Sentencia 1996-011394 de abril 5 de 2013

 

Sentencia 1996-011394 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Proceso: 050012331000199601139401 (26704)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Vías y Construcciones Vicón S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Vías

Acción: acción contractual

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquía, pues el monto de la pretensión mayor —$ 76’997.613,54—, en los términos de la demanda, supera el entonces establecido, para que las sentencias de primer grado, proferidas en acciones contractuales, sean conocidas en alzada por esta corporación(2).

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver si, como la actora lo sostiene, la entidad demandada está obligada a restablecer la ecuación financiera del contrato con ocasión de la deducción realizada por ella misma para hacer efectivo el impuesto de guerra en el marco de la ejecución del contrato de obra pública 0866 de 1988, suscrito entre el Fondo Vial Nacional hoy Instituto Nacional de Vías, Invías(3), y la sociedad Arinco S.A., para la construcción y pavimentación del sector La Frontera-Sonsón de la carretera la Unión­Sonsón.

2.3. Cuestión previa.

Las pruebas documentales aportadas en las oportunidades procesales respectivas serán valoradas por cumplir los requisitos legales y haberse incorporado oportunamente.

2.4. Hechos probados.

2.4.1. Mediante contrato 0866 de 30 de diciembre de 1988, la sociedad Arinco S.A. y el Fondo Vial Nacional hoy Instituto Nacional de Vías suscribieron el contrato de obra pública para la construcción y pavimentación del sector la Frontera-Sonsón de la carretera La Unión-Sonsón por el sistema de precios unitarios, por la suma de $ 925.084.221,30 —fl. 18, cdno. pruebas—. Se destaca:

Cláusula primera: objeto. “El contratista se obliga a ejecutar para el Fondo Vial por el sistema de precios unitarios y en los términos que se señala este contrato, las obras necesarias para la pavimentación del sector La Frontera-Sonsón de la carretera La Unión-Sonsón, de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el Fondo Vial y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato”.

Cláusula segunda: valor del contrato: el Fondo Vial pagará al contratista por la ejecución de obras objeto de este contrato la suma de novecientos veinticinco millones ochenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos con treinta centavos ($ 925.084.221,30) moneda corriente resultante de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios respectivos y el costo de imprevistos y obras complementarias, tal como se detalla en el anexo 1 que forma parte del presente contrato.

(...).

Cláusula séptima: actas de obra y ajustes. El valor básico de la respectiva acta de obra será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta”, una vez corregidos los errores aritméticos. El valor básico del acta por la obra ejecutada cada mes se ajustará para cada grupo de obra, de acuerdo con el parágrafo. Ajustes, de esta misma cláusula (...) Parágrafo segundo: ajustes. El valor del acta por obra ejecutada cada mes se ajustará para cada grupo de obra con la siguiente fórmula: P1 = Po x 1/lo. En el cual los componentes de la fórmula tienen los siguientes significados: PI = valor ajustado del acta para cada grupo de, obra. Po = valor básico del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignada en la “lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. 1 = Valor del índice de costos de construcción de carreteras para el correspondiente grupo de obra (...)”.

2.4.2. El 12 de octubre de 1993, previa aceptación de la entidad contratante, la sociedad Arinco S.A. cedió a la sociedad demandante Vía y Construcciones S.A., Vicón S.A. el contrato al que se hace referencia. Así —fl 24, cdno. ppal.—:

Contrato 0866

Año 1988

Fecha: octubre 12 de 1993

Fondo Vial Nacional

Cedente: Arinco S.A. (Mauricio Nieto R.)

Cesionario: Vías y Construcciones S.A. —Vicón S.A.— (Alfonso B.)

Para la pavimentación del sector La Frontera-Sonsón de la carretera La Unión-Sonsón.

Primera: que el Fondo Vial Nacional y la Sociedad ARINCO S.A., celebraron el contrato principal 866 de 1988 y adicionales 104 de 1992; 228 y 485 de 1993, para la pavimentación del sector La Frontera-Sonsón de la carretera La Unión-Sonsón.

