Sentencia 1996-00926 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 18001233100019960092601 (27966)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Myriam Rocío Vargas Calderón y otros

Demandado: La Nación - Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

“(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...)”.

Entonces, como la presente demanda se formuló el 25 de octubre de 1996, resulta claro que el término de caducidad no se completó(4) y que, por tanto, la Sala deberá pronunciarse de fondo.

3. Legitimación en la causa.

3.1. Aunque el Ministerio del Interior alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque a su juicio no es la entidad llamada encargada del restablecimiento directo del orden público, lo cierto es que tanto esta cartera como el Ministerio de Defensa - Policía Nacional representan a la Nación, centró de imputación en este proceso.

En el sub examine no se vislumbra ausencia del presupuesto material aludido, referido a la relación sustancial entre el demandante y el demandado, en razón del daño o interés perseguido en el juicio, porque las entidades citadas hacen parte del conjunto de organismos que tiene que ver con el mantenimiento y restablecimiento del orden público, cada una en el marco de sus competencias.

En esa medida, de llegarse a establecer la responsabilidad deprecada y dado que las competencias del Ministerio del Interior, son de orden eminentemente regulatorias, así se declarará en la sentencia.

3.2. Por su parte, los señores César Augusto e Irney Cuellar Vargas, la señora Myriam Vargas Calderon como representante de su hija Myriam Rocío Cuellar Vargas y los señores Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña de Orozco, esta última actuando en su propio nombre y representación de su hija Karina Ibeth Orozco Noreña y el señor Héctor Hamid Orozco Noreña, están legitimados en la causa por activa habida su condición de damnificados por los hechos de que trata el sub lite que causaron daños en el lugar de su residencia y propiedad.

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar la responsabilidad de la parte accionada por los daños causados a los demandantes, a raíz de la destrucción del inmueble ubicado en la carrera 8ª # 7-05 del municipio de Florencia (Caquetá) identificado con la matricula inmobiliaria 420-0002772 su menaje doméstico y los muebles y enseres propios de la microempresa que se desarrollaba en el lugar. En razón de las alteraciones al orden público que se desencadenaron en medio de una protesta ciudadana, el 23 de agosto de 1996, en apoyo a los movimientos campesinos que se alzaron contra la medidas tomadas por el Gobierno Nacional en contra de los cultivos ilícitos.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar, con base en los medios de pruebas recaudados, el daño, para establecer si los accionantes lo tenían que soportar y, de no ser ello así, si el mismo resulta imputable a la acción u omisión de la entidad demandada o si esta tendría que ser liberada por tratarse de un hecho atribuible exclusivamente a un tercero.

4. (sic) Análisis del caso.

4.1. El daño.

4.1.1. Esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(5)”.

En el expediente se encuentran acreditados los daños alegados por los demandantes, es decir, la destrucción de la casa de habitación de propiedad de los señores César Augusto, Irney y la menor Myriam Rocío Cuellar Vargas y de los muebles y enseres que en esta permanecían, de propiedad de los señores Héctor Orozco Orozco, Amparo Noreña y de sus hijos Karina Ibeth y Héctor Hamid, los cuales no tenían que soportarse en cuando la destrucción de los bienes que integran el haber patrimonial, así fuere en el marco de medidas dirigidas a combatir los cultivos ilícitos, no hacen parte de las cargas que los asociados deben asumir dentro de la dinámica de la convivencia social. Al respecto, dentro de la actuación se probó:

4.1.2. Que en el proceso de sucesión seguido en el juzgado primero civil del circuito de Florencia, por la muerte del señor Antonio Cuellar Carvajal, fue adjudicado el predio ubicado en la carrera 8ª # 7-05 del municipio de Florencia (Caquetá) con matrícula inmobiliaria 420-0002772 a la señora Myriam Vargas Calderón en un 50% y el restante a Antonio, Irney, César Augusto y Myriam Rocío Cuellar Vargas en partes iguales, correspondiendo a cada uno, un 12,5%. Asimismo, que la señora Myriam Vargas Calderón y el señor Antonio Cuellar Vargas vendieron su participación a César Augusto Cuellar Vargas. De esto da cuenta el folio de matrícula inmobiliaria de la oficina de instrumentos públicos de Florencia (Caquetá) y la partición y adjudicación de bienes relictos, aprobada mediante sentencia del 18 de agosto de 1988 por el juzgado primero civil del circuito de Florencia (fls. 69 y 70, vto y 79-83, cdno. 1).

Igualmente, se conoce que para el 23 de agosto de 1996, en el referido inmueble residían los esposos Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña y sus hijos Karina Ibeth y Héctor Hamid, acorde con el contrato de arrendamiento suscrito el 28 de diciembre de 1994(6) por el antes nombrado y el señor César Augusto Cuellar Vargas.

4.1.3. Es hecho probado que el inmueble al que se hace mención fue atacado con piedras y posteriormente incendiado por manifestantes el 23 de agosto de 1996, en el marco de una protesta de apoyo a las marchas organizadas por campesinos de la región, alzados en contra de las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional contra los cultivos ilícitos. Lo anterior porque de ello dan cuenta, entre otros medios de prueba, los siguientes:

4.1.3.1. La inspección judicial anticipada, solicitada por la parte demandante y practicada el 13 de septiembre de 1996 por el juzgado segundo civil municipal de Florencia(7), es decir, aproximadamente 20 días después de los hechos, así:

“El juzgado observa que se trata de un inmueble de cuatro niveles detallado así; primer nivel que comprende alcoba principal, con baño y vestier, dos alcobas un baño, hall de alcobas y patio posterior los que se hallan en regular estado, excepto los baños los cuales se encuentran sin sus respectivos aditamentos o aparatos sanitarios. En el patio posterior de aproximadamente 10 x 2,50 metros, en el que se halla construido un tanque subterráneo, observándose la instalación, se corrige instalación de una bomba hidráulica que al parecer fue sustraída. El segundo nivel que comprende garaje, estudio, baño de emergencia y star. Las paredes de este nivel al igual que de todo el inmueble fueron construidos en bloque de cemento, debidamente pañetado, al igual que el cielo razo que es construido en una placa de concreto, los pisos de todo el inmueble se halla construido en cerámica, guarda escobas en granito pulido, los marcos y puertas en madera, a excepción de la fachada. Se observó por parte del juzgado que los pisos del segundo nivel se encuentran casi en su totalidad destruidos apreciándose manchas negruzcas producto al parecer del fuego, del cual fuera objeto. En cuanto a las paredes de este nivel, también se encuentran en el mismo estado, encontrándose desprendimiento de parte del pañete de alguna de las padres lo mismo que del cielo razo, también observa el juzgado que las instalaciones eléctricas se halla totalmente destruidas, igualmente no se aprecia los respectivos aparatos sanitarios. En cuanto a la Sala de estudio y el área de acceso individual es decir un pequeño hall de entrada se aprecian totalmente destechados, según los vestigios observados se concluye que tanto el estudio como el hall de entrada se hallan recubiertos o techados en teja de Eternit. El tercer nivel el que tiene acceso mediante una escalera de 5 peldaños en concreto con pasamanos en madera los que se hallan totalmente incinerados, apreciándose que consta este tercer nivel de salón, comedor, terraza, cocina zona de lavandería, alcoba de servicio y bajo de servicio. Pisos en cerámica igualmente destruidos al parecer a causa de las llamas, al igual que tres grandes ventanales en madera que se encuentran en este nivel. Se logró apreciar igualmente que se trataba de una cocina integral enchapada en baldosín de porcelana encontrándose destruida totalmente al igual que las paredes las que se hallan con grandes manchas negruzcas infiriendo de ello a causa del fuego. Este nivel igualmente se encuentra totalmente destechado, deduciéndose igual que la anterior que se encontraba techado con eternit, con cielo razo en machimbre y estructura en madera. El cuarto nivel al cual se accede igualmente por medio de varios peldaños se logró constatar, que consta de una habitación principal, vestier, baño y terraza hacia la fachada, encontrándose su techo en eternit con cielo razo en machimbre completamente calcinados a raíz del fuego; tanto el ventanal como las tres puertas es decir una de acceso a la habitación, la otra de acceso al balcón o terraza y la última de acceso al baño se encuentran totalmente incineradas; al parecer existía un closet en madera en el vestier el que fuera incinerado no se aprecia igualmente los aditamentos sanitarios del baño existente en esta habitación. Se deja igualmente que el portón electrónico del garaje no se encuentra, hallándose sus instalaciones de manejos totalmente destruidas por el fuego, la puerta de entrada al igual que el ventanal del estudio del segundo nivel eran al parecer en su totalidad de aluminio, siendo inexistentes hoy en día...” (fls. 12-14, cdno. 1).

