la ausencia de denuncias e investigaciones, el informe del relator Alston, al que se hace referencia, indica:

“(...) 29. La falta de atribución de la responsabilidad penal ha sido un factor clave para que sigan produciéndose casos de falsos positivos. La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%24. Simplemente, los soldados sabían que podían cometer tales actos y salir impunes.

(..) 31. Cuando una unidad militar notifica una muerte en combate, la inspección inicial de los hechos y del cadáver está actualmente a cargo del cuerpo técnico de investigación.

En la Directiva permanente 300-28 (2007) del comando general de las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa se afirma lo siguiente: El Comando General de las Fuerzas Militares, a través de los comandos de fuerza y comandos conjuntos, dispone a partir de la fecha privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y de estas sobre las muertes en combate, dar mayor valoración a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas (...)”.

(...) Cabe reconocer al gobierno el mérito de garantizar la presencia del CTI en la mayoría de los lugares de combate en que se producen bajas, pese al costo considerable y las dificultades prácticas que ello supone27. En espacio de 36 horas, los oficiales del CTI deben presentarse ante el fiscal encargado de la investigación correspondiente. Con todo, en julio de 2009 el CTI tenía 1.800 casos pendientes desde más de seis meses que aún no había remitido a la Fiscalía, lo que dio lugar a considerables demoras en su tramitación.

32. La presencia de investigadores externos limita las posibilidades de los militares de encubrir los homicidios y fomenta la transparencia. Sin embargo, no impide que miembros de las fuerzas militares interfieran en la escena del crimen antes de que el CTI se haga presente.

(...) 40. En algunas zonas visitadas, incluidas Medellín y Villavicencio, parece existir un intento consciente por parte de los jueces militares de frustrar los esfuerzos del sistema de justicia civil. Esto además retrasa enormemente, a veces meses o años, la investigación y el conocimiento por los tribunales de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, en tanto que los presuntos autores están en libertad y los testimonios y las pruebas pueden perder su eficacia. Los jueces militares que colaboran con el sistema de justicia civil pueden ser objeto de acoso, amenazas o traslado a otras jurisdicciones.

41. Las limitaciones de recursos también conspiran contra la eficacia de los enjuiciamientos. La Fiscalía dispone de una unidad especializada en derechos humanos que en el 2009 se recibieron 18 denuncias contra el ejército y 4 contra la policía. La mayoría de los hechos en que se basaban las denuncias ocurrieron antes de octubre de 2008. Defensoría, respuesta escrita a las preguntas formuladas por el relator especial (respuesta de la defensoría).

(...) En 2008 se duplicó con creces el número de fiscales centrados prioritariamente en los casos de ejecuciones. Sin embargo, la Fiscalía sigue adoleciendo de carencias de personal y financiación que le impiden investigar y someter a los tribunales todos los casos que se señalan a su atención. Por ejemplo, me reuní con familiares de víctimas a quienes se dijo que tendrían que esperar a que concluyeran los procesos relacionados con los hechos de Soacha para que se examinaran sus casos. De los 1.056 casos de muertes atribuidas a las fuerzas armadas que se asignaron a la unidad nacional de derechos humanos hasta abril de 2009, solo16 han recibido sentencias (...)”.

Sorprende en consecuencia que en los archivos de la Brigada Décima no se haya encontrado información sobre lo sucedido, particularmente si se considera que el relator de las Naciones Unidas, en su informe sostiene que si bien en Colombia no se tiene claridad sobre el número exacto de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a las fuerzas del orden, el “[e]l grupo de información y estadística del Ministerio de Defensa mantiene información detallada sobre los bajas provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad. El comando general de las Fuerzas Militares y de la policía nacional presenta información al grupo mensualmente. Cada unidad del ejército y de la policía proporciona diariamente a las divisiones operacionales de su mando información sobre los resultados de cada operación (fecha, lugar, unidad y resultado de la operación, por ejemplo, incautaciones, capturas, desmovilizaciones y bajas)”(15).

