Sentencia 1996-00658 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-1996-00658-01 (27.306)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Rogelio de Jesús Restrepo Montoya y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la pretensión mayor, individualmente considerada, supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1996(1) y además por la naturaleza del asunto(2).

2. Previo a abordar el fondo del asunto, deben hacerse las siguientes precisiones:

2.1. Al contestar la demanda, la Policía Nacional formuló la excepción de caducidad, bajo el argumento de que los hechos por los cuales se le pretende imputar el daño, es decir, los relacionados con la captura del señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, tuvieron lugar el 21 y 22 de diciembre de 1992 y la demanda se presentó el 12 de abril de 1996, de allí que ya se había vencido el término establecido en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(3).

Sin embargo, a folio 737 del expediente que contiene el proceso penal, obra el edicto por el que se notificó la sentencia absolutoria del 25 de marzo de 1994, proferida por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, el que se fijó el 7 de abril de 1994 y se desfijó el 11 de abril del mismo año, por ello a partir del 12 de abril quedó en firme el fallo. En consecuencia, el 13 de abril comenzó a correr el plazo de dos años para presentar la demanda de reparación directa, lo que significa que en el caso sub judice, fue presentada dentro del lapso señalado por el legislador, razonamiento que cabe tanto frente a la Fiscalía como a la Policía. Ello se dice, toda vez que si bien, es cierto que la actuación de los uniformados, que consistió en capturar al señor Rogelio de Jesús Restrepo, se remonta a los días 21 y 22 de diciembre de 1992, únicamente a partir de la sentencia absolutoria —que se itera, cobró firmeza el 12 de abril de 1994—, pudo establecerse que el procedimiento de la captura fue irregular, y en esa perspectiva se entiende que solo en esa fecha se consolidó el daño. En ese orden de ideas, es aplicable frente a la Policía, el mismo razonamiento que ha venido haciendo esta sección, respecto al cómputo del término de caducidad en materia de privación injusta de la libertad.

Al respecto se dijo en sentencia del 14 de febrero de 2002:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial”(4) (negrillas de la Sala)(5).

En consecuencia, no existe duda que contrario a lo manifestado por la Policía, no operó el fenómeno preclusivo de la caducidad, puesto que la fecha que debe tenerse en cuenta para computar el término, aun frente a su actuación, es aquella en la que quedó ejecutoriada la sentencia que absolvió de responsabilidad penal al demandante, porque, se repite, fue a partir de allí que se consolidó el daño y se pudo establecer su carácter antijurídico(6).

2.2. Por otro lado, en relación con las pruebas obrantes en el proceso penal que fue adelantado por la Fiscalía Primera Delegada de Medellín, adscrita a la Unidad Uno de Vida, Seccional Antioquia, por los delitos de homicidio y secuestro simple(7), se advierte que de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(8), pueden valorarse tanto los medios probatorios documentales como los testimoniales allí practicados, toda vez que de un lado, la Policía Nacional se adhirió a las mismas al contestar la demanda (fl. 84, cdno. ppal.), mientras que el Consejo Superior de la Judicatura, las solicitó con la contestación (fl. 105, cdno. ppal. 1) y en cuanto a la Fiscalía, fueron recaudadas por esa misma entidad(9).

2.3. Finalmente, en relación con los recortes de periódico remitidos mediante escrito del 15 de agosto de 1997, por el diario El Colombiano, durante el período probatorio de primera instancia (fls. 149-155, cdno. ppal. 1), en los que se da cuenta de la captura del señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(10) se estableció lo siguiente:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(11). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(12).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “... son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(13).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (resaltado fuera de texto).

En el anterior orden de ideas, los recortes de prensa allegados al proceso, serán analizados de manera conjunta con las demás pruebas, en lo que fuere pertinente para determinar lo relacionado con el daño y la imputación.

3. Conforme a las pruebas que fueron practicadas y recaudadas durante el proceso, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. La investigación penal a la que fue vinculado el actor, tuvo su origen en los hechos acaecidos en la noche del 21 y la madrugada del 22 de diciembre de 1992, en el sector conocido como la Curva del Diablo de la ciudad de Medellín, en los que fue asesinado el señor Jorge Iván Clavijo Muñoz, quien se desplazaba en un taxi, con su amigo Arnulfo Sedano Ariza, este último fue encontrado dentro del maletero del taxi de placas TIO 624, que conducía el señor Julio César Gómez Valladares, motivo por el cual este fue capturado por uniformados de la Cuarta Estación de Manrique, adscrita al Distrito Dos de la Policía de Carabineros, junto con los señores Rubén Darío Silva Alzate y Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, quienes también conducían un vehículo tipo taxi.

3.2. Sobre la captura, se aprecia el informe del 22 de diciembre de 1992, que obra en letra manuscrita, mediante el cual el cabo primero Ramón Mejía Montes, comandante del DM2, dejó a disposición del comandante de la Cuarta Estación de Manrique, los tres detenidos y señaló:

“Comedidamente me permito dejar a disposición de mi mayor señor comandante de Estación a los señores en su orden así:

“1. Julio César Gómez Valladares, 29 años, soltero, C.C. 70.220.242 de Angelópolis, taxista (...) el cual conducía el vehículo taxi amarillo, de PL TIO-624, marca Chevrolet, modelo 93, afiliado a Coopebombas. Es de anotar que en la maleta de dicho vehículo llevaba (maniatado) y herido en la cabeza por golpes al ciudadano Arnulfo Sedano Ariza (...) el cual manifiesta que tomó una carrera en el centro en compañía de su amigo Jorge Iván Clavijo Muñoz. Posteriormente en la carrera 58 con CL 90 (curva del diablo) a eso de las 01:30 horas encontramos muerto por arma blanca al ya mencionado Jorge Iván Clavijo (...) el cual presentaba herida abierta en el cuello, herida abierta en el pecho izquierdo, herida abierta en el pectoral izquierdo, herida abierta en el costado izquierdo...

“Es de anotar que ya en dicho vehículo en el piso en la parte delantera al lado del conductor se encontró una navaja, blanca con cachas cafés la cual quedó a disposición del señor fiscal.

“2. El segundo vehículo taxi Chevette, amarillo, de placas TIK-902 afiliado a Tax Alemania, modelo 1-989, conducido por el señor Rogelio Restrepo Montoya...

“3. El tercer vehículo taxi Chevette, color amarillo, modelo 8[ilegible], de placas TII-482 afiliado a Tax Belén, conducido por Rubén Darío Silva Alzate...

“Vale mencionar que estos dos vehículos escoltaban al primer vehículo donde llevavan (sic) al joven ‘enmaletado’ y donde se encontró el arma (navaja) al parecer homicida. Según versión del sujeto ‘enmaletado’ fue testigo presencial cuando le causaron la muerte a su acompañante por parte de uno de los taxistas al parecer el primero de los nombrados, que a él lo matarían en otro lugar. No se lograron establecer los motivos” (fl. 22, proceso penal).

3.3. Ese mismo día, el CT. Gustavo Adolfo Gil Sánchez, comandante de la Estación de Policía de Manrique, puso a disposición de la Fiscalía, a los tres capturados, mediante el siguiente informe:

“Los antes mencionados, fueron retenidos el día 221292 a eso de las 01:30 horas en la Cra. 58 con Cl. 90 (Curva del Diablo), en momentos que se desplazaban en los vehículos taxi, así:

“El primero de los nombrados [Julio César Gómez Valladares], en el taxi Chevrolet Chevette, color amarillo, placa TIO 624, afiliado a Coopebombas, quien lo condicía (sic). En dicho vehículo se encontraba ‘enmaletado’ el joven Arnulfo Sedano Ariza, 23 años (...) quien presenta golpes en la cabeza. El segundo de los nombrados [Rogelio Restrepo Montoya] conducía el vehículo taxi Chevrolet Chevette, color amarillo, placa TIK-902, afiliado a Tax Alemania, mod. 89 y el tercero de los nombrados [Rubén Darío Silva Alzate], conducía el vehículo Taxi Chevrolet Chevette, color amarillo, placa TII 482, afiliado a Tax Belén.

“Es de anotar que según versiones del joven ‘enmaletado’ tomó una carrera en el centro de la ciudad, en compañía de su amigo Jorge Iván Clavijo Muñoz, quien fue muerto posteriormente por uno de los taxistas, de igual manera informó que en el primer vehículo anotado, se encontró un arma blanca (navaja), con la cual al parecer cometieron el homicidio y los dos vehículos restantes lo escoltaban” (fl. 22, proceso penal).

3.4. En vista de lo anterior, la Fiscalía Primera Delegada Secretaría Común, adscrita a la Unidad de Fiscalía Uno de Vida, el mismo 22 de diciembre de 1992, profirió Resolución de apertura de investigación (fl. 31, proceso penal) y mediante orden de encarcelamiento 065 del 22 de diciembre de 1992, solicitó a la asesoría jurídica de la Cárcel Bellavista, recibir en ese centro carcelario, a los señores Rubén Darío Silva Alzate, Julio César Gómez Valladares y Rogelio Restrepo Montoya. En el mismo oficio se indicó además que se les imputaba el delito de homicidio y que habían sido capturados en flagrancia (fl. 29, proceso penal).

3.5. El 24 de diciembre de 1992, se escuchó a Rogelio de Jesús Restrepo en indagatoria (fls. 61 y 62, proceso penal), luego de lo cual, el 29 de diciembre de 1992, se resolvió su situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, en su contra y de los otros dos procesados, por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple, decisión que se fundamentó en los siguientes argumentos:

“A pesar de que hasta el presente no se ha obtenido ni el registro civil de defunción ni el acta de necropsia de la víctima Jorge Iván Clavijo Muñoz, la occisión de este es de incuestionable demostración. De ello da fe el acta del levantamiento del cadáver a folios 1 vto. y 2 fte., y la declaración del testigo presencial del hecho Arnulfo Sedano Ariza, quien de paso sea dicho, también aparece como víctima y que debe sumarse en concurso como damnificado del punible de secuestro simple, pues a pesar de que según él mismo la intención de sus captores era ultimarlo más adelante, ello no se dio gracias a la oportuna intervención de los uniformados, quienes lo liberaron de la privación involuntaria de su locomoción.