Hacen parte del acta unas fotografías(8) verificadas por el señor juez segundo civil municipal de Florencia Caquetá y su secretario que permiten apreciar daños considerables en la estructura, puertas, ventanas y pasamanos, tomadas a la fachada frente y lateral del inmueble al igual que a la cubierta. Igualmente, permiten establecer los daños causados a bienes muebles, lámparas, sillas, mesas y bicicletas ubicados en el interior.

4.1.3.2. También la prueba testimonial evidencia los daños al tiempo que da cuenta de lo ocurrido:

a) La señora Vilma Vega Orozco, si bien no presenció directamente el ataque al inmueble, pudo constatar los destrozos. Sostuvo ante el tribunal:

“Preguntada: Sírvase decirle al despacho si tuvo conocimiento, cuál fue el estado que usted observó del inmueble y los bienes posterior a los hechos sucedidos el 23 de agosto de 1996. Contestó. Pues la casa era un escombro y lo que (sic) percibía era todo incinerado” (fl. 144, cdno. 2).

b) El señor Darío Marlez Endo, en testimonio rendido dentro de diligencia de inspección judicial adelantada por el a quo llevada a cabo el 7 de mayo de 1998, manifestó:

“Preguntado: Diga al despacho si para la época de los hechos, esto es 23 de agosto de 1996, presenció el incendio y daños ocasionados al bien objeto de esta diligencia. Contestó. En el momento de los hechos y como dije anteriormente soy funcionario de la alcaldía, me encontraba en el despacho del señor alcalde en las oficinas del edificio municipal, cuando en ese momento que se avisa a través de la radio que la residencia de él se estaba incendiando, lo cual se observa perfectamente desde dicho edificio y cuando logramos algunos funcionarios salir de las oficinas aproximadamente una hora después de iniciado el hecho nos dirigimos hacia la residencia y observamos perfectamente los acontecimientos procediendo a tratar de colaborar con otros vecinos a mitigar el fuego, lo cual fue imposible por cuanto solamente se llevaba a cabo con recipientes manuales por ausencia del cuerpo de bomberos. Preguntado: Diga despacho si usted observó si algunas personas vecinas a la residencia del señor Héctor Orozco intervinieron sacando algunos elementos de los que se encontraban en dicha residencia y si ellos fueron recuperados. Contestó. No señor. Preguntado. Quiere decir con lo anterior que todos los elementos que estaban dentro de la diligencia, se corrige, de la residencia los consumió el fuego. Contestó. Todos los elementos fueron reducidos a cenizas. Preguntado. Observó usted que algunos elementos de la residencia fueran saqueados o hurtados por personas extrañas a los vecinos y amigos de la familia Orozco Noreña. Contestó: Personas curiosas se acercaban a requisar los escombros pero realmente lo que podrían eran artefactos o elementos inservibles. Agrego a lo anterior que dentro de los enseres que había dentro de la residencia existían unas lámparas colgantes muy finas y además ellos tenían un equipo de sonido. Por otra parte una serie de máquinas industriales en razón a que la esposa, doña amparito tenía una microempresa de confecciones (...) todo eso se redujo a cenizas” (fls. 277 y 278, cdno. 2).

c) Por su parte, la señora Gabriela Tovar de Jaramillo en la misma diligencia precisó:

“Preguntada. Diga al despacho si el 23 de agosto de 1996, presenció el hecho del incendió y destrucción de la casa de habitación de la familia Orozco Noreña, señalando en forma breve lo que vio. Contestó. Empezaron echando piedra, entonces ya llegaron los de la policía, creo que serían por ahí las diez o nueve y media de la mañana más o menos, los dos policías que habían ahí los sacaron corriendo porque no tenían como defenderse y ante una multitud de esas, dos personas contra esa multitud de gente, luego sí llegaron los de la Policía y sacaron a Amparo y a la empleada. Luego sí comenzaron a prender antorchas, porque había no sé cuántos sin camisa y con un trapo amarrado a la cabeza como una bayetilla pero no sé decir cuántos ni nada no sé. Y empezaron a prender y llegó la multitud de gente y empezaron a sacar todo y nadie podía arrimar porque nos amenazaban que nos iban a quemar la casa (...) Preguntada. Usted sabe si, de los bienes y enseres que estaban dentro de la casa algunos de ellos fueron rescatados o recuperados por los vecinos u otras personas amigas de la familia Orozco Noreña. En caso afirmativo indique cuáles bienes se lograron rescatar o salvar del incendio. Contestó. No casi no se rescató nada y lo que se rescató todo era casi quemado, mojado y dañado. Preguntada. recuerda usted si pudo observar que alguna parte de la casa de habitación no la hubiera alcanzado las llamadas provocadas por la turba. Contestó. Pues lo que no se alcanzó a quemar bien fueron las habitaciones de la parte más bajita, del primer nivel, lo que menos sufrió” (fls. 297 y 298, cdno. 2).

d) El señor Orlando Mendoza Moreno, señaló:

“Preguntado: Qué fue lo que presenció. Contestó: A las 7 y 45 de la mañana, como era costumbre mía me encontraba tomándome un tinto en la casa de Héctor y conversando con Amparito sobre algunas ventas efectuadas por mi señora a algunos clientes de Florencia, a eso de las 8 de la mañana empezamos a notar que bajaba gente hacia el centro de la ciudad tanto por la vía circunvalar como por la carrera 11 produciendo algarabía gritando. Héctor acababa de comunicarse con Amparito para comunicarle que tuviera mucho cuidado porque parece que la situación se le iba a complicar. A las 8 y 10 de la mañana me despedí de Amparito y regresé a la casa y estando en la casa vi pasar cerca de unas 15 personas con dirección a la casa del alcalde sin camiseta, con la cara tapada, con palos, con piedras y de la esquina de Aica empezaron a tirar piedra hacia la casa de Héctor. Luego se retiraron. Después un grupo no determinado subió por la parte de enfrente de la casa de Héctor y algo así como unos 8 o 10 muchachos lanzaron bombas molotoc (sic), pero antes de eso la policía había sacado a Amparito de la casa en una camioneta y la habían llevado al comando y los dos policías que quedaron, uno bajó a tratar de contener la turba que venía por la parte de debajo de la galería y el otro se desplazó hacia la avenida hacía debajo de la iglesia de los mormones, haciendo unos tiros hacia el aire para tratar de contener a la gente para que no avanzaran. Mientras la policía estaba en ese sector fue cuando vino la turba por encima y fue cuando empezaron a lanzar las bombas molotoc y se incendiaron las cortinas la parte de abajo en donde estaba la microempresa, esa fue la primera parte que se incendió. Y volvieron otra vez y se replegaron cuando ellos vieron que se incendió se replegaron hacia la esquina. Las cortinas lógicamente empezaron a incendiarse pero luego se apagó el incendio, fue cuando se escucharon los primeros disparos dentro del grupo que venía y regresaron nuevamente a la casa de Héctor. Como se había apagado el incendio entonces volvieron nuevamente con bombas molotoc y le prendieron candela ahora sí hacia el lado de la esquina y ahí sí prendió nuevamente candela donde estaba la microempresa y empezó luego hacia arriba (...) Después de haber roto totalmente las puertas del garaje y de entrada, empezaron a sacar la mercancía que estaba dentro del carro y la que había en la alcoba al centro de la calle y le prendieron candela, algunos rollos los saqueadores empezaron a llevárselos mientras que los otros empezaron a prenderles candela. Con esas mismas cosas incendiadas le prendieron candela al carro, a las motos, a todo el sector del garaje, luego se desplazaron al segundo piso y comenzaron a prenderle fuego a todo el segundo piso, pendieron las cortinas todo, al segundo piso y a la habitación principal (...) Preguntado. Diga al despacho si alguno de los vecinos logró recuperar algunos elementos o enseres que se encontraban dentro de la casa de habitación de la familia Orozco Noreña. Contestó. No, no creo, lo poco que quedó en la casa los saqueadores se lo llevaron como alma que lleva el viento, no había quien los parara” (fls. 304 y 305, cdno. 2).

e) El señor Darly Monsalve Castaño, quien estuvo presente en los hechos y trato de apagar el incendio y salvar algunos de los enseres que permanecían al interior de la casa, manifestó:

“Preguntado: Presenció o tuvo conocimiento del incendio de la casa de habitación del señor alcalde ocurrida el 23 de agosto de 1996. Contestó. Sí. Yo presencié y tuve conocimiento, ambas cosas. Preguntado. Dígale al despacho lo que le conste acerca de la ocurrencia de los hechos del 23 de agosto de 1996, respecto del incendió y apedreamiento de la casa de habitación del señor Héctor Orozco Orozco. Contestó. El 23 de agosto de 96 a las 10 y media de la mañana portaba una cámara filmadora, hago recalcar que la casa mía estaba en una reforma para un segundo piso, teniendo los trámites correspondientes aprobados por planeación, por curiosidad llevé la cámara e hice unas tomas cuando comenzaron a quemar la casa del señor Héctor Orozco. Vi que la casa se estaba quemando, la casa del alcalde, la parte izquierda enfrente, entonces comencé yo a echarle agua con los demás vecinos” (fl. 312, cdno. 2).

