Sentencia 1996-01416 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 050012324000199601416 01

Rad interna.: 19.423

Consejero Ponente:

Actor: José Arles Villada y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Dr. Enrique Gil Botero

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) los hechos probados; 2) valoración probatoria y conclusiones, 3) liquidación de perjuicios, y 4) condena en costas.

1. Los hechos probados.

Del acervo probatorio allegado al proceso se destaca:

1.1. Obran copias íntegras y auténticas de las principales providencias proferidas en el proceso penal 13.420, adelantado por la Fiscalía General de la Nación contra José Arles Villada Villada, por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo del menor Jorge Orlando Passos Hoyos, medios de convicción que serán valorados toda vez que fueron solicitados por ambas partes, y porque se surtieron con audiencia de las mismas, cumpliendo así las previsiones del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(1), en relación con la eficacia y valoración de la prueba trasladada.

Del citado cúmulo probatorio, se resaltan los siguientes:

1.1.1. Concepto emitido por la procuraduría judicial delegada ante los jueces regionales de Medellín, contentivo de las alegaciones finales previas a la calificación del sumario, donde se puntualizó:

“Destaca de este aparte el Ministerio Público, que en relación con este episodio, acuerdo frustrado del pago del rescate, lo actuado no presenta prueba que diga de su real ocurrencia, esto es, si se dio o no, puesto que si bien, las pesquisas adelantadas por estos servidores de la autoridad resultaron de gran efectividad, ahora y, tal como se tornó la situación de compromiso para las personas que fruto del infortunio o mera casualidad resultaron involucradas, se reitera, tal situación al parecer se creó o se le dio vida como sustento de una anotación, dirección de la cafetería “Miranda”, que se dice se incautó en poder del capturado JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA, hecho que este mismo desconoció y ha desconocido a lo largo de la investigación.

“(...) La situación de compromiso del señor JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA, como por fortuna lo ratificó en sus versiones el joven AURELIO DE JESÚS CASTAÑO BERNAL, se debió a una ligereza suya, pues dijo no conocer a este personaje, que no hizo entrega del paquete a nadie y que todo se debió a que, como me agarró la Policía “...entonces me asusté y señalé a otra persona como la que me había mandado por el paquete, pero ese señor no era”. Que todo fue tramado por el señor OMAR DE JESÚS GARICA (sic) con quien trabajaba vendiendo mercancía, que él mismo le dijo que el niño era su hijo, que a este lo despojó OMAR de una cadena de oro, la que empeñó en $ 12.000, dinero con el que se trasladaron a la casa de la señora DEYANIRA quien les guardaba la mercancía y a quien le dijo igualmente que se trataba de su hijo.

“(...) Sugiere el Ministerio Público, dada la injusta detención que en la actualidad padecen, que para que disfruten de su libertad de inmediato, en la misma resolución de calificación se revoque la medida de aseguramiento proferida en su contra.

“(...)” (fls. 100 a 104, cdno. ppal. - mayúsculas del original).

1.1.2. Sentencia absolutoria del 6 de diciembre de 1995, proferida por el Juzgado Regional de Medellín, en la que se concluyó lo siguiente:

“(...) A folio 139 se hace agrega (sic) constancia de diligencia de reconocimiento en fila de personas en la que se incluye a JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA, no siendo reconocido por los padres del infante secuestrado como quien participó en el ilícito o por lo menos, como quien se hospedaba en el HOTEL CHOLOQUISTO de nombre OMAR y que fue quien se llevó al menor.

“Por su parte, el menor AURELIO DE JESÚS CASTAÑO BERNAL a quien se le imputa el hecho de recibir el paquete de los VEINTE MILLONES DE PESOS, declara bajo juramento ante Unidades del grupo UNASE a folio 154, manifestando OMAR DE JESÚS GARCÍA quien era su patrón, que efectivamente OMAR era quien tenía al niño y que a él, a AURELIO le tocó en varias oportunidades llevarlo a la cada donde fue rescatado y que fue él también quien le recogió el paquete a una señora, a quien OMAR previamente le había descrito. Es de anotar, que nada se le indaga en relación con JOSÉ ARLES VILALDA VILLADA y su aprehensión, pero a folio 166, manifiesta que no conoce a JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA y que el día de los hechos, no alcanzó a entregar el paquete a nadie porque la Policía lo retuvo antes de entregárselo a OMAR DE JESÚS GARCÍA que era a quien debía entregárselo y que “entonces me asusté y señalé a otra persona como la que me había mandado por el paquete pero ese señor no era.”, reiterando al finalizar su declaración que “...sólo que no conozco a ese otro señor, sólo que me asusté y dije que él era el que me había mandado por el paquete”; se refería al justiciable JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA.

