Sentencia 1996-00437 de junio 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Exp.: 20.700

Rad.: 05001232400019960043701

Actor: José Bertulfo Martínez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Policía Nacional, contra la sentencia del 2 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, en el caso sub examine.

2. Es pertinente señalar que la Sala se limitara al estudio del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, comoquiera que ni la parte demandante, ni la Fiscalía General de la Nación impugnaron la sentencia proferida en el sub lite.

3. En ese orden de ideas, debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por la Policía Nacional, pueden ser valoradas en consideración a que la Sala así lo ha determinado en jurisprudencia reiterada; y los medios probatorios obrantes allí fueron practicados con audiencia de la demandada(2), y solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por la entidad demandada, surtiéndose así el principio de contradicción.

Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia proferida el 18 de enero de la presente anualidad, en el proceso radicado con el número 1999 -01250, la cual se citara in extenso:

“(...) Ahora, la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el comité técnico para la valoración de daños, el cual fue suscrito por el alcalde municipal, el secretario de planeación, el presidente de la Cruz Roja, el secretario de obras públicas y el promotor comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $55’000.000, con la constancia de que “el Comité Local de Emergencias del Municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el Comité Técnico de Valoración para los fines pertinentes” (fls. 12 a 14 cdno. 1).

En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

No obstante lo anterior, en este caso la Nación, al contestar la demanda admitió tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho documento. Así se advierte del escrito presentado oportunamente por la Nación:

“Los hechos números 1-2-3-4-5-6-7 y 9 son ciertos de acuerdo a los documentos que se anexan, los hechos números 8-10-11 y 12 no me constan y por lo tanto me atengo a lo que legalmente resulte probado dentro del proceso.

(...). Pruebas.

Además de las solicitadas y aportadas con la demanda, muy respetuosamente me permito anexar fotocopia del informe 00711/030498 y sus anexos, por medio del cual se informó a la Dirección Operativa de la Policía Nacional, el hecho ocurrido el 21 de febrero de 1998 en la localidad de Tres Esquinas.

Así mismo me permito solicitar se decrete la siguiente prueba: (...)”.

Y en la demanda, en el hecho 6, que fue aceptado como cierto por parte de la Nación, se narró lo siguiente:

“6. El 27 de febrero a las 9 a.m., según Acta 6 se reúne nuevamente el CLE para escuchar el informe de los señores Jhon Jenry Morales y Ferney Figueroa G., destacándose en dicha acta que la pérdida de la vivienda de mi poderdante Gloria A. Orjuela de Lozano, asciende a cincuenta y cinco millones de pesos, después de haberse reajustado el precio inicial que daba cuenta de cincuenta millones de pesos”.

De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta. En estos términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado:

“En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. (...)”(3).

Al respecto cabe resaltar el siguiente texto doctrinal:

“La conducta contradictoria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falto de lealtad. He aquí por donde la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena de en las relaciones jurídicas”

Cabe destacar igualmente el reciente pronunciamiento de la Sala en relación con el valor probatorio de las copias en similares eventos excepcionales:

“Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:

— La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2 del artículo 254 y el numeral 3 del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que éstos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (…).

— No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (…).

— En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6 del artículo 133 del Código de Procedimiento Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si sólo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquélla, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento, se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.

— Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (...).

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (...).

— Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

(...). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

— Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos”.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala tendrá como base para la liquidación de los perjuicios materiales la suma de $55’000.000, que comprende tanto el valor del inmueble de propiedad de la señora Orjuela Grimaldo, como lo solicitado por la miscelánea que quedaba al interior del mismo (...)”(4)-(5) (negrillas adicionales).

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. Sobre la valoración de la conducta procesal de las partes, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“(...) Los sujetos procesales pueden asumir, según sea la ocasión, papeles principales —actores, demandados, terceristas— o eventuales —terceros con interés jurídico relevante— que les otorgan facultades, deberes y cargas.

Los modos en que ejecutan esas conductas no resultan irrelevantes para la suerte de sus pretensiones individuales y la finalidad del proceso judicial.

Las leyes de procedimiento contienen normas particulares que, de ordinario, prevén las consecuencias del incumplimiento de las conductas esperadas, pero también normas más amplias y abarcadoras, llamadas principios, que permiten extraer las consecuencias de aquellas que aluden los principios, los contradicen abiertamente o, por el contrario —por qué no—, los respetan.