5. Un caso de ejecución extrajudicial perpetrada por efectivos del Ejército Nacional

5.1. En un caso de desaparición forzada, la Sala tuvo la oportunidad de analizar la responsabilidad que se atribuía al Ejército Nacional con base en indicios, condenando al Estado por los perjuicios causados —se destaca—:

“(...) En los casos de desaparición forzada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar se desarrollan de manera sigilosa, mediante el ocultamiento de cualquier evidencia que impida imputaciones directas sobre los autores de tal conducta. Dada la naturaleza de este tipo de actos y el modo en que se desarrollan los hechos, en los cuales se encubren, disfrazan y camuflan cualquiera de los elementos probatorios que pudieran comprometerlos, la prueba indiciaria será la idónea para determinar la responsabilidad, la cual apreciada en su conjunto conduce a arribar a una única conclusión cierta para establecer el juicio de responsabilidad ante la falta de una prueba directa”.

En dicha providencia se consideró que aunque no existía una prueba directa que incriminara a la institución militar, los distintos indicios resultaban contundentes para imputar responsabilidad patrimonial a la administración, pues todas las pruebas indirectas convergían a concluir que “(...) revisados la secuencia de los hechos, la continuidad de los mismos en un periodo de tiempo determinado, las distintas desapariciones entre las que se incluye a los hermanos Quintero Ropero, el ocultamiento de los cadáveres, el afán de inculpar a las víctimas por lo sucedido bajo el entendido de que eran integrantes de la guerrilla, las contradicciones de los informes militares en cuanto al grupo guerrillero que perpetró el ataque, la falta actividad probatoria que terminó con la prescripción de la acción disciplinaria, confirman las imputaciones hechas por la parte actora respecto de los hechos de hostigamiento continuo que afectaron a la población en general, la intimidaron y aún impidieron que los afectados y testigos directos denunciaran a los uniformados por temor a represalias”(16).

5.2. En casos como el presente, en los que varias personas mueren como consecuencia de múltiples impactos por arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a los autores materiales del delito, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquella compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para efecto de endilgar responsabilidad a los inculpados.

Aunado a lo anterior, quienes depusieron, de manera responsiva y concurrente, coinciden en afirmar que un hombre conocido informante del Ejército, quien compartía habitualmente con miembros de la institución, engañó a las víctimas, las obligó a usar vestidos camuflados y las condujo al lugar donde fueron ultimados con armas de fuego.

Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(17). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(18). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido.

El juez dispone muy a menudo de conocimientos generales vinculados con el hecho a probar y útiles, de alguna manera, a los defectos de su determinación; es más, sin estos conocimientos la valoración de la prueba sería normalmente imposible. Se trata de las nociones derivadas de la experiencia común que encuentran su formulación sintética en las denominadas máximas de la experiencia y que desarrollan un papel relevante en la valoración de las pruebas(19).

Al analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto, Michele Taruffo da cuenta “(...) que no toda inferencia que vaya de un “hecho conocido” al “hecho ignorado” ofrece la prueba de este último, dado que pueden existir inferencias dudosas, vagas, contradictorias o, en todo caso, tan “débiles” como para no ser suficientes a ese efecto; en cambio, es concebible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean suficientemente “seguras” y “fuertes” para deducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo (..)”(20).

Las máximas de experiencia permiten concluir que casos similares pueden compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.

El Código de Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la actuación procesal(21). Así mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes (arts. 248 a 250).

5.3. Sostiene el tribunal a quo que la versión del señor Félix Ramón Pestaña Navaja, quien asegura haber logrado escapar de la emboscada, no le ofrece certeza, en cuanto el declarante afirmó haber sido invitado conjuntamente con sus amigos por el señor Salvador Suárez a “varequiar (sic)”; mientras otros testigos afirman que la invitación fue a pescar. Divergencia de poca monta, cuando lo realmente importante tiene que ver con que el testigo, conjuntamente con otros declarantes, señaló que el llamado vino de quien antes y después de los hechos se conocía como informante del Ejército, ocupado en tareas de limpieza social. El mismo que, en el lugar de los hechos, reprochaba a los uniformados haber permitido que él salvara su vida.

Pone en duda el tribunal, además, la versión del inspector de policía Hernández Cogollo, fundado en que este no habría denunciado lo ocurrido a las autoridades. Objeción esta que no reviste novedad y que por sí sola no permite descartar un testimonio responsivo y creíble, como el rendido por el antes nombrado, pues —como lo afirma el relator de las Naciones Unidas, en el informe que se trae a colación— “(...) [l]a experiencia de Colombia en el pasado indica que muchos casos permanecen sin ser denunciados durante largo tiempo debido al temor de los testigos, a la falta de familiaridad con el sistema de justicia y la presentación de denuncias y a los considerables obstáculos geográficos y de comunicación que dificultan dicha presentación (...)”.