“(...) Es de anotar, que es creíble para este Despacho el relato que hace el acusado para justificar su desprevenida presencia en el lugar en que fue también detenido el menor AURELIO DE JESÚS CASTAÑO BERNAL... No se sale de la realidad lo manifestado por él, en el sentido de que a esas horas en que fue aprehendido, salía de un cine.

“(...) Queda suficientemente claro por lo vertido en el proceso, que a VILLADA VILLADA en ningún momento se le entregó el paquete extorsivo... Dicho apresuramiento le crea dudas al Despacho en relación con la versión entregada por los agentes que adelantaron el operativo, cómo que si VILLADA VILLADA no recibió efectivamente el paquete, difícil es, por no decir imposible, que aquellos hubiesen escuchado el pedimento si lo hacía VILLADA VILLADA de palabra.

“(...) Es necesario concluir entonces, que al no darse el segundo presupuesto a que hace alusión el art. 247 del Código de Procedimiento Penal para proferir fallo condenatorio, esto es, que para este Despacho Judicial, no obra en el proceso que se adelantó en contra de JOSÉ ARLES VILLADA VILLADA por el punible de secuestro extorsivo, por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en pruebas legalmente producidas, el justiciable es merecedor de SENTENCIA ABSOLUTORIA y esta será la decisión” (fls. 135 a 159, cdno. ppal. - mayúsculas del original).

1.1.3. El tribunal nacional, en sede del grado jurisdiccional de consulta, confirmó en sentencia del 12 de marzo de 1996, la decisión proferida por el juez regional de Medellín, con fundamento en lo siguiente:

“(...) Lo que hasta aquí se advierte, es que los mencionados agentes, movidos quizá en su afán de rescatar a la víctima, se precipitaron en la aprehensión de Villada Villada y es posible que el ocasional encuentro de este con el menor Aurelio de Jesús los hubiera confundido, pues obsérvese, cómo a pesar de la sinceridad que demostró el menor Castaño Bernal, en ninguna de las versiones que rindió dentro del proceso involucró al encausado, o dijo tan siquiera conocerlo o haberlo visto con anterioridad; por el contrario, en la oportunidad en que fue concretamente interrogado sobre el particular, lo dejó al margen de la empresa delictiva, pues en forma clara y contundente afirmó que Villada Villada no participó en tal ilícito, y que su captura obedeció a que, en el momento en que lo interceptaron los agentes, lo señaló por el temor que tal situación le produjo.

“(...) Lo anterior permite concluir, como se dijo, que ninguno de los cargos por los que acusó a José Arles Villada lograron ser suficientemente probados dentro del proceso, como tampoco desvirtuadas sus exculpaciones, razón por la que es el artículo 445 del estatuto procesal penal la norma que tiene cabida y aplicación en este caso, pues la absolución del acusado se impone, por cuanto, como lo ha reiterado esta Sala, conforme al texto del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, para que se pueda proferir resolución de acusación basta que las pruebas legalmente aducidas aporten la certeza del hecho punible y una probabilidad elevada sobre la responsabilidad penal del procesado, pero cuando se trata de adoptar una determinación de mayor jerarquía, como es la de condenar, ya se hace imprescindible que exista, a más de la prueba que haga evidente la ocurrencia del hecho punible, aquella que aporte la certeza de la responsabilidad penal del enjuiciado.

“(...)” (fls. 135 a 170, cdno. ppal.).

1.2. A folio 85 del cuaderno principal obra certificación suscrita por la compañía Jorge Montañez y Cía. Ltda., en la que se hace constar:

“A quien pueda interesar certificamos que el señor José Arles Villada Villada identificado en cédula de ciudadanía 70.102.916 expedida en Medellín, laboraba con nuestra firma desempeñando en el cargo de contratista (sic) en la obra “remodelación de planta de tratamiento de manantiales” la cual ejecutamos para las Empresas Públicas de Medellín, según contrato civil de obra AC-1257906, con un ingreso mensual aproximado de $ 600.000, durante el tiempo que laboró con nosotros se ha distinguido por su gran responsabilidad, cumplimiento, colaboración y honorabilidad...” (fl. 85, cdno. ppal.).

