Sentencia 1996-00286 de febrero 8 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 05001-23-25-000-1996-00286-01(21521)

Actor: María Lucía Olarte Areiza y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa - apelación

Consejera ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil doce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala de descongestión con sede en Medellín, el 30 de marzo de 2001, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se decidió no condenar en costas. La sentencia recurrida será revocada.

Antecedentes

1. Las pretensiones.

Mediante escrito presentado el 29 de febrero de 1996 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora María Lucía Olarte Areiza, quien actúa en nombre propio y en el de sus hijos menores de edad Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto y Wilman Albeiro Quintero Olarte, así como los señores Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Luz Dary, Ruth Marina y Luz Emilce Quintero Olarte, formularon demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable a esa entidad de los daños y perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte de su esposo y padre Jorge de Jesús Quintero Zapata y de su hijo y hermano Yon Jairo Quintero Olarte, en hechos ocurridos el 4 de marzo de 1994, en el municipio de Yarumal, Antioquia.

A título de indemnización, se solicitó en la demanda el pago de las siguientes cantidades: (i) por los perjuicios morales, el equivalente en moneda nacional a 2000 gramos de oro para cada uno de los demandantes y (ii) por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, consistente en la pérdida de la ayuda económica que les deparaba su esposo y padre, como mínimo las siguientes sumas de dinero: para María Lucía Olarte Areiza $ 15.371.528, para Everardo Everlides Quintero Olarte $ 1.550.224, para Jhony Alberto Quintero Olarte $ 1.254.717, para Wilman Albeiro Quintero Olarte $ $ 650.786 y para Zoraida Lucía Quintero Olarte $ 2.348.074.

2. Fundamentos de hecho.

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, en la demanda se señaló que para el 4 de marzo de 1994, la familia Quintero Olarte —campesinos agricultores— se encontraba en su “pequeña finca” ubicada en la vereda Ventanitas del municipio de Yarumal, Antioquia, cuando a las 11.30 p.m., miembros de la Policía Nacional arribaron al lugar y con sus armas de dotación oficial dieron muerte a los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata —padre— y Yon Jairo Quintero Olarte —hijo—, a quienes tildaron de guerrilleros a pesar de que este último era soldado profesional, adscrito al Batallón Vélez del municipio de Carepa, Antioquia.

3. La oposición de la demandada.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, respecto de los hechos señaló que se atenía a lo que resultara acreditado en el expediente y que coadyuvaba la petición de pruebas de la demanda.

4. La sentencia recurrida.

El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda en consideración a que si bien se acreditó que por la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, ocurrida el 5 de marzo de 1994, en la vereda Ventanitas del municipio de Yarumal, Antioquia, se adelantó una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la República, la misma concluyó con fallos absolutorios a favor de los agentes de la Policía Nacional entonces investigados. Así mismo, precisó el a quo que en el expediente contencioso administrativo no obra prueba alguna que dé cuenta acerca de que las referidas muertes fueron perpetradas por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones ni tampoco, que la Administración hubiera colaborado, propiciado o permitido la acción de terceros, en los hechos sucedidos a la media noche del 4 de marzo de 1994, en los que resultaron muertos los mencionados señores.

5. Lo que se pretende con la apelación.

La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia proferida por el tribunal a quo y que en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, en atención a que el material probatorio que obra en el expediente sí es suficiente para acreditar que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, ocurrida el 4 de marzo de 1994 a la media noche, en el municipio de Yarumal, Antioquia, se derivó de una falla del servicio en la que incurrió la Policía Nacional, toda vez que fueron sus agentes, en ejercicio de sus funciones quienes de forma alevosa les quitaron la vida, en asocio con un grupo paramilitar que operaba en la zona.

6. Actuación en segunda instancia.

Del término concedido en esta instancia para alegar de conclusión sólo hizo uso la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, entidad que solicitó que la sentencia impugnada fuera confirmada, dada la ausencia en el expediente de pruebas que vinculen la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte con alguna conducta de la Administración. Así mismo, señaló que si “en gracia de discusión” se estableciera la participación de algún agente estatal en los hechos de la media noche del 4 de marzo de 1994, tal intervención debía ser entendida como un hecho propio del agente, de su esfera personal, desligado completamente del servicio.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquella exigida para el efecto, en relación con una acción de reparación directa (D. 597/88)(1).

2. Responsabilidad de la entidad pública demandada.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de revocarse dado que el acervo probatorio recaudado permite imputar a la demandada el daño por el cual se reclama indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones.

2.1. La existencia del daño.

2.1.1. La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, se acreditó con: (i) la copia auténtica de sus registros civiles de defunción, en los cuales se consignó que aquellas tuvieron lugar el 5 de marzo de 1994 en el municipio de Yarumal, Antioquia y que su causa principal fue: “laceraciones múltiples. Cerebral” la del primero y un “shock hipovolémico. hipertensión introcraneana” la del segundo (fls. 4 y 5, cdno. 1) y, (ii) la copia auténtica de las actas de los protocolos de necropsia practicadas a los cadáveres de dichos señores, el 5 de marzo de 1994 por los médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Regional Nor-Occidente, según las cuales:

— El cuerpo del señor Yon Jairo Quintero Olarte presentaba 7 impactos de proyectil de arma de fuego que causaron:

“Múltiples laceraciones cerebrales en el lóbulo frontal y occipital derecho, lóbulo temporal izquierdo con herniación de amígdalas cerebrales. Herida de aorta ascendente, lóbulo superior y ápex izquierdo y ápex derecho que ocasionan hemotórax bilateral” (fls. 56 a 59, cdno. 1).

De los 7 impactos de proyectil presentes en el cuerpo de Yon Jairo Quintero Olarte, 3 se ubicaron en el cráneo así:

“Orificio de entrada 5. En arco nasal del ojo izquierdo de 1x1 centímetro de diámetro con estallido de globo ocular.

Orificio de salida 5. En región occipital derecha de 2x2 centímetros de diámetro con trayectoria de adelante atrás izquierda a derecho y de arriba abajo.

O.E. 6. En región del seno frontal izquierdo de 0.5x0.5 centímetros de diámetro.

O.S. 6. En región retroarticular izquierdo de 2x2 centímetros, con trayectoria de arriba a abajo de derecha a izquierda.

O.E. 7. En región parieto-temporal derecha ce 1x1 centímetro de diámetro.

O.S. 7. En región cigomática derecha de 2x1 centímetros de diámetro con bordes irregulares con trayectoria de atrás a adelante y de arriba abajo.

Todos los orificios de entrada menos el O.E.7 tienen bordes hemorrágicos” (fl. 58, cdno.1).

— El cuerpo del señor Jorge de Jesús Quintero Zapata presentaba 6 impactos de proyectil de arma de fuego que causaron:

“Laceración severa encefálica con compromisos de lóbulo parietal, temporal y occipital derechos ocasionados por proyectil de arma de fuego (...), laceración de tráquea ocasionada por proyectil (...)” (fls. 60 a 62, cdno.1).

De los 6 impactos de proyectil presentes en el cuerpo de Jorge de Jesús Quintero Zapata, 3 se ubican en el cráneo así:

“O.E. 2. En mejilla izquierda en arco cigomático de 0.5x0.5 centímetros de diámetro con una trayectoria de izquierda a derecha.

O.S. 2. En arco cigomático derecho de 0.5x0.5 centímetros de diámetro.

O.E. 3. De 1x1 centímetro de diámetro en región retroarticular izquierda.

O.S. 3. De 15x15 centímetros de diámetro con exposición de masa encefálica en región occipital derecha con trayectoria de arriba abajo y de adelante a atrás.

O.E. 4. A nivel infraorbitario izquierdo de 0.5x0.5 centímetros de diámetro.

O.S. 4. En lóbulo occipital derecho” (fl. 61, cdno.1).

2.1.2. Se estableció igualmente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, causó perjuicios morales a la señora María Lucía Olarte Areiza, quien demostró ser la esposa del primero y la madre del segundo, con la copia auténtica del registro civil de su matrimonio con el señor Quintero Zapata y del registro civil de nacimiento del señor Quintero Olarte (fls. 6 y 8, cdno. 1).

Así mismo se acreditó que las referidas muertes causaron perjuicios morales a Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina y Luz Emilce Quintero Olarte, quienes demostraron ser hijos de Jorge de Jesús Quintero Zapata y hermanos de Yon Jairo Quintero Olarte, con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos y del señor Yon Jairo Quintero Olarte, donde aparecen como padres de todos ellos los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y María Lucía Olarte Areiza (fls. 6, 10 y 12 a 20 cdno. 1).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad, entre los demandantes y los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron por la muerte de sus seres queridos. Pero, además de esa inferencia, dicho perjuicio quedó acreditado con los testimonios que rindieron ante el comisionado Juzgado Civil Municipal de Yarumal, Antioquia, el 10 de diciembre de 1996, los señores Carlos Enrique Blandón, Libardo Mazo y William de Jesús López (fls. 67 a 69, cdno.1), quienes manifestaron conocer a la familia de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, por residir todos en la misma vereda y que les constaba el profundo dolor sufrido por los demandantes como consecuencia de la muerte de sus respectivos esposo y padre e hijo y hermano.

