Sentencia 1996-00259 de abril 30 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 080012331000199600259-01 (22.546)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Edgardo Duncan Peña

Demandado: Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda: $ 46.495.344, que fue la suma solicitada como indemnización por el daño material, en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida para el efecto por aquella norma(2).

2. La demanda se presentó en término.

El a quo considero que no estaba probada la excepción de caducidad propuesta por el Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico, decisión que será confirmada por la Sala, por las mismas razones expuestas en la sentencia recurrida, esto es, porque el termino para interponer la acción en el caso concreto empezó a correr el 14 diciembre de 1993, fecha en la cual el Juzgado 14 Penal del Circuito expidió el oficio ordenando la entrega del vehículo, y la demanda se interpuso el 24 de octubre de 1995, antes de vencerse el término previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contado a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

3. La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por bienes que las entidades públicas tengan en depósito.

Para definir la responsabilidad patrimonial de la administración por la pérdida o deterioro de los bienes que se tienen en depósito, la jurisprudencia de la Sala, de tiempo atrás, se ha referido a esa figura en relación con la nacionalización de las mercancías que deben permanecer en depósitos oficiales y ha considerado, en primer término, que en tales casos no hay lugar a aplicar las normas civiles del contrato de depósito necesario, porque esa actividad se cumple por mandato de la ley y no se deriva de las circunstancias a las que hace alusión el Código Civil y en segundo término, que el fundamento de dicha responsabilidad es de carácter objetivo o de carácter subjetivo, dependiendo de si los daños se producen durante el termino de legalización de los bienes o con posterioridad a la declaratoria de abandono de los mismos:

“... la demandada prestaba, al momento de la avería de la mercancía, un servicio de naturaleza oficial, como era el bodegaje de mercancías importadas en proceso de legalización. La jurisprudencia de la corporación ha señalado que, la eventual responsabilidad del Estado en estos eventos, es de naturaleza extracontractual (...) En sentencia del 14 de julio de 1988, la Sala aclaró:

“La norma transcrita [D.L. 630/42, art. 2º] es clara en cuanto a la índole de esa responsabilidad y despeja las dudas suscitadas por algunos fallos de esta jurisdicción que la acercan a la responsabilidad contractual derivada de un contrato de depósito necesario; en un esfuerzo innecesario de privatización.

“El hecho de que para facilitar los trámites de exportación e importación la mercancía deba ingresar forzosamente a una bodega oficial o autorizada, no crea una relación contractual de depósito entre la entidad pública y la persona interesada en la misma, ni tampoco significa que la situación jurídica deba gobernarse por el derecho privado.

“Esa relación de derecho público de guarda o custodia temporal impuesta por la ley tiene fines diferentes a los que en el Código Civil justifican la existencia del depósito necesario. Mientras que el ingreso de la mercancía a la bodega oficial lo impone la ley como requisito para hacer posibles el control y los tramites propios de la importación o exportación de la misma y el cobro de los gravámenes correspondientes, el depósito necesario obedece a una filosofía diferente por cuanto en este, si bien la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante (nota que acercaría las dos figuras), el depósito obedece a un estado de necesidad como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante (C.C., art. 2260). Y por esta misma razón la responsabilidad contractual del depositario se entenderá hasta la culpa leve (art. 2263 ibídem).

“El importador o exportador que debe llevar su mercancía a la bodega oficial no obedece a ningún estado de necesidad, sino que simplemente acata un requisito impuesto por la ley de manera general y con fines que van más allá del depósito mismo, pues este no es más que un paso dentro de la operación administrativa de importación o exportación de mercancías.

“Se hacen las precisiones precedentes para entender no solo porque la responsabilidad por la pérdida de la mercancía guardada en bodegas oficiales con fines de exportación o importación es directa o extracontractual, sino también porque su acción encaja en la de reparación directa, regulada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo...”(3).

(...).