1.3. Registros civiles de nacimiento de Yulima Andrea, Deisy Adalid y John Ferney Villada Valencia, donde consta que sus padres son José Arles Villada Villada e Imelda María Valencia Valencia (fls. 3 a 5 cdno. ppal.). Además, reposa declaración de Matilde Bedoya y María Carlina Betancur de Ruiz, en la que se hace constar que José Arles e Imelda María conviven en unión libre desde el año de 1980, bajo el mismo techo con sus tres hijos y sostienen relaciones fraternas (fl. 2 cdno. ppal.).

2. Valoración probatoria y conclusiones.

El daño antijurídico se encuentra establecido, como quiera que el señor José Arles Villada Villada, estuvo privado de la libertad en razón de una medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por un fiscal regional como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo. En ese orden de ideas, los actores padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos que no están en la obligación de soportar ya que el ordenamiento jurídico no se los impone.

Ahora bien, existe incertidumbre acerca de la fecha en la que se produjo la privación de la libertad del ciudadano Villada Villada, circunstancia por la que, con base en las providencias penales allegadas a este plenario, se tendrá la indicada en la demanda, esto es, el 29 de diciembre de 1993, como día en el que se produjo la detención. En consecuencia, el período durante el cual se prolongó la privación de la libertad comprende la fecha de captura y el 12 de marzo de 1996, en que se confirmó la decisión absolutoria y, por ende, se ordenó su libertad inmediata. Además, no existe soporte probatorio que permita inferir, a diferencia de lo sostenido en la demanda, que el sindicado fue liberado el 19 de marzo de 1996.

De otro lado, la Sala aclara que al haber sido proferida la medida de aseguramiento bajo la vigencia del decreto, Ley 2700 de 1991, la norma aplicable para definir la responsabilidad extracontractual del Estado, en el caso concreto, es el artículo 414 de esa codificación procesal penal.

Entonces, tratándose del régimen de responsabilidad patrimonial - extracontractual del Estado, derivado de la administración de justicia, es necesario reiterar los planteamientos contenidos en diversas sentencias proferidas de manera reciente por esta corporación(2):

Los eventos en los que la privación de la libertad se produjo en vigencia del decreto — Ley 2700 de 1991 (CPP), al margen de la abrogación de esa normativa, es necesario observar las reglas contenidas en la misma para determinar si el régimen aplicable conforme al artículo 414 es objetivo o subjetivo, debido a que ese precepto contenía y regulaba la responsabilidad patrimonial del Estado. Por consiguiente, si la absolución o la preclusión se producía porque: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, o iii) la conducta no constituía hecho punible, el régimen que gobierna la situación jurídica, por expresa disposición legal, es el objetivo, mientras que si la libertad se concedía por cualquier otra causa se imponía el estudio de la responsabilidad desde una perspectiva subjetiva (v.gr. la acción penal estaba prescrita, no se cumplían con los requisitos de la medida de aseguramiento, entre otros factores).

Así mismo, desde el esquema del artículo 414 del Decreto - Ley 2700 de 1991, se aceptó la posibilidad de estudiar, bajo la perspectiva objetiva, el escenario en que la libertad se produce en aplicación del principio constitucional del in dubio pro reo. En efecto, en sentencia de 4 de diciembre de 2006, se precisó in extenso(3):

“No obstante, en pretérita ocasión la Sala ha procurado deslindar dos situaciones de diversa índole que pueden tener lugar cuando se absuelve a personas que han sido previamente sujetas a medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Se ha sostenido, en dicha dirección, que unas son las circunstancias en las que a esa decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado —deficiencia probatoria que también afectaría la legalidad de la orden de detención preventiva—, y otras diversas las que tendrían lugar cuando la absolución deriva de la aplicación del beneficio de la duda. Así pues, frente a un evento de falta de prueba y encarcelamiento por sospecha, se sostuvo(4):

“En lo que hace a los motivos por los cuales el hoy demandante obtuvo absolución respecto del cargo que por homicidio se le formuló, de las anteriores providencias se extrae que la razón fundamental por la cual se produjo dicha decisión se contrajo a la falta de prueba que permitiera incriminar a dicho sujeto procesal. Analizado el contenido de la valoración probatoria allegada al presente proceso se observa, que (...) ninguna prueba que lo incriminara directamente como autor material de dicho delito. Por el contrario, se constató, la inexistencia en toda la investigación de prueba directa que incriminara a los acusados.

