Sentencia 1996-01068 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-1996-01068-01 (30.868)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Juan José Posada Mejía

Demandado: Departamento de Antioquia

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, doce de junio de dos mil catorce.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de noviembre de 2004, proferida por la Sala Primera de Decisión de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, en la que se decidió lo siguiente:

“1. DECLARAR administrativamente responsable al departamento de Antioquia, de los daños y perjuicios inferidos al inmueble de propiedad del señor Juan José Posada Mejía con la obra carretera Támesis - Jardín de conformidad a lo indicado en la parte motiva.

2. En consecuencia, se condena al departamento de Antioquia al pago de los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente, ocasionados al actor y que equivalen a la suma de setenta y tres millones cuatro mil ciento veinte pesos ($ 73.004.120.00).

3. El departamento de Antioquia, debe repetir contra el consorcio contratista “Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Constructores Limitada” las sumas que esta entidad cubra al demandante por concepto de daños de acuerdo con los términos de los contratos celebrados entre tales partes.

4. NO CONDENAR en costas (...)”.

I. Antecedentes

1. Demanda y trámite procesal en la primera instancia.

1.1. El 21 de junio de 1996, el señor Juan José Posada Mejía, actuando en nombre propio y debidamente representado por apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa para que se declare patrimonialmente responsable al departamento de Antioquia por los perjuicios que le fueron irrogados con ocasión de la ejecución del contrato 1973 de diciembre 22 de 1993 —al que se agregó el contrato adicional 1 del 16 de diciembre de 1994— en el lapso comprendido entre octubre de 1994 y abril de 1996, cuyo objeto era la construcción de la carretera que comunica a los municipios de Támesis y Jardín, y que fue adjudicado por el departamento de Antioquia al Consorcio Explanaciones del Sur Ltda., y Vías y Vías Ingenieros Ltda., mediante Resolución 974 del 16 de diciembre de 1993.

En consecuencia, además de la condena en costas y la indexación monetaria e intereses moratorios, deprecó que se condenara a la demandada a pagar, a título de perjuicios materiales, los siguientes valores, así expresados:

“(...) 3.2.1. Daño emergente.

3.2.1.1. El valor del terreno arbitrariamente ocupado con una extensión aproximada de 700 metros de largo por 10 de ancho, los cuales se estiman en la suma de $ 7’000.000.

3.2.1.2. El valor de los alambrados, pastos, árboles frutales que fueron destruidos, estimados estos en la suma de trece millones de pesos ($ 13.000.000) al momento de presentación de esta demanda, pero habrá de condenarse a la suma superior que resulte probada.

3.2.1.3. El valor de la tierra dañada, la cual no es posible recuperar por efectos de la erosión y la pendiente que queda, se estiman estos en la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18’000.000) pero habrá de condenarse a la suma superior que resulte probada.

3.2.1.4. Las sumas que el demandante tendrá que invertir en la recuperación del terreno afectado y recuperable, por conceptos de mano de obra, abonos, árboles para la siembra, riegos, pastos, reconstrucción de alambrados, etcétera. Se estiman estos en la suma de cuatro millones de pesos ($ 4’000.000) al momento de la presentación de la demanda, pero habrá de condenarse a la suma superior que resulte probada en el proceso.

(...)

3.2.2. Lucro cesante.

Comprende los dineros dejados de percibir por el señor Juan José Posada Mejía, al no poder explotar económicamente las fajas de terreno afectadas, en actividades agrícolas (fruticultura y ganadería). Se estima en la suma de siete millones de pesos ($ 7’000.000) al momento de presentación de la demanda (...)”.

Como fundamento de las pretensiones se expusieron, en síntesis, los siguientes hechos:

1.1.1. El señor Juan José Posada Mejía es el propietario de un lote de terreno ubicado en el paraje La Linda del municipio de Jardín - Antioquia, denominado “El Encanto”, cuya cabida mide aproximadamente cuatro hectáreas, como lo demuestran las escrituras: 366 del 28 de octubre de 1988, 180 del 7 de julio de 1990 y 11 del 14 de enero de 1992, todas de la Notaría Única de Jardín. Así mismo, el inmueble se identifica con la matrícula inmobiliaria 004-0014995, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Andes.

1.1.2. De igual forma, también es propietario del lote de terreno denominado “La Selva” —ubicado en el mismo paraje y colindante con “El Encanto”—, cuya cabida es de 30 hectáreas. De este predio, una parte le fue adjudicada mediante sentencia del 17 de diciembre de 1977, proferida en el marco de la sucesión de Susana Rojas P., y la parte restante la adquirió mediante escritura 11 del 14 de enero de 1994 de la Notaría Única de Jardín. La matrícula inmobiliaria que distingue el inmueble es la 004-0000016, igualmente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Andes.

1.1.3. Con el propósito de construir la carretera Támesis - Jardín —que habría de pasar por los terrenos del demandante—, El departamento de Antioquia abrió la licitación pública 08 de 1993. Así las cosas, el contrato fue adjudicado al Consorcio Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Ltda., con un plazo y valor que, posteriormente, tuvieron que ser adicionados al contrato original mediante un nuevo acuerdo de voluntades, suscrito el 16 de diciembre de 1994.

El consorcio inició la obra a mediados de abril de 1994, avanzando hasta los terrenos del señor Posada Mejía en octubre del mismo año, donde ocupó 7.000 metros cuadrados de esas propiedades y le causó daños de considerable gravedad, tales como la destrucción de 60 árboles de aguacate y el sembrado de pasto, 80 guaduas adultas y las cercas y alambrados. Así mismo, otras cinco hectáreas de tierra fueron ocupadas ocasionándoles un grado de erosión que las hace irrecuperables.

1.1.4. Estas fincas estaban destinadas a la explotación ganadera y agrícola con plantaciones frutícolas, actividades que se vieron menguadas por el daño causado a los terrenos con la ocupación arbitraria de la administración, la cual solo cesó en abril de 1996, sin que se haya resarcido ninguno de los perjuicios ocasionados.

1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda en auto del 29 de julio de 1996, ordenando las debidas notificaciones y la respectiva fijación en lista.

