Sentencia 1996-00665 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Rad.: 05001-23-31-000-1996-00665-01

Exp.: 32.350

Demandante: José Manuel Carmona Vásquez

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura - Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

Bogotá D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso en segunda instancia, pues la pretensión mayor corresponde a la suma de $300’000.000 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, monto superior al establecido para que un proceso tuviere esa vocación, que para la fecha de presentación de la demanda ascendía a $13’460.000.

2. Caducidad de la acción.

La caducidad de la acción es un fenómeno procesal consagrado en la ley, en virtud del cual se establece una obligación a la parte procesal que pretende el reconocimiento de un derecho o el resarcimiento de un daño, para que, dentro de un término legal impetre la acción pertinente y ponga en funcionamiento el aparato judicial. Así mismo, se constituye en una herramienta jurídica, de suma importancia, toda vez que, permite que situaciones o controversias no permanezcan indeterminadas en el tiempo. Al respecto la doctrina ha dicho:

“Por la necesidad que tiene el Estado de estabilizar las situaciones jurídicas, la caducidad que juega a ese respecto un decisivo papel, cierra toda posibilidad al debate jurisdiccional y acaba así con la incertidumbre que representa para la administración la eventualidad de la revocación o anulación de sus actos en cualquier tiempo posterior a su expedición. De allí que para evitar esa incertidumbre se haya señalado por el legislador un plazo perentorio, más allá del cual el derecho no podrá ejercerse, dándole aplicación al principio de que el interés general de la colectividad debe prevalecer sobre el individual de la persona afectada...”(1).

El Código Contencioso Administrativo ha regulado el tema, señalando diferentes términos para ejercer cada una de las acciones por él previstas; así es como en el caso de la acción de reparación directa en el numeral 8º del artículo 136 se estableció que: “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” ocurría el fenómeno de la caducidad de la acción, impidiendo con ella su ejercicio y sustrayendo de la jurisdicción el conocimiento de dicho asunto.

Bajo estos parámetros, es necesario precisar el alcance de la pretensión definida en el libelo introductorio, pues, de la lectura literal de la demanda y lo interpretado por el a quo, el daño antijurídico aducido en el caso sub examine, tenía su origen en las decisiones adoptadas por la justicia penal militar que condujeron a la práctica de una diligencia judicial de allanamiento e incautación del inmueble denominado “Las Palmas”, calificadas como arbitrarias por el demandante.

Lo anterior llevó al a-quo a declarar la caducidad de la acción, toda vez que la demanda fue presentada el 26 de abril de 1996 y la decisión judicial mediante la cual la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la decisión de la Fiscalía Regional, —quien se inhibió de dictar resolución de apertura de investigación y ordenó la devolución del inmueble—, quedó ejecutoriada el 20 de enero de 1994, concluyendo que la demanda se presentó por fuera del término legal.

Ahora bien, la necesidad de precisar el alcance de la pretensión radica en que el apoderado del demandante en la sustentación del recurso de apelación afirmó, que la fecha inicial para contar el término de caducidad es el 6 de mayo de 1994, día en el que se hizo la entrega material y definitiva del inmueble al demandante y que dicha diligencia constituye un acto administrativo autónomo a la providencia judicial antes reseñada. Así mismo, precisó que el demandante sólo tuvo conocimiento de la precariedad en que se encontraba el inmueble en esta fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la pretensión debe ser divida en dos momentos o escenarios, por un lado, las actuaciones judiciales que finalizaron con la orden y práctica de la diligencia de allanamiento e incautación del bien inmueble, que es un escenario de responsabilidad patrimonial extracontractual del estado diferente a aquel derivado del incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación del inmueble incautado y puesto a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes quien a la postre lo entregó de manera provisional al Incora, que aunque el segundo es consecuencia del primero deben ser separados.

Bajo estos parámetros y a efectos de realizar el estudio de caducidad en los dos escenarios, podemos dar por ciertos los siguientes hechos:

2.1. El 15 de septiembre de 1989 el Juez 126 de Instrucción Penal Militar resolvió decretar el allanamiento y registro de la Hacienda Las Palmas, como fundamento de su decisión expuso los siguientes considerandos:

“(...) Manifieste (sic) el señor teniente coronel Manuel José García Pérez, que en la Hacienda denominada Las Palmas, ubicada en el corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón, lugar donde al parecer se encuentran armas sin salvoconducto, laboratorios para el procesamiento de estupefacientes y narcotraficantes; para tal efecto solicita al Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar, se le expida la orden de allanamiento y registro, con el propósito de decomisar los elementos antes mencionados y efectuar la captura de las personas que se encuentren en dicho lugar y que de una u otra forma sean responsables de los bienes incautados.

En razón a que el señor Presidente de la República de Colombia por facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política mediante Decreto 2038 de 1984, declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, ha considerado pertinente crear algunas medidas tendientes a restablecer la tranquilidad ciudadana...

(...).

Es por eso que mediante Decreto 1863 del 18 de agosto del presente año, el ejército tuvo a bien darle facultades a los Jueces Penales Militares para practicar registros en los sitios en donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas que hayan participado en la comisión de un delito o los objetos relacionados directa o indirectamente con los mismos.

En razón a lo anterior se hace necesario dar aplicación al Decreto 1856 de la misma fecha que trata de la confiscación de bienes.

Para tal efecto se ordena el allanamiento y registro en el sitio antes indicado, con el objeto de decomisar todos los elementos que interesen en estas diligencias y obtener la captura de los responsables” (fls. 4 y 5 cdno. 1).