“Además, se ha considerado que, cuando se trata de bodegaje oficial de mercancías importadas en proceso de legalización, el título de imputación aplicable es objetivo, con la salvedad de que, si la misma se encuentra en situación de abandono, se rige por el de falla del servicio. En cuanto al primer título, inicialmente, porque así lo establecía el artículo 55 de la Ley 79 de 1931, modificado por el artículo segundo del Decreto-Ley 630 de 1942 (derogado por el D. 2666/84, art. 336), y, después, por vía jurisprudencial...”(4).

Los criterios anteriores resultan aplicables en los casos de depósito de bienes que han sido objeto de medidas cautelares y que por decisión judicial o administrativa posterior deban ser devueltos a sus legítimos propietarios, poseedores o tenedores. Es deber de la entidad pública responsable de la custodia del bien devolverlo en las mismas condiciones en las que ha sido retenido, salvo su deterioro natural. Por lo tanto, dicha entidad es objetivamente responsable por la pérdida o deterioro que pueda sufrir el bien mientras se decide la suerte del mismo. Ahora, cuando ese depósito se prolonga a pesar de la orden de entrega provisional o definitiva, por causas imputables al mismo interesado, por ejemplo, cuando este se abstiene de reclamar oportunamente el bien, la responsabilidad del Estado es de carácter subjetivo y por lo tanto, aquel deberá demostrar la falla del servicio que impute a la entidad pública.

Ahora bien, si se consultan las decisiones adoptadas por la corporación, en casos de pérdida o deterioro de bienes decomisados o sobre los cuales se ha impuesto una medida cautelar que implique su retención, se advierte que estos han sido decididos con fundamento en el régimen de falla del servicio, pero esto sucede porque en tales casos se ha acreditado que la entidad pública demandada falto a su deber de custodia y mantenimiento de tales bienes. Por ejemplo, ha dicho la Sala en casos similares:

“Este caso en particular en atención a la naturaleza de los hechos y a las obligaciones contraídas por la administración, se gobernara bajo el régimen de responsabilidad subjetivo bajo el título de imputación de la falla probada del servicio, en el entendido de que la mercancía retenida e ingresada a los almacenes de depósito de la dirección general de aduanas se extravió en poder de la entidad y por lo tanto resulto imposible el reintegro (...) por una conducta reprochable a la administración.

La diligencia de aprehensión de mercancías, constituye una medida cautelar comprendida por la retención de los bienes mientras se define su situación legal. En este escenario, de conformidad con las normas reglamentarias que gobernaban la materia, es claro que las mercancías aprehendidas se entregarían inmediatamente al fondo rotatorio de la aduana en las bodegas situadas en el ámbito de la jurisdicción, en donde el administrador de la aduana o su delegado llevaría a cabo las diligencias de reconocimiento y avalúo, tal y como sucedió en el caso concreto, y después de concluido el trámite respectivo, la entidad resolvería sobre la suerte de las mismas, bien sea disponiendo su decomiso u ordenando la restitución a la firma demandante. En el entre tanto, desde cuando se recibió la mercancía en el Fondo Rotatorio de la Aduana Nacional, existía la obligación de guardarla y de restituirla en el estado en que ingreso, salvo el deterioro natural de las cosas, pues, allí la guarda de la mercancía, su mantenimiento y conservación se extendía hasta la orden de restitución dada por la misma entidad o por la jurisdicción aduanera después de concluir el trámite correspondiente, el deber de vigilancia y cuidado obedecía al cumplimiento de normas aduaneras, las cuales se ocupaban entre otras del ejercicio de la operación aduanera, en cabeza de la entidad que desarrolla dicha función administrativa. En consecuencia, la conducta reprochable radica en la falta de mantenimiento y cuidado sobre las mercancías aprehendidas que dio lugar a una pérdida sustancial de las mismas y que tuvo como resultado final la imposibilidad de su reintegro total. La responsabilidad de la administración es imputable a título de falla probada del servicio, pues la falta de custodia de las mercancías retenidas por parte del Fondo Rotatorio de la Aduana Nacional hoy Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y al incumplimiento de las funciones que le son propias dio lugar a la causación del daño alegado”(5) (destacado fuera del texto).

