Sentencia 1996-01183 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 050012331000199601183 01

Exp.: 27.949

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

Actor: Elkin Alonso Uribe Monsalve y otros

Demandado: Empresas Públicas de Medellín

Referencia: Apelación sentencia - reparación directa

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes y las llamadas en garantía contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la demanda se presentó el 5 de julio de 1998 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 3.000 gramos de oro equivalentes a $ 35’145.540 por concepto de indemnización de perjuicios fisiológicos a favor del principal afectado, la cual supera el monto de $ 18’850.000 exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época(18).

2.1.2. De otra parte, en cuanto hace a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es las lesiones padecidas por el señor Elkin Alonso Uribe, acaeció el 9 de agosto de 1994, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el día 5 de julio de 1996, se impone concluir que ocurrió oportunamente.

2.1.3. Comoquiera que tanto las partes como las sociedades llamadas en garantía formularon recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dicha circunstancia permite a la Sala resolver el presente asunto sin limitación alguna(19).

2.2. Régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Esta Sala, en sentencia de 19 de abril 2012(20), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

Así pues, en tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se resuelve, marco en el cual se le atribuye al Estado el daño causado por la conducción de redes eléctricas, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo y que hay lugar a su declaración, una vez se haya demostrado que el daño antijurídico se ocasionó como consecuencia del ejercicio de la actividad peligrosa consistente en la conducción de energía eléctrica.

Al respecto, esta Sala considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 28 de abril de 2010(21), en el cual se señaló:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...(22).

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (negrillas y subrayas adicionales).

En ese mismo sentido, la doctrina especializada en el tema(23) ha discurrido de la siguiente manera:

“La doctrina del riesgo creado puede ser sintetizada de esta manera: quien se sirve de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan. La teoría que analizamos pone especial atención en el hecho de que alguien “cree un riesgo”, “lo conozca o lo domine”; quien realiza esta actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, sin prestar atención a la existencia o no de una culpa del responsable (...).

“Por nuestra parte, pensamos que la correcta formulación de la teoría del riesgo debe ser realizada sobre la base del llamado “riesgo creado”, es decir, en su formulación más amplia y genérica.

“Quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo potencial para terceros, se beneficie o no con él, debe soportar los detrimentos que el evento ocasione. Esto es una consecuencia justa y razonable del daño causado, que provoca un desequilibrio en el ordenamiento social y pone en juego el mecanismo de reparación”.

Ya esta Sección del Consejo de Estado, en oportunidades anteriores y con ocasión de un debate sobre la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento o la instalación de redes eléctricas y de alto voltaje, manifestó lo siguiente:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(24).

Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional tiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida en que este comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas(25). Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración pública demandada, para exonerarse de responsabilidad, la carga de acreditar la configuración de una causa extraña(26).

De igual manera, debe precisarse que debido a que el daño que originó la presente acción se produjo como consecuencia del manejo de redes eléctricas, quien realiza este tipo de actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros, puesto que tales riesgos son inherentes al ejercicio de dicha actividad.

En este orden de ideas, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial del Estado, quien alega haber sufrido un perjuicio deberá acreditar que el daño antijurídico se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad riesgosa (conducción de energía a través de redes eléctricas), sin que en tal evento resulte necesario que se pruebe que la entidad demandada actuó de manera indebida o negligente; esta última, por su parte, podrá eximirse de responsabilidad única y exclusivamente probando que el daño ocurrió como consecuencia de una causa extraña, esto es una fuerza mayor o el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

2.3. Las pruebas obrante en el proceso.

Las pruebas allegadas en legal forma para fundamentar los hechos y pretensiones formuladas son las siguientes:

— Original del reconocimiento personal realizado el 23 de agosto de 1994 al señor Elkin Alonso Uribe Monsalve por parte del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, en el cual se consignó la siguiente información:

“Elkin Alonso Uribe Monsalve cc (...), relata que sufrió quemaduras por un rayo. Presenta vendajes que no es prudente retirar en el brazo derecho, antebrazo izquierdo, cicatrices hipocrómicas mapiformes en cara y cuello, en parte inferior de tórax derecho, en flanco derecho, en toda la circunferencia de antebrazo izquierdo, con costras hemáticas que cubren canas dorsales de los dedos y mano izquierda, en cara distal del muslo y pierna derecha y cara anterior del muslo izquierdo. Lesión por descarga eléctrica de rayo. Se conceptúa una incapacidad médico legal provisional de 25 días. Al cabo de los cuales debe presentarse a un segundo reconocimiento médico”(27) (se ha resaltado).