Respecto de Luz Dary Quintero Olarte, quien concurrió al proceso en calidad de hija y hermana, respectivamente, de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, aclara la Sala que dicho parentesco no está demostrado, toda vez que en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento no aparecen los nombres de sus progenitores (fl. 11, cdno. 1). No obstante lo anterior, en los referidos testimonios los declarantes aseguraron conocer a Luz Dary Quintero Olarte como hija de Jorge de Jesús Quintero Zapata y hermana de Yon Jairo Quintero Olarte, con quienes vivía y eran muy unidos y que por esa razón tanto ella como los demás miembros de su familia, sufrieron tristeza o congoja por la muerte de aquellos, es decir, si bien no está acreditado el parentesco que supuestamente la unía con los fallecidos, demostró el daño que sufrió con la muerte de Jorge de Jesús y Yon Jairo.

2.1.3. Así mismo, están demostrados los perjuicios materiales padecidos por la señora María Lucía Olarte Areiza —cónyuge superstite— y por los menores Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto y Wilman Albeiro Quintero Olarte —hijos—, en la modalidad de lucro cesante, dado que según las declaraciones ya referidas, rendidas por los señores Carlos Enrique Blandón, Libardo Mazo y William de Jesús López, para el momento de los hechos el señor Jorge de Jesús Quintero Zapata se desempañaba en las labores propias del campo y con lo que por ello devengaba, se encargaba del sostenimiento de su hogar, situación que —estima la Sala— se mantendría cuando menos, por el resto de la vida probable de aquel respecto de su esposa —toda vez que era mayor que su cónyuge— y hasta cuando los hijos cumplieran los 25 años de edad —bajo el entendido de que en ese momento se emanciparían del hogar paterno—; asistencia de la que dicha señora y los menores se vieron privados como consecuencia de la prematura muerte de su esposo y padre.

2.2. La imputación del daño a la entidad pública demandada.

La parte actora imputa a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, ocurrida la media noche del 4 de marzo de 1994, en área rural del municipio de Yarumal, Antioquia, en tanto afirma que fue perpetrada por miembros de dicha institución, en ejercicio de sus funciones y en asocio con un grupo de limpieza social que operaba en la zona.

Para efectos de estudiar la responsabilidad demandada se apreciarán los documentos que en copia auténtica fueron aportados al proceso, así como las pruebas trasladadas del proceso disciplinario radicado con el 008-144409 que tramitó la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros, por la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, en contra de los agentes de la Policía Nacional: Capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, Teniente Juan Carlos Meneses Quintero, Subteniente Franklin Alexander Téllez Arévalo, Cabo Segundo Jairo Rodríguez Vanegas y del agente Norbey de Jesús Arroyave Arias, las cuales podrán ser valoradas como quiera que fueron aportadas en copia auténtica y su incorporación al expediente fue solicitada por ambas partes.

Precisa la Sala que toda vez que el artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-392 de 2000(2), de las pruebas se excluirán los testimonios de personas acogidas a la reserva de identidad de la que trataba esa norma, vigente para la fecha de su recepción, rendidos dentro de la mencionada investigación o ante la dirección regional de fiscalías, estos últimos, trasladados al aludido proceso disciplinario.

En efecto, el original artículo 293 del Decreto 2700 de 1991(3), mediante el cual se previó la posibilidad de reservar la identidad de quienes rinden testimonio “cuando se trate de procesos del conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos”, fue inicialmente declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-053 de 1993(4), bajo el argumento de que el solo hecho del anonimato del testigo en circunstancias especiales, como por ejemplo si su vida o integridad personal corrían peligro, no representaba en modo alguno “la indefensión del sindicado” en tanto se le garantizara la posibilidad de controvertir las pruebas que se esgrimieran en su contra y de hacer valer las que lo favorecieran —núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio—, además, se insistió en que el uso de la figura del testigo con identidad reservada debía ser excepcional y siempre con la presencia y vigilancia del Ministerio Público.

Posteriormente, el mencionado artículo 293 del Código de Procedimiento Penal fue modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993(5) y, mediante Sentencia C-394 de 1994, la Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2º y 3º del mismo, a pesar de que aquellos no resultaron modificados y que su constitucionalidad ya había sido declarada en la citada Sentencia C-053 de 1993; en esta oportunidad consideró la Corte Constitucional:

“Ahora bien, el hecho de que la Corte haya considerado que la reserva de la identidad de los testigos en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias se aviene a la Constitución Política, no implica que puedan estimarse ajustadas a ella las normas que de cualquier manera coarten el derecho del sindicado a controvertir las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso penal, para lo cual es menester que las conozca. En tal virtud, los acápites normativos que se analizan [los inc. 2º y 3º] resultan inconstitucionales por cuanto violan el derecho de defensa del sindicado, toda vez que al imponerse la reserva a algunos apartes de la declaración del testigo no puede ejercer adecuadamente su derecho a controvertir las pruebas allegadas en su contra (C.P., art. 29)”.

Más adelante, el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal fue modificado por el artículo 17 de la Ley 504 de 1999(6), “por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991...”, norma que a su vez fue declarada inconstitucional mediante la Sentencia C-392 de 2000(7). En dicha ocasión consideró la Corte Constitucional, que si bien en anteriores oportunidades había declarado exequible la figura de los testigos con reserva de identidad, ello había ocurrido “bajo la convicción de que se trataba de una normatividad que obedecía a una situación socio-política excepcional y que debía ser temporal y no permanente”. Los argumentos que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad de la figura en comento fueron los siguientes:

“La Corte considera que las normas mencionadas [L. 504/99, art. 17] son inconstitucionales, por las siguientes razones: (...).

En lo que concierne a la reserva de identidad de los testigos, se anota:

Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad.

Podría aducirse en pro de la constitucionalidad de la institución cuestionada, que lo que en definitiva importa es lo que dice el testimonio, y no quién es el testigo; y, además, podría agregarse que conocida tal declaración, existirá la posibilidad de interrogación posterior al testigo sobre lo declarado.

Sin embargo, tal argumentación resulta un sofisma inaceptable a la luz de la Constitución y de principios elementales del derecho probatorio. En efecto, para nadie es desconocido que las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción, cual sucede por ejemplo, si el testigo ciego afirma haber visto algo, y se discute por el sindicado si aquel tiene un sentido de la vista normal, disminuido, o carece del mismo por completo; e igual podría predicarse de quien afirma haber oído siendo sordo; o igual sucedería cuando el testigo asevera haber visto y oído, con explicación sobre lo que oyó y lo que vio, con profunda convicción personal de que así en efecto ocurrió, asunto que podría ser objeto de discusión por el sindicado que intentara la demostración de que el declarante no faltó a la verdad, pero padece de alucinaciones visuales o auditivas, o de ambas, en razón de padecer una esquizofrenia. Del mismo modo, la relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a las psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquel declara, de esta manera se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de las que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo.

— En cuanto a la protección de los testigos, es de considerar que entre las funciones que la Constitución asigna a la Fiscalía General de la Nación en su artículo 250, se encuentra la de "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”, razón por la cual no podría, en principio, sostenerse que una norma legal dirigida a asegurar dicha protección resulte contraria a la Constitución.

Sin embargo, nótese bien que para el cumplimiento de dichos programas no se requiere, según las voces de la Carta, concepto previo de la Procuraduría General de la Nación, ni favorable ni desfavorable. Por ello, en desarrollo de tales programas, no podía establecerse la necesidad de dicho concepto, como lo hace el artículo 17 de la Ley 504 de 1999.

No obstante, lo anterior no significa ni puede significar que cualquier norma referida al programa de protección a los testigos e intervinientes en el proceso resulte conforme a la Constitución, pues, si con ello se vulnera el debido proceso público a que tienen derecho los justiciables conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta, deberá ser declarada inexequible.

Eso es lo que ocurre con la institución que autoriza la existencia de “testigos con reserva de identidad” en los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5º de la Ley 504 de 1999, como quiera que puede protegerse al testigo de manera diferente a la de ocultarle al procesado quién es la persona que declara contra él.

De esta suerte, ha de concluirse entonces que la reserva de identidad de los investigadores, juzgadores y testigos resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso consagrada por el artículo 29 de la Carta.