“Todo lo anterior nos indica que se satisfacen las exigencias del artículo 388 del ordenamiento procedimental penal para proferir medida de aseguramiento en contra de los vinculados al proceso, porque de un lado, Julio César Gómez Valladares aceptó tener ‘enmaletado’ a la víctima Sedano Ariza, dizque con el fin de llevarlo hasta la Policía, y de otra parte, a uno de los agentes más concretamente a William Alfonso Almanacín, folios 37 fte., le manifestó que le iba a decir la verdad, que era muy sincero, que había asesinado a esa persona porque lo había atracado, manifestación que, según este hizo en presencia de todos sus compañeros.

“La conducta de los dos restantes es decir, los que al parecer hacían escolta al vehículo que llevaba al pasivo, se desconoce hacia dónde, no es muy clara, puesto que de una parte, transitaban en contravía por un lugar que es reconocido como crítico, ya que es despoblado y que según los mismos agentes es reconocida como peligrosa, porque según las estadísticas policivas, se han encontrado más de setenta muertos, debiéndose tener en cuenta además esas altas horas de la noche (negrillas de la Sala).

“De suerte que esas explicaciones de los taxistas de que transitaban en el lugar por mera coincidencia, no merecen crédito, pues no tienen respaldo alguno por no existir explicación satisfactoria de porqué ambos transitaban por el mismo sitio y en contravía.

“El defensor Jesús Adolfo Ramírez Torres, que sustenta la solicitud de excarcelación al momento de resolver la situación jurídica, en el sentido de que a su defendido no le fueron halladas manchas de sangre, ni armas, y que la única prueba que le puede recaer es el indicio, precisamente hasta el presente la prueba que recae sobre los dos restantes taxistas, uno de ellos su pupilo, es la indiciaria; teniendo en cuenta que una persona no podía maniatar a dos individuos e introducirlos en la cajuela del vehículo, fuera de lo anterior es inexplicable que los tres taxis transiten en contravía sin causa justificada por una zona que es reconocida por los de dicho gremio y el conglomerado social, como peligrosa, además conocido por el público que en dicho lugar se han encontrado cerca de un centenar de cadáveres, si bien es cierto que a ninguno de los dos se les encontraron manchas de sangre, esa falta de prueba no les resta responsabilidad, por lo que se dijo anteriormente la Fiscalía no comparte los argumentos del distinguido profesional” (fls. 101-105, proceso penal).

3.6. La anterior decisión fue recurrida por el abogado defensor del actor (fls. 128-139, proceso penal), siendo confirmada por la Unidad de Fiscales Delegados Ante Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en proveído del 27 de enero de 1993, bajo los siguientes razonamientos:

2. Debe reconocerse que existen algunos vacíos en el testimonio-denuncia y así lo relieva el Defensor (fl. 251-1), pero estos vacíos no demeritan Indicios Graves de responsabilidad, deducidos de ese cuestionado testimonio y de la propia realidad ontológica, como quedará analizado a espacio en esta misma providencia. Poco interesa, por ejemplo, que Sedano haya visto o no la concreta agresión, ante la existencia del cadáver y la naturaleza de las mortales lesiones; claro que el representante de dos de los sindicados también cuestiona la acusación directa lanzada por Sidano (SIC) contra Gómez, tildándola de falta de espontaneidad, como que fuera ‘... inducido o motivo por uno de los agentes del procedimiento...’ (fl. 126); desde ahora puede decirse que una vez liberado el joven de inmediato señala a Gómez como el principal promotor de la empresa criminal, al parecer patrocinada por un sargento y varios agentes de la Policía Nacional. No acepta la defensa la confesión del homicidio que este sindicado presentara ante el policía Almonacín (fl. 126, 3-4); aspecto que tampoco trasciende ante la fortaleza de la realidad” (fl. 148, proceso penal, negrillas de la Sala).

En cuanto a la declaración rendida por Arnulfo Sedano Ariza, consideró:

“3. Sedano Ariza ha lanzado la acusación directa contra Gómez Valladares, no como fruto de retaliación o fantasía, sino como consecuencia de la acción desplegada; además, esa acusación no queda latente en las mismas palabras — como sí quedan las evasivas propuestas por los sindicados— pues encuentra respaldo en realidades como la existencia del cuerpo sin vida de Jorge Iván Clavijo Muñoz, las mortales heridas ocasionadas con arma blanca y las manos atadas hacia la espalda; la liberación de Sedano y la inmediata acusación por él lanzada. ¿Cómo podría lanzarla sin el conocimiento previo del asesinato de su amigo? Ante estas realidades poco interesa que la muerte haya sido ocasionada con arma blanca o con revólver, ni que los homicidas dejaran con vida al denunciante, quien pudo conservarla tan solo por la afortunada intervención policiva. Sedano también certifica la ayuda que Gómez recibiera de otros taxistas y solo Silva y Restrepo lo seguían en sus respectivos taxis; entonces ¿cuál es la deducción lógica? A Sedano hay que creerle que tanto a él como a su amigo los retuvieron unos taxistas, que estos con la colaboración de algunos policías, tras atarles pies y manos, los introdujeron en la maleta del taxi conducido por Gómez; que para aprehenderlos los intimidaron con armas de fuego y que antes de ‘enmaletarlos’ los despojaron de algunos bienes de su propiedad; que como Gómez le propinó las mortales heridas a Clavijo, con la complicidad o coautoría de Silva y Rodríguez. Este es el desarrollo de las conductas por las cuales deben responder los sindicados y en este orden de ideas deberá confirmarse la providencia recurrida con las adiciones que ya se han insinuado en esta resolución; la medida de aseguramiento no solo será por el homicidio agravado en la persona de Clavijo Muñoz y el secuestro simple contra la libertad de Sedano Ariza, sino también por el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (...) que esgrimieron los taxistas al momento de retener a los ofendidos, por el hurto calificado y agravado (...) consistente en la apropiación de varios bienes de Sedano y Clavijo, y el secuestro simple contra el hoy occiso que no subsume el homicidio” (fls. 154, expediente penal).

(...).

“1. Aquí la prueba indiciaria va desde la llamada mala justificación, hasta la captura en flagrancia (CPP, arts. 370 y 371); refiriéndose a la flagrancia enseña la h. Corte Suprema de Justicia: ‘La Sala estima que la flagrancia debe entenderse como una forma de evidencia procesal en cuanto a los partícipes, derivada de la oportunidad que han tenida una o varias personas de presenciar la realización del hecho o de apreciar al delincuente con objetos, instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su participación en un hecho punible./ Dos son entonces los requisitos fundamentales que concurren a la formación conceptual de la flagrancia, en primer término la actualidad esto es la presencia de las personas en el momento de la realización del hecho, o momentos después, percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor del hecho’ (...) De acuerdo con la anterior enseñanza la flagrancia solo opera para Gómez Valladares, pues tan solo a él individualiza Sedano, sin embargo, para Silva y Rodríguez obran indicios tan delicados como la inexplicada presencia en el llamado teatro de los acontecimientos, el frustrado desobedecimiento a las órdenes policiales, la remisión genérica que Sedano hace de quienes le colaboraron a Gómez y la captura dentro de las circunstancias ya conocidas. Ante toda esta acumulación de datos objetivos y elementos probatorios, no es tan delesnable (sic) el testimonio del único testigo de cargo, como lo pretende la defensa, pues sin estrangular la sana crítica testimonial (CPP, art. 294) puede decirse que reconstruye, sin mayores interferencias ni dudas, el desarrollo de los acontecimientos.

“2. Del testimonio tantas veces aludido y de los distintos hechos indicadores, surge la prueba suficiente para mantener la medida y de los distintos hechos indicadores, surge la prueba suficiente para mantener la medida de aseguramiento de detención preventiva, sin libertad provisional, para los sindicados: Gómez Silva y Restrepo, por el concurso (C.P., art. 26) en la persona de Jorge Iván Clavijo Muñoz; no obstante la pluralidad de heridas no resulta clara la sevicia (art. 324-6) deducida en la primera instancia (...) causarle la muerte a Clavijo, tanto este como Sedano, fueron retenidos, privados de su libertad de movilización; por tanto, concurre también el doble secuestro simple (C.P., art. 269) de las víctimas; estas fueron sometidas mediante la intimidación de armas de fuego (revólveres) de defensa personal, delito definido y sancionado en el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986, establecido como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2266 de 1991; además, a Clavijo le fue sustraído un anillo y Sedano un reloj y dinero, tipificándose así el delito de HURTO calificado y agravado (C.P., arts. 349, 350-1 y 351-9 y 10). Con las adiciones anotadas deberá confirmarse la providencia recurrida” (fls. 146-156, proceso penal).

3.7. El 17 de junio de 1993, la Fiscalía calificó el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación en contra de Julio César Gómez Valladares, Rubén Darío Silva Alzate y Rogelio Restrepo Montoya, por los punibles de homicidio y secuestro simple, de que fueron víctimas Jorge Iván Clavijo Muñoz y Arnulfo Sedano Ariza. Por otro lado, precluyó la investigación por los delitos de porte ilegal de armas y hurto y ordenó “compulsar copia de lo pertinente a fin de que se investigue por la justicia penal militar la conducta en que pudieron intervenir alguno de los miembros de la policía Nacional y los que aún faltan por identificar” (fl. 505, proceso penal).

En relación con Restrepo Montoya, la acusación se fundamentó, entre otras, en las siguientes consideraciones:

“Como se puede observar dentro del presente proceso, es incuestionable la muerte violenta producida a causa de las lesiones causadas con arma cortopunzante en la humanidad de quien en vida respondió al nombre de Jorge Iván Clavijo Muñoz. Pues de ello dan fe el acta del levantamiento del cadáver, el acta de necropsia, y la partida civil de defunción vistos a folios 1-2, 173 y 145 del cuaderno principal.

“Está claro que de las conductas ilícitas investigadas cometidas en concurso y que se deben juzgar de acuerdo al artículo 26 del Código Penal, la más grave es la tipificada en el libro segundo título XIII, capítulo I del Código Penal.

“Porque se investigó dentro del presente averiguatorio además del homicidio, los siguientes hechos punibles conforme lo ordenado por la Fiscalía Primera Delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, donde se surtió el recurso de apelación a la medida de aseguramiento proferida por esta misma fiscalía a saber:

(...).

“Cabe advertir, que no fue posible hallar las armas de que da cuenta Bedano Ariza que portaban los taxistas, como tampoco en posesión de los mismos, un reloj y un anillo de que dice el mismo ofendido y sobre ellos nos remitiremos en esta decisión.