Con esto queremos decir que la conducta desarrollada por quienes se ven involucrados en un pleito puede y debe ser valorada por el juez, tanto positiva como negativamente.

También, que el espacio-tiempo a considerar es el que va desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia. No es posible, sin lesionar la unidad del proceso, separarlo a estos efectos en etapas inconexas entre sí.

El principio de adquisición procesal, si bien adquiere su máxima utilidad en materia probatoria, es plenamente operativo a partir del primer acto introductorio de la instancia.

En lo que toca al actor, su conducta se dejará ver en los términos de la demanda, en la claridad de su pretensión, en el cumplimiento de las formas iniciales, en su esfuerzo por cumplir con las notificaciones de manera real y eficaz, en la coherencia de sus actos durante todo el juicio que ha decido llevar adelante.

Durante el periodo de prueba, las reglas estáticas le imponen cierta actividad ineludible. Pero sin duda, una “actitud” de aportación —o facilitación— de pruebas cuya carga correspondería, según la clásica división de los hechos, al demandado, habla en favor del respeto por su parte al principio de colaboración.

Contrariamente, una posición de excesiva pasividad en circunstancias de prueba difícil, por ejemplo, podría ser considerada negligencia, y poner en marcha alguna de las reglas dinámicas de la carga.

Asimismo y dependiendo de las particularidades del caso, el pedido de clausura del término probatorio con aprovechamiento de la imposibilidad material de producir la prueba dentro de los exiguos plazos que otorga la ley, en comparación con las atestadas agendas judiciales una verdadera situación de fuerza mayor procesal, podría estar indicando una especie de ejercicio abusivo de un derecho, por anti funcional y violatorio de los principios de buena fe, lealtad y economía.

El demandado, esa parte que viene el juicio por exclusiva voluntad del actor, puede optar por asumir distintas conductas que serán causa de otros tantos efectos.

Ese amplio espectro de actitudes posibles conforma lo que se denomina en forma genérica el derecho de reacción o de defensa en juicio.

Durante su ejercicio, se encontrará también con cargas, deberes y facultades susceptibles de ser cumplidos aún estratégicamente dentro de los carriles de los principios finalistas del proceso o deslizándose fuera de ellos”. (...)(6).

En el caso sub examine, por ejemplo, la parte demandada pudo controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada en la etapa probatoria, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte del demandado no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario, sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal(7) reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215, que determina, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que en la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.

En cuanto a las informaciones difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, la Sala ha señalado que, en términos probatorios, no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción alguna a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la organización pública, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados.

Lo anterior fue precisado por esta sección, en los siguientes términos:

“Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, como que adolecen de las ritualidades propias de este medio de prueba: no fueron rendidas ante funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón de su dicho (CPC, art. 227). Estos recortes de prensa tan sólo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. De modo que el relato de los hechos no resulta probado a través de las publicaciones periodísticas a que se alude en la demanda, habida consideración que no configura medio probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan sólo constituyen la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”(8).

Es decir, los informes de prensa sólo pueden probar el hecho de haber publicado una información, más no generan certeza de su contenido, por lo que no puede valorarse los recortes de periódicos aportados al proceso (fl.8 y 119 a 120 cdno. 1).

4. Con fundamento en las pruebas practicadas, se tiene lo siguiente:

4.1. Comunicación del 29 de octubre de 1992, suscrita por el Teniente Diego Alonso Moreno Suárez mediante la cual se deja a disposición del Comandante de la Estación Laureles al señor José Bertulfo Martínez, en ella se indicó:

“Comedidamente me permito dejar a disposición de Mi Mayor a los sujetos (...) José Bertulfo Martínez, C.C. 98556.300 de Envigado, residente en el Barrio el Pesebre, sin más datos.

“Se recibieron insistentes llamadas telefónicas sobre los antes mencionados, al teléfono de la Estación y del 112 informando que ellos eran los autores del atentado que anoche se presentara con la Unidad Policial al mando del C.P. Capera Muñoz Jairo, quien se encuentra lesionado, al igual que el conductor y el tripulante. Los cuales se movilizaban en una Chevrolet Swif, color café.

“Estos sujetos son reconocidos integrantes de la banda del Matallana, la cual se dedica al sicariato especialmente de Unidades Policiales”. (fl. 2 cdno. 3).