4. La responsabilidad patrimonial de la entidad pública en el caso concreto.

Cabe aclarar previamente que en relación con los hechos que se controvierten en este proceso obran las copias auténticas de los documentos traídos por las partes con la demanda y su contestación, así como las copias aportadas por las autoridades públicas, en respuesta a los oficios del a quo, en particular las remitidas por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla y por el Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico.

Conforme a esas pruebas, considera la Sala que el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico es patrimonialmente responsable del daño sufrido por el señor Edgardo Duncan Peña, por la pérdida del vehículo de placa RD-1026, porque el mismo fue depositado en esa entidad, por orden judicial y no fue entregado al demandante, cuando el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla así lo dispuso. En efecto:

4.1. Está demostrado que el vehículo de placa RD-1026 intervino en el accidente ocurrido el 14 de junio de 1987, en la vía circunvalar, a la altura del poste 466, al colisionar con el vehículo Land Rover, de placa GP-1865, hechos con fundamento en los cuales se adelantó investigación penal, por los delitos de homicidio y lesiones personales, en el cual resultaron víctimas la señora Ruth Duncan Peña y otros, según la certificación expedida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla y las copias que ese despacho judicial remitió al a quo, relacionadas con el informe del accidente (fls. 109-114).

4.2. También está demostrado en el expediente que por decisión del juez que adelantó la investigación penal, el bien fue depositado en el instituto demandado. En relación con ese hecho, obra la certificación expedida por el jefe de control y vigilancia del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico (fl. 6), en el cual consta lo siguiente:

“Por medio de la presente certifico que el día 14-06 de 1987 fue dejado inmovilizado en los patios oficiales del IDTTA el vehículo de placas RD-1026, a las 20:00 horas, traído por la grúa Victoria, por choche[sic]-homicidio ocurrido en la circunvalar-Malvinas, conoció el caso agente Jiménez.

“Se encuentra radicado en el folio 50 del libro radicador del IDTTA”.

4.3. El Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla ordenó que se entregara al demandante o a su apoderado el vehículo al cual se ha hecho alusión, según consta en la copia autentica del oficio de 14 de diciembre de 1993 (fl. 12):

“Me permito comunicarle que dentro de la causa seguida contra Jhon Jairo Waltero R., sindicado del delito de homicidio (A. de T.), del cual resultó víctima Ruth Duncan Peña, este despacho, mediante auto calendado diciembre 10/93, ordenó en su parte resolutiva:

“Decretar la entrega del vehículo de placa RD-1026, marca Renault cuatro al señor Edgar Duncan Peña y/o su apoderado Luis Carlos Mercado Charris, quien tiene facultades para recibir. Líbrese la orden respectiva a la dependencia donde en la actualidad se encuentre la unidad rodante descrita en el punto anterior; solicitándose a esa oficina nos envíe copia del acta de entrega...”.

Esa misma orden fue reiterada, mediante oficio de 18 de julio de 1994, por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla al director del Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico, (fl. 13):

“De la manera más atenta me permito reiterar a usted el Oficio 645 de diciembre 14/93, en el sentido de que se sirva hacer entrega del rodante de placas RD-1026, marca Renault, color verde, motor 01008627, chasis 6509073, manifiesto de aduana 002091 de marzo 3/78, al señor Edgardo Duncan Peña y/o su apoderado Luis Carlos Mercado Charris, quien tiene facultades para recibir. Hecho lo anterior, se sirva enviar a este despacho copia del acta de entrega”.

4.4. Sin embargo, el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico no hizo entrega del vehículo que tenía en depósito, con el argumento de que no había podido identificar sus partes.