Por lo anterior, constituyendo las normas acusadas de los artículos 12, 13, 15, 17, 18 y 44 un todo jurídico inescindible serán declaradas inexequibles. Pero advierte la Corte que la declaración de inexequibilidad del artículo 17, por las razones indicadas, no inhibe a la Fiscalía para asegurar la protección de los testigos de acuerdo con el artículo 250-4 de la Constitución y las normas que regulan el programa de protección para víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación”.

Dichos argumentos son compartidos por la Sala in extenso, pues resulta claro que aunque los testimonios de personas con identidad protegida, trasladados debidamente a este proceso, de la investigación adelantada en su momento por la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a su recepción se ajustan a las normas vigentes en dicho momento, su valoración en esta oportunidad contradice los postulados de publicidad del proceso y contradicción de la prueba y, en ese orden de ideas, la garantía constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución de 1991 y además —por tales razones—, al haber sido expulsada dicha figura del ordenamiento jurídico —con efecto general inmediato— impone su no apreciación para efectos del sub examine.

Acerca de este último punto, es decir, de la vigencia en el tiempo de las leyes reguladoras de la valoración de los medios de prueba, conforme a autorizada doctrina nacional:

“c) Leyes reguladoras del valor de convicción de cada medio o del conjunto llevado al juicio. El caso de estas leyes es diferente al de las anteriores. Ya no se trata de regular una formalidad del proceso, sino el mérito que el juez debe reconocerle a cada prueba y a su conjunto, es decir, la actividad intelectiva (lógica, sicológica) y técnica del juez.

Dos casos pueden presentarse: 1) La ley nueva consagra en general un sistema de apreciación de la prueba judicial distinto al que existía, por ejemplo, de libertad para el juez en lugar de tarifa legal o viceversa, o lo hace más amplio o lo restringe, y 2) la ley nueva varía ese sistema únicamente respecto de cierto medio, como los testimonios.

En el primer caso, indudablemente la vigencia de la ley nueva es general y se aplica no solo a las pruebas de hechos ocurridos antes de ella, sino a las allegadas al proceso en curso y aun cuando hayan sido practicadas antes de entrar a regir. Se trata, advertimos, de simples medios de prueba y no de requisitos para la validez o la existencia del acto. Sería absurdo que el juez estuviera obligado a sujetarse al sistema anterior en aquellos casos.

(...).

... en el caso inverso, de que la ley nueva restringe el mérito de convicción de un medio (no que lo prohíbe para ciertos actos), también tiene aplicación general, inclusive a hechos acaecidos antes; por ejemplo, si se exigiera la prueba de tres testigos por lo menos, cuando la ley anterior aceptaba dos o uno. Nadie puede alegar derechos adquiridos sobre el mérito de convicción de una prueba exigida simplemente ad probationem, porque con eso no se está desconociendo su derecho ni negándose su pretensión, sino regulando la manera de llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos que lo fundamenten”(8).

Postura compartida por la honorable Corte Suprema de Justicia(9):

“Ciertamente, una de las manifestaciones del falso juicio de convicción consiste en apreciar un medio de convicción al cual la ley no le ha conferido eficacia probatoria alguna, como en este caso a los testimonios bajo reserva de identidad, cuya consagración fue retirada del ordenamiento jurídico en virtud de su contrariedad con la Carta Política por la Sentencia C-392 de 2000 (abr. 6).

Pero el censor elude abordar algunos aspectos trascendentales en torno a la aducción de los señalados testimonios.

En primer lugar, se tiene que, como lo destaca el Procurador, el numeral duodécimo de la parte resolutiva de la sentencia de constitucionalidad en referencia señaló que la declaración surtía efectos a partir de su comunicación al Gobierno Nacional, es decir, hacia el futuro. Esta precisión reporta efectos sobre la legalidad de los testimonios en cuestión, pues ellos fueron recaudados durante la vigencia del artículo 22 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el 1º del Decreto 099 de 1991, a su vez adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991, en relación con el testimonio rendido el 15 de abril de 1993 dentro de la radicación 25.187 a la cual también había sido previamente incorporado (homicidio y secuestro de Francisco Valdeblánquez y otro) y traído como prueba trasladada a la actuación preliminar por el homicidio de los esposos Waked, así como la del artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, reformado por el 37 de la Ley 81 de 1993, respecto del restante.

Si se revisan las actas correspondientes a las declaraciones objetadas, es fácil advertir que en el transcurso de las mismas hizo presencia el respectivo agente del Ministerio Público y que cada uno de los testigos estampó allí la huella de su índice derecho, circunstancia de la que dejó clara certificación el aludido funcionario.

Conforme a ese marco, no es factible aducir la ilegalidad de las pruebas así aducidas, por cuanto fueron recaudadas de acuerdo con las normativas que les daban viabilidad.

Ahora, en segundo lugar, surge evidente que con posterioridad al pronunciamiento de inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 504 de 1999, mediante Sentencia C-392 del 6 de abril de 2000, los testimonios bajo reserva de identidad, así hayan sido obtenidos con anterioridad y conforme a las disposiciones que los consagraban, no pueden ser objeto de evaluación probatoria por parte de los funcionarios judiciales en cuanto resultan violatorios de los principio de publicidad del proceso, de la imparcialidad del juez y de la contradicción de la prueba” (resaltado no original).

Así conformado el acervo probatorio, la Sala observa que no existe prueba directa que acredite que los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte hubieran sido asesinados por miembros de la Policía Nacional, no obstante, dicha circunstancia se encuentra acreditada con fundamento en pruebas indiciarias, las cuales en casos como el presente, por la complejidad de la acción desplegada, se convierten en los medios probatorios más idóneos para fundamentar la imputación que se haga al Estado por la ocurrencia del daño reclamado en la demanda(10). Sobre esta prueba la Sala sostuvo lo siguiente:

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos:

— Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso.

— Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento.

— Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.

— El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.

(...).

Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, solo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata.

La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinan si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar”(11).

2.2.1. Los hechos indicadores demostrados en el sub examine.

El acervo probatorio recaudado demuestra la existencia de varios hechos indicadores, que analizados bajo los parámetros de la sana crítica, permiten concluir la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional por la muerte de Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte. Tales hechos son:

Desde el mes de junio de 1993, en el municipio de Yarumal, Antioquia y su zona rural, se presentaron una serie de homicidios selectivos, perpetrados en contra de personas que eran tildadas de ser guerrilleros, delincuentes y consumidores o expendedores de narcóticos, hechos respecto de los cuales, la comunidad señaló a miembros de la Policía y del Ejército Nacional como partícipes. Así se acreditó con las siguientes pruebas:

— Denuncia formulada bajo la gravedad de juramento el 26 de noviembre de 1996, por la personera municipal de Yarumal Liliam Soto Cárdenas, ante la unidad seccional de Fiscalía de Yarumal, oportunidad en la cual manifestó que había recibido amenazas anónimas telefónicamente y mediante panfletos, ocasiones en las cuales se la conminaba a dejar de investigar al personal de la Policía Nacional y del Ejército por las muertes selectivas que se presentaban en ese municipio (fls. 48 a 52, cdno. pruebas). Señaló la denunciante:

“... recibí una llamada en la cual me manifestaban que no continuara investigando a la Policía y el Ejército y que si lo hacía, la consecuencia era la muerte (...)” (copia auténtica fl. 48, cdno. pruebas).

— Testimonio rendido bajo la gravedad de juramento por la abogada Liliam Soto Cárdenas, personera municipal de Yarumal, Antioquia, el 7 de febrero de 1994 —es decir, antes de que ocurriera la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte—, ante la procuraduría delegada para los derechos humanos.

Se advierte que si bien la declarante da cuenta de hechos presenciados de manera directa por ella, otros corresponden a información contenida en testimonios o denuncias recibidos en razón de sus funciones como personera municipal de Yarumal, es decir, en algunos aspectos su testimonio es oídas y será tenido en cuenta comoquiera que cumple con los elementos que han sido considerados como relevantes al momento de valorar este tipo de declaraciones.

La Sala(12) ha señalado que para evitar que los hechos le lleguen alterados, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: (1) las calidades y condiciones del testigo de oídas; (2) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; (3) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas y (4) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado.