4.2. Informe del 30 de octubre de 1992, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía Laureles, Mayor Álvaro León Acosta Argotty, dirigido al Jefe SIJIN MEVAL, en el que se lee:

“Comedidamente me permito dar trámite ante esa jefatura, al informe suscrito por el señor TE. Moreno Suárez, quien da cuenta de los sujetos Omar de Jesús Gómez Buritica CC. 71626207 y José Bertulfo Martínez, CC. 98556300 de Envigado, los cuales se movilizaban en una moto de placas VIC-79, Suzuki, color azul y quienes se encontraban afuera de la Unidad averiguando por Jhon Edison Pérez el cual había sido retenido ya que se movilizaba en una moto al parecer hurtada. Dichos sujetos fueron reconocidos por el agente Martínez García y Monsalve Correa como participantes en el atentado del día 281092 a eso de las 19:30 horas en Cra. 78 & cl. 44 donde fueron lesionados un suboficial y tres agentes. Además recibieron varias llamadas informando que pertenecían a la banda matallana dedicada al sicariato especialmente unidades policiales” (fl. 1 cdno. 3).

4.3. Con fundamento en el anterior informe, la Unidad Investigativa de Policía Judicial Sijín Meval, abrió investigación previa, en la cual se realizó la diligencia de reconocimiento en fila de personas, por los agentes José Leonel Monsalve Correa y Bayron Martínez García, la que arrojó lo siguiente:

— Reconocimiento efectuado por el agente José Leonel Monsalve Correa:

“Este reconocimiento se lleva a cabo con el fin de que el Agente MONSALVE Correa José Leonel, quien es uno de los ofendidos manifieste si alguno de los individuos capturados en la noche de ayer según consta en el informe suscrito por el Teniente Moreno, tomó parte en los hechos que se investigan, a esta diligencia asiste el Agente del Ministerio Público Procurador en lo Judicial. Se va a llevar a cabo el reconocimiento del individuo José Bertulfo Martínez, el cual se le designa como defensor al señor Francisco Ruiz Bedoya, C.C. 8’224.480 de Medellín, persona de reconocida honorabilidad, este nombramiento se hace en vista de que a esta hora no se localiza en las Dependencias de la Sijín ningún abogado titulado, al defensor se le toma juramento de acuerdo a las formalidades previstas en los artículos 283 y 285 del Código de Procedimiento Penal previa imposición del artículo 172 del Código Penal, quien prometió cumplir con los deberes del cargo y guardar la reserva, a continuación en un salón aparte anexo al sitio donde quedan los calabozos, se ordena formar una fila de siete personas en la cual está incluido el retenido José Bertulfo Martínez, a quien se le hace saber el lugar que desea en la fila y elige el sexto de izquierda a derecha a continuación se le pregunta al testigo de las siguiente manera. Bajo la gravedad de juramento que tiene prestado sírvase decir si en la fila de persona que tiene de presente se encuentra alguno de los individuos que tomó parte en el atentado del que usted fue víctima junto con otro agente. El testigo observó la fila y manifestó de esos que hay allí no recuero (sic) ninguna cara conocida. (…)” (fl. 14 cdno. 3).

— Reconocimiento efectuado por el agente Bayron Martínez García:

“Este reconocimiento se lleva a parte corrijo se lleva a cabo con el fin de que el Agente Martínez García Bayron, quien es uno de los testigos presenciales de los hechos ya que iba en la patrulla, manifieste si alguno de los individuos capturados tomó parte en el atentado que se investiga. A esta diligencia asiste el Agente del Ministerio Público Procurador en lo Judicial, se van a llevar a cabo los reconocimientos de los individuos José Bertulfo Martínez y Omar de Jesús Gómez Buritica. El testigo es juramentado de acuerdo a las formalidades previstas en los artículos 283 y 285 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 172 del Código Penal, quien prometió decir toda la verdad, como a ninguno de los dos imputados a designado o nombrado defensor para esta diligencia, el despacho le nombra como defensor de oficio al señor Jesús Antonio Ríos Vallejo (...). Esta diligencia se lleva a cabo en una oficina anexa a la sala de retenidos de la Sijín y en un lugar acondicionado especialmente para estas diligencias separado de la oficina por un vidrio que permite observar sin ser visto, se ordenó formar una fila de siete personas. Se deja constancia que en este primer reconocimiento se va a llevar a cabo con el señor José Bertulfo Martínez, él se incluye en la fila y se le hacer saber el derecho que tiene de escoger el lugar que desea dentro de la misma y escogió el cuarto lugar de izquierda a derecha. Al testigo se le formula la siguiente pregunta, bajo la gravedad de juramento que tiene prestado sírvase manifestar si en la fila de personas que tiene de presente se encuentra alguno de los que tomó parte en el atentado de la patrulla, el testigo obsrvó la fila y manifestó no reconozco a ninguno”. (fl. 16 cdno. 3).