“En los albores de la investigación se recepciona en versión jurada varios agentes de la policía que se ocuparon del procedimiento realizado en la Curva del Diablo, a quienes les pareció por demás sumamente extraño que por dicha vía, transitaran en vía contraria a la permitida por las autoridades de tránsito, tres taxis, razón por la cual fueron interceptados el primero conducido por Julio César Gómez Valladares, que al ser ordenado por la policía abriera la maleta porque se escuchó un ruido, con gran sorpresa observaron la existencia de un personaje herido y atado con las manos hacia atrás, quien al ser liberado sin ninguna vacilación comentó a los uniformados, que el autor de ello era el conductor de ese mismo vehículo, acompañado de otros que no pudo precisar y, que el mismo, también le dio muerte a su compañero con unanavaja (sic) unos metros más adelante, cuyo cadáver, efectivamente fue localizado por los uniformados en el lugar indicado por este testigo presencial de los hechos.

“A pesar de que las causas por las cuales se originaron los hechos investigados no están muy claras, lo cierto del caso es, que en la Curva del Diablo apareció un cadáver, que resultó ser, ni más ni menos que el compañero de Sedano Ariza, liberado en el mismo sector de la Curva del Diablo por los agentes de la policía de la maleta de un taxi conducido por Julio César Gómez Valladares.

“Como se puede observar existe la prueba más que suficiente para concluir que el mismo carro y el mismo conductor que lo condujo, fue el utilizado para movilizar tanto a Jorge Iván Clavijo como a Arnulfo Sedano Ariza, y que estos dos andaban juntos porque así lo dio a conocer el segundo de los nombrados, que de acuerdo a las circunstancias de los hechos, más de una persona intervino en el ‘enmaletamiento’ de los dos ciudadanos en el taxi, para amarrarlos de pies y manos, más luego introducirlos al portamaletas de un carro, tuvo necesariamente que haber intervenido más de una persona, fuera de lo anotado por el ofendido Sedano Ariza.

Cierto es que el denunciante Sedano Ariza no es muy claro en sus exposiciones, cuando en tres intervenciones que rindió ante el despacho tomó distintas posisiones (sic) sobre la inicial circunstancia que ocasionaron los lamentables hechos. Pero en cualquier forma como hubiere sido, la verdad es que este apareció ‘enmaletado’ en el carro conducido por Gómez Valladares, y que quince metros más adelante apareció muerto su compañero Jorge Iván Clavijo Muñoz, lo que indica la inexistencia de una causal de justificación, por cuanto, así sea que estos trataron de atracarlo, el hoy occiso y su compañero laagresión (sic) aunque injusta, no era actual o inminente, teniendo en cuenta el recorrido hecho por el taxista fuera de que los presuntos agresores ya habían sido reducidos a la impotencia, pues se encontraban atados de pies y manos (negrillas de la Sala).

(...).

“En cuanto a la participación de los acusados Rubén Darío Silva Alzate y Rogelio Restrepo Montoya, se vierte de las siguientes circunstancias: en primer lugar, por cuanto ya se dijo para maniatar, amordazar y ‘enmaletar’ a dos personas en elmaletero (sic) de un carro, se necesitan más de una persona necesariamente, trabajando en el mismo gremio, son solidarios como ellos mismos lo admiten con sus compañeros, y la prueba es que ellos mismos manifiestan [que] eso obedeció a entrar en vía contraria a la Curva del Diablo, fuera de que fueron vistos encaravanados por la misma Curva del Diablo, amén de que desde un principio Sedano Ariza manifestó que fueron dos taxistas más fuera de otras personas, que no se logró identificar, quienes se ocuparon de capturarlos, amarlos [amarrarlos], y luego dar muerte a uno de ellos.

“Por lo anterior, respetando los planteamientos de los acusiosos (sic) defensores de los dos anteriores implicados en las infracciones investigadas, no comparte con ellos porque las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que los hechos sucedieron, son apenas suficientes, de acuerdo con los indicios graves que caen contra los mismo[s], para endilgarles responsabilidad.

“Por lo anterior, considera el Despacho que se satisfacen plenamente los requisitos para una resolución acusatoria contra los tres sindicados, demanda el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto está demostrado la ocurrencia de los hechos, existe testimonio que ofrece serios motivos de credibilidad, e indicios graves que comprometen la responsabilidad de los imputados, por los hechos punibles de Homicidio que define y sanciona el Código Penal, título XIII, capítulo primero con circunstancias de agravación punitiva que da cuenta el artículo, 324-6-7, por la sevicia y porque la víctima fue colocada en situación de indefensión o inferioridad, y el secuestro simple que define la misma obra anotada en su libro segundo, título X, capítulo primero” (fls. 488-505, proceso penal).

3.8. El anterior proveído fue confirmado por la Unidad Seccional de Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, el 10 de agosto de 1993. En relación con el señor Restrepo Montoya, se expusieron las siguientes razones:

“3. Con lo anterior quiere significarse que Silva y Restrepo, participan tanto en el secuestro de Sedano y Clavijo como en el homicidio de este último. Si los cosindicados seguían a Gómez desde el momento que toma la vía, rumbo a la Curva del Diablo, y su aprehensión la ejecutan los policiales al mismo tiempo y en el mismo lugar (descontada la fuga) de la de Gómez mal pueden ignorar el homicidio de Clavijo o la presencia de los supuestos ‘policías homicidas...” (fl. 541, proceso penal).

3.9. El 19 de agosto de 1993, el proceso pasó a conocimiento del Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín (fl. 552, proceso penal).

3.10. Mediante memorial del 7 de septiembre de 1993, Rogelio de Jesús Restrepo Montoya solicitó ante el Juez de conocimiento, el beneficio de la libertad provisional (fl. 563, expediente penal), el que le fue negado en providencia del 8 de septiembre del mismo año, por cuanto no se presentaba ninguna de las causales que los artículos 415 y 417 del Código de Procedimiento Penal consagraban para tal efecto (fls. 564 y 565, proceso penal).

3.11. Finalmente, en sentencia del 25 de marzo de 1994, proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, el señor Restrepo Montoya fue absuelto de toda responsabilidad, decisión que se fundamentó en los siguientes razonamientos:

“De todas las pruebas aportadas al proceso, está establecido que en verdad, aquella noche del 21 de diciembre de 1992, Jorge Iván Clavijo retiró a las 9:40 p.m. la suma de $ 45.000 de Conavi, subió a su casa y le entregó a su compañera permanente $ 40.000, empezó a tomar vino con Sedano y Hermes que ya habían llegado, se acabó e ingirió más vino que luego cambiaron por cerveza, pasadas las 11 p.m. salieron de aquel lugar y se fueron al parque de Bello, allí se tomaron otras cervezas y al ver este tan solo, Hermes se fue para su casa y los dos tomaron una buseta y se vinieron, bajándose en la avenida de la República de Juanambú, subieron tres cuadras, penetraron a un café, tomaron algo, y luego caminaron otras dos cuadras, y le pusieron la mano a un taxista, este paró, se montó en la parte delantera Sedano, hombre que no pudo vivir con su familia porque se embriagaba y era un tipo violento, de palabras soeces (fls. 599 y ss.), quien en días pasados laboró en Bogotá como agente militar y motorizado y que por causas desconocidas se tuvo que venir de allí a vivir en Medellín, sacó una navaja, con la cual intimidó a Gómez Valladares, para que le entregara sus pertenencias, en esas se acercó Clavijo Muñoz a la ventanilla y le dijo que siguiera las instrucciones de su amigo sino quería perder la vida, en esas, sonó un disparo, salieron Clavijo a la carrera y gritó, hecho que desconcertó a Sedano y por ello se descuidó, momento que aprovechó Gómez Valladares para desarmarlo y ante lo sucedido lo único que él deseaba era huir, se tiró del carro, salió corriendo, otro disparo y se lanza al piso, en esos momentos se acercan dos sujetos de civil que retienen a Sedano y al acercarse al conductor le dicen ‘tranquilo que somos policías’, luego aparece el Renault 12 y en él llevan a Clavijo custodiado por dos motorizados, luego subieron a Sedano en el vehículo en el que iban ellos dos vigilados por un agente de revólver en mano y cuyo cuerpo estaba hacia ellos, llegaron al CAI de la plazuela Nutibara y allí los cuatro agentes conversaban, entre ellos había un sargente (sic), revisaron los documentos y tomaron nota del nombre y dirección de Gómez Valladares y a los retenidos les quitaron el carnet de la empresa, luego los dos agentes de civil, penetraron a los calabozos y ataron de pies y manos a los dos, les quitaron los relojes y un cheque, luego los subieron a la maleta del Chevette y siguieron con ellos por todo Bolívar, llegando al cementerio de San Pedro, bajaron por el seguro para llegar a la permanencia del Norte, que era la ruta que se dijo en principio, y al llegar a Carabobo le dijeron que girara a la derecha, al preguntar Gómez porque esa vía, estos le dijeron que iban a darles el paseo, intercedió por ellos y lo que consiguió fue enojarlos, manifestando que todavía los defendían y ellos clamaban por esos ladrones, que siguiera, o que si quería que se los dejara o qué, que siguiera, eran dos sujetos que iban armados y capaces de hacer cualquier cosa, le indicaron que debía seguir por la carretera vieja de las camelias, y así siguieron, llegando hasta el punto donde se toma la desviación que se une con la regional; continuaron la marcha por ese lugar hasta llegar precisamente donde empieza la curva del diablo, lugar despoblado e inhabilitado, que es conocido en esta ciudad y medios judiciales, como el botadero oficial de cadáveres, allí, a la 1:25 a.m. aproximadamente después de parar el automotor, los agentes de la autoridad bajaron a uno de ellos y el de la chaqueta y bozo, sacó la navaja del bolsillo y empezó a golpearle, causándole varias lesiones que a la postre le ocasionaron la muerte por shock traumático por heridas viscerales múltiples, luego, el mismo de la chaqueta cerró el baúl y le dijo a Sedano que más adelante lo mataría a él, mientras este ejecutaba a Clavijo, otro de los agentes estaba a su lado y Gómez se encontraba en la parte de adelante del mismo, sintiendo los horrores de esa muerte, al sufrir náuseas y temor, luego, se suben de nuevo al Chevette y arrancan despacio, cuando el agente de chaqueta observa las luces al final de la curva, le dice, pare, no nos vaye (sic) [vaya] a denunciar, recuerde que sabemos dirección de su casa y de su familia, deben ser policías que vienen a botar más cadáveres, dígales que Ud. lleva un ladrón en la cajuela para matar, se bajan, toman la curva y empieza la otra, se acerca a los policías, para, y les narra lo sucedido, mientras tanto dos carros pasan por occidente y por el mismo lugar y les dejan seguir, luego uno de los uniformados les piden la lleva en la maleta y se encuentra cuando se estaban acercando que empezaron a pataliar, e inmediatamente dice uno de ellos que tenía el boquitoque (sic), que allí había algo, abrieron y era un enmaletado, ordenando como así lo dice Sedano, seguir a esos taxistas y traerlos, emprendendiendo (sic) la persecución y fácilmente lo alcanzan porque ellos continuaron con un poco velocidad, es decir, no estaban huyendo, si esto hubiera sido verdad, la velocidad que hubiere podido desarrollar era la máxima, porque en principio era una recto y luego hay desviaciones como tomar el puente del mico o girar para coger el rompoy (sic), o tomar el giro para coger a Barranquilla y a una buena velocidad y a los tres o cuatro kilómetros de distancia que les llevaba, no había sido posibles por parte de los uniformados, alcanzarlos y capturarlos, como ellos mismos afirman (fls. 711-713, expediente penal; negrillas de la Sala).