En efecto, como más adelante se verá, el testimonio rendido por la señora Liliam Soto Cárdenas hace referencia a los relatos que terceros -identificados a lo largo de su declaración- le hicieron sobre hechos que ellos vivieron o presenciaron de forma directa; estas narraciones además, llegaron a la declarante con ocasión de sus funciones como personera municipal de Yarumal, cargo en ejercicio del cual adelantó investigaciones sobre los sucesos de los que da cuenta en su testimonio, así:

“PREGUNTADA: Sírvase manifestarnos qué conocimiento tiene acerca de los hechos violentos que han afectado al municipio de Yarumal desde el mes de junio de 1993, y que hacen relación con el denominado proceso de “limpieza social” en contra de personas dedicadas al hurto y al consumo y venta de estupefacientes dentro de la localidad. CONTESTÓ: Tuve conocimiento que entre los meses de junio a noviembre el número de muertes violentas en el municipio de Yarumal aumentó, en todos estos homicidios el sindicado era NN y las personas que daban de baja tenían condiciones sociales similares, al mismo tiempo se presentaban a mi despacho personas que me manifestaban que se encontraban en una lista y que su vida corría peligro, algunas de ellas murieron en las condiciones antes anotadas, otras se fueron de Yarumal y hay algunos que continúan allí, estas personas manifestaban que eran perseguidas por un grupo de limpieza que estaba patrocinado por comerciantes e integrado por agentes de la Sijín, del Ejército y particulares, otros manifestaban que la Sijín no intervenía en dicho grupo directamente sino que lo acolitaba. Ninguna de las personas que se acercó a mi oficina quiso declarar bajo la gravedad de juramento por los riesgos que ello implicaba, las versiones que daban las diferentes personas en forma verbal coincidían en relación con los integrantes y patrocinadores. Me manifestaban que los integrantes eran [se mencionan nombres propios de particulares] (...), estos hacían parte del grupo de limpieza en coordinación con miembros del Ejército de los cuales nunca me dieron detalles, decían que salían a identificar a las personas que iban a dar de baja acompañados de militares, seleccionaban las personas que debían ejecutar. En alguna ocasión me manifestaron que los integrantes de la Sijín en especial “el Ruso” hacía parte de este organismo. (...) A mi despacho se acercaron personas a manifestar que tenían conocimiento de los hechos, tales como un señor de apellido Zabala, él es minero y su hermana tenía una ruta de Colanta que recogía leche por los lados de Valdivia, y unas personas le empezaron a hacer la competencia, (...) entonces esa señora los amenazó con la guerrilla y hubo algún tipo de conflicto, por esta razón amenazaron al señor Zabala porque creían que era guerrillero. (...) Se presentó también un muchacho Javier Oswaldo, quien estudia en el nocturno y se puede conseguir en el teléfono (...) Él me manifestó que ese grupo venía operando desde junio de 1993, que a él le habían ofrecido trabajo, (...) También se presentó a mi despacho Carlos Manuel Alzate quien me dijo que si no tenía conocimiento del grupo que estaba operando en el municipio y que denominaban Los apóstoles, yo le manifesté que no y ya él me dio la información que poseía. Me dijo que operaban en coordinación con el Ejército, que eran auspiciados por comerciantes (…) se abstuvo de decirme nombres, (...) Esta declaración se encuentra también en el informe de derechos humanos que presenté a la Procuraduría y en el casette que dejé a disposición de los Jueces Regionales, se corrige, de los fiscales regionales. (...) Se presentó otro joven que le decían Pangara se llamaba Luis Arnulfo Pérez, eso fue en junio del año pasado, él me manifestó en denuncia escrita que los agentes del F-2 lo habían amenazado, como no había elementos de prueba yo procedí a remitirla al comando para que allí tomaran medidas internas con estos agentes de las cuales no supe si fueron efectivas, días después Luis Arnulfo Pérez murió con las características de los homicidios que se han relacionado. Se presentó también un señor llamado Luis Alfonso Morales quien habitaba en el sector de Los Tugurios y había presenciado el día anterior la muerte de su vecino Martín Vera Mazo, me manifestó que lo tenían en una lista, que si le podía colaborar para sacar las cosas del tugurio. En el municipio no había carros disponibles, entonces solicité la ayuda de la policía que me manifestó que por razones de orden público no podían desplazarse a dicho lugar, más o menos a los dos días varios encapuchados aparecieron en la Calle Caliente y lo mataron. Se presentaron varias personas de las que no recuerdo el nombre, sí sé que pertenecen a una familia Giraldo y que han estado varias veces detenidos en el comando, ellos me manifestaron igualmente que estaban en una lista, luego empezaron a inquietarse los inspectores de los corregimientos porque aparecían acompañando al Ejército personas encapuchadas, al mismo tiempo empezaron a matar personas en los corregimientos, concretamente, en El Cedro y en El Pueblito, los autores aparecían encapuchados. (...). En esos mismos días se recibió un memorial en que los habitantes del corregimiento de Cedeño denunciaban que se encontraban amenazados y que ya habían matado a unos de sus vecinos supuestamente porque colaboraban con la guerrilla, manifestaron que los integrantes de dicho grupo son del Ejército y del F-2, cuando se refieren al F-2 quiere decir a la Sijin y en el mismo memorial dicen que son auspiciados son pagados por un grupo de ganaderos y comerciantes. (...). En alguna ocasión, ya después de haber presentado informes a la Procuraduría, es decir que el problema de Yarumal se conocía a un nivel departamental, sostuve conversación con el capitán de la policía de apellido Benavides quien en su escritorio me señaló “vea es que ya estamos recogiendo las pruebas para mostrar que los muertos han sido hechos independientes” (...). que todos los casos eran independientes. También es importante anotar que más o menos entre los primeros días de diciembre se presentó a mi despacho la presidenta de la acción comunal de Buenos Aires porque el Ejército había retenido a un joven de ese barrio, del cual no me acuerdo el nombre, entonces por esta razón me tocó desplazarme a la base militar en compañía de la policía porque no encontré otro medio de transporte y allí me atendió un teniente de apellido Rayo Oviedo quien me dijo que habían remitido al joven al Batallón Girardot y en ese momento vi un soldado con pasamontañas, pero sentí temor de explicarles que eso estaba prohibido, pues me encontraba sola con esas dos fuerzas en dicho lugar y ya había sido amenazada. (...) PREGUNTADA: Sírvase manifestar qué otro hecho relacionado con este fenómeno ha tenido ocurrencia en Yarumal y en el cual se encuentren vinculados agentes del Estado. CONTESTÓ: Si, hay casos en que han matado delincuentes los agentes de la Sijín diciendo que fue un operativo y que tuvieron que defenderse, pero nunca aparecen ellos heridos y no se encuentran señales de un enfrentamiento grave. (...) PREGUNTADA: Sírvase manifestar qué otros puntos coincidentes ha hallado usted en los procedimientos llevados a cabo por el grupo de Los Apóstoles al momento de ejecutar sus delitos. CONTESTÓ: Inicialmente aparecían los muertos con poquitos tiros y prácticamente uno mortal en la cabeza, después cambió, más o menos a partir o un poquito antes de la muerte de un muchacho Posada que fue en la vereda San Roque, cuando perpetraron los hechos en el campo en la zona rural aparecían más hombres, generalmente, realizaban sus operaciones en las horas de la noche y en lugares solitarios, no lo hacían en calles céntricas, excepto los homicidios ocurridos en la Calle Caliente, que inclusive la Policía se encontraba a pocos metros (…). PREGUNTADA: Manifieste si usted considera que el capitán Pedro Manuel Benavides, en su condición de comandante de la estación de policía de Yarumal, tiene algún tipo de responsabilidad activa u omisiva en estos acontecimientos. CONTESTÓ: Tampoco sé si activa, pero sí estoy segura que fue omisiva, de un lado por comentarios, (...) además muchas personas comentan que la policía se saluda frecuentemente con los integrantes de esta banda, refiriéndome a “Los Apóstoles”, inclusive un día que estaba este señor Zabala (...) en mi oficina y me los estaba mostrando por la ventana y en esas pasaba por una de las diagonales del parque una patrulla y paró y los saludó a los de la banda, y otros dicen que entran mucho al comando y que donde ellos están requisan a todo el mundo menos a ellos, además el capitán Benavides patrullaba toda la noche, parece imposible que tantos homicidios y no hubiera actuado eficientemente en ninguno estando siempre en las calles del municipio (...)” (copia auténtica a fls. 129 a 136, cdno. pruebas).

La declaración de la señora Soto Cárdenas le permite concluir a la Sala que los hechos catalogados de “limpieza social” que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal eran de conocimiento generalizado, tanto por sus habitantes como por las autoridades del lugar y que incluso, existían serios indicios de que miembros de la Policía y del Ejército Nacional hacían parte del grupo de perpetradores o al menos, que toleraban o colaboraban con el mismo. En razón de lo anterior la personera municipal se convirtió en la receptora de las denuncias y quejas de los ciudadanos que sentían que su vida peligraba y con ocasión de las indagaciones y reportes efectuados por ella, recibió amenazas anónimas.

