Sentencia 1996-00722 de septiembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05 001 23 31 000 1996 00722 01

Expediente: 31.364

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y otros

Demandado: Empresas Públicas de Medellín

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 22 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, Sala de Descongestión, en el caso sub examine.

2. De conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que se encuentra en copia simple, pues en relación con las normas que rigen la materia, es preciso señalar que en sentencia del 28 de agosto de 2013(1), la Sección Tercera de esta Corporación, unificó el criterio de validez de las mismas, trazando con especial sindéresis, los parámetros de interpretación que se transcriben, in extenso así:

“En relación con las normas que regulan la materia, es preciso señalar que la regulación vigente es la contenida en los artículos 252 y 254 del C.P.C., normas cuyo sentido literal es el siguiente:

“ART. 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella; 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción. Inciso modificado por el artículo 11 de la 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva. Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación.” (Negrillas y subrayado adicionales).

(…).

“ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de Policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.” (negrillas del original).

Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del C.C.A.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del C.P.C., para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley.”

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011(2).

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —C.P.A.C.A.— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (artículo 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

La confianza, en el sentido filosófico y sociológico, ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano. Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia. En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y sólo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural (…)”(3) (Negrillas del original).

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

No obstante, con la expedición de la ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la ley 1437 de 2011, C.P.A.C.A.

En efecto, el artículo 16 del Decreto 1736, estableció:

“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

"ART. 626.

“A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión "y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes" del 129, 130, 133, la expresión "practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130" del 134, las expresiones "y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130" y "sin tales formalidades" del 136 y 202 del Código Civil; artículos y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8° inciso 2° parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión "por sorteo público" del artículo 67 inciso de la Ley 1116 de 2006; el inciso del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión "que requerirá presentación personal" del artículo 71, el inciso 1° del artículo 215 y el inciso 2° del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión "No se requerirá actuar por intermedio de abogado" del artículo 58 numeral , el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.,

“(…)”.

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso C.G.P., la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada(4).

Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 627 del C.G.P., son las siguientes:

“ART. 243.—Distintas clases de documentos.

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. (…) Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

“ART. 244.—Documento auténtico.

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

“ART. 245.—Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

“Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.

“(…)” (negrillas y subrayado del original).

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el C.G.P., se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(5).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

No obstante, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente.”

Como se aprecia, el derecho procesal moderno parte de la confianza que existe en la sociedad, se trata de una visión filosófica que encuentra su fundamento en la dimensión de la filosofía y sociología funcionalista, así como en la teoría de los sistemas sociales.

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes(6).

De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza. Esta circunstancia de la superación fáctica frente a lo normativo, fue puesta de presente por la teoría del método científico del derecho (antiformalista) de Francois Geny, quien con total claridad sobre la materia, puntualizó:

“Así considerado el problema, se reduce a los términos siguientes: la legislación, esté o no codificada, y entendiéndola en su sentido más amplio, esto es, tomándola como todo acto de la autoridad que tenga por fin dictar reglas jurídicas generales en forma de imposición obligatoria, ley propiamente dicha, decretos, reglamentos legalmente dictados, el jus scriptum, en una palabra, ¿puede, en nuestro estado social y constitucional ser suficiente para la revelación del derecho, permitiendo su completa aplicación, que hace completamente inútil para la práctica toda jurisprudencia positiva? ¿No descubrimos, por el contrario, en la naturaleza y en la acción de la ley, lagunas y limitaciones esenciales, que hagan necesarias otras fuentes de derecho, tal como la costumbre, o bien cuando menos la intervención de la libre investigación científica, dirigida a la elaboración del sistema jurídico, capaz de dar satisfacción a todas las necesidades de la vida social?

“Este campo de investigación que descubrimos parece poco explorado. Y esto, si no me equivoco, procede de que se han contentado fácilmente con el principio de omnipotencia legislativa. Se ha pensado indudablemente que este dogma constitucional excluía a priori toda idea de medida de la acción del poder en materia de revelación del derecho, y se ha considerado además que en nuestro estado político y social el legislador creía manifiestamente reservar para sí solo el monopolio de toda innovación jurídica”(7).

Esta hermenéutica jurídica que permite la interacción permanente de los principios constitucionales con los aspectos legislativos, máxime si existen lagunas o puntos oscuros en el derecho, tales como saber si es posible a la luz de diáfanas y sistemáticas modificaciones normativas aplicar un sistema interpretativo en el que las copias simples tengan valor probatorio en los procesos ordinarios en materia contencioso administrativa, es lo que el neo iusnaturalismo, en cabeza de Ronald Dworkin ha señalado como la necesidad de estructuración de un sistema jurídico en el que las reglas o normas —en sentido estricto— devienen insuficientes, razón por la cual los operadores jurídicos “echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otro tipo de pautas.”(8)

Por último, la tesis que se acoge en esta oportunidad ha sido avalada por otras Secciones del Consejo de Estado, de manera concreta, la Segunda, al establecer que el hecho de que no se hubieran tachado de falsas las copias simples permite deducir la anuencia frente a los citados documentos. Sobre el particular, la mencionada Sección señaló:

“En el sub lite las copias simples corresponden a documentos que obran en los archivos de la Gobernación del Departamento de Boyacá, como son las Órdenes de Prestación de Servicios y la petición ante la Gobernación Departamental del reconocimiento de las prestaciones reclamadas, entre otros. Además, se trata de copias de documentos públicos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito de quien los aporta (artículo 276, ejusdem), por lo que no puede descartarse de plano su valor probatorio. El Tribunal desconoció el valor probatorio de las copias aportadas sin valorar lo antes dicho y olvidando, además que en materia de conciliación podía solicitar en forma oficiosa los documentos. Así, el sólo aporte en copia simple de algunos documentos no constituía óbice para improbar el Acuerdo Conciliatorio. Entrando al fondo del asunto conviene indicar que, según reiterada jurisprudencia, cuando se trata del contrato realidad es el valor pactado en el contrato y no otro el que sirve de base para la liquidación de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga cualquier docente y que el tiempo a reconocer en el “contrato realidad” es el efectivamente laborado.”(9)

De igual manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la aplicación de la Ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo, en relación con la valoración de las copias simples en el proceso laboral con especial sindéresis, precisó:
“Del simple cotejo de esta norma con las disposiciones anteriores que regulaban la materia y que han sido citadas en esta providencia, surge de manera inequívoca que fue voluntad expresa del legislador, como se expresa en el parágrafo, que en el ámbito laboral las reproducciones simples de cualquier documento presentado por las partes con fines probatorios, se reputarán auténticas sin necesidad de autenticación, con las únicas excepciones de que se tratara de un documento emanado de tercero o de que se pretendiera hacer valer como título ejecutivo, situaciones que aquí no se presentan, por cuanto el registro de defunción que se analiza no puede considerarse emanado de un tercero, pues se trata de documento público expedido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, como lo es el Notario Segundo del Círculo de Manizales. Es claro que además de esa disposición general, el legislador se refirió a unos documentos concretos y particulares en los cinco (5) primeros numerales, pero esta especificidad no es excluyente de aquella generalidad, porque en este aspecto la parte final de la cláusula legal es nítida y diáfana, además de que había unos antecedentes legales y judiciales que quisieron preservarse.

“Sobre el alcance de esta norma, dijo la sala en providencia del 1º de febrero de 2011, radicado 38336:

“Empero, con la reforma del año 2001, cualquier discusión sobre el tema debatido quedó superada, debido a que en los términos del parágrafo del ahora artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral, lo relacionado con el valor probatorio de los documentos ha quedado regulado por una norma procesal laboral, lo que torna improcedente, en este específico aspecto, la integración normativa autorizada por el artículo 145 de dicho estatuto, que constituía la base de la aplicación de aquél otro código.

“Por lo tanto, incurrió el ad quem en el yerro jurídico endilgado al negar valor probatorio a una copia informal del certificado de defunción, cuando según las disposiciones legales arriba señaladas estaba obligado a reconocerlo, yerro que es suficiente para casar la sentencia acusada.(10)

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas(11), en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto(12). Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo(13).

Ahora bien, todo cambio o unificación de jurisprudencia genera una aplicación de la nueva hermenéutica adoptada, razón por la cual el posible argumento referente a la modificación de la línea jurisprudencial que sobre la materia ha sostenido esta Sección y, de manera concreta, una de sus Subsecciones, no puede constituir razón suficiente para mantener la vigencia de una tesis que no consulta los postulados constitucionales y los lineamientos procesales modernos. Una de las finalidades principales del orden jurídico o normativo reside en la efectividad de los derechos y las garantías de los sujetos procesales, por lo tanto, una postura excesivamente formal deslegitima los fines esenciales del derecho procesal o adjetivo, máxime si las partes han guardado silencio a lo largo de la actuación, lo que ha permitido convalidar su postura frente a los documentos que reposan en el plenario en copia simple.”

3. Resulta necesario precisar, ab initio, que, en consideración a que con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se pretende la condena de la entidad demandada, quien a su vez tiene un vínculo contractual con las compañías de seguro La Previsora S.A., y Suramericana de Seguros S.A., llamadas en garantía y respecto de las cuales existe una relación sustancial con la entidad, se estudiará en ese orden la defensa y contradicción que estas desplieguen en el proceso, habida consideración que se trata de verdaderas partes, “terceros intervinientes”, que constituyen un segmento estructural de aquellas. En lo relativo al tópico del llamamiento en garantía la doctrina ha señalado:

“En el llamamiento en garantía, se halla en el proceso como parte original, el titular por activa o por pasiva de la relación sustancial debatida, legitimado normalmente para pretender o resistir a la pretensión. Pero al mismo tiempo, esa parte originaria se encuentra vinculada con un tercero por causa de una relación sustancial de garantía, la cual recibe el nombre de relación revérsica. De acuerdo con ella, si la parte original es vencida en el proceso, el tercero debe indemnizarla: responder frente a ella in eventum de condena, resarcirle en todo o en parte del monto de la condena”(14).

Igualmente, acerca de las características del llamamiento en garantía, se ha sostenido:

1. El llamado es un tercero con idénticas facultades procesales a las asignadas a las partes, con absoluta libertad y autonomía, debido a cual puede contestar la demanda principal, contestar el llamamiento, formular excepciones previas y excepciones de mérito, pedir pruebas, e interponer recursos.

2. El llamado en garantía puede comparecer o no al proceso sin embargo, si no comparece y el demandado resulta condenado en la sentencia, el llamado quedará vinculado a los efectos de la misma en la medida, que el juez verifique la existencia de la obligación de garantía entre ambos.

3. La sentencia, cuando decide en forma definitiva sobre las obligaciones del llamado, genera el efecto de cosa juzgaba.

4. Realizado y notificado el llamamiento, el llamado queda jurídicamente vinculado al proceso. Comparezca o no al proceso, quedará cobijado por los resultados de éste. (…).