“En el procedimiento se observó, que los retenidos fueron llevados antes de llegar la Fiscalía, al Comando Policivo de Manrique, cuando dicho funcionario llegó se encontró con los retenidos no estaban, solo los vehículos, a los cuales se ordenó tomaran fotografía y en estas encontramos a fls. 188 que el rodante de placas TIO 624 muestra salpicaduras de sangre en la parte de atrás, debajo del bómper y a un lado de la llanta derecha, además hay huellas de sangre en la puerta de los lados (fls. 187); la Fiscalía de Instrucción dispuso la recolección de estas muestras y las huellas que allí habían, y cuál fue su sorpresa, al enterarse que efectivamente uno de los uniformados había dispuesto lavar estas manchas, que al decir del lavador de carros, eran de grasa, pero que efectivamente eran de sangre, es lo único que se pudo establecer y que en verdad los policías por todos los medios desvirtuaron la prueba, la hicieron desaparecer, incluso con la navaja, la cual la tomó uno de ellos que tenía guantes y la hizo pasar de mano en mano; otra prueba que desaparece es el [no] haber dejado constancia de la ropa que vestía cada uno de los indagados, lo cual no hacen, ni son informados y menos la Fiscalía, porque ellos no lo tuvieron presentes, pero más llamativo es que al único que los uniformados tomaron versión libre, espreciamente (sic) a Gómez Valladares, quien afirma que ellos le dijeron como debía declarar para defenderse, sin acusar a sus compañeros, pues eran una gran familia, en sus respectivas declaraciones los uniformados encargados de su llegada y estadía en el comando, estando enterado de lo sucedido, niega haber conversado con él, sobre la forma de declarar (fls. 713, 714, proceso penal; negrillas de la Sala).

“Con la toma de las huellas digitales a la tapa del baúl, donde aparecen manchas de sangre y a las puertas, se hubiere podido establecer realmente quien mató a Clavijo, quien era el hombre de bozo con motilado militar y con chaqueta negra, es más, era de tanta importancia esta prueba, que era definitiva para la identificación del autor material del hecho.

(...).

Sí ha quedado muy claro, que Rogelio y Rubén, fueron dos personas, que en razón de su oficio pasaron accidentalmente por aquel lugar, que movidos por el afán de prestar ayuda a otro conductor, tomaron la desviación que es contraria, no tuvieron ningún tipo de participación en el hecho punible, ni siquiera supieron que sucedía, solo se entraron, cuando los capturaron después de dejarlos pasar y regresarlos de nuevo. Eran tan inocentes de lo acaecido que siguieron a la velocidad mínima, porque así hubieren estado huyendo, habían acelerado y tomado una de las desviaciones que allí habían, incluso meterse al barrio Fidel Castro y de ahí salir a Carabobo, donde toman cualquier ruta o seguir y tomar el puente o llegar a Barranquilla, en fin habían varias formas de escape y con la distancia que llevaban, la hora de la madrugada que era, un lugar despoblado, la policía no había podido capturar a estos hombres, no se les encontró armas de fuego ni de ninguna clase, tampoco estaban sus ropas, zapatos o manos cubiertas de alguna mancha de sangre, ni siquiera sus vehículos, respecto de ellos, Sedano, no se atreve siquiera a imputarles el cargo, simplemente dice que no se vio a los otros dos en la oscuridad, no los recuerda, como tampoco sabía quiénes eran ellos, se enteró que eran taxistas e iban escoltando al carro en que él iba, por los mismos uniformados, cuando así lo manifestaron al ordenar estando él ‘incluso en el baúl, cuando dijeron, detengan los taxistas que hay un enmaletado’, y de acuerdo a la versión del indagado Gómez, una vez ellos establecieron que Sedano estaba ahí, es que salen en persecución de estos dos indagados; carecen de antecedentes penales, existen declaraciones sobre su buena conducta, respeto por la vida, sobre su honradez, responsabilidad tanto a nivel social como familiar, las personas que en una u otra forma han tenido que venir a declarar, bien fuera como agente de policía u otro, han sido muy claros en manifestar que no han escuchado que se hayan unido los taxistas para matar ladrones de carros, sino simplemente han escuchado y les consta dicen los uniformados, que las personas dedicadas a la labor de taxistas que logran comunicarse por radio teléfono informan los actos sospechosos de robo de vehículos y salen caravana de 8 a 10 a buscarlos, hasta encontrarlo y entregarlo a la policía, les consta a los mismos policiales y así lo declaran; luego ya, ellos saben que cuando hay una caravana de taxis, es porque ya saben dónde hay un rodante robado o por donde transita lo mismo, cuál es su finalidad. (fls. 716-717, proceso penal, negrillas de la Sala).

(...).

Luego, no queda la menor duda incluso que estos dos hombres no tienen ninguna participación en el hecho punible investigado, y que el cargo que podría pensarse lanzado por Sedano, no es tal, pues él afirma que los compañeros de Gómez eran ellos porque iban en caravana con él, porque él no puede reconocerlos, porque no los vio por la oscuridad, o porque no los recuerda por el golpe que sufrió en la cabeza y es que es verdad, no los recuerda porque ellos no participaron, porque él sabe quién le ocasionó las lesiones con el arma de fuego eran personas vinculadas a nuestras instituciones policivas, y no dos pobres trabajadores que escasamente ganan para sobrevivir como también sabe y no expresa claramente, que quien se quedó con sus bienes e igual con los de Clavijo, fueron los policías uniformados que procedieron contra ellos en el CAI y cuando los capturaron, de ahí la descripción de ellos, el uno como sargento identificable por las insignias y hecho que hizo después del golpe, el él comenta que se quedó con él, y de ahí provienen las amenazas, por ello, es que en la declaración Sedano es muy vago, incoherente, nada concreto sobre la responsabilidad de estos, e incluso si observamos bien su testimonio vemos como unas veces afirma que le seguían dos vehículos que él nunca vio, pero que escuchaba el motor, otras que los tres taxistas en el trayecto conversaban entre sí y desde sus respectivos carros, pero que en verdad por el ruido del motor en el que él iba no le permitió afirmar si iban más vehículos automotores, aunque él ha sostenido que escucha conversar al taxista con otros en el vehículo, pero no entendía que era, circunstancia que era viable si van en el mismo carro, fuera de ello, no es posible, ni lógico que en una calle oscura, estrecha, donde pasa un solo automotor por una sola vía, se comuniquen los taxistas conduciendo cada uno su carro para conversar y ser escuchado por quien va en la cajuela encerrado...

Sedano, entonces, no es la persona que esté en capacidad de lanzar un cargo tan grave y directamente contra ellos, pues él mismo deduce la imputación, porque iban tras el Chevette donde él iba en la cajuela, más no porque los vio, porque los reconoce, es más, ni siquiera después de tenerlos de frente cuando lo capturan, se atreve a señalarlos (...) es que Sedano además pregona el hurto de dinero y después cambia su declaración por un cheque, por la misma cantidad, no sabiendo a ciencia cierta qué sucedió realmente, pues la chaqueta nunca le fue sustraída y siempre la tuvo puesta, como también a él le ayuda la madre económicamente; [¿] cómo entonces, pensar que existe en el proceso prueba directa o indicio grave de la responsabilidad de estos dos señores?, no existe la prueba necesaria para imputarles el cargo como autores del hecho de homicidio en la persona de Jorge Iván Clavijo Muñoz, ni de la secuestro en que aparece víctima Clavijo y Sedano Ariza, siguiendo los presupuestos establecidos en el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (fls. 718-719, proceso penal, negrillas de la Sala).

(...)

“Es más, con las pruebas analizadas y con los indicios que aparecen, como es la presencia en el lugar de los hechos, no puede pregonarse que los indagados deban responder de ello, pues Rubén Darío y Restrepo Montoya, ni siquiera estaban enterados de lo que sucedía, y solo momentos después se enteraron de lo sucedido; de allí que en ese baúl del carro iba un enmaletado, y luego que había un cadáver, por ello, se tiene al [la] certeza que en momento alguno estos sujetos tenían conocimiento de los hechos y que no participaron en ellos, quedando literalmente claro la presencia ocasional por aquel lugar” (fl. 730, proceso penal, negrillas de la Sala).

Finalmente, en la sentencia se ordenó la libertad inmediata de los tres procesados, incluyendo al señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, quien para el efecto, el mismo día en que se profirió —mar. 25/94—, depositó una caución prendaria por $ 50.000 (fl. 734, proceso penal). Cabe precisar que pese a que no obra en el expediente ninguna certificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — Inpec—, ni de la Cárcel Nacional Bellavista, ni tampoco boleta de libertad, se tendrá esta fecha como aquella en la que el actor recobró su libertad, toda vez que en ella firmó la caución prendaria.