(ii) Las 7 vainillas recuperadas por parte de la inspección de policía primera municipal de Yarumal, en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil galil calibre 7.62 mm Nº B-1912543, asignado al teniente de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero, comandante de dicha Estación para la época de los hechos. De ello dan cuenta:

El informe del estudio de balística comparativo, rendido por la Fiscalía General de la Nación - Cuerpo Técnico de Investigación-División Criminalística - Labici - Balística y Explosivos, fechado el 16 de enero de 1995 (en copia auténtica a fls. 117 a 138, cdno. pruebas), en asocio con la providencia de 29 de mayo de 1998, de formulación de cargos de la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos en contra de los siguientes miembros de la policía nacional: el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, el capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el cabo segundo Jairo Rodríguez Venegas, el Agente Norbey de Jesús Arroyabe Arias (en copia auténtica a fls. 370 a 404, cdno. pruebas); documentos que dan cuenta acerca de los resultados obtenidos al analizar las 7 vainillas recuperadas por parte de la inspección de policía primera municipal de Yarumal, cuando se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, elementos que fueron cotejados con las vainillas provenientes de los disparos de todas y cada una de las armas oficiales de la estación de policía de Yarumal, recaudadas por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en visita especial a dicho comando.

Según el informe de balística, al llevar a cabo los cotejos microscópicos correspondientes, se logró establecer la identidad de los elementos analizados y se determinó que las 7 vainillas fueron percutidas en el fusil Galil calibre 7.62 mm Nº B-1912543, el cual, según la providencia de formulación de cargos que alude al acta de la visita especial practicada en las oficinas de la estación de policía de Yarumal, cuadro de armamento de dotación, estaba asignado al teniente de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero, comandante de dicha estación para la época de los hechos:

Señala el informe en lo pertinente:

“4. Se comparen las vainillas incriminadas con las obtenidas en las pruebas y se determine si existe o no identidad en las huellas impresas por los mismos en el proceso de disparo.

Con base en los resultados del Cotejo de las vainillas calibre 7.62 mm incriminadas entre sí (evidencia Nº 6 y Nº 7, Bolsa Nº 2) y con las vainillas patrones recibidas en las bolsas Nº 5 y Nº 6, se logró establecer su identidad determinando que todas las siete (7) vainillas fueron percutidas en el fusil galil calibre 7.62 mm Nº 8-1912543 (según rótulo recibido)” (subrayado original, copia auténtica del informe de balística, fl. 137, cdno. pruebas).

Al respecto, en la providencia mediante la cual se formularon cargos en contra de varios miembros de la Policía Nacional, se consignó:

“De otra parte, tenemos que en el lugar donde se dio muerte a Jhon Jairo Quintero Olarte y Jairo (sic) Quintero Zapata (...) en hechos ocurridos en la población de Yarumal el 5 de marzo de 1994, fueron recuperadas algunas vainillas por parte de la inspectora primera municipal de Yarumal, cuando se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres. A su vez los funcionarios comisionados para la presente investigación practicaron visita especial en la estación de policía de Yarumal y efectuaron disparos con todas y cada una de las armas oficiales y procedieron a embalarlas; efectuado lo anterior, se solicitó a la Fiscalía Seccional de Yarumal, prestara a la Procuraduría General de la Nación las vainillas a que hemos hecho mención y se mandaron a examinar en la sección científica de la Fiscalía General de la Nación, cuyo informe está contenido en el Oficio 0310 CTI-BJ-3039 que al dar respuesta al cuestionario expuesto y realizar los cotejos microscópicos correspondientes en la hoja 20 al responder el numeral 4 [se transcribe el contenido del informe de balística ya transcrito en este fallo]... Con base en el cotejo de las vainillas calibre 7.62 mm., incriminadas entre sí, con las vainillas patrones recibidas se logró establecer su identidad determinando que todas siete vainillas fueron percutidas en el fusil galil calibre 7.62 mm Nº 8-1912543.

Con el resultado anterior se procedió a examinar el acta de la visita practicada en las instalaciones de la estación de Policía Nacional, específicamente al cuadro de armamento de dotación de esa estación y la relación levantada por los agentes del DAS en asocio con la Fiscalía Regional de Medellín y se pudo constatar que el fusil galil estaba asignado al teniente Juan Carlos Meneses Quintero que para la fecha era comandante de la estación de policía de Yarumal” (providencia de formulación de cargos, fls. 383 y 384, cdno. pruebas).

(iii) Dentro de la investigación disciplinaria adelantada en contra de los agentes adscritos a la estación de policía de Yarumal: Capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, capitán Juan Carlos Meneses Quintero, cabo Segundo Jairo Rodríguez Venegas y Agente Norbey de Jesús Arroyabe Arias, por la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, por los múltiples homicidios —entre ellos la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte— ocurridos en ese municipio a partir de junio de 1993, se concluyó que existían suficientes elementos probatorios que comprometían la responsabilidad disciplinaria de los investigados en una situación sistemática de “ejecuciones extrajudiciales”.

Así se consideró en la providencia de 25 de noviembre de 1998, proferida en primera instancia por la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos (en copia auténtica a fls. 345 a 478, cdno. pruebas), mediante la cual se sancionó con la medida de separación absoluta del cargo a los agentes de la Policía Nacional investigados, salvo al agente Jairo Rodríguez Venegas, quien fue sancionado con suspensión por 30 días, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“... queda claro que sí existió un grupo de limpieza social que de ninguna manera podía operar sin el concurso de la Policía Nacional de la localidad, bien sea, en no hacer nada para contrarrestar la ola de violencia, bien porque hacían parte del mismo, o su parte era simplemente no impedir que se llevaran a cabo (sic), esto es lo que se ha llegado a denominar acciones de limpieza social o ejecuciones extrajudiciales.

(...).

Toda ejecución extrajudicial es un hecho punible en el cual participan —por lo menos como cómplices— personas cuyas conductas dolosas y lesivas involucran la responsabilidad del Estado.

Por consiguiente para que un homicidio pueda ser considerado como ejecución extrajudicial debe reunir los siguientes elementos:

1. Que se trate de un hecho doloso.

2. Que el hecho tenga por autor material una persona vinculada al Estado por relación estatutaria o contractual, o a un particular cuya actividad criminosa tuvo a un agente estatal como determinador o como cómplice.

3. Que el hecho se haya realizado por causa de intolerancia o discriminación.

Aplicando los anteriores elementos a la investigación disciplinaria que nos ocupa, tenemos que:

1. Todas y cada una de las muertes relacionadas en la presente investigación se dio (sic) en forma violenta, con premeditación, pues se habla que era una labor encomendada y que se daba un aviso anterior a la policía, o incluso era con su concurso, se vestían de negro, usaban algunas prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, y se utilizaban armas de diferentes calibres, todo lo anterior conduce a afirmar sin lugar a equívocos que se actuaba en forma dolosa.

2. En el caso que nos ocupa, se refiere que la actividad del grupo de limpieza social se hacía, con aquiescencia, aviso previo, participación, colaboración de miembros de la Policía Nacional.

3. Como lo anotamos anteriormente, el grupo de limpieza social surge para contrarrestar el accionar de la delincuencia. (...)” (fls. 441 a 445, cdno. pruebas).

En concreto, frente a la responsabilidad del teniente Juan Carlos Meneses Quintero, se consideró:

“2. Responsabilidad del teniente (hoy capitán) Juan Carlos Meneses Quintero.

Esta procuraduría delegada le elevó cargos por su participación en las actividades de matanza desarrolladas por el grupo de limpieza social denominado “los doce apóstoles” en especial en los homicidios de Jhon Jairo Quintero Olarte y Jairo Quintero Zapata (...) en hechos ocurridos el 5 de marzo de 1994, en los que se recuperaron vainillas pertenecientes al fusil galil que le fue asignado durante la prestación de su servicio. (...).

... tenemos, como se dijo anteriormente que en el lugar de los homicidios se recuperaron vainillas y proyectiles que fueron aportados en las diligencias de levantamiento de cadáver, que fueron solicitadas por la Procuraduría General de la Nación para llevar a cabo dictamen de balística sobre las mismas, cotejándolas con las de la estación de policía de Yarumal.

Para obtener muestra para el cotejo de balística se realizó una inspección ocular y constatación de armamento de dotación de la estación consistente en revólveres calibre 38, sub ametralladoras mini uzi, uzi, fisil galil, se trasladaron a una piscina de la localidad para usarla como recuperar (sic) y se obtuvieron las muestras que se embalaron en debida forma, con las anotaciones de rigor para su identificación.

Obra en el informe de estudio balístico comparativo de la división de criminalística... [se transcribe el contenido del informe de balística ya transcrito en este fallo]...

Aunado a lo anterior, tenemos que omitió decir la verdad en los informes rendidos al señor alcalde de la localidad en relación con el anterior insuceso [Las muertes de Jorge De Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte] en su oficio 00184 Esyar-Deant de fecha 6 de marzo de 1984... en donde falazmente aseguró que los autores del homicidio se identificaron como miembros de la subversión... trató de desviar con ello la investigación (...).