El 14 de octubre de 1997, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 95 y 96 cdno. 1). Fueron designados para rendir el dictamen pericial los expertos José María Moll Marchena y María Marcela Henao Hoyos, quienes presentaron su informe el 15 de marzo de 2002, del cual oportunamente se corrió traslado a las partes. Sin embargo, estando dentro del término, la parte demandada objetó el dictamen por error grave, razón por la que —mediante el proveído del 24 de septiembre de 2002—, se abrió a pruebas el incidente propuesto —que se resolvió en la sentencia— y se citó a audiencia de conciliación, que se celebró el 4 de diciembre de 2002, la cual fracasó por no presentarse fórmula de arreglo aceptable para la parte demandante (fl. 241 del cdno. 1). Por último, en auto de 10 de diciembre de 2002, se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 244 cdno. 1).

1.3. El auto admisorio de la demanda fue debidamente notificado y la contestación de la misma presentada durante el término de traslado. En su escrito, la apoderada del departamento expuso como argumento de defensa las condiciones geológicas y geotécnicas de los terrenos que conforman el sector, que los hace inestables debido a las altas pendientes del terreno, la composición de los suelos y las condiciones de pluviosidad de la zona. Adujo, además, que es fácil determinar que estos factores han incidido en la inestabilidad del terreno, ya que este cuenta con cicatrices de deslizamientos ocurridos en épocas anteriores, y que procesos del manejo del suelo —como actividades de pastoreo y agricultura, así como el desarrollo de obras de infraestructura—, continúan determinando la inseguridad del terreno. Planteó también que una obra como la apertura de esa vía ocasiona, inevitablemente, “algunos movimientos de masa o desprendimiento de tierra”, pero que generalmente son de poca magnitud. Explicó que en el caso concreto los cortes que conforman el talud pudieron afectar el terreno que se erige al margen de la vía, pero “no en proporciones que causen inestabilidad a toda la ladera”. Afirmó que, contrario al detrimento patrimonial cuya indemnización se pretende con la demanda, la obra incrementó el valor del predio, puesto que —previo a su ejecución—, el acceso era solo de herradura y lo que el departamento hizo fue ampliar y adecuar el corredor para el acceso vehicular de los habitantes de la zona y quienes transiten por ella.

De otro lado, refirió al concepto doctrinario de “lesión resarcible o daño antijurídico”, para distinguir entre los conceptos jurídicos de lesión y perjuicio, aseverando que este último corresponde a un detrimento patrimonial cualquiera, mientras que aquel alude al detrimento patrimonial antijurídico, no con fundamento en la calificación subjetiva de la conducta, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo.

En dicho sentido —enfatizó—, dicho argumento cobra relevancia puesto que no se conocieron con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se configuraron los perjuicios alegados, es decir, no median elementos de juicio suficientes para determinar la responsabilidad de la administración. Concluyó asegurando que no se probó la falla en la ejecución de la obra ni tampoco se obtuvo certeza sobre el daño cierto que se infringió, con lo cual solicitó la denegatoria de las súplicas de la demanda.

Finalmente, realizó llamamiento en garantía del Consorcio Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Constructores Ltda., apoyándose para ello, en las pruebas adjuntadas con la demanda.

Previo a decidir la solicitud impetrada —con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley—, la entidad fue requerida para aportar al proceso el domicilio de los llamados en garantía, falencia que una vez suplida dio paso a la admisión mediante proveído del 13 de febrero de 1997, en el que además se ordenó la suspensión del proceso durante el tiempo —en todo caso inferior a 90 días—, que se llevara adelantar las notificaciones. Sin embargo, transcurrido más del doble de ese lapso, fue necesario reanudar el proceso sin haberse vinculado el consorcio a la litis, por lo que en proveído del 27 de los mismos mes y año se decretaron las pruebas.

1.4. Durante el término concedido para la presentación de las alegaciones finales, luego de elaborar un recuento de las pruebas que fueron practicadas, el apoderado de la parte demandada insistió en los argumentos de la contestación, agregando a su defensa la excepción de fuerza mayor, comoquiera que el daño se produjo debido a las condiciones geológicas y geotécnicas que hacen del terreno un lugar de gran inestabilidad, por lo cual “...los daños que pudieron presentarse por efectos de derrumbes acaecidos por fallas geológicas en la región no son atribuibles al departamento de Antioquia...”, negando así su responsabilidad patrimonial.

2. Sentencia de primera instancia.

En sentencia del 16 de noviembre de 2004, la Sala Primera de Decisión de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, concedió parcialmente las excepciones; de esa manera, fueron concedidos parcialmente los perjuicios en lo concerniente a la modalidad de daño emergente y negado el reconocimiento del lucro cesante —comoquiera que no se acreditó en el proceso—, sin que se haya tenido en cuenta el dictamen pericial, puesto que en el mismo se realizó su liquidación, pero con las fórmulas referidas al daño emergente.

El a quo estudió el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, por tratarse de un daño que el señor Posada Mejía no estaba en la obligación de soportar, ocasionado por la administración pública en ejercicio de sus competencias y dentro del marco legal —en ejecución de una obra pública—, por lo que, una vez acreditado el hecho dañoso, adujo que la responsabilidad por la ocupación temporal del inmueble se generó sin falta alguna de la entidad.

En tal sentido, determinó que el departamento de Antioquia fue el director del contrato que ocupó una franja de tierra del predio del señor Juan José Posada Mejía, razón por la que le asiste el deber de indemnizar los perjuicios irrogados con ocasión de su ejecución y de repetir en contra del Consorcio Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Constructores Limitada, por las sumas correspondientes a la indemnización de perjuicios a cuyo pago se le condenó.

Finalmente, refiriéndose a la indemnización de perjuicios, aunque le dio credibilidad a los testigos al referirse a la ocupación de una franja de terreno, por parte de los contratistas del departamento, aseguró que ninguno de los declarantes pudo precisar cuántos árboles de aguacate y de guadua existían en el predio al momento de la irrupción de la obra, así como tampoco si eran destinados para el consumo propio o la comercialización.

II. Trámite en segunda instancia

1. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación, no así la parte demandada, que allegó la impugnación fuera del término legal.