“En este orden de ideas y sin mayores análisis de la propia percepción probatoria inequívocamente expresada por el juzgador penal, se echa de menos la justificación para la privación de la libertad del hoy demandante, pues del contenido de la providencia de primera instancia se concluye que lejos de la existencia de indicio de responsabilidad, el hoy demandante fue vinculado al proceso sobre la base de un testimonio del cual no surgía ni por asomo el indicio requerido a más de que adoleció de notorias deficiencias como acaba de verse.

“Y se dice que no se comparten dichas apreciaciones, base de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, toda vez que, como se ha observado, antes que duda, lo que se evidenció durante la investigación, fue ausencia total de prueba incriminatoria para el hoy demandante. (...) De lo dicho se tiene, que una de las razones por las cuales no se logró dentro de la investigación penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscalía en dicha labor, circunstancia que justifica aún más la condena que habrá de imponerse, habida consideración de que la acción punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a este a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real.

“Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función, depende el buen éxito de la investigación, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento.

“La Sala no pasa por alto la afirmación contenida en la providencia del tribunal nacional que hizo suya el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de que la conducta de los implicados no aparecería limpia de toda ‘sospecha’, pues entiende, que frente a la legislación procesal penal colombiana, la sospecha no existe y mucho menos justifica la privación de la libertad de una persona.

“Se observa sí que teniendo presente que la responsabilidad derivada de privación injusta de la libertad es de carácter objetivo, es a la parte demandada, para el caso la Nación, Ministerio de Justicia, a quien correspondía adelantar la labor probatoria que apuntara al acreditamiento de una eventual causal de exoneración, conducta que echa de menos esta corporación, pues ha de repararse en que cuando se le endilga a la Nación la privación de la libertad de una persona, es ella la llamada a acreditar las causales de exoneración” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

“En el pronunciamiento que se acaba de referir, entonces, la responsabilidad del Estado se derivó de la inexistencia de probanza alguna en contra del imputado. Sin embargo, en la misma sentencia, la Sala razonó en torno al otro supuesto al que aquí se ha aludido, esto es, aquel en el cual la absolución se impone como consecuencia de la aplicación del “in dubio pro reo”, en los siguientes términos:

“En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatoria. Sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria.

“La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del art. 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de ‘sospechoso’ y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta.

“Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento.

“Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio In dubio pro reo. Pero lo que si debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución” (negrillas y cursiva fuera del texto original).

“La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían —probablemente— conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título —ex post— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

“Adicionalmente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba. La “ley de la ponderación”, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, enseña que el detrimento del derecho o interés jurídico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, la utilidad o el resultado positivo que se obtenga respecto del bien, derecho o interés jurídico que se hace prevalecer, a través de la “regla de precedencia condicionada” que soporta la alternativa de decisión elegida para resolver el supuesto específico. En otros términos, "cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”(5).

“En el sub lite, la colisión entre bienes e intereses en conflicto —juicio de proporcionalidad— se da de la siguiente manera: de un lado, se tiene el interés general concretado en la eficaz, pronta y cumplida administración de justicia; de otro, se encuentra la esfera de los derechos fundamentales, las garantías individuales y los derechos patrimoniales de los cuales es titular el ciudadano Audy Hernando Forigua Panche, afectados con la medida de detención preventiva. Si se admite que la medida cautelar resultaba idónea y necesaria en aras de la consecución del fin al cual apuntaba —la pronta, cumplida y eficaz prestación del servicio público de administrar justicia—, se impone el siguiente cuestionamiento: ¿Justificó la prevalencia de este último fin, interés o principio jurídico, el detrimento sufrido por la libertad personal y demás derechos radicados en cabeza del señor Forigua Panche, los cuales se vieron afectados o sacrificados, al menos parcialmente, como consecuencia de haber sido privado de la libertad durante un lapso aproximado de dos años?