En la respuesta dada al a quo, por el director general de la entidad demandada (fls. 97-98), manifestó lo siguiente:

“Muy a pesar de que el Juzgado 14 Penal del Circuito, mediante los oficios 645 de diciembre 14 de 1993 y el 490 de julio 18 de 1994, ha requerido al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, la entrega del vehículo marca Renault 4, de placa RD-1026, de color verde, de propiedad del señor Edgardo Duncan Peña, esta entidad ha hecho ingentes diligencias en procura de cumplir su requerimiento sin los resultados esperados, en razón a que el 14 de junio de 1987, el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito recibió el citado vehículo completamente destrozado, como consecuencia de un brutal accidente de tránsito, cuyas partes conformantes de su conjunto resultaron desintegradas y aunado esto al transcurso del tiempo comprendido de 1987 a 1994, con sus efectos de deterioro natural acelerado por su exposición a la intemperie han impedido los peritos del instituto identificar sus partes útiles, si es que pueden llamarse así al conjunto que conformaron el automotor.

“Tal como se desprende del acervo probatorio recaudado por el Juzgado 14 Penal del Circuito, despacho al que le correspondió la investigación por el accidente de tránsito ocurrido el día 14 de junio de 1987, en donde colisionaron los vehículos de placa RD-1026, marca Renault 4 y jeep Land Rover de placa GP-1865; el automóvil marca Renault 4, de placa RD-1026 quedo completamente destrozado a raíz del fatal accidente, en donde hubo dos personas muertas y varios heridos, de ahí que haya sido imposible para el instituto la identificación de los componentes del automotor, dentro del arrume o los arrumes de los vehículos chocados y destartalados, que se encuentran en el patio 2 de esta institución, por lo tanto, no es imputable al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, el presunto acto dañoso, y en caso de existir, este sería imputable a su dueño, quien no realizo los actos de recuperación, conservación o mantenimiento del rodante solicitado, dejando abandonado el conjunto de partes del automotor accidentado, al efecto destructor natural del ambiente, por cuanto esta no es función de esta entidad, ya que actuamos como colaboradores de otras instituciones, como la policía y la Fiscalía, en razón a que estas entidades no disponen de predios para depositar dichos vehículos”.

En relación con los hechos afirmados en el anterior oficio, declaró el señor Carlos Enrique de la Vega Lafaurie (fls. 90-91), quien para la época de los hechos se desempeñaba como técnico del Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico y manifestó: “cualquier persona, sin ni siquiera ser perito puede dar constancia de que un vehículo con 9 años a la intemperie del sol, lluvias y brisas se transforma en una chatarra, es decir, en un vehículo inservible”.

Concluye la Sala, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, que el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico es patrimonialmente responsable de la pérdida del vehículo, porque el deterioro que este sufrió, hasta el punto de hacerse imposible el reconocimiento de sus partes, se debió a las fallas en las cuales incurrió la entidad en su deber de custodia, conforme al cual tenía la obligación de devolver el bien depositado a su legítimo propietario, poseedor o tenedores, o a cualquiera otra persona que dispusiera la autoridad competente, en las mismas condiciones en las cuales había sido retenido, salvo su deterioro natural.

En otros términos: el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico es responsable por la pérdida del vehículo Renault 4, de placa RD-1026, que el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla ordenó entregarle al señor Edgardo Duncan Peña, o a su apoderado porque, como depositario del bien tenía el deber de adoptar las medidas necesarias para su conservación, en el estado en el que lo recibió, salvo su deterioro natural, por el paso del tiempo.

4.5. El daño no es imputable al demandante, porque este no era el llamado a ejercer los actos de conservación del vehículo, dado que el bien no se encontraba bajo su guarda, por decisión judicial.

Además, estuvo atento a la entrega del vehículo, lo cual se demuestra con el hecho de que el mismo acudió a la entidad demandada a reclamar el cumplimiento de la orden judicial, según consta en la copia de la solicitud que presentó ante el Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico, el 21 de julio de 1995, que tiene constancia de haber sido recibida allí, en la cual solicitó que se diera cumplimiento a la orden de entrega del vehículo, proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla, el 14 de diciembre de 1993, que fue reiterada mediante oficio de 18 de julio de 1994 (fl. 4).