5. Entre la parte llamante y el llamado en garantía existe un lilisconsorcio que no puede ubicarse ni como necesario ni como facultativo. Podrá catalogarse como especial, porque ambos tienen intereses comunes para defender, pero también pueden tener intereses encontrados originados en el contrato que da origen a la garantía(15).

Y en lo que atañe al orden de estudio de las relaciones sustanciales debatidas, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado:

“El Juez, al desatar el proceso, estudiara primero la relación sustancial existente entre demandante y demandado y si las pretensiones de aquel están llamadas a prosperar, analizará la relación existente entre el llamante y el llamado con el objeto de determinar si se debe imponer alguna obligación al llamado”.(16)

Desde esta perspectiva, se procederá al estudio de la responsabilidad de la entidad demandad, conforme se depreca en el recurso interpuesto, y de hallarse configurada la misma, se analizará la relación de la demandada con los llamados en garantía.

4. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

4.1. Copia auténtica de la Historia Clínica 162928, de Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo en la que se anotó:

“Mayo 25/95. Hora: 10:40 a.m.

Pte de 72 años, procedente Rionegro (A), remitido con nota de hospital local, agricultor.

Pte que en calidad de pasajero de motocicleta en la vía Marinilla — El Peñol, a las 6:30 a.m., fue atropellado x vehículo, quedando con fx tibia y peroné Izq + avulsión rodilla del mismo lado” (fl. 286).

“Agosto 17/95

Pte de 72 años, residente en Marinilla, agricultor.

Hace 3 meses sufrió fx de tibia izq la cual ha sido tratada con fijador externo. Hoy ingresa para retiro del fijador y colocación de yeso (fl. 294).

4.2. Copia auténtica de la Historia Clínica No. 162931, de Jorge Antonio Ramírez Ramírez en la que se señaló:

“mayo 25/95

Pte de 46 años, procedente de Rionegro con nota adjunta del hospital local. Agricultor. Residente en Marinilla.

Pte que sufrió hoy a las 6:30 a.m., accidente de tránsito en calidad de conductor de moto quedando con fx pélvica + pérdida momentánea de consciencia” (fl.299).

4.3. Copia del informe de accidente No. 93-0214362 del INTRA, del 25 de mayo de 1995 en el que se elaboró el croquis y se señaló:

“…

CLASE: choque

CHOQUE CON: Vehículo

ÁREA: Rural

DISEÑO: Tramo de vía

TIEMPO: Normal

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA: Curva, una calzada, doble sentido, dos carriles, de asfalto, estado bueno, húmeda, con iluminación.

CONDUCTOR 1: Oscar de J. García León, con licencia de conducción, con seguro obligatorio, vehículo: camioneta placas OM7261, marca chevrolet luv, modelo 88. Propietario: Empresas Públicas de Medellín.

CONDUCTOR 2: Jorge Ramírez Ramírez.

Vehículo: Motocicleta, placas DHD 05, marca: Kawasaki

VÍCTIMAS:

Alfonso Ramírez Ocampo

Jorge Ramírez Ramírez

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: Hospital Rionegro.

Versión conductor 1: “Vengo de Playas, al mermar velocidad, se vino atravesado, no fui capaz de controlarlo y en esas subía el señor de la moto”” (fl. 25 y 488).

4.4. Copia del oficio datado el 25 de mayo de 1995, dirigido al Inspector de Marinilla y suscrito por el auxiliar Administrativo de la División Jurídica de Empresas Públicas de Medellín, en el que se solicitó se ordenara la entrega del vehículo con placas OM 7261, camioneta Chevrolet de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín, puesto a disposición de la Inspección por accidente de tránsito; señalándose adicionalmente que se autorizaba la entrega del vehículo a Oscar García quien se desempeñaba como conductor de la entidad (fl. 495).

4.5. Certificado de Empresas Públicas de Medellín que da cuenta que el señor Oscar de Jesús García León era trabajador oficial de la entidad, desempeñándose como conductor de la misma (fl. 230).

4.6. Copia de la licencia de tránsito 91-0108675 en la que se acredita que William Augusto Ramírez Ramírez es propietario de la motocicleta marca kawasaki de placas DHD 05 (fl. 29 anverso y reverso).

4.7. Oficio No. 3914.0158 de la Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal de Rionegro, dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se señala que la motocicleta marca kawasaki de placas DHD 05, color rojo, pertenece a William Augusto Ramírez Ramírez, desde su traspaso, 14 de septiembre de 1992 (fl. 341).

4.8. Copia autentica de la sentencia condenatoria del 7 de mayo de 1996, proferida por el Juzgado Penal Municipal de Marinilla, en la que figuran como ofendidos, los señores: Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Ramírez Ramírez, y como sindicado, por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito al señor Oscar de Jesús García León, señalándose:

“En efecto, son unánimes los declarante en manifestar que el accidente se debió a que el señor Oscar de Jesús que venía bajando por la vía que del Peñol conduce a Marinilla, no lo hacía por el carril que le correspondía (derecha) en el momento de tomar la curva, sino que al hacerlo por el carril de los motoristas que iban subiendo, colisionó con ellos, produciéndose las lesiones de que da cuenta el investigativo. Las deponencias por su coherencia, firmeza y claridad se aglutinan hacia la existencia de una auténtica culpabilidad por parte del señor García León.

Como refuerzo a la prueba testimonial están la Inspección Judicial realizada por la Inspección Municipal de Tránsito de este Municipio, y en cuyo peritazgo se concluyó que los sistemas de frenos y seguridad, luces, direccionales y enllantado de la camioneta Luv de placas OM 7261 se encontraban en perfecto estado, de donde infiere, la ausencia de fallas técnicas del vehículo y por ende el accidente se debió a fallas humanas.-

Relieva el engranaje probatorio, la Inspección Judicial practicada por la Fiscalía donde el perito ratifica en el lugar de los hechos, lo mostrado por el croquis arrimado por las autoridades de tránsito y lo dicho por los declarantes, exponiendo entre otros apartes que la camioneta bajaba por el carril del que iba subiendo (motoristas).

En este orden de ideas, se llega a la conclusión que la colisión de los motoristas con el conductor de la camioneta Oscar García León se debió a que éste no observó una de las fundamentales normas para conducir vehículo, cual es el de "conservar su derecha", máxime cuando se va a atravesar por una curva, donde es perfectamente previsible el encuentro sorpresivo con otro vehículo, como sucedió en el caso que nos ocupa.

Manifiesta el encartado en su injurada que cuando frenó, el carro no respondió y se fue resbalado debido a que el piso estaba mojado, chocando así con los motoristas; pues bien el hecho de que el terreno estuviera mojado y se viniera bajando, demandaba la observancia de extrema prudencia en velocidad y conservar la derecha para evitar lo que el mismo sindicado manifestó.

Es claro que la conducción de un vehículo está catalogada como una actividad peligrosa precisamente por los resultados lamentables que la impericia, imprudencia, o incumplimiento de las normas acarrean.

En el caso sub-judice, la imprudencia del señor Oscar de Jesús García (no mermar la velocidad en piso mojado cuando se disponía pasar por una curva) y el incumplimiento de una norma de tránsito (conservar siempre la derecha) conllevaron a la realización del hecho lesivo, producto exclusivo de un comportamiento culposo del señor Oscar de Jesús García León.

Señala nuestro Estatuto represor en su artículo 37: "la conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo". Pues bien, el contenido del precepto encaja en cualquiera de las situaciones allí previstas con el comportamiento observado por el señor García León, de ahí, que su responsabilidad en el hecho delictivo se adjudique a título de culpa.

No tiene el Despacho que ahondar en mayores disquisiciones, ya que del análisis concienzudo de las pruebas, se concluye que ellas tienen suficiente entidad demostrativa en torno a la responsabilidad del señor Oscar de Jesús García León en el accidente ocurrido el veinticinco (25) de mayo del año retropróximo y donde resultaron lesionados los señores Jorge Ramírez Ramírez y Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo.-

Con referencia a las lesiones ocasionadas en el accidente de tránsito, es claro que en él resultaron lesionados los señores Jorge Ramírez Ramírez y Alfonso de Jesús Ramírez, el primero de los lesionados tuvo una incapacidad definitiva de ocho (8) semanas, sin ninguna secuela (fls. 74) en cambio el señor Alfonso sufrió una trastorno funcional en el órgano de la locomoción por deformidad en pierna izquierda que le proporcionó una incapacidad de ciento ochenta días (folios 48).

Teniendo en cuenta que el último reconocimiento obtenido del señor Alfonso, señala que el carácter permanente o transitorio de la secuela será definida aproximadamente dentro tres (3) meses (Julio 27/96), el Descacho dando aplicación al Artículo 337 del Código Procedimental Penal, tiene en cuenta para efectos de tasación de pena el último reconocimiento obrante en la foliatura, considerando la secuela de carácter transitorio (principio de favorabilidad).

Dando aplicación al Artículo 55 del C.P. Penal, este Despacho no se pronuncia sobre los perjuicios ocasionados con las infracciones, toda vez que obra en el proceso prueba de que los ofendidos han instaurado la acción civil por fuera del proceso penal.

(…).

FALLA:

1) Condénase al señor Oscar de Jesús García León, de notas civiles y personales= conocidas en autos a la pena principal de seis (6) meses de prisión, multa de tres mil pesos ($3.000.oo) y suspensión en el ejercicio de conductor por seis (6) meses. -La pena será purgada en el establecimiento carcelario que para el efecto designe la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia, por habérsele hallado responsable penalmente del delito de lesiones personales culposas en contra de la integridad física de los señores Jorge Ramírez Ramírez y Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo.

2) Condénase además al señor García León a la siguiente pena accesoria; Interdicción de derechos y funciones por un lapso igual al de la pena principal.

3) El condenado se hace acreedor a la condena de ejecución condicional por las razones expuestas en la parte motiva, debiendo para ello comprometerse a cumplir con las obligaciones del Artículo 69 del Código Penal, obligaciones que suscribirá mediante diligencia de caución prendaria por $50.000.oo que le servirá la ya depositada.-

4) Suspéndese la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. (…)” (fl. 604 a 616).

4.9. Dictamen pericial del 11 de marzo de 2002, practicado por los médicos peritos Bertha Elena Jaramillo Jaramillo, Reg. 6206 de la DSSA, y Augusto Antonio Arias Hurtado, Reg. 18499 de MSP, que indica:

“Los peritos médicos abajo firmantes nombrados por su despacho para el proceso de la referencia nos permitimos dar respuesta al cuestionario en los siguientes términos.

Pregunta:

Que los peritos médicos indiquen el tiempo que los demandantes Ramírez estuvieron incapacitados.