4.1.4. Comoquiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, la Sala pasará a determinar si el mismo es imputable a la Nación, para lo cual previamente se hará referencia al marco legal que regula la actividad de policía en relación con la preservación del orden público. Lo anterior habida cuenta que los daños que se pretenden atribuir a la parte demandada fueron ocasionados en el marco de graves alteraciones al orden público ocurridas en el municipio de Florencia el 23 de agosto de 1996.

4.2. El poder, la función y la actividad de policía en materia de orden público.

4.2.1. De acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

De donde se colige el deber de las autoridades, acorde con sus competencias de propiciar las condiciones necesarias para garantizar a los asociados unos mínimos de tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad (condiciones materiales de orden público) tanto en su modalidad de gestión como de ejecución esta última a cargo de las fuerzas del orden(9). Así sobre la atención y manejo de las alteraciones al orden público se tiene:

4.2.1.1. De acuerdo a lo establecido en los numerales 3º y 4º del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República dirigir la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) como comandante supremo, con el fin de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea turbado, ejecutando así los dictados constitucionales y legales en la materia.

A nivel territorial el control e implementación de las medidas se centra en los gobernadores y alcaldes. Establece el artículo 303 de la Carta:

“En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general...”.

Y el numeral 2º del artículo 315 preceptúa:

“2ª) Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

En igual sentido el artículo 12 de la Ley 62 de 1993 dispone “(...) el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de Policía(10) en el departamento y municipio respectivamente”, a la vez que consagra el deber de dichos funcionarios de diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad, atendiendo las necesidades y circunstancias que se presenten bajo su jurisdicción.

4.2.1.2. Ahora, en los términos del artículo 218 superior, el fin primordial de la Policía Nacional “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Por su parte, el Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas de Policía”, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, señala que “la policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de Policía y en los principios universales del derecho (art. 1º).

Lo precedente indica que corresponde a la Policía Nacional ejecutar medidas dirigidas a controlar el orden público(11), esto es, mantenerlo y restablecerlo si fuere turbado de lo que se derivan dos modalidades de ejecución una preventiva que se traduce en la materialización de medidas tendientes a impedir las alteraciones del orden y en todo caso mantener su control de suerte que si ellas se llegan a presentar, puedan en todo caso revertirse a proporciones que no desconozcan los derechos e intereses de los demás asociados, y las otras tendientes a asegurar la paz pública al punto que por muy grave que parezca su alteración el problema no se saldrá de su control de modo que su intervención oportuna aminoraría, en todos los casos las consecuencias adversas provenientes de conflictos de todo orden.

4.2.2. Precisado lo anterior, como se advirtió, procede la Sala a determinar si en el subjudice, los daños demandados pueden ser atribuidos a la parte demandada, en los términos del artículo 90 constitucional.

4.3. Juicio de responsabilidad.

4.3.1. A raíz de la situación de orden público por la que atravesaban los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en razón de las medidas para contrarrestar los cultivos ilícitos en la región, el Gobierno Nacional, en asocio de los gobernadores de la zona, adoptó instrumentos preventivos y ofensivos para evitar, controlar y vigilar los movimientos sociales de protestas y, de esta forma, proteger a la población civil.

Mediante el Decreto 717 de 1996 “Por el cual se dictan unas medidas tendientes a la preservación del orden público”(12), el Presidente de la República, en desarrollo del Decreto 208 del mismo año, prorrogó el Estado de conmoción interior declarado por el Decreto 1900 de 1995(13), el que dispuso la creación de “zonas especiales de orden público” definidas como “áreas geográficas en las que con el fin de restablecer la seguridad y la convivencia ciudadanas afectadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas, sea necesaria la aplicación de una o más (...) medidas excepcionales” (art. 1°) tales como la restricción del derecho de circulación y residencia por medio de “toques de queda, retenes militares, indicativos especiales para la movilización, salvoconductos, comunicación anticipada a esta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal” (art. 3º) y “la suspensión de los permisos de porte de armas de fuego” (art. 4º)(14).

Con base en el Decreto 717 de 1996, el 13 de mayo del mismo año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 871(15), por el cual delimitó como zona especial de orden público “el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios que pertenecen a los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá” (art. 1°), en consideración a que “las organizaciones criminales y terroristas han concentrado sus aparatos de fuerza en orden a desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadanas” (...) “haciéndose necesario aplicar medidas específicas para conjurar las causas de perturbación de orden público e impedir la extensión de sus efectos”(16).

En correspondencia con los decretos citados, el gobernador del departamento del Caquetá dispuso, a través del Decreto 841 del 31 de mayo 1996(17), que mientras se encontrara vigente la declaratoria del Estado de conmoción interior, quedaban prohibidas las marchas campesinas, para el efecto, las que serían promovidas, entre los meses de junio y septiembre del mismo año, por pequeños cultivadores de coca, como respuesta a la política de fumigación de los cultivos ilícitos impulsada por el Gobierno Nacional(18). Situación que alteró el orden público en la región(19), pues en todo caso se organizaron y los manifestantes pretendieron llegar, desde varios puntos del sur del país, a la ciudad de Florencia (Caquetá), según lo manifestaron, con el objeto de entablar un diálogo con las autoridades, para detener las fumigaciones y negociar la sustitución de las siembras(20).

Igualmente, el gobernador del Caquetá expidió el Decreto 895 del 21 de junio de 1996 modificado por el Decreto 920 de 1996 del 8 de julio de esa anualidad(21) dirigido a impedir el tránsito intermunicipal de vehículos automotores entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m. y con independencia del horario de vehículos (carros y motocicletas), que no portaran la placa respectiva. También fue prohibido el tránsito de motocicletas dentro del perímetro urbano de todos los municipios entre las 12:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Revelan las actas de los consejos municipal y departamental de seguridad que para la época el departamento del Caquetá atravesaba por una grave perturbación del orden público, dado la conformación de movimientos campesinos con la posible infiltración de miembros de la insurgencia, interesados en todo caso, en llegar a la ciudad de Florencia. Situación esta, que siendo conocida, exigía contar con planes estratégicos con el propósito de evitar las marchas como lo disponía el Gobierno Nacional y no solo eso, también contrarrestar la respuesta.

Así, en sesión del 29 de abril de 1996(22), el comandante de Policía indicó que la subversión tenia preparados cuatro golpes de opinión, uno de los cuales se desarrollaría en Florencia (Caquetá) por lo cual solicitó a la décima segunda brigada la coordinación de trabajos de inteligencia y advirtió sobre la necesidad de implementar planes para proteger la cárcel, el palacio de justicia, la alcaldía y la gobernación, todo esto agravado por informaciones sobre la gestación de marchas campesinas y su infiltración, por parte de miembros de la insurgencia.

En igual sentido, en sesión del 26 de julio del mismo año(23) se puso de presente nuevamente el tema de las movilizaciones campesinas y se advirtió que si no resultaba posible impedirlas la Policía realizaría un control del ingreso de víveres y alimentos a las zonas de concentración e implementaría una especial vigilancia del parque principal de Florencia (Caquetá) al igual que de los edificios de la alcaldía y la gobernación. A la par se resolvió un plan de contingencia en salud, para contrarrestar problemas de salubridad.

En este sentido, a la luz de lo precedente, la Sala encuentra demostradas las dificultades para implementar las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para impedir las marchas campesinas y el conocimiento que sobre el particular tenían las autoridades del lugar, por cuanto de ello dan cuenta los decretos expedidos por el gobernador del departamento del Caquetá y las actas de las sesiones de los consejos de seguridad, con participación de representantes del Ministerio de Defensa. Se observa también que las previsiones de protección especial no comprendieron la residencia del alcalde del lugar, aunque sí las dependencias oficiales.

4.3.2. En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, la Sala encuentra que el 23 de agosto de 1996, en horas de la mañana se inició una movilización que no se pudo contener por la fuerza pública y terminó en graves alteraciones del orden público, que generaron daños a bienes estatales y de residentes de Florencia (Caquetá), entre los que se encuentran los demandantes. Sobre el particular obran los siguientes medios de prueba:

a) El informe suscrito por los uniformados de servicio en la casa habitada por los señores Héctor Orozco Orozco, Amparo Noreña y los hijos de ambos, en el que se anotó:

“Por medio de la presente me permito informar a mí capitán la novedad ocurrida el día 230896 a eso de las 10:00 horas en la casa del señor alcalde de Florencia, encontrándose de servicio los señores PT. Córdoba Rodríguez Carlos Olmes y PT. Rodríguez Gonzáles Miguel, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas nos atacaron con piedras, palos, machetes y algunos de estos con armas de fuego, inmediatamente informe la situación a la central de comunicaciones mandando de apoyo a la patrulla de servicio conformada por el señor SI. Diego Francisco Ángel Escobar, AG. Salazar Benítez Ángel Fernando, PT. Sánchez Álvarez Jorge Andrés y una patrulla conformada por la Sijín.