4.4. Así mismo, se dispuso la ratificación del informe suscrito por el teniente Diego Alonso Moreno Suárez, quien manifestó:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar si se ratifica en todas y cada (sic) de las partes del citado informe. CONSTESTO: si me ratifico en el informe. PREGUNTADO: Sírvase manifestar, por qué medios se da cuenta de que las personas dejadas a disposición mediante el citado informe pertenecen a la banda denominada del MATALLANA. CONTESTO: por varias llamadas telefónicas realizadas a la Estación Laureles, ya que algunos ciudadanos los habían visto, cerca de la estación, dichos ciudadanos no quisieron dar datos personales, por el temor de represalias contra ellos. (…)” (fl. 10 cdno. 3).

4.5. El 31 de octubre de 1992, el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial, remitió la investigación previa al fiscal regional delegado ante esa unidad, así mismo dejó a disposición de esa entidad al señor José Bertulfo Martínez (fl. 25 cdno. 3).

4.6. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía regional ordenó la apertura de la instrucción (fl. 26 cdno. 3), el 9 de noviembre de 1992 decretó medida de aseguramiento de detención preventiva a José Bertulfo Martínez (fls. 44 a 49 ibídem), decisión que fue revocada el 31 de mayo de 1993 en donde se dispuso la cesación del procedimiento y su libertad inmediata, al considerar que no había cometido el hecho (fls. 201 a 208 idem). El 17 de marzo de 1994, se resolvió el grado jurisdiccional de consulta, en donde se confirmó la resolución mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento (fls. 235 a 240).

5. El daño antijurídico se encuentra establecido, puesto que el José Bertulfo Martínez estuvo privado de la libertad desde el 28 de octubre de 1992 hasta el 1º de junio de 1993, fecha esta última en la que se le concedió la libertad. En ese orden de ideas, los demandantes padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos que no están en la obligación de soportar porque el ordenamiento jurídico no se los impone.

6. Ahora bien, constada la existencia del daño antijurídico, la Sala aborda el análisis de facticidad dirigido a establecer si el mismo deviene imputable a la administración pública, específicamente a la Policía Nacional.

El derecho a la libertad personal se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que preceptúa:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles”. (negrilla fuera de texto).

El derecho regulado en la disposición transcrita, como ya lo ha indicado la Sala(9), representa una de las facetas de la libertad, entendida ésta, como el bien jurídico más preciado del hombre. No se trata de una garantía carente de importancia pues de ella depende el ejercicio de otros derechos, por eso puede asignársele los calificativos de principal e instrumental. Como puede observarse, se caracteriza por ser un derecho que posee una connotación física, toda vez que su objetivo es proteger al individuo de una detención que no encuentre justificación en el ordenamiento jurídico y que por lo tanto afecte la cualidad genérica de libre actuación que le es consustancial. Por lo tanto, se busca tener una certeza: la existencia de capacidad de reacción contra una agresión externa que afecta la propia disposición(10).

El contenido del derecho se confunde con la forma en que el mismo se protege, en el cómo se regula el hecho de la detención, las garantías que deben acompañar la utilización de esta medida, y las posibilidades de oposición en cabeza del individuo que se ve afectado con la determinación del Estado. Por eso, le asiste razón a la doctrina al afirmar que la única manera de desentrañar el contenido del derecho a la libertad personal es analizándolo desde su vertiente negativa(11). En otras palabras, como parte integrante de aquel espacio en el que la injerencia del poder público debe ser mínima y estrictamente necesaria.

El carácter estrictamente necesario de la restricción del derecho es un reflejo del avance que los sistemas penales han tenido en las democracias occidentales, especialmente del cambio que implicó para la libertad personal el principio de división de poderes, porque al confiar a los jueces las detenciones, se aseguraba que el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico estuviera en cabeza de autoridades no sólo imparciales sino independientes de la rama ejecutiva(12). Se garantiza así, que la valoración de los supuestos que pueden dar lugar a una privación de la libertad se encuentre plenamente justificados, pues la ausencia de razones o la presencia de motivaciones insuficientes generan la responsabilidad del Estado.