— Copia auténtica del examen de reconocimiento personal realizado el 3 de febrero de 1995 por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses al señor Elkin Uribe Monsalve, en el cual se manifestó:

“En esta fecha fue reconocido por cuarta vez el señor Elkin Alonso Uribe Monsalve, lesiones con cicatrización hipocrómicas ostensibles a tres metros de distancia en miembro superior izquierdo. Incapacidad definitiva de cuarenta (40) días, secuela una deformidad física de carácter permanente”(28).

— Original del concepto médico laboral realizado el 9 de agosto de 1999 por la División de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo con el fin de establecer la incapacidad médico laboral definitiva del señor Elkin Alonso Uribe Monsalve; dicho dictamen luego de valorar personalmente al paciente concluyó que “estas lesiones se consideran secuelas definitivas de las quemaduras sufridas por el paciente y le producen una merma en su capacidad laboral de un tres punto setenta y cinco por ciento 3.75%”(29).

— Copia auténtica del “informe sobre accidente de particular y daño a electrodomésticos”, suscrito el 18 de agosto de 1994 por el Inspector de redes de la EPM, en el cual manifestó lo siguiente:

“El día 9 de agosto de 1994 en la calle 111E con carrera 63ª, barrio Toscana, municipio de Medellín, ocurrió el siguiente caso:

En el sector aledaño a la dirección anterior, según información de algunos usuarios cayó un rayo (otros usuarios y vecinos del lugar dicen que el tiempo estaba normal y que no hubo rayo). Esto ocurrió siendo aproximadamente las 7.00 p.m. en las residencias del lugar, las cuales toman la energía eléctrica del tramo # 11259 instalado en el sitio, se produjeron daños a diversos electrodomésticos, por una sobre tensión. El trafo en mención sufrió daños, por lo cual se cambió por trafo 15914. Es de anotar que los mayores daños se ocasionaron en la residencia marcada con el Nº 63ª Nº 48-201, donde se quemó toda la instalación eléctrica hasta la caja de distribución, se cayó un muro, quedaron averiados otros y se accidentó el señor Elkin A. Uribe M. (de 27 años de edad y residente en la casa anotada).

Versión del accidentado: ‘Me encontraba sentado en el muro con un cable coaxial (antena parabólica) en la mano, el cual intentaba introducir por una ventana, cuando de pronto sentí una explosión y fui lanzado a una reja metálica que cubre el patio del segundo piso. Estando ahí sufrí un fuerte corrientazo. En medio del desespero me logré salir de la reja y tirarme por sobre un muro’.

Existen diversas versiones sobre lo ocurrido. Como se mencionó, algunos dicen que al momento del percance se escuchó una explosión y por las líneas secundarias se vio pasar como una bola de candela.

El accidentado fue atendido en la clínica Medellín por el doctor Alejandro Arango, quien dio la siguiente información sobre las lesiones sufridas: Quemaduras profundas de segundo grado en las cuatro extremidades, y áreas pequeñas del abdomen.

El problema fue informado al COD a las 7.15 p.m., se ordenó la revisión al señor Jaime Arango (C-13), a las 8.30 p.m., llegó a la dirección a las 8.50 p.m., encontró el trafo 11259 aislado y muy quemado en sus bordes secundarios, por lo cual informó como malo para cambio. Dicho trafo fue cambiado al día siguiente por la cuadrilla del señor Héctor M. García.

Observaciones:

El pararrayo del trafo se encontró en buen estado, las descargas a tierra tanto del trafo como de la red primaria no presentan deterioro alguno.

Además en el poste donde se encuentra instalado el trafo existen tres pararrayos más. La revisión y censo de los electrodomésticos afectados fue ejecutada por el señor Manuel Córdoba Álvarez, revisor de cuadrillas”(30) (negrillas y subrayas adicionales).

— Original del “memorando” realizado el 15 de septiembre de 1994 por el jefe de la sección de mantenimiento y transformadores de la EPM, en el cual se manifestó lo siguiente:

“El transformador 11259 de 37,5 KVA marca Westinghouse ingresó a esta sección para mantenimiento el 16 de agosto y una vez se le efectuaron las pruebas se detectó que el transformador estaba en perfectas condiciones de funcionamiento ya que el resultado de ellas estaba dentro de los límites estipulados por la norma.

Exteriormente el transformador presenta huellas de un arco o flanco en los bujes secundarios concluyéndose por ello que la causa fue una descarga atmosférica y cayó sobre red secundaria y de esta se transmitió hacia el transformador”(31).