Se pregunta el tribunal por qué alguno de los declarantes sostiene que los disparos se hicieron a quemarropa, al tiempo que afirma haber podido escapar; empero lo que Pestaña Navaja afirma es que una vez logró ponerse a salvo escuchó las conversaciones de Salvador Suárez con quienes lo atacaron a él y a sus amigos.

Tampoco puede glosarse el testimonio porque el declarante afirmó que Salvador hablaba con un cabo, pues lo importante de la declaración no consiste en que lo declarado responda al grado de los uniformados, sino con que el testigo haya podido establecer el trato confiado entre el mentado Salvador y los atacantes.

En el presente caso se encuentra demostrado que i) las víctimas no portaban armas de fuego, no las accionaron y no enfrentaron a las fuerzas del orden, porque las actas de levantamiento así lo indican y los testimonios de quienes observaron el estado de los cadáveres lo corroboran; ii) los señores Bertel, Madera y Arriola no tenían antecedentes penales ni de policía y se procuraban el sustento y el de sus familias en la actividad de barequeo en las minas del sector, siendo conocidas en el lugar como personas honorables y trabajadoras; iii) los cadáveres vestían camuflados de uso privativo de las fuerzas militares encima de ropa de civil; iv) efectivos del Ejército Nacional hicieron presencia en el lugar de los hechos, empero el comandante de la Décima Brigada afirmó no contar con registros de lo acontecido; v) la Fiscalía General de la Nación conoció el hecho pero se abstuvo de abrir investigación y vi) un periódico de importancia nacional, registró lo sucedido, como si se tratara de una acción plausible atribuible a las autoridades, en cuanto habrían sido dados de baja conocidos delincuentes del lugar.

Para la Sala, la valoración conjunta de los elementos allegados al juicio permite concluir que en efecto se presentó una ejecución extrajudicial perpetrada por efectivos del Ejército Nacional, quienes, además de ocultar la verdad de lo ocurrido, sin justificación alguna pretendieron atribuir los hechos a las víctimas, por lo que procede declarar la responsabilidad de la entidad demandada. Adicionalmente, no hay nada que sugiera que los hechos tuvieron origen en una causa extraña que dé lugar al rompimiento del nexo causal e impida un juicio de responsabilidad frente a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, en hechos ocurridos el 26 de junio de 1994 en la Vereda Naranjal en zona rural del municipio de Zaragoza Antioquia. Antes, por el contrario, todo indica que los hechos ocurrieron como se afirma en la demanda.

Probada como se encuentra la responsabilidad de la entidad accionada, la sentencia impugnada habrá de ser revocada y los perjuicios liquidados con fines de reparación integral del daño, siguiendo las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos.

6. Reparación integral.

Claramente se enfrenta a la Sala a graves violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) cometidas por agentes estatales, quienes prevalidos de su pertenencia a un grupo conformado para luchar contra la delincuencia, terminaron incurriendo en iguales o peores delitos.

Reprochable desde todo punto de vista que agentes estatales, investidos de funciones conferidas para proteger la vida, honra, bienes, derecho e intereses de los asociados y haciendo uso de los bienes dispuestos en procura de la realización de los fines constitucionales, hayan incurrido en conductas especialmente censuradas por nuestra Carta Política y por el derecho internacional de los derechos humanos, vigente en todos los pueblos que se precian de serlo.