De lo expuesto concluye el despacho que se encuentran suficientemente probados los cargos elevados al capitán de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero (...).

Normas infringidas:

(...).

Como norma especial:

El Decreto 100 de 1989 vigente para la época de los hechos en sus artículos:

— artículo 104 circunstancias de agravación numeral 2º “La coautoría o complicidad”.

— artículo 110 numeral 1 “tratar al público en forma descortés, violenta e impropia”.

— artículo 111 numeral 4º “Extralimitarse en el uso de sus funciones”.

— artículo 111 numeral 17 “ejecutar hechos que menoscaban el prestigio o la disciplina de la Policía Nacional”.

— artículo 121 numeral 16 “ejecutar sin causa justificada conductas descritas como hecho punible en la ley”.

— numeral 38 “ejecutar actos que atenten contra los derechos y garantías de los ciudadanos”

— numeral 39 “Dar a los bienes de Estado aplicación diferente a la señalada en la ley”.

— numeral 55 “Asociarse o mantener amistad con personas que registren antecedentes penales, consideradas como delincuentes o reconocidas como de mala conducta o reputación social”.

Concordantes las anteriores normas con el Decreto 2584 de 1993:

— artículo 39 numeral 13 “dar lugar a justificadas quejas por parte de los ciudadanos por su comportamiento negligente o arbitrario dentro o fuera del servicio”.

— artículo 14 “causar daño a la integridad de las personas o de los bienes” (...). (Negrillas originales del texto transcrito, fls. 459 a 467, cdno. pruebas).

En general respecto de todos los agentes de la Policía Nacional Investigados se consideró en la providencia en cita:

“Sobre la responsabilidad de los investigados:

Las acciones ejecutadas por el grupo de servidores públicos que participaron dolosamente en la constitución del grupo de justicia privada al margen de la ley, fue una acción compleja endilgada por múltiples hechos, sucesivos, encadenados, pero que constituyen en el fondo un solo proceso, un conjunto vinculado, pues desde un comienzo se adoptaron unos objetivos (constituir fondos y aportes de recursos materiales y humanos para dar muerte a personas calificadas de indeseables), hubo acuerdo de voluntades, esto es, existió una concertación de todos para ejecutar hacia el futuro una serie de crímenes, en los cuales se producirían como en efecto se produjeron unos aportes y participación por acción u omisión de los partícipes.

Nos encontramos entonces en el presente proceso frente a una serie de hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, pero que se encuentran vinculadas entre sí por un acuerdo inicial de voluntades, por un conocimiento del sentido y significación de lo que se iba a realizar, y por un designio común, de suerte tal que todos son responsables por el total de los hechos ejecutados, pues de antemano, con conocimiento de causa facilitaron su concurso, no solo con su actividad personal, sino con armas, recaudando información, apoyo recíproco para la realización de los hechos punibles, ocultamiento y favorecimiento de actividades ilícitas.

Es claro por ejemplo, que quien presta un arma de fuego, para dar muerte a personas calificadas como “desechables”, “vendedores de bazuco”, “delincuentes comunes”, “favorecedores de la subversión”, etc., se hacen partícipes por todos los hechos que los autores materiales ejecuten, pues se ha obrado con conocimiento de causa, con consciencia de la multiplicidad de hechos que se pueden ejecutar, se estaría aceptando todas las muertes que se puedan producir en ese objetivo general predeterminado (dolo eventual).

Precisamente esta es la situación que la prueba recaudada en el expediente nos viene presentando, está demostrado con prueba testimonial, que hubo una reunión de comerciantes de la población de Yarumal-Antioquia, a la cual asistieron, además del cura párroco, miembros de la Policía Nacional, en esa reunión se planteó la necesidad de organizarse contra la delincuencia, de hacer aportes económicos, como así mismo, surgió la idea y decisión de contratar un grupo de hombres armados para eliminar a determinados delincuentes. se sabe que hubo aportes en armas, municiones, que los servidores de la Policía Nacional vinculados a este proceso entrenaban a los integrantes del grupo armado, facilitaban armas, transporte, información, ayuda material y establecieron un ambiente de seguridad e impunidad para los mismos. Por lo tanto, los investigados disciplinariamente, se hacían responsables por lo mismo a título de partícipes del actuar criminal del grupo armado, pues en algunas oportunidades participaban con los del grupo, en otras facilitaban los medios, la seguridad en su actuar concertado y conjunto” (fls. 481 a 483, cdno. pruebas).

Se precisa que mediante fallo de 25 de marzo de 1999, proferido en segunda instancia por el despacho del Procurador General de la Nación (en copia auténtica sin foliar cdno. pruebas), se revocó la providencia de primera instancia citada, con fundamento en que había operado el fenómeno de la cosa juzgada, comoquiera que los agentes investigados ya habían sido absueltos en otro proceso disciplinario, que por los mismos hechos adelantó la Policía Nacional. Tal decisión no altera la valoración que de las pruebas obrantes en este proceso y trasladadas de aquel se hace en este fallo —entre ellas la providencia proferida en primera instancia por la procuraduría delegada para los derechos humanos—, dado que el sub examine no se encamina a verificar la responsabilidad penal o disciplinaria de los agentes investigados, pues ni siquiera fueron llamados en garantía los agentes implicados en los hechos que generaron la demanda, sino aquella que pudiere serle imputada al Estado, frente a la cual, las conclusiones transcritas de la sentencia de 25 de noviembre de 1998 son especialmente ilustrativas, más aún si se tiene en cuenta que en la decisión disciplinaria de segunda instancia no fueron desestimadas las conclusiones de índole probatorio a las que arribó el procurador delegado para los derechos humanos, respecto de la participación de agentes estatales en los homicidios perpetrados en Yarumal, Antioquia en los años 1993 y 1994, en particular, en la muerte de Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte.

2.2.2. La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue una ejecución extrajudicial, causada por agentes de la Policía Nacional (hecho indicado).

Esa conclusión se impone dada la fuerza y contundencia de los hechos indicadores los cuales llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993. 

En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso —circunstancia propia del tipo de hechos sub examine, los cuales involucran la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado, en los que prima el afán de ocultar evidencias y de que la verdad material no salga a la luz—, el mismo resulta categórico para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala, los cuales en síntesis son: (i) los homicidios selectivos que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal, Antioquia, acerca de los cuales la comunidad acusaba a miembros del Ejército y de la Policía Nacional como partícipes; (ii) las vainillas recuperadas en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil Galil asignado al teniente Juan Carlos Meneses Quintero, en calidad de comandante de la estación de policía de Yarumal y, (iii) en el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público, por la situación de “limpieza social” que se presentó en Yarumal, se concluyó que existía el suficiente material probatorio para responsabilizar por tales hechos, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, a los agentes investigados.

Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de “limpieza social” que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio. 

Resalta la Sala(13) que el derecho a la vida es inviolable razón por la cual, desde la perspectiva de un Estado social de derecho, las ejecuciones extrajudiciales y extralegales de personas se encuentran proscritas. Así mismo debe señalarse que es deber del Estado garantizar la protección de los ciudadanos, deber que está vinculado estrechamente con los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º) sobre la base de la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º, Ibíd.) y en el marco del respeto a la dignidad humana(14) (art. 1º superior(15) como valor fundante de un modelo de Estado democrático y principio orientador de toda interpretación jurídica(16)

Así mismo debe precisarse que el deber de protección de la vida, de la libertad y de la integridad personales, no se deriva exclusivamente de las normas del ordenamiento jurídico interno, sino también de los diferentes instrumentos de carácter internacional sobre derechos humanos acogido por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política(17) lo cual impone la obligación al Estado colombiano, a través de sus autoridades, de erradicar políticas y comportamientos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y de fomentar el respeto y protección de tales derechos.

Es por lo anterior, que la Sala ha sido enfática y reiterativa en destacar la supremacía del derecho a la vida y el valor de la dignidad humana(18); ha recalcado el reconocimiento de ese derecho en normas de derecho interno y en disposiciones del ámbito universal y ha reprochado la decisión estatal de sacrificar la vida para mantener el orden o la legalidad mediante el uso de las armas, el cual solo se justifica cuando constituye una reacción necesaria y proporcional ante un ataque injusto, inminente y grave, y nunca como una manera de castigar o exterminar a quien se juzga moralmente indeseable. Ha dicho la Sala: 

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado. En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: ‘No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre’. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo. La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: ‘El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo’. Y Federico Hegel resaltó: ‘El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo’. La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta. Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato”(19).

De igual manera y frente a estas reprochables prácticas que se constituyen en grave violación de los derechos humanos ha sostenido la Sala:

“En definitiva, en un Estado de derecho como el nuestro no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y por ello, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación (vgr. legítima defensa o estado de necesidad). Evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que solo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico [la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados].

Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real —que no hipotética— para que, solo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, desborda el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y penales a los agentes del orden.

Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado”(20).

Y en pronunciamiento reciente sobre este aspecto se concluyó:

“Claramente se enfrenta a la Sala a graves violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) cometidas por agentes estatales, quienes prevalidos de su pertenencia a un grupo conformado para luchar contra la delincuencia, terminaron incurriendo en iguales o peores delitos.

Reprochable desde todo punto de vista que agentes estatales, investidos de funciones conferidas para proteger la vida, honra, bienes, derecho e intereses de los asociados y haciendo uso de los bienes dispuestos en procura de la realización de los fines constitucionales, hayan incurrido en conductas especialmente censuradas por nuestra Carta Política y por el derecho internacional de los derechos humanos, vigente en todos los pueblos que se precian de serlo.

Lo anterior porque la Sala se enfrenta a un asesinato perpetrado por fuerzas del orden, criterio este que permite calificar la afrenta atroz como violación del derecho internacional de los derechos humanos, como lo ilustra con suficiencia el centro de derechos humanos de Nuremberg(21) cuando afirma que “el término ‘violación de derechos humanos’ no se aplica a una determinada clase de actos atroces, tal como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino, con todo rigor, a la comisión de estos actos por el Estado o sus agentes”(22). Igual criterio fue el sostenido por los autores de la “comisión intercongregacional de justicia y paz” de Colombia, que rechazando la posición del Gobierno de la época, sostuvo(23):

“(...) En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter de unico garante de los derechos humanos (es decir, de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en el que se funda su más radical legitimidad. Por ello mismo, el Estado es el único eventual violador de tales derechos. Las demás transgresiones a las normas necesarias de convivencia ciudadana, que pueden ser consideradas en el lenguaje común como violaciones de los derechos humanos', ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía (...)”.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el sistema de derecho internacional se basa en que los Estados son los responsables por salvaguardar los DD.HH. En un documento donde se analiza la forma de darle en la comisión más atención a los grupos armados no-estatales como causantes de atropellos al goce de los derechos humanos de los ciudadanos en los países donde actúan, se planteó por la CIDH(24):

“(...) Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la convención (...)”.

Entonces, resulta gravísimo que el propio Estado, siendo el responsable de la protección de los derechos humanos, termine direccionando a sus agentes a desconocer la vida, la libertad y la seguridad de las personas”(25).

En conclusión, para la Sala es claro que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al participar en la ejecución extrajudicial de dos personas inermes, hecho que además de constituir una conducta reprochable desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el Estado en relación con la protección de la vida, la dignidad y la integridad de los ciudadanos, encuadra en las conductas que están proscritas por el derecho penal y por el derecho internacional, razón por la cual resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, frente al perjuicio sufrido por los miembros de la parte actora, razón por la cual se revocará la sentencia apelada. 

3. Indemnización de perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

Como se señaló antes, María Lucía Olarte Areiza (esposa y madre); Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina y Luz Emilce Quintero Olarte (hijos y hermanos) y Luz Dary Quintero Olarte (damnificada), acreditaron el perjuicio moral que sufrieron con la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata (esposo y padre) y Yon Jairo Quintero Olarte (hijo y hermano), por lo tanto, se reconocerá la indemnización por este concepto.

Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13232 y 15646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

En consecuencia, se reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de los demandantes, así: por la muerte del señor Jorge de Jesús Quintero Zapata, un valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de su cónyuge, la señora María Lucía Olarte Areiza y de cada uno de sus hijos: Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina y Luz Emilce Quintero Olarte y de la señora Luz Dary Quintero Olarte; por la muerte del señor Yon Jairo Quintero Olarte, un monto equivalente a 100 salarios mínimos para su madre, la señora María Lucía Olarte Areiza y 50 salarios mínimos para cada uno de sus hermanos: Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina y Luz Emilce Quintero Olarte y para la señora Luz Dary Quintero Olarte.

3.2. Lucro cesante.

Al estar acreditado que la señora María Lucía Olarte Areiza —cónyuge— y los menores Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto y Wilman Albeiro Quintero Olarte —hijos—, padecieron perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con ocasión de la muerte de su esposo y padre Jorge de Jesús Quintero Zapata, se procederá al reconocimiento en su favor de indemnización por tales perjuicios, conforme a la liquidación que sigue, de acuerdo con los siguientes parámetros:

— Renta: Por no encontrarse acreditado el valor que el señor Jorge de Jesús Quintero Zapata ganaba mensualmente en las labores propias del campo, se tomará como monto base para la liquidación del lucro cesante el valor de un salario mínimo legal mensual actual, es decir $ 566.700, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $ 708.375. De ese valor se reduce el 25%, que se presume que la víctima dedicaba a su propia subsistencia ($ 177.093). Por lo tanto, la suma que se tendrá en cuenta para la liquidación será de $ 531.281, cuyo 50% corresponde a la renta base para la liquidación del perjuicio padecido por la esposa, es decir $ 265.640 y el 50% restante se divide en partes iguales para cada uno de los 4 hijos menores de edad, lo cual corresponde a $ 66.410.

— La indemnización abarcará:

Respecto de la cónyuge, el lapso de tiempo comprendido entre la fecha del daño y el resto de la vida probable de la señora María Lucía Olarte Areiza (nacida jun. 24/1943, fl. 9, cdno. 1), por ser el señor Jorge de Jesús Quintero Zapata (nacido abr. 14/1937, fl. 7, cdno. 1) mayor que aquella, es decir 350,64 meses.

Respecto de los hijos, el período de tiempo comprendido entre la fecha del daño y el día en el cual cada uno de ellos cumplieron 25 años de edad, esto es: (i) para Zoraida Lucía la indemnización será por 188,13 meses, que corresponden a 15 años, 8 meses y 4 días que le faltaban al momento de los hechos para cumplir 25 años, dado que nació el 9 de noviembre de 1984; (ii) para Everardo Everlides la indemnización será por 170,83 meses, que corresponden a 14 años, 2 meses y 25 días que le faltaban al momento de los hechos para cumplir 25 años, pues nació el 27 de mayo de 1983; (iii) para Jhony Alberto la indemnización será por 133,56 meses correspondientes a 11 años, 1 mes y 17 días restantes para llegar a los 25 años, pues nació el 22 de abril de 1980 y, (iv) para Wilman Albeiro la indemnización será por 109,93 meses correspondientes a 9 años, 1 mes y 28 días faltantes para cumplir 25 años, pues nació el 3 de mayo de 1978.

— Se aplicarán las fórmulas financieras adoptadas por la corporación.

(i) Para María Lucía Olarte Areiza (cónyuge).

Indemnización consolidada o histórica:

49
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 265.640

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de marzo de 1994, hasta la fecha de la sentencia, esto es, 214,86 meses.

50
 

Indemnización futura:

Que abarca el tiempo calculado para la indemnización total (350,64 meses), menos el tiempo reconocido por indemnización vencida (214,86), que arroja un resultado de 135,78 meses.

51
Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 265.640

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 135,78

52
 

Total lucro cesante a favor de la señora María Lucía Olarte Areiza: $ 100’331.270 + $ 26’348.673 = $ 126’679.943.

(ii) Para Zoraida Lucía Quintero Olarte (hija)

Indemnización consolidada o histórica:

49
Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 66.410

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de marzo de 1994, hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años de edad, esto es, 188,13 meses.

53
 

(ii) Para Everardo Everlides Quintero Olarte (hijo)

Indemnización consolidada o histórica:

49
Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 66.410

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de marzo de 1994, hasta la fecha en que el demandante cumplió 25 años de edad, esto es, 170,83 meses

54
 

(iv) Para Jhony Alberto Quintero Olarte (hijo).

Indemnización consolidada o histórica:

49
Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 66.410

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de marzo de 1994, hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años de edad, esto es, 133,56 meses

55
 

(v) Para Wilman Albeiro Quintero Olarte (hijo)

Indemnización consolidada o histórica:

49
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 66.410

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de marzo de 1994, hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años de edad, esto es, 109,93 meses

56
 

3.3. Medidas no pecuniarias de resarcimiento pleno del daño.

A efectos del resarcimiento pleno del daño causado por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a los demandantes y con base en el principio de reparación integral establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en el artículo 8º de la Ley 975 de 2005, la Sala ordenará las siguientes medias de carácter no pecuniaro(26):

3.3.1. Medidas de rehabilitación: que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional provea a los demandantes de tratamientos psicológicos, que permitan la superación de las secuelas que les hubiere dejado la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte.

3.3.2. Medidas de satisfacción o compensación moral: que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional lleve a cabo la publicación, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento de Antioquia, de un informe que contenga una reseña amplia de las verdaderas circunstancias en las que se produjo la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, de conformidad con lo que resultó probado en el trámite de este proceso.