Respuesta:

El 25 de mayo de 1995, cuando se desplazaban por la carretera de Marinilla hacia el Peñol al transitar en motocicleta fueron arrollados por un vehículo de las Empresas Públicas de Medellín, sufriendo las siguientes lesiones:

El señor Alfonso Ramírez sufrió trauma de rodilla izquierda y fractura proximal de tibia y peroné. Tuvo desgarro de la inserción del cuadríceps femoral a nivel de la rótula, le practicaron cirugía colocándole material de osteosíntesis a nivel de tibia y peroné, se corrigió el desgarro del músculo.

La incapacidad total por dichas lesiones fue de 60 días.

El señor Jorge Ramírez sufrió fractura de la rama iliopúbica y de la rama isquiopúbica de la pelvis.

Se le hizo tratamiento médico de reposo absoluto, durante cinco días estuvo hospitalizado, el resto de tiempo estuvo en su casa, no ameritó tratamiento quirúrgico. La incapacidad de este paciente fue de 90 días.

Pregunta

Determinar la disminución de su capacidad de trabajo en términos porcentuales.

Respuesta:

Secuelas:

El paciente Alfonso Ramírez presentó como secuela una pérdida de la flexo extensión de la rodilla izquierda de un 15%.

Acortamiento de 1.5 cm de la pierna izquierda respecto a la derecha. Leve cojera que le obliga a usar bastón para caminar.

Pérdida de la capacidad laboral:

El paciente Alfonso Ramírez presenta una merma de capacidad laboral según el manual único para la calificación de la invalidez decreto 917 de 1999 de un 15.75% discriminado así:

Deficiencia: 11%

Discapacidad: 1.5%

Minusvalía: 2.25%

Total: 15.75%

El Paciente Jorge Ramírez no presenta ningún tipo de secuelas a consecuencia del accidente sufrido.

Tampoco presenta ningún porcentaje de merma de su capacidad laboral” (fl. 378) (Se resalta).

5. Con los documentos y demás medios de prueba relacionados, se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Antonio Ramírez Ramírez, resultaron lesionados, el primero, con trauma de rodilla izquierda, fractura proximal de tibia y peroné, y el segundo, con fractura de la rama iliopúbica y de la rama isquiopúbica de la pelvis, como consecuencia de un accidente de tránsito en la vía que del municipio de Marinilla conduce al municipio de El Peñol, Antioquia, al colisionar de frente con un vehículo de Empresas Públicas de Medellín. Daño que de acuerdo con la sentencia condenatoria del Juzgado Penal Municipal relacionada, ut supra, le es imputable al conductor de la entidad demandada, habida consideración de que se demostró que fue este vehículo quien invadió el carril del sentido contrario al ingresar a la curva, colisionando de frente con la motocicleta en la que se movilizaban Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Antonio Ramírez Ramírez.

Ahora bien, en lo relativo a la sentencia penal condenatoria como prueba suficiente de los elementos de la responsabilidad, cuando se configura como único elemento demostrativo de la imputación, la Sala ha sostenido:

“Por último, respecto de la sentencia penal condenatoria contra los policiales responsables del hecho, se aclara que no se pretende modificar el alcance probatorio como documento público de ésta, en la forma como ha sido precisado por la Corte Suprema de Justicia(17). Debe agregarse, de otro lado, que, como lo ha reiterado la Sala en jurisprudencia reciente, las sentencias penales no configuran cosa juzgada frente a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado(18), sin embargo, cuando una providencia de esa índole es prueba única de la responsabilidad la Sala ha anotado:

“Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(19) (se resalta).

Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa(20) y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, toda vez que el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos(21). No obstante lo anterior, la entidad responsable puede exonerarse alegando las causales de fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero.

De otro lado, a efectos de establecer el responsable de los daños derivados de una actividad riesgosa, es preciso identificar quién ejerce la guarda material sobre la actividad o la cosa peligrosa(22). Y, en cuanto concierne al título de imputación del daño alegado por los demandantes e indicado por el a quo, resulta oportuno destacar, lo que sobre el particular se ha decantado por esta Corporación:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. “Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(23)

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política…(24)

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.”(25) (negrillas adicionales).

Por su parte, resulta de interés mayúsculo, destacar como la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia abandonó la hermenéutica del artículo 2356 del Código Civil, según la cual la disposición consagraba una presunción de responsabilidad(26) que sólo se desvirtuaba con la acreditación de la causa extraña, para acoger el riesgo como criterio o fundamento de responsabilidad derivado de ese precepto. Sobre el particular, se trascriben in extenso algunos apartes del referido pronunciamiento(27):

“Con estas premisas, para la Sala, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, esto la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (art. 1880 del Código de Comercio), más si el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (cas.civ. de 14 de abril de 2008, radicación 2300131030022001-00082-01).

Forzoso es concluir que, toda persona que en ejercicio de una actividad peligrosa cause un daño, está en la imperiosa obligación de repararlo y solo podrá eximirse probando la causa extraña, esto es, demostrando que no es autor, en tanto el daño no pueda imputarse al ejercicio de su actividad peligrosa ni a su conducta.

“7. En lo que concierne a los daños generados con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas concurrentes, considera la Corte, estricto sensu que el régimen jurídico regulador de la responsabilidad no se desplaza a regímenes diferentes de “culpa probada” o de “culpa presunta”.

“Por el contrario, se regula por la disciplina que le es propia, gobernándose por regla general, por el artículo 2356 del Código Civil y por las normas jurídicas singulares de la actividad existente, esto es, la disciplina específica que le es propia. Por ejemplo, si se trata de daños derivados de la circulación de vehículos, aplican también las reglas propias de su regulación normativa.

“En esta especie de responsabilidad, concurriendo la actividad del autor y la de la víctima, no se presenta “compensación de culpas”, “neutralización de actividades” ni de “presunciones”.

“Ninguna presunción consagra el legislador.

“La “presunción de culpa”, como se dijo, cae en el vacío, de un lado por no avenirse a la lógica, al sentido común y a elementales reglas de experiencia, sentarla per se, de suyo, ante sí por el solo ejercicio de una actividad peligrosa, de ordinario lícita y permitida por el ordenamiento y, de otro lado, porque presumida, la prueba de su ausencia o de la diligencia y cuidado, impediría constituir la responsabilidad o bastaría cuando menos para exonerarse. Además, no se observa la utilidad de la presunción en el plano probatorio, so pretexto de dispensar a la víctima de la prueba de lo que no es elemento estructural de dicha responsabilidad o cuya probanza inversa es insuficiente para romper el nexo causal. La contradicción que envuelve esta concepción, aparece con todo relieve, cuando la reiterada e inalterada jurisprudencia civil, acertadamente exige la prueba del elemento extraño para demostrar que el evento dañoso no es imputable a la actividad y conducta del sujeto. En rigor, la culpa carece de toda relevancia para el surgimiento de la responsabilidad por actividades peligrosas y, también, para romper la relación de causalidad.

“Tampoco el asunto se desplaza a la denominada responsabilidad por “culpa probada”, desde luego que se trata de un régimen jurídico singular, concreto y específico gobernado por reglas propias.

“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin ésta.

“Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, etc., y, el otro, incurrir en similares comportamientos.

“En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido, encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que ésta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla.

“La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio.

“(…) Por supuesto, en la especie de responsabilidad por actividades peligrosas, imputado por entero el daño a la conducta de un solo sujeto, sea o no dolosa o culposa, éste será exclusivamente responsable de su reparación; siendo imputable a la conducta de ambos, sea o no dolosa o culposa, cada uno será responsable en la medida de su contribución y, tales aspectos, los definirá el juzgador de conformidad con las reglas de experiencia y la sana crítica, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, para cuyo efecto, el ordenamiento jurídico le atribuye al juez amplitud en la valoración de las probanzas, en todo cuanto respecta a la determinación de la responsabilidad e incidencia de las conductas concurrentes.

“El aserto precedente explica con suficiencia el acertado criterio expuesto de vieja data por la jurisprudencia con arreglo al cual, en determinadas hipótesis, quien ejerce una actividad peligrosa responde por los daños ocasionados, aún a pesar de su diligencia y cuidado y, en otras, no obstante su actuar, aún reprochable, no es responsable al no constituir su conducta la causa determinante del menoscabo. Es igualmente, el fundamento racional de los eventos en los cuales, subsiste el deber resarcitorio del autor del daño, a pesar de la culpa de la víctima, desde luego, cuando su conducta no es la causa relevante, determinante o decisiva del daño.

“(…) Es más, en la responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad de examinar la objetiva incidencia del comportamiento para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las conductas y actividades recíprocas en consideración a los riesgos y peligros de cada una, determinando en la secuencia causativa, cuál es la relevante en cuanto determinante del daño y cuál no lo es y, de serlo ambas, precisar su contribución o participación.

“En esta última hipótesis, esto es, cuando la conducta recíproca del agente y de la víctima confluye en el quebranto, la reparación está sujeta a reducción conforme al artículo 2357 del Código Civil y, en aquélla, o sea, cuando el comportamiento de la víctima es causa exclusiva de su detrimento, se rompe la relación de causalidad (LXXVII, 699), es decir, no puede predicarse autoría de la persona a quien se imputa el daño.

“(…) Ni el asunto se desplaza hacia la regla general consagrada en el artículo 2341, sino que se gobierna por el artículo 2356 del Código Civil, aplicado a las actividades peligrosas concurrentes y, en su caso, por las reglas específicas de la concreta actividad…

“(…) e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta.

“La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no;.

“Tal aspecto es el que la Sala ha destacado y querido destacar al referir a la graduación de “culpas” en presencia de actividades peligrosas concurrentes, esto es, el deber del juez de examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.

“Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro.

“A este propósito, cuando la causa del daño es la conducta o actividad que se halle en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable único y a contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución o participación para mitigar o atenuar el deber de repararlo.

De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal.

“Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender porqué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco porqué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima.

“Ello es así, en tanto, constituye una modalidad específica de responsabilidad cuyos parámetros son singulares y concretos.

“Por lo reseñado, encuentra la Corte que el ad quem incurrió en los yerros atribuidos por el casacionista al aplicar en un asunto relativo al ejercicio de actividades peligrosas el régimen de culpa probada de responsabilidad civil extracontractual, omitiendo el régimen especial contenido en el artículo 2356 del Código Civil, razón por la cual el cargo prospera y sin necesidad de analizar los restantes, conduce a la casación del fallo, correspondiendo a la Corte proferir, en sede de instancia, el que ha de reemplazarlo.

“Aún bajo la perspectiva de la responsabilidad por “culpa presunta”, es palmario el desatino del juzgador al desplazar el asunto a la “culpa probada” cuando colisionan dos actividades peligrosas” (Negrillas y subrayado adicionales de la Sala — cursivas del original).