“Como quiera que la respuesta es claramente negativa, si se tiene en cuenta que la detención preventiva a nada condujo, pues el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al individuo y en manera alguna se justificó la notable afectación a dichos derechos fundamentales, la medida no satisfizo las exigencias de la referida “ley de la ponderación” y resultó manifiestamente desproporcionada, de manera que supuso un sacrifico especial para el particular, que supera —con mucha diferencia— las molestias o cargas que cualquier individuo ha de asumir por el hecho de vivir en comunidad. No estaba, por tanto, el señor Forigua Panche, en la obligación de soportar los daños que el Estado le irrogó, mismos que deben ser calificados como antijurídicos y cuya configuración determina, consecuencialmente, el reconocimiento de la respectiva indemnización de perjuicios.

“No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos. Los tres aludidos extremos se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dará cuenta a continuación. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario” (negrillas y subrayado del original).

De otro lado, al amparo de la nueva legislación, los artículos 66 a 69 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia), contienen las hipótesis bajo las cuales el Estado puede resultar responsable, a causa de: i) privación injusta de la libertad, ii) error jurisdiccional, o iii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Identificado el supuesto de responsabilidad, se deberá determinar el título de imputación aplicable al caso concreto, bien a través de un sistema subjetivo de falla del servicio, o mediante uno de naturaleza objetivo.

En eventos de privación injusta de la libertad, se deben tener en cuenta algunos aspectos y parámetros que, en los últimos años, han sido trazados por la jurisprudencia de esta corporación, criterios que podrían catalogarse en los siguientes términos:

i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(6).

En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que está derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere significar, entonces, que la corporación esté modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.

ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo(7)strictu sensu—, de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006)(8) y 15.463 (2007)(9), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso.

En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio —que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado—(10), manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible.

En estos supuestos es lógico que el régimen de responsabilidad sea objetivo como quiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del servicio sería someterlo a una especie de probatio diabolica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garantía constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el daño que se irrogó con la detención.

En efecto, la herramienta del in dubio pro reo —stricto sensu— opera como bisagra en la tensión que se genera en el poder público —y, concretamente, la represión penal— frente al principio de libertad, para darle prevalencia a este último en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad(11), razón por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situación restrictiva en la que le limita sus garantías públicas para garantizar su comparecencia al proceso, razón por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas.

Como lo precisó el excelso profesor Norberto Bobbio, “...frente a la gran antítesis entre libertad y poder que domina toda la historia humana —por la que en las relaciones entre individuos y grupos cuanto mayor es la libertad tanto menor es el poder y viceversa—, es buena y por consiguiente deseable y defendible la solución que amplía la esfera de la libertad y restringe la del poder, o, con otras palabras, aquella para la cual el poder debe ser limitado a fin de permitir a cada uno gozar de la máxima libertad compatible con la igual libertad de todos los demás”(12).

iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado principio del in dubio pro reo. Por consiguiente, en estos eventos, es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso administrativo de reparación, demuestre, de manera clara, que la privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado este de una ausencia probatoria que sustentara la detención preventiva.

Sobre el particular, la Sala sostuvo:

“Una de las razones por las cuales no se logró dentro de la investigación penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscalía en dicha labor, circunstancia que justifica aún más la condena que habrá de imponerse, habida consideración de que la acción punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a este a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real. Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función, depende el buen éxito de la investigación, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento. Ya se observó que para proferir la medida de aseguramiento de detención la norma procesal penal exige el acreditamiento del indicio grave de responsabilidad, Así las cosas, para la Sala resulta claro que en el presente asunto se configura una privación injusta de la libertad, y así habrá de declararse.

“(...) En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatoria, sin embargo aun que se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del art. 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación”(13).

No es que se sitúe, por capricho, a la persona en un grado mayor de exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la decisión no se refiere a la aplicación del principio de la duda razonable —porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no existen medios probatorios en ninguno de los extremos de la relación procesal—, es necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria(14).

El anterior planteamiento, lejos de desconocer el principio y valor supremo de la libertad, supone la importancia de decretar la responsabilidad de la entidad pública bajo la perspectiva subjetiva, lo que permitirá eventualmente mejorar las políticas públicas sobre la materia y, de paso, abrir en la medida de las posibilidades la viabilidad a la acción de repetición en contra del funcionario que eventualmente al actuar con dolo o culpa grave desencadenó el daño.