3.3.3. Medidas de garantía de no repetición: se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos analizados en la presente sentencia.

3.3.4. Medidas de reparación simbólica: que dentro de los ocho (8) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, lleve a cabo un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, en el cual además, se pida perdón público a los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión con Sede en Medellín, el 30 de marzo de 2001, de conformidad con las consideraciones precedentes y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, ocurrida el 5 de marzo de 1994, en el municipio de Yarumal, Antioquia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

Por la muerte de Jorge de Jesús Quintero Zapata, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los siguientes demandantes: María Lucía Olarte Areiza, Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina, Luz Emilce y Luz Dary Quintero Olarte.

Por la muerte de Yon Jairo Quintero Olarte, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora María Lucía Olarte Areiza y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: Zoraida Lucía, Everardo Everlides, Jhony Alberto, Wilman Albeiro, Luz Miriam del Socorro, Mariela Amparo, Gloria Elena, Ruth Marina, Luz Emilce y Luz Dary Quintero Olarte.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes cantidades: a favor de María Lucía Olarte Areiza, ciento veintiséis millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos ($ 126’679.943); para Zoraida Lucía Quintero Olarte, veinte millones trescientos sesenta y nueve mil doscientos treinta pesos ($ 20’369.230); a favor de Everardo Everlides Quintero Olarte, diecisiete millones seiscientos veintiocho mil novecientos diez pesos ($ 17’628.910), a favor de Jhony Alberto Quintero Olarte, doce millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos ($ 12’452.287) y, para Wilman Albeiro Quintero Olarte, nueve millones seiscientos veintitrés quinientos sesenta y seis pesos ($ 9’623.566).

4. ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, proveer a los demandantes de tratamientos psicológicos, que permitan la superación de las secuelas que les hubiere dejado la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte; dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, publicar, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento de Antioquia, un informe que contenga una reseña amplia de las verdaderas circunstancias en las que se produjo la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, de conformidad con lo que resultó probado en el trámite de este proceso; dentro de los ocho (8) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, en el cual además, se pida perdón público a los demandantes.

5. Por secretaría COMPÚLSENSE copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de que se investigue, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos analizados en la presente sentencia.

6. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo— Ruth Stella Correa Palacio.

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 1996 y cuyo recurso se hubiera propuesto antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 —lo cual ocurrió el 28 de abril de 2005, cuando entró a regir la Ley 954—, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación, era de $ 13’460.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma de $ 26’769.940, que corresponde al valor de 2.000 gramos de oro a la fecha de presentación de la demanda, monto reclamado por perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes.

(2) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(3) Decreto 2700 de 1991, artículo 293. Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos del conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que estos coloquen la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el Ministerio Público certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta se omitirá la referencia al nombre de la persona y se hará formar parte del expediente con la constancia sobre el levantamiento de su identificación y su destino. En acta separada se señalará la identidad del declarante incluyendo todos los elementos que pueden servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio, y en la cual se colocará la huella digital del exponente con su firma y la del agente del Ministerio Público. Excepcionalmente la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitieran la identificación del testigo, para garantizar su protección, con autorización del fiscal.

El juez y el fiscal conocerán la identidad del testigo para efectos de valoración de la prueba. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales pero se levantará si se descubre falso testimonio o propósitos fraudulentos o cuando su seguridad esté garantizada.

(4) M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.

(5) Decreto 2700 de 1991, artículo 293, modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993. Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos de conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que estos coloquen la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el Ministerio Público certificará, junto con el Fiscal que practique la diligencia, que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta, que se agregará al expediente, se omitirá la referencia al nombre de la persona y se dejará constancia del levantamiento de la identidad del testigo y del destino que se dé a la parte reservada del acta, en la que se señalará la identidad del declarante y todos los elementos que puedan servir para valorar la credibilidad del testimonio. La parte reservada del acta llevará la firma y huella digital del testigo así como las firmas del fiscal y el agente del Ministerio Público.

Excepcionalmente la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitirían la identificación del testigo para garantizar su protección con autorización del fiscal y del Ministerio Público quienes deberán estar de acuerdo para que proceda esta medida.

El juez, el fiscal y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo y cualquier otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de conformidad con la sana crítica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales, pero se levantará antes si se descubren falsos testimonios, contradicciones graves o propósitos fraudulentos, o cuando la seguridad del testigo esté garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma de incorporación al programa de protección de víctimas y testigos.

Las disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba en el sumario y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la Constitución Nacional. Protegiendo la identidad del testigo, el defensor tendrá derecho a que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contra interrogar en ella al deponente (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles en la Sent. C-394/94, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(6) Ley 504 de 1999, artículo 17. El artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:

“ART. 293.—Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos de conocimiento de los jueces penales de circuito especializados y las circunstancias lo aconsejen, se podrá autorizar la protección de los testigos, de acuerdo con las normas que regulan el programa de protección para víctimas y testigos, de la Fiscalía General de la Nación.

"Cuando especiales circunstancias pongan en grave peligro la vida o la integridad personal del testigo, previa evaluación del fiscal delegado, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución motivada y previo concepto del agente del Ministerio Público, el que deberá rendirse en 48 horas, excepcionalmente podrá autorizar que los testigos coloquen la huella dactilar en su declaración, en lugar de su firma.

“Contra la resolución del Fiscal General de la Nación que niegue la reserva de la identidad del testigo, procederá el recurso de reposición por parte del agente del Ministerio Público, que se resolverá de plano.

“En caso de que se autorice la reserva de identidad, el Ministerio Público certificará, junto con el fiscal que practique la diligencia, que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta, que se agregará al expediente, se omitirá la referencia al nombre de la persona y se dejará constancia de la reserva de la identidad del testigo y del destino que se dé a la parte reservada del acta, en la que se señalará la identidad del declarante y todos los elementos que sean necesarios para la crítica de la prueba. La parte reservada del acta llevará la firma y huella digital del testigo, así como las firmas del fiscal y del agente del Ministerio Público.

“El funcionario judicial en presencia del Ministerio Público advertirá al testigo que debe dar sus respuestas en forma tal que no revele su identidad. En todo caso las repuestas se consignarán textualmente.

“Las disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba en la investigación y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política.

“El defensor tendrá derecho a que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contrainterrogar en ella al declarante. En estos casos, el funcionario que se encuentre conociendo del proceso se encargará de proteger la reserva del testigo.

“La persona que, en condición de informante ante los organismos de Policía Judicial, haya recibido recompensa o remuneración, no podrá declarar con reserva de identidad”.

(7) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(8) Devis Hechandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, tomo 1, Editor Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1970, págs. 382 y 383.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de febrero 25 de 2004, casación 21587, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(10) Por ejemplo, en sentencia de 28 de noviembre de 2002, Expediente 12812, C.P. Ricardo Hoyos Duque, dijo la Sala: “Antes de entrar en el análisis de la prueba en el caso concreto, debe anticiparse que la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios”.

(11) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15700, con ponencia de quien proyecta este fallo; reiterada entre otras en la sentencia de octubre 12 de 2011, Expediente 22158 de la misma consejera ponente.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre del 2009, Expediente 17629.

(13) Entre otras: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2009, Expediente 17138, con ponencia de quien proyecta este fallo, reiterada en la sentencia de 12 de octubre de 2012, Expediente 22158, de la misma consejera ponente.

(14) La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado colombiano como social de derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C.P. art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal”, en sentencia de 17 de junio de 2004, Expediente 15208, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(15) Cfr. Declaración universal de los derechos humanos, artículo 1º; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948), considerandos 1 y 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, preámbulo.

(16) Vid. Serrano Pérez, Miguel Ángel, La dignidad de la persona humana, en VVAA, La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 Aniversario, C. I. E. P., Editorial Bosch, Barcelona, 1998, pág. 217.

(17) De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...)”.

(18) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 16974 y sentencia del 23 de agosto de 2010, Expediente 18480, ambas con ponencia de quien proyecta esta sentencia.

(19) “Sentencia de 10 de abril de 1997, Expediente 10138”.

(20) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 17138, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(21) Web site: http://www.menschenrechte.org.

(22) Artículo: “La violación de los derechos humanos ¿Privilegio de los Estados?”, disponible en http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html#2.

(23) Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. “Justicia y Paz”. Vol. 4, Nº 4, Bogotá octubre - diciembre 1991. Pág. 8.

(24) Comisión Andina de Juristas. Lima. Boletín. Nº 33, 1992. Pág. 60.

(25) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 20145, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(26) En el mismo sentido: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 12 de octubre de 2011, Expediente 22158, con ponencia de quien proyecta esta providencia.