Fue entonces que con este personal estuvimos haciéndoles frente pero ya cuando los sujetos se camuflaron encima del cerro al ver la presencia del apoyo uniformado, empezaron a realizar disparos en ráfaga con armas de fuego de largo alcance y al parecer de pistola: momentos después el señor AG. Torres Eleuterio llegó a la residencia con el vehículo Trooper blanco y desalojó a la señora esposa del alcalde junto con una amiga y la empleada de servicio llevándolas a las instalaciones del comando del departamento.

Al ver la situación que se presentaba en ese lugar ya que las personas participantes nos empezaron a rodear y haciendo más difícil el señor SI. Diego Francisco Ángel Escobar le comunico por radio a mi coronel comandante departamento que si era posible retroceder y levantar el servicio de la Policía en ese lugar, manifestando de inmediato que sí lo (sic) levantara ya que estábamos acosados y acorralados por estas personas y fue así que nos retiramos del lugar” (fl. 183, cdno. 1).

b) Adicionalmente, en el proceso se recibieron las declaraciones de los uniformados Eleuterio Torres(24), Diego Francisco Ángel Escobar(25) Oscar Wilfreth López Ortíz(26) y José Hugo Londoño González(27) quienes hicieron parte de la fuerza disponible de la Policía de Florencia (Caquetá) el día de los hechos.

En términos generales los policiales manifestaron que la situación de orden público era grave y que ante la existencia de la gestación de movilizaciones campesinas el pie de fuerza se destinó principalmente a evitar la entrada de las marchas a la ciudad. Manifestaron que, al interior de la misma las medidas de seguridad se focalizaron en el parque central y que el resto de la ciudad continuó con las medidas habituales, pues no se conocía de movimientos gestados por residentes en la capital.

En este sentido, señalaron que la seguridad prestada a la residencia del alcalde no se reforzó sino que se continuó con los mismos dos uniformados(28) como era costumbre, sin perjuicio del respaldo de otras fuerzas de ser ello necesario.

Relataron que el 23 de agosto de 1996, en horas de la mañana inició una movilización ciudadana sin precedentes, que no pudo ser controlada, con ataques contra varios edificios estatales ubicados en el centro de la ciudad como la Casa de la Cultura, Telecom, la biblioteca pública, establecimientos de comercio y viviendas. Entre estas, la del señor alcalde habiendo sido necesario diseñar un plan tendiente a rescatar a la esposa del burgomaestre y la persona que ayudaba con las tareas domésticas en el hogar, con éxito, pues las mismas fueron evacuadas por la propia Policía y llevadas al cuartel central para proteger su integridad.

Señalaron que quienes hacían guardia fueron atacados con piedras y con armas de fuego, por la turba enfurecida y que, una vez puestas a salvo las personas que estaban al interior de la vivienda, el comandante de Policía autorizó el levantamiento del servicio, ante el riesgo que corría la vida de los uniformados, dada la imposibilidad de hacer frente a los manifestantes. Agregaron que no se pensó que el inmueble estuviera en riesgo.

c) También se refirieron de manera detallada a estos hechos los testigos Edgar Ernesto Urueña(29) e Hipólito Santofimio Reyes(30). Coincidieron con las versiones de los policiales sobre la grave situación de orden público que vivía Florencia (Caquetá) como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. El señor Urueta, defensor del pueblo, testigo presencial y el señor Santofimio en cuanto como secretario de gobierno municipal conoció de lo ocurrido y estuvo al tanto de manera previa sobre las medidas que se tomaron para controlar el orden público.

Cabe precisar que los antes nombrados fueron coincidentes en manifestar que las decisiones adoptadas se dirigieron a impedir la entrada de los campesinos a la cabecera municipal y en lo que tuvo que ver con la ciudad se dispuso proteger el parque central al igual que las instituciones públicas.

d) Aparecen dentro de las pruebas una serie de solicitudes dirigidas por el señor Orozco Orozco, demandante en este asunto, entonces alcalde de la ciudad, al comandante de la décima segunda brigada de Florencia para la protección de la Electrificadora del Caquetá sede central y subestación, plantas de tratamiento de aguas, sede de la secretaria de desarrollo social(31), también al comandante de la Estación de Policía del Caquetá para la salvaguarda del Hospital María Inmaculada, el aeropuerto y el Hospital Comunal Las Malvinas(32) y al comandante del departamento de Policía de Caquetá para el envío de una patrulla a su casa de habitación, destruida y saqueada, por cuanto continuaba la presencia de vándalos en sus alrededores(33).

e) Obran también, los decretos municipales 167, 168 y 168(34) que ponen de presente que el mismo día, esto es el 23 de agosto de 1996, el antes nombrado impartió una serie de medidas para lograr restablecer el orden público y evitar nuevos episodios de violencia. El primero prohibió el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos o privados, el segundo estableció el toque de queda, desde las 7 p.m. a las 6: a.m. de la mañana y la tercero prohibió el tránsito de motocicletas a partir de las 3:00 p.m. del 24 de agosto hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, adicionalmente restringió de manera indefinida el transporte de parrilleros(35).

4.3.3. De acuerdo con lo establecido hasta aquí, el Gobierno Nacional tomó unas medidas en los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, para contrarrestar los cultivos ilícitos en la región, en uso de la función de Policía y en asocio de los gobernadores de la zona se adoptaron instrumentos preventivos y ofensivos para controlar los movimientos sociales en su contra y, de esta forma, proteger a la población civil.

En Florencia (Caquetá) ante la inminencia de la llegada de quienes integraban las marchas, sin perjuicio de su prohibición, se decidió por parte de las autoridades públicas con el apoyo de miembros de las fuerzas militares y de Policía(36) resguardar las entradas a la ciudad en puntos estratégicos, con el fin de evitar la entrada de los marchantes y lograr así preservar la seguridad ciudadana, como para prevenir problemas de salubridad dado el número de integrantes de los movimientos campesinos.

No se previó, entonces, inconformidad entre los habitantes de Florencia, tampoco que la misma gestaría protestas que era menester controlar, al punto que las fuerzas del orden fueron sorprendidas por un movimiento ciudadano que no se esperaba y que por lo mismo, no se pudo dominar.

En este sentido, a diferencia de lo estimado por el a quo, la Sala considera que, dada la grave situación de orden público, la Policía Nacional deberá responder por no haber prevenido lo que era previsible, si se considera que un movimiento social de las dimensiones conocidas no tenía que excluir a los habitantes del municipio de Florencia (Caquetá) de la protección que a la Policía corresponde brindar, no algunos, sino a todos los habitantes del territorio nacional. De manera que las medidas no tenían que limitarse al parque central sino a los sitios previsiblemente más vulnerables del municipio, para el efecto, particularmente, las residencias de las autoridades del lugar.

De las pruebas allegadas al caso sub lite, se establece de manera irrefutable que si la Policía no logró conjurar la situación de orden público ello se debió a que no se previó la necesidad de proteger a la población civil. En efecto, los dos agentes de policía que se encontraban presentes en el inmueble de propiedad de los demandantes señalaron que una vez la policía puso a salvo a la esposa del burgomaestre y a sus acompañantes se les ordenó retirarse, ya que ponían en peligro su vida de permanecer en el lugar, es decir, que los bienes quedaron a merced de los manifestantes, sin que se haya establecido algún tipo de estrategia para su protección, como era de esperarse, dada la gravedad de los desmanes presentados que incluían la incineración de vehículos y bienes inmuebles.

No se desconoce la importancia de la actuación de los policiales que estaban de servicio en el lugar y de quienes llegaron para apoyar el rescate de quienes estaban en el inmueble, sin embargo, lo cierto es que esa zona del país y en especial Florencia (Caquetá) estaba pasando por una difícil situación de orden público frente a la cual, la Policía Nacional tenía la obligación de estar preparada.

Además, aunque la destrucción de la vivienda y los muebles y enseres que en ella permanecían se produjo por actos vandálicos ejecutados por protestantes que utilizaron la violencia para expresar su apoyo a las marchas campesinas, es evidente que la conducta de estos particulares no exime del cumplimiento de sus obligaciones a la Policía Nacional, habida cuenta que, justamente, esa institución tiene el fin primordial de evitar que se presenten desmanes como los indicados y una vez presentados controlarlos cuando se conoce que el orden público está seriamente afectado lo que hace obligatorio diseñar medidas de prevención y control.

Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(37). La jurisprudencia de la corporación lo ha definido como “(...) la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(38); o también se ha entendido que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación”(39).