2.2. Orden de allanamiento y registro 16 proferida por el Juez 126 de Instrucción Penal Militar del 15 de septiembre de 1989(2).

2.3. Acta de la diligencia de allanamiento y registro ejecutada el 16 de septiembre de 1989, en la que se registró lo siguiente:

“(...) En la Hacienda Las Palmas, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989, siendo las ocho y cuarenta y cinco (8:45) de la mañana, el suscrito Juez 126 de Instrucción Penal Militar en asocio con su secretaria y una patrulla de contra guerrilla,...al mando del señor teniente Manuel Ricardo Pinzón Parra, se trasladó a la Hacienda Las Palmeras, de propiedad de los señores William Carmona Vásquez, José Luis Carmona Vásquez y José Manuel Carmona Vásquez, ...ubicada en el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón; con el objeto de llevar a cabo las diligencias decretadas en auto que antecede,...una vez abierta las puertas y ventanas del inmueble entró el personal del despacho con los integrantes de la patrulla y procedió de inmediato el registro de la interior (sic) de la Hacienda, conformado por los siguientes: Una mayoría de dos plantas (pisos); En el primer piso:

Una sala comedor, contiene:

Un escritorio con su silla, máquina eléctrica marca IBM, ejecutiva una sumadora Víctor, un archivador de cuatro gavetas metálico.

Un comedor en madera de seis puestos.

Un bifé.

Un televisor pantalla gigante a color NEC, video proyector

Una nevera doble No Frost marca Whirlpool

Una cocina normal, una estufa de cuatro puestos Whirlpool

Un ventilador de techo

Segundo piso

Cuarto principal:

Un trotador eléctrico marca TM PACER

Una cama

Un ventilador de techo con lámpara, empacado

Una lámpara atrapamoscas marca Láser

Una aspiradora marca Genie

Tres cajas de cadena para motosierra

Cuarto dos contiene: dos camas

Cuarto Nº 3 contiene:

Un televisor a color marca NEC

Una hielera marca U-line

Dos neveras apartamenteras marca Avanti

Dos aires acondicionados nuevos sin instalar

Dos tostadoras

Un horno marca Toastmaster

Una grabadora marca Fisher

Una regadora

Un atrapa insectos

Una carpa de camping

Una vajilla, dos cajas de juego de vasos

Una caja de cuchillos para corta-césped

Un secador eléctrico marca Wolld

Una guadaña

Un abrelatas eléctrico

Un impermeable para pesca

Una caja de cuchillas de pulidora

Dos tostadoras

Un auxiliar de cocina

Una olla eléctrica

Una grilladera

Una mesa de planchar

Un controlador de antena

Un controlador de tiempo para agua

Diez cassettes de betamax

Siete rollos de cadenas para motosierras

Un teléfono inalámbrico marca cobra

Un teléfono inalámbrico marca South Western Bell

Tres lámparas atrapamoscas

Una bicicleta estática marca Murray

Tres ventiladores de techo con lámpara

Un reloj de pared con termómetro, barómetro marca Sumbem

A su alrededor, una cocina con

Dos neveras marca Whirlpool

Un dispensador de agua

Una lavadora marca Whirlpool

Una estufa con horno microondas marca Whirlpool, fuera de servicio

Cuarto frío

Un establo

Un taller que contiene los siguientes:

Una maquina cortadora de mármol

Un taladro eléctrico

Un rajaleña (sic) hidraúlica

Un microtractor marca BOS

Una trilladora de maíz con motor eléctrico

Una corta césped

Una motosierra eléctrica

Una cortametales

Un soldador eléctrico

Un cargador de baterías

Una desgranadora de maíz

Una sierra eléctrica

Una corta-pasto

(...).

La hacienda tiene sus respectivas escrituras, pero se encuentran en Medellín; también cuenta con 228 reses, 39 bestias, entre mulares y caballares...”(3).

2.4. Auto del Juzgado Tercero Especializado de Medellín del 4 de diciembre de 1989, en el que se ordenó la práctica de indagación preliminar, para determinar si se había infringido la ley penal, entre otras decisiones se ordenó escuchar en versión libre al propietario del inmueble y se puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes el bien(4).

2.5. Resolución 576 de 1989, por medio de la cual se resolvió destinar en forma provisional un inmueble rural denominado “Hacienda Las Palmeras”, junto con sus bienes muebles y enseres, equipos y maquinaria, semovientes, una grúa, una volqueta y un tractor(5).

2.6. Providencia del 2 de marzo de 1993 de la Fiscalía Regional Delegada de Medellín, en la que se decidió sobre la entrega de los bienes decomisados en la Hacienda La Palma, sobre el particular se precisó:

“(...) Se allegó al plenario la declaración y ratificación juramentada del T.C. Manuel José García Pérez, en la cual nos informa que en la diligencia llevada a cabo en la finca Las Palmas, no se encontró evidencia alguna sobre actividades de narcotráfico como tampoco armas y municiones, que hicieron la diligencia por las informaciones obtenidas, pero que no puede suministrar mayores datos porque son secretos de los militares.

También se recepcionaron los testimonios de personas que tienen amplios conocimientos sobre los propietarios de los inmuebles ocupados, siendo contestes en afirmar, que ni los bienes incautados, ni las personas que los ostentan han estado en ningún momento vinculados ni directa ni indirectamente a las actividades ilícitas del narcotráfico, que todas las actividades económicas han sido diáfanas, que su capital tiene una tradición lícita desde su formación.