En su escrito, el apoderado del demandante cuestionó que en la sentencia solo se hubieran concedido parcialmente las pretensiones, omitiendo el reconocimiento del lucro cesante con fundamento en la explotación económica de los terrenos afectados.

Así mismo, discutió que el a quo, ratificando la firmeza del dictamen pericial —debido a que el incidente de objeción al mismo no se tramitó—, lo acogiera totalmente para terminar desestimando lo concerniente a la liquidación de perjuicios.

En igual sentido, increpó que no se hubiera condenado en costas a la parte demandada pues, si bien, es cierto que su actuación no fue temeraria, es incuestionable que por su responsabilidad el demandante incurrió en gastos que fueron debidamente acreditados en el proceso, prueba de lo cual constituye el valor cancelado para la práctica del experticio. Agregó que exonerar al Estado del pago de las costas procesales atenta contra el principio de reparación integral y resulta expropiatorio, puesto que de no ser por la conducta lesiva de la administración no se habrían hecho necesarias esas erogaciones ni se habría impactado negativamente el patrimonio del demandante. Finalizó la sustentación asegurando que, deducir de la indemnización recibida los gastos en los que se incurrió en defensa del derecho, constituye un enriquecimiento sin causa, puesto que en verdad las costas se causaron; en otras palabras, insistió en que negar el pago de las costas con fundamento en la conducta de la parte demandada es desacertado, puesto que la condena debe obedecer —con suficiencia—, al daño que provocó, que no reparó directamente y que obligó al lesionado a acudir a la jurisdicción para demandar la protección de sus derechos y la indemnización por los perjuicios sufridos.

Sin embargo, aunque el a quo —en auto de mar. 8/2005—, concedió acertadamente el recurso a la parte demandante, no se pronunció respecto a la extemporaneidad del presentado por la demandada, omisión que debió conjurarse en el auto de admisión en la segunda instancia, pero que se resolvió de manera diferente; en proveído del 2 de diciembre de 2005, de manera equivocada, el ad quem admitió el recurso de la parte demandada —interpuesto por fuera del término legal, razón por la cual no le fue concedido—, y acusó la extemporaneidad del presentado oportunamente por la demandante, sin dejar de manera expresa decisión alguna al respecto.

A la postre, el 6 de marzo de 2006, se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y rendir concepto, respectivamente, pero vencido el término todos guardaron silencio.

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 16 de noviembre de 2004, proferida por la Sala Primera de Decisión de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

1. Cuestiones previas.

1.1. Previo a abordar el análisis del conjunto probatorio, resulta preciso esclarecer el marco que se tiene para resolver en la presente instancia, trazado por los recursos interpuestos, para lo cual es menester detenerse en el auto que decidió su admisión —proferido en dic. 2/2005—, una vez evidenciado que incurrió en un error que condujo a una desacertada decisión.

En dicha oportunidad, el ad quem se mostró sorprendido porque el recurso le fue concedido a la parte demandante, habiendo considerado —erróneamente—, que la impugnación fue presentada el 7 de marzo de 2005, fuera del término legal; mientras que, por otro lado, su extrañeza se acrecentó al observar que nada se dijo respecto al recurso que, incurriendo en un nuevo yerro, consideró impetrado oportunamente por la demandada.

Así discurrido, dispuso entenderse concedido el recurso de apelación a la parte demandada y, en consecuencia, anunció su admisión omitiendo referirse a la suerte que, en esas circunstancias, correría la impugnación de la parte demandante.

A folio 280 del cuaderno 1 se observa que la sentencia fue notificada por edicto que se desfijó el 22 de febrero de 2005, por lo que el término para presentar el recurso corrió a partir del día siguiente y —de conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil—, durante tres días correspondientes al tiempo de ejecutoria de la providencia, es decir hasta el 25 de los mismos mes y año.

A folio 292 del cuaderno 1 se observa que el recurso de apelación de la parte demandante fue interpuesto el 25 de febrero de 2005, es decir, en curso de la oportunidad legal para ello, mientras que el elevado por la parte demandada, visible a folios 281 a 290, se allegó el 28 de febrero de ese año, a todas luces de manera extemporánea; la inexactitud en que incurrió el ad quem en aquella época obedece a que en el anverso de la última hoja del escrito de apelación, presentado por la parte demandante, se encuentra el sello del Tribunal Administrativo de Antioquia con la firma del secretario, fechado para paso al despacho el 7 de marzo de ese año, impronta que confundió con la correspondiente a la del día de presentación del recurso.

Así las cosas, si bien, es cierto que el auto admisorio del recurso de apelación adolece de las imprecisiones ya enunciadas, su intencionalidad aparece clara, comoquiera que el efecto que persiguió fue el de admitir el recurso presentado a tiempo y pronunciarse respecto al allegado una vez vencida la oportunidad legal para ello, motivo por el cual se debe entender admitido el recurso presentado por la parte demandante y rechazado el de la demandada, por haberse presentado de manera extemporánea.

Por tanto, el límite para resolver el recurso de apelación se establece en los motivos de inconformidad que allí se enuncian, es decir, solo será objeto de estudio lo concerniente a la prueba de los perjuicios que no fueron concedidos y su respectiva liquidación —de ser necesaria—, así como las consideraciones respecto a la condena en costas.

La competencia es de la Sala en consideración al asunto de que se trata y la cuantía del proceso, determinada en la demanda por la pretensión más alta al momento de su presentación, que en el caso corresponde al valor de la tierra dañada, calculada en $ 18’000.000, es decir, se trata de un litigio con vocación de doble instancia.

1.2. El valor probatorio de las fotografías.

Previo a abordar el análisis conceptual indicado, se debe aclarar que, en relación con las fotografías que la parte actora allegó con la demanda —obrantes a folios 60 a 68 y 205 a 211 del cuaderno del tribunal—, con el propósito de acreditar la ubicación y las condiciones en que había quedado el lugar después de ocurridos los hechos, no se hará valoración alguna, pues carecen de mérito probatorio, en principio, puesto que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforma el acervo probatorio la escritura número 11 del 14 de enero de 1992, de la Notaría Única del Círculo de Jardín - Antioquia, en la que se hace constar la venta total que el señor Ramón Darío Posada Mejía hizo de su derecho de dominio y posesión material de los predios “El Encanto” de 4.5 hectáreas y un avalúo de $ 888.711, y “La Selva”, de 30 hectáreas avaluada en $ 7’222.922, al señor Juan José Posada Mejía, cuotas proindiviso adquiridas por adjudicación en la sucesión de la señora Susana Rojas cuyas cédulas catastrales corresponden a los números 3066 y 1366, respectivamente (fls. 3 a 6 del cdno. 1).