En esa línea de pensamiento, para la Corte Suprema de Justicia el artículo 2356 del Código Civil no contempla una presunción de responsabilidad, a diferencia del entendimiento tradicional que de tiempo atrás esa alta Corporación le había dado a la norma, sino que, por el contrario, descansa sobre la idea del riesgo y, por lo tanto, es a partir de ese régimen de responsabilidad que se debe definir la imputación en los supuestos en los que el daño tiene su origen en el desarrollo de una actividad peligrosa.

Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, en los términos señalados, con la salvedad de que, en el caso sub examine se presentó una colisión de actividades peligrosas, comoquiera que tanto Jorge Antonio Ramírez Ramírez como Empresas Públicas de Medellín, al momento del accidente, ejercían la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o mute el título de imputación a la falla del servicio.

En efecto, si bien esta Corporación ha prohijado la llamada “neutralización o compensación de riesgos”(28), lo cierto es que en esta oportunidad reitera la Sala su jurisprudencia en el mismo sentido en que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva.

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente(29) a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico.

Al respecto, la doctrina ha indicado:

“Reiteramos la idea de que la neutralización o compensación de presunciones carece de sustento normativo y responde exclusivamente a la voluntad del intérprete. Constituye, si se quiere, un argumento endeble, que procura limitar injustificadamente los alcances de la doctrina del riesgo creado, procurando reducirla a su mínima expresión. Ello no se compadece con la amplitud de los términos del art. 1113 del Cód. Civil.

La doctrina del riesgo creado es el factor de atribución que debe regular la responsabilidad por el hecho de las cosas; es el principio rector de la materia, siendo dable propiciar las interpretaciones extensivas para cubrir todo supuesto en el cual se controvierta su aplicación. Por eso, resulta inaceptable y arbitrario pretender excluirla cuando se trata de daños causados por la colisión de vehículos automotores. Si la presunción de responsabilidad que pesa sobre el dueño y guardián juega cuando es un automóvil en movimiento el que causa el daño a un peatón o a bienes de un tercero, no puede ser diferente la solución cuando el detrimento se produce como consecuencia de haberse producido una colisión con otro vehículo…

“(…) Adviértase que cuando existe concurrencia de culpas probadas a nadie se le ocurriría sostener la aplicación de un factor de atribución diferente. ¿Hay alguna razón que pueda justificar una solución distinta cuando la responsabilidad es imputable a título de riesgo creado? Pensamos que no.

“La tesis que rechazamos parece ignorar la realidad que se advierte día a día en casi todos los accidentes de automotores, en donde la prueba del reproche subjetivo suele ser en extremo difícil. Basta con pensar en lo complicado que resulta determinar, muchas veces, al culpable en un choque a ruta abierta, cuando transcurren varios minutos hasta que llega un tercero que pueda prestar auxilio; la carencia de testigos y, posiblemente, la falta de dictamen pericial concluyente, suelen llevar, dentro del pretendido régimen de culpa probada, a dejar los daños sin resarcimiento, lo cual, amén de ser inaceptable, está en pugna con la idea central que surge del art. 1113, párrafo segundo, e implica un retroceso en esta materia.”(30)

“(...).

“(…) Eso conduce a rechazar no sólo el sistema de la neutralización, que acude al artículo 1382 del Código Civil y exige la prueba de la culpa, sino también aquellas tesis que, aun admitiendo la aplicación acumulativa de las presunciones de responsabilidad, y combatiendo por tanto la neutralización, pretenden que cada uno de los guardianes no debe reparar sino una fracción del daño sufrido por el otro.

“Es inexacto todo sistema que no condene a cada uno de los guardianes a la reparación de la totalidad del daño sufrido por el otro. Poco importa el modo de reparación adoptado: constitución de una masa de perjuicios y reparto de esa masa por la mitad (1); constitución de una masa y distribución desigual, derivada del examen del vínculo de causalidad (2); u obligación de reparar cada uno la mitad o una fracción variable sufrido por el otro.”(31)

En esa perspectiva, en cada caso concreto, el juez apreciará en el plano objetivo cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, el operador judicial a partir de un análisis de imputación objetiva determinará cuál de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concretó y, en consecuencia, desencadenó el daño; a estos efectos, la violación al principio de confianza(32) y elevación del riesgo permitido(33) se convierte en el instrumento determinante de cuál fue la actividad que se materializó. En otros términos, el régimen, fundamento, o título de imputación de riesgo excepcional, cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica, que supone un examen objetivo, desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa), dirigido a identificar la circunstancia material que originó la concreción del peligro.

En el presente caso es aplicable el régimen objetivo señalado, por tratarse de una colisión de automotores, uno de los cuales era de propiedad de la entidad demandada.

En ese orden de ideas, el comportamiento del conductor de Empresas Públicas de Medellín, entidad que tenía la guarda material de la actividad desplegada por su agente, en términos de la atribución fáctica y jurídica(34), fue determinante en la producción del daño, comoquiera que el hecho de no respetar su carril al ingresar a la curva, e invadir el del sentido contrario, implicó un incremento sustancial del riesgo propio de la actividad, siendo determinante en la producción del daño, lo que le hace imputable desde la arista fáctica del accidente ocasionado, y pasible de juicio de imputación jurídica del daño.

6. Así, demostrada como está la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín, la Sala procederá a realizar la liquidación de perjuicios.

6.1. A fin de establecer los vínculos de parentesco, se enlistarán los siguientes elementos de prueba:

6.1.1. Certificado del registro civil de matrimonio de Alfonso Ramírez Ocampo, en el que se constata que contrajo matrimonio con Rosa Angélica Ramírez, el 28 de febrero de 1949 (fl. 8).

6.1.2. Certificados del registro civil de nacimiento de Ramón Arturo, Carlos Horacio, José Manuel, Hector, Otoniel, Bertha Lucía, Beatriz Elena, William Augusto y Jorge Antonio Ramírez Ramírez, en el que se demuestra que Alfonso Ramírez y Rosa Angélica Ramírez, son su padres, y por ende, hermanos (fl. 11 a 19).

6.1.3. Certificado del registro civil de matrimonio de Jorge Antonio Ramírez Ramírez, en el que se observa que María Cecilia Zuluaga G., es su esposa (fl. 23).

6.1.4. Certificados del registro civil de nacimiento de Yudy Madeli, Jony Aldemar, Duverney y Diana Cecilia Ramírez Zuluaga que dan cuenta son hijos de Jorge Antonio Ramírez Ramírez y María Cecilia Zuluaga (fls. 20 a 22, y 24)

6.1.5. Partida de Bautismo de la diócesis de Sonsón –Rionegro, en la que se certifica que Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo nació el 31 de diciembre de 1922, en Marinilla-Antioquia (fl. 10).

En cuanto a este último medio de prueba, debe señalarse que la Ley 92 de 1938(35) estableció la posibilidad de suplir la falta de la prueba principal del nacimiento, -registro civil-, con pruebas supletorias como la partida de bautismo, declaraciones de testigos relacionadas con los hechos constitutivos del estado civil o en su defecto, por la notoria posesión del estado civil(36).

Posteriormente a la normativa indicada, se expidió el Decreto 1260 de 1970, estatuto del registro del estado civil de las personas, y allí se determinó, en el artículo 105, que: “Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos”. Por tal razón, es posible que la prueba del estado civil aun en los casos posteriores a la vigencia de la mencionada ley, sea el folio del registro civil de nacimiento o la partida eclesiástica, con mayor razón si las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, acontecieron con anterioridad. De allí que, en el caso concreto se deba aplicar el supuesto de este artículo y tener por probada la fecha de nacimiento del precitado lesionado.

6.1.6. En relación con la actividad económica que desarrollaban los lesionados, obra la siguiente prueba testimonial.

6.1.6.1. Declaración de Juan Gilberto Ramírez, quien relató:

“PREGUNTADO: Díganos si tiene conocimiento a qué se dedican los señores Jorge Antonio y Alfonso Ramírez, y cuál su situación económica? CONTESTÓ: se dedican a la agricultura, económicamente mal; (…) PREGUNTADO: Fuera de la actividad a qué se dedican estos señores, tienen otras ayudas económicas. CONTESTÓ: No, únicamente la agricultura. PREGUNTADO: Díganos si don Alfonso o Jorge Antonio trabajan la agricultura por su cuenta, en grande o en pequeñas parcelas. CONTESTÓ: Pues la trabajan por su cuenta pero en pequeña cantidad (fl. 356 reverso).

6.1.6.2. Declaración de Oliverio García Ceballos, quien sostuvo:

“Yo los conozco a ellos desde mi juventud como agricultores, ellos trabajan en la cuenta de ellos, mi papá era el tendero acá y era el distribuidor de abonos” (fl. 353).

6.1.6.3. Declaración de Darío de Jesús Duque Gómez, quien manifestó:

“Ellos trabajan en la finquita de ellos, ellos se pueden ganar más o menos un millón de pesos cada uno mensuales, ellos trabajan bien la agricultura” (fl. 354).

6.2. En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, William Augusto Ramírez, deprecó el valor correspondiente a los gastos realizados con motivo de la reparación de la motocicleta, sin embargo, en ese sentido, sólo aportó una cotización de los repuestos del automotor(37), sin que tal documento tenga virtualidad alguna para acreditar los gastos en que se incurrió para su reparación, razón por la cual, siendo su deber acreditar el supuesto de hecho que soporta la pretensión de indemnización elevada, conforme el principio del onus probandi, se denegará lo solicitado.

De otra parte, en lo relativo a la indemnización de perjuicios materiales, solicitados por Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Antonio Ramírez Ramírez, se observa que fueron aportadas una serie de facturas y constancias de pagos hospitalarios, por lo que se hace necesario evaluar el lleno de requisitos de cada título que se pretende hacer valer, con miras a su liquidación.

En primer lugar, el Código de Comercio establece los requisitos generales para los títulos valores, es decir aquellos que son de su esencia, discriminados así:

“ARTÍCULO 621. Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes:

1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

Como se puede apreciar, en un primer momento, la normativa comercial señala dos requisitos que debe observar un documento para poder tenerse como título valor -sin perjuicio del cumplimiento de los demás, considerados particularmente para cada especie-, de donde se concluye, de manera correlativa y sin duda alguna, que el documento que se pretenda hacer valer y que no contenga la mención del derecho que incorpora y la firma de la persona que lo crea —la cual se podrá sustituir por una mecánicamente impuesta, más no prescindir de ella-, acarreará como consecuencia su inexistencia, de allí que aquél que adolezca de alguno de estos requisitos preliminares, le será desechada cualquier fuerza de convicción.

Posteriormente, el artículo 624 establece puntualmente:

“ARTÍCULO 624. DERECHO SOBRE TÍTULO-VALOR. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada”. (Negrillas fuera del texto original).