En armonía con lo expuesto, para la Sala es claro que los demandantes no tenían la obligación de soportar los daños causados a su patrimonio, por cuenta de hechos de violencia que la Policía Nacional no previó, debiendo hacerlo y ocurridos dada la indebida preparación no logró controlar. De modo que el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional deberá responder, no así el Ministerio del Interior.

4.2.4. Por último, de acuerdo a los diferentes roles que frente a la conservación del orden público cumplen respectivamente los titulares del poder, la función y la actividad de policía, conviene precisar que en este caso, dado que la alteración del orden público fue una situación originada en medidas implementadas por el Gobierno Nacional, con efecto en algunos municipios del territorio, entre ellos el municipio de Florencia (Caquetá) no se entiende como se circunscribieron a no permitir el ingreso de los manifestantes, empero, descuidando el municipio, siendo que a este no le resultaban ajenas las medidas.

En este orden de ideas, la Sala debe también tener en cuenta en relación con lo ocurrido, las funciones del alcalde, ahora demandante, quien si bien no tuvo que ver en las medidas e hizo uso de sus facultades para controlar el orden, entre estas se echan de menos las dirigidas a proteger las residencias de las autoridades del lugar.

Esto es así, porque si bien el día de los hechos el señor Héctor Orozco Orozco tomó algunas decisiones para la recuperación y conservación del orden público, de lo que dan cuenta los mencionados decretos 165, 166 y 167 del 23 de agosto de 1996, como primera autoridad de policía, no previó la protección a la que se hace mención. De manera que se dispondrá una reducción de la condena establecida en su favor en un 5%.

Como consecuencia de la anterior declaración, se dispondrá la indemnización de los perjuicios, conforme a los parámetros que a continuación se señalan.

5. La indemnización por perjuicios.

5.1. La indemnización por el perjuicio moral.

5.1.1. En la demanda se solicitó el pago de mil (1.000) gramos oro a favor de cada uno de los demandantes como consecuencia de la pérdida de sus bienes patrimoniales:

5.1.2. La jurisprudencia de esta corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado:

“... la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba...”(40).

Y en similares términos, se ha expresado:

“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida’. En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (...) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘... la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública’...”(41).

5.1.3. Como se verá a continuación algunos de los deponentes manifestaron que los hermanos Cesar Augusto, Irney y Myriam Rocío Cuellar Vargas sufrieron por la destrucción de su vivienda, la que además de constituir parte de su patrimonio, representaba un valor afectivo por tratarse de un bien heredado de su padre, lo cual responde a las reglas de la experiencia y da lugar a considerar que padecieron daño moral.

No ocurre lo mismo con el daño moral alegado por los señores Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña y sus hijos, la menor Karina Ibeth y Héctor Hamid Orozco Noreña, quienes también perdieron sus pertenencias porque en el proceso no aparece referencia alguna a que este hecho les haya causado aflicción o congoja. La prueba testimonial, al respecto da cuenta de lo siguiente:

La señora Fabiola Galindo Cuellar prima de los hermanos Cuellar Vargas al respecto manifestó:

“Preguntado. Dice usted que los hermanos Cuellar Vargas quedaron muy afectados en especial la menor Myriam Rocío. Puede usted explicarnos como han expresado esta tristeza o esa afectación. El día que ellos supieron inmediatamente me llamaron para contarme, Myriam no cesaba de llorar la pérdida de su casa, la prensa y la televisión registró ese acontecimiento y cuando yo observé me dio tristeza de ver que había quedado en ruinas la casa que con tanto ahínco construyó el papá de ellos. Preguntado. A estas alturas, es decir, dos años después, los hermanos Cuellar Vargas sienten aún los efectos de la pérdida. Contestó. Claro porque eso fue una cuestión sentimental, fue algo tan especial que se les perdió a ellos ahí, es un recuerdo sentimental valioso, el padre les dejó eso a ellos pensando en el bienestar de ellos...” (fls. 17 y 18, cdno. 2).

El señor Carlos Orlando Cuellar, señaló:

“Preguntado. Puede usted decirnos que impacto o efecto produjo el incendio, saqueo y destrucción de la casa en sus propietarios y puede usted precisarnos quienes son estos. Contestó: Los propietarios de la casa son César Augusto Cuellar Vargas, Irney Cuellar Vargas y Myriam Rocío Cuellar Vargas, los dos primeros mayores de edad y la última menor de edad, indiscutiblemente los tres se vieron afectados ya que la casa fue construida en su totalidad por el señor Antonio Cuellar Carvajal, padre de los antes mencionados quien al morir fue el legado que les dejó, la muerte de él se suscitó en una forma drástica lo cual hizo que los hijos se vinieran a vivir a Bogotá dejando como único patrimonio suyo la casa, evidentemente el saqueo y el incendio de la misma afectó de forma significativa a los propietarios pero de manera muy especial a Myriam Rocío ya que la casa representaba para ella el más fiel recuerdo de su padre (...) Preguntado. Sabe usted si a aún se encuentran afectados los hermanos Cuellar Vargas por la pérdida de su patrimonio, desde el punto de vista moral. Contestó. Evidentemente sí se encuentran afectados sobretodo la hermana menor, esa casa para ella representaba su patrimonio y el legado del trabajo de toda una vida que les había dejado el papá” (fls. 18 y 19, cdno. 2).

5.1.4. Conforme a lo expresado en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración del perjuicio le corresponde al juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado.

Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor del peticionario, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(42), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(43), más no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

5.1.5. Teniendo en cuenta las consideraciones presentes y dado que se encuentran debidamente acreditado el padecimiento moral, se condenará a la demandada, a pagar la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes(44) a favor de cada uno de los demandantes, es decir, los señores César Augusto, Irney y Myriam Rocío Cuellar Vargas.

5.2. La indemnización por el daño material.

5.2.1. Por daño emergente.

5.2.1.1. Por este concepto, los señores César Augusto, Irney y Myriam Rocío Cuellar Vargas solicitaron el reconocimiento del valor de la casa incendiada y semidestruida y los esposos Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña el de los bienes muebles y enseres.

5.2.1.2. En el proceso se decretó la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos, con el fin de establecer los perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante causados a los actores por los hechos del 23 de agosto de 1996.

En esta diligencia la parte demandante solicitó la recepción de testimonios y la incorporación a la litis de la documentación que presentó ante la compañía de seguros La Previsora, esto es, el avaluó del inmueble y un listado del precio de los muebles y enseres destruidos, peticiones que fueron aceptadas por el a quo por tener relación con el objeto de la prueba.

Los expertos designados fueron el arquitecto Hernán Isaías Beltrán y el perito Luis Guillermo Márquez Palacino a quienes se les ordenó tener en cuenta el material probatorio obrante en el expediente, especialmente la diligencia de inspección judicial practicada de manera anticipada. El concepto fue presentado el 2 de junio de 1998 (fls. 340-361, cdno. 2).

Inicialmente, los peritos hicieron una descripción general del bien, es decir de sus linderos, de su composición, del lote y de la construcción, esto es materiales y acabados y los servicios públicos con los que contaba el inmueble. Luego, a partir del método de reposición y de la clasificación de la casa en dos secciones, una catalogada como de ruina total y, otra parcial, valuaron lo que sería su reconstrucción:

“Avaluó: áreas y valores.

No.DescripciónÁreaVr. Unit.Vr. Total
01Construcción ruina total180.00 m2540.00097.200.000
02Construcción ruina parcial57.00 m2280.00015.590.000

113.160.000

Para efectos del avalúo ............................. 113.000.000”

Para efectos de los bienes muebles, los relacionaron y fijaron su precio comercial.

Dentro del término de traslado, la parte demandante solicitó aclaración, en relación a las bases que sirvieron para fijar el precio de los bienes muebles y complementación, esto con el fin de que se incluya la evaluación del lucro cesante, derivado del cese de actividades de la microempresa de los esposos Orozco Noreña que funcionaba en el inmueble (fl. 295, cdno. 1).

El 1º de marzo de 1999, los peritos, en correspondencia a las anteriores solicitudes realizaron las siguientes precisiones:

“Para el bien inmueble (ver avalúo comercial y de renta) utilizamos el método de costo de reposición, pues es el más apropiado para este tipo de trabajos, por sus características, de acuerdo a las metodologías conocidas y aplicadas en bienes raíces.

Para los bienes muebles se aplicaron dos métodos en forma simultánea:

La línea recta edad-vida útil restante y el análisis conceptual, con los cuales llegamos a las conclusiones consignadas en el informe pericial luego de haber reunido información comercial (cotizaciones, facturas), documentación del proceso (relación de bienes) y diferentes certificados (ingresos, contrato de arrendamiento, créditos personales, registro mercantil, revista Motor). Además dentro de estos métodos aplicamos factores tangibles e intangibles tales como las expectativas de duración de la maquinaria, vetustez de los equipos en el momento del siniestro, demanda de los mismos en el mercado y factores de depreciación de maquinaria y equipos.