Además, no se sitúa con esta hermenéutica a la parte afectada con la privación de la libertad en una situación probatoria en extremo difícil; por el contrario, si la detención fue arbitraria e ilegal, será fácil acreditar esa circunstancia lo que permitirá que el juez de lo contencioso administrativo valore el grado de subjetividad con que se actuó en el caso concreto.

iv) Como se aprecia, en cada evento específico de reparación por privación injusta de la libertad, corresponde determinar a las partes y al operador jurídico en qué supuesto se enmarcó dicha privación, a efectos de tener claridad sobre el título de imputación aplicable al caso, como quiera que no toda absolución, preclusión de la investigación, o cesación del procedimiento penal, se deriva de la aplicación del instrumento del in dubio pro reo, motivo por el cual, no siempre se deducirá la responsabilidad de la organización pública a través de un régimen de naturaleza objetiva.

v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia—, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás hipótesis que desborden ese concreto y particular marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal.

Además, no sobra recordar que en aquellos eventos en que no obstante la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.

No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; no obstante, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia, tal y como ocurrió en la sentencia de 14 de abril de 2010, expediente 18960, oportunidad en la que sin importar que al sindicado se le hubiera absuelto porque no cometió el hecho que se le imputaba penalmente, la Sala declaró la falla del servicio en aras de emitir un juicio de valor frente al comportamiento gravemente irregular de la entidad demandada, circunstancia que, en ese caso concreto, motivó que se adoptaran medidas de justicia restaurativa encaminadas inclusive a establecer la verdad de los execrables acontecimientos por los que se inició la instrucción penal que conllevó al demandante a estar privado de manera arbitraria de la libertad.

Esa posibilidad con que cuenta el juez de lo contencioso administrativo no es nada disímil a la aplicación efectiva del principio del iura novit curia, que permite al juez de lo contencioso administrativo adecuar el régimen de responsabilidad de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales trazados en los precedentes, pero también conforme a los supuestos fácticos establecidos en cada proceso en concreto.

vi) Por último, la Sala en sentencia de 9 de junio de 2010(15), reconoció la existencia de un título jurídico de imputación autónomo, consistente en la posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho de haber estado vinculada la persona a un proceso penal, al margen de que exista o no privación o restricción efectiva de la libertad, ya que, en estos escenarios, aunado al hecho de la acreditación del daño antijurídico y su real materialización, será posible deprecar la responsabilidad del Estado siempre que se compruebe la existencia de una falla del servicio imputable a la entidad demandada, relacionada con la falta de los presupuestos necesarios para adelantar la respectiva investigación o juicio penal(16).

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra demostrado que el señor José Arles Villada Villada, estuvo privado de la libertad durante el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1993 y el 19 de marzo de 1996.

En el caso concreto, la lectura de la providencia de absolución a favor de José Arles Villada Villada, proferida por el otrora tribunal nacional, es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica por la privación injusta de la libertad, esto es, la declaratoria de responsabilidad extracontractual contra la Fiscalía General de la Nación porque su comportamiento fue el determinante en la producción del daño.

En efecto, no le asiste razón a la demandada impugnante por lo siguiente: i) existió un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad que el sindicado no se encontraba en la obligación de soportar toda vez que el ordenamiento jurídico no le imponía ese deber, y ii) porque el daño deviene imputable, de manera objetiva, a la Fiscalía General de la Nación como quiera que no obstante imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva no logró desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a José Arles Villada, circunstancia por la que, prima facie, el daño le es atribuible y, por lo tanto, está obligada a su reparación salvo prueba de la existencia de una causa extraña, circunstancia que no acaeció en el sub examine, tanto así que el fallador de primera y segunda instancia en el proceso penal arribaron a la misma conclusión, esto es, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad penal del sindicado en el secuestro del menor Jorge Orlando Passos Hoyos.

De allí que sea irrelevante, a diferencia de lo sostenido por la señora procuradora delegada ante esta corporación, analizar la existencia o configuración de una falla del servicio en la administración de justicia, puesto que a los demandantes les bastaba establecer la existencia del daño antijurídico y la imputación fáctica entre el comportamiento de la demandada y la materialización de aquel, aspectos que quedaron demostrados a partir de las providencias penales de absolución proferidas por el Juzgado Regional de Medellín y el tribunal nacional.