Lo anterior porque la Sala se enfrenta a un asesinato perpetrado por fuerzas del orden, criterio este que permite calificar la afrenta atroz como violación del derecho internacional de los derechos humanos, como lo ilustra con suficiencia el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg(22) cuando afirma que “el término violación de derechos humanos’ no se aplica a una determinada clase de actos atroces, tal como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino, con todo rigor, a la comisión de estos actos por el Estado o sus agentes”(23). Igual criterio fue el sostenido por los autores de la “comisión intercongregacional de justicia y paz” de Colombia, que rechazando la posición del Gobierno de la época, sostuvo(24):

“(...) En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter de único garante de los derechos humanos (es decir, de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en el que se funda su más radical legitimidad. Por ello mismo, el Estado es el único eventual violador de tales derechos. Las demás transgresiones a las normas necesarias de convivencia ciudadana, que pueden ser consideradas en el lenguaje común como violaciones de los derechos humanos, ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía (...)”.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el sistema de derecho internacional se basa en que los Estados son los responsables por salvaguardar los DD.HH. En un documento donde se analiza la forma de darle en la comisión más atención a los grupos armados no-estatales como causantes de atropellos al goce de los derechos humanos de los ciudadanos en los países donde actúan, se planteó por la CIDH(25):

“(...) Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la convención (...)”.

Entonces, resulta gravísimo que el propio Estado, siendo el responsable de la protección de los derechos humanos, termine direccionando a sus agentes a desconocer la vida, la libertad y la seguridad de las personas(26).

Resulta pertinente evocar el precedente de la Sección en casos de grave violación a los derechos humanos, veamos(27):

“(...) Como corolario de lo anterior, para la Sala, la reparación integral propende por el restablecimiento efectivo de un daño a un determinado derecho o interés jurídico y, por lo tanto, en cada caso concreto, el juez de la órbita nacional deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento del perjuicio, bien a través de medidas netamente indemnizatorias o, si los supuestos fácticos lo permiten (trasgresión de derechos humanos en sus diversas categorías), mediante la adopción de medidas o disposiciones de otra naturaleza, como las ya enunciadas, entre otras.

(...) Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v.gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la rama judicial del poder público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.

(...) Como corolario de lo anterior, debe puntualizarse que, en todas aquellas situaciones en las cuales el juez se enfrente a un evento de flagrante quebrantamiento de derechos humanos, el sistema jurídico interno debe ceder frente a los postulados contenidos en la Carta Política y en el orden internacional, para dar paso a medidas e instrumentos que permitan la protección efectiva y material de aquellos (...)”.

Dada la imposibilidad de devolver a la vida a los señores Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola y de que sus hijos, padres, hermanos abuelos y compañeras regresen su existencia hasta antes del 26 de junio de 1994 la Sala dispondrá medidas de reparación, rehabilitación, satisfacción y no repetición, en orden a conseguir la satisfacción de los presupuestos de la reparación integral, esto es verdad, justicia y reparación, como se detalla a continuación.

6.1. Indemnizaciones.

6.1.1. Perjuicios morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad y convivencia las víctimas y los demandantes, con las previsiones ya señaladas en el capítulo de legitimación en la causa por activa, plenamente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola les causó.

En consecuencia, la entidad demandada pagará a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero, liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado Nº 13.232-15646(28).

6.1.1.1. Primer grupo familiar (deudos de Leonardo Bertel Navaja).

A favor de Ramona María Angulo Arrieta (compañera permanente de la víctima), quien actúa en nombre y en representación de sus hijos Yobanis Andrés y Sindi Vanessa Angulo Arrieta, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Cristina Isabel Navaja Hernández (madre de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Denices María y Juan Carlos Méndis Navaja; Claudia Patricia y José Eduardo Angulo Navaja; Adalberto Luis y Teresita de Jesús Pestaña Navaja (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

6.1.1.2. Segundo grupo familiar (deudos de Edwin Manuel Madera Mármol).

A favor de Luis Santana Madera Rodelo y Juana Francisca Mármol Urieta (padres de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Raúl Jacob Mármol Rodriguez y San Diego Urieta (abuelos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Marelbis Madera Mármol, Carlos Felipe, Jaime del Cristo, Silfredo y Martha Cecilia Tovar Mármol (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

6.1.1.3. Tercer grupo familiar (deudos de Miguel Enrique Arriola).

A favor de María Isabel Arriola Guzmán (madre de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Manuel Francisco, Sol María, Jaime, Marco Tulio, Rosalba Isabel y Orlando Manuel Madera Arriola (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

6.1.2. Perjuicios materiales.

6.1.2.1. Perjuicios materiales a favor de los deudos de Leonardo Bertel Navaja.

La parte actora solicita el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Ramona María Angulo Arrieta en su condición de compañera permanente de Leonardo Bertel Navaja y de sus hijos Yobanis Andrés y Sindi Vanessa Angulo Arrieta.