— Original del acta de la inspección judicial realizada en el sitio de los hechos el 21 de enero de 1999, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“El inmueble situado en la calle 111 Nº 63ª 48 en el que ocurrió el accidente es una construcción o edificio de tres plantas. La última planta consta de dos apartamentos pequeños y una terraza que da a la vía. Sobre la vía en el costado opuesto a la residencia se encuentra el poste de energía donde está instalado el transformador, de ese poste al paramento de la edificación hay una distancia de 7.90 metros y de ahí a la ventana de un apartamento que hay en la tercera planta, ventana que da a la calle hay 10.5 metros con respecto a poste. (...), donde se encuentra el poste se encuentran vestigios de otros postes es decir las bases de otros postes, aunque en este momento no se puede establecer cuál era el poste existente al momento del hecho, tales vestigios se encuentran a 1,60 metros del poste actual”(32).

— Testimonio rendido ante el tribunal a quo por el señor José William Zapata Montoya, quien se desempeñaba para le época de los hechos como inspector de mantenimiento de redes en la EPM, y una vez preguntado sobre el estado de las redes de energía que ocasionaron el daño objeto del presente litigio manifestó:

“Según lo que analizamos al día siguiente de lo ocurrido y los estudios que se hicieron posteriormente en el taller de EMPM se llegó a la conclusión de que la descarga atmosférica no cayó directamente sobre el transformador ni sobre la red primaria sino sobre una red secundaria y probablemente sobre unos cables de coaxial o antena de televisión que existían sobre el sector. (...). Se llegó a esa conclusión porque después de analizar el pararrayos que protege al transformador en ese punto se encontró en perfecto estado, anotando también que las descargas a tierra tanto del transformador como de la red primaria y secundaria estaban en buen estado no tenían problemas, además se encontraron chispiados (sic) los bordes secundarios del transformador, lo que indica que la descarga no salió del transformador sino que antes pudo llegar al transformador a través de la red secundaria, además porque según la versión que me dio el accidentado en visita que le hice al día siguiente en la clínica, él se encontraba en una ventana con un cable coaxial de antena de televisión en la mano, esto indica que la descarga pudo entrar a la casa de él por el cable coaxial que sostenía en ese momento ya que según lo que yo observé él no se encontraba haciendo contacto con ningún elemento eléctrico en ese momento. (...). Al día siguiente de lo ocurrido yo estuve en la dirección y hablé con varias personas entre ellas los de la tienda de debajo de la casa donde ocurrió el accidente y otra tienda diagonal a la misma y me comentaron de que habían sentido una explosión y que habían visto que aparecía como una bola de candela por las redes que para ellos había sido un rayo, además el señor Manuel Córdoba funcionario de la EPM se dio a la tarea de hablar con todos los usuarios que están conectados de ese transformador y al preguntarle también sobre qué habían visto ellos encontró diferentes versiones, algunos le informaron que para ellos había sido un rayo que había caído y para otros no porque dijeron que en ese momento no estaba lloviendo, más sin embargo es de anotar que una descarga atmosférica puede presentarse en cualquier momento este lloviendo o no, ya que esto ocurre porque las nubes se van cargando eléctricamente y pueden descargarse en cualquier momento y en cualquier parte. (...). Que yo tenga conocimiento no se había recibido ninguna solicitud de problemas con el transformador en el sector. (...). Si el señor Elkin Uribe no hubiera estado con el cable coaxial en la mano lo más probable es que no le hubiera pasado nada, porque como le comenté anteriormente según la versión de él y lo que yo observé en la casa él no estaba haciendo contacto con ninguna parte de la instalación eléctrica, por consiguiente pienso yo que no hubiera podido recibir la descarga a través de la red o de la instalación eléctrica(33) (se ha resaltado).

— Declaración del señor Carlos Arturo Flórez Alzate, residente del sector donde se produjo el accidente, en la cual manifestó:

“Lo que pasó ese día era que yo estaba parado en el balcón de mi casa, el señor Elkin Uribe llegó como a eso de las 6 y 30 de la tarde y se encontraba parado en la ventana de la casa de él, como allí al frente de la casa de él hay un transformador por ahí a unos cuatro metros de distancia, en ese momento en que estaba en el balcón de la casa el transformador empezó a chispear y a botar candela eso fue una cosa muy impresionante cuando yo sentí que por allá gritaba alguien yo fui a recogerlo a él y estaba todo destrozado toda la mano y la ropa de él yo fui a sacarlo para llevarlo a la clínica Medellín y duró como 15 días en la clínica, es que ese transformador llevaba mucho tiempo jodiendo allí chispeaba mucho y hacía cortos, inclusive el transformador explotó ese mismo día tardecito, inclusive el transformador causó muchos daños a la gente de la vecindad a nosotros se nos explotó un televisor y al otro día estuvo allí un al otro día un técnico de la EPM tomando datos de los daños que había en el vecindario. (...). Ese transformador molestaba mucho, hacía muchas explosiones chispeaba mucho, inclusive los vecinos y nosotros llamábamos a la EPM a que vivieran a revisar el transformador, ellos venían y se iban otra vez pero seguía molestando el transformador. (...). Ese día no estaba lloviendo estaba haciendo mucho calor por eso estábamos en el balcón de la ventana”(34).