(...).

No podemos olvidar que los operativos desarrollados por las Fuerzas Públicas, en cumplimiento de la vigente normatividad de estado de sitio, tuvieron como fundamento la presunta tenencia de armas, municiones, sustancias alucinógenas o la presencia de personas extrañas en los bienes ocupados, de donde se sigue, que si al registrar dichas propiedades no encuentran evidencia alguna sobre los supuestos anotados, es apenas elemental deducir que el respectivo bien no debe ser decomisado, por la sencilla razón de que las normas al respecto no llevan envuelta la arbitrariedad.

(...).

En el caso objeto de examen, es evidente que esa prueba no existe, pues en la diligencia de allanamiento no se dejó constancia de posibles vínculos de los bienes o de los propietarios de los mismos con las actividades en comento, y, menos aún que hubiesen decomisado elemento alguno que de por sí constituyan delito (armas, municiones, drogas, etc.), solo que por trabajos de inteligencia de los militares tuvieron conocimiento que en esa propiedad se encontraban armas sin salvo-conducto, droga o estupefacientes etc., pero tal como ha quedado demostrado con todo el material probatorio recaudado, en ningún momento hallaron los elementos en referencia en dicha propiedad y todo lo decomisado es de libre comercio, empezando porque en el acta de incautación se dejó constancia que poseían documentos de aduana de los pastan (sic) o artículos importados y vehículos decomisados.

(...).

Si se tienen en cuenta los elementos probatorios a que se ha hecho mérito y el contenido del artículo 1º del Decreto 1856 de 1989, como también las descripciones típicas consagradas en el artículo 6º del mismo decreto, se llega a la ineludible conclusión de que en ninguna acción punible se ha incurrido por la razón de la tenencia de los bienes incautados. En efecto, las actividades desplegadas por las autoridades que llevaron a cabo el procedimiento indicado, ningún resultado positivo arrojaron,...

Todo lo anterior para concluir, que el supuesto delictual que generó la presente indagación previa no ha existido, razón por la cual se procederá como lo dispone 327 del C. de P. Penal (sic), decretando resolución inhibitoria y ordenar en consecuencia la entrega definitiva de los bienes aquí decomisados,...” (fls. 28 a 34 cdno. 1).

2.7. Proveído del 20 de enero de 1994, de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional —en el que se decidió el grado de consulta respecto a la entrega de un bien—, confirmando lo resuelto por la Fiscalía Delegada Regional de Medellín, entre otras razones se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

“(...) a) En el lugar allanado no constató la realización de actividad ilícita alguna;

b) La ocupación se produjo en relación con bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia del Decreto 1895 de 1989;

c) La investigación previa se inició sobre bases precarias; no existía medio de convicción que permitiera inferir la destinación del bien a actividades ilícitas; ni contra José Manuel Carmona Vásquez había proceso alguno, por narcotráfico” (fl. 39 cdno. 1).

De la lectura cuidadosa de las providencias judiciales proferidas desde el momento en que se ordenó el allanamiento y registro del inmueble, a saber, la dictada por el Juez 126 de Instrucción Penal Militar, siguiendo con el auto de apertura de indagación preliminar en el que se ordenó poner a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes el inmueble y los bienes muebles decomisados, por el Juez Tercero Especializado, y finalizando con las decisiones de la fiscalía delegada regional y la fiscalía delegada ante el tribunal de inhibirse de dictar resolución de apertura de instrucción, resulta evidente la configuración de un irregular funcionamiento de la administración de justicia por la conducta desplegada por el Juez Tercero Especializado(6), quien conociendo que en la diligencia de allanamiento y registro no se encontró ningún indicio de que en el inmueble se estuviese desarrollando actividad alguna relacionada con el narcotráfico, aun así lo puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad que luego trasladó la guarda del mismo al Fondo Nacional Agrario.

Ahora bien, y teniendo en cuenta que la decisión judicial por medio la cual se ordenó devolver el inmueble a su propietario quedó ejecutoriada el 20 de enero de 1994, como se desprende de la constancia remitida por la Dirección Regional de Fiscalías obrante a folio 656 del cuaderno 3, se colige que el término de caducidad empezó a correr al día siguiente; es decir, el primer escenario de responsabilidad que se deriva de la pretensión impetrada en el libelo introductorio, esto es, el daño antijurídico originado en la actuación de los operadores judiciales, no podrá ser revisado en esta oportunidad, al encontrarse configurada la caducidad respecto a esta pretensión, pues la demandada fue interpuesta el 26 de abril de 1996, cuando ya había vencido el término de dos años.

No obstante lo anterior, no sucede lo mismo en cuanto a la pretensión derivada del incumplimiento obligacional por parte del Estado del mantenimiento y conservación del inmueble puesto a disposición y bajo el cuidado del Fondo Nacional Agrario, pues, evidentemente el demandante tuvo conocimiento de este hecho dañoso, es decir del incumplimiento al contenido obligacional que originó un daño antijurídico, el día de la entrega material y efectiva del bien, diligencia practicada el 6 de mayo de 1994 y si la demanda fue presentada el 26 de abril de 1996, esta situación fáctica que afecta el actuar del Fondo Nacional Agrario si deberá ser revisada.