Para acreditar la dependencia económica, la prueba testimonial da cuenta de que vivían bajo un mismo techo y que aquel les proveía lo que necesitaban, como cabeza de familia.

El señor Félix Ramón Pestaña afirmó que Leonardo Bertel Navaja vivía con “(...) Ramona Angulo, ella era la esposa de él, dejó con ella dos hijos de nombre Yobanys y Cindy Vanessa (...) todos eran unidos (...)”.

Interrogado sobre el promedio mensual que el occiso devengaba en la actividad económica que el mismo desarrollaba y a qué destinaba sus ingresos, el testigo contestó que “$ 400.000. y con ese dinero una parte se la entregábamos a los viejos para ayudarlos” (fl. 120, cdno. 1).

Por su parte, el señor Marcos Fidel Suárez Carrascal manifestó que las víctimas se ganaban un promedio de $ 800.000 “o más porque eso era variable”, además señaló que “Navaja tenía como ocho años de estar viviendo con ella, era una relación estable, desde que le mataron el marido ella no sale del campo por la pena moral, ella se llama Ramona”.

En razón a que no se encuentra uniformidad en las declaraciones en relación con los ingresos que devengaban las víctimas, entre los que se encontraba Leonardo Bertel Navaja, habrá de tomarse como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente para esta sentencia, en razón a que al actualizarse el salario vigente para la época de los hechos(29), arroja un resultado menor al salario actual(30).

En consecuencia, a la suma de $ 535.600 se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales y, surtido dicho cálculo, se descontará el 25% que eventualmente la víctima tendría que haber destinado a su propia subsistencia. El 75% restante se dividirá el 50% para la compañera permanente y se liquidará hasta la edad probable de vida de quien debía morir primero(31) y el otro 50% se dividirá en partes iguales, entre los dos hijos y se liquidará hasta que cada uno alcance los 25 años de edad. Porque a partir de entonces se considera que las personas se independizan de su núcleo familiar. De lo que se sigue que:

Salario base de liquidación = $ 535.600 + 25% = $ 669.500 - 25% = $ 502.125.

En consecuencia el 75 % asciende a la suma de = $ 502.125

Cónyuge 50 % = $ 251.062,5

Cada y uno de los hijos 50 % = $ 125.531,25 x 2 = $ 251.062,5

Indemnización debida o consolidada para Ramona María Angulo Arrieta en calidad de compañera permanente

La señora Ramona María Angulo Arrieta para la época en que sucedieron los hechos tenía 45 años, tenía entonces una vida probable de 32,16 años o 385,92 meses(32).

Se liquidará en meses desde la fecha de los hechos hasta la sentencia así:

--------------------------------n

S = Ra x (1 + 0,004867) -1

----------------0,004867

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (desde la fecha de los hechos hasta la del fallo. Total: 201,26 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

--------------------------------------201,26

S = 251.062,5 x (1,004867) -1

---------------------------0,004867

S = $ 85.470.117

Indemnización futura para Ramona María Angulo Arrieta en calidad de compañera permanente de Leonardo Bertel Navaja

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 201,26 meses de la indemnización debida, reconocidos.

---------------------------------n

S = Ra x (1 + 0,004867) -1

----------------------------------n

-------------0,004867(1 + 0,004867)

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n = número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 201,26 meses de la indemnización debida. Total: 184,66 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

-----------------------------184,66

S = 251.062,5 x (1,004867) - 1

-------------------------184,66

0,004867(1,004867)

S = $ 33.117.426

Total indemnización debida:------------- $ 85.470.117

Total indemnización futura:----------------$ 33.117.426

Total indemnización-------------------------$ 118.587.543

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Ramona María Angulo Arrieta, en calidad de compañera permanente, la suma de ciento dieciocho millones quinientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos mcte ($ 118.587.543).

Indemnización debida a favor de Yobanis Andrés Angulo Arrieta hijo de la Ramona María y prohijado por la víctima Leonardo Bertel

Esta indemnización debida comprenderá el periodo comprendido entre la fecha de los hechos (jun. 26/94) y hasta la fecha de la sentencia, lo que arroja un periodo de 201,26 meses.