— Testimonio del señor Ramón Antonio Quiroz Osorio en el cual informó:

“A eso de las 6 y 30 de la noche vimos un transformador que chispeaba y botaba llamas y al momentico estalló y salió lesionado ese muchacho Elkin Uribe que estaba en el balcón que acababa de llegar del trabajo y luego del estallido ahí lo recogieron y se lo llevaron en un taxi. (...). Antes de la explosión la EPM fueron a repararlo por ahí una o dos veces, pero siempre el mismo aparato, llamaban para que fueran a cambiarlo y nada hasta que ocurrió la tragedia, eso explotó muy duro haga de cuenta una bomba. (...). Yo estaba a unos vente metros tal vez más cerquita. (...). Muchas personas sufrieron perjuicios a muchos se les daño el televisor y radios”(35).

— En ese mismo sentido obran las declaraciones de las señoras Martha Cecilia Flórez Alzate y Luz Mary Flórez Alzate, quienes coinciden con los anteriores testimonios en manifestar que el día 9 de agosto de 1994 a las 6 y 30 de la tarde aproximadamente se presentó una explosión de un transformador de energía eléctrica que se encontraba instalado a unos 6 metros de la casa de habitación del señor Elkin Uribe Monsalve, quien se encontraba en la ventana de su residencia y fue impactado por las chispas que se produjeron como consecuencia de la explosión. Tales testigos coinciden también en señalar que dicho transformador días antes había presentado problemas, motivo por el cual los vecinos del sector llamaron a la EPM, pero dichos requerimientos no fueron atendidos(36).

Finalmente obra el interrogatorio de parte realizado por el señor Elkin Uribe Monsalve, prueba que fue solicitada por la sociedad La Previsora S.A., (llamada en garantía) y debidamente decretada por el tribunal de primera instancia. Al respecto, cabe señalar que la declaración de parte está prevista en los artículos 194 a 210 del Código de Procedimiento Civil, como un medio de prueba que tiene como propósito lograr la confesión, la cual puede ser practicada en el proceso con la única condición de que se pida por una parte con intereses contrarios a quien habrá de absolver el interrogatorio y que se solicite con el fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. Así las cosas, en el asunto objeto de juzgamiento, la deposición de los aquí demandantes puede tenerse como prueba susceptible de valoración, pues —reitera la Sala—, su práctica fue solicitada por la sociedad llamada en garantía.

Del mencionado medio probatorio resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Pregunta. Diga si es cierto sí o no que el 9 de agosto de 1994 usted se encontraba manipulando un cable coaxial de antena a través de una ventana. Contestó. No. Pregunta. ¿A qué distancia del lugar en que ocurrió el accidente se encontraba ubicado el transformador de las EPM? Contestó. El poste que sostiene el transformador se encuentra ubicado a más o menos 3 o 4 metros del lugar de la residencia. (...). Pregunta. ¿Usted se encontraba en una ventana diga si es cierto o no? Contestó. Sí efectivamente cuando se presentó la explosión del transformador me encontraba cerca de una ventana. Pregunta. ¿Diga si es cierto que encontrándose usted en la clínica fue visitado por un empleado de la EPM? Contestó. Sí para cuando fue el empleado de la EPM relaté lo siguiente: Que el 9 de agosto de 1994 entre las 6 y 30 y las 7 de la noche aproximadamente cuando regresé del trabajo e ingresé a mi casa salí a refrescarme pues hacía mucho calor y noto que el transformador que me queda enfrente empieza a chispear algo muy común pues esto sucedía muy a menudo y a raíz de esto las quejas presentadas contra la EPM y el servicio que estos le prestaban al transformador, para cuando empieza a chispear por instinto natural me desplazo hacia el interior de la casa y noto que el cable coaxial de la antena se encuentra en llamas automáticamente volteo a mirar el transformador y veo que una bola de candela viene como un rayo hacia mí la cual me quemó”(37) (se ha resaltado).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se tiene acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto las lesiones de carácter permanente padecidas por el señor Elkin Uribe Monsalve, constituyen una lesión corporal que supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