A esa solicitud dio respuesta la entidad demandada, mediante oficio de 18 de septiembre de 1995 (fl. 5), en el cual señaló el procedimiento que debía atender el peticionario para obtener la entrega del vehículo:

“El procedimiento interno para autorizar la salida de un vehículo de los patios del tránsito es:

a) La persona autorizada debe comparecer personalmente al IDTTA.

b) Pagar el valor del parqueo en la caja del instituto.

c) Presentar a la oficina jurídica su documento de identidad, el recibo de pago del parqueo y la orden escrita de autoridad competente.

d) Reunidos los anteriores requisitos, la oficina jurídica autoriza por escrito al comandante de guardia del IDTTA para que haga la entrega real y material del vehículo.

e) El comandante de guardia del IDTTA realiza la entrega bajo inventario del vehículo a su propietario, previa su identificación con su cédula de ciudadanía.

Con el propósito de cumplir con la orden judicial, previamente usted debe solicitar al comandante de guardia del IDTTA la liquidación del parqueo del vehículo y cancelarlo en la caja de tránsito, ya que dicho parqueo es un ingreso fiscal de obligatorio recaudo, según lo tiene establecido mediante ordenanza la honorable asamblea departamental del Atlántico”.

Sin embargo, no está demostrado que el demandante no se hubiera allanado a cumplir las instrucciones dadas en el instituto para legalizar la devolución del vehículo, lo que sí se demostró, se reitera, fue que la entidad demandada no entrego el vehículo al demandante, porque las partes del bien eran irreconocibles, en razón a que el mismo siempre estuvo a la intemperie.

4.6. El señor Edgardo Duncan Peña acreditó ante el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito y en este proceso, ser la persona a la cual el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla ordenó que se le entregara el vehículo Renault 4, placa RD-1026 y, además, aportó en este proceso los siguientes documentos:

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo Renault 4, tipo sedán, verde, de placa RD-1026, de servicio particular, a nombre del señor José Erasmo Vargas (fl. 2).

— Copia auténtica del memorial dirigido por los señores J. Erasmo Vargas Morales, como vendedor y Edgardo Duncan Peña, como comprador, al director del Instituto de Transporte y Tránsito, en el cual le solicitaban autorizar el traspaso del siguiente vehículo:

“Clase de vehículo:Automóvil
Marca:Renault 4
Placas:RD-1026
Tipo de carrocería:Sedán
Color:Verde
Número de motor:010008627
Número de chasis:6509073
Número de serie:6509073
Número de puertas:Cuatro (4)
Capacidad:Cinco puestos (5)
Manifiesto de aduana:002091 de fecha marzo 3 de 1978”

 

El documento figura al respaldo con autenticación de las firmas de quienes suscribieron el acto, ante el notario cuarto de Barranquilla, el 7 de julio de 1987.

Cabe señalar que en el caso concreto no resulta relevante plantear la controversia relacionada con la manera en la cual se debe acreditar la titularidad del derecho de dominio de los vehículos particulares, dado que en este proceso no se discute ese derecho. La discusión aquí, se insiste, se centra en el incumplimiento de la obligación que tenía el depositario del vehículo de hacer la entrega material del mismo a la persona indicada en la orden judicial.

Tratándose de eventos en los cuales el tema de decisión no lo es la titularidad del derecho de dominio de un vehículo, la Sección en sentencia proferida hace ya varios años y reiterada de manera reciente, consideró:

“El poseedor se reputa dueño hasta que otro no pruebe lo contrario, enseña el artículo 762 del Código Civil. Por lo demás, este proceso no versa sobre la tradición del vehículo (...) ni nadie disputa el dominio del bien.

“Siendo así, la Sala estima que Aleyda Erazo Perafán está legitimada en la causa para reclamar la indemnización, así háyase presentado como propietaria del bien averiado, cuando solo demostró ser su poseedora.