Segunda: que el cedente mediante oficio del 9 de septiembre de 1993, manifiesta su intención de ceder el contrato principal 866 de 1988 y sus adicionales, a favor de la sociedad Vías y Construcciones S.A., Vicón S.A.

Cláusula primera: objeto. El cedente cede a favor del cesionario de acuerdo con sus estipulaciones propias, la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden en el contrato principal 866 de 1988 y sus adicionales, celebrados con el Fondo Vial Nacional.

(...).

Cláusula quinta: autorización. El presente contrato de cesión lo suscribe el señor Ministro de Obras Públicas y Transporte Jorge Bendeck Olivella (...), actuando en nombre y representación del Fondo Vial Nacional, quien de esta manera autoriza la cesión del mismo”.

2.4.3. La cesionaria y la entidad contratante convinieron contratos adicionales, unos para prorrogar el plazo y otros para incrementar el valor. Lo primero, el 13 de diciembre de 1993, el 13 de diciembre de 1994 y el 27 de julio de 1995, que prorrogaron el plazo hasta el 30 de marzo de 1996, en los términos de los contratos Nº(s) 1044, 762 y 874 —fls. 26, 29 y 31, cdno. ppal.— y lo segundo el 5 de septiembre de 1994; el 27 de julio, 20 de noviembre y 29 de diciembre de 1995, así:

2.4.3.1. Mediante contrato adicional 5 que corresponde al 548 las partes convinieron —se destaca— (fl. 27, cdno. ppal.):

Cláusula primera: objeto. Prorrogar el plazo del contrato principal citado hasta el 31 de enero de 1995 y adicionar su valor en la suma de cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos ($ 49.652.433) moneda corriente, para un total de novecientos setenta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 30/100 ($ 974.736.654,30). PAR.—Para efectos de la aplicación de la Ley 6ª de 1992 y sus decretos reglamentarios la utilidad del contratista es del 3%. Cláusula segunda: apropiación presupuestal (...) Parágrafo segundo: al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el artículo 123 de la Ley 104 de 30 de diciembre de 1993.

Cláusula quinta: anexo. Forma parte del presente contrato, el anexo de precios unitarios, cantidades de obra y valores, debidamente revisado y aprobado por el gerente de grupo respectivo y el subdirector de ingeniería del instituto, el cual fundamenta la adición en valor contenida en el presente documento.

Cláusula sexta: vigencia de las estipulaciones. Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

2.4.3.2. Mediante contrato adicional 7, correspondiente al 717, las partes convinieron en “aclarar los valores consignados en la cláusula primera”, es decir, adicionar el valor —se destaca— (fl. 30, cdno. ppal.):

“Hemos convenido aclarar los valores consignados en la cláusula primera del contrato 717 de 1995 adicional número siete (7) al contrato principal 866 de 1998, la cual para todos sus efectos quedará así: Cláusula primera. Adicionar su valor en la suma de treinta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil setecientos tres pesos ($ 39.832.703,oo moneda corriente (...)”.

2.4.3.3. Conforme al contrato adicional 9, que corresponde al 866-09-88, el valor se incrementó en la suma de $ 103.637.279,oo m/cte. —se destaca— (fl. 33, cdno. ppal.):

Cláusula primera: objeto. Adicionar su valor en la suma de ciento tres millones seiscientos treinta y siete mil doscientos setenta pesos ($ 103.637.279,oo) moneda corriente. PAR.—Para efectos de la Ley 6ª de 1992 y sus decretos reglamentarios la utilidad del contratista es del tres por ciento (3%) y el AIU es del veinte por ciento (20%) (...) Cláusula segunda: apropiación presupuestal. (...) Parágrafo segundo: al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el artículo 123 de la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993 (...). Cláusula quinta: anexo. Forma parte del presente contrato, el anexo de precios unitarios, cantidades de obra y valores, debidamente revisado y aprobado por el gerente de grupo respectivo y el subdirector de ingeniería del instituto, el cual fundamenta la adición en valor contenida en el presente documento. Cláusula sexta: vigencia de las estipulaciones. Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento

2.4.3.4. Mediante contrato adicional 10 que corresponde al 866- 10-88, las partes convinieron adicionar nuevamente el valor en la suma de $ 413.552.566,oo (fl. 34, cdno. ppal.):

Cláusula primera: objeto. Adicionar su valor en la suma de cuatrocientos trece millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 413.552.566,oo) moneda corriente (...). PAR.—Para efectos de la Ley 6ª de 1992 y sus decretos reglamentarios la utilidad del contratista es del tres por ciento (3%) y el AIU es del veinte por ciento (20%) Cláusula segunda: apropiación presupuestal. (...) Parágrafo segundo: al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el artículo 123 de la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993 (...) Cláusula quinta: anexo. Forma parte del presente contrato, el anexo de precios unitarios, cantidades de obra y valores, debidamente revisado y aprobado por el gerente de grupo respectivo y el subdirector de ingeniería del instituto, el cual fundamenta la adición en valor contenida en el presente documento. Cláusula sexta: vigencia de las estipulaciones. Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento”.

2.4.3.5. Por último, las partes suscribieron el contrato adicional 11 correspondiente al 866-11-88, mediante el cual convinieron en prorrogar el plazo hasta el 30 de agosto de 1996 y adicionar el valor en la suma de $ 184.262.948,oo —fl. 35, cdno. ppal.—. En estos términos:

Cláusula primera: objeto. Prorrogar el plazo del contrato principal citado hasta el 30 de agosto de 1996 y adicionar su valor en la suma de ciento ochenta y cuatro millones doscientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($ 184.262.948,oo) moneda corriente (...). PAR.—Para efectos de la Ley 6ª de 1992 y sus decretos reglamentarios la utilidad del contratista es del tres por ciento (3%) y el AIU es del veinte por ciento (20%). Cláusula segunda: apropiación presupuestal. El instituto se obliga a... Parágrafo segundo: al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el artículo 123 de la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993 prorrogada por la Ley 241 de 1995.

Cláusula quinta: anexo. Forma parte del presente contrato, el anexo de precios unitarios, cantidades de obra y valores, debidamente revisado y aprobado por el gerente de grupo respectivo y el subdirector de ingeniería del instituto, el cual fundamenta la adición en valor contenida en el presente documento. Cláusula sexta: vigencia de las estipulaciones. Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

2.4.4.6. Acorde con los comprobantes de pago, correspondientes a los convenios adicionales —fls. 37 a 46, cdno. ppal.— relativos a los contratos 104/92; 228/93; 485/93; 823/93; 1044/93; 548/94; 762/94; 717/95; 874/95; 866-09-88/95 y 866-10-88/95, la entidad demandada efectuó deducciones por concepto de la contribución especial establecida en la Ley 104 de 1993, así:

 

Comprobante NºFechaValorDesc. Ley 104
00451518-10-1995$ 75’710.971,99$ 1’400.595,27
00451718-10-1995$ 204’900.661,72$ 11’579.964,08
00493910-11-199547’483.580.46$ 2’365.898,37
00576511-12-1995$ 360’210.533,87$ 17’947.709,69
00006512-01-1996$ 75’877.136,16$ 3’780.624,61
00052114-02-1996$ 240’576.895,14$ 11’986.890,66
00108813-03-1996$ 219’332.432,16$ 10’928.372,31
00108917-04-1996$ 595.519,44$ 29.672,13
00109013-03-1996$ 2’124.242,74$ 105.841,69
00151312-04-1996$ 338’621.977,52$ 16’872.046,73
Total$ 76.997.615.54

 

Además, el jefe de división de tesorería del Instituto Nacional de Vías certificó, el 29 de noviembre de 1998 —fl. 202, cdno. ppal.—, sobre los descuentos realizados a los contratos adicionales suscritos entre la firma Vicón S.A y el Instituto Nacional de Vías, por concepto de la contribución especial establecida en la Ley 104 de 1993, así —fl. 205, cdno. ppal.—:

 