3. Del daño antijurídico.

Ahora bien, como pruebas del daño antijurídico aducido en el libelo introductorio, esto es, la lesión al patrimonio padecida por José Manuel Carmona Vásquez, como consecuencia del deterioro que sufrió el inmueble de su propiedad cuando estuvo bajo el cuidado y administración del Estado y el que le fue devuelto el 6 de mayo de 1994, conforme se desprende del acta de entrega material, se aportaron los siguientes elementos probatorios:

3.1. La propiedad de la finca La Palma se encuentra debidamente acreditada con la copia de la escritura pública 671 del 25 de abril de 1983(7) y certificado de tradición y libertad 28-0002267(8).

3.2. Con oficio original, el Incora en liquidación remitió copia de las actuaciones en las que intervino la entidad como depositario provisional del bien inmueble incautado a José Manuel Carmona Vásquez, entre todos los documentos allegados, se destaca el acta de entrega efectuada por el Teniente Coronel Óscar José Rodríguez Victoria a Joel Foronda Buitrago, como arrendador del mismo, en la diligencia estuvieron presentes el Juez 112 de Instrucción Penal Militar, el Procurador Agrario Zona 21, el Gerente de la Regional Magdalena Medio, y el jefe de la sección jurídica del Incora; sobre la identificación del inmueble y los bienes entregados se registró lo siguiente:

“(...) El predio objeto de la presente diligencia tiene una cabida aproximada de 86 hectáreas de las cuales 36 se encuentran cubiertas de bosque natural y el resto en pastos naturales especialmente comina(sic), siendo su topografía ondulada y su vocación para explotaciones pecuarias. El Consejo Nacional de Estupefacientes mediante la Resolución 576 de diciembre 13 de 1989 destina en forma provisional al Fondo Nacional Agrario y en cumplimiento del cual se hace la presente diligencia siendo del caso aclarar que según el certificado de libertad y tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 28-0002267 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Sonsón, el predio se denomina La Palma y no las Palmeras como hace relación la resolución 576 de 1989...conforme al Acuerdo 8 del 12 de febrero de 1990, emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el cual deberá cumplir con las siguientes condiciones.

— Conservar la propiedad hasta tanto el señor Juez competente decida sobre la situación jurídica del mismo.

— Efectuar el mantenimiento (ilegible) para conservar los bienes en el mismo estado que los recibe.

— Poner los bienes a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes o del juez que adelante la respectiva investigación en el lugar que los recibió y en la fecha que (ilegible) señalen.

En estos términos se hace entrega por parte de las Fuerzas Militares representadas por el Comando del Batallón de Infantería Nº 3 Bárbula y el Juzgado 112 de Instrucción Penal Militar del predio rural denominado “La Palma”, junto con los elementos instaladas que en él se encuentran, el Fondo Nacional Agrario o Incora, representado,...quien en la presente acta obra en cumplimiento del Acuerdo 8 del 12 de febrero de 1990 y quien hace a su vez entrega material del mismo al señor Joel Foronda Buitrago quien lo toma en arrendamiento al Incora y lo recibe a su entera satisfacción...”. (fls. 100 a 106 cdno. 2 pbas.)

3.3. Original del acta de entrega material realizada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Regional Magdalena Medio, en la que se dispuso lo siguiente:

“(...) En el inmueble rural denominado “Hacienda Las Palmeras o La Palma”, ubicada en la vereda Iglesias, corregimiento de La Danta, jurisdicción del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia; siendo las 9:00 a.m., del día seis (06) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se reunieron: El doctor Wilberth Salazar Grisales, como jefe del área zonal de La Dorada, el doctor Hernando Polanía Perdomo, jefe de la sección de tierras, quien a la vez actúa en nombre de la gerencia regional, según designación hecha mediante memorando 640 del 4 de mayo del año en curso, la señora Evelin Giraldo Ramírez, Secretaria, funcionarios adscritos a la Regional Magdalena Medio - Incora; así como el doctor Campo Elías Orjuela Gutiérrez mayor y vecino de Bogotá,...quien actúa como apoderado judicial del propietario del inmueble señor José Manuel Carmona Vásquez,...también presente, con el fin de proceder a hacer la devolución y entrega definitiva del inmueble denominado “Hacienda Las Palmeras o La Palma”, que forma un solo globo de explotación con los siguientes predios: Las Pampas 1, F.M.I., #028-0009110; Las Pampas 2 F.M.I. 028-0009111, Las Pampas 3 F.M.I. 028-0009112; La Totuma de Cacho F.M.I. 028-0011295; La Mata de Guaduas F.M.I. 028-0011712; Sonsón F.M.I. 028-0006701; La Palma F.M.I. 028-0002267; Versalles F.M.I. 028-0006522; Risaralda F.M.I. 028-0002818 y Las Pampas F.M.I. 028-0004238, los cuales conforman un área aproximada de 1.200 hectáreas, todos ubicados en jurisdicción del municipio de Sonsón y pertenecientes al Círculo de Registro de Sonsón (Antioquia), se deja constancia, que el predio denominado Risaralda, descrito anteriormente, no fue entregado provisionalmente al Fondo Nacional Agrario por parte del Batallón de Infantería 3 Bárbula, asentado en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, a través del Juzgado 112 de Instrucción Penal Militar según acta que obra a folios 21 a 33 del expediente. Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto por la dirección Nacional de Estupefacientes en oficio 0436 del presente año, suscrito por el Subdirector Jurídico de dicha Entidad, y las directrices consignadas en el oficio 6544 del 14 de abril del año en curso, emanado de la secretaría general del Incora.