En esa perspectiva, se impone la confirmación del fallo apelado por cuanto guarda consonancia con los postulados trazados por la jurisprudencia de esta corporación, máxime si aún bajo el escenario analizado en el caso concreto, esto es, la absolución del sindicado producto de la aplicación del principio constitucional del in dubio pro reo, en su versión estricta (strictu sensu) hay lugar a declarar bajo la égida objetiva, por el quebrantamiento de las cargas públicas, la imputación jurídica del daño en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, no era necesario abordar un análisis hermenéutico de las sentencias penales, en aras de establecer si el motivo de absolución fue que el sindicado no cometió el hecho punible o si, por el contrario, no se desvirtuó la garantía fundamental relativa a que la duda se resuelve a favor del procesado, ya que cualquiera de las dos hipótesis se define, se insiste, bajo un régimen objetivo de responsabilidad en el que el demandado sólo se exonera con la acreditación de una causa extraña que enerve la imputación fáctica lo que no ocurrió en el asunto bajo examen, y que conlleva a que se confirme la decisión contenida en la sentencia impugnada.

Por último, la liquidación de perjuicios se limitará a la actualización y conversión de las sumas reconocidas en primera instancia, por cuanto opera la restricción impuesta en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, en los términos del artículo 31 superior y artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

3. Liquidación de perjuicios.

3.1. Perjuicios materiales: para la actualización de los perjuicios materiales, esto es, el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se empleará la siguiente fórmula:

Ra = Rh Índice final

------------------

Índice inicial

Ra = Rh ($48.717.240) índice final – enero /2011 (106,19)

------------------------------------------= $84.863.578,oo

índice inicial – julio/2000 (60,96)

Ra="$84.863.578"

3.2. Perjuicios morales.

Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(17).

Por consiguiente, al efectuar la conversión por equivalencia entre gramos de oro y salarios mínimos mensuales, las sumas a pagar por este concepto son las siguientes:

José Arles Villada Villada
100 SMMLV
Imelda María Valencia Valencia
70 SMMLV
Yulima Andrea Villada Valencia
50 SMMLV
Deisy Adalid Villada Valencia
50 SMMLV
John Ferney Villada Valencia
50 SMMLV

4. Condena en costas.

Al margen que el recurso de apelación no haya prosperado, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la Sala se abstendrá de condenar en costas a las partes del presente proceso, por cuanto no se evidencia que hayan actuado con temeridad o mala fe.

En consecuencia, la sentencia apelada será modificará en ese específico tópico.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modifícase la sentencia del 14 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Como consecuencia de lo anterior, declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

1) A título de lucro cesante consolidado para José Arles Villada Villada, la suma de ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos $ 84.863.578.

2) Por daño moral, los valores que se determinan a continuación, todos ellos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

José Arles Villada Villada
100 SMMLV
Imelda María Valencia Valencia
70 SMMLV
Yulima Andrea Villada Valencia
50 SMMLV
Deisy Adalid Villada Valencia
50 SMMLV
John Ferney Villada Valencia
50 SMMLV

 

4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Absuélvese en costas a la entidad demandada.

6. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 15.498, M.P. Enrique Gil Botero, y Cf. sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.308, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves.

(5) Cfr. Alexy, R., Teoría de los derechos fundamentales, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pág. 161-167; Vid., igualmente, Rodríguez de Santiago, J.M., La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2.000.

(6) Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) “La certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mínimo está, al contrario, en que ningún inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que también algún culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones políticas contrapuestas: por un lado, la máxima tutela de la certeza pública respecto de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la máxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias... La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares y sus garantías. Y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es necesaria la prueba —es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva— no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas...” Ferrajoli, Luigi “Derecho y Razón”, Ed. Trotta, pág. 106.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.,

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) “Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera.” Ferrajoli, Lüigi “Derecho y Razón”, Ed. Trotta, pág. 151- 152.