3.12. En el proceso adelantado por esta jurisdicción, se recibió el testimonio del señor Rubén Darío Silva Alzate, quien también fue aprehendido y capturado junto con el demandante. Al respecto, manifestó:

“(...) nosotros veníamos del norte hacia el sur, por los lados de Zamora digamos. Yo vi que entró un taxista por una parte llamada la Curva del Diablo, entonces yo pensé que como venía en contravía algo le iba a suceder y nosotros como somos solidarios entré y resulta que adelante del que yo vi venía otro y ahí había un retén de la policía. Cuando el que yo seguía le dijeron que siguiera, la misma autoridad, a mí me dijeron lo mismo: [¡]Siga! Yo seguí más adelante y allá más adelante nos detuvieron, a mí la autoridad y al otro señor también lo detuvieron. Nos devolvieron al sitio donde estaba el retén, donde estaba el otro señor, el primer taxista y ahí nos detuvieron y nos mandaron para Manrique Oriental, diciéndono[s] que nosotros teníamos que ver en todo eso y ya, para Bellavista. Eso fue un 21 al amanecer el 22 de diciembre de 1992 y allá quedamos detenidos” (fl. 142, cdno. ppal. 1).

4. Conforme al recaudo probatorio, está demostrado el daño antijurídico, que consistió en la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, entre el 22 de diciembre de 1992 —fecha en la que fue aprehendido en la ciudad de Medellín, por uniformados de la Policía Nacional—, y el 25 de marzo de 1994 —para un total de 15 meses y 3 días—, cuando se profirió la sentencia que lo absolvió de toda responsabilidad penal por los delitos de secuestro simple y homicidio y que a su vez, ordenó su libertad provisional.

Ahora bien, en lo que al juicio de imputación se refiere, se advierte conforme a las pruebas, que este elemento también se encuentra plenamente demostrado, tanto en lo atinente a la atribución fáctica como jurídica del daño. Así, en relación con la primera, se tiene que en efecto, fueron los gendarmes de la Cuarta Estación de Policía de Manrique, quienes luego de encontrar al señor Jorge Iván Clavijo Muñoz, dentro de la cajuela del taxi de placas TIO 624, conducido por Julio César Gómez Valladares, dieron captura a este y a Rogelio de Jesús Restrepo Montoya y Rubén Darío Silva Alzate, ciudadanos que fueron dejados a disposición de la Fiscalía, entidad que posteriormente, mediante resolución del 29 de diciembre de 1992, impuso medida de aseguramiento en su contra.

En cuanto a la imputación fáctica, con fundamento en las providencias proferidas en el proceso penal, en especial la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, se concluye que el daño es imputable a la Fiscalía bajo el régimen objetivo de responsabilidad, que para este caso encuentra sus cimientos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Para una mayor comprensión, se explicará por separado lo atinente al juicio de responsabilidad de cada una de las demandas:

4.1. De la responsabilidad de la Policía Nacional. El derecho a la libertad personal se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que preceptúa:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles” (resaltado fuera de texto).

El derecho regulado en la disposición transcrita, como ya lo ha indicado la Sala(14), representa una de las facetas de la libertad, entendida esta, como el bien jurídico más preciado del hombre. No se trata de una garantía carente de importancia pues de ella depende el ejercicio de otros derechos, por eso puede asignársele los calificativos de principal e instrumental. Como puede observarse, se caracteriza por ser un derecho que posee una connotación física, toda vez que su objetivo es proteger al individuo de una detención que no encuentre justificación en el ordenamiento jurídico y que por lo tanto afecte la cualidad genérica de libre actuación que le es consustancial. Por lo tanto, se busca tener una certeza: la existencia de capacidad de reacción contra una agresión externa que afecta la propia disposición(15).

El contenido del derecho se confunde con la forma en que el mismo se protege, en el cómo se regula el hecho de la detención, las garantías que deben acompañar la utilización de esta medida, y las posibilidades de oposición en cabeza del individuo que se ve afectado con la determinación del Estado. Por eso, le asiste razón a la doctrina al afirmar que la única manera de desentrañar el contenido del derecho a la libertad personal es analizándolo desde su vertiente negativa(16). En otras palabras, como parte integrante de aquel espacio en el que la injerencia del poder público debe ser mínima y estrictamente necesaria.

El carácter estrictamente necesario de la restricción del derecho es un reflejo del avance que los sistemas penales han tenido en las democracias occidentales, especialmente del cambio que implicó para la libertad personal el principio de división de poderes, porque al confiar a los jueces las detenciones, se aseguraba que el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico estuviera en cabeza de autoridades no solo imparciales sino independientes de la rama ejecutiva(17). Se garantiza así, que la valoración de los supuestos que pueden dar lugar a una privación de la libertad se encuentre plenamente justificados, pues la ausencia de razones o la presencia de motivaciones insuficientes generan la responsabilidad del Estado.

En cuanto a su contenido esencial, este puede entenderse en los eventos en que la libertad decae por la intervención de la autoridad pública cuando esta no tiene “... causa para accionar contra ella”. De modo tal que, al ser su intervención injusta o ilegal, “... se genera unos mecanismos para la restitución del bien protegido”(18). De ahí que pueda afirmarse que la detención preventiva también conforma el derecho, ya que a través de su regulación y, especialmente, mediante la fijación de las causas por las cuales procede, se fija un límite a la actuación del individuo, porque si su comportamiento se encuentra previamente tipificado y afecta o perturba los derechos de otros en un grado tal que impida su libre desarrollo, se activa el poder de coerción del Estado y se puede generar como respuesta una restricción que afecte la capacidad de movilidad física o geográfica del individuo.

Por consiguiente, la privación de la libertad debe ser justa y adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal.

Al respecto la Corte Constitucional, señaló en la Sentencia C-176 de 2007(19), que toda privación de la libertad debe estar antecedida de orden judicial proferida por la autoridad judicial competente, salvo los casos en que se configuran los elementos de la flagrancia. La anterior posición fue reiterada por esta corporación, en sentencia del 14 de junio de 2012, Expediente 21363, oportunidad en la que se indicó la necesidad de que para restringir el derecho de libertad se requería de la adopción de orden judicial escrita(20).

En efecto, el Tribunal Constitucional discurrió de la siguiente forma al declarar la inconstitucionalidad de la captura por vía administrativa:

“23. Como se ha afirmado enfáticamente a lo largo de esta providencia, el artículo 28 de la Constitución consagra el principio de reserva judicial para legitimar la restricción de la libertad física, pues esa norma no solo introdujo la exigencia expresa del mandamiento escrito de autoridad judicial competente para autorizar la detención de las personas, sino que suprimió las referencias expresas que la Carta anterior hacía a la procedencia de aprehensiones por decisión del ejecutivo por razones de orden público.

“(...) Eso muestra, entonces, que la voluntad del constituyente estuvo claramente dirigida, en primer lugar, a señalar el mandato de autoridad judicial competente como elemento previo y esencial dentro del conjunto de requisitos exigidos para la privación legítima de la libertad y, en segundo lugar, a suprimir la posibilidad de que el ejecutivo ordene la retención de las personas, con lo que, en principio, se deja sin piso la captura dispuesta por orden de autoridad administrativa. De esta forma, se concluye que, por regla general, ninguna autoridad administrativa podría disponer de la libertad del individuo, sin que previamente se hubiere proferido orden del juez competente.

“27. Sin embargo, la propia Constitución consagró dos excepciones a esa regla general, de tal suerte que procede la captura aún sin orden judicial previa cuando se presenta la situación de flagrancia (art. 32 superior) y en las situaciones autorizadas por la ley para que la Fiscalía ordene la captura excepcional (C.N., art. 250). En esos dos casos, de todas maneras, se requerirá la valoración judicial para legalizar la captura”.

No obstante, en el caso concreto, al momento de la detención la Corte Constitucional no había declarado la inconstitucionalidad de la denominada detención preventiva o administrativa, tanto así que se encontraba vigente la tesis contenida en la Sentencia de constitucionalidad C-024 de 1994, circunstancia por la cual, esta Sala valorará la conducta de la Policía Nacional a la luz de esta última providencia, comoquiera que, por regla general, los efectos de las sentencias de constitucionalidad solo tienen efectos hacia futuro salvo que la propia Corte module temporalmente los mismos.

De modo que, para los efectos pertinentes y la fecha en que se produjeron los hechos objeto de juzgamiento, la Corte Constitucional había señalado que existen dos eventos en los cuales excepcionalmente se puede omitir la orden judicial para realizar una captura, esto es: i) en los casos de flagrancia, y ii) en los casos de detención administrativa, según el criterio contenido en la Sentencia C-024 de 1994(21), que definió los requisitos para la procedencia de esta última, en los siguientes términos:

“En tales circunstancias, entra la Corte a determinar las características constitucionales de la detención preventiva regulada por el inciso segundo del artículo 28, las cuales derivan de la naturaleza excepcional de este tipo de aprehensiones y del régimen constitucional de la policía en un Estado social de derecho.

“En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legitimidad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superiores del funcionario que la practicó como por las autoridades judiciales y los organismos de vigilancia y control del Estado. Pero, ¿qué entiende la Corte Constitucional por “motivos fundados”?

“(...) El motivo fundado que justifica una aprehensión material es entonces un conjunto articulado de hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no constituye motivo fundado (...).

“Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales.

“En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz. Por eso, solo en aquellos casos en los cuáles se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación judicial o cuando la demora implique un peligro inminente, podrá la autoridad policial proceder a una detención preventiva sin orden judicial. Estaríamos frente a una detención arbitraria si no se dan estas situaciones de urgencia o de evidente peligro, y las autoridades policiales deciden detener preventivamente, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o ahorrar tiempo o trabajo. Esto significa que la retención solo es constitucionalmente legítima si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada sus deberes constitucionales. Admitir otra interpretación sería convertir la excepción —detención sin orden judicial— en la regla.

“(...)

“En tercer término, esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación.

“En cuarto término, esta facultad tiene estrictas limitaciones temporales. La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

“Pero la Corte Constitucional resalta que este es un límite máximo puesto que la policía solo podrá retener a la persona por el tiempo estrictamente necesario para verificar ciertos hechos. Así, cuando se trate únicamente de controlar la identidad de una persona, el plazo no debería superar sino unas pocas horas, de acuerdo a la capacidad técnica del sistema de información (...). Esto significa que si la autoridad administrativa prolonga la retención por más de 36 horas habrá incurrido en una violación de la Constitución. Pero también estaría cometiendo una retención arbitraria sancionada penal y disciplinariamente si esta se prolonga más allá de lo estrictamente necesario, incluso sin superar las 36 horas, puesto que, considera la Corte, que esta retención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de aquellas averiguaciones que puedan justificar la retención y, si es el caso, poner inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales a la persona aprehendida.

“Por eso, en quinto término, la aprehensión no solo se debe dirigir a cumplir un fin preciso —verificar ciertos hechos o identidades— adecuadamente comprendido dentro de la órbita de las autoridades de policía sino que además debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona (...).

“Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técnicos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no solo en el sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario sino también de reducir tanto como sea posible la duración de las mismas. Para ello deberán, por ejemplo, establecer sistemas ágiles de verificación de identidad que permitan establecer antecedentes criminales en los lugares mismos de la aprehensión.

“En sexto término, como es obvio, para estos casos se aplica plenamente el derecho de habeas corpus como una garantía del control de la aprehensión, puesto que el artículo 30 señala que este se podrá invocar “en todo tiempo”. Por consiguiente, todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el habeas corpus.

“En séptimo término, esas aprehensiones no pueden traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos. Por eso ellas no pueden ser discriminatorias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o grupos de ciudadanos.

“En octavo término, reitera la Corte, que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial (...).

“En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no solo debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, art 10-1, C.P., art 5º) sino que además se le deberá informar de las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, como el derecho a ser asistido por un abogado (C.P., art. 29) o el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (C.P., art. 33).

“Finalmente, y como es obvio en un Estado social de derecho en donde la administración está sometida al principio de legalidad, la regulación de las detenciones preventivas es materia legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar.

Por consiguiente, una detención preventiva caprichosa —es decir que no esté justificada por los fines constitucionales que competen a las autoridades de policía o no esté basada en motivos fundados—, o innecesaria —por cuanto se podía obtener la orden judicial—, o desproporcionada, o que afecte injustificadamente a ciertos grupos sociales, viola la Constitución, incluso si en apariencia se respetan las limitaciones formales y temporales que regulan la materia”(22) —resalta la Sala—.

Así las cosas, en el sub lite se observa que la actuación desplegada por la Policía Nacional en la aprehensión de Rubén Darío Silva Álzate se enmarcó dentro de los presupuestos legales y constitucionales establecidos comoquiera que fue necesaria, proporcionada y se llevó a cabo por razones objetivas.

El acervo probatorio da cuenta de que el declarante principal se encontraba escoltando al automotor en el que se halló, por parte de los policías, a una persona ilícitamente retenida —secuestrado—. De modo que bajo esa perspectiva los agentes actuaron bajo la convicción de las exigencias de la detención preventiva para disponer la privación del señor Silva Álzate, de allí que no era ninguna estulticia o necedad haber obrado bajo el convencimiento de que se trataba de una banda criminal en la que participaban los tres vehículos con sus respectivos conductores. Por consiguiente era válido y legítimo el comportamiento de la Policía Nacional al determinar, sin anfibología, que se cumplieron los presupuestos de la detención preventiva, aunado al hecho de que podría predicarse la condición de flagrancia de la detención.

Así las cosas, la Sala advierte que se dieron elementos fácticos suficientes que brindaron convicción sobre una posible participación de Rubén Darío Gómez Silva en el homicidio y secuestro simple ocurridos el 22 de diciembre de 1992 que indica que la actuación de la Policía con relación a la privación del demandante estuvo conforme a derecho, ya que existían méritos suficientes y objetivos que justificaron la detención.

4.2. En relación con la Fiscalía General de la Nación, como ya se dijo, su responsabilidad se estructura en el régimen objetivo derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos—. En ese contexto, no es posible sustraerse a la existencia del daño antijurídico alegado en el asunto objeto de análisis, en tanto que a partir de la sentencia de absolución penal, se tiene plena certeza de que el señor Restrepo Montoya no estaba en la obligación jurídica de soportar la limitación de los derechos que le fueron afectados, en especial el de la libertad.

Lo anterior, comoquiera, que si bien, en un Estado social y democrático de derecho, todos los asociados deben contribuir en mayor o menor medida a la materialización de los objetivos trazados en la búsqueda de los fines comunes —entre ellos la paz y la convivencia pacífica— y, en muchos casos, para ello es necesario que someter a los ciudadanos a ciertas restricciones de derechos y garantías, incluida la libertad(23), existen precisos eventos en los cuales el propio ordenamiento jurídico consagra la obligación objetiva de reparar los daños derivados de la privación injusta de la libertad a la que somete a los ciudadanos.

En otros términos, es posible constatar eventos de privación de la libertad, en las cuales la detención del asociado encuentra fundamento constitucional y legal en un determinado momento, pero este desaparece cuando el ciudadano es dejado en libertad bajo las condiciones precisadas en la ley o, bien, porque se demuestra una clara falla del servicio al momento de librar la medida coercitiva.

En efecto, la restricción a la libertad del señor Montoya Restrepo, pudo tener justificación a partir de los elementos de juicio que obraban en el proceso en desarrollo de la investigación penal, pero lo cierto es que con la absolución se torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica a dicho supuesto, el de la privación de la libertad, comoquiera que fue el legislador, quien inspirado en principios tutelares de una visión política de Estado, tales como la justicia, la libertad(24), la locomoción, etc., dispuso en desarrollo de la soberanía legislativa, que frente a la materialización de cualquiera de esas hipótesis normativas, se habría de calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta. Es por ello, que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, de aquel entonces, consagraba una responsabilidad objetiva, toda vez que así lo dispuso el legislador.

Así las cosas, una vez determinada la existencia del daño antijurídico, corresponde establecer si es posible imputar el mismo a las entidades demandadas, concretamente, a través de los supuestos normativos de responsabilidad objetiva consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), ya que para el a quo, ese cuerpo normativo no resultaba aplicable, pues según consideró, el actor fue absuelto con fundamento en el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 247 de dicho código y en alguna de las causales consagradas en el plurimencionado artículo 414, que prescribe:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (negrillas y subrayado de la Sala).

Para la Sala, el argumento así planteado es un error, porque de la lectura del fallo proferido por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, se concluye sin ambages que Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, fue absuelto al encontrarse demostrado que no tuvo ninguna participación en los hechos delictivos por los que fue capturado y detenido. Así se desprende de la providencia en cuestión, cuando señala: “Sí ha quedado muy claro, que Rogelio y Rubén, fueron dos personas, que en razón de su oficio pasaron accidentalmente por aquel lugar, que movidos por el afán de prestar ayuda a otro conductor, tomaron la desviación que es contraria, no tuvieron ningún tipo de participación en el hecho punible, ni siquiera supieron que sucedía, solo se entraron, cuando los capturaron después de dejarlos pasar y regresarlos de nuevo. Eran tan inocentes de lo acaecido que siguieron a la velocidad mínima...”, lo que significa que el demandante fue absuelto porque no cometió el hecho, de allí que, no se comparta el razonamiento expuesto por el a quo.

En efecto, con la prueba de la existencia del fallo proferido por el Juez de conocimiento de segunda instancia, quedó plenamente establecida la imputación del daño antijurídico al Estado, ya que en los términos del artículo 414 ibídem, basta la comprobación de que la absolución o su equivalente fue decretada: i) bien, porque la persona no cometió el ilícito, ii) el hecho no constituía conducta punible —es decir era atípico—, o iii) porque el hecho delictivo investigado no existió, para que se derive de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo contenido en esta disposición, siempre y cuando no exista una causa extraña comprobada que imposibilite la imputación, situación esta que no se evidencia en el asunto materia de análisis.

Acerca del contenido y alcance de esta norma, la jurisprudencia de esta Sala, con relevante sindéresis, ha precisado:

“(...) 6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es “fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, solo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas” y “es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa” (ver sentencias del 30 de junio de 1994, Expediente 9734, actor Neiro José Martínez, ponente Dr. Daniel Suárez Hernández y del 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391, actor Alberto Uribe Oñate, ponente Julio César Uribe Acosta).

“7. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no recurre la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley”(25).

Las hipótesis establecidas en el señalado precepto, contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el daño causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia(26).

La norma así analizada, no hace nada distinto a preestablecer la responsabilidad patrimonial del Estado en específicos supuestos, principalmente a causa del perjuicio que representa el estar privado de la libertad, como medida cautelar del proceso penal, para luego concluir por parte del sistema judicial que el ciudadano no cometió la conducta punible, no era típica, o no existió.

4.3. En consecuencia, se declarará la responsabilidad de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, por el lapso de 15 meses y 3 días, toda vez que se demostró el carácter antijurídico del daño y que el mismo es imputable a las demandadas.

Finalmente, en relación con la rama judicial —Consejo Superior de la Judicatura—, entidad que no fue demandada, pero fue vinculada en el auto admisorio, se advierte que no le cabe ninguna responsabilidad, en tanto la captura que fue llevada a cabo por miembros de la Institución Policial y la medida de aseguramiento de detención preventiva, fue impuesta por la Fiscalía, por lo que las pretensiones no están llamadas a prosperar contra la rama judicial.

5. De los Perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales.

5.1.1. Se solicitan a favor del señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, las sumas de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció detenido, teniendo en cuenta que se dedicaba a manejar un taxi. Ahora bien, se advierte que por concepto de lucro cesante, se liquidará no solo el período consolidado comprendido entre el 22 de diciembre de 1992 y el 25 de marzo de 1994, es decir, el tiempo que estuvo privado de la libertad, sino también por el lapso que, según las estadísticas, requiere una persona en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(27)(28).

Por lo tanto, si bien, Rogelio de Jesús Restrepo Montoya estuvo privado de la libertad hasta el 25 de marzo de 1994, en atención a los parámetros jurisprudenciales a este período es necesario sumarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su egreso de la cárcel, lo cual da un total de 24,05 meses.

Precisado lo anterior, se tiene que sobre los ingresos percibidos por el demandante, obra en el proceso, dictamen pericial que fue practicado en primera instancia (fls. 183 y 184), según el cual, un taxista afiliado a la empresa “Tax. Alemania”, pudo devengar entre el 22 de diciembre de 1992 y el 24 de marzo de 1994, $ 1.265.845. Sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta este experticio, ya que carece de un soporte probatorio mínimo que justifique y explique con claridad la suma allí indicada.

En su lugar, se tendrá en cuenta para calcular el lucro cesante, la certificación suscrita por Héctor Aníbal Restrepo Gómez, Gerente de “Tax. Alemán” y calendada el 2 de septiembre de 2002(29), en la que se informó lo siguiente:

“(...) en relación al señor Rogelio de Jesús Restrepo (...) nos permitimos informar:

“El vehículo identificado con las placas TIK 902 se encontraba afiliado a la empresa para dicha fecha.

“Como propietario la señora Gloria Cecilia Arango”.

“Que dicho señor sí conducía el vehículo.

“El promedio de ingreso diario más o menos era de $ 20.000 a $ 25.000” (fl. 322, cdno. ppal. 1).