Comprobante númeroFecha presentaciónValor cuentaValor Ley 104
4515-018/10/199575’612.929,991’400.595,27
4517-018/10/1995204’090.064,7211’579.964,08
4939-029/11/199547’317.967,462’365.898,37
5765-011/12/1995358’954.193,8717’947.709,69
65-012/01/199675’612.492,163’780.624,61
521-014/02/1996239’737.813,1411’986.890,66
1088-013/03/1996218’567.446,1610’928.372,31
1090-013/03/19962’116.833,74105.841,69
1513-012/04/1996336’840.934,5216’872.046,73
1089-117/04/1996593.442,4429.672,13
2444-004/06/199632’415.798,631’620.789,93
2445-004/06/1996100’904.765,335’045.238,27
2682-014/06/1996145’968.252,357’298.412,62
3219-015/07/1996189’974.387,139’298.719,36
4321-016/09/1996260’753.388,2313’037.669,41
3791-126/09/199612’440.632,56622.031,63
3792-126/09/199682’637.960,684’131.898,03
3792-226/09/1996123’958.941,016197.847,05
3791-227/09/199618’660.948,83933.047,44
4788-130/10/1996206’946.879,6810’347.343,98
5227-030/10/1996400’797.646,1420’039.882,31
5619-022/11/19967’935.324,54396.766,23
5855-004/12/1996303’016.550,1410’150.827,51
339-021/01/1997261’773.154,7313’088.657,74
1213-021/02/1997415’084.880,8820’754.244,04
2202-107/04/19976’566.987,41328.349,37
2845-017/04/1997208’824.154,4610’441.207,72
3714-020/05/199711’505.983,04575.299,15
4847-026/08/199712’090.208,54604.510,43
Total4.261’698.962,51212’110.357,76

 

2.5. La contribución especial.

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, en los términos del artículo 1º del Decreto 2009 de 14 de diciembre de 1992, dispuso que las personas naturales o jurídicas que suscribieran con entidades de derecho público contratos de obra para la construcción y mantenimiento de vías o celebren contratos de adición al valor de los existentes, pagarían, a favor de los entes territoriales respectivos, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adición; norma inicialmente prorrogada por el Decreto 1515 de 1995 y, luego por los artículos 123 de la Ley 104 de 31 de diciembre de 1993 y 62 de la Ley 241 de 1995. Última que mantuvo el gravamen en cuanto dispuso:

“Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamentos o municipios, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, a excepción de los contratos de construcción de vías terciarias y los de adición a estos.

PAR.—La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este capítulo”.

La parte actora argumenta que el contrato de obra pública 0866 de 30 de diciembre de 1988 quedó por fuera de la contribución especial, establecida por dichas normas, conforme a los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y 78 de la Ley 80 de 1993, en cuanto no le resulta aplicable lo dispuesto con posterioridad a su celebración. Sostiene que, i) en cuanto para esa fecha no existía impuesto de guerra, la administración alteró gravemente la ecuación económica del contrato, en perjuicio del colaborador estatal, porque, aplicando una ley posterior, retuvo indebidamente el 5% equivalente al valor del gravamen, II) en los contratos adicionales no podía incluir el valor del gravamen a los precios unitarios, sin desconocer el acuerdo inicial, en tanto debía mantener el valor de los precios pactados en el convenio inicial y iii) la imprevisión radica en haber tenido que pagar el impuesto, a pesar de que los precios unitarios no fueron incrementados.

Atendiendo al principio constitucional de legalidad en materia de impuestos, tasas y contribuciones, le corresponde al Congreso de la República establecer los gravámenes y los elementos que los configuran(4); esto es designar los sujetos activo y pasivo, los hechos, la base y las tarifas, es decir delimitarlos específicamente en sus ámbitos subjetivo, temporal y espacial, sin que en ningún caso puedan afectar periodos fiscales anteriores a la vigencia de la norma que los establece. En suma, los tributos habrán de determinarse previamente por el legislador, de manera que los contribuyentes puedan planear sus actividades y, así mismo, responder sin sobresaltos, a las imposiciones que los afectan.