El inmueble antes descrito había sido entregado provisionalmente al Fondo Nacional Agrario, junto con sus muebles, enseres, equipos y maquinaria, semovientes, y volqueta mediante Resolución 576 del 13 de diciembre de 1989, teniendo como base el allanamiento que previamente realizara el Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar.

La Regional Magdalena Medio, recibió los bienes incautados y decomisados a través del Batallón de Infantería Bárbula 3 interviniendo el Juzgado 112 de Instrucción Penal Militar, en diligencia llevada a cabo el 27 de junio de 1990, la cual deberá tenerse como parte intrínseca de esta acta, para efectos de identificación del inmueble, construcciones e instalaciones, semovientes, que se recibieron en forma provisional por el Fondo Nacional Agrario; los cuales aparecen debidamente identificados en el acta citada (fls. 21 a 33).

El jefe del área zonal de La Dorada, hace claridad en el sentido de que la administración de la Hacienda, fue ejercida en todo momento directamente por él o los propietarios del predio, y que el deterioro en que se encuentran los potreros y demás instalaciones de la finca, se debió a la falta de recursos económicos generados por la finca, para mantener en buen estado el predio. Así mismo, se aclara que los ganados recibidos en el acta de entrega provisional al Fondo Nacional Agrario, no existen en la actualidad, pues se trataba de bovinos recibidos por la Hacienda al partir utilidades y como tal fueron liquidados por sus propietarios cuando los contratos finalizaron.

En este estado de la diligencia, solicita el uso de la palabra el Apoderado del propietario, quien debidamente identificado y habilitado legalmente por este despacho, proceder (sic) a intervenir: Quiero hacer notar que todos los bienes que se reciben se encuentran en total deterioro. Igualmente los potreros se encuentran sin cercas y totalmente enmalezados, de otra parte manifiesto al despacho que el vehículo Volqueta Marca Dodge 600 Modelo 1979, Placa HC 0652 fue hurtada de la finca, hecho éste (sic) que se puso en conocimiento de la autoridad competente mediante denuncia penal, de otra parte, se le manifiesta al despacho, que el señor administrador se fue de la finca sin presentar renuncia respectiva ni cuenta alguna de su administración, el personal de trabajadores de la finca se les está adeudando sus prestaciones y gran parte de salarios.

En este estado de la diligencia, se procede a perfecciona el acto de entrega real y material del inmueble, conllevando esta devolución, todos los bienes, muebles y enseres, equipo y maquinaria, semovientes y demás elementos descritos en el acta de recibo antes citada, una vez constatado su estado de conservación y mantenimiento, junto con el deterioro normal que conlleva su uso, los cuales se encuentran en regular y perfecto estado; manifestando el señor apoderado y su propietario, ya citados en este documento, que los reciben a entera satisfacción dejándose constancia que la administración se venía efectuando conjuntamente y con la aquiescencia del propietario, a través de los respectivos administradores, siempre bajo las directrices previstas en el Acuerdo 8 de 1990, emanado de la junta directiva del Incora, y la Resolución 2100 del mismo año, proferida por la gerencia general.

No siendo otro el objeto de la misma, una vez leída y aprobada, se suscribe por las partes intervinientes”. (fls. 50-52 cdno. 1).

3.4. Como resultado de una inspección judicial con presencia de peritos solicitada por el demandante, se rindió dictamen en el año 2002 en los siguientes términos:

“(...) La diligencia de inspección judicial se efectuó el día y de la manera como se describió en el acta que obra a folios 247 y 248 del expediente; de tal suerte que los suscritos, en la fecha descrita, 4 de julio del año 2000, vistamos terrenos, potreros, cercos, carreteables, instalaciones, edificaciones y lo que aún quedaba de equipo, maquinaria, enseres y herramienta de la hacienda Las Palmas, y practicamos variados, intensos y prologados interrogativos, todo lo cual, sumado al estudio del expediente y de otros documentos conseguidos, nos permitieron obtener la información necesaria para dictaminar al respecto y de la manera como se solicita.

La Hacienda Las Palmas estuvo en manos de entidades del Estado colombiano durante 4 años y 232 días, tiempo durante el cual no se empradizaron potreros, no se repararon cercas o arreglaron carreteables, bebederos, y saladeros; no se hizo mantenimiento a maquinaria, equipo y herramientas; no se lo hicieron (sic) arreglos a edificaciones e instalaciones por los cual los potreros se enrastrojaron (sic) y el pasto artificial en parte se perdió, los cercos de alambra de púas, grapado a estacones de madera, hincados en tierra, en parte perdieron el alambre por robo y abandono; los carreteables que comunicaban la mayoría de los potreros fueron en parte destruidos por el agua de escorrentía y la maleza; la maquinaria y equipos sin uso y abandonados se descompusieron hasta la total inutilización; las edificaciones e instalaciones sin atención y arreglos se deterioraron.

(...).

La información que se obtuvo indica que durante los cuatros años y medio que la hacienda Las Palmas estuvo en manos de las entidades estatales, las 600 hectáreas dedicadas a potreros con pastos artificiales carecieron totalmente de mantenimiento.

(...).