De acuerdo con lo anterior, se tiene que al multiplicar la suma de $ 25.000 (monto que según la certificación devengaba el actor), por 30 días, arroja como resultado $ 750.000, que es un valor superior al salario mínimo fijado para 1992, el cual era de $ 65.190(30).

La suma de $ 750.000, será actualizada con base en la siguiente fórmula:

 

ecu 1996-00658.jpg
 

 

Donde:

Ra: renta actualizada

Rh: renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (diciembre de 1992):

Índice final (diciembre de 2013)

Entonces, el lucro cesante será el siguiente:

 

ecu2 1996-00658.jpg
 

 

Para calcular el lucro cesante consolidado, se hará uso de la siguiente fórmula:

 

ecu3 1996-00658.jpg
 

 

Donde:

Ra = renta actualizada

n = número de períodos (meses)

i = interés técnico

Entonces:

 

ecu4 1996-00658.jpg
 

 

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, por concepto de lucro cesante, asciende a ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos ($ 86.646.841).

5.1.2. Se reclama además a favor de Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, la suma de $ 2.000.000, correspondiente a los honorarios profesionales que debió cancelar al profesional que adelantó su defensa en el proceso penal seguido en su contra. No obstante, esta petición no está llamada a prosperar, ya que, si bien, está acreditado con base en varios memoriales que obran en el proceso penal (v.gr. fls. 128 y ss.) que el Dr. Hernando Helí Grisales García, fungió como defensor del demandante, no se demostró que en efecto este le haya cancelado algún dinero por sus servicios, pues en la demanda ni siquiera se aportó la constancia de pago o certificación del mencionado apoderado, de allí que no será reconocido rubro alguno por este concepto.

5.1.3. De otro lado, se solicita a favor del señor José Mario Restrepo Peláez, a título de daño emergente, el reconocimiento de los gastos de transporte, alimentación y dinero que entregaba al detenido, durante el tiempo que este permaneció en la Cárcel Nacional Bellavista. No obstante, se advierte que esta pretensión carece de soporte probatorio, pues aunque el señor Rubén Darío Silva Alzate, en su testimonio manifestó que la estancia en dicho centro carcelario, implica para los reclusos una serie de gastos, no existe ninguna prueba de que el señor José Mario Restrepo haya incurrido en alguno de ellos, por lo cual ante esta orfandad probatoria, la pretensión deprecada está llamada a fracasar.

5.1.4. En relación a la pretensión de reconocimiento de los perjuicios materiales correspondientes a los costos derivados del pleito, la misma también será denegada, pues aunque es cierto que el hecho de interponer la demanda y adelantar el proceso puede implicar para los accionantes una serie de gastos, los mismos constituyen una carga que deben soportar, en aras de salir avante en sus pretensiones.

5.2. Perjuicios morales. Se depreca en la demanda, el equivalente de 5.000 gramos de oro para Rogelio de Jesús Restrepo Montoya y el equivalente de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demás accionantes.

Al respecto, sostuvo la Sala en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013:

“La Sala de sección aprovecha esta oportunidad para advertir la necesidad de unificar criterios a fin de propender por su trato igualitario en punto de reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en los supuestos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a partir de una fórmula objetiva para determinar los montos indemnizatorios reconocidos en esta tipología de perjuicios.

“Lo anterior, debido a la problemática que se ha suscitado en la jurisprudencia de las Subsecciones por la utilización de metodologías diferentes para la tasación de los perjuicios inmateriales.

“De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(31); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(32), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(33).

“Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera y unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

“Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”(34).

Ahora bien, en efecto, a partir del certificado expedido por la Notaría Veinte del Círculo de Medellín, que obra en copia auténtica a folio 5 (cdno. ppal. 1), está demostrado que los señores Rogelio de Jesús Restrepo Montoya y Adelaida Zuluaga Vásquez, contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 1990; y conforme a los registros civiles de nacimiento visibles de folios 11 a 14, está acreditado que los menores: Rogelio Steven, Dora Patricia, Yeferson y Anderson Restrepo Zuluaga, son sus hijos.

Por otro lado, también está probado que la señora Aura Montoya, es madre de la víctima directa, como se desprende del certificado civil de nacimiento expedido por la Notaría Única de Andes (Ant.) folio 9, cuaderno principal 1; y que los señores Sergio de Jesús, Rigoberto de Jesús, María Olivia, Luz Marina, Rubiela de Jesús, María Edilma, Alonso de Jesús y María Ligia Restrepo Montoya, son sus hermanos, como se indica en los certificados de nacimiento expedidos por la Notaría Única de Andes y la Notaría Trece de Medellín (fls. 15-22, cdno. ppal. 1).

En cuanto al señor José Mario Restrepo Peláez, quien según se afirma en la demanda, es el padrastro de Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, obran los siguientes testimonios:

— El señor Cruz Fernando González Tamayo, manifestó conocer a la víctima desde hacía más de 20 años, se refirió en efecto a José Mario Restrepo como el padrastro de aquel y sobre la relación que sostenían, dijo: “Ellos se entienden bien, es buen padrastro hasta ahora y también le ayudó mucho económicamente”. (fls. 133 y 134). Y en el mismo sentido, la señora Luz Dary Zapata Muñoz, se refirió a José Mario como el padrastro de Rogelio de Jesús. Súmese a ello, que de acuerdo con el registro civil de defunción que obra a folio 8 (cdno. ppal. 1), el padre biológico del demandante falleció el 8 de octubre de 1970, cuando Rogelio de Jesús tenía tan solo 10 años(35) y el 5 de enero de 1983, la señora María Aura Montoya (madre de la víctima), contrajo matrimonio con José Mario Restrepo, por lo cual se puede inferir razonablemente que este asumió el trato de un padre hacia un hijo. En ese orden, hay lugar a aplicar la definición de familia establecida en la sentencia del 11 de julio de 2013, proferida por esta misma Sala, en la que se señaló en un caso similar al que hoy nos ocupa:

“Así mismo, la familia no solo se estructura de forma horizontal sino también a nivel vertical, es decir, no solo surge de los vínculos naturales y jurídicos entre dos personas heterosexuales u homosexuales (familia nuclear), sino que también puede surgir a nivel monoparental (uno de los padres y un hijo(a)), o puede ser analizada de forma extensiva, es decir, la que integran abuelos, padres, hijos y nietos (consanguíneos o de crianza).

“En esa línea de pensamiento, la familia no depende inefablemente del matrimonio, sino que más allá de la existencia de un contrato o vínculo formal, nace de la decisión libre y voluntaria entre dos personas que de manera consciente asumen la existencia de lazos de solidaridad, apoyo, cariño, amor y convivencia que generan cohesión entre ellos, al grado que pueden procrear, adoptar o asumir la crianza de hijos o hijas para acogerlos dentro de la misma.

“Por consiguiente, hay que superar los atavismos que hacen nugatorio el derecho de las personas de cualquier clase, raza, orientación sexual, etc., a conformar de manera libre y autónoma familia, para dar paso a una protección efectiva y garantista que respete los derechos de las personas en un verdadero y real plano de igualdad, es decir, la posibilidad de constituir una familia con el ser que se quiere con el fin de proteger a los hijos biológicos, adoptados o de crianza, en un panorama de solidaridad y apoyo mutuo permanente.

“En conclusión, el matrimonio y, principalmente, la familia han dejado de ser unas instituciones ancestrales estructuradas sobre conceptos eminentemente biológicos y religiosos; a contrario sensu, como lo demuestra la historia, son fenómenos o procesos dinámicos o vivientes que han evolucionado con el paso del tiempo para transformarse o mutar en organismos sociales que pueden presentar diversas manifestaciones, estructuras o integraciones. En esa medida, la familia podrá estar constituida —a modo simplemente ilustrativo— por un padre y una hija, o por una madre soltera con su respectivo primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer de hacer vida conyugal, o por la decisión libre y voluntaria de dos personas del mismo sexo que se profesan amor y desean realizar vida conyugal.

“Por lo tanto, la Constitución de 1991 lejos de establecer o fijar una sola concepción de familia, avaló con apoyo en los principios de igualdad y de libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de configuración de distintos tipos y clases de familia, todas ellas merecedoras de la protección estatal del artículo 42 superior(36).

(...).

“Así las cosas, tratándose de perjuicios morales será viable que quien invoque la condición de familiar (consanguíneo, afín, por adopción o de crianza) —del núcleo cercano y en los grados que han sido objeto de presunción por esta corporación— y lo acredite en el proceso a través de los diversos medios de convicción será beneficiario de la presunción de aflicción que opera para los grados cercanos de parentesco, sin que le sea exigible la acreditación de tercero afectado, es decir, la prueba directa de la congoja y del sufrimiento. En otros términos, si en el proceso se prueba la condición de familiar de la víctima directa, los demandantes serán beneficiarios de la misma presunción que opera para aquellos que con el registro civil demostraron el parentesco”(37).

De acuerdo con lo anterior, también se tendrá al señor José Mario Restrepo Peláez, en calidad de padre de crianza.

Además en el proceso también se recibieron los testimonios de los señores Luz Dary Zapata Muñoz (fls. 315 y 136, cdno. ppal. 1), Olga Regina Bedoya de Isaza (fls. 137-139, cdno. ppal. 1) y Luz Elena Ochoa Pérez (fls. 140 y 141, cdno. ppal. 1), quienes dieron cuenta sobre la aflicción y el dolor que padecieron los demandantes por la detención de su hijo, cónyuge, padre y hermano. Al respecto, la señora Ochoa Pérez señaló en relación con el menor Rogelio Steven Restrepo Zuluaga, que presentaba “altibajos emocionales y altibajos académicos. Tenía períodos en los cuales él se entristecía tanto por lo del papá y contaba en el colegio (...) También pasaba ratos llorando y diciendo que estaba muy triste por lo del papá (...)” (fls. 140-141).

Además se aprecia el dictamen pericial practicado por los doctores Luzmila Acosta de Ochoa y Pedro Turó Gelis (fls. 211-215, cdno. ppal. 1), en el que se concluyó:

“El diagnóstico que corresponde al trastorno sufrido por Rogelio figura en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (C.I.E.-10) en los siguientes términos: “... F 43-22. Trastorno de ajuste con reacción mixta de ansiedad y depresiva...”. Las características de este trastorno son estados de angustia subjetiva y depresivos prominentes que surgen como consecuencia de un severo asunto agudo estresante y/o de la incapacidad para adaptarse a un cambio de vida significativo. No hay ninguna duda que este diagnóstico se aplica con exactitud a Rogelio para todo el tiempo que duró su encarcelamiento. El trastorno fue desapareciendo paulatinamente a partir del momento en que se eliminó el estrés causal del mismo, al ser exonerado de toda culpabilidad y liberado...” (fl. 213).