Es claro, entonces, que la exhibición del título valor original constituye un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho que en él se incorpora; de allí que, para el efecto del que aquí se ocupa la Sala, los documentos que se pretendan hacer valer debieron haber sido presentados en original, so pena de restarles el valor probatorio cuya atribución pretende darle el interesado. Si la copia, duplicado o similar del documento fuera suficiente para ejercitar el derecho que en él se contiene, tal supuesto habría sido de elemental alusión por parte del legislador. No siendo ello así, la prueba del derecho que se pretende, incorporado en un título valor, debe tener carácter de plena certeza, verosimilitud que sólo se alcanza mediante la presentación del documento original.

Así lo confirma el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, al regular lo concerniente al proceso ejecutivo singular:

“ART. 488.—TÍTULOS EJECUTIVOS. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

Evidentemente, tratándose de documentos que incorporan el derecho que se pretende hacer valer, no puede tener mérito probatorio alguno el título que se aporta en copia o que, en suma, carece de de los requisitos de su esencia. Así también lo expresó el académico Henry Alberto Becerra León, quien al disertar sobre los requisitos de validez de los títulos valores se refirió al fenómeno de la ineficacia —regulada por el estatuto de comercio-, precisando que éstos se componen de un instrumento —llámese documento- y de la obligación que en ellos se incorpora, siendo ambos elementos susceptibles de la afectación:

“(…) En ese orden de ideas, debe advertirse que la ineficacia ataca en algunas ocasiones al instrumento y, en otras, a la obligación cambiaria, razón que obliga a clasificar las especies de ineficacia propuestas por el Código de Comercio, Así:

1. Ineficacias que perturban los efectos del instrumento, pero no atacan los efectos de la obligación: a) la ineficacia liminar, y b) la inexistencia (…).

1.3.1. La ineficacia liminar

Está prevista en el Código de Comercio, así: Artículo 897.- Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (…).

La ineficacia liminar o de pleno derecho atacó el instrumento, pero no perturba los efectos de la obligación, la cual sigue siendo una obligación civil (…).

1.3.2. La inexistencia

Corresponde al grupo de las ineficacias que perturba la producción de efectos del instrumento, pero deja incólume la obligación.

Igual a como ocurre en la ineficacia liminar, la inexistencia no puede ser declarada por el juez; simplemente, el negocio jurídico inexistente nunca nació y, por ende, nunca produjo efectos (…).

El artículo 898 que nos ocupa, contempla dos causales de ineficacia por inexistencia: 1) La falta de formalidades sustanciales y, 2) La ausencia de elementos esenciales.

En punto de los títulos-valores, puede afirmarse que la formalidad sustancial es, sin lugar a dudas, le presencia del documento escrito. No existe un título valor que no conste en documento escrito. Pero, además, ese documento debe contener los requisitos esenciales generales que impone el artículo 621 del C. de Co, en concordancia con el artículo 1501 del C.C., y los esenciales particulares que, para cada título-valor en especial, nuestra legislación exige (…)” (resaltado fuera del texto original).

Pues bien, dado que gran parte de los documentos aportados son facturas cambiarias -o se pretenden hacer valer como tales-, es de resorte indispensable referirse a la regulación contenida en el Código de Comercio, anterior a las modificaciones que introdujera la Ley 1231 de 2008 -por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones-.

“ARTÍCULO 774. La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:

1) La mención de ser 'factura cambiaria de compraventa';

2) El número de orden del título;

3) El nombre y domicilio del comprador;

4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;

5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título-valor”. (Texto original del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda.)

Hecha la anterior aclaración -a la luz de las disposiciones citadas-, después de realizar el respectivo análisis de los documentos aportados con la demanda, resulta evidente que sólo se valorará la factura aportada en original, y los recibos de caja que dan cuenta de haberse efectuado el respectivo pago.

En suma, el daño emergente, conforme lo válidamente probado, para Jorge Antonio Ramírez Ramírez, corresponde a:

-Factura No. 88480 por valor neto de $50.000 pesos, y factura No. 88490 por valor de $65.000 pesos.

— Recibo de caja del 18 de junio de 1995, por valor de $125.000 pesos.

— Recibo de caja del 25 de mayo de 1995, por valor de $350.000 pesos.

— Recibo de caja del 30 de mayo de 1995, por valor de $67.659 pesos.

—Constancia de pago del 27 de mayo de 1995, por valor de $70.000 pesos.

— Recibo de caja del 5 de julio de 1995, por valor de $62.800 pesos.

Total indemnización por daño emergente = $790.459

Determinado el valor de los gastos, se procederá a su actualización, así:

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El daño emergente, conforme lo válidamente probado, para Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo, corresponde a:

— Factura No. 16041 por valor de $22.950 pesos.

— Factura No. 16933 por valor de $22.950 pesos.

— Factura No. 15848 por valor de $39.300 pesos.

— Factura No. 354412 por valor de $4.775 pesos.

— Factura No. 3831 (¿) por valor de $26.610 pesos.

— Factura del 20 de agosto de 1995, por valor de $7.100 pesos.

—Recibo de caja del 25 de mayo de 1995, por valor de $350.000 pesos.

—Recibo de caja del 1º de junio de 1995, por valor de $800.000 pesos.

— Recibo de caja del 18 de junio de 1995, por valor de $2’000.000 pesos.

—Recibo de caja del 20 de agosto de 1995, por valor de $ 250.000 pesos.

— Recibo de caja del 4 de diciembre de 1995, por valor de $2’500.000 pesos.

— Recibo de caja del 29 de enero de 1996, por valor de $20.000 pesos.

— Recibo de caja del 16 de junio de 1995, por valor de $1’459.480 pesos.

— Recibo de caja del 18 de junio de 1995, por valor de $108.441 pesos.

— Recibo de caja del 20 de agosto de 1995, por valor de $184.016 pesos.

— Recibo de caja del 17 de agosto de 1995, por valor de $ 350.000 pesos.

—Recibo de caja del 28 de noviembre de 1995, por valor de $ 440.000 pesos.

— Recibo de caja del 2 de diciembre de 1995, por valor de $1’063.638 pesos(40).

— Recibo de caja del 5 de junio de 1995, por valor de $60.200 pesos.

— Recibo de caja del 29 de enero de 1996, por valor de $27.000 pesos.

— Recibo de caja del 25 de mayo de 1995, por valor de $19.100 pesos.

— Recibo de caja del 16 de junio de 1995, por valor de $7.700 pesos.

— Recibo de caja del 17 de agosto de 1995, por valor de $ 15.500 pesos.

— Recibo de caja del 25 de mayo de 1995, por valor de $220.000 pesos.

— Recibo de caja del 16 de junio de 1995, por valor de $80.000 pesos.

— Recibo de caja del 18 de agosto de 1995, por valor de $ 150.000 pesos.

— Recibo de caja del 18 de junio de 1995, por valor de $12.030 pesos.

— Recibo de caja del 20 de agosto de 1995, por valor de $7.500 pesos.

— Certificado de pago del 29 de junio de 1995, por valor de $37.000 pesos.

— Constancia de honorarios No. 0071, por valor de 40.000 pesos.

— Constancia de pago del 2 de diciembre de 1995, por valor de $40.000 pesos

— Constancia de pago del 20 de agosto de 1995, por valor de $250.000 pesos

Total indemnización por daño emergente = $ 10’615.290

Determinado el valor de los gastos, se procederá a su actualización, así:

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6.3. En cuanto al lucro cesante deprecado, debe señalarse que aun cuando la prueba testimonial da cuenta de la actividad desempeñada por los principales demandantes, no da fe suficiente del monto de lo devengado con la misma, así, si bien queda establecido que Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Antonio Ramírez, se dedicaban a la agricultura, labor de la cual obtenían sus ingresos, el valor indicado en las prueba testimonial relacionada en el acápite 6.1.6.3., no ofrece el convencimiento inexcusable para tener por cierto el monto descrito, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una actividad que por estar sujeta a diversos factores para su desarrollo y correspondiente utilidad, no tiene un valor estándar de ingresos, y de ser así, en modo alguno el acervo probatorio lo evidencia con suficiente fuerza demostrativa.

Así las cosas, se tendrá el salario mínimo como base de liquidación, toda vez que, la Sala encuentra acreditada la labor desempeñada por Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo y Jorge Antonio Ramírez, y aun cuando no se tiene claro lo concerniente a su remuneración, las reglas de la sana crítica enseñan que una persona laboralmente activa, no podría devengar menos de este monto.

El salario mínimo para el año de 1995 era de $118.170, actualizado a valor presente equivale a $564.319, comoquiera que es una cifra inferior al salario mensual vigente para este año, se tendrá como base de liquidación dicha suma, que equivale a $616.000,oo, y será incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $770.000,oo.

6.3.1. Igualmente se encuentra demostrado que Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo sufrió una pérdida de capacidad laboral del 15.75%, según el dictamen médico pericial, el cual valga puntualizar, tiene plena validez para acreditar la disminución de la capacidad laboral, habida consideración que, aún cuando el decreto 2463 de 2001, habilite a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez para decidir sobre las solicitudes de calificación de esta merma que hayan sido requeridas por las autoridades judiciales o administrativas, caso en el cual, en los términos del artículo 3.1 de la norma aludida, fungen como peritos en el proceso, también es cierto que ello per se, no limita en modo alguno, el principio de libertad de los medios de prueba, máxime si se tiene en consideración que no se trata, en modo alguno, de una prueba ad solemnitatem o ad substanciam actus, como tampoco de una regulada por la ley como único elemento demostrativo idóneo, que frente a otro instrumento de acreditación la convierta en “inconducente” al restarle aptitud legal demostrativa; de tal suerte, que no existiendo tarifa legal, o limitación jurídica sobre el particular, no procede la objeción realizada al dictamen pericial, ni lo decidido sobre el particular por el a quo; de tal suerte que, para determinar lo que Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo dejará de percibir por la disminución de su capacidad laboral, por el resto de la vida probable, se tomará el 15.75%, del valor antes señalado ($770.000), correspondiente a la incapacidad que sufrió la víctima, esto es, $121.275 valor con el que se procederá realizar la liquidación.

— Lucro cesante consolidado

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 25 de mayo de 1995, hasta la fecha de esta sentencia, sin embargo, en razón a que el máximo de vida probable de Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo, de conformidad con las tablas de supervivencia(43), es de 10,44 años ya que a la fecha de ocurrencia del accidente tenía 72 años de edad, según la partida de bautismo que informa de su nacimiento el 31 de diciembre de 1922, resulta manifiesto que su promedio de vida sólo se extendía hasta el año 2005, situación que resta ratio juris, para una indemnización a posteriori a esta fecha.