Resumen de daño emergente

El valor del restablecimiento de la Hacienda Las Palmas es, entonces, así:

2.1.1. Restablecimiento de potreros$59’200.000
2.1.2. Restablecimiento de cercos$28’000.000
2.1.3. Restablecimiento de carreteables$19’852.000
2.1.4. Restablecimiento de saladeros$2’400.000
2.1.6. Reparación de edificaciones$20’290.000
2.1.7. Valor máquinas y equipo$243’720.650
2.1.8. Valor enseres y herramientas$26’980.089
Suma$400’542.739

2.2. Perjuicios por lucro cesante.

El demandante enuncia esta segunda parte del numeral 4 del cuestionario así: “Valores dejados de percibir durante el tiempo de la incautación, calculados de acuerdo con la extensión de la finca y sus posibilidades de explotación económica”.

Entendemos, entonces, que se nos pide determinar el lucro cesante posible, no el lucro cesante real. Para ello consideraremos dos actividades: Ganadería y explotación forestal de bosques tropical, descartamos la explotación agrícola de maíz y yuca, porque, en las condiciones que allí se hace, si bien, puede que no dé pérdida, definitivamente no da utilidades.

(...).

En resumen el lucro cesante posible durante el período de incautación, a mayo 6 de 1994 es:

2.2.1 Por concepto de ganadería de carne,$393’596.400
2.2.3 Por concepto de producción lechera,$27’074.240
2.2.4 Por concepto de explotación forestal.$6’930.820
Suma$427’601.460

(...).

Suman los perjuicios actualizados, 2’299.224.352...” (fls. 254 a 273 cdno. 1).

3.5. Obra en el proceso un segundo dictamen pericial, precisándose lo siguiente:

“(...) Teniendo en cuenta las observaciones hechas, la hacienda Las Palmas, permaneció por cuenta del Estado colombiano durante 4 años y 232 días, tiempo durante el cual no se realizó ninguna actividad económica productiva, motivo por el cual su respectivo dueño, tuvo que decidirse a vender tres (3) de sus propiedades y una (1) camioneta Toyota para poder subsistir.

El daño constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad demandada; esto es, ante la ausencia de daño se torna estéril cualquier otro análisis, comoquiera que es el umbral mismo de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Así las cosas, el daño se refiere a aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un derecho o de un bien jurídico cualquiera(9) aunque algunos autores han considerado que esta concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”(10), con lo cual se amplía su concepción a la “función preventiva”(11) del mismo; en ese orden de ideas, se encuentran diversos conceptos del daño que ha planteado la doctrina:

“Nos encontramos ante un concepto amplio, impreciso y esencialmente intuitivo(12). De estas características se deriva la dificultad de dar un concepto unitario de “daño”, dada la diversidad de manifestaciones y matices que este presenta(13).

“Para De Cupis “daño” no significa más que nocimiento o perjuicio, o lo que es lo mismo aminoración o alteración de una situación favorable(14). En un entendimiento similar del concepto, la doctrina suele dar un concepto meramente objetivo del “daño” caracterizándolo —en palabras de Larenz— como “el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(15).

“Esta afirmación precisa de una urgente aclaración ya que el hombre no sólo sufre cuando se lesionan sus intereses materiales; “un atentado —escriben los hermanos Mazeaud— contra sus intereses morales, le puede resultar todavía más sensible”(16). En definitiva, “daño” no se equipara a la mera pérdida pecuniaria.

“El concepto de daño comprende, en efecto, el perjuicio, el nocimiento causado(17). Es una modificación a la realidad material(18), modificación desfavorable para el dañado, perjudicial para sus intereses. En consecuencia, es inmanente al concepto de daño la idea de confrontación entre una situación antecedente y una sucesiva desventajosa para la víctima(19)”.

Así, con la aproximación al concepto de daño(20), es pertinente señalar, que la constatación de éste no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico, por ello la Constitución Política en el artículo 90 señala que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (se resalta).

La antijuridicidad(21) se refiere a aquello que no se tiene la obligación de padecer, al evento que es “contrario a derecho”(22), “es la contradicción entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad”(23), ello se refiere a que se desconozca cualquier disposición normativa del compendio normativo, sin importar la materia o la rama del derecho que se vulnera, puesto que la transgresión a cualquiera de ellas, genera la antijuridicidad del daño(24).

En ese orden, la antijuridicidad puede ser estudiada en el plano formal y en el material: el primero de ellos se evidencia con la simple constatación de la vulneración a una norma jurídica, y el segundo se refiere a la lesión que se produce con esa vulneración, en los derechos de un tercero(25), aspectos que deben estar presentes para que el daño sea indemnizable.

Sin embargo, es preciso señalar que no sólo es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica, sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido, en palabras de Roberto Vásquez Ferreyra, “la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación amplia caben los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo de los derechos(26)(27).

La Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, en lo que se refiere al daño antijurídico, indicó:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador.

“La doctrina española ha definido el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90. (...).

“Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Esta corporación ha entendido el daño antijurídico como “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(28), como también en los siguientes términos:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(29); o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’(30).

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

“La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (arts. 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado social de derecho (arts. 1º y 13 de la Carta)”(31).

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura.

Ahora bien, valorado en su conjunto el material probatorio conducente a acreditar la producción del daño antijurídico aducido, a saber, la destrucción del inmueble incautado, derivado del incumplimiento a las obligaciones de mantenimiento y conservación por parte del Incora a través del Fondo Nacional Agrario, se encuentra que no se aportó al proceso (si existió) relación del inventario del estado del inmueble y bienes muebles recibidos por el propietario en la diligencia del 6 de mayo de 1994, lo que impide hacer una comparación entre los bienes entregados y los recibidos.