Por último, consideramos una tasa mensual del cinco (5%) por ciento para el lucro cesante de los bienes afectados en el siniestro del presente proceso” (305-314, cdno. 1).

Con estas consideraciones fueron allegados un certificado de cámara de comercio del establecimiento de comercio Confecciones Deportivas Karine Ibeth; una certificación del Banco Ganadero sucursal Florencia; una certificación de fecha 8 de abril de 1996 suscrita por contador público, en la que se da cuenta que la señora Amparo Noreña de Orozco percibe unos ingresos mensuales de $ 2.500.000 por concepto de corte y confección de textiles; unas certificaciones sobre la compra de unas máquinas para la confección de textiles, cotizaciones de unas cortinas y lámparas; un contrato de arrendamiento y una tabla de precios de carros usados nacionales.

Por su parte, la demandada formuló objeción por error grave, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Como se pudo observar en la inspección judicial, debe tenerse presente que de la parte posterior de la casa, solamente una mínima y reducida zona —la correspondiente a la terraza—, fue tocada por las llamas. Y respecto del frente de la edificación, tal y como se observó en el video arrimado por la actora, los vecinos lograron controlar y apagar el fuego, deduciéndose entonces que de la construcción apenas un porcentaje menor al diez por ciento de la casa fue incendiado.

No es cierto como lo afirman los peritos, que el estado actual del predio está en ruinas por el incendio, es totalmente falso, su estado actual es el producto del descuido y negligencia de sus propietarios, al querer dejarlo en completo abandono y a la intemperie, dejándose a las inclemencias del tiempo y del clima cálido húmedo de esta región tropical.

En vez de parcializarse, los peritos debieron fijar su estudio y correspondiente dictamen en los daños ocasionados por el incendio, sin incluir otros daños de la construcción. En lo que a ellos les correspondía fueron ajenos, no especificaron si realmente los daños que presentó o presentaba dicho inmueble, fueron verdaderamente a consecuencia de un incendio, o si por el contrario, dichos daños existían con anterioridad a la fecha del veintitrés (23) de agosto de 1996, como resultado de malos cimientos, bases débiles, mala construcción, o por el uso y desuso de las cosas, o si sobrevinieron con posterioridad al incendio, o a fin por otra circunstancia. No todos los imperfectos y averías de la casa son endilgables al incendio, así pretendan hacerlo ver tanto los actores como los peritos.

El dictamen pericial no goza en sus conclusiones de respaldo técnico ni fundamento probatorio, toda vez los auxiliares, valorizaron global e hipotéticamente unos daños, sin especificar cuáles ni en qué consistían los referidos, sin señalar en donde se encuentra la ruina que hablan en su experticio, ni cuales daños comprenden las respectivas áreas y ruinas. Además se ignora de donde salen los valores suministrados por ellos, incurriéndose de tal manera y en forma muy subjetiva en imprecisiones técnicas, cuantitativas y cualitativas, con precios exorbitantes, exagerados, salidos de toda realidad y carentes de veracidad.

Inclusive en las consideraciones generales del experticio, los mismos peritos aceptan haber trabajado sobre supuestos y sobre la base que los documentos presentados son correctos. Deduciéndose dos cosas, primero, que todo el dictamen está diseñado sobre hipótesis, imaginaciones y creencias, y por tanto no se le debe dar ningún valor probatorio porque no goza ni de respaldo fáctico ni de respaldo científico; y segundo, los peritos no son los indicados, ni los competentes para valorar la idoneidad de los documentos, simplemente se deben limitar a rendir su concepto técnico y dejar que los jueces valoren en su conjunto y según las reglas de la sana critica, las pruebas arrimadas.

Respecto de los bienes muebles:

Sirven las mismas razones expuestas arriba, pues respecto de los objetos descritos por los técnicos y obrantes a folios 358, 359 y 360 del cuaderno de pruebas, simplemente se limitaron a señalar un precio, sin explicar cómo llegaron a determinar esos valores, sin aportar ningún documento, cotización, recibo, factura de los cuales se pueda deducir el monto, calidades, condiciones, estado, marca de dichos bienes, etc. Claro está que aquí también los peritos aceptaron trabajar sus cifras bajo suposiciones, y sin embargo, a pesar de ello todas esas cifras infladas y demasiado altas, no sirven de sustento al dictamen, porque todos los objetos muebles fueron recuperados por sus dueños” (fls. 297-299).

La objeción referida no fue resuelta en primera instancia dado que se negaron las pretensiones, de modo que la Sala procede a considerarla para efectos de determinar si los valores que se establecieron en el dictamen pueden servir como fundamento para establecer el monto de los perjuicios.

Al respecto prescribe el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 241.—Apreciación del dictamen. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627> Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

Conforme con el enunciado normativo transcrito, el concepto pericial no obliga al operador judicial, empero deberá apreciarse en conjunto y fijar su mérito probatorio, valiéndose de las reglas de la sana crítica y el principio de la valoración integral de la prueba(45). Lo anterior, comoquiera que resultaría absurdo que el juez se viese obligado a acoger el dictamen, porque ello equivaldría a trasladar al perito el juzgamiento.

El dictamen pericial, para ser apreciado debe transmitir convicción la que depende de su fundamentación. En este sentido si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron difícilmente conseguirá su cometido. Se requiere entonces que el dictamen este acorde a las reglas de la experiencia y de la lógica, amén de un respaldo suficiente(46).

Ahora, para que se configure un error grave, los expertos debieron incurrir en equivocaciones con entidad suficiente para llegar a conclusiones igualmente equívocas tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(47) ha precisado, respecto de la objeción por error grave:

“... si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...”(48) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”.

Con base en estos criterios, la Sala concluye que, en el caso sub examine, la objeción formulada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional está llamada a prosperar, por indebida fundamentación. En efecto, los expertos se limitaron a concluir un valor para la reconstrucción de los bienes inmuebles y reposición de los muebles sin incorporar las bases y soportes para su establecimiento, como se pasa a explicar:

El dictamen en relación a los daños por la conflagración se limitó a distinguir las zonas según la necesidad de reconstrucción total o parcial y a partir de allí estableció la respectiva valoración, es decir, no se determinó con precisión las partes del inmueble afectadas y las cantidades de obra requeridas atendiendo a los valores de los materiales y la mano de obra empleada, con precios consultados en el mercado o en entidades autorizadas, como era de esperarse. Aspecto de importancia, si se tienen en cuenta lo determinante que resultan los factores anotados para llegar al resultado total, para lo cual, habrá de considerarse las partes del inmueble que deben ser derruidas y las que podrían ser utilizadas.

Ahora, la valuación de los muebles, tampoco aparece soportada, lo que no se subsana con la explicación ofrecida por los peritos respecto de la metodología utilizada y la incorporación de algunas cotizaciones de lámparas y cortinas y de las certificaciones de la adquisición de la maquinaria de confección de textiles, habida cuenta que el concepto abarco más de cincuenta tipos de bienes muebles.

5.2.1.3. En consecuencia, el dictamen no será considerado y como los restantes medios de prueba incorporados válidamente al proceso, no permiten estimar el valor del daño emergente se impone condenar en abstracto.

Para el efecto, deberán seguirse los siguientes parámetros:

a) Para el inmueble.

Se deberá decretar una prueba pericial, para que expertos, con base en los elementos de prueba que obran en el expediente, determinen los costos de las obras y materiales que se hubieren requerido para la reconstrucción del inmueble, para el efecto se deberá hacer un estudio de precios en la ciudad de Florencia (Caquetá) consultando personas naturales o jurídicas autorizadas en la región.

La cifra establecida deberá actualizarse de haberse establecido con los precios de la época, para lo cual, se utilizarán los respectivos índices de precios al consumidor. Lo que no resultará necesario si en el dictamen se toman los precios de mano de obra y materiales actuales.

b) Para los muebles y enseres.

Igualmente, se deberá designar un auxiliar de la justicia con conocimientos en el valuó de bienes muebles, quien a la luz de los medios de prueba allegado deberá:

Establecer los bienes muebles que, de acuerdo a los medios de prueba que se recaudaron en el proceso permanecían en la vivienda incendiada y que acorde con las reglas de la experiencia conforman un mobiliario familiar en un hogar integrado por los padres y dos hijos.

Así entonces cuantificar el precio de los bienes destruidos, con apoyo hasta donde resulte posible en las certificaciones que para algunos de ellos obran en el proceso, acudiendo a cotizaciones de establecimiento dedicados a su distribución, y a los conocimientos del experto designado.

Del monto determinado se hará una reducción del 5%, teniendo en cuenta la concurrencia de la víctima establecida en esta sentencia.

5.2.2. Por lucro cesante.

5.2.2.1. Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó a favor de los hermanos César Augusto, Irney, Myriam Rocío Cuellar Vargas y los esposos Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña el usufructo dejado de percibir por ellos desde el momento en se produjeron los daños a su patrimonio.