De igual manera, hace parte del conjunto probatorio el folio de matrícula inmobiliaria 004-0014995, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro y asignado al lote denominado El Encanto —con cédula catastral 3066—, cuya apertura se realizó el 25 de noviembre de 1987. El más reciente registró es del 17 de enero de 1992 y corresponde a la escritura pública 11 —de ene. 14 de la misma anualidad—, en la que el señor Ramón Darío Posada Mejía transfiere su derecho sobre el inmueble, a título de venta, al señor Juan José Posada Mejía (fls. 19 y 20 del cdno. 1).

2.2. Igualmente, visible a folios 10 a 12 del mismo cuaderno, obra la escritura 180 del 7 de julio de 1990, de la Notaría Única del Círculo de Jardín (Ant.), mediante la cual la señora Luz Marina Acevedo Acevedo entregó a los señores Ramón Darío y Juan José Posada Mejía —a título de venta—, su cuota proindiviso sobre el lote de terreno denominado “El Encanto” —ubicado en el paraje la Linda de ese municipio—, cuya superficie es de 4 hectáreas y está identificado con la cédula catastral número 3066 y matrícula inmobiliaria 004-0014995, derecho que le fuera adjudicado en la sucesión del señor Jesús Antonio Acevedo García.

2.3. Figura a continuación, la escritura pública 366 del 28 de octubre de 1988, mediante la cual los señores: Rosa Inés Acevedo Vanegas, Fabián de Jesús, Alba Nohelia y Javier de Jesús Acevedo Acevedo, le venden a Ramón Darío y Juan José Posada Mejía sus respectivas cuotas proindiviso sobre el mismo lote de terreno, denominado “El Encanto”, que les fueran adjudicadas, igualmente, en el juicio sucesorio del señor Jesús Antonio Acevedo García (fls. 15 al 17 del cdno. 1).

2.4., Así mismo, se observó el folio de matrícula inmobiliaria 004-0000016 de la Superintendencia de Notariado y Registro, perteneciente al lote de terreno La Selva, abierto el 10 de noviembre de 1983 y cuya última anotación es del 24 de junio de 1994, consistente en el registro de la escritura 213 del 26 de mayo de esa anualidad, registrada en la Notaría Única de Jardín, en la que se especifica una compraventa parcial del señor Juan José Posada Mejía al señor Francisco Gómez Cardona (fl. 18, cdno. 1).

2.5. Integrando el acervo de pruebas, también se encontró el contrato 173-b-O.P., celebrado el 22 de diciembre de 1993 entre el departamento de Antioquia —Secretaría de Obras Públicas— y el Consorcio Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Constructores Ltda., cuyo objeto era la construcción de la carretera entre los municipios de Támesis y Jardín, así como el contrato 1 adicional, suscrito entre las partes el 16 de diciembre de 1994 (fls. 28 a 41, cdno. 1).

2.6. A folio 54 a 59 de ese cuaderno, figuran los certificados de existencia y representación vigentes de las sociedades Vías y Vías Ingenieros Constructores Limitada y Explanaciones del Sur Limitada —que conformaron el consorcio—, ambas con domicilio en Medellín.

2.7. En el proceso se adelantó la audiencia de testimonios, oportunidad en la que respondieron al interrogatorio, bajo juramento, los señores: (i) Nelson Gaona Losada, (ii) Gabriel Lorenzo Cadavid Restrepo y (iii) Héctor Fernando Bermúdez Ospina, en lo que tiene que ver con el objeto de la apelación, vale la pena destacar:

(i). La declaración más completa fue rendida por el señor Nelson Gaona Losada, ingeniero geólogo quien para entonces laboraba al servicio de la Secretaría de Obras Públicas y al interrogatorio contestó:

“(...) Preguntado. ¿Qué condiciones geológicas y geotécnicas, tiene la zona afectada por la construcción de la carretera en el sector de la finca del señor Juan José Posada? Contestó. Los terrenos de esta finca son terrenos de alta pendiente y compuestos por rocas de tipo volcánico muy fracturadas por lo que es frecuente que se presenten problemas de estabilidad aún sin que se construya ninguna vía o ninguna obra de infraestructura. Estos terrenos generalmente deberían estar dedicados a usos de suelo diferente a la ganadería o cultivos, por las altas pendientes y por la inestabilidad que se puede presentar, por ejemplo conservación de bosques, de aguas. Preguntado. ¿Qué cultivos o explotación agrícola o ganadera presentaba la finca del demandante antes de la construcción de la carretera? Contestó. En cuanto a cultivos no recuerdo haber visto cultivos en ese predio, y si tenía pastos para ganadería, creo que de leche. Preguntado. ¿Fuera de la carretera principal el demandante fue beneficiado con otro tipo de obras que realizó el contratista? Contestó. Al propietario se le construyeron cercos a cada lado de la vía y se hizo un tratamiento de un deslizamiento en su propiedad, un tratamiento para estabilizar un talud que tenía problemas. Preguntado. ¿Tuvo usted conocimiento de que el sector afectado por la carretera tuviese cultivos de 60 árboles de aguacate y 80 guaduales que hayan sido destruidos por el contratista? Contestó. No, en la visita que hicimos previo a la construcción de la vía no encontramos ese tipo de cultivos (...). Preguntado. Sírvase manifestar si en los estudios preliminares y de trazado de la vía se incluyeron las compras de las fajas respectivas por donde pasaba la vía. Contestó. Hay que tener en cuenta que la Secretaría de Obras Públicas cuando va a construir una carretera no compra fajas sino que le pide al propietario el permiso para pasar la vía por el terreno de su propiedad y se compromete a pagar o indemnizar algún daño que pueda acarrear con la construcción. Preguntado. ¿De ese permiso y de ese compromiso se suscribe algún acta o documento que de fe de ello? Contestó. ¿Que yo esté enterado no existe ningún documento, pero supongo que cuando se solicita algo posterior al trazado está indicando que está de acuerdo con que la vía pase por el terreno de él (...)?. Preguntado. ¿Cuando usted visitó el terreno, con anterioridad a la iniciación de trabajos, este presentaba deslizamientos o se encontraba erosionado? Contestó. Preguntado. ¿Las matas de guadua y los palos de aguacate sirven para en ese tipo de pendiente para prevenir la erosión? Contestó. Las matas de guadua pueden servir para mejorar la estabilidad de algunos terrenos pero los cultivos no sirven para eso, porque es necesario realizar labores culturales de hierba que pueden acelerar la erosión de un determinado sitio. Preguntado. Usted se refirió a que en los terrenos del señor Juan José Posada se realizaron algunos cercos y se le hizo tratamiento a un terreno que presentaba deslizamiento. Sírvase decir si esos trabajos eran únicamente para beneficiar al señor Posada o si eran necesarios y se requerían para la estabilidad de la vía. Contestó. Los cercos se hacen únicamente para beneficio del propietario con el fin de que el ganado no esté en la vía y los trabajos de estabilización que se hicieron en una zona de deslizamiento beneficia tanto al propietario porque se le recupera el terreno y también a la vía porque se detiene un proceso erosivo que puede perjudicar la vía (...)” (fls. 100 a 104, cdno. 1) (negrillas y subrayas adicionadas).