“La víctima de daños antijurídicos debe recibir la indemnización que merezca, sin que para ello sea esencial la definición exacta del tipo de relación jurídica entre el derecho conculcado y la persona titular de ese derecho.

“Como ya lo tiene bien aclarado la Sala, daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no tiene la obligación de soportar. Ese interés legítimo no precisa sino de este carácter para resultar protegido, sin que le corresponda al actor siempre y en todos los casos acertar en la calificación técnica y jurídica de ese interés. Exigir tal precisión desvirtúa por entero el principio iura novit curia, de insustituible valía para que la jurisdicción interprete y aplique el artículo 90 de la Constitución”(6).

Por lo tanto, no le asiste razón al a quo al negar la indemnización reclamada por el señor Edgardo Duncan Peña, por no haber acreditado en este proceso, que era el propietario del vehículo de placa RD-1026, con la matrícula o el certificado expedido por la autoridad de tránsito competente, porque ese derecho no fue objeto de controversia, la cual giró en torno al incumplimiento de los deberes del depositario.

En síntesis, por haberse acreditado que el Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico recibió en depósito el vehículo Renault 4, placa RD-1026 el 14 de junio de 1987 y sin embargo, haber omitido la entrega del mismo al señor Edgardo Duncan Peña, o a su apoderado, en cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla, el 14 de diciembre de 1993, con el argumento de que le resultaba imposible reconocer sus partes, porque el bien estuvo sometido al efecto corrosivo de las lluvias, el sol y las sales, durante los años que duro el depósito, se declarará la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y en consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se dispondrá la indemnización a favor del demandante.

5. Indemnización del perjuicio.

5.1. El daño emergente.

Afirma la entidad demandada que el vehículo de que trata este proceso ingresó a los patios totalmente destrozado por el impacto que recibió en el accidente, esto es, convertido en un conjunto de hierros y latas retorcidos que desnaturalizaron el automotor como unidad. Sin embargo, era ella la llamada a demostrar ese hecho, para lo cual debió aportar el acta de inventario de partes y repuestos correspondiente.

El señor Carlos Enrique de la Vega Lafaurie, funcionario del Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico para la época de los hechos, declaró (fls. 90-91), que para establecer las condiciones en las cuales ingresan los vehículos a los patios de la entidad, “siempre se ha tenido en cuenta un peritazgo por parte de los juzgados y fiscalías, para saber si los vehículos son destruidos totalmente o si los vehículos pueden ser reparados y fijar su estado mecánico y su estado eléctrico y donde pudo haber sido el impacto. También analizar sus líneas de rodamiento”.

Ahora, es cierto que la entidad no acreditó el estado de destrucción del vehículo Renault 4, de placa RD-1026; pero, si está demostrado en el expediente que el mismo sufrió daños considerables como consecuencia del impacto con el vehículo Land Rover, hecho que fue afirmado en la demanda, en la cual se aclaró, además, que el vehículo Renault 4 fue trasladado a los patios del Instituto Departamental de Transporte del Atlántico, “por medio de grúas”.

Los daños sufridos por el automotor que se ordenó entregar al demandante se infieren también de la gravedad del impacto. De ese hecho dio cuenta el Juzgado Catorce de Instrucción Criminal de Barranquilla, en la providencia que dictó el 19 de junio de 1987, por medio de la cual decreto la detención preventiva del señor Jhon Jairo Gualtero Robayo, conductor del vehículo Land Rover que colisionó contra el vehículo Renault 4, por los delitos de homicidio y lesiones personales (fls. 7-11), providencia oponible al señor Edgardo Duncan Peña, porque la aportó con la demanda, y en la cual se hizo el siguiente relato del accidente:

“... viniendo de Cartagena, a bordo de un vehículo Renault 4, placa RD-1026, se encontraban en este Ruth Duncan, quien conducía, Pascual Bravo Restrepo, en el asiento de al lado, Mirian Carreño Vega, su esposa, su hijo Javier Ignacio Bravo Carreño y Carmen Sofía Carreño Vélez, quienes venían en la parte de atrás del vehículo; fueron envestidos por el jeep Land Rover, de placa TP-1865, conducido por Jhon Jairo Gualteros Robayo, quien colisionó en forma impresionante contra el Renault mencionado, produciéndose la muerte de las mencionadas señoras y lesiones personales de graves consecuencias a los restantes pasajeros...”.