Por otra parte, para comprender el alcance de la libertad personal es necesario precisar dos cosas: su titularidad y su contenido esencial. Respecto del primer elemento, puede señalarse que este derecho se atribuye directamente a personas físicas (no se debe olvidar su carácter corporal), comoquiera que se antepone a condenas, detenciones e internamientos que resultan injustos y arbitrarios. Aunque la titularidad siempre esté presente, el carácter reactivo que es intrínseco al derecho puede ocasionar que ésta no tenga que manifestarse nunca en la vida de un individuo, y ello es posible si éste no ha sido objeto de agresión alguna por parte de los poderes públicos. Por tanto, en aquellos casos en los cuales se cumplan los presupuestos exigidos constitucional y legalmente para proceder a la privación de la libertad no se disfruta del derecho porque en este supuesto el ejercicio del ius puniendi del estado es estrictamente necesario y se acompasa con el carácter no absoluto de la libertad(13).

En cuanto a su contenido esencial, este puede entenderse en los eventos en que la libertad decae por la intervención de la autoridad pública cuando esta no tiene “...causa para accionar contra ella”. De modo tal que, al ser su intervención injusta o ilegal, “...se genera unos mecanismos para la restitución del bien protegido(14)“. De ahí que pueda afirmarse que la detención preventiva también conforma el derecho, ya que a través de su regulación y, especialmente, mediante la fijación de las causas por las cuales procede, se fija un límite a la actuación del individuo, porque si su comportamiento se encuentra previamente tipificado y afecta o perturba los derechos de otros en un grado tal que impida su libre desarrollo, se activa el poder de coerción del Estado y se puede generar como respuesta una restricción que afecte la capacidad de movilidad física o geográfica del individuo.

Por consiguiente, la privación de la libertad debe ser adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal.

Al respecto la Corte Constitucional, señaló que existen dos eventos en los cuales excepcionalmente se puede omitir la orden judicial para realizar una captura, esto es: i) en los casos de flagrancia, y ii) en los casos de detención administrativa, en sentencia C-024 de 1994(15), definió los requisitos para la procedencia de ésta última, en los siguientes términos:

“En tales circunstancias, entra la Corte a determinar las características constitucionales de la detención preventiva regulada por el inciso segundo del artículo 28, las cuáles derivan de la naturaleza excepcional de este tipo de aprehensiones y del régimen constitucional de la policía en un Estado social de derecho.

“En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legitimidad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superiores del funcionario que la practicó como por las autoridades judiciales y los organismos de vigilancia y control del Estado. Pero, ¿qué entiende la Corte Constitucional por “motivos fundados”?

“(...) El motivo fundado que justifica una aprehensión material es entonces un conjunto articulado de hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no constituye motivo fundado. (...).

“Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales.

“En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz. Por eso, sólo en aquellos casos en los cuáles se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación judicial o cuando la demora implique un peligro inminente, podrá la autoridad policial proceder a una detención preventiva sin orden judicial. Estaríamos frente a una detención arbitraria si no se dan estas situaciones de urgencia o de evidente peligro, y las autoridades policiales deciden detener preventivamente, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o ahorrar tiempo o trabajo. Esto significa que la retención sólo es constitucionalmente legítima si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada sus deberes constitucionales. Admitir otra interpretación sería convertir la excepción —detención sin orden judicial— en la regla.

“(...).

“En tercer término, esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación.

“En cuarto término, esta facultad tiene estrictas limitaciones temporales. La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

“Pero la Corte Constitucional resalta que éste es un límite máximo puesto que la policía sólo podrá retener a la persona por el tiempo estrictamente necesario para verificar ciertos hechos. Así, cuando se trate únicamente de controlar la identidad de una persona, el plazo no debería superar sino unas pocas horas, de acuerdo a la capacidad técnica del sistema de información. (...). Esto significa que si la autoridad administrativa prolonga la retención por más de 36 horas habrá incurrido en una violación de la Constitución. Pero también estaría cometiendo una retención arbitraria sancionada penal y disciplinariamente si esta se prolonga más allá de lo estrictamente necesario, incluso sin superar las 36 horas, puesto que, considera la Corte, que esta retención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de aquellas averiguaciones que puedan justificar la retención y, si es el caso, poner inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales a la persona aprehendida.