(ii). Seguidamente, rindió testimonio el señor Gabriel Lorenzo Cadavid Restrepo, gerente de la sociedad Vías y Vías Ingenieros Constructores Limitada —miembro del consorcio contratista que construyó la carretera entre Támesis - Jardín—, quien al cuestionario respondió:

“(...) Preguntado. ¿Ustedes como constructores destruyeron o causaron perjuicios a la propiedad citada como destruir 60 árboles de aguacate y 80 guaduales? Contestó. Hombre, en la construcción de esa carretera no se hicieron perjuicios a propósito, árboles de aguacate de tamaño grande, jamás vi; la guadua que utilizamos para los trinchos en el sitio del derrumbe fue cortada con autorización del señor Darío Posada, en un derrumbe cerca a la casa, en un deslizamiento llamado bomba, en los términos de ingeniería dañó un guadual pero eso es un caso fortuito en una zona de alta inestabilidad geológica, de altísimas precipitaciones. Preguntado. ¿Ustedes restauraron cercas y alambrados de dicha finca? Contestó. Se restauraron cercas, se dieron mangueras para agua para restituir el agua, hicimos engramados nuevos, se hicieron trinchos para contener la tierra y se hicieron grandes cantidades de arborización las cuales fueron destruidas por el propietario, para evitar que le diéramos sombra y le dañáramos el potrero (...). Preguntado. ¿Por qué afirma usted que contaron con la autorización del propietario o el supuesto propietario señor Darío Posada en todo lo concerniente a la construcción de la vía? Contestó. Como en párrafos anteriores lo he manifestado en los dos años que estuvimos en la zona la única persona que visitaba la finca permanentemente, que ejercía funciones de administrador ante nosotros y la comunidad, era el señor Darío Posada, quien nos dio las autorizaciones verbales en todo el proceso constructivo que desarrollamos en la región; en todo el trazado, en que ejecutamos la obra se entendía, se entendió que una autorización verbal era de por si el permiso para ejecutar la obra, así como también el compromiso de nuestra parte para resarcir perjuicios o mejoras a cambio de la autorización para ejecutar el contrato (...)” (fls. 105 y 106, cdno. 1) (negrillas y subrayas para destacar).

(iii). Cerró la audiencia el testimonio rendido por Héctor Fernando Bermúdez Ospina, quien para entonces también se desempeñaba para la Secretaría de Obras Públicas en el cargo de inspector topógrafo, y en lo concerniente a los hechos manifestó:

“(...) Yo llevo 16 años como inspector topógrafo en la secretaría. Nosotros trabajamos en la parte constructiva de la obra, ya habían unos diseños, nosotros trabajamos es en la construcción. Preguntado. ¿Usted conoció la propiedad del señor Juan José Posada Mejía y sabe si hubo alguna reclamación del citado a la Secretaría de Obras por el trazado inicial de la vía? Contestó. Si la conocí, a ver, la vía él solicitó una variante en el tramo de la finca de él, ya que al pasar la vía quedaba muy encajonada lo que era el predio, entonces se hizo una variante hacia la margen izquierda donde la topografía era más plana, quedando una curva de especificaciones técnicas irreversibles a lo que era el trazado inicial. La objeción del señor Posada inicialmente fue por las pendientes eran más hacia la derecha pendiente más trasversal el terreno. Le hicimos la variante y continuamos la construcción en el tramo se presentó un derrumbe donde cayó y pasó a la margen izquierda donde hicimos las protecciones de trincho, revegetalizamos, volvimos y colocamos lo cercos que tenía (...). Pregunta. ¿Con la experiencia que usted tiene en el departamento es frecuente que se varíe el trazado de una vía a petición del propietario de una finca? Contestó. Sí, sí se puede presentar esos casos porque nosotros ya en la parte constructiva vemos que de pronto les afecta mucho la parte de cultivos, donde se pueden presentar fallas en donde el diseñador inicial no las detecta. Preguntado. ¿Qué cultivos se vieron afectados con la construcción de la carretera? Contestó. Yo que estuve presente allá yo no vi cultivos en la finca o predio de él. Nosotros todas las indemnizaciones las pagamos previo, lo que fue café, caña, todas las indemnizaciones las pagamos a los propietarios anteriores y posteriores. Preguntado. ¿Ustedes fueron autorizados para construir la carretera al paso de la propiedad del señor Posada? Contestó. Tácitamente, nos solicitó una variante el señor secretario de obras. Preguntado. ¿Qué condiciones geológicas y geotécnicas presenta la zona afectada? Contestó. En el kilómetro cuatro, margen derecha, se presentó un derrumbe de suelo meteorizado. Preguntado. ¿Considera usted si se ha beneficiado el propietario de esta finca y la comunidad con la construcción de esta carretera? Contestó. Cuando inicialmente entramos a la construcción existía un carreteable de especificaciones técnicas desfavorables y pendientes muy altas. Ya se construyó la vía con especificaciones técnicas de mejor calidad donde se hicieron puentes de gran magnitud de 40 metros de longitud, la comunidad se benefició al sacar sus productos con mayor facilidad al ser una zona cafetera con mucho minifundio. Preguntado. ¿La gran mayoría de los predios afectados por la construcción de la carretera autorizaron la misma, sin ningún inconveniente? Contestó. De los propietarios la única objeción fue la del señor Posada con respecto al alineamiento horizontal (...). Preguntado. Explique si tiene conocimiento cómo es la negociación que hace el departamento con los propietarios de los terrenos en los cuales va a construir una vía. Contestó. Los aportes o dineros son de obras públicas porque no es una obra por valorización donde la comunidad aporta ciertos porcentajes de lo que es el costo de la vía donde se pueden pagar franjas, obras públicas nunca paga un predio; todos los aportes son de obras públicas, los propietarios ceden las franjas para el beneficio de la carretera. No acostumbramos documentos, dan el permiso y esa es la costumbre que tenemos porque la comunidad solicita un trazado y ya el departamento saca la licitación de la obra, donde la financiación es toda de obras públicas (...)” (fls. 107 a 109, cdno. 1) (negrillas y subrayas agregadas).