-----------------------------201,26

S = 125,531,25 x (1,004867) -1

----------------------------0,004867

S = $ 42.735.058

Indemnización futura a favor de Yobanis Andrés Angulo Arrieta:

Este periodo se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta cuando el demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 19 de marzo de 2014, pues Yobanis Andrés nació el 10 de marzo de 1989, lo que equivale a un periodo a indemnizar de 35,46 meses.

----------------------------------35,46

S = 125,531,25 x (1,004867) - 1

------------------------------35,46

------------------------------0,004867(1,004867)

S = $ 4.135.924

Indemnización debida:-------- $ 42.735.058

Indemnización futura: ----------$ 4.135.924

Total indemnización:-----------$ 46.870.982

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Yobanis Andrés Angulo Arrieta en calidad de hijo de la víctima, la suma de cuarenta y seis millones ochocientos setenta mil novecientos ochenta y dos pesos mcte ($ 46.870.982).

Indemnización debida a favor de Sindy Vanessa Angulo Arrieta en calidad de hija de Ramona María y prohijada de la víctima Leonardo Bertel:

Esta indemnización debida comprenderá el periodo comprendido entre la fecha de los hechos (jun. 26/94) y hasta la fecha de la sentencia, lo que arroja un periodo de 201,26 meses.

---------------------------------201,26

S = 125,531,25 x (1,004867) -1

----------------------------0,004867

S = $ 42.735.058

Indemnización futura a favor de Sindy Vanessa Angulo Arrieta

Este periodo se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta cuando el demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 7 de agosto de 2018, pues Sindy Vanessa nació el 7 de agosto de 1993, lo que equivale a un periodo a indemnizar de 88,06 meses.

-------------------------------------88,06

S = 125,531,25 x (1,004867) - 1

-------------------------------------88,06

--------------0,004867(1,004867)

S = $ 9.048.428

Indemnización debida:----------- $ 42.735.058

Indemnización futura:--------------$ 9.048.428

Total indemnización:-------------- $ 51.783.486

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Sindy Vanessa Angulo Arrieta en calidad de hija de la víctima, la suma de cincuenta y un millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos mcte ($ 51.783.486).

6.1.2.2. Perjuicios materiales a favor de los deudos de Edwin Manuel Madera Mármol.

La parte actora solicita el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Luis Santana Madera Rodelo y Juana Francisca Mármol Urieta, en su condición de padres de Edwin Manuel Madera Mármol

Al respecto, el señor Marcos Fidel Suárez Carrascal afirmó que “(...) Madera era un alma de Dios, la familia de Madera la componen Francisco, Sol, Marcos, Jaime, Orlando y hay otra hembra que vive en Majagual y todos vivían en la misma casa, era el menor de ellos (...)”.

En consecuencia, la Sala observa que no se demostró que los señores Luis Santana Madera Rodelo y Juana Francisca Mármol Urieta, dependieran económicamente de su hijo Edwin Manuel, sumado al hecho de que no solo convivían con él sino con el resto de sus hijos, por lo que se infiere que estos también colaboraban al sostenimiento del hogar y por ende de sus padres. Por lo tanto, no resulta procedente el reconocimiento de esta clase de perjuicios.

6.1.2.3. Perjuicios materiales a favor de los deudos del señor Miguel Enrique Arriola.

Igual suerte corre los perjuicios materiales solicitados por los deudos de Miguel Enrique Arriola, toda vez que no se acreditó que la señora María Isabel Arriola Guzmán, en su condición de madre, dependiera económicamente de aquel, pues también convivía con el resto de sus hijos, por lo que se infiere que éstos también colaboraban al sostenimiento del hogar. Por lo tanto, no resulta procedente el reconocimiento de esta clase de perjuicios.

6.2. Rehabilitación.

Este rubro comprende las medidas encaminadas a procurar la readaptación de las víctimas. Siendo así la Sala condenara a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional en abstracto, orientada a que si las circunstancias lo ameritan, debidamente justificadas, ante el juzgador de primer grado los demandantes puedan acceder a medidas de readaptación, integración social y superación individual, representadas en tratamientos siquiátricos, sicológicos y terapéuticos.