“Por eso, en quinto término, la aprehensión no sólo se debe dirigir a cumplir un fin preciso —verificar ciertos hechos o identidades— adecuadamente comprendido dentro de la órbita de las autoridades de policía sino que además debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona. (...).

“Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técnicos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no sólo en el sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario sino también de reducir tanto como sea posible la duración de las mismas. Para ello deberán, por ejemplo, establecer sistemas ágiles de verificación de identidad que permitan establecer antecedentes criminales en los lugares mismos de la aprehensión.

“En sexto término, como es obvio, para estos casos se aplica plenamente el derecho de habeas corpus como una garantía del control de la aprehensión, puesto que el artículo 30 señala que éste se podrá invocar "en todo tiempo". Por consiguiente, todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el habeas corpus.

“En séptimo término, esas aprehensiones no pueden traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos. Por eso ellas no pueden ser discriminatorias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o grupos de ciudadanos.

“En octavo término, reitera la Corte, que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial. (...).

“En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no sólo debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" (art. 10-1 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, C.P. art. 5º) sino que además se le deberá informar de las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, como el derecho a ser asistido por un abogado (C.P. art. 29) o el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (C.P. art. 33).

“Finalmente, y como es obvio en un Estado social de derecho en donde la administración está sometida al principio de legalidad, la regulación de las detenciones preventivas es materia legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar.

Por consiguiente, una detención preventiva caprichosa —es decir que no esté justificada por los fines constitucionales que competen a las autoridades de policía o no esté basada en motivos fundados—, o innecesaria —por cuanto se podía obtener la orden judicial—, o desproporcionada, o que afecte injustificadamente a ciertos grupos sociales, viola la Constitución, incluso si en apariencia se respetan las limitaciones formales y temporales que regulan la materia(16) (resalta la Sala).

Aún cuando los anteriores presupuestos se cumplan, la detención administrativa constituye una de las intervenciones más delicadas en el derecho de libertad personal, argumento que se encuentra plenamente demostrado porque su operatividad se desprende de la incertidumbre, comoquiera que aún no existe proceso, ni una sentencia en la cual se declare la responsabilidad penal.

Así las cosas, en los eventos de la denominada por la Corte Constitucional, detención administrativa, se debe verificar el cabal cumplimiento de los requisitos señalados, so pena de incurrir en una falla del servicio.

Lo anterior se justifica, por cuanto la Policía Nacional debe estar dotada de ciertas facultades, para que en casos extremadamente excepcionales, pueda combatir adecuadamente el crimen, pero todo dentro del marco del absoluto respeto por los derechos de los ciudadanos y con estricta observancia de los requisitos ya vistos para la captura sin orden judicial.

Así las cosas, en el sub lite se observa que la actuación desplegada por la Policía Nacional en la aprehensión de José Bertulfo Martínez se enmarca dentro de la falla del servicio, puesto que la captura no se produjo en flagrancia y por el contrario se llevó a cabo sin razones objetivas, es decir, no existían motivos serios que la justificaran.

En efecto, del acervo probatorio, puede concluirse que la captura del señor Martínez se fundamentó en el supuesto reconocimiento que habían hecho los agentes Martínez García y Monsalve Correa y en las llamadas de los ciudadanos, que lo identificaron como miembro de una banda delincuencial.

Sin embargo, se observa como esa justificación es apenas aparente, toda vez que en la diligencia de reconocimiento en fila de personas, ninguno de los agentes identificó al señor José Bertulfo, pese a esto, se le mantuvo retenido, aun cuando la única prueba que existía para ello, eran las llamadas de los ciudadanos, de las que no existe constancia alguna, ni de su contenido, esta circunstancia un mero rumor.

Así las cosas, la Sala concluye que no se presentaban elementos probatorios que brindaran convicción sobre la participación de José Bertulfo Martínez en el atentado perpetrado contra agentes de la Policía Nacional el 28 de octubre de 1992, lo que constituye una falla del servicio, máxime si se tiene en cuenta que no se encontraba en situación de flagrancia.