2.8. Así mismo, a favor del demandante rindió declaración el señor Jaime de Jesús Castaño Escobar —agricultor de profesión— quien esto afirmó:

“(...) Yo esa finca la he conocido toda la vida, queda en la Linda, yo la manejé hace unos 15 años, era muy bonita y en estos días he ido con él a la finca, esa finca la partió en dos la carretera esa, con muchos volcanes y derrumbes, se le perdieron unos nacimientos que tenía, también los frutales se desaparecieron (...). Preguntado. Díganos el número de los frutos dañados (...). Contestó. Eran muchos los frutales que tenía, tenía también aguacates. Pregunta. Díganos si en dicha finca eran frecuentes los derrumbes Contestó. La finca era en perfecto estado pero con lo de la carretera vinieron los derrumbes, al tirar tierra para abajo (...). Pregunta. ¿Los terrenos por donde pasó ese trazado estaban cultivados y con qué? Contestó. Sí, estaba cultivado, había frutales, café, potreros, monte. Pregunta. ¿Cuál era la explotación habitual de esa finca del señor Posada Mejía? Contestó. Fuera de los frutales y café también explotaba ganado. Preguntado. ¿Cuáles son las condiciones geológicas de ese terreno? Contestó. En esa finca no hubieron (sic) derrumbes antes de echar esa carretera, los derrumbes se vienen después de eso (...). Preguntado. Diga si la compañía hizo las obras necesarias para mitigar el impacto ambiental. Contestó. No hicieron nada, eso está pelado, no le hicieron los gaviones adecuados ni cunetas, por eso fue que se vinieron esos derrumbes (...). Preguntado. ¿Dichos derrumbes afectaron la explotación agrícola de ese inmueble? Contestó. Si porque la parte de tierra que cae de arriba cae a los potreros dejándolos inservibles (...)” (fl. 114, cdno. 1) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

A continuación, en la misma diligencia, el señor Ramón Darío Posada Mejía, quien es ingeniero químico de profesión y hermano del demandante, respondió al cuestionario:

“(...) En resumen, conozco también el inmueble desde que nací, pues era la finca de mis abuelos y Juan José compró los derechos de sucesión en esa propiedad. Para ser conciso, la finca estaba considerada como una de la mejores en cuanto a calidad de suelos, debido a su alto contenido de materia orgánica. Mi hermano la cultivaba bien y la tenía bien mantenida. La carretera acabó con ella (...) porque era una finca de tierra pendiente en un 70% de su superficie, pendiente que fue cortada por el trazo o banco de la obra en una extensión aproximada de unos 1.000 metros de largo. Lo que ocasionó el derrumbamiento de la parte que estaba por encima de la cota de la carretera y la tierra que correspondía al corte de la carretera cayó sobre la parte inferior por medio de derrumbes que taparon la tierra que estaba por debajo de la cota de la carretera. Pregunta. ¿Qué explotación funcionaba en esta finca? Contestó. Las tierras de esa finca se dedicaban en general a pastos y frutales, un poquito de café no influyó la carretera en eso. Pregunta. ¿Dichos derrumbes afectaron los cultivos de dicha finca de propiedad del señor Posada Mejía, cuáles, número? Contestó. Los cultivos resultaron muy afectados. Los pastos en mi concepto y a ojo se destruyeron en un 60 a 70% de los mismos. Los frutales que eran aguacates y cítricos se perdieron en su totalidad. Yo personalmente sembré allí 50 árboles de aguacate (...), los cuales estaban en producción cuando sucedieron los hechos. Los pastos estaban bien, en pastoreo, no abandonados. Pregunta. Según su conocimiento de dicha propiedad del señor Posada Mejía sírvase indicar si allí existían antiguos derrumbes o tierra erosionada. Contestó. La finca no tenía derrumbes ni se presentaba erosión, era una finca muy bonita (...). Pregunta. ¿Tiene usted interés especial en este proceso? Contestó. Propio, no. Me citaron a decir la verdad y la debo decir, además debo agregar que cuando ocurrieron los hechos yo le administraba esa finca a mi hermano porque el oficio de él era marinero, lo que no le permitía estar en el país por largos periodos de tiempo y que tal vez obrando en nombre de él hablé en muchas oportunidades con las personas encargadas de la vía para que hicieran un esfuerzo para que no hicieran tanto daño. Hablaba con Lázaro, con Lorenzo para que hicieran el menor daño posible, que planearan y nunca me hicieron caso, fui a Secretaría de Agricultura para que por favor no nos dañaran las fincas, mudos todos, no decían nada. El movimiento de tierra con los buldóceres lo hicieron sin consultar conmigo ni con nadie de la finca, cuando llegué ya estaban allá trabajando. Ellos ante el reclamo de toda la comunidad procedieron a revegetar los derrumbes que habían causado y a tratar de detener los derrumbes de tierra con trinchos hechos con guaduas y sembraron especies gramíneas y maderables, sin consultar el clima de la región, ni escoger las especies adecuadas, a este respecto también les hice observaciones a los encargados pero tampoco nos oyeron, consecuencia, lo que sembraron no nació (...). Pregunta. ¿Los derrumbes se presentaron solo en la finca de su hermano o generalizados en toda la carretera? Contestó. Los derrumbes se presentaron en toda la obra por donde hicieron la banca, pero el daño fue superior en la finca de mi hermano porque era pendiente, había mucha quebradita que no fueron canalizadas ni emboquilladas y sobre ellas caía la tierra (...). Dicha carretera la suspendieron exactamente 200 metros después de pasar la finca de mi hermano (...)” (fls. 115 a 116, cdno. 1) (negrillas y subrayas de la Sala).