(11) “Lo cito sólo para destacar la distinción fundamental entre la definición de libertad como sólo la inexistencia de obstáculos que se opongan a que yo haga lo que quiera (lo cual, presumiblemente, sería compatible con una vida muy estrecha, estrechada por la influencia que ejercerían sobre mí fuerzas personales e impersonales, la educación o las leyes, el amigo o el enemigo, el maestro y el pariente, o inclusive estrechada conscientemente por sí mismo), y la libertad como una gama de posibilidades objetivamente presentes, independientemente de que se les desee o no, aun cuando sea difícil o imposible dar reglas para medir o comparar grados de la misma, o para estimar diferentes situaciones respecto de ella”. Berlin, Isaiah “De la esperanza y el miedo liberado” en “El estudio adecuado de la humanidad - colección de ensayos”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2009, pág. 131.

(12) Bobbio, Norberto en el prólogo del libro “Derecho y Razón” de Luigi Ferrajoli, Ed. Trotta, 2001, pág. 14.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, Exp. 11.754, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(14) “Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática.” Foucault, Michel “Vigilar y Castigar”, Ed. Siglo Veintiuno, 27ª ed., pág. 173. “Como lo muestran los objetos anteriores, la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma.” Rawls, John “Teoría de la Justicia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, pág. 273.

(15) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 19312.

(16) “¿Quieres acaso perder el proceso? ¿Sabes lo que eso significaría? Significaría sencillamente quedar anulado, al igual que tus parientes o, por lo menos, estos quedarían humillados hasta el suelo. ¡Josef recóbrate! Tu indiferencia me saca de quicio. Al mirarte podría afirmarse la verdad del proverbio: “Sufrir un proceso es casi haberlo perdido”” (Se destaca) Kafka, Franz “Obras completas”, tomo II, Ed. Teorema, Barcelona, 1983, pág. 559.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646.

 

Aclaración de voto

Aunque compartí la decisión adoptada en sentencia de 24 de marzo de 2011, me permito aclarar voto en cuanto al siguiente aspecto: necesidad de aclarar la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 aún después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996.

Necesidad de aclarar la aplicación del artículo 414 de Decreto 2700 de 1991aún después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996.

La Sala en su precedente señala claramente que los supuestos o hipótesis previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 son aplicables, operando su vigencia relativa temporal, para imputar objetivamente la responsabilidad del Estado con ocasión de la privación injusta de la libertad de una persona, aún con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996(1).

Pero queda la duda que la Sala no avale “una aplicación ultractiva” del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 que está derogado, “sino de los supuestos que se regulan de manera específica en el mismo”. Si se reconoce que los hechos ocurridos bajo la vigencia de dicha norma pueden ser encuadrados en los supuestos señalados en la norma, sería contradictorio planear de la ley en el tiempo está “íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la teoría general del derecho, es clara la aplicación del principio “Tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la teoría del derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc”(2).

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“... en relación con la ultraactividad de la ley, los conflictos en torno a la aplicación de la ley en el tiempo surgen cuando los efectos de una norma derogada se proyectan con posterioridad a su desaparición, respecto de hechos acaecidos durante su vigencia. En estricto sentido, la norma derogada no estaría produciendo efectos por fuera de su ámbito temporal de vigencia, porque los mismos, en este evento, se predican a un supuesto de hecho que ocurrió antes de que fuera derogada. En este sentido, en la Sentencia C-329 de 2001 se hace notar cómo los efectos jurídicos de una norma se producen en el momento en el que se atribuye la consecuencia normativa a la conducta establecida en su supuesto de hecho, independientemente de la oportunidad en la que ello sea declarado por la autoridad judicial. Habría que agregar entonces que para que pueda hablarse de ultraactividad de la ley en relación con hechos acaecidos durante su vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el momento de la derogatoria de la ley. Puede tratarse, por ejemplo, de hechos continuados, de tal manera que, iniciados bajo la vigencia de una ley, se concluyen cuando la misma ya ha sido derogada, o de casos en los cuales no obstante que el hecho se ha producido bajo la vigencia de una ley la atribución de la consecuencia normativa no es instantánea, y se produce con posterioridad, bajo la vigencia de otra ley”(3).

Luego, si la premisa es que los supuestos consagrados en el mencionado artículo 414 son aplicables para determinar el encuadramiento de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sin duda lo que se está manifestando es el fenómeno de la ultractividad puesto que se entiende que sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para casos en concreto.

En este sentido dejo presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

(1) Sentencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168 y de 2 de mayo de 2001, Exp.: 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Corte Constitucional, sentencias C-763 de 17de septiembre de 2002; C-450 de 1996.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-377 de 27 de abril de 2004.