No empece la ausencia de elementos suasorios en el plenario acerca de la supervivencia actual del señor Rámirez Ocampo que desvirtúen lo establecido estadísticamente, la Sala, en aplicación del principio pro damnato y pro homine(44), -conforme el cual frente a toda posible hermenéutica en relación con un principio, norma o regla jurídica de derecho interno debe preferirse aquella que garantice en mayor medida la efectividad de los derechos humanos, así como a favor del individuo, sujeto o colectividad titular del mismo-, dará aplicación a la tabla de supervivencia establecida en la Resolución No. 1555 de 30 de julio de 2010(45), en atención a que en ella se observa una extensión del promedio de vida humana; lo anterior a afecto de realizar la correspondiente liquidación, observándose en el caso sub lite que la expectativa de vida de una persona de 72 años, es ahora 14 años(46). Razón por la cual, se aplicará ésta expectativa de vida máxima, que se extiende hasta el 25 de mayo de 2009(47), para un total de 168 meses.

Debe precisarse que la aplicación de la normativa aludida ut supra, se acompasa con la orientación dimanada del principio pro damnato, en torno al cual la doctrina foránea ha señalado:

“El tremendo desplazamiento que se ha producido en el Derecho de daños en las últimas décadas, que ya no gira en torno al dañador, sino alrededor de la víctima, avala antes la prevención que la reparación. Como es sabido, puede afirmarse, plásticamente, que en la segunda mitad del siglo XX hemos asistido a un cambio de protagonista dentro del teatro de operaciones de la responsabilidad civil: el “primer actor” ya no es (como en el artículo 1902 del Código Civil) “el que causa daño a otro”, ni tampoco (como en el artículo 1101) “los que incurrieran en dolo, negligencia o morosidad…”, sino precisamente ese “otro” que es víctima de un daño extracontractual o contractual, de manera que importa poco por quién o por qué motivo se va a afrontar la indemnización de ese daño, con tal de que dicha reparación se produzca. El protagonista es ahora la víctima, de manera que la formulación de los preceptos nucleares de nuestro sistema de responsabilidad civil podría ser muy distinta, para señalar que “todo aquel que sufre un daño antijurídico tiene derecho a ser indemnizado”, o algo parecido. En suma, cabe hablar de un (relativamente nuevo) principio general de nuestro Derecho, formulado como el favor victimae o principio pro damnato. No es sino la concreta aplicación al dominio de la responsabilidad civil de otro más amplio, que erige a la defensa del débil (en sentido jurídico) en la preocupación esencial del Derecho moderno, por decirlo en palabras de JOSSERAND, en su conocido trabajo sobre “la protección de los débiles por el Derecho”.

Pues bien, ¿Qué mejor para la eventual víctima de un daño que no llegar a serlo? El principio alterum non laedere no deja de mirar la realidad desde la óptica del dañador, destinatario de la prohibición de perjudicar. Frente a ello, si queremos ocupar la perspectiva de la víctima hemos de pensar más bien en un “derecho a la indemnidad”, oponible erga omnes”(48).

Así las cosas, aplicando la fórmula de liquidación con el estándar actual de vida probable, se tiene lo siguiente:

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6.3.2. De otra parte, está demostrado que Jorge Antonio Ramírez Ramírez sufrió sufrió fractura de la rama iliopúbica y de la rama isquiopúbica de la pelvis, teniendo una incapacidad de 90 días, sin ningún tipo de secuelas y ni merma alguna posterior de su capacidad laboral; de tal suerte que, para determinar lo que dejó de percibir por durante el tiempo de su incapacidad, de acuerdo con el razonamiento antes expuesto, se tendrá como base de liquidación, la suma de $770.000.oo y se multiplicará por los 3 meses que dejó de laborar. Sin que haya lugar a reconocer perjuicio adicional por lucro cesante consolidado o futuro, al aquí señalado.

— Lucro cesante consolidado por el término de 90 días: $ 2’310.000.oo

6.4. En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(49) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.

Ahora bien, con el fin de unificar los parámetros bajo los cuales debía tasarse esta clase de perjuicio y en aras de garantizar el derecho a la igualdad, la Sección, en sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció una serie de reglas que deben tenerse en cuenta y fijó los montos a indemnizar, según el supuesto de hecho que dio origen al daño, distinguiéndose si se trataba de un evento de muerte(50), lesiones físicas o psíquicas(51), privación injusta de la libertad(52) o graves violaciones de derechos humanos(53), evento en el que es posible reconocer un monto superior al establecido por la jurisprudencia, cuando se demuestre que el daño moral reviste mayor intensidad y gravedad y siempre y cuando el monto total de la indemnización no supere el triple de los montos indemnizatorios señalados para los demás supuestos. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. Además, como característica sui generis en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, también se permite mutar la categoría o nivel en la que se encuentra el demandante, según las pruebas y la gravedad de la violación.(54)

Sin embargo, es regla común a todos los supuestos, la división de los demandantes en cinco categorías o grupos, de acuerdo con su cercanía a la víctima directa, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos).

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados).

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además de la prueba del parentesco, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá acreditarse la relación afectiva.

Ahora bien, para los eventos en los que el daño consiste en lesiones físicas o psíquicas, con el fin de determinar el quantum de la indemnización se fijaron los siguientes parámetros, atendiendo al porcentaje de gravedad de la lesión, así:

Nivel 1. Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 3. Tendrán derecho al 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 4. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 5. Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el señor Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo sufrió una pérdida de la capacidad laboral de 15.75%, se asignarán los porcentajes, para cada uno de los miembros de su grupo familiar, en los valores que se indican a continuación:

Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo (víctima directa): 20 SMMLV

Rosa Angélica Ramírez de Ramírez (Esposa): 20 SMMLV

Ramón Arturo Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Carlos Horacio Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

José Manuel Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Hector Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Otoniel Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Bertha Lucía Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Beatriz Elena Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

William Augusto Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

En relación a Jorge Antonio Ramírez Ramírez, está acreditado que permaneció incapacitado durante 90 días, sin ningún tipo de secuelas. En consecuencia, a falta de este dato es necesario acudir al arbitrio iuris(55), por lo que de conformidad con el lapso de la incapacidad, se reconocerá la suma de 5 SMLMV:

Jorge Antonio Ramírez Ramírez (víctima directa): 5 SMMLV

María Cecilia Zuluaga de Ramírez (esposa de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Yudy Madeli (hija de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Jony Aldemar (hijo de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Duverney (hijo de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Diana Cecilia Ramírez Zuluaga (hija de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

7. Finalmente, en lo que atañe a la responsabilidad de los llamados en garantía, ha de señalarse lo siguiente:

7.1. En cuanto a la responsabilidad del conductor del vehículo, señor Oscar García León, la Sala estima pertinente reseñar que aún cuando la ley 678 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía, no se encontraba vigente al momento en que se produjeron los hechos, el Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) en su artículo 77 estableció que sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

La importancia de la responsabilidad de los servidores públicos se hizo tan relevante que trascendió del campo legal al constitucional y dio lugar a su consagración en el inciso 2° del artículo 90 de la Constitución Política de 1991. Su tenor literal es el siguiente:

“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

Ahora bien, para que una entidad quede habilitada para llamar a responder por su actuación al funcionario, se requiere que la responsabilidad del Estado devenga de que ésta haya sido condenada a pagar perjuicios por la conducta dolosa o gravemente culposa de aquél. En cuanto a estos elementos, la doctrina ha afirmado:

“Para que pueda hablarse no sólo de ilicitud, sino además de delito civil propiamente dicho, se hace precisa la existencia en el agente de una intención antijurídica (dolo) o, por lo menos, de una negligencia (culpa). No hemos de insistir aquí sobre conceptos sobradamente conocidos. Baste hacer una referencia en orden a la distinción de ambos conceptos, a la doble teoría en torno al concepto de dolo: se discute si existe dolo cuando el agente ha previsto el efecto ilícito de su acto (teoría de la representación), o si, además de la previsión del efecto debe exigirse también la voluntad de que se produzca (teoría de la voluntad). En la mayoría de los casos, observa VON TUHR, existe dolo desde el punto de vista de ambas teorías, cuando alguien cumple una acción previendo como resultado necesario de ella una lesión personal, quiere tal lesión, aunque cumpla la acción para un fin diferente y considere a la lesión como un efecto accesorio no deseable.

...

“Frente al dolo que se caracteriza por la previsión e intencionalidad de los efectos antijurídicos, la culpa aparece fundada sobre la simple negligencia de su autor. Por esto, observa CHIRONI, se califica exactamente de culposo el acto cometido sin verdadera intención de dañar; el autor responde porque debía desplegar mayor cuidado, mayor diligencia en el conocimiento del hecho en sí o en la previsión de las consecuencias probables. No es la voluntad de perjudicar lo que constituye aquí la responsabilidad, como en el dolo, sino la falta de diligencia, y en ella precisamente radica la razón de la culpa...”(56)

Del mismo modo, sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado:

“Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”.

“Sin embargo, la responsabilidad personal, de carácter patrimonial, del agente frente al Estado, encuentra hoy fundamento en normas de Derecho Público, en tanto la misma Carta Política establece, en el marco del Estado Social de Derecho y en desarrollo del principio de legalidad, que los servidores públicos, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 superior, el agente estatal compromete dicha responsabilidad cuando su conducta dolosa o gravemente culposa ha sido la causa de condena patrimonial contra el Estado.

“Para efectos de delinear un concepto legal independiente, propio del Derecho Público y aplicable para el caso de las acciones de repetición que se deban promover contra los servidores o exservidores públicos, la Ley 678 … adoptó una definición legal diferente a la tradicionalmente utilizada, tal como lo recoge el artículo 6 de dicha Ley, en cuya virtud:

‘La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones’.

“Esa misma Ley 678 de 2001, en su artículo 5 definió el concepto de dolo para los efectos propios de la acción de repetición que se promueva contra agentes del Estado, con el siguiente alcance:

‘La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.’

“Como puede advertirse, las normas legales transcritas tienen un contenido y unos elementos que resultan diferentes de las nociones recogidas en el mencionado artículo 63 del Código Civil, amén de que en este nuevo campo no se equiparan el dolo y la culpa grave, como sí ocurre en el terreno civil, a tal punto que totalmente diferentes resultan, entre sí, las situaciones de hecho que la citada Ley recoge para efectos de presumir, en unos casos el ‘dolo’ y en otros, completamente diferentes, la ‘culpa grave’.(57)

Así, para que proceda el llamamiento, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o antiguo ex agente público, lo que debe ser probado en el proceso, toda vez que constituye una carga de la entidad, el aporte de los medios probatorios necesarios para demostrar el elemento subjetivo del llamamiento o de la acción de repetición, es decir, que la obligación de indemnizar impuesta al Estado surgió a causa de un comportamiento doloso o gravemente culposo del funcionario (o exfuncionario) demandado. De no acreditarse en debida forma estos supuestos, la petición del llamamiento no está llamada a prosperar y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del Servidor y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público.