2.9. Del folio 128 al 176, concluyendo el acervo probatorio, se encuentra el dictamen pericial rendido por los expertos convocados; en él, además del recuento de los hechos, de las pruebas y las consideraciones jurídicas personales de sus autores —cuya competencia es de resorte exclusivo del juez—, los peritos, de manera muy general y más que escueta, argumentaron:

“(...) La corteza terrestre está compuesta de materiales sólidos que reaccionan ante las presiones. La causa principal de todos los movimientos de terreno poco extensos, tales como los corrimientos y las caídas de peñascos obedecen simplemente a la realidad. Las obras de ingeniería son muchas veces esa causa manifiesta.

(...)

Pueden ocurrir naturalmente, como también a consecuencia de una obra de ingeniería; para el primer caso, el fenómeno se considera que forma parte del ciclo geológico general, por cuanto contribuye a la erosión de la superficie terrestre; y cuando los movimientos obedecen a obras de ingeniería, se encuentra que tiene cierta relación con la estabilidad natural de la parte de corteza terrestre en el que la obra se realiza; así mismo su ocurrencia puede deberse a una combinación de ellas.

(...)

El ingeniero que hace el estudio del trazado de una carretera o ferrocarril, debe ser capaz de identificar, en función del aspecto del terno por donde se van a ejecutar los cortes y explanaciones, si este es favorable o muy desfavorable, con el fin de tomar las medidas y correctivos necesarios para variar parte o todo el trazado según los lugares más críticos, elegir la pendiente de los taludes de los cortes que lo hagan más estables y proyectar los sistemas de drenaje (...)” (fls. 158 y 159, cdno. 1).

Finalmente, el informe contiene la cabida del lote ocupado, correspondiente a 43.931,34 m2, cuyo valor fue calculado en $ 23’324.000,00. Así mismo, las medidas y valores de las fajas ocupadas y afectadas con la construcción de la carretera, así clasificadas:

a). Fajas de cortes y derrumbes, en extensión de 14.465,74 m2, cuyo valor asciende a $ 7’684.000.00.

b). Fajas de botada de material, en extensión de 29.465,60 m2, avaluadas en $ 15’640.000,00

c). Fajas de terreno entre pie de monte y corona de taludes y derrumbes, con medida de 11.749,78 m2, y valorada en $ 6’256.000,00

Además de ello, el estudio incluyó una zona, de la cual afirmó que “...aunque no son áreas de ocupación directa si deben tenerse en cuenta como áreas que se transformaron en inhábiles para su explotación, debido a la apertura de la vía...”, con extensión de 11.749,78 m2 avaluadas en $ 6’256.000,00.

En cuanto al daño emergente, fue tasado utilizando como criterios los cortes y derrumbes, el terreno utilizado como botadero de materiales y el terreno entre piedemonte y corona de taludes, todo ello a octubre de 1994 y posteriormente actualizado a enero de 2002, totalizado en $ 78’087.441,28.

En lo que concierne al lucro cesante, fundamentado en los mismos criterios mencionados, fue tasado por los expertos en $ 99’499.839,24.

3. Conclusiones.

Con basamento en las escrituras 366 del 28 de octubre de 1988, 180 del 7 de julio de 1990 y 11 del 14 de enero de 1992 —todas de la Notaría Única del Círculo de Jardín—, se tiene por acreditada la legitimación en la causa por activa, puesto que el señor Juan José Posada Mejía es el propietario de las fincas: El Encanto —con extensión aproximada de 4.5 hectáreas— y La Selva —con un área de 30 hectáreas—, ubicadas en el paraje La Linda del municipio de Jardín - Antioquia, colindantes e identificadas, respectivamente, con las matrículas inmobiliarias 004-0014995 y 004-0000016, de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del municipio de Andes.

También, se demostró que entre el departamento de Antioquia y el Consorcio Explanaciones del Sur Limitada y Vías y Vías Ingenieros Constructores Ltda., celebraron el contrato 173-b-O.P. del 22 de diciembre de 1993, cuyo objeto era la construcción de la carretera entre los municipios de Támesis y Jardín; posteriormente, fue adicionado mediante el contrato 1 del 16 de diciembre de 1994.

En lo que concierne a los testimonios, se debe advertir que se contraponen en aspectos precisos de gran relevancia para el caso, divergencias que difuminan la confiabilidad que merecen al respecto, razón por la que solo ofrecen certeza frente a hechos de menor incidencia. Así las cosas, mientras a favor de la entidad se afirmó que, no solo fue por causa del señor Juan José Posada que el trazado de la vía se modificó sino que además fue de conformidad a las especificaciones que él mismo planteó, y que una vez terminada la obra los terrenos quedaron en condiciones óptimas para el ejercicio de actividades de ganadería y agricultura, otras declaraciones en contrario sugieren que el señor Juan José Posada se encontraba ausente por razones laborales y la ocupación de los terrenos y construcción de la obra se adelantó sin consideración a las condiciones que los encargados de su propiedad habían aclarado previamente con el contratista, y que los terrenos de la finca sufrieron un deterioro irreparable, frustrando cualquier posibilidad de usarlo en la actividad ganadera o agrícola.