En el sub examine, la parte actora pretende derivar responsabilidad de la entidad demandada, pues —en su criterio—, la concreción del daño se debió al estallido de un transformador de energía eléctrica que le ocasionó las lesiones de carácter permanente al señor Uribe Monsalve, quien no estaba obligado a soportar el daño, comoquiera que ese riesgo que se materializó rompió con las cargas públicas a que se encuentra sometida cualquier persona; adicionalmente, según la demanda, la entidad demandada incurrió en una falla del servicio por no efectuar un correcto mantenimiento de las redes de energía eléctrica que se encontraban en mal estado.

Ahora bien, en criterio de la Sala, si bien no existe una prueba idónea y suficiente que demuestre que el ramal monofásico que atraviesa el sector donde se produjo el accidente se encontraba averiado o en defectuoso funcionamiento, lo cierto es que de manera independiente a ello, por ser una actividad riesgosa (esto es la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica), el caso sub lite debe analizarse —según se consideró anteriormente—, bajo la perspectiva del régimen objetivo de responsabilidad, cual es el de riesgo excepcional.

Así pues, de conformidad con lo probado en el presente proceso, se tiene acreditado que el 9 de agosto de 1994 a las 6 p.m. aproximadamente, mientras se encontraba cerca de una ventana de su casa de habitación, el señor Elkin Uribe Monsalve resultó lesionado como consecuencia del estallido de un transformador de energía eléctrica, razón por la que fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió atención médica; no obstante lo cual, padeció una incapacidad médico laboral permanente equivalente al 3.75%.

Ahora, si bien en el reconocimiento personal realizado por el Instituto de Medicina Legal se manifestó que la lesión del señor Uribe Monsalve se produjo “por un rayo”, lo cierto es que en el informe de accidente realizado por el inspector de redes de la EPM se afirmó, con base en información recolectada por funcionarios de esa misma empresa, que la mencionada persona resultó lesionada como consecuencia del estallido de un transformador de energía eléctrica, al tiempo que se manifestó que “en las residencias del lugar, las cuales toman la energía eléctrica del trafo 11259 instalado en el sitio se produjeron daños a diversos electrodomésticos, por una sobre tensión. El trafo en mención sufrió daños, por lo cual se cambió por trafo 15914. Es de anotar que los mayores daños se ocasionaron en la residencia marcada con el Nº 63ª Nº 48-201, donde se quemó toda la instalación eléctrica hasta la caja de distribución, se cayó un muro, quedaron averiados otros y se accidentó el señor Elkin A. Uribe M.”.

Así pues, concluye la Sala que la descarga eléctrica que produjo el daño que originó la presente acción tuvo su origen en las redes eléctricas de propiedad de la EPM, toda vez que simultáneamente a las lesiones corporales producidas al demandante y a toda la red eléctrica de su residencia, también se ocasionaron daños a varios electrodomésticos de los residentes del sector, lo cual permite descartar que el daño se hubiere originado por la caída de un rayo sobre el demandante, o que hubiere sido producido por un cable coaxial de televisión que supuestamente sujetaba el actor al momento del accidente.

Así las cosas, concluye la Sala que el daño se produjo como consecuencia de la concreción o materialización del riesgo excepcional, traducido en la actividad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por parte de la entidad demandada, la cual, pese a que es una actividad lícita del Estado, somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios, tal y como aconteció en el presente asunto.

Ciertamente, fue precisamente la energía transportada por EPM, la que desencadenó el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó, circunstancia por la cual no es posible aceptar que la entidad demandada se pueda desprender de la responsabilidad; por consiguiente, forzoso resulta concluir que el hecho dañoso es imputable al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla esa actividad, esto es las Empresas Públicas de Medellín —EPM—.

Adicionalmente, estima la Sala necesario precisar que la entidad demandada no acreditó con prueba idónea suficiente la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en la fuerza mayor, pues se limitó a manifestar que el accidente se produjo por un rayo que cayó sobre las redes eléctricas, pero lo cierto es que, según lo probado en el proceso, este se originó por el estallido de un transformador de energía que pertenece a dicha empresa, por manera que ese accidente ocurrido en una de sus redes eléctricas no resulta de manera alguna ajeno o externo a la actividad de conducción de energía eléctrica que desarrolla la EPM.