En consecuencia, acorde con las pruebas aportadas al proceso, la Sala considera que en el caso sub lite no se cumplió con este requisito, puesto que no se acreditó en debida forma el obrar doloso o gravemente culposo de los agentes, máxime si se tiene en cuenta que de la sentencia penal condenatoria citada, no puede concluirse, el grado de culpabilidad en el que actuó Oscar García como llamado en garantía.

7.2. En lo que respecta al llamamiento en garantía realizado a la Sociedad Latinoamericana de Seguros S.A., señala el art. 57 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 146.3 y 267 del C.C.A, que quien tenga derecho legal o contractual para exigir de un tercero la indemnización de perjuicio o reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de una sentencia, podrá pedir la citación de aquel para que en ella misma se resuelva sobre tal relación; igualmente debe entenderse que el llamamiento en garantía se sujetara a lo dispuesto en el artículo 54 del C.P.C el cual señala que al escrito de denuncia del pleito(58), se acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias. Revisado el llamamiento realizado, se observa que no se ajustó a las prescripciones legales señaladas, toda vez que no se aportó prueba del vínculo sustancial: legal o contractual, existente entre la entidad llamante y la llamada, de suerte que siendo una carga de la primera demostrar tal relación, a efectos de analizar la eventual responsabilidad de compañía de seguros, se imposibilita hacer el examen de rigor, y de suyo se impone la denegatoria de condena a esta entidad como lo fue solicitado.

7.3. En lo relativo al llamamiento formulado a las compañías Suramericana de Seguros S.A., y La Previsora S.A., obra en el proceso, la póliza de seguro de seguro de responsabilidad civil, No. 1402 en la que aparece como tomador, asegurado y beneficiario Empresas Públicas de Medellín, póliza que se encontraba vigente al momento de los hechos, 25 de mayo de 1995, de conformidad con lo aseverado por las compañías aseguradoras obligadas, Suramericana de Seguros S.A., y La Previsora S.A., y según consta en el certificado de renovación de la póliza No. 20786 del 28 de noviembre de 1994(59), en el que se observa una vigencia desde el 6 de noviembre de 1994 hasta el 5 de noviembre de 1995. Póliza en la que se establece una cláusula de coaseguro, que señala:

“El presente seguro lo otorga La Previsora S.A. Compañía de Seguros, y lo suscribe también La Compañía Suramericana de Seguros S.A., pero las obligaciones de las compañías para con el asegurado no son solidarias.

El riesgo y la prima correspondiente, se distribuyen entre las compañías en la siguiente forma:

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 60%

Compañía Suramericana de Seguros S.A. 40%

La administración y atención de la Póliza corresponde a La Previsora S.A., Compañía de Seguros, la cual recibirá del asegurado la prima total, para distribuirlas entre las citadas Compañías Coaseguradoras, en las proporciones indicadas anteriormente.

Las compañías coaseguradoras se someten a las decisiones de la compañía líder.

En los siniestros, La Previsora S.A., Compañía de Seguros, pagará únicamente la participación porcentual señalada anteriormente; además, una vez recibida la participación correspondiente de las otras compañías, le entregará al asegurado, sin que en ningún momento se haga responsable e una porcentaje mayor” (fl. 75 reverso).

Del mismo modo, en el certificado de renovación No. 20786 se estipuló un valor asegurado de US $5’000.000 dólares y un deducible por siniestro de US $50.000 dólares. En consecuencia, demostrada como está la responsabilidad de la entidad demandada, y acreditada su relación contractual con las compañías aseguradoras llamadas en garantía, impone a la Sala condenar a éstas, por las sumas que, en la condena que aquí se imponga, excedan el deducible de US 50.000 dólares, al momento de llevarse a cabo el correspondiente pago, condena que será asumida por las aseguradoras en los porcentajes indicados, esto es, en un 60%, por La Previsora S.A., y en un 40% por Suramericana de Seguros S.A., y que será cancelada por éstas compañías a Empresas Públicas de Medellín una vez la entidad demandada haya realizado el respectivo pago a las demandantes. Decisión que tiene lugar, en consideración a que el deducible fue pactado en dólares, lo que justifica, que la conversión se haga en la fecha de realización del pago a los demandantes, para así, poder determinar, en cuanto excede esta condena, respecto del deducible pactado.

Por último y en lo concerniente a la excepción de “reducción del daño”, por los gastos sufragados parcial ó totalmente con base en la póliza del SOAT, y la excepción de “aplicación de la póliza de automóviles”, debe aclararse que no existe elemento suasorio alguno que acredite la existencia de una póliza de vehículo diferente a las aquí examinadas, como tampoco prueba de cobertura de emolumento alguno asumido por parte del Seguro Obligatorio, carga que la prueba que correspondía a las compañías aseguradoras a efectos de limitar su responsabilidad como lo solicitaron, razón ésta por la que las excepciones no tienen vocación alguna de prosperidad.

Como corolario de lo anterior, se impone la revocatoria de la sentencia apelada, toda vez que emerge el juicio de imputación fáctica y jurídica en contra de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 22 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, Sala de Descongestión, en su lugar se decide:

1. Declárase patrimonialmente responsable a Empresas Públicas de Medellín, de los perjuicios sufridos por los demandantes.

2. Condénase a Empresas Públicas de Medellín, a pagar, por perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo (víctima directa): 20 SMMLV

Rosa Angélica Ramírez de Ramírez (Esposa): 20 SMMLV

Ramón Arturo Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Carlos Horacio Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

José Manuel Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Hector Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Otoniel Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Bertha Lucía Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Beatriz Elena Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

William Augusto Ramírez Ramírez (hijo): 20 SMMLV

Jorge Antonio Ramírez Ramírez (víctima directa): 5 SMMLV

María Cecilia Zuluaga de Ramírez (esposa de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Yudy Madeli (hija de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Jony Aldemar (hijo de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Duverney (hijo de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

Diana Cecilia Ramírez Zuluaga (hija de Jorge Antonio Ramírez): 5 SMMLV

3. Condénase a Empresas Públicas de Medellín, a pagar por concepto de daño emergente, a Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo la suma de cincuenta y un millones cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($51’402.888); y a Jorge Antonio Ramírez Ramírez, la suma de tres millones ochocientos veintisiete seiscientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos ($ 3’827674,56).

4. Condénase a Empresas Públicas de Medellín, a pagar por concepto de lucro cesante, a Alfonso de Jesús Ramírez Ocampo, la suma de treinta y un millón cuatrocientos trece mil, setecientos ochenta y cinco pesos ($31’413.785); y a Jorge Antonio Ramírez Ramírez, la suma de dos millones trescientos diez mil pesos ($2’310.000).

5. Condénase a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, y a La Compañía Suramericana de Seguros S.A., a pagar a Empresas Públicas de Medellín, lo que de esta condena impuesta, exceda al valor de US 50.000 dólares a la fecha de pago, correspondiéndole a La Previsora S.A., asumir el 60% del excedente, y a Suramericana de Seguros S.A., el 40% restante.

6. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin costas.

8. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

9. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias (I.J) del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022 C.P. Enrique Gil Botero.

2 “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se destaca).

3 LUHMANN, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, Pág. 5 y 6.

4 “Artículo 627. Vigencia.
“La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
“1. Corregido por el art. 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.
“2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.
“3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.
“4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).
“5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.
“6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. No. 1999- 01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (negrillas adicionales).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”

6 “Concierne por igual a los filósofos y a los juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico tiene que llenar para poder ser considerado como un “derecho justo” o, lo que es lo mismo conforme con la justicia en la medida de lo posible. Concierne esta cuestión a los filósofos, porque por lo menos desde Platón el tema de los contenidos de justicia y de la ordenación “justa” de la convivencia humana es uno de los problemas centrales de la ética. Y concierne a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas pueden limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho positivo, o las decisiones judiciales que en ese derecho positivo sean vinculantes, no pueden evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber si lo que hacen es o no “justo”, sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no se plantean ya de un modo igual. La perspectiva que en esta materia arroja más luz es, sin embargo, otra. De acuerdo con una larga tradición de la filosofía occidental, la tarea de los filósofos consiste en buscar la “unidad” que subyace bajo la multiplicidad de las normas y de las decisiones, en buscar dónde está la razón última de la validez. La tarea del jurista, en cambio, consiste en encontrar decisiones justas de casos concretos. De esto modo los unos apenas tienen noticia de lo que los otros hacen y ello es igualmente nocivo para ambos. Si los filósofos hubieran tenido en cuenta el material que los juristas han puesto a su disposición al reflexionar sobre puntos de vista que tienen que utilizar en la búsqueda de decisiones “justas”, hubieran podido ofrecernos algo más que unas formulaciones de una indeterminación tan grande que no siempre sin razón se les reprocha ser poco más que simples “fórmulas vacías”. Y si los juristas hubieran contemplado los puntos de vista que buscan y que utilizan, desde la perspectiva de una ética jurídica que vaya más allá de cada concreto derecho positivo, hubieran apreciado mejor y más conscientemente el “valor” de tales puntos de vista. Hace falta, pues, tender un puente…” LARENZ, Karl “Derecho Justo”, Reimpresión, Ed. Civitas, Madrid, 1985, proemio.

7 GENY, Francois “Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo”, Ed. Biblioteca de autores españoles y extranjeros, 2ª edición, Madrid, 1925, pág. 111.

8 DWORKIN, Ronald “Los derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 72.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2007, exp. 2003-01162-01(1926-04), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

10 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 41024, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

11 Sobre el citado principio de derecho procesal, la Corte Constitucional ha puntualizado: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.” Corte Constitucional, sentencia C-536 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.

12 En relación con el concepto de “exceso ritual manifiesto”, se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-264 de 2009 y T-599 de 2009.

13 Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado su posición, en los siguientes términos: “En este caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda…Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple197. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no sólo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado.” Corte IDH, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010.

14 QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Ed. Temis. Bogotá. 2000. pág. 409.

15 MESA CALLE, María Cecilia. Derecho Procesal Civil Parte General. Biblioteca Jurídica Dike, 2004, pág. 234.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 5 de octubre de 2000, exp. 17678. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

17 “... aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, más no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos“...incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción”(G.J. LXXV, 78)” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia S-011-99, 6 de abril de 1999, M.P.: José Fernando Ramírez Gómez. En el mismo sentido ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 12.959, y, sentencia del 14 de julio de 2004, expediente: 13.971 (R-9977).

18 “La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

“Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.
(…)
“En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación: 17001233100019950602401 (16.533). C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación: 17001233100019950602401 (16.533). C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2009, expediente: 30.340, C.P.: Enrique Gil Botero.

20 “...reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen del responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

“La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquéllas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de julio de 2000, expediente 11.842.

21 “Tanto la jurisprudencia de la Sala como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir cuándo una actividad es peligrosa. Así, se afirma que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, sólo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto.” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el diez de agosto de 2000, expediente 13.816.