Ahora, el llamado impuesto de guerra fue creado por el legislador para gravar un específico sector de la economía, en los términos de las leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, las que, además del sujeto pasivo, determinaron el hecho o la actividad generadora, para el efecto los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento de vías y los contratos adicionales, al igual que la cuantía.

Siendo así, es claro que el contrato 0866, celebrado en 1988, entre la sociedad Arinco S.A. —o Vicón S.A.— y el Fondo Vial Nacional hoy Instituto Nacional de Vías, para ejecutar obras relativas a la pavimentación del sector La Frontera-Sonsón de la carretera la Unión-Sonsón, no quedó afectado con el gravamen que se establecería posteriormente; empero si los adicionales suscritos en vigencia de las disposiciones que los crearon, a cuyo tenor la sociedad contratista es pasible del gravamen, de donde, conocido por la misma, aceptó de antemano la condición del Invías de agente retenedor, como efectivamente ocurrió y se observa en la certificación expedida por la división de tesorería del instituto.

Lo anterior porque lo descontado permite inferir que los contratos adicionales de obra, suscritos en vigencia de las normas fiscales aludidas, quedaron sujetos al denominado impuesto de guerra, en cuanto ampliaron el plazo y el valor, razón suficiente para que operaran las deducciones, conforme aparece anotado en los comprobantes y en la certificación expedida por la demandada.

2.5.(sic) El desequilibrio del contrato.

La Sala ha sostenido que el contratista tiene derecho a exigir el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues si bien debe asumir riesgos propios, como sucede con cualquier actividad económica, se explica porque los pudo medir, cuantificar e incluso evitar. De donde se colige que no se encuentra obligado a soportar las consecuencias de circunstancias imprevisibles, atribuibles al contratante o a factores externos, que le signifiquen pérdidas de ingresos o de ganancias esperadas, en condiciones de normalidad.

De manera que para efectos de establecer si el desequilibrio tuvo lugar, es menester diferenciar los riesgos inherentes a la ejecución y así mismo propios del negocio y por ende a cargo del contratista; en cuanto conocedor de la empresa que emprende y por ende de los factores internos y externos con entidad suficiente para aminorar la utilidad esperada e incluso generar pérdidas; de aquellos impredecibles, estos sí a cargo del dueño de la obra.

Y es que la ecuación financiera del contrato puede verse afectada a) por incumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato; b) porque en ejercicio de potestades constitucionales y legales se adoptan medidas que si bien no tocan la relación directamente la afectan negativamente y c) por factores externos, surgidos durante la ejecución, empero paralelos a esta, posteriores a la celebración y ajenos a las partes(5), aunque relacionados con la ecuación contractual. Circunstancias imprevisibles que, por lo mismo, no pueden entenderse propuestas, como tampoco convenidas.

Siendo así y cuando median el ejercicio de las potestades estatales, la Sala ha puntualizado que debe considerarse si la medida general, con incidencia en el contrato, fue proferida por la misma contratante y si esta actuó en ejercicio del ius variandi, para determinar, entonces, si la afectación excedió los riesgos normales del alea contractual. Así, cuando el hecho generador imputable a la entidad puede calificarse de sobreviniente e implica cargas excepcionales y por lo mismo imprevisibles, no queda sino imponer el restablecimiento del equilibrio vulnerado.

En armonía con lo expuesto y establecido que el llamado impuesto de guerra no afectó contratos en curso, para el efecto el 0866 de 1988, pero si los adicionales Nº(s) 548 de 1994, 717 de 1995, 9 y 10 de 1995 y 11 de 1996, suscritos con posterioridad a la vigencia de la contribución, procede negar las pretensiones fundadas en la ruptura del equilibrio financiero del contrato. Lo anterior, en cuanto, de haber acontecido, esto es de afectarse la ecuación inicial, ello solo se explicaría por la negligencia o falta de diligencia de la contratista, quien, conociendo del gravamen, no previó que habría de pagarlo, pues solo así se explica la ruptura del equilibrio en el que la sociedad demandante funda sus pretensiones de restablecimiento.