En consecuencia, no le asiste razón a la entidad recurrente al señalar que existían méritos suficientes para la retención, de manera adicional, si bien es cierto que la Policía Nacional no tiene la exigencia de la demostración fehaciente de la participación en el hecho delictivo de las personas a quienes capture, sí se le exige que su actuar se realice dentro de los marcos legales y constitucionales señalados, y en los eventos de la detención administrativa, debe existir un grado de razonabilidad que la justifique, sin que con ello se le esté convirtiendo su función en una obligación de resultado, como erróneamente lo señala el impugnante.

En consecuencia, concluye la Sala, que se le debe imputar a título de falla del servicio a la entidad demandada el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente. Conforme a lo expuesto, se actualizará la condena proferida por el a quo, de conformidad con la siguiente fórmula:

 

S1996-00437CE A.JPG
 

 

 

Reemplazando se tiene:

— Perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para José Bertulfo Martínez

 

S1996-00437CE B.JPG
 

Perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, para Solndy Estella Montes

 

S1996-00437CE C.JPG
 

Respecto de los perjuicios morales, conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(17).

En ese orden de ideas, respecto de los gramos de oro reconocidos por el a quo se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2012, y se condenará a la demandada a pagar, la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales para José Bertulfo Martínez y 20 salarios mínimos legales mensuales para Solandy Stella Montes, Jennifer Alexis, Catherine Tatiana y José Santiago Martínez Montes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE los numerales 3º, 4º, 5º y 6º de la sentencia del 2 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, la cual quedará así:

3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a la Fiscalía General de Nación, a pagar, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a José Bertulfo Martínez, la suma de doce millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos doce pesos ($12’855.712).

4. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a la Fiscalía General de Nación, a pagar, por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos ($766.491).

5. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a la Fiscalía General de Nación, a pagar, por perjuicios morales a favor de José Bertulfo Martínez, la suma equivalente en pesos a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y a la Fiscalía General de Nación, a pagar, por perjuicios morales a favor de Solandy Stella Montes, Jennifer Alexis Martínez Montes, Catherine Tatiana Martínez Montes y José Santiago Martínez Montes, la suma equivalente en pesos a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

2. CONFÍRMESE en lo demás.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(2) Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; de 8 de febrero de 2001, expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, expediente: 05001-23-31-000-1993-0621-01 (12789).

(3) Sentencia C-836 que dictó la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250.

(5) Ver entre otras, las sentencias de la Sección Tercera, Subsección C, en los procesos radicados con los 1996-0142 y 1994-0845. MP. Enrique Gil Botero.

(6) Miryam T. Balestro Faure. La valoración Judicial de la Conducta en Juicio. En: Valoración Judicial de la Conducta Procesal de Jorge W. Peyrano. Ed. Rubinzal – Culzoni, págs. 25 a 44.

(7) “… La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (...) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso… En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el art. 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el artículo 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba…”. Joan Pico I Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J.M. Bosch, págs. 152 a 157.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 16587. Al respecto ver igualmente: sentencia de 17 de junio de 2004, exp. 15.450.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, expediente 18960, Actor: Rogelio Aguirre López y otros. C.P. Enrique Gil Botero

(10) Cfr. Belda Pérez - Pedrero, Enrique. “El Derecho a al libertad y a la seguridad personal.” En: Parlamento y Constitución. Anuario 3. 1999.

(11) Ibídem.

(12) Cfr. Serrano Escobar, Luis Guillermo. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley. 2005.

(13) Belda Pérez – Pedrero, Enrique... ob. cit.

(14) Ibídem.

(15) “De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de la estricta reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas. Este inciso establece que la "persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley". Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial. No de otra manera se entiende la obligación constitucional de que la persona detenida preventivamente sea puesta a disposición del juez, puesto que ello significa que la autoridad judicial no ordena la detención con anterioridad sino que verifica la legalidad de la aprehensión con posterioridad a la ocurrencia de la misma. Es entonces un caso en donde la propia Constitución establece una excepción al principio general de la estricta reserva judicial y consagra la posibilidad de una aprehensión sin previa orden de autoridad judicial. Y no se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de conformidad con los cuáles se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución (C.P., art 93). (…). Igualmente señala la Corte que por tratarse de excepciones al principio general de la reserva judicial en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, son fenómenos que deben ser interpretados de manera restrictiva a fin de no convertir la excepción -allanamiento o detención sin orden judicial- en la regla. Es pues necesario que la Corte analice brevemente la flagrancia y la detención preventiva a fin de precisar sus alcances constitucionales.

(16) Corte Constitucional, sentencia C-094 de 27 de enero de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.