Como no obra en el expediente prueba alguna que demuestre cual era el valor del vehículo al momento de la entrega del mismo al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, ni sobre el porcentaje de depreciación del bien durante el tiempo que permaneció en depósito en la entidad, se dispondrá la condena en abstracto del daño emergente, a fin de que en el trámite del incidente que promueva la parte demandante, según lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en los artículos 178 de la misma codificación y 137 del Código de Procedimiento Civil, se determine el valor del vehículo.

Para el efecto se deberá establecer el valor comercial de un vehículo de las características del que se dispuso entregar al señor Edgardo Duncan Peña, esto es, un Renault 4, tipo automóvil, carrocería sedán, ingresado al país en 1978, para el día en el que se ordenó su entrega, es decir, para el 14 de diciembre de 1993, de ese valor se descontará la depreciación natural del vehículo, por el paso del tiempo y el porcentaje que pericialmente se establezca, en consideración a los daños que pudo haber sufrido por el impacto, en el accidente al cual se ha hecho referencia.

Esa suma deberá ser indexada a la fecha del auto en el que se resuelva el incidente, de acuerdo con la variación porcentual de precios al consumidor, aplicando la siguiente fórmula:

 

f1s259.PNG
 

 

Donde:

— Vp: es el valor final de la indemnización.

— Vh: corresponde al capital histórico, esto es, al valor del vehículo para el 14 de diciembre de 1993, fecha en la cual el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla ordeno al Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico la entrega del vehículo al demandante.

— Índice final certificado por el DANE: el de la fecha en la que se profiera el auto de liquidación.

— Índice inicial: el de la fecha en la que se ordeno la devolución del bien.

5.2. El lucro cesante.

No se accederá a la condena por el lucro cesante, porque no se demostró que el demandante ejerciera una explotación regular del vehículo.

En cambio, se reconocerá como lucro cesante, un interés del 6% anual sobre el valor de la indemnización reconocida como daño emergente, desde la fecha en la cual se dispuso la entrega del vehículo, hasta la fecha del auto de liquidación de la indemnización. Este factor hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(7).

El interés legal se habrá de calcular así:

 

f2s259.PNG
 

 

De donde:

I: corresponde al interés liquidado.

C: es el capital, esto es, el valor del vehículo.

R: es la rata mensual (0.5 %).

T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha en la cual se ordenó la entrega del vehículo hasta la fecha del auto en el que se liquide la indemnización.

En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida el Tribunal Administrativo de Atlántico —Sala de Descongestión— Sala Quinta de Decisión, el 14 de junio de 2001 y, en su lugar, se DECIDE:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad propuesta por el Instituto de Transporte y Tránsito del Atlántico.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico de los perjuicios materiales sufridos por el señor Edgardo Duncan Peña, por la omisión de entregarle el vehículo Renault 4, de placa RD-1026.

3. Condénase in genere a la parte demandada por concepto de perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante por las sumas que se determinen en el trámite incidental, de acuerdo con las pautas señaladas en la parte motiva de esta providencia.

4. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(2) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1995 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 9.660,000.

(3) Sentencia del 14 de julio de 1988, Expediente 4159.

(4) Sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente 12.231 y de 27 de noviembre de 2002 Expediente 13.632, de 20 de febrero de 2008, Expediente 21.695, C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Sentencia de 22 de abril de 2009, Expediente 16.679, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(6) Sentencia de 22 de agosto de 1996, Expediente 11.211, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Este criterio fue reiterado en sentencia de 19 de septiembre de 2011, Expediente 21.600, C.P. Ruth Stela Correa Palacio.

(7) En sentencia del 7 de marzo de 1990, Expediente 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, mas intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.