Así mismo, se advierte una contradicción fehaciente entre lo afirmado en el libelo introductorio y lo consignado en el acta de entrega material, como se pasa a señalar.

En un aparte del documento, cuando toma la palabra el apoderado del propietario se manifestó lo siguiente:

“En este estado de la diligencia, solicita el uso de la palabra el apoderado del propietario, quien debidamente identificado y habilitado legalmente por este despacho, proceder (sic) a intervenir: Quiero hacer notar que todos los bienes que se reciben se encuentran en total deterioro. Igualmente los potreros se encuentran sin cercas y totalmente enmalezados, de otra parte manifiesto al despacho que el vehículo volqueta marca dodge 600 modelo 1979, placa HC 0652 fue hurtada de la finca, hecho éste (sic) que se puso en conocimiento de la autoridad competente mediante denuncia penal, de otra parte, se le manifiesta al despacho, que el señor administrador se fue de la finca sin presentar renuncia respectiva ni cuenta alguna de su administración, el personal de trabajadores de la finca se les está adeudando sus prestaciones y gran parte de salarios”.

Sin embargo, a reglón seguido, en la misma acta se lee el siguiente aparte:

“En este estado de la diligencia, se procede a perfeccionar el acto de entrega real y material del inmueble, conllevando esta devolución, todos los bienes, muebles y enseres, equipo y maquinaria, semovientes y demás elementos descritos en el acta de recibo antes citada, una vez constatado su estado de conservación y mantenimiento, junto con el deterioro normal que conlleva su uso, los cuales se encuentran en regular y perfecto estado; manifestando el señor apoderado y su propietario, ya citados en este documento, que los reciben a entera satisfacción dejándose constancia que la administración se venía efectuando conjuntamente y con la aquiescencia del propietario, a través de los respectivos administradores, siempre bajo las directrices previstas en el Acuerdo 8 de 1990, emanado de la junta directiva del Incora, y la Resolución 2100 del mismo año, proferida por la gerencia general (negrillas fuera de texto).

Basta con hacer una lectura de estos dos apartes del acta para concluir que no hay claridad ni certeza sobre el estado en que estaba el inmueble al momento de la entrega material y efectiva a su propietario, quien a través de su apoderado manifestó que todos los bienes que se estaban recibiendo estaban deteriorados, pero a reglón seguido quedó registrado que recibían a entera satisfacción los bienes relacionados en el acta de entrega del 27 de junio de 1990 y que la administración del inmueble se venía haciendo de manera conjunta entre el propietario y el administrador designado por el Incora a través del Fondo Nacional Agrario, esto último contradice todo lo narrado y alegado por el demandante a lo largo del proceso, quien pretendió demostrar que perdió el control sobre su hacienda lo que condujo al deterioro de la misma y sus muebles.

Ahora bien, en cuanto a los dictámenes periciales allegados como prueba del daño, se considera que no son suficientes para acreditarlo, pues a pesar de ser el producto de una inspección judicial, ésta se efectuó seis años después de la entrega del inmueble, así mismo, se relaciona una hacienda de más de 1.000 hectáreas y en el acta de entrega del 27 de junio de 1990 se habla de un fundo de 86 hectáreas, circunstancias estas que obligan a desestimar los dictámenes por no encontrarlos idóneos para la acreditación del daño antijurídico.

Se itera, la prueba idónea hubiese sido un inventario que reflejara el estado en que estaban siendo recibidos el inmueble y los muebles entregados al Incora a través del Fondo Nacional Agrario y devueltos a su propietario en la diligencia del 6 de mayo de 1994.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso, y con el fin de demostrar la existencia de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la parte demandante debía acreditar el daño antijurídico, pero como no existe en el proceso prueba que satisfaga tal exigencia, se impone confirmar la sentencia apelada.

Sobre el particular, la precariedad probatoria es mayúscula, y en términos de la carga de la prueba (CPC, art. 177), era deber o norma de conducta de la parte acreditar los hechos aducidos, así como es regla de juicio para el juez fallar contra la parte que debía probar y no lo hizo.

Lo anterior, permite concluir que sobre este tópico no se encuentra acreditado el daño antijurídico, por esta razón se hace inocuo el estudio de la imputación.

De otro lado, en escrito presentado el día 18 de abril de 2013, el apoderado del Ministerio de Agricultura, doctor John Lincoln Cortes, portador de la tarjeta profesional Nº 153.211 del Consejo Superior de la Judicatura, presentó renuncia al poder que le fue conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2003 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. ACÉPTASE la renuncia al poder, presentada por el apoderado del Ministerio de Agricultura, doctor John Lincoln Cortes, portador de la tarjeta profesional Nº 153.211 del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Comuníquese al demandado, Ministerio de Agricultura, la renuncia al poder como lo dispone el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

4. En firme esta providencia devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Ed. Señal Editora, quinta Edición, 1ª reimpresión. Medellín, Colombia. 2000, pág. 151.

(2) Folio 6, cuaderno 1.

(3) Folios 7-10, cuaderno 1.

(4) Folios 12-14, cuaderno 1.

(5) Folio 15 - 17, cuaderno 1.

(6) No es preciso hablar para la fecha de los hechos de error judicial, pues no se había expedido la Ley 270 de 1996.

(7) Folio 16, cuaderno 3 de pruebas.

(8) Folio 51, cuaderno 3 de pruebas.