22 “En este supuesto, todos los sujetos asumen el carácter de guardianes, ejercitando el poder de gobierno y dirección de la cosa o sirviéndose de ella en conjunto. La pluralidad de guardianes puede presentarse de diferente modo; es factible que existan dos guardianes que de manera compartida se sirvan de la cosa y la tengan a su cuidado, ejercitando sobre ella el poder autónomo de gobierno, control y dirección; así, por ejemplo, cuando dos personas reciben un inmueble en comodato, actúan de manera conjunta como guardianes pues se sirven de ella y la tienen a su cuidado.
“En otras oportunidades, en cambio, la pluralidad de guardianes puede presentarse de distinta manera, pues es uno de los sujetos el que se sirve de la cosa, aunque sin tener circunstancialmente sobre la cosa un poder de hecho autónomo que se traduzca en aquellas facultades de dirección, control y cuidado, y otro, distinto de aquél, es quien tiene estas prerrogativas aunque sin servirse de la cosa. Tal lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto del contrato de depósito, al que hemos hecho referencia en el punto anterior.” PIZARRO, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el Riesgo o Vicio de la Cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, Pág. 405.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655.

24 Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10024.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696.

26 Formulada desde la sentencia del 18 de abril de 1939, en la que se expuso: “La Corte ha sostenido la doctrina de que conforme a la disposición del artículo 2356 del C.C., existe una presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de daños causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas, responsabilidad por la cual no se exonera de indemnización, sino en cuanto se demuestre el caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elementos extraños.” Postura que fue reiterada en providencia del 22 de febrero de 1995, expediente No. 4345.

27 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 24 de agosto de 2009, exp. 2001-1054.

28 Al respecto, se pueden consultar las sentencias del 3 de mayo de 2007, exp. 16180, M.P. Ramiro Saavedra Becerra y del 26 de marzo de 2008, exp. 14780, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta última providencia se señaló: “(…) Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional.

“Cabe señalar que tratándose de la colisión de dos o más vehículos que se encuentren en movimiento, la Sala ha considerado que es necesario establecer si estos tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional.”

29 “Karl Larenz, partiendo del pensamiento de Hegel, desarrolla una teoría de la imputación objetiva para el derecho civil…Larenz acuñó el concepto “imputación objetiva” para hacer notar que la cuestión de la imputación puede discutirse en primer lugar, independientemente del problema del valor moral de una acción… Larenz, además de criticar las teorías que pretenden explicar los fenómenos jurídicos con base en conceptos provenientes de la naturaleza, considera que la misión de la imputación objetiva ha de ser “… el juicio sobre la cuestión de si un suceso puede ser atribuido a un sujeto como propio…” Así, entonces, para Larenz “…la imputación objetiva no es más que un intento por delimitar los hechos como propios de los acontecimientos accidentales…” Cuando se señala que alguien –dice Larenz– es causante de un determinado hecho, se está afirmando que ese acontecimiento es su propia obra, su propia voluntad, y no un suceso accidental. Pero, ¿qué circunstancias permiten imputarle a un sujeto un suceso como obra propia? Si se acude a la relación causal se fracasaría, porque conforme a la teoría de la condición no puede tomarse una sola de ellas, pues todas las condiciones tienen idéntico valor.” LÓPEZ, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pág. 52 y 53.

30 PIZARRO, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, pág. 549 a 551.

31 MAZEAU, Henri y León y TUNC, André “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa – América, Tomo II, Vol. II, Buenos Aires, 1963, pág. 140.

32 “El principio de confianza encuentra uno de sus fundamentos en el principio de autorresponsabilidad. La principal consecuencia es la de que el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, y sólo bajo especiales circunstancias se extiende a las actuaciones de otro. Por regla general, cada uno debe orientar su conducta de tal forma que no lesione bienes ajenos; pero no es su deber preocuparse por que los demás observen el mismo comportamiento. En virtud del principio de autorresponsabilidad, generalmente sólo se responde por el hecho propio, mas no por el hecho ajeno.
En todo contacto social es siempre previsible que otras personas van a defraudar las expectativas que se originan en su rol. No obstante, sería imposible la interacción si el ciudadano tuviese que contar en cada momento con un comportamiento irreglamentario de los demás. Se paralizaría la vida en comunidad si quien interviene en ella debe organizar su conducta esperando que las otras personas no cumplirán con los deberes que les han sido asignados. El mundo está organizado de una forma contraria. Pese a que se presentan frecuentes defraudaciones, quien participa en el tráfico social puede esperar de las otras personas un comportamiento ajustado a sus status; él puede confiar en que los otros participantes desarrollarán sus actividades cumpliendo las expectativas que emanan de la función que le ha sido asignada.” LÓPEZ Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Pág. 120 y 121. (Negrillas adicionales).

33 “Ciertamente, los avances tecnológicos que ha venido consiguiendo el ser humano desde sus orígenes han repercutido en un mejor nivel de vida social pero con ellos también ha aumentado en similar proporción los riesgos a los cuales diariamente se expone la comunidad… Para que un riesgo pueda ser considerado como permitido no basta tan solo que la actividad de la cual emana represente considerables beneficios sociales frente a un mínimo de peligrosidad sino que es indispensable la absoluta indeterminación de las potenciales víctimas de ese riesgo residual… Como postulado general puede entonces decirse que todas aquellas actividades desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido no pueden dar lugar a reproche jurídico de ninguna naturaleza, aun en el evento de que generen lesiones a particulares; por el contrario, son desaprobadas todas aquellas conductas que exceden el riesgo permitido, lo cual cobija no solo aquellas actividades que han sido desplegadas a pesar de ser socialmente prohibidas, sino también las que siendo toleradas han sido ejecutadas sin la observancia de las normas de cuidado previamente establecidas para la minimización del riesgo… Contra lo que un sector minoritario de la doctrina sostiene, la inclusión de una conducta dentro del riesgo permitido es absolutamente independiente del aspecto subjetivo que haya motivado al autor a desarrollarla… el aspecto subjetivo no es lo determinante al momento de establecer la permisión de un riesgo que puede verse claramente en otros ejemplos de nuestra vida diaria…” REYES, Yesid “Imputación Objetiva”, Ed. Temis, Bogotá, 1996, pág. 90 y s.s.

34 “…la imputación jurídica o de segundo nivel es aquella en la que el operador jurídico analiza el título de imputación aplicable a la controversia, en aras de establecer si opera un régimen subjetivo de falla del servicio –por el incumplimiento de la carga obligacional de la organización estatal– o si por el contrario son aplicables cualquiera de los títulos de responsabilidad objetiva en los cuales es irrelevante cualquier valoración de la conducta de la administración, toda vez que en esta sede se verifica la concreción de un riesgo excepcional o el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
“De allí que, verificada la existencia de un daño desde la dimensión jurídica lo relevante es establecer a quién es atribuible esa afectación que sufre una determina persona en sus derechos, bienes o interese legítimos. Es precisamente en ese específico escenario donde la imputación supone un análisis bifronte o dual consistente en la verificación de que el daño es tanto fáctica (imputatio facti) como jurídicamente (imputatio iure) imputable.
“La imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico.
“En otros términos, la imputación fáctica –y con ella la imputación objetiva del daño– consiste en un estudio retrospectivo que recae sobre la acción u omisión del sujeto, mientras que la imputación jurídica supone la realización de un análisis prospectivo y netamente normativo dirigido a determinar si, una vez establecida la atribución material del daño, existe o no el deber jurídico –subjetivo u objetivo – de resarcir el perjuicio” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de julio de 2012, expediente 21.928, C.P. Enrique Gil Botero.

35 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios.

36 Artículo 18. A partir de la vigencia de la presente ley solo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley.
Artículo 19. La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil.

37 Fl. 35 del cuaderno principal.

38 Fecha de la sentencia de segunda instancia

39 Fecha de los hechos

40 Relacionado también en el resumen de atención del Hospital Pablo Tobón Uribe visible a fl. 43, en la que se señala una cuenta por valor de $1’863.638 pesos, en la que se señala el un valor no pagado de $800.000.

41 Fecha de la sentencia de segunda instancia

42 Fecha de los hechos

43 La tabla colombiana de mortalidad vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, es la contenida en la Resolución No. 0996 de 29 de marzo de 1990.

44 De allí que, en caso de existir contradicción entre unas y otras, deba aplicarse, en la resolución de un asunto particular, la norma que resulte ser más favorable para la víctima, en virtud del principio pro homine. Sentencia T-1064 de 2012.
“El principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Sentencia T-191 de 2009. (Negrillas y Subrayas ex text).

45 De la Superintendencia Financiera de Colombia. Por la cual se actualizan las Tablas de Mortalidad de Rentistas. Hombres y Mujeres.

46 Catorce coma cero años (14,0).

47 Resultado que obedece a adicionarle 14 años (la expectativa de vida máxima, para una persona de 72 años), al 25 de mayo de 1995, fecha en que ocurrieron los hechos.

48 LLAMAS POMBO, Eugenio. La Responsabilidad Civil y su Problemática Actual. “Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños”. Editorial DYKINSON S.L. Madrid, 2007. Pág. 448.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, del 13 de agosto de 2008, exp. 17042, y del 1º de octubre de 2008, exp. 27268.

50 Expedientes Nos. 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio y 27.709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

51 Expediente No.31.172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

52 Expediente No. 36.149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

53 Expediente No. 32.988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

54 Como se realizó en la sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, en la que al tasar el quantum del perjuicio moral, se indicó en relación a los demandantes:

“Tal como se precisó en el acápite 8.1 de esta sentencia, a los actores Raúl Antonio Montoya Ramírez y María Gislena Ramírez Ramírez, se les reconoce su condición de damnificados, pues según las pruebas se encontraban unidos por estrechos lazos afectivos, de solidaridad y cercanía con Heliodoro (fallecido) y José Elías Zapata Montoya (desaparecido), por lo cual los graves hechos que se perpetraron en contra de ellos, les produjeron una gran congoja y sufrimiento. Por lo anterior, se justifica ubicarlos no en el nivel n.° 5 que comprende a los terceros damnificados, sino en el nivel n.° 2, “donde se ubica la relación afectiva propia del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)” de que trata la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014” (Negrillas de la Sala)

55 Sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente No. 31.170, C.P. Enrique Gil Botero.

56 De Cossio Alfonso. El dolo en el Derecho Civil. Págs. 52 y 53, Editorial Comares S.L., Granada, 2005.

57 Sentencia del cuatro de diciembre de 2006 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 16.887.

58 Entiéndase “llamamiento en garantía”, de conformidad con la remisión que hace el artículo 57 del C.P.C., y en virtud del principio hermenéutico sistemático y de efecto útil de la norma.

59 Ver fls. 212 a 218 reverso.