Por otra parte, cabe reiterar que la sola imposición de nuevos tributos no rompe per se el equilibrio de las actividades económicas gravadas, sin perjuicio de que cada caso amerita un análisis particular, pues todo gravamen que recae sobre actividades en ejecución, habrá de afectar el resultado previamente esperado, de ahí la inconstitucionalidad de una eventual retroactividad.

Además, es de anotar que no todos los contratos adicionales quedaron sometidos a la contribución especial. Tres de ellos se limitaron a ampliar el plazo pactado —1044 de 1994, 762 de 1994 y 874 de 1995—, sin afectar los precios unitarios y en los cinco restantes se adicionó el valor en las sumas de $ 49.652.433,oo; 39.832.703,oo; 103.637.279,oo; $ 413.552.566,oo y 184.262.948,oo, casos estos en los que el gravamen se conocía cuando las partes convinieron en cada adición, como lo revela lo consignado en los textos suscritos, a cuyo tenor acorde con lo pactado, en cada caso la contribución mereció una consideración particular.

Ahora la certificación allegada a la actuación demuestra que la entidad estatal retuvo el valor correspondiente de los contratos adicionales relacionados en la demanda —no así del contrato principal— y de otros convenios adicionales suscritos con posterioridad la presentación de la demanda, según dio cuenta el jefe de la división de tesorería el 29 de noviembre de 1998. Igualmente se observa que, en cada uno de los contratos adicionales, se pactó una utilidad adicional del 3%, sin perjuicio de AIU —administración, imprevistos y utilidad— del veinte por ciento (20%) convenido. En ese orden de ideas el desequilibrio no se explica sino por un problema de imprevisión imputable al contratista.

En suma, las partes previeron la aplicación de la Ley 104 de 1993, lo que de suyo comporta el reconocimiento de la contratista de su condición de sujeto pasivo de la contribución e impone concluir que, dada la vigencia del tributo, el mismo no puede ser tildado de sobreviniente e imprevisible, con posibilidad de afectar la ecuación contractual y así mismo a cargo de la contratante, en condición de dueña de la obra y beneficiaria de la misma.

Establecido, entonces, que el equilibrio económico del contrato no fue alterado, por cuanto, al momento de la celebración de los convenios adicionales —se insiste—, el contratista era sujeto pasivo del impuesto y por ende estaba al tanto de la obligación tributaria, es dable concluir que la carga fiscal no fue el resultado de un hecho sobreviniente, ni imprevisible con entidad capaz de romper la ecuación económica. De modo que la sentencia impugnada habrá de confirmarse.

De otro lado, el argumento planteado en la oportunidad para sustentar la alzada, acorde con el cual el pago del gravamen comportaría un hecho imprevisible, dado que los contratos adicionales no podían incorporar factores diferentes a los precios unitarios inicialmente convenidos. Argumento que no es de recibo, pues lo cierto es que, en la cláusula séptima del contrato, las partes convinieron fórmulas de ajuste mensual a los precios unitarios por cada acta de obra ejecutada, conforme a los índices de costos de construcción certificados por el Ministerio del Transporte. En ese orden de ideas, el convenio previó actualización de los precios y la fórmula prevista no impedía considerar la contribución especial como un hecho imprevisible, corno parece sugerirlo el demandante.

Aunado a lo expuesto, la parte actora, además de haber suscrito los contratos adicionales, en vigencia del denominado impuesto de guerra, no probó que la carga tributaria hubiera afectado de manera grave la ecuación económica del contrato, configurando un daño cierto, anormal y especial, con entidad de alterar más allá del alea normal su ecuación financiera.

En consecuencia se mantendrá la decisión del tribunal que negó las súplicas de la demanda.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía el 27 de octubre de 2003, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Efectivamente, el 5 de agosto de 1996 los tribunales conocían en primera instancia de los asuntos contractuales cuya cuantía superara la suma de $ 13.460.000,oo m/cte.

(3) Mediante el Decreto 2171 de 1992 se reestructuró el Fondo Vial Nacional en el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio del Transporte.

(4) Artículo 150, numeral 12 y 338 de la Carta Política.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 2003. Proceso 16433. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Expediente 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.