(9) Orgaz Alfredo. El daño resarcible. 2ª Edición. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, pág. 36. En ese mismo sentido Vásquez Ferreira Roberto en su obra Responsabilidad por daños. Ed. Depalma, Buenos Aires, pág. 174 lo definió así: “El daño es la lesión a un interés jurídico”.

(10) De Lorenzo Miguel Federico. El daño injusto en la responsabilidad civil. Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, pág. 17.

(11) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 170.

(12) Nota del original: “Cfr. Ataz López, J.: Los médicos y la responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1985, pág. 319”.

(13) Nota del original: “Vid., entre otros, Yzquierdo Tolsada, M.: Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Reus, Madrid, 1993, Vol. I, pág. 182”.

(14) Nota del original: “De Cupis, A.: Ill danno. Teoria generale della responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1996, vol. I, pág. 7. Términos curiosamente coincidentes con los empleados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimos de “nocimiento”; cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Espasa- Calpe, edic. 1984 (20ª edición), t. II, pág. 956: “Nocimiento. (De Nocir), Daño o perjuicio””.

(15) Nota del original: “Cfr. Larenz, K.: Derecho de obligaciones (traducción española de Santos Briz), Edersa, Madrid, 1958, t. I, pág.193. Definición recogida por Santos Briz, J. en sus obras: Derecho de daños, Edersa, Madrid, 1963, pág. 107 y La responsabilidad Civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, Montecorvo S.A., Madrid, 1993 (7ª edic.), t. I, pág. 144; por Pascual Estevill, L.: La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual, Bosch, Barcelona, 1990-92, t. II, vol. 2º, Parte Especial (cont.), pág. 647”.

(16) Nota del original: “Cfr. Mazeaud, H., L. y J.: Lecciones de Derecho Civil (traducción de Luis Alacalá – Zamora y Castillo), Ed. Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1960, Parte segunda, vol. II, pág. 60.

(17) Nota del original: “Vid. Patti, S.: Il danno patrimoniale, UTET- Libreria, Torino, 1989, pág. 9; De Cupis, A.: “Danno (dir. vig.)”, en Enc. Dir., t. XI, Milano, 1962, pág. 622 y ss”.

(18) Nota del original: “Vid. Von Caemmerer, E.: Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburg i. Br., 1956.

(19) Bustos Lago José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos. Madrid, pág. 40.

(20) El Consejo de Estado, ha definido el daño así: “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué soportar el lesionado (art. 90 constitucional)”, sentencia del 19 de mayo de 2005, expediente 15001-23-31-000-2001-01541-03, M.P. María Elena Giraldo Gómez; “El daño, en “su sentido natural y obvio“, es un hecho, consistente en “el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien“, “...en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc...”. y “...supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(21) Término que ha sido aceptado por un sector de la doctrina como sinónimo de injusto, y en ciertos eventos de ilícito.

(22) Bustos Lago José Manuel, Ob. cit., pág. 45.

(23) Nota del original: “Cfr. Bueres, A. J.: “El daño injusto y la licitud” op. cit., pág. 149. En el mismo sentido, entre otros, Rodríguez Mourullo, G.: Derecho Penal. Parte General, op. cit., pág. 343: “Para la determinación de la antijuridicidad resulta decisivo el ordenamiento jurídico en su conjunto””. Bustos Lago José Manuel. Ob. cit., pág. 50.

(24) Sobre el concepto de daño antijurídico resulta ilustrativo, la breve reseña que sobre el mismo presentó, Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 128.: “En una primera aproximación, Compagnucci de Caso define a la antijuridicidad como “el acto contrario a derecho, considerado este último concepto como una concepción totalizadora del plexo normativo”.

“Gschnitzer entiende por antijuridicidad “una infracción de una norma, ley, contrato, ya norma expresa, ya atentado a la finalidad que la norma persiga o lesiones principios superiores”.

“En el campo penal, Mezger define la antijuridicidad —injusto— como el juicio impersonal- objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico”.

(25) Bustos Lago José Manuel. Ob. cit, pág. 51 a 52.

(26) Nota del original: “así lo expusimos en nuestra obra La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, ED. Vélez Sarsfield, Rosario, 1988, pág.67. Ver también Alberto Bueres en El daño injusto y la licitud..., ob. cit., pág. 149, y Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, Edit. Astrea, Bs. As., 1977, pág. 106”.

(27) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 131.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de mayo de 1995, expedientes 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, M.P. Juan de Dios Montes Hernández, reiterado en sentencia del 6 de junio de 2007, expediente 16.460, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(29) Nota del original: “Sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente 11945, entre muchas otras”.

(30) Nota del original: “Sentencias del 11 de noviembre de 1999, expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, expediente 10867”.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, expediente 12.158, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver entre otras:

“En el bien entendiendo que la expresión lesión tiene un significado más estricto que la palabra daño. No cualquier daño será indemnizado, sino solo aquellos daños jurídicos, aquellos daños a los que el derecho les de alguna relevancia, aquellos daños que no deban ser normalmente soportables: el cambio de lugar de una parada de los autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la cola en la ventanilla de una oficina pública, son consideraciones así como supuestos en los que las posibles molestias de los ciudadanos no alcanzan la categoría de 'lesión'”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 1991, expediente 6334, M.P. Daniel Suárez Hernández.

“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de “causales de justificación.

“(...).

“Por lo anterior, no hay duda de que el fundamento de la responsabilidad del Estado se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño (falla del servicio o culpa del Estado) al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.