Tampoco se demostró que el daño se debiera al hecho exclusivo de la víctima; por el contrario, —bueno es insistir en ello—, las pruebas allegadas conducen a afirmar que el daño tuvo origen en la estructura —es decir en las redes eléctricas—, esto es en la actividad que por sí misma es riesgosa, toda vez que se trata del flujo de energía eléctrica de grandes voltajes.

En conclusión, en el caso concreto el deber de reparación se radica en cabeza de la entidad demandada y, consecuencialmente, en las llamadas en garantía, en la medida en que el daño se produjo a causa de la concreción del riesgo que implica la generación y el transporte de energía por las Empresas Públicas de Medellín, sin que sea admisible esgrimir y/o aceptar como eximente de responsabilidad la causal consistente en la fuerza mayor, la cual no se encontró acreditada.

Así las cosas, comoquiera que el daño es imputable a la entidad pública demandada, se procederá a confirmar su responsabilidad, a título de riesgo excepcional, por los hechos objeto de esta demanda, motivo por el cual se analizará el reconocimiento de perjuicios solicitados en la demanda.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que el tribunal a quo condenó a la entidad demandada a pagar la suma equivalente en pesos a 500 gramos de oro a favor de la víctima directa y 200 gramos de ese mismo metal a favor de sus familiares, y que en la apelación se solicita se acceda al reconocimiento de los montos solicitados en la demanda a favor de todos los demandantes, la Sala estudiará las pruebas que permitan establecer la existencia e intensidad de dicho perjuicio.

Para acreditar la configuración de dicho perjuicio moral, se aportó por la parte actora copia auténtica del examen de reconocimiento personal realizado el 3 de febrero de 1995 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor Elkin Uribe Monsalve, en el cual se manifestó:

“En esta fecha fue reconocido por cuarta vez el señor Elkin Alonso Uribe Monsalve, lesiones con cicatrización hipocrómicas ostensibles a tres metros de distancia en miembro superior izquierdo. Incapacidad definitiva de cuarenta (40) días, secuela una deformidad física de carácter permanente”(38).

De igual forma, la División de Empleo y Seguridad Social de la Dirección Regional de Seguridad Social de Antioquia, mediante acta expedida el 9 de agosto de 1999 concluyó que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del señor Uribe Monsalve como consecuencia de la referida lesión equivalía al 3.75%(39).

Ahora bien, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales estas —las lesiones sufridas—, son de tal magnitud que su ocurrencia alcanza a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción a las circunstancias en las cuales se hubiere producido el daño y las particulares causas y consecuencias de la lesión.

Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida es de tal entidad que puede poner en riesgo la vida de una persona, tal y como ocurrió en el sub lite, pues el señor Elkin Uribe Monsalve resultó lesionado como consecuencia del estallido de un transformador de energía eléctrica, lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada. En efecto, resulta comprensible que una persona que haya sido lesionada de la forma en que quedó acreditada en el proceso y, en consecuencia, que haya visto en riesgo su vida y, además, que hubiere sufrido una invalidez parcial permanente, se sienta moralmente afectada(40).

De otra parte, acerca de los daños causados por las lesiones de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(41) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los señores Elkin Alonso, Jhon Fernando, Omar Enrique y Gladys Stella Uribe Monsalve, y María Bernarda Monsalve, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el primero de los nombrados y quienes acuden en calidad de hermanos y madre, respectivamente(42).

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta tanto la prueba recaudada con la cual se demostró las afectaciones sufridas por los demandantes, como los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, se impone confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, acceder al reconocimiento de las siguientes cantidades y a favor de las siguientes personas; no obstante dichos montos serán convertidos a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia(43), así:

Elkin Alonso Uribe Monsalve (víctima directa)50 smmlv
María Bernarda Monsalve (madre)20 smmlv
Jhon Fernando Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Elkin Alonso Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Omar Enrique Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Gladys Stella Uribe Monsalve (hermana)20 smmlv

2.5.2. Perjuicios materiales.

Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por concepto de daño emergente, salvo lo atinente a la condena en costas, lo cual será objeto de pronunciamiento más adelante, la Sala se ocupará, exclusivamente, de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor de la víctima directa, Elkin Alonso Uribe Monsalve, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que al proceso se aportó copia auténtica del certificado de registro mercantil de esa persona, el cual lo acredita como comerciante independiente y propietario del establecimiento de comercio denominado “Eluribe”, no obstante lo cual, comoquiera que no se aportó prueba alguna respecto de sus ingresos por concepto de esa actividad comercial(44), la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente(45).

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de la lesión: $ 98.700.