5.2.2.2. Para los hermanos Cuellar Vargas este concepto lo constituyen los ingresos dejados de percibir por concepto de cánones de arrendamiento. Estos serán reconocidos con base en el monto mensual fijado en el contrato de arrendamiento, es decir $ 400.000 debidamente actualizado y por el periodo comprendido entre el día de ocurrencia de los hechos es decir, 23 de agosto de 1996 y el 3 de enero de 1997 fecha en que hubiera terminado su primera prórroga(49).

Para la actualización del canon de arrendamiento, se emplea la siguiente fórmula:

For gen 8
 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor canon de arrendamiento ($ 400.000)

Ipc (f): Último índice de precios conocido (oct./2013)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha de ocurrencia de los hechos (ago./1996).

F1926
 

Para liquidar este perjuicio por el periodo previamente definido se utilizará la formula actuarial adoptada por la corporación para el reconocimiento del lucro cesante consolidado:

For gen 1
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 1.246.389

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 4,3

F2926
 

5.2.2.3. Ahora, respecto de los esposos Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña este concepto lo constituiría los ingresos dejados de percibir por cuenta del negocio de confecciones establecido en el inmueble y del que especialmente dieron cuenta los testigos Cecilia Cuellar de Rivera (fls. 133-135, cdno. 2), Absalón Guzmán Correa (fls. 137-139, cdno. 2), Vilma Ruth Vega de Orozco (fls. 144 y 145, cdno. 2), Luz Marina Posada Vargas, (fl. 224, cdno. 2), Débora Cristina Palacios de Buen Día (fls. 271-272).

Para su cuantificación, en la inspección judicial se decretó la prueba pericial anteriormente rechazada, la cual en este punto se limitó a señalar “consideramos una tasa mensual del cinco (5%) por ciento para el lucro cesante de los bienes afectados en el siniestro del presente proceso”. Y se incorporó una certificación emitida por contador público ilegible respecto de su suscriptor.

En este sentido, la Sala observa que en el plenario no fueron demostrados los ingresos efectivamente dejados de percibir, necesarios para establecer los movimientos periódicos de dichas operaciones mercantiles razón por la cual procede —para efectos de la liquidación del lucro cesante— acudir al salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales.

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia de la corporación(50), en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba en el bien destruido y por ende, estima la Sala que, en este caso, el término de seis meses constituye un término prudencial para la recuperación de dicha actividad, por tanto ese será el periodo objeto de indemnización.

Para liquidar este perjuicio por el periodo previamente definido se utilizará la formula actuarial adoptada por la corporación para el reconocimiento del lucro cesante consolidado:

For gen 1
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que en este caso equivale al salario mínimo legalmente mensual vigente incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 589.500 + $ 147.375 = $ 736.875)

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 6

F3926
 

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR fundada la objeción por error grave formulada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra el dictamen pericial de 2 de junio de 1998 rendido por el arquitecto Hernán Isaías Beltrán y el perito Luis Guillermo Márquez Palacino.

3. DECLARAR patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y, por los perjuicios materiales y morales que sufrieron los demandantes con ocasión de las alteraciones al orden público ocurridos el día 23 de agosto de 1996 en el municipio de Florencia (Caquetá).

4. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Para César Augusto Cuellar Vargas 50 SMLMV

Para Irney Cuellar Vargas 50 SMLMV

Para Myriam Rocío Cuellar Vargas 50 SMLMV

5. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a favor de los hermanos César Augusto, Irney y Myriam Cuellar Vargas y los esposos Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

6. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los señores César Augusto, Irney y Myriam Cuellar Vargas por concepto de lucro cesante la suma de $ 5.402.673,06 y a los señores Héctor Orozco Orozco y Amparo Noreña por este mismo concepto la suma de $ 4.475.395.

7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, remítase la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1996 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 150.000.000, por concepto de perjuicios materiales (fl. 129, cdno. 1).

(4) Los hechos que motivaron la interposición de la demanda ocurrieron el 23 de agosto de 1996, en la ciudad de Florencia (Caquetá).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(6) Copia del contrato (fls. 54 y 54, vto.). El inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece: “En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un proceso judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.

(7) El artículo 300 del Código de Procedimiento Civil establece: “Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso...”.

Dentro del trámite del proceso se practicó el 7 de mayo de 1998 una nueva diligencia de inspección judicial con citación de la parte demandada con el fin de que expertos rindieran dictamen sobre los daños objeto del proceso, en esta el magistrado ponente dejó la siguiente anotación a partir de su apreciación personal del inmueble: “... El inmueble objeto de esta diligencia se encuentra ubicado en la carrera 8ª, calle 7ª esquina la cual se identifica con el número 7-05 del barrio La Estrella alta de esta ciudad. Observa el despacho que se trata de un bien inmueble construido en material de cemento de dos plantas con cuatro niveles, el cual se encuentra sin puertas, ventanales, techos, en otras palabras deshabitada e inhabitable...”.

(8) Con fecha 8 de mayo de 1998, el Tribunal Administrativo del Caquetá realizó inspección judicial al video que se aportó con la demanda correspondiente a los disturbios ocurridos en la ciudad de Florencia (Caquetá) el día 23 de agosto de 1996, una vez verificada la autenticidad y contenido del mismo, el tribunal anotó: “... La filmación comienza con el incendio o quema de un vehículo al parecer de marca Toyota y de la Casa de la Cultura. Sigue la filmación de los hechos de desorden ocurridos en el parque Santander el cual es protegido por la Policía Nacional; se dirige por el lugar donde está ubicado el Banco Popular el cual (sic) se aprecia rotos los vidrios y puertas por los manifestantes. Igualmente hace el recorrido por los sitios donde se encuentran las instalaciones de Telecom, Banco Colombia, Asociación Jorge E. Gaitán; se dirige hacia el lugar donde se encuentran la casa del señor Alcalde, la cual se observa consumiéndose por el fuego, la quede (sic) de dos motos y un vehículo Mitsubishi al parecer del señor Alcalde de Florencia...”. A la diligencia se presentó el señor Víctor Silva Rojas de profesión periodista y jefe de prensa del municipio de Florencia quien manifestó no ser el autor del video, pero haberlo solicitado a las empresas TV sur y TV Caquetá pero manifestar que su contenido reflejaba exactamente los hechos ocurridos el 23 de agosto de 1996 que el directamente presenció (fls. 307 y 308, cdno. 2).

(9) En sentencia de abril 21 de 1982 la Corte Suprema de Justicia, M.P. Manuel Gaona Cruz, distinguió entre el poder de policía, como la facultad de crear normas reguladoras de la libertad y comportamiento ciudadano en aras de la conservación del orden público; de la función de policía relacionada con la gestión administrativa del poder de policía con arreglo a la normatividad establecida y de la actividad material de policía, esto es la ejecución de una y otra.

(10) En este mismo sentido el artículo 39 del Código Nacional de Policía, señala: “Los gobernadores, como agentes del Gobierno Nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local. Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio”.

También el Código de Régimen Político Municipal, Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, sitúa al alcalde como jefe de policía (artículos 91) bajo la subordinación del gobernador quien lo será dentro del respectivo departamento.

(11) Enseña Maurice Hauriou sobre la concepción del orden público en sentido de policía: “El orden público en el sentido de la policía, es el orden material y exterior considerado como un estado de derecho opuesto al desorden, el estado de paz opuesto al estado de turbulencia. Concierne pues a la policía prohibir todo lo que provoque desorden, el estado de paz opuesto a la turbulencia. Concierne pues a la policía prohibir todo lo que provoque el desorden; merece ser protegido y tolerado todo lo que no lo provoca. El desorden material es el síntoma que guía a la policía, como la fiebre es el síntoma que guía al médico. Y la policía emplea, como la medicina, una terapéutica que tienda únicamente a hacer desaparecer los síntomas. Ella no trata de llegar a las causas profundas del mal social sino que se conforma con restablecer el orden material, o más aún, el orden en la calle...”. En: Bonilla, Olivar Leonel, El Derecho de Policía y su Importancia en la Sociedad Colombiana, Librería Jurídica Radar Ediciones, 1995, pág. 49.

(12) Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-295 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(13) Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-027 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(14) En los términos de los artículos 141 del Código Contencioso Administrativo (167, L. 1437/2011), solo las normas jurídicas de alcance no nacional deben acompañarse con la demanda, salvo que se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad. No obstante, copias de la normas referidas fueron allegadas al proceso (fls. 170 y 171, cdno. 2).

(15) Revisado por el Consejo de Estado mediante sentencia del 17 de septiembre de 1996, Expediente CA-001, C.P. Mario Alario Méndez. Normativa allegada en copia folios 171 y 172.