6.3 Satisfacción y no repetición.

De manera simbólica y con el objeto de que la Nación satisfaga a los demandantes, por la muerte de sus seres queridos Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola los demandantes, víctimas de vulneraciones a los derechos humanos(33), el Ministro de Defensa en compañía de los altos mandos militares y con la comparecencia de los integrantes de la Décima Brigada, celebrará, dentro de un término razonable, no superior a tres meses calendario contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, una ceremonia con la presencia de los demandantes, participación de la comunidad e invitación a los medios de comunicación del departamento de Antioquia, con cubrimiento nacional, donde se tribute la vida de los antes nombrados, ofreciendo disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad por su muerte, repudiando clara y categóricamente la violación de los derechos humanos, con el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder.

Igualmente la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional construirá en un lugar destacado del municipio de Zaragoza (Ant.) un monumento con el nombre de las víctimas en desagravio por su muerte y la Procuraduría General de la Nación conocerá de esta decisión para que si lo considera impulse ante la Fiscalía General de la Nación la apertura de la investigación en orden a judicialización de los responsables.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.

RESUELVE:

1. DECLARAR no fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la entidad demandada.

2. REVOCAR la sentencia de 27 de abril de 2000, proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

En su lugar se dispone:

3. DECLARAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional administrativamente responsable por la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, en hechos ocurridos el 26 de junio de 1994 en la Vereda Naranjal en zona rural del municipio de Zaragoza Antioquia.

4. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:

Demandantes de Leonardo Bertel Navaja:

A favor de Ramona María Angulo Arrieta (compañera permanente de la víctima), quien actúa en nombre y en representación de sus hijos Yobanis Andrés y Sindi Vanessa Angulo Arrieta, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Cristina Isabel Navaja Hernández (madre de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Denices María y Juan Carlos Méndis Navaja; Claudia Patricia y José Eduardo Angulo Navaja; Adalberto Luis y Teresita de Jesús Pestaña Navaja (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Demandantes de Edwin Manuel Madera Mármol:

A favor de Luis Santana Madera Rodelo y Juana Francisca Mármol Urieta (padres de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Raúl Jacob Mármol Rodríguez y San Diego Urieta (abuelos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Marelbis Madera Mármol, Carlos Felipe, Jaime del Cristo, Silfredo y Martha Cecilia Tovar Mármol (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Demandantes de Miguel Enrique Arriola:

A favor de María Isabel Arriola Guzmán (madre de la víctima), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor de Manuel Francisco, Sol María, Jaime, Marco Tulio, Rosalba Isabel y Orlando Manuel Madera Arriola (hermanos de la víctima), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

5. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

A favor de la señora Ramona María Angulo Arrieta, en calidad de compañera permanente, la suma de ciento dieciocho millones quinientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos mcte ($ 118.587.543).

A favor de Yobanis Andrés Angulo Arrieta en calidad de hijo de la víctima, la suma de cuarenta y seis millones ochocientos setenta mil novecientos ochenta y dos pesos mcte ($ 46.870.982).

A favor de Sindy Vanessa Angulo Arrieta en calidad de hija de la víctima, la suma de cincuenta y un millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos mcte ($ 51.783.486).

6. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a brindar a los demandantes las medidas encaminadas a procurar su readaptación, integración social y superación individual, consistente en tratamientos siquiátricos, sicológicos y terapéuticos relacionados necesarios para superar los hechos relacionados con la muerte en las circunstancias demostradas en el proceso de los señores Leonardo Bertel Navaja, Edwin Madera Mármol y Miquel Enrique Arriola, como se indica en la parte motiva de esta providencia.

7. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a satisfacer a los demandantes i) mediante la celebración de una ceremonia pública en el municipio de Zaragoza (Ant.), con la concurrencia de los altos mandos militares, las víctimas y los vecinos del lugar, dentro de un término no superior a tres meses calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, en presencia de los medios de comunicación del departamento de Antioquia con cubrimiento nacional y local, donde se tribute un homenaje a las vidas de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Madera Mármol y Miquel Enrique Arriola, ofreciendo disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad del municipio por la muerte de los antes nombrados, repudiando clara y categóricamente lo acontecido el 26 de junio de 1994 en la vereda el Naranjal y con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder.