Expectativa de vida total de la víctima: 49.12 años (589 meses)

Periodo consolidado: 247 meses

Periodo futuro: 342 meses

Índice final: febrero de 2014 (último conocido): 115.259

Índice inicial: agosto de 1994: 24.92

Actualización de la base:

S199601183ECUA1

RA = $ 463.503, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará este último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000); sin embargo solo se reconocerá el porcentaje equivalente a su incapacidad médico laboral permanente, esto es 3.75%, lo cual arroja el resultado de

Entonces:

Ra = $ 28.875

I = interés puro o técnico: 0.004867

S199601183ECUA2
 

S = $ 28.875 x 476,180

S = $ 13’749.697

Futuro: por el resto del periodo de vida probable de la víctima directa, esto es 342 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S199601183ECUA3
 

S = $ 28.875 X 166,476

S = $ 4’807.010

Total perjuicios materiales para la víctima directa: dieciocho millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos siete pesos ($ 18’556.707).

2.5.3. Perjuicios por daño a la salud.

En relación con el perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una lesión a la integridad física del señor Elkin Uribe Monsalve, el cual fue establecido por el Tribunal a quo en 500 gramos de oro, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011,(46) en las cuales se precisó:

“De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, comoquiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(47).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

“Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

“(...).

“En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo” (negrillas del texto original).

Así mismo, la Sala en sentencia del 28 de marzo de 2012, Expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros,(48) determinó, de acuerdo con el principio del arbitrio iuris, los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a su contenidos objetivo (estático) y subjetivo (dinámico); en la providencia se estableció:

“El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley.

De allí que sí existen criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma:

1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás

2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v. gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobby” ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros). En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, en principio no se podrá reconocer una suma superior a 400 smmlv, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud.

Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima.

No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave”.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, esto es una incapacidad del 100%, se ha concedido por daño a la salud el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto el porcentaje de incapacidad del señor Elkin Alonso Uribe Monsalve, esto es el 3,75%, y las secuelas físicas de carácter permanente como consecuencia de las quemaduras que padeció, la Sala confirmará la condena impuesta en la suma de 500 gramos oro, pero la convertirá a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, es decir 50 smlmv, lo anterior en virtud de que dicho monto resulta proporcional con la lesión sufrida, así como resulta ajustado a los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia(49).

A lo anterior cabe agregar que si bien al señor Uribe Monsalve si bien como consecuencia de sus quemaduras le fue establecida una pérdida de capacidad laboral equivalente al 3.75%, lo cierto es que según los certificados médicos padeció quemaduras en la mayoría de sus miembros, las cuales tienen secuelas y cicatrices de carácter permanentes, razón por la cual dichas lesiones en la piel aunque no repercuten directamente en el desempeño laboral, si repercuten directa e indirectamente en su estado psicológico, autoestima y satisfacción, todo lo cual sirve de fundamento adicional para confirmar el reconocimiento de la indemnización antes relacionada a su favor.

2.6. Sobre la obligación de las llamadas en garantía.

Según se acreditó en el proceso, la EPM suscribió el 6 de octubre de 1990 la póliza de seguro 1402 de responsabilidad civil de empresas, con las compañías aseguradoras La Previsora S.A. y Suramericana de Seguros S.A., la cual estableció un amparo global de $ 3.000’000.000 por cada accidente; de igual forma se aprecia que dicha póliza estableció un monto deducible por siniestro por la suma de US $ 10.000.

Se encuentran también prórrogas y modificaciones de la aludida póliza con fechas 6 de octubre de 1991, 5 de octubre de 1992 y 6 de noviembre de 1993, esta última con vencimiento hasta el 5 de noviembre de 1994, es decir dicha póliza se encontraba vigente para la época de ocurrencia del daño que originó el presente litigio. Cabe anotar adicionalmente que en esa última prórroga estableció como monto deducible por siniestro la suma de US $ 50.000(50).

Así las cosas, se impone confirmar la decisión proferida por el tribunal de primera instancia en el sentido de condenar a las compañías llamadas en garantía a reintegrar, hasta el límite del valor asegurado y de conformidad con la proporción que a cada una de ellas les corresponda según la póliza, las sumas que la EPM tenga la obligación de cancelar por la condena impuesta.

De igual forma, se confirmará la decisión de tener en cuenta para efectos de calcular el valor deducible, el valor de la moneda extranjera (dólar de estados unidos), para el momento en que fue contraída la obligación, esto es para el día 6 de noviembre de 1993, fecha en la cual se renovó el contrato de seguro y estableció el monto de US $ 50.000 como valor deducible por siniestro. Lo anterior en virtud del artículo 79 de la Resolución Externa 8 del 2000(51) expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“ART. 79.—Obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta” (negrillas adicionales).