Además se presentaron discordancias en las referencias hechas sobre la responsabilidad del contratista de reparar los daños provocados con ocasión de la ejecución de la obra, puesto que mientras unos dicen que se tomaron las medidas tendientes para la recuperación del terreno, como la siembra de nueva vegetación, árboles, construcción de vallas y cunetas, y afirmación de las pendientes resultantes de los cortes y los taludes, otros, controvierten diciendo que ninguna de estas obras necesarias para la estabilidad de la obra y el resarcimiento de los daños causados, fueron realizadas.

Finalmente, en lo que concierne a los árboles frutales, guaduas adultas y demás sembrados, los testigos de la defensa reafirmaron que en sus visitas al lugar no vieron cultivos de ese tipo, excepto un guadual que se cortó con autorización del señor Darío Posada para hacer trinchos con el propósito de contener la tierra, en una zona de derrumbe cerca de la casa.

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el caso sub examine se presentó apelante único, la competencia de la Sala para resolver se restringe a los argumentos contenidos en el escrito de impugnación, sintetizados en dos aspectos: el no reconocimiento de los perjuicios conforme al dictamen pericial y la falta de condena en costas a la entidad demandada.

En primer lugar, respecto a las razones para denegar los perjuicios de la manera como se tasaron en el informe pericial, se debe destacar, como bien es sabido, que en uso de sus competencias al juez del proceso le está permitido apartarse del dictamen rendido, pues si bien este es de un instrumento técnico puesto a su disposición para la más completa formación de su criterio, no es vinculante, ni su letra tiene la facultad de suplir el poder de decisión que la ley le confiere; en otras palabras, no pueden los expertos, a través de sus dictámenes, usurpar las competencias, ni empañar el arbitrio del juez, ilustración superior que se construye por su dirección y conocimiento del proceso.

Le asistió razón al a quo cuando acogió la liquidación parcial de los perjuicios, puntualmente el aparte correspondiente al valor de las áreas afectadas por concepto de cortes y derrumbes y por la ocupación del terreno que se usó como vertedero de desecho de la construcción, y también al negar el reconocimiento de los demás perjuicios deprecados; en efecto, en lo que atañe a la modalidad de lucro cesante, ninguna de las pruebas practicadas aportó suficiente certidumbre de la previa existencia de los árboles frutales ni demás cultivos que presuntamente se afectaron, ni tampoco se acreditaron los ingresos percibidos con relación a las actividades económicas allí desarrolladas, con lo cual no se encuentra explicación a propósito de la manera en que, desconociendo esta información, los peritos pudieron realizar el cálculo del lucro cesante sobre cada uno de dichos perjuicios. Ahora bien, en materia de daño emergente, se desatendió el experticio cuando se refiere al daño ocasionado en las fajas de terreno entre piedemonte y corona de taludes y derrumbes, argumentando que no se acreditó que dicha franja fuera explotada en actividades agrícolas y de ganadería. Al respecto se sostuvo en el informe:

“(...) existen unas fajas de terreno comprendidas entre el piedemonte y el perímetro superior limitante de los taludes y derrumbes, fajas que por su pendiente natural tan pronunciada que al distar demasiado cerca, aproximadamente menos de 5.00 metros en proyección horizontal, del borde u orilla de los cortes y derrumbes, las inhabilitan por el peligro que ofrecen de caída del personal o de los animales para llevar a cabo una explotación agrícola o ganadera (...). Consideramos por lo tanto, que estas fajas debido a la imposibilidad de explotarlas por lo riesgoso y peligroso de hacerlo, deben reconocerse ya que ello fue causado por la apertura de la vía (...)” (fl. 167, cdno. 1).

Desde esa perspectiva, se debe precisar que lo solicitado por el demandante fue el precio de la tierra dañada y en el caso particular de esa porción de terreno se niega el perjuicio porque, aunque está determinado que la zona es de alto riesgo para el ejercicio de la agricultura o la ganadería, no se demostró que tales actividades se llevaran a cabo en ese espacio. De esta manera, entiende la Sala que, aunque se causa un perjuicio sobre ese espacio de terreno —puesto que las actividades que antes se podían desarrollar en él, ahora no se pueden adelantar—, no se reconoce su indemnización toda vez que no hubo certeza sobre si esas actividades se desarrollaban o no. Pues bien, el perjuicio será reconocido en una proporción del 50% del valor tasado en el informe pericial, comoquiera que, aun cuando el terreno permanece, su funcionalidad sin duda quedó limitada, por causa de la construcción de la carretera.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las cifras a que condenó el a quo son el resultado de la actualización de los valores referentes a los perjuicios que reconoció, extraídos del dictamen pericial, a estas cifras originales —$ 7’684.000 por “fajas de cortes y derrumbes” y $ 15’640.000 por “fajas de terreno utilizadas como botadero de materiales”—, se les agregará el 50% de lo tasado por los expertos, por concepto de las “fajas de terreno entre piedemonte y corona de taludes y derrumbes”, es decir, $ 3’128.000, para una cifra total a actualizar de $ 26’452.000. Esta cifra, actualizada desde la fecha de la sentencia hasta el presente, asciende a la suma de $ 38’639.240(1).

En lo que hace referencia a las costas del proceso, se advierte que el a quo tomó adecuadamente la decisión, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, que es la norma que traza la directriz al juez para establecer si procede o no la declaración de dicha condena. En el caso particular, encuentra la Sala que el criterio utilizado por el a quo se adecua a los preceptos legales indicados y por tanto, no solo coincide con la realidad del proceso, sino que fue tomada en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 16 de noviembre de 2004, proferida por la Sala Primera de Decisión de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, y en su lugar se decide:

“2. En consecuencia, se condena al departamento de Antioquia al pago de los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente, ocasionados al actor y que equivalen a la suma de treinta y ocho millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta pesos ($ 38’639.240)”.

2. CONFÍRMASE la sentencia apelada en todos sus demás apartes.

3. Sin condena en costas.

4. HÁGASE entrega de las copias al apoderado que ha venido actuando en representación de la parte demandante, de conformidad con lo consagrado por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. DÉSELE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Enrique Gil Botero—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) 116.80 (IPC Mayo 2014)

S199601068ECUA1