En cuanto a la señora Adelaida Zuluaga Vásquez, se le diagnosticó “Trastorno de ansiedad generalizada” y se indicó:

“Ante el evento agudo de los lamentables hechos de la noche del 21 de diciembre de 1992, Adelaida, quien estaba en estado de gravidez, sufrió un “schock” emocional intenso y dramático e inició un largo período de severo y prolongado estrés que solo terminaría con la liberación de su esposo” (fl. 213).

En relación al menor Rogelio Steven Restrepo Zuluaga, se dictaminó:

“La carencia de todo contacto con la figura paterna se tradujo por un ‘intenso sufrimiento subjetivo’ que se manifiesta externamente a través de los síntomas que presentó: se volvió temeroso, huraño, inseguro, triste, desamparado y él, que había sido un alumno ejemplar, tuvo trastornos de conducta con serios problemas de disciplina y rendimiento en la escuela. Además del ‘sufrimiento subjetivo’ la separación de su padre generó una situación de alto riesgo para el desarrollo normal de su personalidad” (fl. 214).

Finalmente, respecto a la menor Dora Patricia Restrepo Zuluaga, se dijo:

“(...) sufrió cambios significativos en lo que es la vida habitual de una niña de 4 años, lo cual se tradujo por un estado de fuerte angustia agravado por el desconcierto de no entender claramente la realidad de esta nueva situación” (fl. 215).

En consecuencia, demostrada la relación de parentesco y la aflicción que experimentaron los demandantes, se reconocerán los perjuicios morales a favor de todos ellos, los que se tasarán conforme a las pautas de la sentencia de unificación trascrita en apartes precedentes, así:

 

Rogelio de Jesús Restrepo Montoya (privado de la libertad)90 SMLMV
Adelaida Zuluaga Vásquez (cónyuge)90 SMLMV
Rogelio Steven Restrepo Zuluaga (hijo)90 SMLMV
Dora Patricia Restrepo Zuluaga (hija)90 SMLMV
Yeferson Restrepo Zuluaga (hijo)90 SMLMV
Anderson Restrepo Zuluaga (hijo)90 SMLMV
José Mario Restrepo Peláez (padre de crianza)90 SMLMV
María Aura Montoya Pérez (madre)90 SMLMV
Sergio de Jesús Restrepo Montoya45 SMLMV
Rigoberto de Jesús Restrepo Montoya45 SMLMV
María Olivia Restrepo Montoya45 SMLMV
Luz Marina Restrepo Montoya45 SMLMV
Rubiela de Jesús Restrepo Montoya45 SMLMV
María Edilma Restrepo Montoya45 SMLMV
Alonso de Jesús Restrepo Montoya45 SMLMV
María Ligia Restrepo Montoya45 SMLMV

 

5.3. Perjuicios sicológicos. Se pide en la demanda, el equivalente de 1.000 gramos de oro para Rogelio de Jesús Restrepo Montoya y el equivalente de 500 gramos de oro para cada uno de los demás accionantes. Sin embargo, este perjuicio no será reconocido, toda vez que la aflicción que sintieron los demandantes ante la privación de su ser querido y los diferentes trastornos descritos en el dictamen pericial que se acaba de traer a colación, para el caso son constitutivos del perjuicio moral.

Lo mismo se predica de los perjuicios biológicos, por los que se reclama el equivalente de 1.000 gramos de oro fino a favor del señor Rogelio de Jesús Montoya, pues no está demostrado que a consecuencia de su detención, haya tenido alguna secuela patológica o fisiológica que obstaculice el normal desarrollo de su vida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 25 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así.

Declárase patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, entre el 22 de diciembre de 1992 y el 25 de marzo de 1994.

Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes:

— A favor del señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, la suma ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos ($ 86.646.841).

— A favor de Rogelio de Jesús Restrepo Montoya, Adelaida Zuluaga Vásquez, los menores: Rogelio Steven, Dora Patricia, Yeferson y Anderson Restrepo Zuluaga, son sus hijos; y los señores: José Mario Restrepo Peláez y María Aura Montoya Pérez, el equivalente de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales.

— A favor de Sergio de Jesús, Rigoberto de Jesús, María Olivia, Luz Marina, Rubiela de Jesús, María Edilma, Alonso de Jesús y María Ligia Restrepo Montoya, el equivalente de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales.

Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Absuélvase de responsabilidad a la Nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura y a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3.(sic) Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

5. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De acuerdo con la el valor de la pretensión mayor, esta ascendía a la suma de $ 100.846.250, que excedía para el año en que fue presentada la demanda —abr. 12/96— la establecida en el numeral 10 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el Decreto 597 de 1988.

(2) Es del caso señalar, que en auto del 9 de septiembre de 2008, radicado 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció sobre el tema, en el sentido de que sobre los conflictos originados en los hechos de la Administración de Justicia, conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia el Consejo de Estado.

(3) ART. 136.—Caducidad de las acciones. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13.622, actor: Enrique González Cuervo, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) C.P. María Helana Giraldo Gómez. Número interno: 13.622.

(6) Sobre el principio de consolidación del daño, pueden consultarse entre otras las sentencias 14.801 (C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez) y AG-03046 (C.P. Germán Rodríguez Villamizar).

(7) Remitido por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín, mediante escrito del 11 de septiembre de 1997 (fl. 739, cdno. de pruebas).

(8) ART. 185.—Prueba trasladada. Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

(9) Sobre la posibilidad de valorar las pruebas testimoniales trasladadas de otros procesos, cuando la parte contra la cual se aducen se hubiere adherido a las mismas o basado en ellas para estructurar su defensa, pueden consultarse entre otras, las sentencias proferidas en los procesos 30.424 (C.P. Enrique Gil Botero), 27.123 (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz), 25.878 (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).

(10) Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia del 29 de mayo de 2012; radicado 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

(11) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, radicado 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Expediente 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Expediente 18298; y sentencia del 16 de enero de 2001, radicado ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, radicado 3122; sentencia de 6 de junio de 2002, radicado 739-01.

(12) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(13) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de junio de 2007; Expediente AP-00029.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18960, Actor: Rogelio Aguirre López y otros. C.P. Enrique Gil Botero.

(15) Cfr. Belda Pérez-Pedrero, Enrique. “El derecho a la libertad y a la seguridad personal”. En: Parlamento y Constitución. Anuario 3. 1999.

(16) Ibídem.

(17) Cfr. Serrano Escobar, Luis Guillermo. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley. 2005.

(18) Ibídem.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2012, Expediente 21363, M.P. Stella Conto D.

(21) “De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de la estricta reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas. Este inciso establece que la “persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”. Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial. No de otra manera se entiende la obligación constitucional de que la persona detenida preventivamente sea puesta a disposición del juez, puesto que ello significa que la autoridad judicial no ordena la detención con anterioridad sino que verifica la legalidad de la aprehensión con posterioridad a la ocurrencia de la misma. Es entonces un caso en donde la propia Constitución establece una excepción al principio general de la estricta reserva judicial y consagra la posibilidad de una aprehensión sin previa orden de autoridad judicial. Y no se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de conformidad con los cuales se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución (C.N., art 93) (...). Igualmente señala la Corte que por tratarse de excepciones al principio general de la reserva judicial en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, son fenómenos que deben ser interpretados de manera restrictiva a fin de no convertir la excepción —allanamiento o detención sin orden judicial— en la regla. Es pues necesario que la Corte analice brevemente la flagrancia y la detención preventiva a fin de precisar sus alcances constitucionales.

(22) Corte Constitucional. Sentencia C-094 de 27 de enero de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(23) “La prisión provisional constituye una grave intromisión en el derecho fundamental a la libertad de toda persona, por lo que su regulación, tanto doctrinal como legal y jurisprudencial, es objeto de la máxima atención, no solo en el plano interno de cada Estado sino también en el plano internacional, lo que evidencia su trascendencia real... La prisión provisional indebida, como expresión de la violación de los derechos humanos, por lo que el ordenamiento jurídico dispensa a la víctima una garantía específica de reparación...” García Pons, Enrique “Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales”, Ed. J.M. Bosch, pág. 232 y 239.

(24) “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos... los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables” (se destaca). John Rawls, “A Theory of Justice”, Cambridge: Harvard University Press, 1971, pág. 3-4, citado por Mejía Quintana, Óscar “Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, pág. 22.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

(26) “Sin embargo, es posible que el juez haya actuado con absoluta imparcialidad y objetividad al valorar las pruebas y los indicios y dicte un auto de detención a una persona que después resulta absuelta o es condenada a una pena privativa de la libertad inferior a la efectivamente padecida.

“Sin lugar a dudas en este caso y a pesar de que el servicio de justicia funcionó adecuada y normalmente, al haberse causado un perjuicio a una persona que no tiene la obligación de soportarlo, el daño es antijurídico y por lo tanto exige una adecuada reparación...”. Hoyos Duque, Ricardo “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 49, 1997, págs. 140 y 141.

(27) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Esta prueba fue allegada en virtud de la prueba de oficio decretada en primera instancia, mediante proveído del 17 de abril de 2002 (fl. 319).

(30) Fijado por el Decreto 2867 de 1991.

(31) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Expediente 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(32) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(33) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección.

(34) Sentencia del 28 de agosto de 2013. Número interno 25.022. C.P. Enrique Gil Botero.

(35) Según su registro civil, el señor Rogelio de Jesús Restrepo Montoya nació el 22 de mayo de 1960 (fl. 9, cdno. ppal. 1).

(36) Sobre el particular, esta misma Sala en reciente oportunidad precisó: “La Sala advierte en esta oportunidad, que dadas las cambiantes formas de familia que constitucionalmente se han venido reconociendo, lo que aquí se ha expresado en relación con las amas de casa, es aplicable también cuando el hombre es el que se ocupa de las labores domésticas, y de esta forma aporta al sustento material y afectivo del círculo familiar. Lo será igualmente predicable respecto de las familias conformadas por parejas del mismo sexo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, Expediente 26800, M.P. Jaime Orlando Santofimio G.

(37) Número interno 31252, M.P. Enrique Gil Botero.