Así las cosas, y comoquiera que en la mencionada póliza de seguros no se estableció un acuerdo expreso respecto de cuál debía ser la tasa de cambio frente al valor deducible por siniestros, se tomará en cuenta para esos efectos, la tasa establecida en la normatividad antes transcrita, circunstancia que —como se dijo—, impone también en ese aspecto la confirmación de la decisión impugnada.

2.7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de noviembre de 2003, la cual quedará así:

1. Declarar a las Empresas Públicas de Medellín responsable de los daños y perjuicios causados a los señores Elkin Alonso, Jhon Fernando, Omar Enrique, Gladis Stella Uribe Monsalve y María Bernarda Monsalve Uribe, en hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994.

2. En consecuencia, condenar a las Empresas Públicas de Medellín a pagar las siguientes cantidades y por los siguientes conceptos:

2.1. Por indemnización de perjuicios morales, los montos relacionados a continuación a favor de las siguientes personas:

Elkin Alonso Uribe Monsalve (víctima directa)50 smmlv
María Bernarda Monsalve (madre)20 smmlv
Jhon Fernando Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Elkin Alonso Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Omar Enrique Uribe Monsalve (hermano)20 smmlv
Gladys Stella Uribe Monsalve (hermana)20 smmlv

2.2. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales a favor del señor Elkin Alonso Uribe Monsalve, la suma de dieciocho millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos siete pesos ($ 18’556.707).

2.3. Por concepto de indemnización por daño a la salud la suma de 50 smlmv a favor del señor Elkin Alonso Uribe Monsalve.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Las Empresas Públicas de Medellín podrán solicitar a las compañías La Previsora S.A. y Suramericana de Seguros S.A., el reembolso de lo pagado, con la advertencia hecha en la parte motiva. Para todos los efectos, en especial el deducible, se tomará como tasa representativa del mercado la de $ 817.06 por cada dólar americano, vigente para la época en que se contrajo la obligación de aseguramiento.

2. Sin condena en costas.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) Decreto 597 de 1988.

(19) Al respecto, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es del siguiente tenor literal: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones” (negrillas adicionales).

(20) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente 21.515.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril del 2010, Expediente 18.646, y la proferida el 27 de enero de 2012, Expediente 18.289, ambas con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, Expediente 10.024.

(23) Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, pp. 38 y 43.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de mayo de 2007. Expediente 16.898 M.P. Enrique Gil Botero.

(26) Sin perjuicio de lo anterior, esto es de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por la concreción de un riesgo excepcional, resulta necesario precisar que el juez puede, en todos los casos, ejercer una labor de control de la acción administrativa del Estado, por manera que si las pruebas evidencian una falla del servicio que revele el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad demandada, bien por acción o por omisión, no hay duda de que esta debe ser declarada.

Al respecto resulta pertinente señalar que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, en el sentido de determinar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “...debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”.

Es que las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. En ese sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 2008, Expediente 16.235 y del 23 de abril de 2009, Expediente 17.187, entre muchas otras.

(27) Folio 26, cuaderno 1.

(28) Folio 24, cuaderno 1.

(29) Folio 137, cuaderno 1.

(30) Folio 112, cuaderno 1.

(31) Folio 46, cuaderno 1.

(32) Folio 135, cuaderno 1.

(33) Folios 119 a 121, cuaderno 1.

(34) Folios 124 a 126, cuaderno 1.

(35) Folios 126 a 127, cuaderno 1.

(36) Folios 127 a 129, cuaderno 1.

(37) Folios 131 a 132, cuaderno 1.

(38) Folio 24, cuaderno 1.

(39) Folio 137, cuaderno 1

(40) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392).

(41) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(42) Folios 1 a 15, cuaderno 2.

(43) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646. M.P. Alier E. Hernández Henríquez.

(44) Pues de conformidad con el registro civil de defunción la referida persona nació el 28 de noviembre de 1978 (fl. 3, cdno. 1).

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2012. Expediente 23901. Consultar también las sentencias del 23 de mayo de 2012, Expediente 24.861 y sentencia del 19 de julio de 2001, Expediente 13.086 M.P. Alier E. Hernández, entre otras.

(46) Ambas con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.

(47) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 71 y ss.

(48) M.P. Enrique Gil Botero.

(49) Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de enero de 2014, Expediente 30.336.

(50) Folios 54 a 88, cuaderno 1.

(51) “Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales”.