8. Secretaría de la Sección oficie a la Procuraduría General de la Nación y remita copia de esta providencia, para que, si la delegada para los derechos humanos lo considera, impulse ante la Fiscalía General de la Nación la investigación penal de los hechos a los que se refiere la decisión.

9. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

10. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

En firme esta providencia, REMITASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Febrero 22 de 1996.

(3) En la anotación pertinente a la identificación del padre se hace constar que el señor Félix Ramón Bertel Pestaña falleció, sin embargo en el proceso no reposa su registro de defunción.

(4) “Barequear” según el artículo 155 de la Ley 685 de 2001: “(...) la actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la recolección de piedras preciosas y semipreciosas (...)”.

(5) Folios 29, 48 y 65 cuaderno 1.

(6) En el expediente no fueron allegadas el acta de levantamiento y la diligencia de necropsia practicadas al cadáver del señor Miguel Enrique Arriola.

(7) Respecto de Leonardo Bertel Navaja en la diligencia de necropsia se refiere la presencia de tres proyectiles por arma de fuego, distribuidos en la región temporo-parietal izquierda, en el dorsal izquierdo para vertebral y en el 2º espacio intercostal izquierdo. Y, en relación con Edwin Manuel Madera Mármol cuatro proyectiles por arma de fuego, distribuidos entre el 8º espacio intercostal derecho con axilar anterior, 9º espacio intercostal izquierdo con axilar anterior, brazo izquierdo y en brazo derecho. Folios 133-144 cuaderno 1.

(8) Folios 128-132, cuaderno 1.

(9) Folio 145, cuaderno 1.

(10) Folio 146, cuaderno 1.

(11) Folios 193-194, cuaderno principal. Es de anotar que si bien las informaciones periodísticas, no cumplen los requisitos de las pruebas testimoniales, el texto documental de las mismas si prueba la divulgación de la de la información.

(12) Folios 193-194 cuaderno principal.

(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras.

(14) http://www.hcr.or.co/documentosinformes/altocomisionado/informe2010/esp.doc.

(15) Nota 12. El informe refiere que la publicación de la comisión colombiana de juristas, violaciones de derechos humanos y violencia sociopolítica en Colombia, de 13 de marzo de 2009, refiere ejecuciones desde julio de 1996.

(16) Sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, expediente 16337.

(17) “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquel y este. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría general del proceso y de la prueba, quinta edición, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, págs.. 458 y ss.).

(18) Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Expediente 16337.

(19) Taruffo, Miguel, “La prueba de los hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 219.

(20) Taruffo, Miguel, “La prueba de los hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 472.

(21) “La gravedad es el requisito que mira al efecto serio y ponderado que los indicios produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión dice relación al carácter de indicio que conduce a algo inequívoco como consecuencia y la conexidad o concordancia, a que lleven a una misma conclusión o inferencia todos los hechos indicativos” (notas de Oscar Eduardo Henao Carrasquilla, Código de Procedimiento Civil, Editorial Leyer).

(22) Web site: http://www.menschenrechte.org.

(23) Artículo: “la violación de los derechos humanos ¿privilegio de los Estados?”, disponible en http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html#2.

(24) Comisión intercongregacional de justicia y paz. “justicia y paz”. Vol. 4, Nº 4, Bogotá oct.-dic. 1991. Pág.8.

(25) Comisión andina de juristas. Lima. Boletín 33, 1992. Pág. 60.

(26) Reconocidos en el artículo 3º de la declaración universal de derechos humanos.

(27) Sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996.

(28) Magistrado ponente Alier E. Hernández Enríquez.

(29) El SMMLV para el año de 1994 era $ 98.700 que actualizado arroja un total de $ 224.965.

(30) El SMMLV para el 2011 es $ 535.600.

(31) De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, la señora Ramona María Angulo Arrieta contaba, para la fecha de los hechos, con 45 años de edad y Leonardo Bertel Navaja con 27 años, por lo tanto se tomará la vida probable de la primera.

(32) De acuerdo con las tablas colombianas de mortalidad expedidas por la Superintendencia Financiera.

(33) En relación con las medidas simbólicas y conmemorativas en casos en los cuales se presenta violación a los derechos humanos, se puede consultar la sentencia de 20 de febrero de 2008, M.P. Enrique Gil Botero, Expediente 16996.