(16) Junto a estas medidas se destaca que el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante Resolución 1 del 13 de mayo de 1996 dispuso el control del cemento gris y la gasolina en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Vichada y Meta, cuerpo normativo que estableció limitaciones para la comercialización y transporte de dichos elementos en las territorialidades indicadas (fls. 172-176).

(17) Declarado nulo por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá mediante fallo del 8 de agosto de 1996 (fl. 256, cdno. 2).

(18) Sobre el particular, en la sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se indicó que: “[a] raíz de la situación de orden público por la que atravesaban los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en razón de los cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional, en asocio con los gobernadores de la zona, adoptó instrumentos preventivos y ofensivos para su erradicación, a la vez que dispuso de medidas para evitar, controlar y vigilar los movimientos sociales que se presentaron con ocasión de ello y, de esta forma, proteger a la población. || En efecto, mediante Oficio 471 de 30 de noviembre de 1998, el comandante de la décimo segunda brigada del Ejército Nacional informó al a quo que a través del Decreto 717 de 18 de abril de 1996, el Gobierno Nacional definió como zonas especiales de orden público aquellas áreas geográficas afectadas por las acciones de las organizaciones criminales y terroristas, lo que hacía necesario tomar medidas para restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana, entre las cuales se ordenó ‘la restricción al derecho de circulación y residencia’. || En cumplimiento a lo anterior, mediante el Decreto 871 de 1996, el gobierno dispuso delimitar la totalidad de los municipios que pertenecen a los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá e implementó un plan ofensivo para la erradicación de cultivos ilícitos en la región. Informó también que el gobierno departamental del Caquetá dispuso —a través del Decreto 841 de 1996— que mientras se encontrara vigente tal declaratoria, quedaban prohibidas las marchas campesinas. Así mismo dio cuenta de que grupos al margen de la ley impulsaron la realización de las movilizaciones en protesta contra dichas medidas”.

(19) Cfr. Decreto 871 de 1996 y sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(20) Cfr. Ferrero, Juan Guillermo y Uribe, Graciela (2001). “Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social”. Congreso latinoamericano de ciencia política, del 9 al 11 de julio del 2002, Salamanca, España y VI Congreso “La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana”, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2001. En el mismo sentido, se puede consultar, por ejemplo, la Sentencia SU-257 de 1997 de la Corte Constitucional (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), mediante la cual se revisó la sentencia de tutela proferida con motivo de la acción instaurada por el personero municipal de Curillo, Caquetá, contra el comandante de la décima segunda brigada del Ejército, con fundamento en que, debido a las marchas campesinas que se presentaron al momento de la instauración de la acción de tutela en el sur del departamento, el Ejército Nacional obstruyó la única vía que comunicaba a los municipios de esa zona con Florencia, impidiendo la entrada y salida de vehículos, incluso la de aquellos que transportaban alimentos. Al respecto, la corporación señaló: “el comandante de la décimo segunda brigada del Ejército, brigadier general Néstor Ramírez Mejía, recordó las finalidades de las Fuerzas Militares, descritas en el artículo 217 de la Constitución Política. Reiteró que en ningún momento se habían realizado taponamientos en la vía que de Curillo conduce a Albania, y que la alteración del orden público ocasionada por las marchas de los “trabajadores de la coca”, según él, organizada y promovida por las “FARC”, hizo necesario ejercer controles —los cuales, a su juicio, no constituían taponamiento o prohibición de transitar libremente sobre la vía— en algunos sitios considerados como críticos, pues los manifestantes habían pretendido llegar a la ciudad de Florencia con el propósito de sitiarla y crear el caos, tal como sucedió el 23 de agosto [de 1996]. Arguyó que el fin de dichos controles era, en primer lugar, evitar el contacto directo que podía darse entre los miembros de la Fuerza Pública y los manifestantes —que suponía enfrentamientos violentos— y, en segundo lugar, el de impedir el ingreso masivo de personas a la ciudad de Florencia, el cual generaría graves problemas de sanidad, salubridad y tranquilidad públicas. || No obstante lo anterior —informó el comandante—, desde el 22 de agosto los manifestantes han sobrepasado los lugares indicados por el juzgado en la parte resolutiva de la sentencia y ‘por lo tanto en dichos sitios ya no existen puestos de control por parte de la Fuerza Pública’, pero dijo que, sin embargo, ‘en cumplimiento de nuestra misión constitucional y atendiendo expresa solicitud elevada tanto por el señor gobernador encargado del departamento, como por el alcalde municipal de Florencia y a lo dispuesto por el Decreto 717 del 18 de abril de 1996 dictado por el Gobierno Nacional, el cual desconoció abiertamente su juzgado al hacer el pronunciamiento que nos ocupa, se continuarán ejerciendo los controles necesarios para la preservación del orden público, anotando que en ningún momento se impedirá la libre circulación de las personas, pues quienes deseen transitar entre Florencia y Curillo pueden hacerlo sin restricción alguna y en sentido contrario, mientras con ello no se atente contra la estabilidad, la tranquilidad ciudadana y el orden público’”.

(21) Copia (fls. 33 y 34, cdno. 2).

(22) Copia de acta consejo de seguridad (fls. 42-44, cdno. 2).

(23) Copia de acta de consejo de seguridad (fls. 25-28, cdno. 2).

(24) El señor Eleuterio Torres, agente de la Policía Nacional participó en el rescate de la esposa y la empleada del servicio doméstico (fls. 336-339, cdno. 2).

(25) El señor Diego Francisco Ángel Escobar, subintendente de la Policía Nacional, actuó el día de los hechos como comandante del segundo turno de vigilancia (fls. 3-6, cdno. 3).

(26) El señor Oscar Wilfreth López Ortiz, capitán de la Policía Nacional, el día de los hechos era el oficial de servicio (fls. 10-15, cdno. 3).

(27) El señor José Hugo Londoño González, subintendente de la Policía Nacional fue parte del personal que llegó para el apoyo frente a los disturbios que se estaban presentando en la casa del alcalde (fls. 93-97, cdno. 3).

(28) De acuerdo con el acta de Nº 6 del consejo de seguridad del 21 de septiembre de 1995, la seguridad de la casa del alcalde debía incrementarse a dos unidades teniendo en cuenta que existían noticias de posibles atentados contra su integridad (fl. 49. cdno. 2). Esta situación también fue referida por el señor Orlando Mendoza Moreno quien ante el tribunal del Caquetá manifestó que por la existencia de amenazas contra la vida del burgomaestre se incrementó al vigilancia en su casa a dos policías (fl. 310, cdno. 2).

(29) Defensor del pueblo del Caquetá (fls. 256-260, cdno. 2).

(30) Secretario de gobierno (fls. 331-335, cdno. 2).

(31) Copia (fl. 99, cdno. 2).

(32) Copia (fl. 101, cdno. 2).

(33) Copia (fl. 110, cdno. 2).

(34) Copia (fls. 56-67, cdno. 2).

(35) El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 para el restablecimiento del orden público establece: “Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

b) En relación con el orden público:

(...).

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;

b) Decretar el toque de queda;

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen”.

(36) En un caso similar al sub lite, es decir, por las marchas campesinas o también llamadas “cocaleras” realizadas en el municipio de Florencia Caquetá entre el mes de junio y septiembre de 1996, la Sala declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños materiales causados a los predios aledaños a las zonas afectadas por la movilización. Sentencia de 9 de abril de 2012, Expediente 23337, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(37) Sentencias de 8 de mayo de 1995, Expediente 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(38) Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras.

(39) Sentencias del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, Expediente AG-2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, Expediente 20.109, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(42) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (Sent. jun. 16/94, Exp. 7445, M.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, Expediente 14726, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 29733, C.P. Enrique Gil Botero. En esta sentencia se reconoció a los demandantes 50 SMLMV por la destrucción de su casa de habitación, ocurrida el 10 de agosto de 1999, en el atentado perpetrado por un grupo guerrillero contra la Estación de Policía ubicada en el municipio de Campamento (Antioquia).

(45) Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

(46) En este sentido. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 2008, Rad. 25000-23-31-000-1994-00177-01 (15911), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

(47) Corte Suprema de Justicia, auto de 8 de septiembre de 1993, Expediente 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(48) Gaceta Judicial, T LII, pág. 306.

(49) El artículo 8º de la Ley 56 de 1985 vigente para la época de celebración del contrato de arrendamiento establecía: “Todo contrato de arrendamiento para vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que el arrendatario haya cumplido con las obligaciones a su cargo y se avenga a los reajustes del canon autorizados por las normas legales”. El contrato allegado por la parte demandante fue suscrito el 28 de diciembre de 1994, entre otras condiciones se estableció que su inicio sería el 3 de enero de 1995 y se fijó un plazo de 1 año.

(50) Al respecto esta corporación dijo: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que ‘la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse (...) Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido’ (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, págs. 156-157)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 13395.